La secretaria de Energía de la Nación analizó el contexto global energético, los proyectos a nivel de infraestructura, la importancia del gasoducto, la exploración offshore y el lanzamiento del nuevo Plan Gas, entre otros temas de su cartera.

«El año pasado publicamos con Iván un trabajo en el que mostramos con correlación muy clara entre el momento en que colapsó la megafauna y la aparición de esas puntas de lanza. También encontramos que esas armas aparecieron exactamente en las regiones donde más cantidad y diversidad de megafauna había»Luciano Prates, antropólogo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La PlataEn el artículo, Prates, Pérez y Rivero también mostraron que cuando desapareció la megafauna las «puntas cola de pescado» se abandonaron «posiblemente porque la fabricación de armas tan eficientes demandaba un costo injustificado para presas menores disponibles a partir de ese momento, como guanacos, vicuñas y ciervos». Por último, lograron comprobar que las puntas que reemplazaron a las «cola de pescado» luego de las extinciones de megafauna (puntas Tuina en Andes, triangulares medianas en Patagonia, Ayampitín en sierras centrales y Pay Paso en Uruguay) no solo eran menos eficientes y letales, sino que variaban conforme los tamaños de las presas para las que fueron utilizadas. Prates concluyó: «En definitiva, los resultados del estudio revelan que las «puntas cola de pescado» fueron una verdadera revolución tecnológica orientada a la caza de megafauna y refuerzan la hipótesis de que los seres humanos tuvieron un efecto directo y significativo sobre su extinción».
Daniel E. Arias
Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el gobierno oficializará una medida para incentivar la siembra en medio de la sequía. Tras el dólar soja, que permitió la liquidación de unas 14 millones de toneladas de la oleaginosa por más de US$ 8.100 millones, se había destinado $40.000 millones para quienes hacen hasta 200 hectáreas con soja y 100 hectáreas con maíz, para que puedan afrontar costos en semillas y fertilizantes, por ejemplo.
En el encuentro con la dirigencia de la Mesa de Enlace, se conoció que la ayuda en soja será para hasta 400 hectáreas, mientras se mantendrán las 100 para maíz. Para acceder al beneficio los productores se deberán anotar en la AFIP y la ayuda tomará la forma de un aporte no reintegrable con $ 20.000 por hectárea para maíz y $ 6.500 por hectárea para soja.
Según se explicó, estos montos corresponden a aproximadamente el 40% de lo que se invierte por hectárea en los cultivos. Al aporte no reintegrable no se podrán sumar quienes hayan participado del dólar soja, que había creado un mecanismo de liquidación con un tipo de cambio a $ 200, ni quienes mantengan más de 15% de stock de la oleaginosa.
Si bien la medida inicial contó con $ 40.000 millones, podría ser mayor con la ampliación. Incluso no se descarta que se sumen productos de economías regionales.
En el encuentro Bahillo estuvo acompañado de funcionarios de su cartera. En tanto, por las entidades asistieron Carlos Odriozola y Marcos Pereda, secretario y vicepresidente primero de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro; Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) y Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Me lo envía un amigo ganadero. Ya se, no es "carne". pic.twitter.com/dQ4IQB8IJS
— Hector A. Huergo (@hhdospierre) October 24, 2022
Las inversiones para sostener la presencia argentina en la Antártida y afirmar la soberanía figuran al tope de las prioridades en la agenda del ministro de Defensa, Jorge Taiana. Así lo reflejan 3 de los principales proyectos que el Gobierno financiará con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), la única fuente de recursos accesibles en tiempos de escasez.
Esos tres proyectos -que intentan sostener la presencia en un territorio que también pretenden Chile y el Reino Unido- son la construcción de un buque logístico polar, complementario al rompehielos Irízar, para ampliar la capacidad de transporte en las campañas antárticas; la puesta en marcha de una Base Naval Integrada en Ushuaia, en un punto austral estratégico que concentra las miradas de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China, y la reactivación de la base antártica Petrel, que después de 48 años, volverá a ser permanente y tendrá habitantes en el invierno.
Aunque el Ministerio de Defensa no difundió números, la idea es que estas inversiones, al igual que las compras y la recuperación del material militar, se financien con el Fondef, que se integra con el 0,5% de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto anual del sector público nacional.
En 2021 significaron $ 34.000 millones y el proyecto del presupuesto 2023 contempla $ 160.000 millones (US$ 550 millones), según expuso recientemente el ministro Taiana ante la Comisión de Defensa de Diputados.
Los tres proyectos prioritarios que tienen la mirada en el territorio antártico responden a la “visión bicontinental” proclamada por Taiana en sus distintas apariciones, en las que insiste en “el lugar estratégico que ocupa el país en el Atlántico Sur y en relación con la Antártida”.
En el complejo Tandanor se encuentra en desarrollo el proyecto del buque polar de apoyo logístico antártico, con capacidad para el transporte de 12.000 toneladas y hangar para dos helicópteros Sea King, con el propósito de fortalecer el abastecimiento a las seis bases permanentes (funcionan todo el año) y siete temporales (operativas solo en el verano).
