Una estratégica terminal portuaria se comenzará a erigir en las islas Malvinas para atraer cruceros, pesqueros, barcos de investigación científica y hasta petroleros, eventualmente, en la puerta de entrada a la Antártida.
Fruto de un acuerdo entre las autoridades del archipiélago y el astillero británico Harland & Wolff se llevará a cabo un proyecto que se empezó a gestar en la necesidad de reconstruir puerto Stanley, destrozado en la guerra de 1982.
La inversión inicial será de alrededor de 150 millones de dólares, contaba con créditos por US$ 85 millones para financiarlo y se encuadrará en las normas británicas medioambientales.
La Fundación Marambio ha estado advirtiendo desde hace tres años el riesgo de que la iniciativa, ahora en vías de concreción, «puede poner en jaque la política antártica de Argentina».
Desde entonces, la idea de modernizar la terminal fueguina de Ushuaia se encuentra estancada y la aparición de un competidor de fuste enfrente reaviva las viejas polémicas, justo cuando la política del gobierno de Javier Milei para con las Malvinas no es propicia un avance en ese terreno.
La visita a la Argentina de David Cameron y sus definiciones respecto de las «Facklands», como las denominan los británicos, incomodaron a la Cancillería, que terminó emitiendo una nota de protesta tras el anuncio de ampliación del área de protección, con zonas de veda a la pesca, alrededor de las Islas Georgias del Sur y de las Sandwich del Sur.
El contrato cerrado con Hartland & Wolff, el astillero que hizo el famoso Titanic, hundido en 1912, sucedió al intento de celebrarlo con Bam Nuttall en 2020.
La licitación se efectuó en 2023 y hubo dos ofertas, una de ellas de Harland & Wolff, con lo que se definió no sólo la construcción de las instalaciones sino la infraestructura de acceso y la calzada.
Ahora, la concreción de ambos proyectos permitirá reemplazar al FIPASS (Falkland Interim Port and Storage System), o puerto Stanley.
El puerto y la central eléctrica son obras prioritarias para las islas, según aseguró a los medios de prensa el consejero Mark Pollard.
En cuanto a las disputas diplomáticas entre Reino Unido y Argentina, las nuevas medidas tomadas por el gobierno kelper en torno de ese archipiélago en el Atlántico Sur las reaviva y acrecienta.
Se trata de dos de las siete naciones que reivindican partes del continente blanco, pero son las únicas dos que reclaman exactamente la misma porción de territorio.
El reclamo antártico británico, realizado en 1908, abarca por completo (y excede) el territorio que la Republica Argentina había reclamado en 1904. En 1940, Chile se sumó a la polémica, reivindicando parte del terreno disputado por ambos.
El relato que hizo BBC Mundo sobre el significado de la construcción de un puerto moderno donde está emplazado Puerto Stanley introduce un nuevo mojón a finales de 2018, cuando el gobierno de las islas Malvinas, conocido como FIG o Falkland Islands Government, publicó un aviso invitando a compañías a presentar sus ideas para un nuevo puerto.
En un informe presentado ante la Asamblea Legislativa local, Barry Elsby, responsable de la cartera de Desarrollo y Servicios Comerciales, explicó que el deterioro del puerto actual, construido en 1984 y conocido como Fipass (Sistema de Almacenamiento y Puerto Interino de las Falklands), era tal «que ya no es seguro que los barcos atraquen allí».
Consultado por el diario Penguin News —el único que se publica en las islas— sobre cómo pretendían que fuera el nuevo puerto, Elsby señaló que el FIG estaba abierto a sugerencias, y que había dejado el aviso «deliberadamente abierto».
El anuncio salió diciendo «que queremos un puerto con esta cantidad de espacio de atraque, esta cantidad de capacidad de carga en el borde, y luego permitimos que los interesados desarrollen sus propias ideas y nos las vendan», afirmó entonces.
Se estableció 2024 como el año de reemplazo de Puerto Stanley. Durante la firma del contrato, en abril de 2020, el director gerente de BAM Nuttall, Martin Bellamy, había dicho que el nuevo puerto «respaldará la economía local, incluida la pesca, el turismo y el transporte marítimo, y facilitará el crecimiento económico previsto en el futuro».
La pandemia de coronavirus puso en pausa los planes, que se retomaron en agosto de 2020 y en septiembre BAM Nuttall presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad.
A todo esto, recién 2021 en el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (que incluye a las Malvinas), denunció a BAM Nuttall por operar sin su autorización en esa región sobre la que reclaman soberanía.
El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, denunció ante el Parlamento que la obra tiene como fin último ampliar el control británico sobre la Antártida, ya que «con la construcción de este puerto, Gran Bretaña pretende consolidar su colonialismo en Malvinas y la región como punta de lanza para extender su influencia sobre la Antártida».
Según el legislador, el objetivo del nuevo puerto es «brindarle servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco», con lo cual se torna genuina la preocupación de que el nuevo puerto de Malvinas busque reemplazar al de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como punto de ingreso y partida a la Antártida. Ubicada a unos 1000 kilómetros del Continente Blanco, Ushuaia es la capital más austral del mundo y se autoproclama la «puerta de entrada a la Antártida». Hasta ahora.
En el Senado de la Nación Argentina, con la participación del mencionado legislador, se presentó el Proyecto de Comunicación S-1819/2021, que dice que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan y ante la posible construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
La revista argentina DEF, especializada en asuntos de defensa, energía y ciencia, reveló en tal sentido un viaje que realizaron cerca de un centenar de técnicos y científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania. Habían salido de la ciudad de Hamburgo con destino a la base alemana Neumayer III, en la Antártida.
Se destacó como sospechoso el itinenario que hicieron: primero volaron en un avión de Lufthansa, contratado por el Instituto Wegener, hasta el Aeropuerto Internacional Mount Pleasant, la base militar de la Fuerza Aérea británica en las islas Malvinas.
Y desde allí viajaron hasta el Continente Blanco en el rompehielos alemán Polarstern, el mayor buque de investigación científica de todos los tiempos.
La publicación subrayó que se trataba de «la primera operación aeromarítima de este tipo, con capacidad de hacer ida y vuelta a Europa en un plazo de entre 48 y 72 horas».
Y concluyó que este viaje, sumado a la construcción de «un nuevo puerto británico en Malvinas especializado en servicios antárticos, son indicios del comienzo de una política agresiva británica para captar clientes entre la comunidad antártica internacional».
Hasta ahora, muchos de los países que reivindican partes de la Antártida, y de las restantes 35 naciones que tienen bases permanentes en el continente blanco, habían accedido hasta allí desde los dos puntos más cercanos: Ushuaia o Punta Arenas, en Chile (ubicada unos 150km más al norte).
Según el mismo informe de DEF, estos países —que en su mayoría están en el hemisferio norte— podrían estar buscando otras vías de acceso debido a que «los puertos sudamericanos se caracterizan por tener trabas administrativas».
Del quedo argentino en el aprovechamiento de su privilegiada posición geográfica da cuenta asimismo que, más allá de los planes británicos, Chile ya aventaja a Argentina en cuanto a la logística que ofrece para acceder a la Antártida.
«Chile desarrolló empresas privadas de buques y aeronaves para la exploración polar, lidera la franja de turismo antártico y dentro de poco contará con el rompehielos más moderno del hemisferio sur», indica DEF.
Alejandro Bertotto, exdirector provincial de Antártida y exjefe de la base antártica San Martín, señaló a DEF que en la década de los 1990 hubo un ambicioso proyecto, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para establecer en Ushuaia «un sistema internacional de logística antártica».
Los planes incluían la instalación de «una estación de terminal de cargas aéreas, una terminal de carga marítima y un alojamiento para personal científico en tránsito» en torno de un puerto de aguas profundas en el canal de Beagle.
«Además en la Antártida, en la base Petrel, se preveía una estación terminal de cargas antárticas, para, desde ahí, distribuir a las bases argentinas y extranjeras que contraten esos servicios» contó.
El informe de DEF resalta que el país -el primero del mundo en instalar una base permanente en la Antártida y en reclamar su soberanía allí- «cuenta con una alta calidad de sus recursos humanos, militares y científicos, además de una amplia trayectoria en el desarrollo de campañas antárticas».
En un hecho infrecuente y por pedido de la República Popular China, la Armada autorizó el ingreso de una flota de 260 pesqueros del país asiático a la Zona Económica Exclusiva argentina, para resguardarlos de un fuerte temporal. Los barcos permanecieron cuatro días en un sector lateral del Golfo San Jorge, alejados de los “caladeros de pesca” y con patrullajes permanentes para constatar que no hubieran vulnerado la prohibición de pescar en el espacio marítimo de nuestro país.
La flota pesquera china realizó el pedido ante las adversas condiciones meteorológicas de la zona, que presentaban olas de siete metros de altura y vientos superiores a los 100 kilómetros por hora.
“No es algo habitual. Fue por un pedido especial, ante una situación humanitaria”, explicaron las fuentes navales.
El patrullaje fue realizado por una aeronave de exploración Beechcraft B-200, de la Escuadrilla de Vigilancia Marítima, bajo las operaciones del Comando Conjunto Marítimo. Se constató, así, que la totalidad de los 260 buques pesqueros chinos abandonaran finalmente el área asignada en forma temporaria y se informó que ya se encuentran fuera de la Zona Económica Exclusiva. Las tareas de control forman parte de las operaciones del Comando Conjunto Marítimo, que funciona en jurisdicción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el brigadier general Xavier Julián Isaac.
“Como autoridad marítima nacional SAR, la Armada Argentina otorgó el permiso para el ingreso y permanencia en un sector delimitado al lateral del Golfo San Jorge, alejado de los caladeros de pesca. Esta autorización fue brindada tras el pedido de la autoridad recíproca de la República Popular de China para que sus buques pesqueros, que se encontraban en el área adyacente, ingresaran dentro del límite establecido por la milla doscientos”, informaron las autoridades navales.
El vuelo de patrullaje se sumó a las medidas adoptadas por el Comando Conjunto Marítimo, que mantuvo un monitoreo exhaustivo para constatar que los buques no efectuaran actividades de pesca durante el resguardo del temporal.
Las fuentes navales indicaron que algunas de las medidas del control para evitar la actividad pesquera en aguas argentinas fueron la verificación de velocidad de los pesqueros y el análisis del patrón de navegación, además de la posición AIS (sistema automático de identificación) de cada embarcación, fotos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con el fin de localizar si había luces encendidas de los buques poteros para la pesca.
“La inspección llevada adelante por la aeronave naval apunta a determinar el nombre de cada buque, información que se comparte con todas las centrales de operación en tierra y las unidades de superficie desplegadas en el litoral marítimo”, explicaron en la Armada.
Finalizada la exploración, la aeronave confirmó que no se encontraron buques pesqueros extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva realizando tareas de pesca.
En este informe del Centro de Economia Politica Argentinase analizó la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante los dos primeros meses del año 2024.
Entre las principales conclusiones se destaca la fuerte caída de la ejecución real respecto a los dos primeros meses del año 2023, del orden del 29%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración.
Paralelamente, se verificó una fuerte representación de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, que representó nada más y nada menos que el 30% del total de gastos devengados, y el 48% de lo pagado.
Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y hospitales nacionales.
En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector.
Como se había identificado en enero último, la seguridad social sobresale como uno de los sectores con fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la Anses, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al 38% respecto al año pasado.
Los organismos vinculados al desarrollo productivo no están ejecutando partidas. Algunos de ellos, como el Instituto Nacional de Promoción Turística, presenta caídas superiores al 55% interanual. Se le suman la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con más del 83% de ajuste y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo con una caída superior al 75%.
Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, salvo el Ministerio de Seguridad, que se ve incrementado en 36% interanual. Las fuerzas de seguridad están viendo reducidas sus partidas. Es el caso de la Policía Federal (-63%), Gendarmería Nacional (-57%) y PSA (-22%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-5%), la Armada (-25%), y la Fuerza Aérea (-8%).
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas sociales, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días y Plan Nacional de Apoyo a la Primera Infancia, con ejecución cercana a $0). También se detectaron ajustes de 46% en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.
En materia educativa se observa 0% de ejecución base caja en partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Programa Conectar Igualdad y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” y “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.
En materia de empleo y obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas del 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
A pesar de que el Gobierno, en su enfrentamiento con las organizaciones sociales, plantea la necesidad de la capacitación e inserción laboral, los programas de Acciones de Capacitación Laboral y Acciones de Empleo, ambos de la cartera de Trabajo, sufrieron ajustes del 93% y 80% respectivamente.
Finalmente, al analizar el desempeño de los programas vinculados a la Seguridad y Defensa, se observan fuertes incrementos en sus partidas, oscilando entre el 22% de aumento para Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, y el 434% de incremento interanual para el programa Logística de la Defensa, y pasando por el 386% de aumento en la ejecución de Proyectos Especiales en Seguridad Pública.
Más allá de estos últimos casos analizados, la situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. En un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo.
Además, se analizaron las partidas de las Transferencias No Automáticas a las provincias, las llamadas “discrecionales”. Allí se observan porcentajes de ejecución extremadamente bajos, cercanos al 0%, que explican el conflicto desatado recientemente con las provincias.
Para acceder al informe completo del Centro de Economía Política Argentina cliquea aquí.
A 10 kilómetros de la frontera con Chile, a más de 4200 metros de altura, alrededor de 900 personas trabajan día a día entre las montañas con la ilusión de que avance la construcción del proyecto minero de cobre Josemaría. Después de 20 años de exploración, la empresa canadiense Lundin Mining está lista para dar el próximo paso, que implicaría inversiones por US$5000 millones, pero todavía espera más claridad de las condiciones económicas argentinas. En especial, que haya menos controles de cambios y más certidumbre tributaria. El mejor ejemplo del potencial argentino en cobre está del otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile y Perú, que son los dos mayores países productores del mundo. Solo Chile aporta el 25% de la oferta mundial de cobre, con 5 millones de toneladas métricas en 2023. “Es la Arabia Saudita del cobre”, grafican en el sector, por sus grandes reservas. En la Argentina, el único proyecto de cobre que se desarrolló dejó de operar en 2018, cuando cesó su actividad la mina Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca. Desde entonces, el país abandonó la comercialización de este mineral.
“Si se mejoraran las condiciones para el sector, atacando las problemáticas que enfrenta, al menos seis de los proyectos de cobre más avanzados de la Argentina se encuentran en condiciones de iniciar inversiones para su construcción en el mediano plazo. Se trata de proyectos de clase mundial, algunos de los cuales son los de mayor potencial productivo del mundo aún sin explotar”, dicen casi con exasperación en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Solo por los costos de exploración, las empresas llevan invertido en el país US$740 millones. Si se ponen en marcha los seis proyectos, ingresarían al país al menos US$20.000 millones más por inversión de capital, según estimaciones del sector. Luego estarían los ingresos de divisas por la exportación del mineral. Los representantes de las empresas mineras tuvieron una primera reunión en enero con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada, para mostrarles el potencial económico del sector, que podría convertirse en el tercer generador de dólares, solo por detrás del campo y la energía. También había sido parte de la reunión la exsecretaria de Minería Flavia Royon, que fue despedida el mes pasado y todavía no tuvo reemplazo. De hecho, durante estos días se desarrolla en Canadá el evento más importante de minería en el mundo y la Argentina no tiene representación nacional. A nivel provincial viajaron los gobernadores de San Juan y Mendoza, además de varios empresarios locales, pero la principal pregunta que hacen los inversores está dirigida al Gobierno: cuándo se termina con la libre entra y salida de capitales.
