Sobre la gestión del actual secretario y anterior ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, AgendAR reflejó el juicio hostil de importantes sectores de la comunidad científica argentina, hace un año y recientemente.
Nos parece interesante reproducir aquí lo que serían, según sus propias palabras, sus reflexiones al cierre de su carrera en la administración pública. Puede ser, o no, útil para sus sucesores.
El próximo 10 de diciembre –gane quien gane las elecciones el próximo domingo– Lino Barañao dejará de ser secretario de Ciencia y Tecnología tras 12 años de permanencia en el cargo. Tiempo en el que atravesó los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, y donde fue protagonista de la creación del Ministerio y su posterior degradación a Secretaría. El futuro, asegura en una entrevista, lo encontrará más cerca del laboratorio que de la política: “Quiero demostrar que la ciencia y la tecnología pueden generar empleo y divisas para el país”.
Justamente esos son
los dos problemas, sostiene, que afectan a la Argentina: la balanza
comercial y la falta de trabajo. “Curiosamente en el discurso de
los científicos esos dos temas no aparecen, y eso me preocupa porque
en los países desarrollados la ciencia genera ambas cosas: divisas y
empleo. Estamos muy anclados en la visión muy academicista de la
ciencia. Lo que va a ser interesante, si hay un cambio de gobierno,
es esta puja entre las dos visiones: una metropolitana y
academicista, y otra más federal y productiva. Nosotros hemos
tratado de poner equilibrio a la balanza. Apoyamos la creación de
conocimiento, pero también su aplicación y distribución más
federal”, defiende.
—Macri durante
el debate presidencial dijo que “aumentó el presupuesto para la
ciencia” cuando, por el contrario, el presupuesto disminuyó
significativamente…
—Supongo que se
refería al aumento propuesto para el presupuesto 2020. De todos los
ministerios, hubo cinco que subieron más, y uno de ellos fue este.
En términos de poder adquisitivo y demás, sí es cierto que el
presupuesto de los últimos años fue menor que el óptimo. Desde
2013 viene bajando en términos reales en paralelo con la situación
económica. Nuestro presupuesto es un reflejo de la crisis que ha
sufrido el país. No es que haya habido una política aviesa de
ataque a la ciencia como desde algunos sectores se piensa, lo que
hemos sufrido es la consecuencia de la crisis como otras áreas del
Gobierno.
—Esta semana el directorio del Conicet pidió un aumento salarial del 20% para todo el personal y becarios del organismo. ¿Apoya el reclamo?
—Sí, claramente
el salario se ha deteriorado. Si vemos la pirámide salarial de la
Argentina, los científicos no están tan mal, pero cuando vemos los
salarios de la región, son considerablemente menores. Eso genera el
riesgo de fuga de cerebros. Justamente hay una propuesta dentro del
Plan 2030 de crear una especie de escalafón único porque
históricamente, por ejemplo, el INTA tenía mejores sueldos que el
Conicet. Los sueldos del Conicet se rigen por las paritarias de la
administración pública, y eso hace que la curva se adapte a ese
incremento, que es exiguo.
—En 2016 me dijo que continuaba como ministro para garantizar las políticas del sector en marchay que si no había presupuesto, renunciaba. ¿Por qué decidió permanecer en el cargo?
—Porque había
cosas por terminar y porque pensaba que mi ausencia iba a ser más
perjudicial que mi presencia. Durante todo este período logré,
justamente con la amenaza de irme, que se incorporaran partidas
adicionales que permitieron aliviar el impacto negativo que tuvo la
crisis en el sistema científico. Había proyectos personales que yo
quería terminar, como el edificio Cero + infinito, que si bien
estaba propuesto desde la administración anterior, se ejecutó
durante esta gestión, y la sede del Centro Latinoamericano de
Formación Interdisciplinaria en Bariloche. Y fundamentalmente para
mantener el grupo humano que me acompaña desde 2013, que es la
garantía de eficiencia en el manejo de fondos. Hemos manejado casi
8.700 millones de dólares y no tenemos una denuncia de ningún tipo.
Para mí ese recurso humano era algo que había que preservar y
hacerlo pasar por esa etapa de crisis que, honestamente, yo no pensé
que iba a durar tanto. Pasado un tiempo también quería honrar el
compromiso que asumí. Me había comprometido a un cargo,
independientemente de las condiciones económicas que hubiera. Con el
diario del lunes, uno juzga de otra manera.
—¿Lo defraudó Macri?
—Lo más grave que
ocurrió fue la evolución de la economía que nos afectó. Creo que
hubo buena intención, se hizo lo que parecía más adecuado como
cualquier funcionario hace. Nadie llega al poder para destruir algo.
Lamentablemente no funcionaron, también cambiaron las condiciones
del entorno. Lo de la degradación del Ministerio fue una mala señal,
me dolió particularmente. Una mala señal también para toda la
región. Hubo gente que dijo que como Argentina había liderado la
jerarquización del área, la vuelta atrás también había incidido
negativamente en otros países que están en proceso de creación del
Ministerio, como Colombia y Chile. Sobre todo porque no hubo
consecuencias presupuestarias, no hubo ningún ahorro. Entiendo que
el Presidente haya querido tener un gabinete más compacto y más
coherente con lo que era su partido, al cual yo no pertenezco.
Entonces, desde ese punto de vista era lógico pensar dos niveles
jerárquicos. Pero la señal para el sistema científico y para el
exterior no fue buena.
—¿Conoce a Alberto Fernández?, ¿cuál es su opinión?
—Lo traté
brevemente cuando ingresé al Gobierno. Los dos salimos del mismo
colegio: el Mariano Moreno, cuyos egresados tienen una visión del
mundo distinta que los del Buenos Aires. Creo que es una persona muy
inteligente, que tuvo en su momento el valor de criticar las
políticas e irse de un gobierno, algo que no es frecuente en la
Argentina.
—¿Qué consejos le daría al próximo ministro?
—El consejo es
tratar de honrar las responsabilidades que uno tiene: administrar los
recursos en beneficio de la sociedad. Tener claro que el ministro de
Ciencia no es el presidente del gremio de los investigadores. Eso es
importante porque todavía se sigue viendo a este Ministerio como una
conquista de los investigadores, no como una herramienta que tiene el
Estado de hacer un uso eficiente del recurso más valioso que tiene,
que es la inversión en ciencia y tecnología. También hay que estar
dispuesto a asumir las críticas como un insumo necesario para
mejorar la gestión. Estos últimos cuatro años –sobre todo– he
sido blanco de muchas críticas, no es fácil soportarlas porque
vienen de parte de gente que uno aprecia. Pero también es cierto que
es mucho más fácil criticar que hacer.
Sandra Pitta, los argentinos y la grieta
“A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo”, dijo Alberto Fernández en un acto frente a científicos. Para Barañao el cruce se debió a un
malentendido. “El asumió que lo que estaba temiendo la científica
era una persecución del Gobierno. Que la pudieran echar y eso no es
posible. No se puede echar a alguien del Conicet. Creo que lo que
esta científica más temía era el bullying interno, del propio
entorno de la Facultad, que sí tiene una posición bastante peculiar
respecto a los que piensan diferente. Y en eso un presidente no tiene
mucho qué hacer. Me parece que se metió en un debate que no le
incumbía”.
Para el actual
secretario, existe una grieta entre los científicos como en toda la
sociedad. “Los seres humanos amamos las grietas. Necesitamos
identificarnos con un grupo. Esa identificación es mayor que el
instinto de supervivencia. La manera más eficaz de sentirse parte de
un grupo es tener un odio común hacia alguien. Está en nuestro
software innato. Cuando se comprende eso, se entiende por qué la
gente actúa como actúa. Lo peligroso es cuando se avala esa
política de discriminación. Me pareció que estuvo mal esa
situación de reírse de una persona que había tenido una posición
diferente”, sostuvo.
El Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), un proyecto de INVAP elaborado a partir de la Resolución 1.484 de 2010 del Ministerio de Defensa, quedó abandonado -como tantos otros- durante la gestión Macri. Pero soplan nuevos vientos, y la publicación Zona Militar, especializada en temas de defensa, está cuestionando una compra «llave en mano», de un sistema de drones israelí, como informamos aquí en AgendAR.
Ahora, nuestro amigo Daniel Arias tiene cosas para decir de esa compra «llave en mano» y también de lo que afirma Zona Militar. Y de paso, se extiende sobre el tema de los drones, actual si los hay, y las posibilidades de las empresas argentinas en ese rubro. Abrimos la polémica.
ooooo
Primera parte: en lugar del SARA, sarasa.
Un artículo del portal Zona Militar se alarma por el porvenir de la aviación robótica argentina: las 40 empresas nacionales proveedoras del llamado Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) estarían indignadas ante la compra “llave en mano” por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) de un sistema israelí de drones sustitutivo, el Hermes 450, de Elbit Systems. La operación vale $ 1800 millones y el pedido data de 2017, pero la parte compradora trataría de apurar la operación a todo vapor. En lo que le deseamos muy mala suerte.
Inevitable conjetura: si la fórmula Fernández x 2 ganara las elecciones presidenciales, podría volver la línea pro-desarrollo nacional al Ministerio de Defensa. En tal caso, no sería imposible que se caigan, junto con la compra del sistema Hermes, algunas cabezas.
Zona Militar dice (textual): “El plan de fabricación del SARA surgido bajo un proceso de relevamiento técnico operativo del 2010, que estimaba una inversión de unos 3 mil millones de pesos para fabricar 3 sistemas clase II, 2 sistemas clase III, una estación terrena, blancos aéreos para la Armada, desarrollo de cargas útiles como pods electro ópticos y otras capacidades tecnológicas, sufrío un fuerte parate luego del 2015, por una tendencia muy centralista de la firma INVAP que colisionaba con esfuerzos de otros actores”. (El destacado en negrita es nuestro).
Los expertos del MinDef de tiempos de Nilda Garré y Agustín Rossi involucrados en el SARA leyeron ese artículo y sugirieron estas correcciones: donde dice “fuerte parate” debería leerse más bien “liquidación pura y dura”. En cuanto a “la tendencia muy centralista de la firma INVAP que colisionaba con los esfuerzos de otros actores…”, colegas de Zona Militar, lean el contrato de Diciembre de 2014: es de acceso público.
Para construir el SARA, aquel MinDef anterior al 10 de Diciembre de 2015, nunca libre de errores pero que trabajó para este país y para su industria, trataron con INVAP desde 2010 y nombraron contratista principal de todo el proyecto a esa firma nuclear y aeroespacial barilochense. Y los contratistas principales centralizan: está en su naturaleza. La opción es el caos.
Las 3 Fuerzas Armadas (y luego se sumaron las 4 de Seguridad) acordaron una a una las especificaciones técnicas de los clase II y III. Esto quiere decir que tras no poca discusión, consensuaron centenares de asuntos bajo dirección civil, y en defensa del país y del trabajo nacional.
Las coincidencias no pasaron por el mero diseño aeronáutico de las plataformas. Los aviones de un sistema de drones son la parte más llamativa, más barata y menos relevante de un enorme dispositivo de acopio de datos y de telecomunicaciones, la parte más oculta, más cara y específica. Las acuerdos pasaron por consensuar qué cargas útiles debían llevar a bordo los avioncitos, y qué especificaciones técnicas tendrían. La lista a puntear era larga:
sensores electro-ópticos,
apuntadores láser para guiado de bombas y misiles,
radares de distinto tipo,
cámaras fotográficas de film para alta definición,
interrogador NIF para detección de vuelos amistosos y enemigos,
equipos SIGINT de mapeo y espionaje de inteligencia de señales de radar y de comunicaciones del enemigos,
equipos de ELINT para bloquear esas fuentes
Y eso para empezar, porque la lista sigue. También definieron qué se llevaría a bordo para comunicaciones de media y larga distancia con las estaciones de base, y cuántas de éstas se necesitarían, qué equipos tendrían y qué tipo de “datalinks” necesitarían, y también cómo resolver su logística de base, desde los containers para el transporte y despliegue de las aeronaves y de las estaciones terrenas, hasta la repuestería de todo el conjunto y los manuales de uso. Ésa, señores, es la parte sumergida del témpano, ahí está el 90% del costo y la dificultad de cualquier sistema de drones. SARA es una chica de bajo perfil pero compleja, como se ve.