A mediados de este año se estimaba su costo en 220 millones de dólares y un plazo de construcción de cinco a seis años. El objetivo es “potenciar la innovación productiva, sustituir importaciones y adquirir capacidades productivas y tecnológicas”, explicaron fuentes oficiales.
Actualmente hay 91 proyectos del Ministerio de Defensa financiados con recursos del Fondef, creado para impulsar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. No solo se solventa la compra de unidades, sino también los trabajos de recuperación y puesta al día de materiales. Como beneficio adicional, cerca de Taiana apuestan, así, a la reactivación de la industria nacional de la defensa, a partir de trabajos que se desarrollan en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y el Complejo Naval e Industrial Argentino (CINAR), que incluye al astillero Tandanor.
En la Fuerza Aérea, por ejemplo, se trabaja en la modernización de los aviones Hércules C-130, TC-69 y TC-100, para mejorar la capacidad de transporte aéreo operacional; así como en la incorporación y modernización de las aeronaves Pampa III, para la instrucción avanzada y el adiestramiento de pilotos.
En FAdeA se construye la aeronave de entrenamiento primario IA-100 Malvina. Y a eso se suma la llegada de 12 aviones T-6C TEXAN II, destinados al entrenamiento de aviadores militares.
En la Armada, mientras se evalúa la posible compra de un submarino, se completó la adquisición de los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito (OPV), destinados al patrullaje marítimo y a la protección contra la pesca ilegal. Las compras habían comenzado a gestionarse en la presidencia de Mauricio Macri.
Se avanzó, también, en la recuperación de embarcaciones MEKO 140, la incorporación de dos helicópteros Sea King, por 12,8 millones de dólares; la construcción de 12 remolcadores en Tandanor y la mejora de la operación del Dique N° 2 del Arsenal Naval de Puerto Belgrano.
Todo ello, a pesar de que en el proyecto del presupuesto 2023 para el área de Defensa se reducen los fondos destinados al adiestramiento militar. La Armada tendrá apenas 60 días de navegación en el año para adiestramiento naval técnico y táctico. El año pasado, ese número alcanzaba los 79 días, mientras que en 2012, hace una década, los marinos tenían a su disposición 358 días de navegación. Así lo advirtió en un informe el Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, que dirige el ex diputado nacional Carlos Alberto Fernández (UCR).
Las restricciones en el presupuesto también alcanzan al Ejército, que tendrá en 2023 solo tres días de adiestramiento operacional en campaña (fuera de los cuarteles) y 15 de entrenamiento dentro de las guarniciones. Hace diez años, el adiestramiento era de 27 días en campaña y 40 en guarnición.
.
Fuera de estas limitaciones, el Ministerio de Defensa encaró con el Fondef la modernización de 74 Tanques Argentinos Mediano (TAM), a partir de un convenio con Israel, que comprende transferencia de tecnología. Y se acordó la compra de 54 camiones Mercedes Benz 4×4 militarizados, de 15 toneladas, por 10,2 millones de dólares.
Se trabaja, en ese sentido, en la compra de vehículos para ampliar los sistemas de transporte de campaña, de guarnición y de comunicaciones del Ejército, y la modernización de helicópteros Bell.
A ello se suman proyectos trianuales para la compra de uniformes y calzados, de industria nacional, para las Fuerzas Armadas.