El mejor ejemplo del potencial argentino en cobre está del otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile y Perú
En el sector tenían ilusión de viajar a Canadá con el texto de la sanción de la ley ómnibus, que le dedicaba un capítulo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorgaba beneficios impositivos y aduaneros (flexibilidad en importaciones). Sin embargo, se encuentran en la convención PDAC sin certezas sobre el proyecto de ley y sin representante nacional en Minería. Atento a esta falta, el Gobierno publicó la semana pasada en la página oficial de la Secretaría un catálogo de proyectos y videos institucionales en inglés y chino. “Las dificultades macroeconómicas y la alta presión tributaria han retrasado de forma persistente la puesta en marcha de nuevos proyectos de cobre en la Argentina. La principal operación de cobre local dejó de producir en 2018 y desde entonces no ha logrado poner en marcha ningún otro proyecto”, dicen en CAEM. A diferencia de lo que podría ocurrir con la demanda de petróleo, en el sector destacan que la transición energética generará un mayor consumo del mineral. “En los próximos 40 años se va a consumir lo mismo de cobre que en los últimos 120″, explican. El crecimiento, dicen, estará impulsado por el reemplazo de los vehículos a combustión interna por versiones eléctricas, que requieren cinco veces más de cobre. El mineral también es más utilizado en la construcción de parques eólicos y solares que en las plantas de generación térmica, y es más difícil de encontrarle un sustituto, a diferencia de otros minerales.
Entre San Juan y Chile hay al menos seis proyectos mineros de cobre, oro y plata a menos de 15 km de distancia, cuyos resultados de exploración impresionan a los geólogos. A la zona la denominaron Distrito Vicuña, y promete ser la “Vaca Muerta” del noreste del país, ya que sería un punto de inflexión para la provincia, como fue el reservorio hidrocarburífero para Neuquén. Del lado argentino están los proyectos Josemaría, Las Pailas, Filo del Sol y Lunahuasi. Josemaría es actualmente el proyecto minero a cielo abierto más grande del país próximo a entrar en construcción. En la montaña, en el departamento sanjuanino Iglesia, hay construido casi un pueblo con contenedores viviendas, generación eléctrica, wifi, televisión satelital, gimnasio, salas de juegos (con pool y metegol), un quiosco en donde se puede pagar con billeteras virtuales y una sala de enfermería, que próximamente incluirá un quirófano, necesario para proyectos tan alejados de la civilización. Si no es por la vista que se observa desde las ventanas, con picos montañosos alrededor, y por la sensación de falta de aire al caminar, por momentos en las oficinas del campamento Batidero, el visitante se olvida que está a más de 4200 metros de altura, a solo 10 km de Chile. Incluso hay un amplio comedor comunitario que ofrece dos variedades de platos principales durante el almuerzo y la cena, y una extensa cantidad de postres y frutas frescas, que parecieran recién compradas. Sin embargo, el stock de comida alcanza a cubrir 50 días de alimentación de los más de 900 trabajadores, sin necesidad de bajar de la montaña. El tramo para llegar al campamento desde la ciudad de San Juan son 432 km, pero dura alrededor de 10 horas porque es un camino de ripio y atraviesa varias localidades, incluida Guandacol, en La Rioja, donde termina el asfalto.
En el departamento sanjuanino Iglesia, construyeron casi un pueblo con contenedores viviendas, generación eléctrica, wifi, televisión satelital, gimnasio, salas de juegos, quiosco y sala de enfermería
A través de ese trayecto, la empresa constructora Fluor, subcontratista de Lundin Mining, fue trasladando la infraestructura necesaria: desde los contenedores viviendas (donde algunas habitaciones cuentan con baño privado y bidet), hasta los tanques de almacenamiento de gasoil, que abastecen los grupos electrógenos y los vehículos (camiones, micros y ambulancias de emergencia). En la montaña, la actividad se centra en continuar con los trabajos de exploración y planificar la ingeniería del proyecto, para cuando se avance con la construcción de la mina de cobre. Para ello hay varios equipos conformados, que diseñan los informes de impacto ambiental y de ingeniería, que presentan antes las autoridades locales. Si la empresa minera decide pasar el estado del proyecto a construcción, primero se construirá una nueva ruta que comunique el campamento con la capital sin salir de la provincia. Esto facilitaría los costos logísticos para trasladar los equipos y procesar el mineral en la montaña. Se trata de seis molinos, que muelen las rocas extraídas en pedazos más chicos, y que están compuestos por piezas que pesan alrededor de 100 toneladas.
La mayoría de los accesorios ya llegaron al centro de almacenaje, en San Juan, donde fueron trasladados por camión desde el puerto de Zárate, Buenos Aires, ya que el tren no está operativo por la desinversión de los gobiernos de las últimas décadas. Las piezas están apoyadas sobre vigas y cubos de hormigón para resguardarse de los sismos sanjuaninos. El proyecto de construcción, que tomaría tres años antes de comenzar a producir cobre, también implicaría la instalación de una línea eléctrica de alta tensión, para bajar la dependencia del gasoil y abaratar costos. También se necesitaría la contratación de más empleados, que llevaría a que alrededor de 6000 personas pasen a trabajar en la montaña, con el régimen laboral de 14 días en las alturas y siete de descanso. .
Todo esto implicaría una inversión de capital de US$5000 millones. En el plan se incluye también la recuperación de las vías del tren, para trasladar luego el cobre de exportación al puerto de Rosario. De avanzar con los proyectos de cobre, San Juan podría convertirse en la cuarta mayor provincia exportadora, avanzando desde el puesto ocho, solo detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La restauración y readecuación de vías permitirá exportar más de 2000 tn diarias de concentrado de cobre. La vida útil de la mina está estimada en más de 19 años, según el estudio de factibilidad realizado en 2020, lo que permitiría que vuelva a haber producción de cobre en la Argentina por un largo tiempo.
Transener, una de las principales empresas del sector eléctrico, que cumple una tarea estratégica porque es la encargada de operar el sistema de alta tensión del país, envío este miércoles un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para advertir a sus accionistas que, por una inédita decisión del gobierno de Javier Milei, no contará con los fondos para cubrir los salarios del mes próximo. La compañía, que paradójicamente es propiedad del propio Estado, dado que Enarsa posee un 50% del capital accionario (el otro 50% está en manos de Pampa Energía), está obligada a informar la decisión por cotizar en la Bolsa porteña.
El comunicado se conoció después de que Jorge Garavaglia, representante del Ejecutivo en la comisión directiva de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que tiene en su directorio a distribuidoras, generadores y transportistas, le comunicó a Transener que el Estado sólo le transferirá un 50% de los fondos que precisa la compañía para abonar las remuneraciones de su personal. Con este tipo de martingalas presupuestarias es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado en enero alcanzar superávit financiero.
Es curioso: desde el recambio presidencial, el gobierno no le gira fondos a Cammesa, firma controlada por el propio Estado, y la está llevando a incumplir las obligaciones que tiene contractualmente con el mercado eléctrico. En el caso de las transportistas (Transener, Distrocuyo, Transba y Transcomahue, entre otras), el Estado es quien cubre parte de los costos de transporte de energía para las redes de 500 y 132 kV. No se trata de un subsidio, dado que las empresas reguladas como las distribuidoras y transportistas no reciben subvenciones directas del Tesoro (los subsidios se focalizan en la compra de combustibles), sino que, por diseño regulatorio, es el Estado quien tiene la obligación de cubrir los costos del sistema.
El gobierno de Milei pretende cambiar esa realidad para que sean los usuarios (los residenciales y los grandes clientes) quienes abonen directamente los costos reales de generación y transporte de energía, para lo cual están habilitando tanto un aumento del precio de la energía como del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que están bajo competencia federal.
El problema es que la Secretaría de Energía recién va por la mitad del camino. El atraso de los precios y tarifas de electricidad es tan grande que no es factible construir un puente o una transición hacia un esquema de libre mercado en apenas tres meses. El riesgo de que el intento derive en un quebranto de toda la cadena de pagos del sector está cada vez más cerca.
De la decisión de Caputo de frenar las transferencias a Cammesa se desprende que el ministro de Economía y por consiguiente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aspiran a que sean los accionistas de Transener quienes inyecten capital o busquen alternativas de financiamiento para cubrir con recursos propios sus costos operativos hasta que el mercado recupere el funcionamiento que perdió desde la caída de la Convertibilidad. Un inconveniente, en ese sentido, es que los privados no tienen certeza de cuánto tiempo puede demandar la normalización del sistema. Rodríguez Chirillo sostiene que, para junio o julio, una vez que se instrumenten todos los aumentos de tarifas que restan (en especial para hogares categorizados como N2 y N3, de sectores populares y medios, respectivamente), el sistema de cobranzas del mercado debería estar saneado. Pero la mayoría de las empresas creen que el proceso demandará más tiempo.
¿Por qué es Transener la primera en blanquear que se quedó sin caja para pagar salarios? Por una sencilla razón: a diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. Las distribuidoras le pagan a Cammesa y es el Estado Nacional, a través de esa firma de capital mixto, el que paga la tarifa. El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada.
A diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. El régimen tarifario establece que el costo de la energía se pague a través de la recaudación de Cammesa, que proviene del pago que las distribuidoras le pagan a la compañía administradora del MEM y de aportes del propio Estado Nacional.
El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada. A su vez, ahora Caputo decidió que el Tesoro va a dejar de cubrir esos pagos y que la transportista deberá cubrir sus gastos con el aporte de los accionistas hasta que las distribuidoras recompongan su caja a partir del aumento de tarifas y comiencen a regularizar sus pagos. Según el gobierno, la normalización podría llevar unos tres meses, pero en el sector dudan de esos plazos porque la “normalización” no solo depende del Estado Nacional, como ocurre con las tarifas de Edenor y Edesur, sino también de las provincias, las cuales pueden seguir manteniendo el Valor Agregado de Distribución atrasado como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.
La preocupación se extiende en el Gobierno en funciones de PaísesBajos ante el riesgo inminente de que una de sus empresas emblemáticas, ASML Holding, se pueda trasladar fuera del país en un momento crucial para Europa en cuanto al sector de los chips y el dominio asiático.
Según la agencia Bloomberg, el actual Gobierno neerlandés se ha visto obligado a actuar y ha formado un equipo especial de trabajo para abordar las intenciones de expansión internacional de ASML.
La compañía, conocida como una de las principales potencias tecnológicas de Europa por su producción de máquinas de litografía utilizadas en la fabricación de chips, está valorada en más de 350.000 millones de euros.
ASML ha expresado su preocupación ante las autoridades neerlandesas sobre el entorno económico y empresarial del país, y ha apuntado a dificultades en áreas como la atracción de talento internacional, la congestión de la red eléctrica y las restricciones medioambientales, particularmente en la emisión de nitrógeno.
El medio De Telegraaf ha revelado que ASML ha comunicado su intención de expandir sus operaciones más allá de las fronteras de Países Bajos con Francia como una de las principales opciones para esta posible expansión.
Más tensión
Esta situación genera más tensión en Países Bajos, que ya han experimentado la pérdida de dos de sus empresas más importantes en años recientes debido a su régimen fiscal. Empresas emblemáticas como Unilever y Shell trasladaron sus oficinas centrales al Reino Unido, mientras otras como la española Ferrovial se mudaba a Países Bajos.
Las preocupaciones de ASML se acentúan tras los resultados de las recientes elecciones, que vieron el ascenso del Partido de la Libertad. Entre las propuestas laborales de este partido se encuentran planes para restringir la llegada de estudiantes extranjeros y reducir las ventajas fiscales de los trabajadores expatriados en el país, medidas que podrían afectar la capacidad de ASML para atraer talento internacional.
Bloqueo a China
El gobierno de Países Bajos prohibió la exportación a China de máquinas de fabricación de chips de última generación de la compañía ASML, informó la empresa, en medio de presiones de Estados Unidos en este sector estratégico.
ASML dijo en un comunicado el lunes que el gobierno de Países Bajos revocó recientemente una licencia para enviar algunas de sus máquinas, «lo que afectaría a un pequeño número de clientes en China» de ASML. Países Bajos se unieron recientemente a Estados Unidos y Japón para limitar las exportaciones de equipos avanzados de fabricación de chips. El objetivo es impedir que Pekín adquiera chips avanzados que podrían usarse en armas y alta tecnología.
El director ejecutivo saliente de ASML, Peter Wennink, afirmó en una conferencia de prensa en enero: «Somos una empresa global, iremos a donde necesitemos ir para asegurarnos de que la empresa pueda crecer y atender a nuestros clientes». La jubilación de Wennink en abril provocará la llegada al cargo de Christophe Fouquet, quien asumirá el liderazgo de la empresa.
Congestión de red
Las empresas neerlandesas también se enfrentan a la congestión de la red eléctrica y la presión regulatoria en áreas como la expansión de instalaciones, que se suelen bloquear por restricciones ambientales.
En un debate parlamentario en febrero, el ministro de Asuntos Económicos en funciones, Micky Adriaansens, expresó su preocupación por el tratamiento regulatorio y fiscal a las empresas locales, y advirtió sobre los riesgos de debilitar el entorno empresarial del país.
Estas tensiones se suman a la escasez de viviendas en los Países Bajos. En un intento por mitigar el impacto de su crecimiento en el mercado inmobiliario local, ASML anunció el mes pasado una colaboración para construir 130 apartamentos asequibles en Veldhoven.
Comentario de AgendAR:
AMSL no fabrica chips. Fabrica las máquinas de litografía ultravioleta extremo con la que los taiwaneses fabrican chips con cableados ultrafinos, de 3 nanómetros, probablemente el límite cuántico para que los electrones no salten como locos por fuera de sus conductores por efecto túnel. Esos chips no son de aplicación militar inmediata. El armamento inteligente de hoy usa chips que eran «top of the line» hace 20 o 30 años.
Son más resistentes a ataques con pulsos de ondas electromagnéticas. Pero dado que la mitad de la guerra entre estados hoy pasa por hackeos informáticos apuntados contra la infraestructura civil y militar del enemigo, tener chips de muy alto grado de integración y componentes de pocos nanómetros es un asunto militar HOY.
Por eso EEUU quiere a AMSL en territorio propio. Y hasta donde yo sé, lo está logrando. Es inevitable que el gobierno holandés esté furioso, y que el CEO de AMSL le diga que su empresa es libre de instalarse adonde se le cante. La UE calla y otorga.
Elon Musk es un exponente paradigmático de lo que los estadounidenses promovieron por todo el mundo como el modelo de capitalista exitoso, el selfmade man. Aquel que forja su propio éxito por el tesón de su esfuerzo y su talento. Los mitos, como ya sabían los griegos, pueden contener algo de verdad pero tomados literalmente son un conjunto de falsedades. La propaganda pretende que el mito del éxito autoconstruido se tome al pie de la letra y sin crítica.
Nacido en Pretoria, Sudáfrica, en 1971, Elon fue el primer hijo de Errol Musk, un sudafricano blanco (afrikáner) y la modelo y nutricionista canadiense Maye Haldeman. Errol era un ingeniero y empresario inmobiliario millonario que, entre otras cosas, según su propia confesión, explotó una mina ilegal de esmeraldas en Zambia cuando Elon era pequeño. Todo esto ya va desvirtuando la historia creada por el jefe mayor de Tesla acerca de que todo su capital, intelectual y monetario, lo forjó solo. Lo cierto es que el primogénito de Errol nació en cuna de oro.
Es verdad que, a los 18 años, Elon, su madre y sus dos hermanos, Kimbal y Tosca, se mudaron a Canadá huyendo de los maltratos del padre y que durante ese tiempo el futuro mandamás de Tesla y su familia pasaron necesidades porque Errol les había cortado el acceso a las cuentas bancarias. Pero, en 1992, Elon se fue a Estados Unidos para estudiar Física y Economía en la Universidad de Pensilvania gracias a una beca, y de allí pasó a la Universidad de Stanford para hacer un doctorado, el cual abandonó a pocos días de inscribirse para comenzar su raid como empresario tecnológico.
El entorno
Stanford es uno de los nodos centrales del Silicon Valley, el núcleo del desarrollo tecnológico de la informática y la programación en Estados Unidos, en el norte de California. A mediados de la década de 1990, Musk se insertó en un ecosistema de innovación y negocios como no existía otro igual en el planeta. Este detalle es fundamental para explicar el éxito de tantos empresarios norteamericanos, como Bill Gates, Steve Jobs y el propio Elon Musk. Un dato que suele ser omitido por la mayoría de estos “triunfadores” en los autorrelatos sobre los orígenes de sus conquistas.