Y empezaron a barajarse nombres de posibles proveedores: PyMES privadas argentinas como Volartec, Florestán, Nostromo, Redimec, FixView, Aerodreams, Tesacom, centros académicos como el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) o la Nacional de San Martín (UNSAM), o la Tecnológica Nacional (UTN), y centros nacionales de investigación como CITEDEF, que pertenece a las 3 Fuerzas Armadas. Pero este club fue creciendo.
Según el contrato, las Fuerzas Armadas integraron 2 equipos asesores para monitoreo y control del programa: uno supervisaba el desarrollo de los drones a hélice clase II y III, con motores pistonero y turboprop respectivamente. El otro equipo monitoreaba el Blanco Aéreo de Alta Velocidad (BAAV), un extraño jet-robot propuesto por la Armada. Cada grupo estaba formado por 1 representante de las Direcciones de Investigación y Desarrollo (DIGID) de las 3 Fuerzas, más un actor industrial perteneciente al MinDef: la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en el equipo de los drones a hélice, y la Dirección de Fabricaciones Militares en el equipo del BAAV.
Hasta que en 2010 aquel MinDef contactó a INVAP, cada Fuerza Armada estaba desarrollando algún drone propio y con poca plata. El MinDef dejó que quienes hubieran tenido éxito con un clase I lo conservaran, caso del Lipán del Ejército. Más allá de su utilidad en despliegue (ver en qué anda un enemigo cercano y oculto), estos aparatos son imprescindibles para entrenamiento inicial de personal.
La FAA entró muy a contramano. Venía desarrollando vehículos aéreos a control remoto por su cuenta desde 2004 y sin mayores resultados. Se plegó al programa SARA absolutamente a disgusto. En los equipos asesores exigían especificaciones irreales, irrelevantes y cambiantes, según recuerdan los técnicos del MinDef. Desde que el macrismo abortó el SARA: la FAA tomó un protagonismo súbito: sus desarrollos, los aviones Vigía 1 y 2, aparecieron como de la nada y fueron fotografiados innumerables veces en exposiciones y en pista. Recibieron emotivos elogios de los fans en los foros de defensa.
Los Vigía de la FAA: lindos y vuelan bien, pero, no son en absoluto un sistema de drones.
Lo real es que pese a los 15 años que se tomó la FAA en su programa, ningún Vigía puede fungir de drone por su falta de equipos internos y periféricos, excusa hoy usada para esta compra de apuro y “llave en mano” a Elbit. Los Vigía sin duda son aviones bien resueltos en tanto tales, pero con una ausencia disfuncional de “la parte cara”: justamente, lo que define el sentido funcional y militar del drone. No son el SARA: son saraza.
En cambio el SARA Clase II pasó de especificaciones a un MET (Modelo de Ensayo Tecnológico) en vuelo en 2 años. Este minúsculo aparato, realmente un pre-prototipo, fue la primera aeronave argenta “stealth”, diseñada para reflejar muy poco las ondas de radar. Pero es apenas una parte de un sistema complejo de detección remota y telecomunicaciones: lo importante va adentro y afuera pero lejos del avioncito. Que en su versión prototipo deberá llevar hasta 40 kg. de carga útil, invertidos en una cámara multiespectral e infrarroja estabilizada, con 12 horas de autonomía teórica sobre teatro de operaciones, 4600 metros de techo de vuelo, radio de acción de 180 km., capacidad de aterrizaje y despegue desde pistas verdaderamente horribles, equipos de comunicaciones “en línea visual” y “más allá del horizonte”, y 2 estaciones de control: una en pista y otra adelantada en el teatro de operaciones.
Me asombró la ingenuidad con que algunos lectores opinaron sobre aquel hito en la página de INVAP. Alguno se mandó con los tapones de punta contra “la falta de seriedad del programa”, evidenciada a su poco informado parecer por el uso de una pista tan berreta. Otro se desilusionó por el tamaño y potencia motriz mínimas del avión: dijo que no superaba a un chiche chino comprable por Mercado Libre. Y es verdad que este MET, que subrayo, sirve (sirvió) para testear sensores y electrónica en vuelo. No es el prototipo, no asusta, frente al contundente tamaño del Vigía 2B. Que además es más lindo, pero militarmente inútil.
Insisto con que los legos en aviación robótica creen que un sistema de drones es lasaeronaves. Pero como dijo un gran aviador, en un clase II lo esencial es invisible a los ojos: está adentro del fuselaje o -para un clase II- hasta a 180 kilómetros de distancia del mismo. Este MET preliminar y submotorizado, aunque fuera un “stealth”, ni siquiera define la apinta definitiva del clase II: éste será probablemente bimotor, más robusto y carguero. Lo claro es que INVAP venía corriendo 1 año delante del cronograma fijado por contrato, que suponía llegar al MET en 3 años.
Este banco de pruebas volador tenía una motorización minúscula, de 16 HP. Despegó y aterrizó en bautismo en agosto de 2014 en las afueras de Córdoba, como se ve en este video.
Su regreso a tierra no fue la mar de suave, pero la pista elegida se asemeja deliberadamente a la que uno improvisa en guerra cuando el enemigo le bombardeó el aeródromo: es precaria y despareja. Después del 10 de Diciembre de 2015, aquel MET siguió en testeo, en búsqueda obstinada de los límites de sus “envolvente” de vuelo y de comunicaciones, atravesó con su indiferente zumbido de cortadora de pasto el cambio de gobierno nacional, y se hizo puré en un aterrizaje duro en 2016. El nuevo ministro de Defensa, Julio Martínez, no lo hizo reparar: había discontinuado el programa.
En la rapidez con que INVAP sacó volando un sistema drone muy básico pero verdadero, con una carga útil funcional y que puede comunicarse por UHF hasta a 250 kilómetros de distancia de la base, no hay misterios. INVAP hace todo en tiempo y forma y en general le sale aceptablemente de entrada. Por algo, desde 2000 sigue siendo el primer exportador mundial de pequeños reactores nucleares, corona más pesada que las de Maradona y Messi, si se mide en cantidad de camiseteos, codazos y barridas de tobillos. Pero lo que cuenta, en el caso SARA, es su experiencia en satelites.
Más allá de acumular prestigio y lesiones, la firma vino trabajando con los sensores ópticos e infrarrojos de los satélites SAC-B, SAC-1, SAC-C y SAC-D desde 1994, cuando no la conocía casi nadie. Desde 1998 empezó con su primer radar espacial, el de los satélites SAOCOM 1A y 1B, y a partir de 2003, pasó a otros de todo tipo (navegación aérea, militares de diversa potencia, meteorológicos, portátiles de infantería, etc).
Los 5 complejos SAC y SAOCOM construidos por INVAP para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y los 2 que le hizo a la empresa de telecomunicaciones ARSAT SA anduvieron incontestablemente bien. Todos y cada uno. El SAOCOM-1A y los ARSAT 1 y 2, para el caso, siguen operativos. A diferencia de casi todas las empresas aeroespaciales del Primer Mundo, ARSAT con el SARA hizo un camino tecnológico inverso: bajó del espacio a los aviones.
No es de extrañar que antes de que el MinDef de 2010 le tocara timbre, INVAP ya tuviera cocinadas algunas soluciones para “carga útil” de drones. Es que salvo por la pinta, los verdaderos drones son conceptualmente parecidos a los satélites: deben arreglárselas casi solos, gracias a una electrónica de gran potencia en sensores, en informática y en telecomunicaciones, pero muy liviana.
Esta columna de opinión -publicada hace algunas semanas en El Nuevo Herald, de Miami- tiene dos elementos sorprendentes: una, que el autor es Andrés Oppenheimer, un periodista de evidentes simpatías por el sector de la comunidad «latina» en EE.UU. más favorable a Trump y a los Republicanos. Otra, más importante, que en las elección anterior un tercio del voto «latino» contribuyó a la victoria del Donald. Pero, sorprendentes o no, los hechos que menciona aquí son reales. Por eso la pregunta del título.
«MIAMI.- Una vieja broma entre los encuestadores estadounidenses es que el voto latinoamericano es un gigante dormido, y siempre lo será. Pero hay indicios de que podríamos ver una ola de votos hispanoamericanos que complicaría, si se da, las posibilidades de reelección del presidente Trump en las elecciones de 2020.
Una encuesta publicada horas antes del debate demócrata en Houston mostró que los demócratas ganarían Texas -un estado que ha votado por los republicanos durante casi cuatro décadas- si las elecciones se celebraran hoy. Y gran parte de eso podría deberse al voto hispanoamericano. 47% de los votantes registrados en Texas dicen que planean votar o se inclinan a votar por quien gane la nominación demócrata, mientras que solo un 42% apoyaría a Trump, según la encuesta de Univision News.
Entre los hispanoamericanos, que representan alrededor del 40% de la población de Texas y el 24% de los votantes en el estado, el 69% dice que votará por los demócratas. La gran pregunta, por supuesto, es si los hispanoamericanos saldrán a votar o si se quedarán en sus casas, como lo han hecho tantas veces. A pesar de ser la minoría más grande del país, los latinoamericanos votan en menores proporciones que los angloamericanos o los afroamericanos.
Entre los indicios de que las cosas podrían cambiar en 2020 está el hecho de que en las elecciones legislativas de 2018 los hispanoamericanos votaron en números récord, según un estudio reciente del Centro de Investigación Pew. La participación de votantes latinoamericanos a nivel nacional llegó a un récord del 40 por ciento en 2018, según el estudio de Pew. El número de votantes latinoamericanos casi se duplicó entre las elecciones legislativas de 2014 y las de 2018. Esa tendencia probablemente continúe en las elecciones de 2020, dicen los encuestadores.
«Te puedo garantizar que el voto latinoamericano alcanzará proporciones históricas en 2020«, dice Fernand Amandi, presidente de la firma encuestadora Bendixen y asesor político demócrata. Amandi citó el continuo crecimiento de la población hispana y el creciente resentimiento contra la campaña antiinmigración de Trump entre los latinoamericanos. «El tema de las próximas elecciones no será el candidato demócrata, sino Trump, el presidente más antilatino en la historia de Estados Unidos«, dijo Amandi.
El consenso entre los encuestadores es que las elecciones de 2020 dependerán en gran medida del resultado de la votación en un puñado de Estados, incluidos Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida y Arizona, y quizás incluso Georgia y Texas.
En su nuevo libro «Que en paz descanses, Partido Republicano», el conocido encuestador demócrata Stanley Greenberg, que trabajó para Bill Clinton, prevé una «oleada demócrata» en 2020. En una entrevista, me dijo que el voto hispanoamericano probablemente sea crítico, junto con el de los millennials, las mujeres solteras y los votantes suburbanos y afroamericanos.
Greenberg dice que podríamos ver un fenómeno nacional similar a lo que vimos en California en la década de 1990. California había sido durante mucho tiempo un estado republicano, hasta que los republicanos comenzaron a presionar por la Resolución 187, que buscaba hacer la vida imposible para los inmigrantes mexicanos. Eso creó una gran reacción en contra, que terminó convirtiendo a California en un estado sólidamente demócrata.
«Lo mismo podría pasar en todo el país en 2020«, dice Greenberg. “Los votantes se han vuelto más proinmigrantes a medida que Trump se ha vuelto más virulento en sus ataques contra los inmigrantes”.