Alejandro Rebossio
Daniel E. Arias
Argentina sería la primera nación con licencia para fabricar combustible para el reactor chino Hualong.– ¿Sos optimista con el tema de la transferencia de tecnología? – Sí, soy optimista porque en realidad creo que tenemos la capacidad para que eso se pueda dar. Se está trabajando para alcanzar un acuerdo. Quizás no al ritmo que a una le gustaría pero esperamos llegar a buen puerto. Con una inversión de 1.400 millones de dólares, nuestro país puso en marcha, en 1993 la Planta Industrial de Aguas Pesada (PIAP) más grande del mundo en la localidad de Arroyito, provincia de Neuquén. El agua pesada es un elemento indispensable para moderar y refrigerar el funcionamiento de las tres centrales nucleares que funcionan en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri, aprovechando una parada técnica, decidió frenar la producción y nuestro país se vio obligado a importar ese producto. Actualmente la CNEA está haciendo todos los esfuerzos posibles para promover su reactivación. – ¿Por qué es importante reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada? – Tenemos una planta que es única en el mundo y que nos brinda la posibilidad de seguir teniendo un material estratégico, como es el agua pesada. Cada vez quedan menos plantas abiertas en el mundo y mientras nosotros tengamos centrales que trabajan con agua pesada, es un insumo que vamos a tener que seguir importando. Además, nos garantizaríamos el ciclo completo de ese tipo de centrales. Si bien el mundo está transicionando hacia las plantas de uranio enriquecido, todavía se siguen construyendo centrales nucleares de uranio natural que van a durar 60 años más. Ahora se va a hacer la extensión de vida de Atucha I, ya se hizo la de Embalse y, en algún momento, se hará la de Atucha II. Además, Nucleoeléctrica sigue con su proyecto de construir otra central tipo CANDU que utiliza uranio natural. Pero, aun si no se concretara lo de la nueva central, ya NASA calculó que se requieren 480 toneladas de agua pesada para mantener el funcionamiento de las plantas actuales hasta el fin de su vida útil. Argentina compró 18 toneladas el año pasado a 650 dólares el kilo de agua pesada, entonces hagamos la cuenta del valor que implican esas 480 toneladas. Son un montón de dólares que la Argentina podría ahorrarse. Hasta ahora se estuvo comprando barato porque una planta rumana se está desmantelando, pero cuando esa planta desaparezca nadie sabe qué va a pasar con los precios y todos sabemos, con la experiencia de la guerra, cuán estratégico es contar con esas commodities que nos garantizan energía propia, con insumos propios. Por otro lado, todavía hay requerimientos de agua pesada en muchos lugares del mundo para centrales nucleares y para otros usos. Ya tuvimos consultas de Canadá, de China, de Corea, preguntándonos si vamos a producir agua pesada. Nos parece que se trata de un bien estratégico. ¿Por qué vamos a desaprovechar semejante potencialidad que ya existe? Sería perder una oportunidad histórica. En dos años podríamos estar produciendo para las necesidades locales y podríamos estar vendiendo al exterior. – ¿El gobierno nacional tomó la decisión política de recuperar la PIAP? – Te diría que sí. O sea, en el presupuesto de este año dieron el refuerzo presupuestario necesario para el comienzo del plan de puesta en marcha. La reactivación requiere unos 11 mil millones de pesos en un plazo de entre 24 y 30 meses. Entonces, para el año que viene habíamos solicitado un presupuesto de unos 5.500 millones. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 hay destinados unos 4.900 millones, por lo que entiendo que se trata de un apoyo al plan. Hablamos con el ministro de Economía y le explicamos que además de ese monto, resulta clave el compromiso de que en la Ley de Presupuesto del 2024 estén incorporados los recursos para completar el plan porque dejar a medio camino este tipo de proyectos es dinero mal invertido de todos los argentinos. La PIAP es un bien estratégico. ¿Por qué vamos a desaprovechar semejante potencialidad que ya existe? Sería perder una oportunidad histórica. – ¿El plan incluye la posibilidad de que la planta se utilice para fabricar otros productos además del agua pesada? – La planta es muy grande, tiene dos líneas de producción. La idea es que una de las líneas se utilice para volver a producir agua pesada, eso es lo más importante. Pero la segunda línea se podría destinar a otros proyectos, como la producción de urea, amoníaco o incluso hidrógeno verde. Con ese fin firmamos un acuerdo con la provincia de Neuquén y con Y-TEC para elaborar un plan de negocios que permita ir a buscar las inversiones que se necesitan para un proyecto de esas características. Se trata de productos que tienen una demanda alta y creciente. Lo importante es ponerla en marcha ahora porque si no, se va a terminar degradando de manera tal que ya no se va a poder recuperar. Esto es así. Es un momento bisagra. Realmente entendemos que sería una buena decisión. Esperamos que la Ley de Presupuesto se apruebe y terminar de tener el acuerdo con la Secretaría de Energía para avanzar. – ¿Reactivar la PIAP significa que habrá una quinta central CANDU de uranio natural y agua pesada? – Digámoslo de otro modo, si no se pone en marcha la planta el proyecto de la nueva central CANDU se queda, realmente, con muy poca viabilidad. Por ese lado también es estratégico que la planta se ponga en marcha. – Vos hacés mucho hincapié en que Argentina podría dominar el ciclo completo de combustible para sus centrales nucleares, pero ese ciclo nace de la extracción del uranio. ¿Debería retomarse la minería de uranio en nuestro país? – Sí, los lineamientos estratégicos que estamos reelaborando en la CNEA ahora incluyen la posibilidad de retomar algún plan de extracción de uranio en alguna provincia en la que tengamos el licenciamiento para hacerlo. Estamos analizando diferentes posibilidades. Una gran alternativa está en Santa Cruz que tiene un complejo de minería de uranio. Hay una zona en particular donde el uranio está a flor de tierra pero tiene muy baja concentración. Entonces, se está haciendo el estudio económico para ver si es viable explotarlo. Hay otras posibilidades en el resto de las provincias. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre el tema comunicacional, explicar por qué es importante, que no es megaminería, que no es un mineral que se explota para llevárselo al exterior, sino que es algo que necesitamos para el desarrollo energético nacional y que se puede hacer responsablemente. Hay que tener en cuenta que obtener en el país ese insumo clave para las centrales va a significar un salto muy importante para el país.
Gabriel Rocca