En el caso de Musk esto es especialmente evidente. Hombre de indudables y precoces talentos, tuvo que mudarse a un ecosistema empresarial y tecnológico específico para poder llegar a la cima en la que se encuentra en la actualidad. En su Sudáfrica natal eso hubiera sido imposible. Quizás hubiera podido ser un millonario más, como su padre, pero no la persona que sueña con diseñar y construir la primer nave espacial tripulada por humanos que llegue a Marte.
Ahora bien, el ecosistema que le hizo de invernadero a Musk en los alrededores de la ciudad de San Francisco había sido creado en la década de 1960 y apoyado, en buena medida, por el Estado norteamericano, como lo han demostrado la economista italo-británica Mariana Mazzucato y la historiadora estadounidense Margaret O’Mara.
Los bonos de carbono han sido una muy buena fuente de financiamiento extra para Tesla. La compañía obtiene estos bonos por las bajas emisiones de sus autos y luego se los vende a otras automotrices que siguen teniendo como eje de su negocio la venta de vehículos de combustión interna.
Hipocresía libertaria
Como suele ser habitual en el discurso libertario, en lo discursivo denostan la intervención estatal y el gasto de los fondos públicos, pero en privado son los primeros en apelar profusamente a ellos.
El 6 de diciembre de 2021, la columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal, Joanna Stern, le realizó a Musk una entrevista por videoconferencia. El sudafricano se encontraba en la entonces reciente megafactoría de Tesla ubicada en Austin, Texas. Con poco más de 400.000 metros cuadrados, es una de las más grandes del planeta para cualquier rubro industrial que se considere y fue construida con ayuda de los subsidios que Texas le concedió a Tesla.
Aún así, en la entrevista con Stern, Musk hizo gala de su discurso anti estatista. Consultado sobre que le parecía el entonces proyecto de ley elaborado por el gobierno de Joe Biden para financiar un plan de inversión destinado a la expansión y mejora de la infraestructura nacional, Musk respondió: “Honestamente, podría ser mejor si el proyecto de ley no se aprueba, porque hemos gastado tanto dinero que es como si el déficit presupuestario federal fuera una locura”.
Luego, Stern indagó sobre el apoyo a la innovación por parte del gobierno federal estadounidense. Musk aprovechó para volver a la carga con sus muletillas libertarias: “Creo que el papel del gobierno debería ser el de árbitro, pero no el de jugador en el campo. Así que, en general, creo que el gobierno debería tratar de apartarse del camino y no impedir el progreso. Creo que hay un problema general, no sólo en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países donde las reglas y regulaciones siguen aumentando cada año”.
La entrevistadora también tocó el tema de los subsidios gubernamentales, por ejemplo, para el desarrollo de la infraestructura que precisan los autos eléctricos como los que hace y vende Tesla. Con total tranquilidad, Musk espetó: “Literalmente, estoy diciendo que nos deshagamos de todos los subsidios”. La confianza de Musk probablemente provenía de la seguridad de que no habría repreguntas sobre el tema. Fue una pena que no se aprovechara la ocasión para consultarle sobre la planta automotriz a sus espaldas, que tanto orgullo le generaba. Los periodistas Maggie Severns, Matt Stiles y Alex Leeds Matthews revelaron en una nota (29/04/2022), en The Messenger, que para lograr que Tesla eligiera a Texas como sede de la nueva mega fábrica su gobierno le había ofreció 60 millones de dólares en beneficios, parte de los cuales salieron de los fondos escolares del distrito.
En la pelea por el sitio de emplazamiento de la mega planta, en donde también hubo otras postulantes, la que seguramente se lleva el premio al ingenio, y a la abyección, fue la ciudad de Tulsa, en el Estado de Oklahoma, que entre las dádivas ofrecidas a Tesla se encontraba pintar una estatua de siete pisos alegórica a un trabajador petrolero cuyos rasgos eran sorprendentemente familiares a los de Musk.
El periodista Jerry Hirsch de Los Ángeles Times (30/05/2015) y la ONG Good Jobs First han realizado un extenso rastreo de los beneficios estales recibidos por Musk y sus empresas.
Space X, fundada en 2002 por Musk, ha sido viable y se ha desarrollado merced a los contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y la Fuerza Aérea estadounidense (USAF por sus siglas en inglés).
La ayuda estatal es mala si es para otros
A la hora de contabilizar los fondos estatales que las empresas de Musk han ido recolectando a lo largo de su nacimiento y creación deben tenerse en cuenta modalidades y fuentes muy diferentes. Las principales son: subsidios, reembolsos, exenciones de impuestos o tasas, y los créditos de carbono.
En el caso de los reembolsos y las exenciones impositivas, algunas no van directamente a la empresa proveedora del bien o servicio, sino que se dirigen a la demanda. Eso ocurre por ejemplo con los autos de Tesla o los paneles solares de Solarcity.
En el primer caso, el Estado, a nivel local, o el federal, subsidia de diferentes maneras el precio de los Tesla como una forma de incentivar la compra de vehículos menos contaminantes. Por ejemplo, el Model Y tiene en la actualidad un precio, sin incluir impuestos y comisiones, de 42.990 dólares, pero con el crédito fiscal que aporta el estado federal y el estímulo para el ahorro de combustibles fósiles baja a 31.890 dólares, más de un 20% menos. Estas reducciones de precio, vía aportes estatales, son una manera de mejorarle el negocio a Musk, ampliándole el mercado. Más gente puede acceder a sus autos de lo que lo harían si el precio fuese más caro.
Los bonos de carbono ameritan alguna explicación previa porque son un instrumento financiero poco conocido en la Argentina y América Latina. Ellos se difundieron principalmente a partir de la Climate Action Reserve (CAR) creada en 2008 por el Estado de California, tomando como base un registro conformado siete años antes (The California Climate Action Registry) para contabilizar y promover acciones de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero. La idea central es que las empresas bajen sus emisiones de estos gases o desarrollen productos o servicios que contribuyan a que se reduzca el efecto invernadero. A cambio, reciben del Estado unos bonos que pueden comercializar en el mercado financiero. Si una empresa no puede disminuir sus emisiones respecto a los topes fijados por el gobierno puede adquirir esos créditos de otra compañía que si lo hace y así compensar la contaminación que la primera provoca y evitar posibles sanciones.
Los bonos de carbono han sido una muy buena fuente de financiamiento extra para Tesla. La compañía obtiene estos bonos por las bajas emisiones de sus autos y luego se los vende a otras automotrices que siguen teniendo como eje de su negocio la venta de vehículos de combustión interna.
Tesla ha recibido también otros aportes estatales como se puede apreciar en el cuadro, como los 1.300 millones de dólares otorgados por el Estado de Nevada en 2013 para que Musk instalara su mega factoría de baterías. Como la cifra más que duplicaba el importe máximo que la legislación de Nevada podía otorgar como beneficio económico a empresas privadas, contabilizando subsidios directos, desgravaciones impositivas y otros instrumentos, Nevada debió cambiar su normativa al respecto para satisfacer las exigencias del sudafricano.
Otra de las empresas insignia de Musk es SpaceX. Hacedora de proezas tecnológicas como los cohetes parcialmente recuperables de aterrizaje vertical, Falcon 9. La compañía fundada en 2002 por Musk ha sido viable y se ha desarrollado merced a los contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y la Fuerza Aérea estadounidense (USAF por sus siglas en inglés). Entre ambas instituciones estadounidenses SpaceX ha recibido contratos por cerca de 5.500 millones de dólares desde su fundación hasta 2015, mientras que el Estado de Texas aportó alrededor de 20 millones de dólares para la construcción del sitio de lanzamiento de la empresa en su territorio.
Solarcity ha sido otra de las aventuras de Musk. Al igual que Tesla, la empresa dedicada a la fabricación de paneles solares, baterías eléctricas para almacenamiento de energía a gran escala y consultoría, no fue una compañía originalmente fundada por él. Solarcity fue gestada por sus primos, Lyndon y Peter Rive, en 2006, aunque Musk fue uno de los inversionistas iniciales. En 2016, el magnate sudafricano le compró a los Rive su parte y pasó a controlarla. Para entonces, Solarcity ya había sido beneficiaria de unos 126 millones de dólares provenientes del Estado de California y de alrededor de 497 millones de dólares del gobierno federal, sin contar los más de 1.000 millones de dólares aportados por Washington de modo indirecto a través de subsidios a la compra de los paneles solares como parte de las políticas de transformación de la matriz energética para enfrentar el cambio climático. En aquel momento, Musk tenía poco más del 20% de la empresa y con la adquisición de la mayoría del paquete accionario la obtención de fondos estatales continuaría. En 2017, Solarcity obtuvo aportes por cerca de 750 millones de dólares del Estado de Nueva York para que se construyera en su suelo una nueva planta de producción.
El listado anterior no incluye a otras empresas menores de Musk como Neuralink, TheBoring Company, la recientemente adquirida y rebautizada X (antes Twitter) o Starlink, que en realidad es una unidad de negocios de SpaceX.
A Starlink tampoco le faltaron ganas de hacerse con algún subsidio estatal, el problema fue que no pudo cumplir con las condiciones de prestación del servicio de Internet rural que le exigía la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC por sus siglas en inglés) estadounidense y en 2022 le negaron los 885,5 millones de dólares a los que había postulado.
Apología del buen subsidio
En todos los casos mencionados, el Estado, en sus diferentes niveles, ha realizado aportes económicos significativos, sean en forma directa (subsidios) o indirecta (desgravaciones impositivas o subsidios a la demanda) en favor de compañías privadas sin que recibiera una parte de la propiedad de las mismas. De esta forma, cuando haya ganancias, el Estado no participará de ellas, aunque haya sido un financista gratuito fundamental de esas compañías.
Del lado empresario, y también del político, se suele esgrimir, como razón para todos estos beneficios públicos para un privado, los puestos de trabajo que generan estas inversiones, la expansión económica que conllevan y los mayores ingresos fiscales que producen. No obstante, no se ve la razón por la cual el Estado debería contribuir a incrementar aún más las ingentes fortunas personales de los dueños de las empresas beneficiarias para conseguir esos objetivos en lugar de realizar esas inversiones por sí mismo o promover a otros actores sociales sin ánimo de lucro y de perfil más comunitario, o a pymes. Así como el discurso antiestatal considera como gasto ineficiente o corrupto cualquier sobrecosto que no se destine específicamente a un bien o servicio público calificado como legítimo, de igual modo debería estimarse como inaceptable que buena parte de los fondos gubernamentales terminen engrosando la riqueza particular de un grupo de personas.
De todas maneras, tal vez lo más llamativo es esta extraña regla que se verifica en diversas latitudes, por la cual cuantos más subsidios recibe un empresario más repudia al Estado y todas sus políticas. Una actitud que se repite desde Musk, en Estados Unidos, hasta en Sudamérica con Marcos Galperín, de Mercado Libre.
La bandera de la eficiencia
La ideología empresaria suele hacer flamear la insignia de la eficiencia para justificar tanto beneficio estatal para las corporaciones privadas siendoque luego estigmatiza laayuda destinada a otros sectores de la sociedad. Una de las vías argumentativas de ese enfoque es alegar que es mejor que el Estado delegue en particulares actividades que podría hacer él mismo porque la iniciativa privada es más eficiente. Este razonamiento, en el caso de Musk y sus empresas, se emplea profusamente en la relación entre SpaceX y la NASA.
Atif Ansar y Bent Flyvbjerg, dos economistas de la Universidad de Oxford, publicaron en 2022 un estudio comparativo entre la eficiencia de la empresa de Musk y la mítica agencia estadounidense en lo que respecta a la realización y cumplimiento de misiones espaciales. La conclusión de los investigadores es que SpaceX es más eficiente que la NASA en las cuatro dimensiones que eligieron para la comparación: costos, velocidad de acceso al mercado, cumplimiento de los cronogramas y escalabilidad de los sistemas desarrollados (por ejemplo, los vectores, cohetes, de lanzamiento). En algunos aspectos las diferencias de eficiencia entre estas dos entidades son muy significativas. Sin embargo, Ansar y Flyvbjerg aclaran que el propósito de su trabajo no fue denostar al sector público y ensalzar al privado, sino mostrar las ventajas de los proyectos basados en plataformas, empleado por SpaceX; en contraposición con aquéllos orientados a los “saltos cuánticos”, tradicionalmente empleado por la NASA. Es más, los investigadores enfatizan que el éxito de SpaceX, y hasta su propia existencia, no hubiera sido posible sin la iniciativa de la NASA, tomada a mediados de la década de 2000, de impulsar enfoques distintos a los empleados por ella misma para el abordaje de proyectos complejos.
Hay otras dos cuestiones a considerar en la comparación entre la eficiencia de la NASA y SpaceX. Una mencionada al pasar por Ansa y Flyvbjerg, y la otra no tanto. La primera es que buena parte de la baja performance de la agencia espacial estadounidense en sus programas se ha debido a la tradicional aversión a los riesgos de las entidades gubernamentales, que les impide aventurarse más en estrategias de aprendizaje por experimentación previa, como habría hecho SpaceX. El tema es que frecuentemente esta aversión al riesgo proviene de la multiplicación de una cultura de la supervisión y el escrutinio sobre los entes estatales, promovida mucho más allá de los razonable por quienes son enemigos declarados de lo público bajo el argumento de la eterna sospecha de todo lo que realiza el Estado y sus organizaciones.
La segunda cuestión, es la omisión a una clara referencia a los conocimientos que la NASA ha transferido a SpaceX. Cuando Musk llegó con sus enfoques revolucionarios de gestión de proyectos y sus jornadas extenuantes de trabajo para sus ingenieros y sus cohetes, el camino ya había sido en buena medida abierto por el esfuerzo estatal de la NASA que, a su vez, aportaría dinero y recursos para que la empresa se luciera.
Las incongruencias de Musk también surgen cuando pretende que un Estado le asegure la provisión barata de litio para las baterías de sus Tesla, tal como exhibió en su apología del golpe contra Evo Morales en Bolivia, en una serie de tuits de julio de 2020.
De todas maneras, hay cierta diferencia inconmensurable entre un libertario como Musk, que hizo su fortuna aportando importantes cuotas de innovación, y las versiones tercermundistas y autóctonas que no pasan de ser un grupo de fanáticos y oportunistas. La trayectoria de Musk, como el de todos los selfmademan, lejos de exhibir el cenit de los logros de la iniciativa privada, lo que revelan al ojo observador es que no es posible lograr el desarrollo social ni las ganancias personales sin un poderoso Estado presente.
Especialistas del CONICET en el Hospital Garrahan y colegas de otras instituciones lograron desarrollar por primera vez un modelo preclínico y cultivos celulares primarios que reproducen la biología del retinoblastoma (el cáncer de ojo pediátrico más común) metastásico y que servirán para diseñar tratamientos innovadores que puedan curar a estos pacientes. El avance se describe en la revista Investigative ophthalmology & visual science.
La incidencia de retinoblastoma en el mundo es de 1 caso cada 17 mil nacidos vivos y en Argentina se detectan entre 40 y 45 casos nuevos por año en menores de 15 años.
El retinoblastoma se puede eliminar cuando se detecta en forma temprana y suele ser sensible a la quimioterapia. Sin embargo, el pronóstico empeora si el cáncer se disemina principalmente al sistema nervioso central: en esos casos, hasta 9 de cada 10 pacientes no logra curarse pese a la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía.
“Es imprescindible avanzar en el conocimiento de por qué se disemina el tumor, determinar los factores de riesgo moleculares que controlan ese proceso. Los modelos preclínicos que logramos generar serán útiles para evaluar nuevas terapéuticas y finalmente, encontrar nuevos tratamientos para esta población que hoy carece de alternativas”, afirma Paula Schaiquevich, líder del avance, investigadora del CONICET y directora de la Unidad de Tratamientos Innovadores del Hospital Garrahan.
Detección tardía
En los países desarrollados este tipo de tumor se suele detectar a tiempo, pero en los de ingresos medios y medios-bajos, como consecuencia del diagnóstico tardío, limitaciones en el acceso a tratamientos, factores culturales y otras variables, más de la mitad de los niños afectados se diagnostican con enfermedad metastásica, es decir, cuando el tumor se diseminó por fuera del ojo a otros órganos y tejidos.