Claro que no hay que olvidar que los encuestadores se equivocaron en 2016: predijeron con razón que los demócratas ganarían el voto popular, pero no pronosticaron que perderían en el colegio electoral. Y hay varias cosas que podrían ayudar a Trump a ser reelegido, como una economía estadounidense en alza o un candidato demócrata demasiado a la izquierda como Bernie Sanders. Si sucede alguna de estas dos cosas, creo que Trump tiene buenas posibilidades de ganar.
Pero hay cada vez más dudas sobre si la economía seguirá creciendo como hasta hace poco, y es difícil imaginar que los demócratas serán tan bobos como para elegir a Sanders como su candidato. De manera que no estoy tan convencido como antes de que Trump será reelecto. Quizás los encuestadores tengan razón esta vez.»
La península Mitre en Tierra del Fuego almacena el equivalente a más de tres años de emisiones de dióxido de carbono de Argentina en sus turberas. Mantenerlas es un asunto clave en la lucha contra el calentamiento global.
Hace años que las organizaciones conservacionistas que Península Mitre, esta joya del archipiélago fueguino, sea declarada Parque Provincial. El Programa Marino «Sin Azul no hay Verde» de la organización Conservation Land Trust dio a conocer un informe de National Geographic Society y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de Naciones Unidas: revela que la Península Mitre, la punta Sureste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, es el punto de mayor captura de carbono en Argentina. Con 315 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus turberas, la zona es un mitigador pasivo de la crisis climática mundial.
¿Qué son las turberas? Clasificadas como humedales, son un paisaje pantanoso originado tras el retiro de los glaciares comenzado hace 18.000 años. Lo compone la turba, material vegetal fibroso sin descomponer y normalmente empapado que a veces se extrae, se seca y se utiliza como combustible. Se emplea también como abono y en usos industriales, domésticos y científicos. Situadas en los fondos de valle fluvial, hidrológicamente las turberas actúan como esponjas y regulan el flujo de aguas superficiales. Es una comunidad vegetal dominada por musgos del género Sphagnum, acompañados también de líquenes, hongos, hierbas y arbustos característicos de la zona más austral de nuestro país, de Chile y de las islas Malvinas.
El 95% de las turberas de Argentina se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego, concentradas en la Península Mitre (el resto está en el Sudoeste de Santa Cruz). «En América del Sur, la concentración más importante de turberas extra tropicales están en la Patagonia. En Península Mitre hay 2400 km2 de turba” explica Rodolfo Iturraspe, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Todo lo que en este mapa de Península Mitre aparece en rosado, es turbera, y además casi virgen porque la zona está mayormente despoblada.
Las turberas inmovilizan durante miles de años el 30% del carbono. En el Hemisferio Norte, donde su superficie es mucho mayor que en el Sur, cumplen una función importante en la regulación planetaria del ciclo de carbono. En casi todo ecosistema terrestre el dióxido de carbono atmosférico es captado por fotosíntesis por las plantas y almacenado en tallos, hojas y raíces que duran lo que el vegetal. Así, en el bosque fueguino, formado mayormente por especies arbóreas del género Nothofagus, el carbono capturado puede vivir hasta 300 años -lo que dura el árbol- pero aún antes de su muerte va siendo liberado por el ataque de más de 500 especies de hongos, proceso que se acelera -en términos relativos, todo proceso biológico es muy lento en este clima frío- cuando la planta cae y termina de descomponerse más rapidamente en el suelo. En cambio en las turberas el ciclo del carbono es muy distinto.
Incorporado el carbono por fotosíntesis a las plantas del Sphagnum, éstas no se pudren sino que más bien fermentan. Al hacerlo, crean condiciones ácidas en el suelo (lo saturan de ácido húmico). Con esta acidez, tallos, hojas y raíces resisten largamente la descomposición por bacterias u hongos. De modo que el carbono fijado en una turbera tiene una estabilidad milenaria y que todavía no se ha terminado de medir. Es más, en suelos planos, anegados y fríos, el sphagnum crece y muere sin parar, de modo que de mantenerse las condiciones húmedas y las temperaturas bajas en la Península Mitre, las turberas continúan creciendo en espesor e incluso extensión, sin que otras ecosistemas vegetales de ciclo más rápido (los pastizales y los bosques subantárticos) las puedan reemplazar o hacerles competencia.
Hasta ahora vienen acumulando materia orgánica imputrescible desde la última deglaciación, y no son un ecosistema directamente alterable por la presencia humana, o del ganado traído por humanos. Ésa es una diferencia notable con bosque sub-antártico andinopatagónico, que a principios del siglo XX cubría 5 millones de hectáreas, de las cuales, entre incendios intencionales, talas rasas e introducción de ganado, quedan 2 en pie, mayormente defendidas por la Administración de Parques Nacionales. La turbera, en cambio, es un depósito de carbono a largo plazo: su explotación es marginal, no tiene maderas valiosa y es inhóspita para personas, ovejas y vacas.
La meteorología fueguina es fría pero cambiante (las 4 estaciones en un día, suelen gruñir sus habitantes). Pero la de Península Mitre está particularmente dominada por el mar, ya que es el único sector de la Isla Grande que no está cubierto por el Sur por las islas chilenas montañosas, como Navarino. Esto somete directamente a la Península al soplo directo de los feroces vientos antárticos, lo que junto con el relieve accidentado genera un paisaje no muy distinto del de la Isla de los Estados: humedad y frío casi garantizados.
Esto no significa que la Península quede a salvo de otros efectos antrópicos indirectos: el aumento mundial y local de las temperaturas medias y la aparición y mayor frecuencia de veranos secos, muy dañinos para el bosque subantártico, la pueden volver incendiable. Por ahora, su biomasa total parece mantenerse constante, que ya es mucho, e incluso creciendo muy despacio. Franco contraste con las turberas boreales siberianas, que vienen de un verano de incendios como no se recuerda otro.
La Península Mitre hoy está más despoblada que en el siglo XX, por el cierre de las pocas estancias aisladas sobre la costa Atlántica desde que en los ’80 empezó la caída del precio de la lana. Entre la cerrazón del bosque de Nothofagus, las fuertes pendientes, los arroyos impasables y las turberas intransitables, la zona se defiende sola de la presencia humana. Fuera de los destacamentos temporarios de la Armada y Prefectura, ahí solo hay algunos «trekkers» en verano que tratan de llegar a Bahía Policarpo, amén de algunos pocos efectivos navales en Bahía Thetis y los guardafaunas del Museo del Fin del Mundo en alguna misión de rescate de cóndores o de relevamiento de zorros colorados. La fauna nativa no es peligrosa, pero sí lo son los toros cimarrones, descendientes lejanos de los que se fugaron de las estancias abandonadas, ya totalmente asilvestrados.
Península Mitre, sin caminos, sin otra explotación que el turismo de aventuras, no es siquiera un sitio sometido a manejo. Pero salvo que quede bajo algún régimen fuerte de protección legal de la Provincia o la Nación, no faltarán emprendedores que intenten drenar las turberas para construir. Y es que éstas ocupan el escaso suelo horizontal de la zona. En el mundo actual la soledad es un artículo para ricos que se cobra caro. Y aquí hay cantidades.
Los incendios masivos de las turberas siberianas, además de un «tipping point» capaz de disparar en espirales el recalentamiento global, son un recordatorio de que Península Mitre vale más preservada sin cambios.
El domingo 20 de octubre, Buenos Aires y Bariloche fueron dos de las 32 ciudades del mundo -entre ellas París, Berkeley, Manila, Berlín- que participaron de la iniciativa “Stand Up for Nuclear” con el objeto de promover el uso y difundir los beneficios de la energía nuclear y sus aplicaciones.
En Argentina, Women in Nuclear (WIN) –Mujeres del Sector Nuclear–, la asociación internacional de mujeres profesionales del sector nuclear, es responsable de organizar el día de acción global y propuso celebrar una “Kermesse Nuclear” para todo el público, con juegos, música en vivo, charlas y demás actividades que inviten a la comunidad toda a adentrarse en el mundo atómico.
En Bariloche, era en el Centro Cívico entre las 15 y 17 hs. En Buenos Aires, la Kermesse será alrededor del Planetario “Galileo Galilei”, en el horario de 15 a 18 hs.
Para más información, cliquear en las siguientes páginas:
Decidimos reproducir este artículo de Matías Kulfas -publicado en Anfibia– no sólo porque plantea un plausible proyecto para reencauzar la destrozada economía de nuestro país. También porque desarrolla y confirma una tesis que esbozó hace algunos años Eugenio Díaz Bonilla en El mito de la decadencia argentina, quetambién publicamos en AgendAR.
Estamos convencidos que, más perjudicial todavía que negar nuestro fracaso en construir una estructura productiva que dé trabajo, bienestar y oportunidades a todo el pueblo argentino, es equivocarse al identificar los motivos, las decisiones equivocadas. Sobre todo si esa equivocación se apoya en la desvalorización de lo argentino, de lo propio.
ooooo
«La economía argentina afronta severas dificultades para encontrar un sendero hacia el desarrollo económico. El problema no es nuevo: hace cuatro décadas que la economía alterna ciclos de expansión y ajuste, con abruptas oscilaciones en la política económica en aquello que el lúcido Marcelo Diamand denominara “péndulo argentino”. La denominada grieta es una expresión simplificada de aquel. Su superación es fundamental para encontrar la senda del desarrollo económico y social.
La tesis de la decadencia argentina
En los últimos años ha tomado fuerza, tanto en ámbitos académicos como en la discusión pública, en medios de comunicación y redes sociales, la idea de una larga decadencia económica de la Argentina. Según este enfoque, Argentina era, a principios del siglo XX, un país desarrollado o que se encontraba muy cerca de encontrar esa fórmula que separa a los pocos países de elevado bienestar (actualmente alrededor de 30) del resto (actualmente alrededor de 190). Su inserción internacional como país proveedor de alimentos había generado las bases para un sólido desarrollo económico que se había a su vez traducido en un crecimiento de las infraestructuras, un incipiente crecimiento de las manufacturas y un sistema educativo que mejoraba las oportunidades de incorporación social.
Sin embargo, según esta narrativa, los desafíos que se abrieron a partir de nuevos escenarios internacionales, en particular la crisis mundial de 1930, no fueron debidamente internalizados. Se abrió un largo ciclo de inestabilidad política, cuya señal más evidente fueron los sucesivos golpes militares, y de políticas económicas que se alejaron de aquel sendero virtuoso que se había iniciado a fines del siglo XIX. Una versión algo más extrema, no compartida por todos quienes adscriben a esta tesis, pero con bastante presencia en los medios de comunicación y en el propio gobierno, hace referencia a los “70 años de peronismo” como factor explicativo de este proceso de larga decadencia.
Esta tesis es altamente controversial en varios aspectos. El Gráfico 1 muestra la evolución en el largo plazo del PIB por habitante de la Argentina y de su distancia respecto a dos casos relevantes para su comparación: Estados Unidos, la gran potencia mundial del siglo XX y Australia, un país útil para la comparación debido a algunas características económicas similares a las nuestras a comienzos del siglo XX (un país extenso, con una densidad de población relativamente baja, distante de los grandes centros económicos mundiales y muy buenas condiciones agroecológicas para la producción agropecuaria). La brecha se mide como el cociente entre el PIB por habitante de Argentina respecto al de Estados Unidos y Australia, de modo que si se acerca al 100% indica que Argentina está alcanzando niveles similares a dichos países, al tiempo que si se aleja de dicho valor se está produciendo un ensanchamiento de la brecha.
La evolución de largo plazo muestra un proceso mucho más complejo que el que señala la tesis de la larga decadencia argentina. Por un lado, se observa que, efectivamente, Argentina tenía a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX un PIB por habitante similar, o incluso mayor en algunos años, al de EE.UU. y Australia. Sin embargo, esas condiciones particulares no pudieron ser aprovechadas para forjar un sendero de desarrollo de largo plazo, como sí logró Australia. Entre 1910 y 1940, el PIB por habitante argentino pasó a representar aproximadamente un 70% del australiano o estadounidense. Una revisión de los documentos de la época nos podrá acercar a la obra de Alejandro Bunge, quien en la década de 1920 ya alertaba sobre el agotamiento de ese modelo agroexportador y la necesidad de pensar nuevos horizontes y modelos de desarrollo, no desde una mirada crítica sino, precisamente, desde la perspectiva de alguien que notaba que ese modelo había alcanzado su techo, o, como dijera Duhalde sobre la Convertibilidad en 1999, “se agotó por exitoso”.
Lo que sigue en esta narrativa es el supuesto gran fracaso de la industrialización argentina, basada en un proteccionismo espurio y aislacionista. Los datos no abonan esta hipótesis. Entre fines de la década de 1940 y mediados de la década de 1970 Argentina creció a un ritmo similar a Estados Unidos y Australia, de modo que la brecha se mantuvo estable. Vale agregar una aclaración muy relevante: esos años de posguerra fueron de altísimo crecimiento en la economía internacional y en los países desarrollados en particular, al punto que suele ser denominada como la edad de oro del capitalismo. En esa edad de oro, Argentina creció a un ritmo similar al de la gran potencia mundial y al de su clásico referente de comparación.
Donde los números son contundentes y exentos de controversia es en la notable divergencia que se inicia a fines de la década de 1970. De tener un PIB por habitante equivalente al 70% del australiano, pasamos al 43% en 1989 y al 32% en 2002. En pocos años Argentina se rezagó notoriamente. Tuvo dos períodos donde pudo recuperarse, en el primer lustro de la década de 1990 y entre 2003 y 2013, pero dicha reversión no pudo ser sostenida.
Estos datos también contribuyen a desmitificar la hipótesis de los 70 años de peronismo como causa del rezago en nuestro desarrollo. No solo el fenómeno es más complejo y no atribuible a la llegada del peronismo al poder en 1946, sino que carece de sentido encontrar un sendero de continuidad en un escenario que estuvo signado por la inestabilidad política. A lo largo de los más de 25.000 días que transcurrieron entre 1946 y 2015, el peronismo gobernó el 52% del tiempo, hubo gobiernos radicales en el 21% de aquellos días y gobiernos militares o de facto en el restante 27%. Si miramos más en detalle, y para agregar más complicaciones, veremos que hubo un gobierno peronista que implementó muchas de las reformas pro mercado que estos sectores que sostienen esta tesis suelen reclamar.
En definitiva, antes que encontrar puntos de continuidad y ejes claros y contundentes acerca del origen de nuestro rezago e incapacidad para crecer de manera sostenida, lo que se observa es la inestabilidad, el constante penduleo del que hablaba Marcelo Diamand y las dificultades para encontrar un sendero consistente y estable hacia el desarrollo económico.
¿Qué país es Argentina?
Argentina dejó de ser un país agroexportador hace muchas décadas. La relevancia del sector agropecuario es indiscutible: es la principal generadora de exportaciones y de actividad económica en numerosos pueblos del interior. Argentina se destaca por ser uno de los principales exportadores mundiales de soja, trigo y maíz. Pero el peso de este sector en el PIB es relativamente bajo (en torno al 10%) y su aporte al empleo es muy bajo y tiende a reducirse. El agro argentino hace su aporte a nuestro desarrollo, pero con ello solo no alcanza.
Argentina es también un país de industrialización intermedia. Suele ubicarse entre los puestos 24 y 29 entre las economías industriales del mundo. No es algo para desdeñar: las primeras 10 economías del mundo explican el 70% del producto industrial mundial, y las primeras 30 concentran el 90%. ¿Qué significa esto? Que estamos lejos de tener un sector industrial avanzado, pero también que producir manufacturas es un fenómeno de pocos países, y Argentina está en ese mapa, en un lugar subalterno y de baja significatividad, pero está presente.
La industria del siglo XXI es muy diferente a la del siglo XX. Es cada vez más intensiva en conocimiento y en servicios. En esto también Argentina tiene cosas para aportar: actividades de servicios basadas en el conocimiento de alta calidad y con alguna presencia exportadora.
Pero estos sectores no alcanzan aún para generar esa base para el desarrollo sostenido. Más aún, presentan esa contradicción donde los sectores que generan más divisas por exportaciones generan poco empleo y, al mismo tiempo, los sectores que generan empleos son más demandantes que generadores de divisas. Empezar a resolver esta contradicción es un paso fundamental para encontrar el sendero del crecimiento sostenido y salir de estos ciclos. La grieta, expresada como un conflicto entre visiones o intereses extremos y sin puntos de encuentro, es el principal obstáculo. Agitar esa contradicción puede ser políticamente rentable en el corto plazo para algunos sectores, pero en nada contribuirá a resolver la crisis vigente y afrontar los desafíos que se vienen.
Conseguir los dólares
El principal problema de la economía argentina es la restricción externa. En algunos momentos históricos esa restricción se relaja, o bien porque se atraviesa por períodos de términos de intercambio favorables, o porque se dispone de reservas internacionales para cubrir desequilibrios, o bien porque se accede al financiamiento externo para afrontar desfasajes transitorios.
Ninguna de esas tres condiciones estará presente en los próximos años. El ciclo de altos precios internacionales de las materias primas finalizó hace 5 años y no hay señales de retorno. No hay márgenes para aumentar el endeudamiento externo: el gobierno de Mauricio Macri multiplicó por tres el peso del endeudamiento público con acreedores privados y organismos internacionales al cabo de su gobierno. El nivel de reservas disponibles no es elevado, la mayor parte se encuentra comprometido a garantizar futuros vencimientos de deuda.
Estas restricciones llevan a plantear la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa de los próximos años. Esto implica alinear en tal dirección a las diferentes facetas de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera). Las políticas de desarrollo productivo deberán priorizar aquellos proyectos que generen un incremento de las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina. Desde diferentes instrumentos financieros se deberá promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos que avancen en tal dirección. Una regla sencilla: a quien genere dólares genuinos, se le debería asistir con financiamiento barato en moneda nacional y a plazos favorables.
La prioridad: recuperar el crecimiento
El sector industrial argentino ha sufrido un fuerte proceso de ajuste durante el gobierno de Macri, con una pérdida del 15% del empleo y una caída del 17% en su producción. Las actividades científico – tecnológicas padecieron reducciones a partir de un menor presupuesto público y la pérdida de espacio productivo en los sectores que utilizan la tecnología de manera más intensiva, junto al cierre o reducción de proyectos públicos en sectores como la industria satelital, energía atómica y otros.
La recuperación deberá seguir un proceso mucho más calibrado que en el pasado. No se puede apostar a una recuperación traccionada exclusivamente por el consumo o por el gasto público. Es deseable y necesario estimular una recuperación del salario real, pero este proceso deberá hacerse con sumo cuidado y calibración para evitar que la puja distributiva retroalimente los niveles inflacionarios, que actualmente son más del doble que los registrados a comienzos del gobierno de Macri. Asimismo, en el actual estado de deterioro de la situación de la industria, es probable que los incrementos del salario real no encuentren oferta productiva adecuada, generando una mayor demanda de importaciones y, con ello, de empeoramiento de la delicada situación externa. Con respecto al gasto público, la situación fiscal dista de la holgura de la década pasada. El gobierno de Macri empeoró la situación agregando una holgada cuenta de intereses de la deuda.
Por tales motivos, no es posible apostar a una recuperación generalizada a partir de un shock de consumo estimulado mediante aumentos del gasto público o la recomposición del salario real, de manera exclusiva. Antes bien, es necesario montar un aparato de relojería que direccione de manera efectiva escasos recursos hacia inversiones que permitan recuperar el tejido manufacturero y, al mismo tiempo, contribuir positivamente en la generación de un excedente de divisas que permita desplazar la restricción externa y obtener los recursos para financiar el crecimiento y los pagos de deuda externa.
Esto lleva a priorizar objetivos para asignar recursos escasos: aumentar las exportaciones y sustituir importaciones de manera genuina deben ser las prioridades estratégicas. Entendemos como genuina a una sustitución de importaciones cuando el resultado neto de la sustitución implica un ahorro efectivo de divisas y la efectiva implementación de nuevas prácticas productivas y tecnológicas. Por ejemplo, si una empresa prevé la producción en el país de un bien determinado que actualmente se importa, pero en su producción prevé incorporar componentes importados que suman aproximadamente el mismo valor del bien final, se trata de un caso de una sustitución no genuina. Algo similar debe acotarse para las exportaciones: debe haber un aumento efectivo de las cantidades exportadas y el contenido de producción local.
Los proyectos exportadores o de sustitución genuina de importaciones pueden existir en numerosos sectores y tamaños de empresas. Hay proyectos para aumentar las exportaciones en el sector primario pero también en el industrial, en grandes empresas, pero también en PYMES biotecnológicas y de la industria farmacéutica.
Un eje central para plantear la sustitución genuina de importaciones son los clusters en torno a los recursos naturales. Está bien hablar de “agregar valor a los recursos naturales”, pero más importante aún es desarrollar las tecnologías vinculadas a la explotación y/o extracción. Australia no es rica por tener alimentos o minería sino por ser un gran proveedor tecnológico en torno a ello (por ejemplo, es el proveedor del 60% de las exportaciones mundiales de software para minería.)
Argentina tiene el potencial para hacerlo. Pensar en clusters tecnológicos y de ingeniería en torno al agro, el petróleo y la minería rompe la tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria, genera más empleo y sustituye importaciones de manera genuina. En la misma dirección, el desarrollo de las tecnologías 4.0 pueden aportar servicios y manufacturas para mejorar procesos y sustituir importaciones de manera genuina, además de mejorar el contenido tecnológico de las exportaciones.
El acuerdo económico y social
Salir del péndulo y de la grieta son elementos centrales para encontrar la senda del desarrollo. La idea de un acuerdo económico y social parece trillada y vetusta, pero hoy parece ser un camino no solo deseable sino también inevitable. El síntoma más claro es la exacerbación del proceso inflacionario: Macri heredó una economía con una inflación en torno al 25-26% anual y estará dejando niveles superiores al 50%. La idea de que se trata de un problema exclusivamente monetario y de fácil resolución chocó frente a una realidad mucho más compleja. La inercia inflacionaria, la puja distributiva, los saltos del tipo de cambio y los desajustes monetarios son todos ellos factores que inciden, en mayor o menos medida, y de manera cambiante según diferentes períodos temporales, en la evolución de la inflación. Esto nos lleva a pensar que no habrá soluciones mágicas, pero que una mesa de concertación de precios y salarios tendiente a generar un proceso de desinflación es una condición necesaria.
Por supuesto que ello no resuelve por sí solo el problema: deberá ser acompañada de una política monetaria y fiscal consistente con ese proceso, donde se evite la apreciación del tipo de cambio, donde se busque el equilibrio fiscal sustentado en el crecimiento y buenas reglas de gestión intertemporal (ahorrar en tiempos de crecimiento, gastar más en períodos de desaceleración y crisis). Esa mesa deberá proponerse una articulación entre el crecimiento, la baja de la inflación, la mejora del salario consistente con el aumento en la producción y la productividad y la recuperación del valor de nuestra moneda. No son tareas sencillas dada nuestra historia reciente. Pero el camino reciente muestra que la receta ortodoxa no funciona.
Producción del conocimiento
La profesora del MIT Alice Amsden, fallecida hace pocos años, decía que el desarrollo económico consiste en transitar desde una sociedad que produce predominantemente bienes intensivos en el uso de recursos naturales a otra que produce bienes intensivos en el uso del conocimiento. Es una definición sencilla que nos permite guiar el rumbo. Es necesario recuperar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y poner en valor el conocimiento que se produce en nuestras universidades. Las empresas con participación estatal y las agencias públicas son motores fundamentales de la innovación y los ámbitos más propicios para incorporar los múltiples avances que se generan. Estas ideas transcienden la tradicional dicotomía entre recursos naturales e industria. Hoy los entramados productivos combinan ambas cosas y servicios basados en el conocimiento. Los desafíos que abre la era 4.0 son enormes, es una agenda que no puede seguir esperando y debe formar parte de las prioridades políticas de los próximos años.