Schaiquevich enfatiza la importancia de desarrollar un modelo preclínico para el estudio del retinoblastoma. Este tipo de cáncer, como la mayoría de las malignidades pediátricas, son enfermedades raras. “Por ello, es muy difícil realizar estudios clínicos para identificar nuevos tratamientos que incluyan un número significativo de pacientes. Al ser ‘pocos’ pacientes, se dificulta la realización de varios estudios clínicos para identificar cual sería la ‘mejor’ terapéutica. Para ello, estos modelos, como el que hemos desarrollado, son muy importantes porque nos permiten evaluar y ‘filtrar’ seleccionando los tratamientos que sean los más promisorios para que luego sí se puedan evaluar en estudios en pacientes”, puntualiza.
Investigación traslacional y clínica
Previo al estudio liderado por especialistas del CONICET no existían células tumorales de pacientes retinoblastoma metastásico que se pudiesen cultivar en el laboratorio, así como animales de laboratorio (ratones) con ese tipo de tumor en los que se puede estudiar la progresión del tumor y testear nuevas drogas.
“En este estudio, desarrollamos modelos celulares y animales con ese tipo de tumor y luego de evaluarlos, sabemos que se presentan características histológicas, moleculares y farmacológicas similares a los pacientes. Para ello desarrollamos estudios moleculares, genómicos, histopatológicos, y de pruebas farmacológicas que reflejaron un comportamiento distinto para cada modelo, pero similar a lo que ocurre en el paciente del cual obtuvimos las células tumorales”, explica Schaiquevich.
Tumores invasores
En diferentes análisis, la científica del CONICET y colegas constataron que los tumores crecían e invadían órganos y tejidos en el animal como ocurrió en los pacientes de los cuales se tomaron las células del tumor. “Son modelos confiables y reproducen la biología del tumor del paciente del cual derivan. Incluso, los estudios de laboratorio nos muestran que las células tumorales en el laboratorio responden a la quimioterapia como se observó en los pacientes”, afirma Schaiquevich. Y agrega: “Así podemos usar estos modelos para descubrir nuevos tratamientos, sean fármacos nuevos o bien aquellos que ya estén en el mercado pero que se usen para el tratamiento de otros tumores pediátricos o incluso, para otras enfermedades”.
Un aspecto muy importante del proyecto “es que generamos capacidades locales en nuestro país para la evaluación genómica y molecular del retinoblastoma y el desarrollo y caracterización de modelos preclínicos de este tumor. Las herramientas aprendidas pueden aplicarse a desarrollar nuevos modelos en otros tumores pediátricos”, afirmó Schaiquevich.
Estudios previos, liderados por la investigadora del CONICET, han permitido mejorar el tratamiento del retinoblastoma intraocular (no metastásico) en un ojo, bilateral (los dos ojos) y refractario (cuando el paciente no responde al tratamiento estándar).
Retinoblastoma
Antes, para el retinoblastoma intraocular, se administraba quimioterapia por vía endovenosa, pero los fármacos además de eliminar células cancerígenas dañaban tejidos sanos. “Con el grupo de investigación en retinoblastoma, realizamos estudios preclínicos que permitieron optimizar los esquemas terapéuticos y definir cuáles quimioterápicos usar conjuntamente en niños afectados con retinoblastoma intraocular para lograr una mayor eficacia del tratamiento y disminuir la probabilidad de eventos adversos, incluso serios que pueden poner en peligro la vida del paciente”, explica Schaiquevich. Y continúa: “Estos estudios permitieron comprobar la eficacia y seguridad de dos técnicas de administración de quimioterapia (Quimioterapia superselectiva intra-arteria oftálmica y Quimioterapia intravítrea) que se desarrollaron en Japón, Estados Unidos y en Suiza y cuyo fin era administrar la quimioterapia principalmente en el tumor para evitar efectos secundarios sistémicos (en la sangre y otros tejidos normales). Los resultados de nuestras investigaciones, descritos en revistas científicas internacionales, permitieron que el equipo de oncólogos, oftalmólogos y neurointervencionistas del Hospital Garrahan pudiesen emplear esos procedimientos y tratar con éxito a niños y niñas con retinoblastoma intraocular”.
“Contar con grupos de investigación del CONICET desde hace más de 15 años dentro del hospital ha sido muy beneficioso para aplicar terapias efectivas a los pacientes pediátricos con retinoblastoma intraocular. Este trabajo interdisciplinario permite que la ciencia ayude a resolver desafíos que enfrentamos en la clínica”, afirma Pedro Zubizarreta, médico pediatra y jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Garrahan. Y concluye: “Los chicos y chicas con retinoblastoma metastásico tienen disminuida la posibilidad de curación. Por esta razón es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías y posibilidades terapéuticas para este grupo de pacientes. El modelo experimental desarrollado por Schaiquevich y colegas para entender la biología de este tumor cuando se disemina pretende aportar nuevos conocimientos que contribuyan con ese objetivo”.
Modelo preclínico
El desarrollo del modelo preclínico para el estudio del retinoblastoma metastásico forma parte de una línea de investigaciones desarrolladas en el marco de un trabajo conjunto coordinado e integrado por investigadores e investigadoras, becarios y becarias del CONICET en el hospital pediátrico de referencia nacional Garrahan, en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir), especialistas de instituciones internacionales, y personal médico del Garrahan.
Los estudios se realizaron gracias a la obtención de distintas fuentes de financiamiento científico nacionales como el CONICET y el apoyo de la Fundación Natali Dafne Flexer, The Fund for Ophtahlmic Knowledge (Nueva York, Estados Unidos), la Fundación Nelia et Amadeo Barletta, la Fundación Leo Messi y el Instituto Oncológico Henry Moore.
El proyecto cuenta con un presupuesto de $2.400 millones de pesos y es financiado a partir del «Agregado Tarifario», un componente de la tarifa eléctrica que abonan los usuarios y usuarias de la Provincia de Buenos Aires. Los fondos de este agregado se utilizan para obras en la red eléctrica y una proporción para generación renovable.
La obra consiste en la construcción de un edificio bioclimático con autogeneración renovable y sistema de bombeo de agua mediante la utilización de paneles solares, que funcionará como Centro de Investigación y Desarrollo.
El objetivo es que el Centro no sea sólo un espacio formativo, sino también un lugar de pruebas y proyectos vinculados a las tecnologías de generación renovable, eficiencia energética y electro movilidad en el que la sustentabilidad es una definición transversal a todos los proyectos. Durante el evento, el presidente de la CIC, Roberto Salvarezza sostuvo: «Tenemos un gobierno nacional que está atacando a la ciencia y desfinancia nuestras universidades. Donde niegan el cambio climático, nosotros respondemos con esta obra ponderando la actividad de la ciencia y la tecnología”.
“Esta es la primera obra que se realiza en el Campus Tecnológico de la CIC en décadas y está relacionada con la ciencia, la innovación y con un tema que es central en nuestra vida contemporánea como lo es la energía”, destacó Alejandro Villar, actual Director Ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico y ex Presidente de la CIC. Por su lado, el subsecretario de Ciencia e Innovación Tecnológica, Federico Agüero afirmó que “el gobierno de la Provincia sigue apostando por la Ciencia y la Tecnología como un motor de desarrollo y como un área clave que hay que fomentar, desarrollar, acompañar y ayudar para que llegue a todos los sectores sociales y de la producción”.
“Lo que estamos pensando con este centro de investigación está en las antípodas de lo que piensan desde el gobierno nacional en términos de hacía dónde va a llevar la ciencia y cuál es el rol del Estado”, concluyó Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la Provincia.
En este predio se instalará además un sistema de bombeo solar y un sistema fotovoltaico para autoconsumo con conexión a la red de distribución local para la eventual inyección de los excedentes, conforme el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública establecido por la Ley 15.325. Ambos sistemas estarán destinados a proveer agua y energía eléctrica mediante el uso de fuentes renovables para abastecer la demanda del edificio.
Se realizó el acto de inicio de obra del primer Centro de Energías Renovables ubicado en el Campus Tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), en Gonnet. El evento contó con la presencia del presidente de la CIC, Roberto Salvarezza; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar; el subsecretario de Ciencia e Innovación Tecnológica de la cartera productiva bonaerense, Federico Agüero y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
Los 13 insumos de la construcción que mide el Indec tuvieron caídas en enero. El promedio de todos da un desplome generalizado que carece de precedentes en al menos los últimos 12 meses y que, encabezado por el asfalto, casi duplica el de diciembre: -21,7% en relación con enero de 2023. A la industria manufacturera también le fue mal: bajaron 14 de los 16 sectores que releva el organismo, lo que representa una disminución anual de 12,4% en enero, la octava consecutiva desde mayo.
Es la magnitud de la recesión en que ha entrado la Argentina, algo que a los industriales les preocupa incluso más que el comportamiento de los precios, y que en gran parte de los casos se explica en el ajuste del Gobierno y en un proceso que empezó en la última parte del gobierno de Alberto Fernández: muchas empresas venían acumulando stock para sacarse los pesos de encima y ahora, ante la caída en el consumo, directamente dejan de producir.
En la construcción influye principalmente la paralización de la obra pública que dispuso el presidente, Javier Milei. “El que tiene stock lo convierte ahora en plata; lo liquida como puede, porque nadie compra”, explica Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, fabricante de aluminio que produjo en enero un 50% menos que durante el mismo mes del año pasado. Fate, su otra compañía, tuvo una baja del 35 por ciento.
La crisis ocupa gran parte de las conversaciones del mundo de la producción, que conviven a su vez con el optimismo que se detecta en el ámbito de las finanzas: la brecha cae, el Banco Central recupera reservas y baja el riesgo país. Hace una semana, en la reunión semanal de la Unión Industrial Argentina, casi no se habló de otra cosa que de la parálisis en las plantas. Ayer, la entidad fabril publicó su encuesta mensual y expone el estado de ánimo. Por primera vez desde enero de 2022, por ejemplo, más de la mitad de los consultados (53%) dice tener retrasos en al menos uno de los pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Y hay un 7% que no pudo hacer frente a ninguno de ellos; es el doble que la media habitual.
Las proyecciones tampoco mejoran para febrero, sino todo lo contrario: el índice de expectativas industriales que hace la UADE, un trabajo que suele anticipar el comportamiento de la actividad porque expresa muchas veces las decisiones de los gerentes de compras, dio ese mes 38,2, bastante por debajo del 42,8 que había registrado en enero. “Si está por debajo de 50 anticipa una caída; si lo supera, viene una expansión”, explica Fausto Spotorno, coordinador del Instituto de Economía de la universidad.
Por orden de incidencia en el nivel general, los 14 sectores fabriles que bajaron son “Alimentos y bebidas” (6,4%), “Sustancias y productos químicos” (12,1%), “Maquinaria y equipo” (33,5%), “Industrias metálicas básicas” (19,3%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (32,5%), “Productos minerales no metálicos” (15,6%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (24,6%), “Productos de metal” (15,2%), “Madera, papel, edición e impresión” (7,9%), “Productos de caucho y plástico” (12,1%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (13,9%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (12,4%), “Productos textiles” (9,5%) y “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (1,3%). Sólo subieron “Productos de tabaco” (14,1%), probablemente por la exportación y la producción informal, y “otro equipo de transporte” (7,8%).
Dante Sica, economista de la consultora Abeceb, que trabaja hace años con el sector industrial, anticipa para la Argentina un primer semestre complicado y, dice, una recuperación desde entonces y sólo para los sectores más dinámicos y de mayor inversión: energía, minería, agro. “Esperamos una recesión corta y profunda”, define, y agrega que a los de electrónica, línea blanca, prendas de vestir o calzado les va llevar más tiempo porque el consumo y los salarios van a seguir cayendo.
Lo anticipa un informe de Abeceb que proyecta menos ingresos disponibles para compras: los gastos para transporte, combustibles, servicios públicos y alquiler, que se llevaban 40% del salario en 2023, subieron ahora al 60%. “Hay muchas actividades sobreestoqueadas -agrega Sica-. Las empresas compraban mercadería para sacarse los pesos de encima y ahora tienen menos demanda. Es lo que pasó a Acindar: paró las plantas porque el tipo del corralón tiene acero hasta en los ojos”.
Parte del comportamiento que explica el ex ministro de la Producción se da también en la construcción. Pero ahí lo más relevante fue el ajuste que viene aplicando el Gobierno: la fabricación de asfalto, el insumo por excelencia de la obra pública, descendió 62%, más que ningún otro, y la encuesta que hace el Indec entre empresarios tampoco promete mejores perspectivas. Entre las contrastistas del Estado, el 76% piensa que la obra pública va a disminuir entre febrero y abril de este año.
En los otros insumos también hubo caídas: yeso (40,6%), hierro redondo y aceros para la construcción (38,6%), hormigón elaborado (28,6%), cemento portland (19,9%), mosaicos graníticos y calcáreos (18,5%), ladrillos huecos (18,1%), cales (12,6%), pisos y revestimientos cerámicos (,10,7%), pinturas para construcción (10,4%), grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción (9,1%), placas de yeso (7,3%) y artículos sanitarios de cerámica (3,7%).
Spotorno cree que lo que viene será duro porque los consumidores tampoco están dispuestos a gastar. “La gente sobreconsumió: como el año pasado era caro comprar dólares, ahorraron menos y destinaron recursos a otros consumos, como restaurantes”, dice, y anticipa que la recuperación no vendrá por un incentivo en la demanda sino, en todo caso, por una normalización macroeconómica.
Esa es, en realidad, una coincidencia de todo el establishment económico, y acaso el único dato alentador de la encuesta de la UIA. Mientras en 2022 la mayor parte de los consultados veía mejor que hoy a su empresa, algo menos al sector y muy mal al país, ahora la ecuación parece haberse invertido: una de cada dos espera que tanto la situación propia como la del sector y del país mejoren en el transcurso de un año.
Luego de su llegada desde Bariloche a Ezeiza, el tanque reflector del RA-10 fue izado hasta el nivel de la pileta del reactor. En el acto estuvieron presentes autoridades nacionales y de la CNEA. También representantes de las empresas que participan en la construcción.
El Centro Atómico Ezeiza este martes fue el escenario de un nuevo hito del desarrollo nuclear argentino. Con una enorme grúa fue izado el tanque reflector al nivel correspondiente a la pileta del reactor RA-10, para que próximamente comience su instalación.
Este momento histórico fue presenciado por el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman; el subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Enrique Pinedo; la directora nacional de Inversión Pública, Marina Barbeito; junto a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis; personal del organismo que trabaja en el proyecto y representantes de las empresas nacionales que participan en la construcción del reactor. También estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y los vicepresidentes de CONICET Claudia Capurro y Alberto Baruj.
El Ing. Nuclear Herman Blaumann, gerente del proyecto del RA-10, recibió a los visitantes con una explicación en la que señaló que «el tanque reflector es un componente crítico por su ingeniería de construcción. Allí se distribuyen los neutrones para todas las aplicaciones del reactor y después de su instalación se inicia la etapa de montaje de internos de piletas. Todo empieza a converger, no solo la obra en sí, sino también la fabricación de los elementos combustibles; el informe de seguridad para tener la licencia de para comenzar a funcionar, y el plantel de operación del reactor. De manera que nos vamos acercando a la puesta en marcha, que esperamos que pueda comenzar el año que viene”.
Blaumann mencionó también a cada empresa que contribuyó a hacer realidad este reactor, desde la que se ocupó de la obra civil hasta la que construyó una nueva subestación eléctrica para dotar al Centro Atómico Ezeiza de la potencia extra que va a necesitar no solo para el RA-10, sino para todos sus otros proyectos.
El tanque reflector del RA-10 fue fabricado por INVAP en el Centro Atómico Bariloche, desde donde fue traído por tierra hasta Ezeiza. Es el corazón del reactor junto con su núcleo y su componente más complejo. Su función será contener el agua pesada que reflejará los neutrones producidos en la reacción en cadena, así como albergar los dispositivos para aprovechar esos neutrones en las diferentes aplicaciones previstas en la instalación.