Nuestro Green New Deal
De manera reciente, un grupo de intelectuales y referentes políticos estadounidenses comenzó a hablar de un nuevo New Deal basado en la reconversión tecnológica tendiente a compatibilizar los sistemas productivos con los desafíos ambientales, cada vez más acuciantes. Es hora de que en Argentina empecemos también a hablar de nuestro Green New Deal.
Pocos proyectos podrían tener un impacto económico y social tan contundentes como el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo donde viven más de 3 millones de personas. Existen tecnologías desarrolladas en el país que podrían iniciar un camino de solución en un sitio que está entre los más contaminados del mundo. Imaginemos por un momento el impacto que tendría el saneamiento de la cuenca, no solo de manera directa en el nivel de vida de las personas que viven en torno a ella, sino también en el desarrollo de nuevos proyectos productivos, turísticos, comerciales y habitacionales.
El otro espacio fundamental de nuestro Green New Deal son las energías renovables. Si bien se han hecho avances, no los hemos podido aprovechar para fomentar el desarrollo. Tan importante como sembrar molinos eólicos, paneles solares y plantas de generación de energía en base a residuos biomásicos, es generar las tecnologías para hacerlo. Nuestro país tiene capacidad para hacerlo y lo ha demostrado. Lamentablemente, el régimen vigente priorizó grandes proyectos con inversores financieros internacionales que vienen con su tecnología incorporada. Hemos incrementado nuestra generación de energías renovables, tanto como las importaciones de los equipos de producción.
Apostar en esta dirección es apuntar a tres objetivos con una misma bala: más energía, más producción y empleo en el país y mejora en el medio ambiente. Algo fundamental en una etapa de escasez de recursos.
El desafío institucional
El Estado argentino suele ser ineficaz en la gestión. Se superponen funciones y programas, falta coordinación y no se valora adecuadamente a su personal técnico, dotándolo de la estabilidad y la carrera necesaria para mejorar la profesionalización. Es una desventaja que no se puede seguir otorgando. Necesitamos un Estado más profesional, que articule sus propias políticas de manera más efectiva y que pueda dialogar con el sector privado con mayor solidez.
El tamaño del Estado es un elemento central de discusión en nuestro país. Tenemos hoy en Argentina una suerte de Estado de bienestar low cost, que provee muchos servicios, no siempre de la mejor calidad. No existen caminos hacia el desarrollo sin una presencia importante del sector estatal, pero su mera presencia tampoco es una garantía. Salir de la grieta es también superar esa falsa dicotomía entre mucho Estado y nada de Estado (una utopía inexistente en la historia del desarrollo económico capitalista) sino en encontrar el mix adecuado entre Estado y mercado y en las estrategias para ganar eficacia en nuestro sector estatal.»
* Gráfico 1. Argentina en el largo plazo. Producto por habitante de la Argentina y brecha con EE.UU. y Australia, 1875-2016. Dólares constantes a precios de 2011. Fuente: elaboración propia en base a Maddison Project Database, versión 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden (2018).
Ésta es una pregunta que los argentinos nos hacemos cada tanto. En este último año y medio de Macri, más a menudo. Ayer el precio del dólar «oficial» estuvo contenido, gracias a las ventas que hicieron el Banco Central y el Nación, pero el dólar «blue» o paralelo se disparó un 4,6% y llegó a un nuevo récord: $ 67,50.
Así, la brecha entre las dos cotizaciones minoristas es la más alta desde 2015. Ya el chiquitaje especulador trata de comprar en el oficial para vender en el paralelo; una operación que la llaman «puré».
Pero esa es una anécdota de la picaresca local. El problema grave, muy grave, es que el precio del dólar es un factor clave en los precios de todo. Lo que los argentinos consumimos tiene un porcentaje muy alto de importado. No solamente los insumos directos -que son muchos en los productos industriales, y en los fertilizantes, herbicidas y semillas que usa el agro. También hay que tener en cuenta que en los costos del transporte se incluyen la parte de los combustibles y los repuestos que se importan.
Si tomamos en cuenta eso, la carga -siempre en divisas- de las patentes y los reaseguros es sólo un factor más. Frente a ese cuadro, las retenciones a la exportación -que seguramente serán necesarias para cubrir el déficit fiscal -el FMI ya se encargó de remarcarlo- no contendrán el precio local. Ni siquiera, el de lo que se exporta.
Entonces, la suba del dólar provoca inflación. No es un análisis teórico. Es un dato de la realidad que comprobamos todos los días los argentinos. Entonces, la pregunta del comienzo: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar?
La respuesta, lo lamentamos, es: indefinidamente.
Corresponden algunas precisiones: el dólar «blue» no es el que se usa en las transacciones que realmente importan en la economía: las importaciones y las exportaciones. Ahí rige el dólar «oficial», el que se transfiere en forma abierta a través del sistema bancario. (Por eso fue un engaño o una gigantesca estupidez la afirmación que se hizo al comienzo de este gobierno: que la devaluación no iba a afectar a los precios porque «todo el mundo» ya se guiaba por el paralelo).
Ese precio «oficial», alrededor de $ 60, hoy no está «atrasado» en relación a los otros precios de la economía argentina. Los funcionarios del gobierno y los economistas de la principal oposición coinciden en eso. Y tienen razón.
Pero ése no es el único elemento que determina el precio del dólar. Están las expectativas. Basadas en una experiencia argentina de décadas, en los momentos de crisis nuestros compatriotas tratan de comprar dólares, huyen del peso porque creen que el dólar va a subir. Es decir, que el peso se va a devaluar.
Es una profecía autocumplida. El ahorrista, el especulador, el empresario que necesita cubrir los futuros costos de sus insumos, están dispuestos a pagar el dólar a un precio «caro», porque creen -se lo dice la experiencia- que los precios de todos los otros productos seguirán subiendo, y en semanas o meses el valor al que lo compró parecerá «barato».
¿Hay excepciones a esto? Sí. Se llama «overshooting», cuando el valor local de una divisa extranjera sube demasiado en relación a los otros valores de la economía y retrocede. Los que lo compraron a un precio demasiado alto sufren una pérdida.
La última vez que eso sucedió entre nosotros fue a comienzos del 2002, con la Gran Devaluación. El dólar llegó por algunas semanas a $ 4, y tuvo que bajar a $ 3, valor en el que se mantuvo por un largo tiempo. Pero eso fue consecuencia de la brutal recesión que estalló en 2001. También había sucedido algo parecido 10 años antes, en los primeros meses de 1991, cuando se iba a implantar la convertibilidad.
Nadie, o casi nadie, quiere una experiencia como aquellas: tuvieron un costo terrible para nuestro pueblo. Pero para evitarlas es necesario tener claro que el problema no es la suba del precio del dólar, sino el peso que se devalúa. La necesidad impostergable, no sólo para poner en marcha la economía, también para gobernar la Argentina, es detener la inflación inercial desatada, en la cual el precio de todo sube porque todos los otros precios suben. Incluso el del dólar.
América del Sur tiene aproximadamente 70% de las reservas mundiales de litio, el metal utilizado en las baterías recargables para teléfonos móviles y vehículos eléctricos. Pero se enfrenta con la falta de una infraestructura que le permita aprovechar esas reservas y valorizarlas.
Las instalaciones de refino de litio y armado de baterías podrían ayudar a impulsar las industrias en economías que todavía dependen en gran medida de «commodities» para obtener divisas, con el riesgo permanente de los fuertes cambios en los precios. Pero, hasta ahora, a pesar de iniciativas estatales y privadas, en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile no hay una sola fábrica de celdas de litio. Ni tampoco ninguna prevista hasta el 2025.
“El tamaño de la oportunidad es enorme”, asegura James Ellis, jefe de investigación en América Latina de BloombergNEF. “Tiene sentido tratar de ascender en la cadena de valor. Pero cuando miras lo que está planeado a nivel mundial, no hay activos de fabricación de baterías en América Latina”. Los países de la región enfrentan sus propios desafíos. Este es un desglose:
Argentina
El tercer mayor productor de litio también vio estancarse una iniciativa patrocinada por el estado. El año pasado, la italiana Seri Industrial SpA formó una empresa conjunta con la empresa estatal JEMSE, Jujuy Energy and Mining State Society. El plan era construir una planta para fabricar cátodos y células de litio y ensamblar piezas de la batería, utilizando litio crudo extraído de salmueras en la provincia de Jujuy.
Pero la crisis económica de Argentina y la incertidumbre política, según el presidente de la estatal (provincial) JEMSE, Carlos Oehler, “enfrió todos los proyectos de inversión en Argentina, incluida la construcción de una fábrica de baterías. El terreno y los permisos están listos, dijo Oehler, “y estábamos comenzando a buscar financiamiento, pero el proyecto está congelado ahora”.
«La crisis económica» significa un combo diabólico de inflación y recesión como no se ven en Argentina desde 2001, y del cual los inversores externos huyen. «La incertidumbre política» significa, si cambia el gobierno, la posible reimplantación de retenciones a la exportación, y la de controles ambientales que el presidente Mauricio Macri levantó. Así logró crear el panorama fiscal y regulatorio más «prominero» de la región: en Bolivia y Chile el estado nacional cobra y controla más.
Este «Salvaje Noroeste» obviamente no convenció a ninguna empresa de la conveniencia de agregar valor alguno al carbonato de litio que las provincias del Noroeste Argentina exportan «crudo»: más bien, lo contrario. Pero como exportar una tonelada de carbonato de litio supone evaporar y contaminar 2 millones de litros de agua en una zona donde sólo llueven 4 mm/año, los conflictos entre las mineras y las comunidades locales suben en rampa.
Brasil
En la economía más grande de América Latina, el ex ejecutivo de Tesla Inc. Marco Krapels y el ex ejecutivo de SunEdison Inc. Peter Conklin fundaron MicroPower-Comerc, con el objetivo inicial de proporcionar baterías recargables a instalaciones comerciales e industriales. Pero Brasil ya casi no ofrece más subsidios gubernamentales para la energía renovable, y los impuestos a la importación aumentan alrededor de un 65% el precio interno de las baterías, un mercado considerable ya que Brasil tiene el 50% de la población de Sudamérica. Eso podría llevar a MicroPower-Comerc, respaldada por Siemens AG, a comprar componentes de batería en el extranjero y ensamblarlos en Brasil como una forma de reducir sus costos. El litio metálico, componente clave de las baterías actuales, en realidad constituye apenas el 5% del peso de las mismas.
Krapels no piensa sólo en baterías para artículos electrónicos o automóviles: Brasil tiene el mayor despliegue de parques eólicos de la región, y la tendencia inaugurada por Tesla en Australia y California es poner parques de baterías tan grandes como un container a pie de torre. Eso sirve para quitarle a los parques eólicos parte de la intermitencia inevitable del viento, la más impredecible de las fuentes renovables, y poder vender electricidad acumulada cuando éste se plancha. Si bien el mercado nacional de baterías grandes apenas existe, Krapels ve oportunidades en un país básicamente hidroeléctrico, y por ello con una red eléctrica ocasionalmente inestable por sequías, pero con un mercado robusto para las energías eólica y solar. “Esto no es para corazones que flaquean”, dijo en una entrevista el mes pasado. “Pero creo que es una ventaja ser el primero en ingresar a ese mercado”.