Este tanque pesa 2.540 kilogramos, tiene 2 metros de diámetro y 1,4 metro de alto. Su construcción, un proceso que demandó 32 meses de trabajo, implicó un gran desafío tecnológico que lo convierte en una pieza de ingeniería única en su tipo. Está hecho de aleación de zirconio (Zircaloy), un material que soporta la emisión de neutrones sin deteriorarse. Su diseño se definió en función de los requerimientos de los futuros usuarios del reactor y sus implicancias en cuanto a volúmenes, flujo neutrónico y condiciones de operación.
“Hay muy pocos países en el mundo que puedan generar un producto como este tanque y que fue hecho en los talleres de INVAP en el Centro Atómico Bariloche”, destacó Adriana Serquis. Antes había explicado que esto se logró gracias a un ecosistema nuclear que nació en 1950 con la CNEA “que tuvo la visión de que esta tecnología podía llegar a tener usos inimaginables, como ser aplicada para tratamientos médicos o para la detección de enfermedades complejas, como el cáncer, fines para los que hoy se utilizan los radioisótopos”, puso como ejemplo. “Todo esto requiere conocimiento, calificaciones y una experiencia que se fue conformando a lo largo de muchísimos años y de muchas generaciones. Esa capacidad que tenemos como país es única y no hay que perderla”, enfatizó.
La instalación del tanque reflector es una tarea de gran precisión y permitirá el inicio del montaje de los internos de la pileta del reactor. Una vez completado este último trabajo, se llenará la pileta y, en enero de 2025, comenzarán los ensayos preoperacionales para después continuar con la puesta en marcha.
Se espera que el RA-10 estará operativo en 2026. Para entonces, producirá radioisótopos de uso médico para el país y el mundo, así como también silicio dopado para la industria electrónica. Además, tendrá como instalación asociada el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), donde se podrán desarrollar avanzadas técnicas de investigación útiles en los campos de las ciencias básicas, la salud y la industria. También contará con un Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados (LEMI), que permitirá que la CNEA amplíe sus capacidades para producir y calificar nuevos combustibles y componentes para futuros reactores nucleares experimentales y de potencia.
El exministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus compartió este miércoles una carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel en el que manifiestan al presidente Javier Milei preocupación por la eliminación de la cartera de Ciencia y Tecnología, posibles recortes dentro de área y el despido de empleados administrativos del CONICET.“Vemos como el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio, y nos desesperan las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo”, señalan el escrito de menos de dos páginas, que agrupa a referentes de la medicina, química y física.
En el documento, que está dirigido además al jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente del CONICET Daniel Salamone, se expresa “temor” porque “Argentina haga a un lado a los científicos y sus estudiantes”. “Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos para el CONICET y las universidades nacionales no solo refleje una dramática devaluación de la ciencia argentina sino también la devaluación de los argentinos y el futuro de la Argentina”, se advierte.
En calidad de científicos internacionales, insisten en “haber presenciado las contribuciones transformativas de la Argentina en materia científica”.
En esa línea, enumeran: “Si no fue por la ciencia argentina, las causas del cáncer de pulmón y diabetes seguirían siendo un misterio por décadas. Si no fuera por la ciencia argentina, careceríamos del conocimiento y tecnología que permita a un país con pluviosidad modesta alimentar a su población y el mundo. Si no fuera por la ciencia argentina, no contaríamos con elementos clave para nuestro entendimiento del universo, desde el desarrollo de un simple virus hasta sus átomos”.
Justificándose en avances fruto del trabajo de la comunidad científica argentina, los 68 premios Nobel afirman que “devaluar o cancelar la ciencia argentina sería un grave error”. “Cualquier economía moderna como la Argentina debe poder generar nuevas tecnologías enfocadas y aplicar otras ajenas en contextos locales”, insisten.
“Seríamos ingenuos si no comprendiéramos que cualquier país que dependa solo de este espíritu perdería su independencia económica. Pero sin una infraestructura para la ciencia, un país desciende a la indefensión y la vulnerabilidad. Sin desarrollar su propia tecnología para avanzar ni capacitar a las personas o desarrollar la infraestructura necesaria para el conocimiento científico y tecnológico de problemas nacionales y regionales, ¿en qué situación quedaría Argentina?”, se preguntan.
Y vuelven a resaltar: “Argentina es el único país de la región que ha desarrollado su propia vacuna Covid-19, construido y lanzado satélites de comunicaciones, y diseñado y construido reactores nucleares de última generación. Ocupa el puesto 10 del mundo en número de empresas de biotecnología, un logro sorprendente que promete grandes avances en medicina y agricultura. Los científicos argentinos destacan en muchas áreas, como la geología, la paleontología, la bioquímica, la biología molecular, la inmunología, la ecología, la física, la arqueología y los estudios medioambientales, atmosféricos y sociales”.
La carta concluye con un pedido al jefe de Estado. “Le instamos respetuosamente a que restablezca los presupuestos de las restricciones impuestas recientemente al importantísimo sector de la ciencia y la tecnología de su país. La congelación de los programas de investigación y la disminución del número de becarios de postgrado y de jóvenes investigadores provocarán la destrucción de un sistema que costó muchos años construir”.
Uno por uno, los premios Nobel que firmaron el documento
El escrito lleva la rúbrica de los ganadores del Nobel de Química Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Walter Gilbert, Richard Henderson, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, Paul L. Modrich, Jean-Pierre Sauvage, Richard R. Schrock, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter y Kurt Wuthrich.
También firmó el ganador del Nobel de Economía Finn E. Kydland y los también laureados en el área de Medicina Harvey J. Alter, Werner Arber, Francoise Barre-Sino, Elizabeth H. Blackburn, Andrew Z. Fire, Jules A. Hoffmann, Tasuku Honjo, H. Robert Horvitz, Sir Michael Houghton, Tim Hunt, Louis J. Ignarro, William G. Kaelin Jr., Barry J. Marshall, Craig C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Sir Paul M. Nurse, Stanley B. Prusiner, Sir Peter J. Ratcliffe, Charles M. Rice, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Phillip A. Sharp, Susumu Tonegawa, Harold E. Varmus y Torsten N. Wiesel.
Por último, adhirieron a la moción los ganadores del Nobel de Física Barry Clark Barish, Steven Chu, Albert Fert, Andre Geim, Sheldon Glashow, David J. Gross, John L. Hall, Serge Haroche, Takaaki Kajita, Ferenc Krausz, Anthony J. Leggett, Michel Mayor, Konstantin Novoselov, Giorgio Parisi, Roger Penrose, William D. Phillips, H. David Politzer, Donna Stricland, Kip Stephen Thorne y David J. Wineland.
68 PREMIOS NOBEL ESCRIBEN A MILEI EN DEFENSA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ARGENTINA
Recientemente, Redimec desarrolló las pruebas de flotabilidad de un Vehículo de Superficie No Tripulado (VSNT) que se encuentra en una etapa inicial de construcción y que la empresa está desarrollando en colaboración con el astillero Tandanor.
Desarrolladas las pruebas de flotación y equilibrio, así como de estabilidad con carga, la próxima etapa es equipar el vehículo con la electrónica desarrollada en laboratorio, a efectos de prepararlo para las pruebas de controlabilidad y autonomía, con el objetivo de tener un vehículo finalizado, con ensayos realizados, a mediados del mes de abril de 2024.
Este proyecto responde al desafío de innovar para ampliar la capacidad de relevamiento en distintos cuerpos de agua, tanto interiores como abiertos. Hoy en día muchas de estas actividades de relevamiento y control están supeditadas a la contratación de empresas de servicio con embarcaciones operativamente costosas y algunas veces inadecuadas para ciertas operaciones de batimetría.
En respuesta a esta limitación, la empresa se planteó el objetivo de desarrollar una plataforma multipropósito, de relativo bajo costo de adquisición, bajo costo de operación, flexibilidad operativa y amigable con el ambiente.
Para ello la fuerza de Ingeniería de Redimec seleccionó todo el equipamiento de control, comunicación y sensado, desarrolló la ingeniería para la integración de los mismos, diseñó el sistema eléctrico y actualmente trabaja en la prueba e implementación a bordo de todos los sistemas junto con el desarrollo de un software dedicado. Este proyecto recibió apoyo del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
El perfil de la embarcación en desarrollo está definido por las siguientes características:
– Modularidad y flexibilidad en la carga útil. – Seguimiento autónomo de ruta de trabajo y puntos de ruta. – Información y control remoto y en tiempo real. – Propulsión eléctrica. – Costo operativo mínimo. – Amigable con el medioambiente.
Modularidad
Si bien inicialmente este prototipo fue concebido para relevamiento hidrográfico, estudios hidrodinámicos con ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) y geotécnicos SBP (Sub Bottom Profiler), también pueden instalarse sensores medioambientales para convertir la plataforma en una estación dinámica, que compruebe a su paso calidad de aire, calidad de agua, presencia de hidrocarburos en agua y otras variables.
Más allá de esto, su flexibilidad y concepto modular permite embarcar equipamiento para las más diferentes misiones, incluso de defensa y seguridad, por ejemplo: AIS, cámaras de inspección remota (rango visible y térmico), radar o sonar lateral para inspección de embarcaciones y estructuras (apto para operaciones contra tráfico de drogas).
Para la implementación del equipamiento de a bordo, la plataforma cuenta con un puente y una capacidad de carga de 350 kg. La flexibilidad de carga útil y el soporte a nivel local permite pensar en un uso escalable de acuerdo con las misiones que se pretendan cubrir.
Autonomía y control
Desde la genética del proyecto se contempló la implementación a bordo de un piloto automático y el seguimiento autónomo de rutas y/o patrones de navegación, a través de la programación de puntos de ruta en un software de cartografía electrónica embebido en una computadora de misión (MC) abordo.
Esta MC envía información al piloto automático para las correcciones en ruta. Además, recibe parámetros de estado de salud de los diferentes sistemas (baterías, consumo de motores, consumo de equipamiento de misión, entre otros), que permiten la supervisión en tierra de estatus de misión.
Como medio alternativo de control se previó un sistema de gobierno manual que según especificaciones podría alcanzar un rango de control hasta 10 Km, lo que estará supeditado a las pruebas de campo (propagación, absorción, rebotes y altura de antenas). En pos de facilitar el seguimiento se planeó la instalación de una cámara de video para visualización frontal remota. La embarcación brindará información y podrá ser controlada en tiempo real a través de un enlace de radio. Para optimizar operaciones, latencia y ancho de banda, la computadora con el software de captura estará a bordo. Esta computadora se podrá controlar remotamente en tiempo real a través del enlace de radio mediante VNC (Virtual Network Computing).
Es en este campo que el equipo de I+D de Redimec se encuentra desarrollando un software dedicado que permite el intercambio de información y comandos desde el puesto de supervisión en tierra al equipamiento de a bordo.
Complementariedad y cobertura
Con tan solo cuatro metros y medio de eslora, dos metros treinta de manga total y un puntal de 50 centímetros, la plataforma diseñada por Redimec y Tandanor, resulta fácilmente desplegable desde tierra o desde un buque madre y puede complementar embarcaciones o flotas existentes, desarrollando operaciones en zonas de acceso difícil o denegado para plataformas tradicionales.
Por otro lado, en la primera etapa de planificación, Redimec pensó este vehículo de superficie para relevamientos en rías de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Para que fuese apto para operar en este tipo de áreas protegidas se incluyeron motores eléctricos, lo que evita la emisión de gases o vertido de fluidos indeseables a la vez que no genera contaminación auditiva. Esto le da la condición de ?amigable con el medio ambiente?, y en este sentido, además admite la posibilidad de incorporar paneles solares para aumentar autonomía y sustentabilidad del vehículo.
Jugar de local
Si bien esta solución está basada en integración de equipamiento de otros fabricantes, se trata de componentes ampliamente probados en el mercado internacional, desarrollados por firmas a las que Redimec representa localmente.
Esto garantiza integración bajo los estándares de dichos fabricantes, pero con ingeniería y mano de obra nacional, lo que es sinónimo de mantenimiento y soporte local durante todo el ciclo de vida con la posibilidad de entrenamiento para su uso a cargo del desarrollador.
Desde la presidencia de la empresa expresan: Con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, el VSNT es un medio indispensable para realizar tareas en el mar. Además, la principal ventaja de los VSNT es que son inteligentes. Los VSNT individuales pueden realizar tareas de adquisición de inteligencia, búsqueda y rescate en superficie y exploración de recursos marinos, mientras que los VSNT agrupados pueden realizar tareas de detección y formación cooperativa, escolta inteligente y otras tareas operativas. Esto nos plantea un desafío actual y futuro, que estamos dispuestos a enfrentar.
La implementación de este desarrollo permitiría la transferencia de conocimiento de fabricantes, el despliegue y afianzamiento de capacidades locales y sirve de base para futuros desarrollos. Se trata sin dudas de un proyecto que más allá de su funcionalidad concreta, aporta a la soberanía científico-industrial y territorial de la Argentina.
El Secretario deCiencia y Tecnología de la provincia de Còrdoba, Gabriel Raya Tonetti, acompañó al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provinciall, Pedro Dellarossa, a las instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera perteneciente a CONAE y la empresa VENG.
VENG es una empresa con activos tecnológicos de gran importancia y alto valor agregado, que se desarrolló exponencialmente a partir de la participación en proyectos espaciales impulsados por la CONAE. “Esta asociación no sólo posiciona estratégicamente a Argentina, sino que también brinda herramientas para mejorar la calidad de vida de los cordobeses”, sostuvo el secretario de Ciencia y Tecnología.
Con 460 empleados en el país, siendo el 60% mano de obra calificada cordobesa, VENG es la encargada designada por CONAE para la comercialización y distribución de las imágenes de los satélites de la constelación SAOCOM. Además, es la contratista principal del proyecto de lanzador satelital Tronador II y opera los satélites y laboratorios de la CONAE entre otras actividades y proyectos que lleva adelante.
Desde el ministerio se pusieron a disposición los programas y herramientas disponibles para seguir acompañando el desarrollo del sector aeroespacial en Córdoba y sosteniendo el posicionamiento alcanzado.
Tanto en la visita como en la posterior jornada de trabajo, se detectaron oportunidades para profundizar la expansión de la industria, teniendo en cuenta a la empresa VENG como posible aceleradora de startups y pymes cordobesas. Por otro lado, se buscará promover la vinculación de este tipo de organizaciones con industrias estratégicas para la Provincia, que puedan beneficiarse de los conocimientos y desarrollos tecnológicos.
En este sentido, se inició el camino para establecer acciones conjuntas, teniendo en cuenta las políticas que lleva adelante la Secretaría de Ciencia y Tecnología en materia de Economía del Conocimiento y las posibilidades que ofrece VENG en cuanto a desarrollo de software y electrónica, aplicados a la industria aeroespacial y otros sectores de la producción.
“La presencia de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de la empresa VENG en Córdoba fortalece la posición de la Provincia como referente en la industria aeroespacial”, sostuvieron.
Y añadieron: “Las organizaciones aportan significativamente al sector, que representa una de las economías más destacadas en Córdoba, en tanto sus desarrollos tecnológicos se basan en conocimientos de punta, con alta potencialidad de transferencia a diversos campos y otras aplicaciones, por lo que apoyar este tipo de actividades resulta central para mantener y acrecentar la posición que Córdoba ya ha alcanzado, no sólo a nivel regional sino también internacional”.
El interventor designado por el Gobierno en la Agencia Télam dispuso la suspensión de tareas de los trabajadores de la misma, así como la baja del sitio web de este medio periodístico y el vallado de sus oficinas principales, localizadas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Se trató de un movimiento conjunto ejecutado con la Policía Federal en la medianoche.
El vallado de la redacción ubicada en la calle Bolívar al 531 ocurrió mientras algunos de sus trabajadores realizaban tareas nocturnas, por lo que permanecen dentro de sus oficinas en rechazo al cierre de la agencia de noticias, creada en 1945 y cuyo funcionamiento está garantizado por ley. Para el mediodía del lunes se convocó a un abrazo simbólico en el edificio, en protesta por la decisión oficial de discontinuar su funcionamiento.
En paralelo, los otros casi 700 empleados de Télam en todo el país comenzaron a recibir un mail que los insta a no realizar sus tareas por siete días. Esta comunicación oficial lleva la firma del interventor, Diego Chaher. En la agencia trabajan alrededor de 700 personas, entre periodistas, fotógrafos y administrativos. Además, en todo el país hay unas 27 corresponsalías con cerca de 50 cronistas y fotoreporteros.
Tanto la página web de la Agencia como la cablera de noticias, la plataforma de acceso a los despachos informativos, se encuentran actualmente suspendidos. En el sitio oficial de Télam, donde también se encontraba disponible su archivo periodístico y fotográfico con casi 80 años de historia, aparece el escudo nacional y la leyenda “´página en reconstrucción”.
La falta de una resolución en el Boletín Oficial sobre la agencia, cuyo funcionamiento está garantizado por ley bajo la órbita de la Secretaría de Medios Públicos, abren interrogantes sobre el futuro de este medio público: “No hay desvinculación de hecho aún. Tengo esperanzas porque el escenario está todavía abierto”, contó un cronista de la agencia. En el mismo sentido, en declaraciones a Radio con Vos, habló Carla Gaudensi, secretaria adjunta de SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y trabajadora de Télam, quien calificó el cierre de hecho de la agencia como una “ilegalidad, porque no puede cerrarse si no es por ley”.
El movimiento sobre la Agencia Télam va en línea con lo prometido por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, donde dijo: “Vamos a cerrar Télam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”. La noticia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien el mismo día escribió en su cuenta oficial de X: “Saluden a Télam que se va…”.
Horas después del anuncio de Milei, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó las declaraciones del mandatario contra la agencia de noticias pública. Desde la comunidad que agrupa a docentes de las carreras de Periodismo y Comunicación de la Argentina aseguraron que los dichos del líder del Presidente “solo exacerban la hostilidad y la intolerancia contra el periodismo”: “En un contexto de creciente desinformación, los medios públicos pueden y deben cumplir un rol determinante en la construcción de audiencias más críticas y mejor formadas, con inclusión y equilibrio de voces”, consideraron, antes de que se produjera el cierre de hecho de Télam.
Qué es la Agencia Télam
La historia de Télam (Telenoticiosa Americana), la mayor agencia de noticias de Latinoamérica y la segunda más grande en castellano, comenzó hace casi ochenta años, el 14 de abril de 1945, cuando fue fundada por orden del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón. Su primer director fue el periodista Jerónimo Jutronich, y tres años después el novedoso medio estatal ya empleaba periodistas del interior del país que enviaban a la redacción notas escritas a través de telegramas, teléfonos o teletipo.
En sus comienzos, la agencia fue una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo de “romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press”, como recuerda la Secretaría de Cultura.
Tantas décadas después de su fundación, Télam es la única agencia del país con una red de corresponsales en todas las provincias argentinas, y también está interconectada con el mundo a través de sus múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales.
Además de sus departamentos de video, radio, un portal de noticias o redes sociales, la agencia también cuenta con un importante archivo fotográfico que abarca casi ochenta años de historia argentina.
Hasta el momento de la suspensión de sus tareas, el sitio emitía más de 500 cables por día con información de todo el país y al menos 200 fotografías. Además de los lectores, también está contratada como proveedora de información periodística por unos 2800 abonados, entre los que se incluyen medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales.
A partir de hoy los periodistas de Télam empezarán a transmitir desde el portal SomosTelam.com.ar
En medio de la epidemia de dengue que atraviesa el país, la discusión técnica sobre la incorporación al calendario nacional de una vacuna está en pausa desde noviembre del año pasado. A mediados de este año, una comisión técnica que asesora a las autoridades sanitarias volverá a analizar su utilidad con mayor información tras las experiencias piloto en Misiones y Salta. El debate “importante”, como anticipó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se va a dar una vez superada la actual emergencia.
Este lunes, en conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial dijo que la vacunación por calendario contra el dengue “aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”. Manuel Adorni se refería, sin nombrarlo, al producto del laboratorio japonés Takeda que, en abril del año pasado, la Anmat aprobó para su comercialización local y se está comercializando desde noviembre.
El uso por prospecto de Qdenga, como es su nombre, está indicado a partir de los cuatro años, sin mencionar límite de edad. El productor advierte que “no existen datos sobre el uso en mayores de 60 y los datos son limitados en pacientes con afecciones médicas crónicas”, una de las dudas que deberá despejar la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) cuando vuelva a tratar a mediados de año. También está contraindicada en las embarazadas o durante la lactancia y en las personas que están inmunosuprimidas porque es una vacuna a virus vivos atenuados del dengue. De ahí la recomendación de consultar al médico de cabecera previamente.
La vacuna del laboratorio japonés Takeda, que fue aprobada por la Anmat
Se aplican dos dosis, con tres meses de intervalo, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó, a partir de XI Reunión ad hoc de su Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que “cualquier introducción de la vacuna en [un] país se considere una prueba piloto y vaya acompañada de un estudio sólido de fase 4 posterior a la comercialización”. En el país, los gobiernos de Salta y Misiones son los únicos que adquirieron dosis, según confirmó el laboratorio. Son dos entre las provincias del noreste y noroeste argentino que estaban concentrando la mayor cantidad de casos en esta epidemia hasta que los casos empezaron a crecer también en el centro del país, de acuerdo con las notificaciones nacionales.
“El Ministerio de Salud continúa coordinando acciones con las provincias para enfrentar el brote”, continuó Adorni, y mencionó que “la herramienta más importante” sigue siendo descacharrar.
Desde la cartera sanitaria a cargo de Mario Russo ampliaron que “tanto la OPS como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron a los estados miembros que consideren el uso de la vacuna para los niños de entre seis y 16 años que viven en entornos con alta carga de enfermedad por dengue y alta intensidad de transmisión. En nuestro país, la mayor carga de enfermedad es en la población adulta joven y no existen datos suficientes sobre la eficacia de la vacuna en este grupo poblacional”.
Áreas específicas del país
Infectólogos mencionan que se podría incorporar al calendario nacional de vacunación para áreas específicas del país, como sucede con la vacuna de la fiebre amarilla o la fiebre hemorrágica argentina. En el Ministerio de Salud aguardan reunir “información y evidencia científica en el desarrollo del brote [por la epidemia en curso]” para definir, por ejemplo, su seguridad, su efectividad y en qué edades daría mejor resultado su uso poblacional. “Estamos relevando la información en los departamentos más afectados, en diálogo permanente con las autoridades sanitarias provinciales y los organismos sanitarios internacionales”, sumaron.
En Salta, según explicaron desde esa provincia, están vacunando a la población de entre 25 y 39 años en los departamentos del norte con la primera dosis. Se había previsto vacunar a 150.000 personas con el esquema completo.
El debate “importante”, según había anticipado la semana pasada el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se va a dar a mitad de año cuando se cumpla el plazo de seis meses sugerido por la Conain tras la presentación en noviembre pasado del Grupo de Trabajo en Vacuna contra el Dengue. Esa discusión, según continuó Quirós ante medios, será relevante para definir “una estrategia de vacunación para la próxima campaña” por la primavera-verano de 2024-2025.
“Ese va a ser el gran debate de este año sostuvo el funcionario. La vacuna que hoy está disponible en el mercado tiene un esquema de dos dosis que se aplican con un intervalo de 90 días, con un efecto biológico documentado a 30 días después de la segunda dosis. Por esto, la discusión de la vacuna en este momento no conduce porque para cuando esté el efecto en la población vacunada vamos a estar en invierno.”
De aquella reunión en noviembre pasado habían participado funcionarios de la cartera nacional durante la gestión de Carla Vizzotti y cinco especialistas convocados del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la Sociedad Argentina de Infectología, el Instituto Nacional de Medicina Tropical y la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero.
“Se analizaron todas las vacunas autorizadas y en investigación. Los representantes del Instituto Butantan de Brasil [con un producto por presentar] y de los laboratorios Takeda y Sanofi-Pasteur [que comercializa la vacuna Dengvaxia, aprobada en 2017] presentaron una actualización de los estudios de fase III de las vacunas para dengue –se detalló en el informe oficial–. Luego de escuchar las presentaciones y realizar diversas consultas, el grupo de expertos y las autoridades sanitarias consideraron que, en base a los datos presentados, ninguna de las vacunas cumple una función de bloqueo frente a un brote de dengue, que es lo que ocurre en nuestro país.” (Fabiola Czubaj)
Comentario de AgendAR:
En medio de la peor epidemia regional, el Ministerio de Salud acuerda en no hacer nada, salvo estudiar los datos de vacunas, hasta que la emergencia pase. Lo cual es una mentira impiadosa: una infección con este mosquito doméstico como vector no es un asunto de estación. Onda que la emergencia no va a pasar, gente. El frío ya no joroba al mosquito vector del virus.
El Aedes aegyptii llegó aquí desde África Occidental en barco, cuando Santa María de los Buenos Aires era el principal puerto negrero del Virreinato, centro de venta de esclavos hacia las plantaciones y minas de Cuyo, el actual NOA argentino y el Alto Perú.
«Ab origine», el Aedes aegyptii solía ser tropical y subtropical, pero desde los años ’70 ese tipo de clima se ha venido corriendo a trancos hacia el sur por el recalentamiento global. Hace más de medio siglo, los huevos del Aedes, puestos sobre el pelo de agua de millones de charcos, macetas, jarrones, latitas y neumáticos descartados, mayormente no lograban pasar el entonces crudo invierno. En tiempos de Arturo Illia se lo logró desalojar aplicando órganoclorados hasta en los jarrones florales de los cementerios. En su regreso desde entonces, la especie se adaptó a la Pampa Húmeda y hay nacimientos 365×365, aunque siempre más con la fase cálida del año. Pero además la isla de edificación del AMBA está 5o Celsius más caliente en promedio que su entorno rural, y de yapa el mismísimo campo bonaerense está a temperaturas que hace 40 años eran más bien exclusivas de la provincia de Corrientes.
Mientras tanto, nos dice el Ministerio de Salud, que se dé la primera dosis quien pueda pagarla. Hay que tener los $ 56.794,32 que acaba de oblar al contado mi amigo Carlitos, sí, el ingeniero morocho, cuya prepaga (Médicus) no da descuento ni reembolso. La vacuna Takeda se garpa taca taca, como sugiere su nombre.
Otras prepagas sí hacen descuento del 40%, e ignoro que harán las obras sociales sindicales, ahora que saben oficialmente «que no hay plata». Y que al Aedes, como a los franceses y luego a los alemanes en Rusia, sólo los detendrá el General Invierno. Militar que aparentemente aquí en Baires está de retiro efectivo desde hace décadas. Pero el General Invierno, aun en versión actual, tan exámine y cortito, es la única esperanza que le da el estado nacional -también en retiro efectivo- a los que trabajan 14 o 15 horas diarias en changas o en negro, tomándose 4 o 6 colectivos, trenes o subtes diarios. No hay cobertura para esos congéneres que la pelean contra la indigencia, y que la pequebusía no ilustrada (y ahora pobre entre gallos y medianoche), cree ociosos y llama «planeros».
En el país actual, con más cuentapropistas que trabajadores registrados, para ponerse a cubierto del Flavivirus del dengue, se requieren dos dosis separadas 90 días entre sí, nada baratas. En actual cuadro de híper-estanflación, el precio e incluso la existencia de la segunda dosis es conjetural. Es que el laboratorio japonés Takeda, el desarrollador y fabricante de esta vacuna con un interesante 73% de efectividad, no tiene suficiente capacidad de producción para enfrentar la crisis que estalló sobre Brasil y la Argentina.
La verdad es que otros inmunizantes contra el dengue están en una situación parecida. El Instituto Butantán de Brasil, un faro de la biotecnología del Mercosur, tiene una vacuna aún mejor: 81% de efectividad confirmada por el National Institute of Health (NIH) de los EEUU. Y de yapa, una sola dosis, lo que simplifica muchísimo su suministro masivo.
El problema es que Merck, Sharpe y Dohme, el dueño de la propiedad intelectual de la vacuna, tiene un contrato durísimo con los brasucas: el Butantán puede fabricar y vender sólo dentro de Brasil. Del resto del mundo se ocupa Merck, capisce? Manos arriba, compatriotas, esto es un asalto. En suma, los primos no pueden tirarnos un salvavidas oficial y barato: les está prohibido.
Por ahora, la capacidad de fabricar los al menos tres salvavidas vacunales contra el dengue es limitada por compleja. En contraposición, dos de las cuatro cepas de este virus avanzan por Sudamérica, arreadas desde los trópicos hacia las zonas templadas y lluviosas por el recalentamiento global. Este año en Argentina tenemos casos en sitios insólitos por lo fríos, como Bahía Blanca. Y no son importados de Salta, de Misiones ni del AMBA. Son autóctonos. Los bahienses y el género Aedes han sido presentados oficialmente.
Pero esto pasa en todo el mundo. Por causas corporativas pero también infectológicas, sobran enfermos y faltan vacunas. En números crudos, en este mundo recalentado y superpoblado 400 millones de humanos al año se pegan un dengue, algunos de estreno, otras por enémisma vez, 100 millones hacen fiebres altas y dolorosas, y 40.000 casos hacen reacción inmunogénica cruzada por superposición de cepas DENGV-1, 2, 3 o 4, y se mueren de enfermedad hemorrágica masiva. Eso sucede sólo cuando se reinfectan con cepas distintas a la del dengue anterior y sucede en pocos casos, 1 de cada 10.000. Pero la ampliación del área geográfica del vector y del virus potencia el número de casos, y con él, el de casos hemorrágicos severos. Mal momento para que desaparezcan los estados nacionales y sus sistemas de salud.
Las multinacionales no quieren sobreequiparse para producir vacunas. Como les ha dado por hacerlas muy modernas, muy recombinantes, muy caras y muy guau, resultan efectivas a baja dosis. Y a veces, demasiado efectivas. Pero la ingeniería genética y el usar virus vivos como «carriers» de antígenos 1, 2, 3 y 4 las hace fundamentalmente patentables y difíciles de copiar tanto técnica como legalmente. Pueden atravesar sin problemas una fase 3 a doble ciego ante agencias regulatorias amigables, sin mostrar mayores efectos adversos en miles de casos medidos a doble ciego. Pero puede ser que estos casos aparezcan de pronto en «fármacovigilancia», o fase cuatro, cuando a fuerza de distribución masiva las agujas escondidas en el pajar estadístico aparecen con crudeza. Y en el caso del dengue las agujas son una parva en sí mismas.
Pasó en Filipinas entre 2015 y 2016, cuando una campaña vacunatoria masiva con la Dengvaxia de Pasteur Sanofi, 830.000 dosis fueron repartidas en las escuelas de las ciudades de Luzón, Calabarzón y el Gran Manila. El seguimiento estadístico no tardó en mostrar que la Dengvaxia de Pasteur Sanofi mataba más pibes que los que ponía a salvo. Era demasiado inmunogénica: causó dengue hemorrágico en muchos chicos infectológicamente «vírgenes», que no habían tenido la enfermedad. Luego de X tiempo de vacunados fueron inevitablemente picados por Aedes infectados, y algunos murieron perdiendo sangre en forma difusa y masiva en corazón, pulmones y cerebro. Es decir, la Dengvaxia dio la base para que una posterior infección real disparara el dengue hemorrágico, por reacción cruzada. Eso lo temían algunos y no lo esperaba realmente nadie.
En 2017, el gobierno filipino le puso fin al intento. La falta de números disponibles sugeriría que las partes acordaron no contar mucho los muertos. Peor aún, el combo de encubrimiento y acusaciones generó titulares y cobertura en horario central, y un considerable movimiento antivacunas en todo ese vasto país-archipiélago, con casi 111 millones de habitantes y la tercera economía asiática.
Y el efecto inmediato de los antivacunas fue una resurgencia feroz de casos de sarampión, una enfermedad que mata pibes a pasto, deja cantidad de discapacitados sensoriales y cognitivos, es hipercontagiosa, y tiene una vacuna taxativamente segura desde comienzos de los ’80. En 2010 la Organización Mundial para la Salud de las Naciones Unidas estimó que llevaba salvados a 17.000 millones de pibes.