Bolivia
Bolivia no ha logrado producir volúmenes significativos de litio o productos de litio. Pero es el hogar del salar más grande del mundo, que abarca 6.437 kilómetros cuadrados y posee más de 15% de los recursos de litio de salmueras no minados del mundo. Una planta piloto dirigida por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), de propiedad estatal, produjo cerca de 250 toneladas de carbonato de litio en 2018, y el objetivo del país es generar 150.000 toneladas en cinco años, en asociación con empresas alemanas y chinas.
Si tiene éxito, Bolivia se convertirá en uno de los países con mayor producción. El mes pasado, Industrias Quantum Motors SA, una empresa local boliviana, comenzó a vender el primer automóvil que se haya construido en el país, un vehículo eléctrico que responde al deseo del presidente Evo Morales de ver un automóvil con motor de litio “hecho en Bolivia”. El Quantum es bastante parecido al SeroElectric argentino pero se produce a mayor escala, con fábrica en Cochabamba. Quantum ya vendía motocicletas y motopatines eléctricos de creciente popularidad. Todos estos vehículos (incluido el auto) son intraurbanos por su velocidad máxima y autonomía (60 km/h, unas pocas horas, y tiempos de recarga de 6 horas para el automóvil). La alta demanda del Quantum tiene límites: los compradores no lo pueden usar en rutas interurbanas, salvo que el gobierno pueda cambiar algunas regulaciones existentes.
En cuanto a las baterías, por ahora son importadas, pero YLB (Yacimientos de Litio Boliviano) se propone fabricar unidades nacionales. YLB le acaba de entregar a Quantum 200 baterías de litio totalmente bolivianas, montadas en su planta piloto de La Palca. La combinación boliviana de penalizar las exportaciones de carbonato de litio crudo y de crear una industria local de baterías y autos es muy distinta de la política seguida por la Argentina, y por ahora son distintos también los resultados.
Chile
El país trasandino, segundo mayor productor de litio del mundo detrás de Australia y el número uno en la región, intentó alentar a las compañías de baterías a construir fábricas en el país obligando a los mineros a vender el litio con descuento. Eso atrajo el interés de gigantes, incluidos Samsung SDI Co. y Posco en 2017, cuando los precios del litio estaban en máximos históricos. Pero desde entonces, los precios han caído en un tercio, y a principios de este año las compañías abandonaron sus planes de construcción.
Incluso aquellos embarcados en iniciativas menos ambiciosas se enfrentan a obstáculos. En el sur de Chile, Andesvolt actualmente importa componentes de baterías del extranjero y los ensambla en la ciudad sureña de Valdivia. Suministra baterías de iones de litio para compañías eléctricas, incluida Enel Americas SA, que las instala como energía de respaldo en instalaciones industriales, comerciales y residenciales en todo el país.
Andesvolt espera producir 1.000 kilovatios/hora este año, en comparación con los 200 kilovatios/hora del año pasado. ¿Por qué esta rampa? Es un caso forzoso de sustitución de importaciones. A Andesvolt le resulta tan difícil importar baterías de litio que está montando una de las dos primeras plantas de Sudamérica, junto con la de la estatal YLB de Bolivia. Afrontar el problema de importar unidades desde China es demasiado, asegura el fundador y director ejecutivo David Ulloa.
Las baterías de litio mejoraron mucho, pero siguen siendo estadísticamente bastante volátiles y pueden recalentarse, incendiarse e incluso explotar de modos impredecibles. Esto significa que las navieras son reacias a transportarlas. Incluso cuando lo hacen, no hay garantía de que la carga llegue a tiempo, o que llegue. “Lo hemos visto todo”, dijo Ulloa en una entrevista. “Una vez, un proveedor chino no hizo todo el papeleo necesario para la aduana chilena y luego se ofreció a disfrazar la carga como zapatos. Somos una empresa seria, no pudimos aceptar eso y perdimos ese envío”.
Si la Argentina impusiera retenciones a la exportación de litio crudo, de todos modos no lograría que los capitales privados, sean externos o propios, fabriquen baterías locales mientras siga en su incendio de estanflación. Y su modelo económico actual está a kilómetros del «estado inversor» boliviano. Lo interesante es que la inestabilidad térmica por ahora inherente a las baterías de litio, y la renuencia de las navieras a transportar grandes cantidades, promueven la fabricación en sitio de origen, y eso apenas está sucediendo en Bolivia, por suceder en Chile, y de forma muy incipiente. Es irónico que -como informamos aquí– que justamente este año se haya otorgado un Premio Nobel de Química por el desarrollo de la batería de litio.
Salinas Grandes. Argentina cuenta con la tercera mayor reserva de litio del mundo, pero va a la zaga de Australia y Chile en producción de carbonato de litio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El litio australiano, a diferencia del sudamericano, no se obtiene de salmueras en los salares puneños, sino de rocas llamadas pegmatitas, casi todas en las minas de Greenbushes, a 250 km. del puerto de Perth. El proceso extractivo es más barato, limpio y menos conflictivo en términos sociales. Greenbushes opera desde hace un cuarto de siglo y suministra 1/3 del consumo mundial de litio.
Las autoridades del CONICET salieron al cruce de las afirmaciones formuladas por Mauricio Macri durante el debate presidencial, cuando dijo que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. “Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente”, subrayaron los directores del principal organismo científico del país.
El escrito fue elaborado por el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, Miguel Ángel Laborde –quien está cargo de la presidencia– y el vicepresidente de Asuntos Científicos, Mario Pecheny. Tras aclarar el ajuste sufrido por el sistema científicos y tecnológico bajo la presidencia de Macri, adjuntaron una nota enviada al Poder Ejecutivo el mes pasado, solicitando un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y becarios del organismo.
En la nota que las autoridades de la institución volvieron a adjuntar luego del debate, le explicaban al Presidente que “la situación presupuestaria y salarial de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es acuciante” y que los salarios percibidos por los trabajadores y becarios del Conicet están “por debajo de la línea de la pobreza”.
Alberto Kornblihtt, director del Conicet en el Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, explicó que cuando le informaron que iba a salir la carta estuvo completamente de acuerdo con la decisión de los vicepresidentes y señaló que “las declaraciones del presidente Macri que mencionan un supuesto aumento del presupuesto en Ciencia y Técnica sólo pueden ser entendidas desde el cinismo o desde la ignorancia de lo que hacen los funcionarios de su propio gobierno”.
Según Pecheny, “si bien puede haber aumentado el presupuesto en términos nominales, si se tiene en cuenta la inflación, hubo una caída del presupuesto enorme”. El vicepresidente del organismo agregó que “la discusión acerca del presupuesto para el sector es angustiante porque los salarios han quedado muy atrasados y transitamos una situación de emergencia”.
“Nuestro salario ha quedado desvalorizado tanto en relación con los salarios argentinos en general, como en relación con los salarios de nuestros colegas de los demás países de América Latina. Es verdad que el salario de nuestros investigadores nunca estuvo a la altura, pero lo que sucede tras estos últimos cuatro años es que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes”, había opinado en el mismo sentido Pecheny cuando lanzaron la carta hace un mes, pidiéndole al Ejecutivo un aumento en los salarios de todo el personal y los becarios.
“El presupuesto no sólo no creció en términos reales sino que disminuyó y además no alcanza para nada. Esto se lo hicimos saber al Presidente hace un mes atrás y no hubo respuesta”, indicó el representante del Conicet y agregó: “Nosotros no queremos polemizar con uno u otro candidato. Pelearíamos con quien sea si no nos dan presupuesto, con Macri, con Fernández o con Del Caño. Lo que tiene que quedar claro –agregó– es que siempre vamos a reclamar por el presupuesto que necesitamos para el sector y eso va más allá del tema partidario.”
Hace 10 días se informó que el río Paraná había alcanzado el nivel más bajo de la última década en el puerto de Santa Fe, al registrarse 1,78 metros, muy lejos del nivel de alerta fijado para esa estación fluvial: 5,3 m. El Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad del Litoral tiene como registro más bajo, desde 2000 a la fecha, una marca de 2009, cuando en el puerto de Santa Fe alcanzó 1,53 m.
Ahora, desde el litoral argentino avisan que el Paraná continúa en pronunciada bajante. Según los datos oficiales de la Prefectura Naval Argentina, la altura del agua en la zona portuaria llegó hasta el 1,63 metros. Además, los organismos especializados informaron que no se esperan repuntes considerables para los próximos días y las marcas podrían llegar hasta 1,70 metros y para fin de mes se mantendrían por debajo de los 2 metros.
El hidrómetro de la Prefectura Naval Argentina indicó ayer 1,51 metros en la ciudad y se convirtió en el registro más bajo desde 2009, incluso superando los niveles que se vienen dando en octubre: 1,79 metros el 3 de octubre y 1,75 metros el martes.
Se trata de una pronunciada bajante en el río Paraná que se ubica lejos del promedio de altura que debería tener para esta época del año: los estudios del Instituto Nacional del Agua (INA) señalan que en octubre el nivel debería ubicarse bien por encima de los 3 metros, aproximadamente en los 3,78 metros.
Las autoridades de Prefectura solicitaron precaución al navegar, especialmente por riachos interiores. En algunas costas del río Paraná se empiezan a ver grandes bancos de arena.
El bajo caudal del río genera múltiples complicaciones tanto en el transporte fluvial, causando demoras logísticas en la llegada de los combustibles, así como en la reproducción y protección de los peces, los cuales no encuentran refugio profundo: los cardúmenes quedan a merced de los pescadores. Organismos locales pidieron responsabilidad a la hora de pescar en la costa durante la bajante.
Los barcos oceánicos deben partir con carga reducida, por cuestiones de calado, lo que es un despilfarro logístico y puede generar cuellos de botella en los puntos de embarque.
La consecuencia más grave para la economía nacional es el perjuicio al complejo exportador del Gran Rosario, con puertos normalmente profundos de embarque directo a las naves de ultramar. La llegada de la soja desde el Norte, aunque baja en barcazas de fondo plano y bajo calado, también puede llegar a quedar afectada.
Como sucede cada tanto, especialmente cuando hay recambio presidencial, este tema se agita. No es sorpresa que esta semana apareció en La Nación.
Hay un aspecto positivo en el asunto: se reivindica el papel clave de la ciencia y la tecnología en la riqueza o la miseria de las naciones. Y los argumentos, de ambos lados, merecen ser tomados en cuenta. Al final, agregamos algunas observaciones de AgendAR.
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«En un mundo en el que la riqueza de las naciones comienza a medirse por los conocimientos, la ciencia y la tecnología, la no adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes provoca, según dicen sus defensores, una pérdida para el país. Desde el lado opuesto, la industria farmacéutica local se opone a ese pacto global.
La riqueza de las naciones ya no se mide ni en barriles de petróleo ni en toneladas de soja. Ni siquiera en millones de autos exportados. La riqueza de un país en el siglo 21 se mide por la fortaleza de su sistema científico-tecnológico y por la capacidad de transformar el conocimiento en innovación industrial y en bienes y servicios de exportación. La guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping refleja este paradigma mundial: se disputan el liderazgo científico-tecnológico global. China ya no es la maquila barata de las multinacionales extranjeras, sino que es líder en innovación. Quien domina la tecnología, domina el mundo.
Por eso, uno de los elementos usados para evaluar la fortaleza económica y el desarrollo de una nación es el índice de innovación mundial. Entre otras cosas, este indicador mide la inversión en educación, investigación y desarrollo, la exportación de tecnología y la cantidad de patentes solicitadas en el año. Suiza ocupa el puesto número 1; Estados Unidos, el 3; Israel, el 10; Corea del Sur, el 11; Irlanda, el 12; China, el 14; Islandia, el 20. La Argentina recién aparece en el puesto 73, después de Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú, siendo que somos el único país de Hispanoamérica con tres Premios Nobel en ciencia y una larga trayectoria científica.
Por presión de la industria farmacéutica, la Argentina se niega desde hace medio siglo a adherir al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT o Patent Cooperation Treaty), firmado por 152 países. Hasta países comunistas y anti-imperialistas firmaron el PCT: China (1994), Cuba (1996) e Irán (2013). En la región solo Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela están fuera de este sistema.