El experimento de la Dengvaxia no fue gratis: el gobierno filipino pagó 5 mil millones de pesos locales a la empresa por fungir de fase 4 o de fármacovigilancia a beneficio de Europa Occidental, donde ya hay olas de calor y población autóctona inicial de Aedes. El valor en dólares pagado por el gobierno filipino, a cambio de hoy, andaría por los 89.000 millones. Las consecuencias legales del fracaso de la vacuna se dirimieron muy al estilo argentino: acusaciones cruzadas de corrupción entre gobierno y opositores, pero a la larga, sin víctimas judiciales puestas en cana. En 2018 la EMA (European Medicines Agency) licenció la Dengvaxia en la Unión Europea… pero únicamente para su uso en personas que ya habían tenido dengue. «Vírgenes, afuera». El caso de todas las vacunas existentes y de las picaduras es uno en el cual el orden de ambos factores altera el producto. El orden correcto es primero el mosquito infectado, luego la vacuna. Gracias, hermanos filipinos por demostrarlo. Sonrían, Europa los ama.
Como la circulación viral de dengue en Sudamérica cabalga sobre las cepas 1 y 2, lo que se necesita es una vacuna capaz de suministro universal, de fabricación barata, sin reactividad cruzada al menos entre esas dos subespecies que ya están aquí. De la 3 y la 4 ya habrá tiempo de ocuparse. Deben ser vacunas de licenciamiento rápido. La lógica, que en biología sirve sólo a veces, indicaría usar una receta anticuada, segura y eficaz, y testearla inicialmente sólo con quienes ya pasaron por un dengue silvestre. Luego, ir testeando otros grupos poblacionales de a poquito. Ésas cosas que hacen los estados nacionales que no cometen harakiri libertario, como el de Argentina.
La lógica económica y la biológica coinciden en que no habría que probar nada con virus vivos recombinantes. Deberíamos tener un inmunizante con fracciones moleculares activas de los antígenos de los virus DENGV 1 y 2 ante todo, y un «polenteador» tradicional del sistema inmune, como el hidróxido de aluminio. Nada high-tech, lo que se requiere es eficacia y seguridad, pero en mi poco experto punto de vista, sacrifico puntos de eficacia por puntos de seguridad, con la esperanza de ir llegando, despacito y por las piedras, a un producto de uso universal, incluso multicepa. Es el caso de dos vacunas pefectas, efectivas para toda la vida: la antisarampión y la antipapiloma.
Fabricar sencillo, licenciar rápido y vacunar masivo es clave. Es lo que hicieron Chile y Uruguay cuando la Pfizer les aceptó pedidos de vacuna anticovid y luego los dejó esperando las dosis en el aeropuerto un par de años. Para no fumar tanto en la espera, tuvieron que agarrar viaje con el único inmunizante anticovid ampliamente disponible en el mundo, la Sinovac china. Sobraba por inefectiva: un 51% a doble dosis. Pero suministrada masivamente, algo favorecido en Chile porque lo que dice Santiago se hace, y en Uruguay porque seguía más o menos intacto el sistema de salud pública, y también porque la población en 2020 no llegaba a 3,5 millones. Y eso cortó el ciclo de transmisión. El virus SARS COv2 fue dejando de circular. Masividad mata efectividad.
El problema específicamente argentino es que después de las trabas que sufrió a manos del gobierno anterior la vacuna anticovid de la UNSAM, (Universidad de San Martín), nadie querría arriesgar tiempo o plata en una nueva vacuna simple, a fracciones de antígeno, olvidate de virus recombinantes. Aunque ya hemos desarrollado una, la referida ARVAC Cecilia Grierson, y es 100% nacional, y de yapa resultó excelente. No tanto así la suerte de quienes la hicieron posible. Sigue en gateras, es decir fuera de carrera, desde hace años.
De modo que sin una vacuna argentina antidengue siquiera en proyecto, deberemos depender de Big Pharma, y de su proverbial generosidad hacia el Tercer Mundo, Sur Global o como quieran llamar los países platudos a sus esclavos deudores. Bondad que demostraron Pfizer, Moderna y AstraZéneca durante la pandemia de Covid. Nos encajaron vacunas entre cuatro y diez más veces más caras que las que no pudo distribuir nunca la UNSAM, y las entregaron cuando se les cantó.
La de la UNSAM habría costado U$ 4 la dosis. Y es que a La Cecilia la ANMAT sólo le permitió entrar en fase 2/3 cuando ya casi todo argento estaba vacunado con marcas importadas. Y no todas fueron iguales. Las que hicieron la diferencia y pusieron a salvo a médicos, enfermeros y ancianos, aunque tarde y tras un tendal de fallecimientos, fueron la Sputnik-V rusa y la Sinopharm, con un 96 y un 73% de efectividad. Resultaron muy seguras, aunque las llamó «ese veneno comunista» alguna diputada con frecuentes episodios de delirio místico-psiquiátrico. Rusia y China se deben haber enterado con alguna extrañeza de que siguen comunistas. Lo dice Dios.
Para más datos, durante los meses terribles de 2020 y 2021 en que llegaron a morir arriba de 700 argentinos por día, el laboratorio farmacológico argentino Pablo Cassará se estaba reequipando a fondo para fabricar masivamente este producto argentino, llamado ARVAC Cecilia Grierson, que por razones de cortedad, aquí llamamos «La Cecilia». Podría hacerlo entre gallos y medianoche, pero todavía no logra entrar en producción a gran escala porque ya no hay gran escala de demanda.
Cassará debe haber perdido una millonada en equipamiento de punta ocioso: «La Cecilia» todavía hoy carece de autorización para llegar a farmacias, para que la gente la compre siquiera en forma particular como dosis de refuerzo. Y es que no parece que el actual gobierno vaya a suministrar La Cecilia gratis para impedir rebrotes, aunque el covid no desapareció. Sólo se ha vuelto endémico y de transmisión lenta, y eso por la inmunidad de manada generada a pinchazo limpio entre 2021 y 2022.
Parte de los casi 130.000 argentinos muertos por el virus SARS CoV 2 se los debemos a eso: desde el comienzo de la crisis, y salvo por la corajuda decisión de la Dra. Carla Vizzotti de comprar la Sputnik-V y la Sinopharm, el Poder Ejecutivo no quiso ofender con un inmunizante Nac & Pop al trío AstraZéneca, Pfizer y Moderna. A ver si todavía no terminábamos exportando a la región, para sumar pecado capital al venial.
Y mientras tanto hoy, en las postrimerías del verano de 2024 y como para pretender que se hace algo respecto de los casi 60.000 casos de dengue reportados en tres meses, los clarines del MinSal tocan a descacharrar hasta que pase la emergencia. Que no va a pasar sola, porque el dengue criollo no piensa irse a ningún lado, y menos que menos con un invierno que pinta venir no muy frío ni muy largo, pero sí muy lluvioso. AgendAR no puede sino comunicar a los lectores su emoción patriótica. A descacharrar, a descacharrar, con música de Daniel Viglietti. Los viejos de mi generación saben tararearla.
Descacharrar queda mayormente en manos de la libre iniciativa de los 16 millones de vecinos que habitan los 3883 km2 de los 40 municipios del AMBA. Atentos al espíritu político de la época, deben desarrollar una pasión por el emprendedurismo gratarola, ahora que el trabajo pago está desapareciendo y empieza a sobrar el tiempo libre. Entre tanto, ducharse en repelentes y vestirse a cuerpo más cubierto que mujer afghana o buzo táctico, así sea durante esas olas de calor de 40o Celsius tan frecuentes en el AMBA estival. Aunque terminemos con más muertos por golpe de calor que por dengue hemorrágico.
¿Quién descacharrará? Buena pregunta. En los 30 años en que el dengue se ha venido acriollando y aporteñando, las 40 municipalidades del AMBA jamás han intentado un esfuerzo coordinado al respecto, salvo pegatinas en las paredes expresando buenos deseos distritales, y si había un mango, campañas televisivas igualmente angelicales e inocuas. En la práctica no se descacharra jamás porque el control de qué hace cada vecino con los charcos de su patio o los de sus sumideros domiciliarios excede la capacidad de vigilancia de la CIA.
Pero además el problema de los basurales a cielo abierto, de los neumáticos y latitas llenos de lluvia, así como el de las calles de tierra jaspeadas de charcos, se acelera con la ruina de las economías regionales y con el imparable goteo demográfico desde las provincias a los cinturones más externos y villeros de la zona metropolitana. El problema progresa mucho más rápido que la, en fin, «¿solución'».
La mucha riqueza distrital unida a la incoherencia tampoco ayuda: el exgobernador de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, en su afán de disminuir el tránsito automotor privado y volver a Buenos Aires una Nueva Barcelona transitable a pata y bici, barricó las calzadas esquineras de las zonas tilingas con enormes macetas muy «cool».
Traen votos, y otras cosas. Con un año «de Niño» como éste, acumulan lluvia. El Aedes aegyptii, cuyos huevos eclosionaban únicamente en agua limpia hace 30 años, pero hace rato se adaptaron al agua sucia, zumba de agradecido. El Aedes albopictus, un recién llegado, también transmisor de dengue, uno que pone sus huevos en tierra desnuda y éstos eclosionan cuando está mojada, añade su gratitud ante tan inesperado encacharramiento municipal.
«La transformación no para», como decía uno.
Un modo bastante racional de disminuir la población de mosquitos Aedes la tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Centro Atómico Ezeiza, y se llama «técnica del macho estéril». No es nada revolucionaria y funciona bien. Aquí sólo se aplicó para controlar la mosca mediterránea que contaminaba las plantaciones de frutales en los oasis de Mendoza. El problema de este bicho ahora está bien contenido, y esto ha logrado que la fruta mendocina sea exportable a la UE, paradójicamente el sitio del cual antes hemos importado la maldita mosca. Es para conservar la Patagonia libre de esta plaga que cuando ingresás a Río Negro por aire o por auto te decomisan la fruta que quieras ingresar desde el norte, así sean impenetrables cocos.
La técnica del macho estéril es bastante simple. Los machos de mosquito de cualquier especie se alimentan sólo de polen. No hay bicho más amigable, hippie y vegano que un mosquito macho, del género y especie que se te ocurra. Le falta cantar canciones de Arco Iris (los viejos me entienden). A fuerza de hippies, se les da por el amor libre con hembras de su propia especie, y las hembras nos pican y recontra pican: necesitan sangre de mamífero o de ave llena de globulinas y hemoglobina, para tener proteína y multiplicar hasta 100 veces sus puestas de huevos. Y las del género Aedes son especialistas en mamíferos humanos. Hay más Aedes que personas en tu casa, lector.
Ésta técnica es sencilla, pero el diablo -suele suceder- está en los detalles. Se irradia brevemente una ponchada de machos enjaulados, que atraviesa un túnel donde se los expone brevemente a lápices de cobalto 60, radioisótopo que se produce en la Central Nuclear de Embalse, y que emite rayos gamma. A condición de que los mosquitos Aedes aegyptii machos reciban la dosis justa y exacta, no se mueren ni se deterioran de salud general, pero en materia reproductiva, se vuelven más estériles que el agua hervida.
En las posteriores lides amorosas, una vez en libertad, los machos irradiados compiten en igualdad de condiciones, medidas por «sex appeal», con los mosquitos fértiles, salvajes y lujuriosos. Y el resultado es que las hembras que eligen los estériles ponen huevos infértiles e inviables, de los que no hace larva alguna. La tasa de reproducción de la especie en el área de aplicación baja sí o sí, y las especies del género Aedes no logran generar resistencia evolutiva a la situación. Probado y reprobado con la mosquita del Mediterráneo al aire libre, y con los Aedes en los laboratorios atómicos de Ezeiza.
Pero problema urbano argentino con el Aedes irradiado es la difícil instrumentación, como pasa con las fumigaciones inespecíficas en calles y plazas, o con el descacharramiento. Liberar en cualquier lado grandes nubarrones de millones de mosquitos machos Aedes infértiles sólo sirve para dar alimento balanceado a sus predadores, desde las libélulas a las arañas, y de los abejorros a las golondrinas. Los Aedes aegyptii, nuestro problema principal, son mosquitos intradomésticos. Las hembras viven en el harem de nuestras casas y derpas. Raramente salen de los lares en que eclosionaron cuando eran un simple huevo fértil en agua limpia o sucia. Hembras y machos fértiles suelen vivir pocas semanas, y morir a no más de 50 metros del sitio donde nacieron. Más caseros que gato de viuda, como decía Inodoro Pereyra.
Para que la solución nuclear sirva de algo, hay que convencer a 40 intendentes, dos gobernadores y probablemente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación para que ellos a su vez convenzan a los desconfiados porteños y bonaerenses a abrirles la puerta a una brigada municipal que les viene a llenar la casa de mosquitos. Bajo promesa de que no son radioactivos, de que se trata únicamente machos, y de que tales machos son puro «flower power» y rock, de que no pican ni un poquito, pero de que van a estropearle la fertilidad a los huevos de esas hembras «pateras» que vuelan bajito. Sí, doña, ésas que se ceban con los dedos de los pies cuando uno, muerto de sueño, está en la cocina preparando el mate en patas. Y por supuesto, los vecinos deben estar convencidos por las redes sociales, la radio y la tele de que no les están abriendo la puerta a una gavilla de chorros creativos.
Aunque en términos de biología aplicada la solución nuclear probablemente funcionaría de maravillas, en términos de sociología y politología parece difícil. Salvo que se tenga la decisión política, pero aquí el estado nacional hoy se dedica más bien a amputarse los pies con motosierra, mal momento para ser Ministro de Salud. Y todo esto, desde la creación de mejores vacunas, el uso del mosquito macho estéril o el mismísimo descacharramiento, sólo lo puede solucionar el estado o, en su defecto, el estado. No le pidamos a Big Pharma algo tan ajeno a su ADN como liquidar epidemias. De yapa, muchos de nuestros libertarios se proclamaron antivacunas.
Los laboratorios multinacionales, luego de los problemas de Pasteur Sanofi en Filipinas, se han vuelto muy cautelosos con sus propias vacunas de dengue, todas tan futuristas, aunque hayan pasado por fase 3 y parezcan buenas, pero de pié de plomo: sólo aplicables en cohortes muy limitadas de la sociedad, garantía suficiente de que jamás lograrán generar inmunidad de rebaño.
La pregunta del millón, mientras aquí los casos se multiplican en rampa como nunca antes, es que el Ministerio de Salud sólo hablará de vacunas cuando la emergencia pase, pero no pasará. O cuando alguna multinacional como Merck se atreva a vender la Butantán con otro nombre y fuera de Brasil. País que no rebosa de dosis disponibles: tiene 6 millones de enfermos, y el estado federal sólo logra vacunar en 21 municipios, menos del 10% de los existentes en tierras brasucas, y sólo a personas con dengue previo curado. Están en el horno, los primos. Nosotros también.
Ésas son las cosas de las que no habla el artículo de La Nación, ese templo de la información, para no incordiar a nadie. Pero el dengue, sobre todo en los países pobres, y vamos a los bifes, sólo se para con vacunas, el resto de las medidas son las papas fritas. Las vacunas deben ser sencillas, baratas y universales, factibles de uso masivo y con potencial de generar inmunidad de rebaño.
No hay peligro de que Big Pharma le dé por esas recetas porque son más fáciles de copiar: el futuro son los vectores transgénicos, aunque los costos de fabricación y de cadena de frío logística sean infernales. Con vacunas más simples seguíríamos teniendo mosquitos Aedes durante siglos, pero menos transmisores, y con menos o ninguna circulación viral de dengue. Con vacunas simples, y no veo capitales privados que vayan en esa dirección, te canjeo puntos de efectividad por puntos de seguridad cuando quieras.
Ponele la firma, lector. Y aquí aprovecho y pongo la mía.
La Fuerza Aérea Argentina iniciará un proceso de contratación directa interadministrativa con Aerolíneas Argentinas a los fines de que la línea de bandera realice la inspección C Check del Boeing 737-700 T-99 “Islas Malvinas”. Los trabajos se realizarán en las instalaciones de la aerolínea en Ezeiza, con un plazo de entrega de 50 días hábiles a partir del perfeccionamiento del contrato.
Vale recordar que la línea de bandera dispone de Aerolíneas Argentinas Técnica, centro de mantenimiento con más de 70 años de experiencia que ofrece diversos servicios, entre ellos mantenimiento de base (C y D Ckecks), reparaciones estructurales de fuselaje y de compuestos, entre otros.
En cuanto a los trabajos previstos para el T-99, la C Check contempla la inspección en profundidad de la mayoría de las piezas de la aeronave. Suele requerir que la aeronave permanezca en una instalación de mantenimiento especializada atento que requiere herramienta, materiales y espacio necesarios. “…Normalmente se necesitan hasta 6.000 horas de mantenimiento para las comprobaciones C…”.
Algunos de los aspectos incluidos en la C Check son la revisión estructural para detectar corrosión y daños, lubricación en profundidad de accesorios y cables, entre otros. Conforme a lo detallado en el pliego de bases y condiciones, el T-99 recibirá las inspecciones 1C+2C+5C.
Durante el período que se extiendan los trabajos en el T-99 “Islas Malvinas”, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) se quedará sin la capacidad que ofrece el Boeing 737, aeronave que es utilizada para atender la demanda de transporte de pasaje, tanto de las Fuerzas Armadas como de civiles (a través de LADE).
Pese a que los trabajos de la C Check no se extenderán por mucho tiempo (de 15 a 20 días según la aeronave, el proveedor del servicio, etc), la ausencia temporaria del T-99 deja expuesta una de las razones por la cual la Fuerza Aérea intentó adquirir un segundo Boeing 737, proceso de adquisición que fue declarado fracasado hace unos meses. Vale recordar que la FAA había preadjuducado la compra a la compañía GECI Española Aerospace Solutions, iniciativa que quedaría en la nada.
El proceso para la adquisición de un segundo Beoing 737 tuvo como objeto la incorporación de una aeronave equipada con motores CFM56-7B, la contratación de la conversión a carguero flexible y la prestación de servicios adicionales. El documento aclaraba que serían altamente valoradas aeronaves en configuración Cambio Rápido o Combi, con el fin de incorporar una plataforma más flexible para transporte de carga, pasaje o mixto.
GECI Española Aerospace Solutions presentó la opción de un Boeing 737 NG MSN 35378 configurado para 128 pasajeros (siendo 160 lo requerido por la FAA) y el servicio de pintura. La compañía valenciana dejaría en blanco la conversión a carguero flexible.
Pese a que la Fuerza Aérea Argentina contempló la incorporación de dos Boeing 737 para el período 2023-2025, de momento la iniciativa no se ha retomado luego de que la última licitación fuera declarada fracasada. Sin embargo, en paralelo avanza la intención de la Fuerza Aérea de incorporar al menos seis ERJ-140LR, habiendo incorporado a la fecha dos unidades.
A dos semanas de que el termómetro marcara el final de la primera ola de calor de la temporada, con temperaturas consideradas “muy peligrosas” para la salud, se desconoce qué impacto tuvieron esos 23 días de enero y febrero en la población valores térmicos agobiantes. Y lo fue hasta el punto de no poder responder en distritos consultados sobre la demanda de asistencia o consultas por golpe de calor o siquiera considerar, como ocurrió en una de las provincias, que el calor extremo sea un problema de salud pública.
“En la Argentina, hay cero enfermos o muertos por el calor”, señala Carlos Ferreyra, médico especializado en epidemiología ambiental y exconsultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en clima, salud y ambiente. Sostiene que “ningún sanitarista serio diría que el calor extremo no es un problema de salud pública” tras el Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático y la adaptación a sus efectos, lo que incluye la salud humana, animal y vegetal.
Con experiencia en la gestión pública, ya que trabajó en los ministerios de Salud de la Nación y de Córdoba, de donde es oriundo, asegura que el país carece de una estrategia frente a lo que anticipa que será “un problema gravísimo” en la próxima década. “Pasaron los años y no hay ninguna provincia, excepto la ciudad de Buenos Aires [por la red de refugios climáticos], con una estrategia y un plan ante el calor extremo”. Al diferenciar por localidades, también menciona a Rosario, en Santa Fe, donde hay unos 20 puntos para buscar alivio del calor.
En el Consejo de Médicos de Córdoba, la Alianza Clima, Vida y Salud Argentina –Ferreyra preside la alianza internacional/España– organiza anualmente un curso internacional no arancelado sobre prevención y reducción de daños y pérdidas asociadas con las temperaturas altas extremas, incluida la formación en cuidados para grupos vulnerables (adultos mayores, embarazadas de alto riesgo, pacientes oncológicos o personas con enfermedades crónicas, entre otros) y, también, en información estratégica. La próxima edición es el mes que viene (Informes: [email protected]).
“No tener un sistema de información epidemiológica robusto hace que el país gaste una enorme cantidad de dinero en atender pacientes que llegan tarde a la consulta. Hace que los argentinos seamos totalmente ineficientes en la actuación ante el calor extremo –dice–. Por esto es que tenemos que aplicar el principio precautorio: aun no habiendo datos sobre los diferentes impactos del calor en la población y para no dejar desamparados a los mayores, las embarazadas o las personas que utilizan terapias que pueden generar alguna vulnerabilidad con calor extremo, hay que actuar a pesar de no tener la información necesaria para gestionar.”
Otro tema que no escapa a ese programa de formación, que se extenderá hasta 2027, es la relación entre las epidemias de dengue y otras enfermedades vectoriales y la emergencia climática. “Cada vez que hay calor, se presenta con mucha eficacia porque el mosquito se reproduce más eficientemente y la población no está bien informada por lo que no puede dar una respuesta adecuada y hay incapacidad de actuar”, opina el médico, que en 2009 fue coautor del Plan Director de Prevención del Dengue de Córdoba (Ley N° 9666).
De acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera ola de calor de la temporada 2023/2024 fue “extraordinaria” en duración y extensión geográfica. Se prolongó por 23 días (comenzó el 21 de enero y finalizó el 12 de febrero) y alcanzó a todas las provincias. Avanzó lentamente de sur a norte y, luego, al noreste del país, con valores extremos tanto para las temperaturas máximas como las mínimas diarias. El SMN cuenta con una app que emite alertas por temperaturas extremas (frío o calor).
“Este evento se caracterizó por su gran extensión territorial y duración, ya que afectó a un total de 80 localidades que cuentan con estación meteorológica oficial –detalla el texto del SMN–. Tuvo dos momentos en los que se intensificó y extendió afectando a la mayor cantidad de territorio: el primero fue entre el 31 de enero y el 3 de febrero, y el segundo entre el 5 y el 7 de febrero. En ambas situaciones, la ola de calor estaba presente en más de 55 estaciones meteorológicas.”
Consecuencias económicas
Dado que se prevé que pueda repetirse, para la Argentina eso implica, además, consecuencias económicas. “Al calor en la Argentina siempre se lo tomó como una cuestión individual, de percepción personal. Sin embargo, hoy, es el problema de salud pública más importante en términos de sus daños a la sociedad y la salud. Más en los países del hemisferio sur, donde es generador de otros muchos problemas, como incendios, sequías, disminución de la producción de alimentos e impacto directo en la capacidad productiva”, menciona Ferreyra.
Lo define, además, como un problema territorial porque afecta más donde hay condiciones que favorecen valores más altos: lugares con concentración de cemento, metal, vidrio y hormigón, sin árboles y vegetación, ríos, lagos o agua en fuentes como elementos de enfriamiento natural. “Hay argentinos que van a sufrir más el calor que otros donde se dan esas condiciones”, señala el epidemiólogo. “De los 800 municipios más afectados por el efecto de isla de calor urbano, solo dos cuentan con un plan de actuación ante el calor. Son la ciudad de Buenos Aires y Rosario. Esto genera una gran desigualdad en la Argentina”, agrega.
La preparación local que describe también alcanza a la información oportuna a la sociedad, no solo con recomendaciones de cómo prevenir un golpe de calor, sino también de cómo está afectando a la población, junto con la formación del personal en los centros de atención y los cuidados a adoptar en más de 20 profesiones con alto riesgo de sufrir estrés térmico.
“La mayor parte de los hospitales que reciben los casos complicados no tienen un plan con las guías clínicas necesarias para que los distintos servicios enfrenten los efectos del calor, a diferencia de lo que pasa con los efectos del frío –detalla Ferreyra–. Tampoco la salud ocupacional cuenta con protocolos sobre cómo el calor extremo afecta a los trabajadores, ni en los sindicatos se discuten las medidas de cuidado y protección personal que deberían promover.”
Cita que, en Europa, donde trabaja a través de la alianza, hay protocolos que indican que, al superar los 32°C, los trabajadores expuestos al calor se van rotando en el descanso en un centro de enfriamiento, donde se hidratan y personal de enfermería les controla parámetros básicos para seguir con las tareas.
“Si no existen esas precauciones, el estrés térmico altera la capacidad de trabajo y los países sin estas protecciones empiezan a tener graves problemas de producción –agrega–. Todo esto demuestra que la Argentina tiene que actualizar su respuesta al calor extremo. Solo en lo laboral, tiene impacto en más de 20 profesiones u ocupaciones, como la policía, el transporte, la construcción, el trabajo en el campo o los trabajadores informales en la calle, entre otros más.”
El cerebroha desconcertado a los neurólogos durante siglos y continúa siendo un enigma fascinante. A pesar de los avances en neurociencia, conocemos muy poco de este órgano.
Recientemente, una investigación científica reveló una cuestión fundamental: ¿qué parte de nuestro cerebro nos impulsa a actuar con solidaridad y bondad? Este descubrimiento podría marcar un hito en la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea.
¿Cuál es la parte del cerebro que nos hace solidarios y buenas personas?
Un grupo de científicos de la Universidad de California llevó a cabo una investigación pionera que revela la génesis del altruismo en el cerebro.
Este estudio realizado en ratones, proporciona una base física para comprender el comportamiento altruista, demostrando que no es meramente una idea abstracta, sino que tiene raíces neurobiológicas concretas.
Los ratones, al igual que los humanos, exhiben comportamientos sociales complejos y muestran una predisposición innata a ayudar a otros individuos de su especie en momentos de necesidad. Esta conducta altruista se observó en situaciones donde un ratón herido recibe ayuda de sus congéneres, quienes proporcionan saliva para aliviar su dolor.
Los investigadores descubrieron que esta respuesta altruista está asociada con la activación de una región específica del cerebro llamada córtex del cíngulo anterior, situada justo detrás del córtex prefrontal. Esta zona está relacionada con la toma de decisiones.
Este hallazgo sugiere que la solidaridad en los ratones está arraigada en su neurobiología, siendo un comportamiento innato que no requiere aprendizaje.
Sin embargo, extrapolar estos resultados directamente a los seres humanos plantea desafíos debido a la complejidad del cerebro humano y la falta de comprensión completa sobre cómo se forman las decisiones altruistas.
Aunque el estudio marca un paso significativo hacia la comprensión de cómo el cerebro responde a las necesidades de los demás y regula las acciones para enfrentarlas, el neurobiólogo Weizhe Hong, director del estudio, advierte que aún queda mucho por investigar.
A pesar de estas limitaciones, Hong sugiere que estos avances podrían eventualmente influir en comportamientos altruistas en la sociedad humana. Sin embargo, reconoce que el debate sobre si las personas nacen buenas o malas sigue siendo uno de los grandes enigmas de la neurociencia.
La neurociencia nos recuerda que la moralidad humana es un fenómeno complejo. (Foto: archivo)
Investigación científica: ¿qué nos hace malos?
El reconocido doctor Adolf Tobeña, catedrático de Psiquiatría y autor del libro «Neurología de la maldad», nos alerta sobre una realidad inquietante: entre el 1 y el 1,5% de los niños argentinos podrían poseer una predisposición innata hacia el mal desde su nacimiento.
Del mismo modo en que hemos descubierto la región cerebral asociada a la solidaridad y la bondad, se han identificado zonas del cerebro que funcionan de manera peculiar en individuos diagnosticados como psicópatas.
Estudios demostraron que lesiones cerebrales en áreas específicas pueden alterar radicalmente el comportamiento altruista de las personas, llevándolas a adoptar actitudes más egoístas.
¿Qué factores externos nos vuelven buenas personas?
La investigación neurocientífica revela las bases biológicas del comportamiento humano, pero el desarrollo moral de una persona también está influenciado por factores externos:
La influencia de la educación: los estudios demuestran que el tipo de educación recibida puede moldear las actitudes y valores de una persona.
El rol de la familia: el ambiente familiar ejerce una influencia significativa en la formación moral de los individuos. Los valores inculcados por los padres y el modelo de comportamiento que observan en el hogar pueden tener un impacto duradero en la manera en que interactúan con los demás y enfrentan situaciones difíciles en la sociedad.
La importancia de la comunidad: además de la educación y la familia, el apoyo de la comunidad y la participación en actividades sociales pueden fomentar el desarrollo de valores como la solidaridad y la empatía.
La Argentina suma apoyos en la apelación que lleva adelante para intentar revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones a los fondos Burford y Eton Park por el trato desigual a los accionistas minoritarios al momento de expropiar YPF.
En las últimas horas, varios países de la región y referentes del derecho enviaron sus escritos a la corte de Apelaciones de Nueva York para respaldar el reclamo argentino. Chile, Ecuador, Brasil y Uruguay se presentaron como “amicus curiae” de la Argentina y apoyaron la apelación que el país lleva adelante.
Según repasó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y que sigue los pormenores del caso, también expresaron su respaldo el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires; un grupo de exjueces supremos de la Argentina, entre los que están Eugenio Zaffaroni y Antonio Boggiano; la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (formada por 10 provincias argentinas); y un grupo de 16 abogados argentinos.
“Los demandantes no pueden responder a un amicus curiae. Lo que sí pueden hacer es presentar un amicus curiae de su parte. No descarto que venga alguno muy importante para refutar o pelear con los argumentos que presentaron quienes apoyan a la Argentina”, afirmó Maril.
Y recordó: “No hay un período de presentación para estos recursos, pero el 25 de marzo los demandantes tienen que enviar una respuesta a la apelación argentina. Así que no descarto que antes de esa fecha aparezcan los amicus curiae de Burford y compañía”.
No obstante, el especialista consideró que lo más probable es que no haya fallo de la Corte hasta septiembre u octubre de este año y remarcó que aproximadamente un 90% de las apelaciones dejan firme la sentencia de primera instancia.
El apoyo de los países de la región sobre el caso YPF
Los argumentos que los países de la región presentaron van en línea con los reclamos locales, que cuestionaban la competencia de la justicia estadounidense para resolver en un caso sobre una empresa que tenía operación en Argentina y entró en conflicto con el gobierno del país, bajo las leyes locales.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, publicó en su cuenta de X un extracto de la nota conjunta que remitieron Brasil y Uruguay a la justicia estadounidense. “Brasil y Uruguay están profundamente preocupados porque el Tribunal de Distrito aplicó mal doctrinas cruciales diseñadas para garantizar el respeto de las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en los Estados Unidos y salvaguardar contra la aplicación incorrecta del derecho extranjero. Cada una de estas protecciones, importantes bajo cualquier circunstancia, es esencial cuando se presentan reclamaciones contra soberanos extranjeros”, dijeron.
Por su parte, Maril compartió en la misma red social una parte del escrito que presentaron Ecuador y Chile. Allí, argumentaron que “tienen un interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se mantiene, interferirá con las expectativas de larga data de las naciones soberanas de que sus propios juzgados o tribunales serán el árbitro de las disputas corporativas que surjan bajo sus propias leyes relacionadas con sus propias sociedades residentes respecto de estatutos y principios jurídicos que son de dominio exclusivo de cada uno de los respectivos sistemas jurídicos de las Naciones Soberanas”.
Y añadieron que si no se modifica el fallo de Preska “amenaza con perturbar relaciones comerciales de larga data entre las naciones soberanas y sus residentes corporativos y los Estados Unidos”.