Los laboratorios nacionales sostienen que si adhiriéramos al tratado estaríamos «entregando» nuestro mercado farmacéutico, ya que las firmas extranjeras lograrían mayor protección local para sus drogas. Y dicen que los medicamentos subirían de precio. Esta disputa de intereses lleva décadas y generó una cultura contraria al patentamiento internacional. Los más perjudicados son los investigadores y las instituciones científicas locales, cuyos hallazgos, al no tener protección adecuada, son patentados y apropiados por multinacionales y universidades extranjeras.
Lo sorprendente es que los mismos laboratorios locales que se oponen a que se suscriba el PCT, usan sus filiales extranjeras para solicitar patentes en el exterior, porque es un mecanismo más rápido, barato y eficiente. Por este sistema, la solicitud inicial para verificar si una innovación es novedosa se puede presentar en todos los países miembros a la vez. A los tres meses se obtiene una respuesta. Si es positiva, hay 30 meses para presentar la solicitud de patentamiento en cada país que sea de interés.
Los innovadores argentinos tienen que solicitar la reserva de patente en cada país, con un costo infinitamente mayor y un plazo de reserva de solo 12 meses. Y la información que recibe el solicitante sobre el estado de patentes relacionadas con su innovación es mucho más pobre.
Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Para acceder a las ventajas del PCT, el Conicet utiliza una oficina del Instituto Leloir en Estados Unidos. Muchos científicos e inventores recurren a «prestanombres» argentinos con doble nacionalidad o residentes en el exterior, con los riesgos que conlleva escriturar un invento propio a nombre de otra persona. Estos vericuetos kafkianos han tenido y tienen consecuencias negativas para el país. En plena era del conocimiento, los argentinos patentamos muy poco. Un contrasentido y un gran desperdicio de capital intelectual y económico en el siglo de la innovación.
Darío Codner, secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Quilmes, defiende el valor intelectual y económico de las patentes a la hora de convertir hallazgos científicos en riqueza económica. «Cuando llegué a la universidad, en 2010, mi preocupación era cómo explicarles a los investigadores que patentar y proteger era algo que tenía valor no solo para ellos, sino para la institución y la Argentina. Como soy físico, esto de medir es muy importante para mí», explica.
Él y su colega Ramiro Martín Perrotta encararon un trabajo de investigación que culminó en dos papers que comprobaron, con casos reales y estadísticas concretas, que innovaciones desarrolladas por científicos argentinos y financiadas por el Estado argentino, al carecer de protección de propiedad intelectual internacional, principalmente en medicina, biotecnología y química, fueron patentadas por laboratorios extranjeros como los de Monsanto (hoy Bayer), Dupont y BASF y por instituciones académicas como MIT (EE.UU.), Sociedad Max Planck (Alemania) y Manchester University (Inglaterra).
«A este fenómeno lo denominamos ‘transferencia ciega’, porque los investigadores no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo con sus hallazgos. El Estado argentino está subsidiando a los países centrales», señala Codner . «Sin la contribución científica y la inversión pública argentina dichas patentes no se hubieran obtenido», concluye.
Héctor Pralong, gerente de Vinculación Tecnológica del Conicet sostiene que pertenecer al PCT «sería deseable y un avance, porque es más barato y mejor. Pero como no me gustan las posiciones en blanco y negro, quiero señalar también que los procesos de transferencia tecnológica son muy complejos y hay que abordarlos de manera integral. La protección del conocimiento es solo un primer paso.»
Gloria Montaron Estrada es directora legal y de propiedad intelectual de Bioceres, una incubadora de biotecnología creada por productores agropecuarios y empresarios argentinos con apoyo del Estado. Este año la compañía salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York para atraer capital para su expansión global. «El mayor valor de nuestra compañía son sus patentes; tenemos 117 otorgadas o solicitadas», dice. Las más valiosas están relacionadas con la tecnología HB4, que permitió desarrollar semillas de soja y otros cultivos resistentes a la sequía. Es un hallazgo de la Universidad del Litoral y el Conicet, que Bioceres licenció hace casi dos décadas.
«Para registrar internacionalmente las primeras patentes creamos una filial en Estados Unidos», explica la abogada. «Patentar a través del PCT es un trámite mucho más rápido. En tres meses te dicen si es un desarrollo original o no, si tenés competencia en algún lugar del mundo o si te conviene hacer modificaciones a tu formulación para lograr la aprobación final en los países de tu interés. El costo máximo es de US$10.000 y tenés un plazo de 30 meses para hacer la presentación formal ante la autoridad de cada país, que otorga las patente correspondiente. El trámite en la Argentina es mucho más lento, puede durar varios años y, a la vez, tenés que hacer las solicitudes en cada país, a un costo aproximado de entre US$2500 y US$4000 por cada país. Hay solo 12 meses para registrar el invento. Es incomprensible que aún no hayamos firmado el tratado», dice.
Paradójicamente, entre los accionistas de Bioceres las aguas están divididas. Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario, asistió recientemente a un seminario organizado por la Cámara de Diputados para expresar su apoyo al PCT. En cambio, su socio Hugo Sigman, dueño de uno de los principales laboratorios y presidente de la Cámara de Biotecnología, envió una carta a la comisión organizadora advirtiendo que «las implicancias de adherir al PCT deben ser ampliamente evaluadas», porque se «producirá un cambio copernicano en el régimen jurídico».
Dámaso Pardo, actual director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, trabaja intensamente para lograr la aprobación de una ley que prevé la adhesión, que el Senado votó en 1998 y que Diputados frena desde entonces. «Es de esperar que nuestros legisladores comprendan el enorme beneficio que traerá a nuestros innovadores e inventores que la Argentina ratifique el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y sancione la ley cuanto antes», afirma. Pero Jorge Otamendi, un reconocido abogado de patentes, no ve ese compromiso en el resto del Gobierno. «Ni bien asumió Macri me reuní con muchísimos funcionarios. Todos me dijeron ‘conocemos el tema’, pero al final no hicieron nada», lamenta. «Los empresarios farmacéuticos son muy poderosos. Ellos copian las drogas básicas o las compran en países piratas sin pagar los derechos correspondientes. Son multimillonarios, pero los remedios no son más baratos en la Argentina; esa es una falacia».
Daniel Gómez, doctor en medicina y director del Laboratorio de Oncología de la Universidad de Quilmes, es autor de varias patentes medicinales, incluyendo una droga veterinaria para curar el cáncer de mamas en hembras caninas producida por Biogénesis, laboratorio de las familias Bagó y Sigman.
Como docente, enseña a formular proyectos de biotecnología y a patentar sus hallazgos antes de publicarlos. Cuenta que en 1864 la Argentina fue uno de los primeros siete países del mundo en sancionar una ley de patentes. «Incluso antes de conformarnos como nación, en 1855, Buenos Aires sancionó la ley de Patentes de Invención. Carlos Pellegrini hizo una apasionada defensa del proyecto, que demuestra que para esa generación la ciencia era la base del progreso».
Gómez reivindica a Sarmiento como fundador de instituciones científicas y académicas. «Al inaugurar el observatorio astronómico de Córdoba, aseveró: ‘Quiero responder a mis críticos que dicen que en un pueblo naciente y con un erario público empobrecido la ciencia no es una prioridad. Y yo les contesto: Si la ciencia no es una prioridad, mejor resignemos el titulo de nación, porque ésta será la fuente del crecimiento del país'».
«¿Cómo puede ser que hayamos involucionado tanto y hoy nos debatamos si conviene o no patentar?», se pregunta este oncólogo y profesor universitario. «A mediados del siglo 20 se instaló en el país el paradigma de que la ciencia no debía mezclarse con el dinero», explica. Para demostrar que es una noción equivocada, señala: «Tomemos el caso de Corea del Sur: de 1701 patentes solicitadas en 1969 pasó a 163.523 en 2009; en la Argentina, en cambio, cayeron de 7330 a 4813 en el período. ¿Los resultados? El producto bruto interno de Corea del Sur en 2011 fue de US$1.549.000 millones, mientras que el argentino fue de US$709.000 millones. Y concluye: «Por suerte, muchos jóvenes científicos están cambiando de ideas».
Laboratorios: Qué dicen quienes se oponen a la adhesión al tratado global
«El tema de patentes es un tema de puja de intereses; lo fue en toda la historia y en todo el mundo. Muchos de los países desarrollados que hoy son defensores de las patentes, como Japón, antes copiaban todo, productos farmacéuticos, electrónicos. Lo mismo Suiza, Italia…»
Quien se expresa con franqueza es Luis Alberto Gold, accionista de Elea, uno de los principales laboratorios nacionales, propiedad de las familias Gold , Sigman y Sielecki. Él, Juan Pablo Bagó, accionista de Laboratorios Bagó, y Santiago Bassó, abogado de la cámara farmacéutica Cilfa, mantuvieron una conversación con LA NACION sobre las razones por las que se oponen al Tratado de Cooperación de Patentes. A continuación, las partes salientes del diálogo:
-¿Ustedes creen que si la Argentina adhiere plenamente al sistema internacional de patentes los medicamentos serán mas caros?
Luis Alberto Gold (LG)-: Sin duda.
Juan Pablo Bagó (JPB): Y puede pasar que haya un cambio en la forma en que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) determina la patentabilidad, y también que productos con patentes a punto de vencer se presenten con alguna innovación mínima y obtengan exclusividad por otros 20 años.
-No parece que los laboratorios argentinos estén tan preocupados por bajar los precios de los remedios. Hace poco el Gobierno denunció la cartelización en las ventas de Cilfa al PAMI e implementó licitaciones abiertas con rebajas de 50 y 60%.
LG-: Bajaron los precios donde había competencia.
-Cuando pueden tener precios muy altos, los tienen.
LG y JPB-: Por supuesto.
-He visto que sus empresas usan el Tratado a través de sus filiales en el exterior para patentar desarrollos internacionalmente. ¿Por qué no adherir entonces directamente?
JPB-: Haciendo eso, ponés a la Argentina en cierta desventaja.
-¿Por qué? China lo hace y tiene una industria farmacéutica poderosa.
Santiago Bassó (SB)-: Todos los países que adhirieron lo hicieron en el marco de algún acuerdo comercial, con el que consiguieron algo a cambio. Chile, Colombia y Perú lo hicieron para acceder al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
-Y Cuba, ¿que recibió a cambio?
SB-: Ellos participaron de las negociaciones iniciales porque tienen un proyecto de expansión internacional de sus productos.
-¿Y nosotros no podemos tener un proyecto de expansión similar? En un momento hay que convertirse de copiador en innovador.
LG:- Yo lo comparto.
-Pero nunca estamos listos.
LG:- Efectivamente. Nosotros somos una expresión de la teoría de Darwin, sobrevivimos no sé por qué. Esto no es Suiza. Nosotros nos desarrollamos durante 70 años en un medio hostil. Si la Argentina entrara en la OCDE, por ejemplo, a mi me encantaría como ciudadano, pero no quedaría ninguna empresa argentina.
El mapa global de la innovación
En un ranking que incluye a 129 naciones, la Argentina se ubica en el puesto 73; la cantidad de patentes pedidas es uno de los elementos que considera el indicador.
César Milstein y una falacia sobre su pensamiento
En 2011, un grupo de científicos argentinos publicó el documento «Patentes, de Aristóteles a Gates». Allí se sostiene que los estados no deberían pagar royalties ni patentes porque «todo emprendimiento patentado llegó a su objetivo final sustentado en el conocimiento público generado en todos los rincones del planeta a lo largo de siglos». Y afirma que el Premio Nobel César Milstein «generosamente no patentó (los anticuerpos monoclonales) porque pensaba que era un hallazgo para toda la humanidad». Denuncian también que las multinacionales que facturan unos US$23.000 millones al año gracias a este descubrimiento, «lo patentaron y lo robaron». Arturo Prins, director de la Fundación Sales, que investiga tratamientos oncológicos y comparte 21 patentes con el Conicet, dice que eso es falaz. «Estuve con César Milstein en 1999; él se lamentaba porque la National Research Development Corporation (la autoridad inglesa) se negó a patentar su descubrimiento. En poco tiempo, una firma fuera de Gran Bretaña patentaba y vendía los anticuerpos monoclonales. Milstein me explicó que si el invento se hubiera patentado como pidió su laboratorio, habrían llegado enormes recursos en regalías.»
Una innovación obstetricia, de Lanús al mundo entero
«Me tuve que ir a España, donde tengo un primo que se asoció conmigo, para poder patentar mi proyecto por PCT en 70 países en un plazo de 30 meses. Si lo hacía desde la Argentina tenía solo 1 año y se te pasa volando. Si no tenés patentes en todos lados, nadie va invertir en tu proyecto. Los políticos tienen que entrar en razón y sancionar la ley para adherir a este tratado internacional.» Así recuerda Jorge Odón la odisea burocrática que vivió. Este mecánico de Lanús, con varias patentes en su haber, imaginó en 2006 un dispositivo descartable para facilitar partos complicados, más amigable, económico y fácil de usar que el fórceps o el vaccum. Varios años después, al ver el prototipo desarrollado con el Cemic, el director de salud reproductiva de la Organización Mundial de la Salud lo llevó a Ginebra y lo conectó con Becton, Dickinson and Co, un laboratorio líder de Estados Unidos. Esta empresa invirtió US$20 millones para hacer las pruebas clínicas en la Argentina y otros países, con la idea de comercializar el Odon Device en todo el mundo. La Fundación Bill Gates espera distribuirlo en África lo antes posible.»
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Nuevamente CAEME, la cámara de los laboratorios multinacionales, expone sus argumentos. Que no son flojos.
Pero el dato importante que falta en el resumen que hace María Eugenia Estenssoro es que Argentina es el único país latinoamericano con industria farmacológica propia: controla un 60% del mercado local, y exporta a la región, con marca propia en casos como el de Roemmers, o con genéricos en el de Biosidus. Esto genera 43.000 puestos de trabajo directo, en general calificado, en los laboratorios nacionales. No es la situación de Brasil, Chile o Colombia.
Por supuesto, tener fabricación propia no significa que los laboratorios nacionales que forman CILFA abaraten su producción para beneficio de los argentinos. Los precios de una y otra cámara están acordados y cartelizados.
Reproducimos este informe del Servicio Penitenciario Bonaerense distribuido por Telam, no sólo por la intervención en el programa de entidades empresarias que apoyamos desde AgendAR. El problema social de la «inseguidad» -para ser precisos, de la delincuencia violenta- es uno de los más sensitivos en la actualidad.
Y el hecho fundamental es que, aunque la tasa de reincidencia que estima el SPB -se afirma que menos del 10% de los graduados en estos programas de formación vuelve a cometer delitos- sea optimista, los resultados son mucho mejores que las políticas convencianales de «garantismo» o «mano dura».
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«Cerca de 300 internos de cinco cárceles bonaerenses fueron capacitados en mecánica de moto, marroquinería, confección textil y gestión de negocios, cursos de alta salida laboral, informó el Servicio Penitenciario bonaerense.
Se trata de presos alojados en los penales de Olmos, Gorina, Melchor Romero y Florencio Varela y los docentes pertenecen a la Confederación General de Empresarios de la República Argentina (CGERA) y a la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), cuyos diplomas fueron avalados por organismos oficiales.
Los cursos dictados fueron de mecánica de motos (en sus tres niveles), marroquinería, confección textil y gestión de negocios. Se dictaron en las Unidades Olmos, Gorina, Melchor Romero y en Florencio Varela, y les servirá para enfrentarse al mundo laboral una vez recuperada la libertad.
Todos los cursos dictados tuvieron más de 120 horas de duración, con control de asistencia, clases teóricas y prácticas y certificados de finalización para quienes cumplieron los requisitos y aprobaron los correspondientes exámenes, y en el caso del curso de mecánica de motos se dividió en tres niveles: Introducción a la mecánica (30 horas), Mecánica básica (90 horas) y Mecánica avanzada (120 horas), compartiendo la misma metodología y currícula que los cursos que las entidades dictan en distintos centros de formación a lo largo de todo el país.
«Las capacitaciones en oficios que se llevan adelante en las cárceles permiten que las personas privadas de su libertad adquieran conocimientos para insertarse en el mercado laboral en su egreso y eso es clave para que no reincidan en el delito», aseguró el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.
Por su parte, Guillermo Siro, presidente de CEPBA, destacó que «todos los empleos que formamos a través de las redes y los centros de formación son empleos con salida laboral».
Y ejemplificó con el de mecánica de motos: «con un millón de motos vendidas en los últimos 10 años hay una alta demanda, y quienes hacen los tres niveles del curso pueden trabajar en la red de concesionarios de las marcas que nos asisten en este proyecto o hacer también el curso de gestión de negocios y poner su propio taller».
Arcor es la principal empresa de alimentos de Argentina, y es el grupo argentino con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo produciendo tres millones de kilos de productos por día. Tiene otras medallas: es el primer productor mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina. Su CEO Luis Pagani fue el primer empresario latinoamericano en ingresar al Candy Hall of Fame, la más alta distinción que otorga la National Confectionery Sales Association (NCSA) de Estados Unidos. Pero… hoy la caída en las ventas de la multinacional ronda el 20% y creen que en los próximos meses se sentirá entre sus 8.100 proveedores. El sector tiene 12 mil empleos afectados.
La multinacional nacida en Córdoba es una de las compañías con mayor grado de internacionalización del país (47 plantas en Latinoamérica y presencia comercial en 120 países), cuenta con una importante diversificación de sus negocios (alimentos de consumo masivo, agronegocios y packaging), un muy amplio portfolio de productos (fábrica más de 1.500 ítems distintos), además de tener presencia en diversos sectores a partir de una serie de alianzas y adquisiciones que se concretaron en los últimos años.
Tiene un sinnúmero de proyectos de desarrollo sustentable e invierte millones (en 2018 unos US$ 12 millones) en iniciativas de investigación y desarrollo. Con todo, gran parte de sus ingresos provienen del mercado interno. El 71% de sus ventas, y ahí radica buena parte de la explicación para entender la compleja situación que atraviesa la empresa.
Sin ser el sector más afectado por la crisis macro que arrancó a mediados del 2018 –el sector automotriz se desploma al 40%, las ventas de departamentos caen a valores interanuales similares los fabricantes de alimentos y bebidas están atravesando momentos críticos. El primer semestre de 2019 dejó caídas del 13% en congelados, del 12% en lácteos (cayeron fuerte postres, leches líquidas y saborizadas), del 11% en bebidas, del 5% en infusiones y del 4% en alimentos en general. La quita del IVA en productos de la canasta básica alivianó la caída en agosto, pero se espera que el rebrote inflacionario vuelva a hundir el consumo en el último cuatrimestre del año.
Esta semana, Arcor decidió dar vacaciones a 2.500 de sus operarios de cuatro plantas. Más allá del impacto de la noticia lo grave es el marco en que se da: la empresa cerró una planta en San Martín, Mendoza, dejó en operación mínima otra en Choele Choel, en Río Negro, y las perspectivas para los próximos meses no son las mejores.
Impacto proveedores. Arcor tiene más de 14 mil proveedores para sus plantas en la región, 8.100 de ellos en la Argentina y con un perfil, casi en su totalidad, de pymes. La decisión de dar vacaciones a sus empleados obedece al sobrestock de las distintas líneas de la empresa producto de la caída del consumo. El diseño de las vacaciones no es lineal y homogéneo. Se definió tratando de encastrar la demanda para evitar un parate generalizado y un impacto directo en toda la cadena.
Pero ya hay alarma
entre sus proveedores. “Todavía no ha tenido fuerte impacto porque
la medida de la empresa va en diferentes fechas, no se discontinua
totalmente todos los procesos. Todo esto configura un panorama que no
tiene una repercusión inmediata en la distribución y los
proveedores, pero sin duda que la va a tener en cualquier momento. Si
producís menos vas a comprar menos”, razona una fuente del sector.
Un dato a tener en
cuenta, relacionado con los proveedores: en un año Arcor redujo en
más de 600 el número de firmas de las que se abastece. Según el
Reporte de Sustentabilidad de 2018 la firma pasó de 8.778
proveedores en 2017 a 8.100 ese año, en línea con lo que muestra a
nivel regional. En países como Brasil y Chile la reducción de
proveedores también es marcada.
Caída sectorial. Los golpes que muestra Arcor están lejos de limitarse a sus plantas. Todo el sector está afectado. Héctor Morcillo, secretario General del Sindicato de la Alimentación, remarca que la caída en las ventas de Arcor oscila entre el 15% y el 20%, y también es así en buena parte de la industria. “La realidad industrial del sector muestra una capacidad ociosa en las plantas del 50%. Si ha disminuido el consumo de leche per cápita imagínense cómo ha caído el consumo de dulces, caramelos, galletitas”, señala. Según Morcillo, en el país hay cerca de 12 mil trabajadores afectados por la crisis, en distinta medida, con acciones que van desde adelanto de vacaciones, suspensiones, despidos, jornadas reducidas o retiros voluntarios. “Más allá de los argumentos de las empresas que toman medidas por acumulación de stock esto también es producto de una política económica que ha destruido la industria nacional. Son los reflejos de estas políticas”, señala.
Mala reacción. Morcillo también advierte que parte de los resultados actuales que se ven en el sector industrial alimenticio se dan por las reacciones de las empresas ante los cimbronazos de la macro: “Muchas de estas empresas han apostado a precio y no a volumen y esta es la consecuencia directa. Cuando hay una caída abrupta de la demanda lo primero que se produce es que se traslada el ajuste a los trabajadores. Todas las empresas grandes están más o menos en la misma situación. Estas empresas aumentaron los precios indiscriminadamente y fueron aumentando con cada salto del dólar. Después de las PASO remarcaron entre un 15% a un 35%, es decir que apostaron a precio y no a volumen. Podrían no haber aumentado tanto los precios, entonces cuando se cae toda la demanda del mercado interno producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la alta inflación existente vienen estos coletazos”, razona.
El jueves pasado la
calificadora de riesgo FIX/ Fitch Rating elaboró un reporte Credit
Update sobre la situación de Arcor. Allí, si bien destaca que la
calificación de Arcor “refleja su sólida posición de negocio
como productor de Alimentos”, apunta algunos claroscuros. FIX
señala que el sector de Alimentos y Bebidas continuará viéndose
presionado por la débil demanda en el mercado local, los cambios en
las decisiones de consumo hacia segundas y terceras marcas y el
elevado costo financiero.
“Las ventas en supermercados caen por cuarto año consecutivo a una tasa real anual compuesta del 5,2% producto de la pérdida de poder adquisitivo promedio de los consumidores locales en un contexto de crecientes tasas inflacionarias y un reacomodamiento de precios relativos”, dice. A su vez, la calificadora juzga previsible el desempeño financiero de Arcor que ha mostrado “resiliencia a los vaivenes de actividad económica en Argentina”, aunque señala que los resultados operativos a junio de 2019 se vieron afectados, con menores márgenes de rentabilidad.
Impulsada en particular por los aumentos en los medicamentos, artículos de limpieza, pan, carne y frutas y las cuotas de los servicios de televisión, en septiembre la inflación fue del 5,9%. Así, en los 9 primeros meses de 2019 el IPC (Indice de Precios al Consumidor) acumula un alza del 37,7%. En relación a un año atrás, un incremento del 53,5%.
Con este nivel de inflación -la mayor en este año, y la tercera de la gestión Macri- la marcha normal de la actividad productiva se hace imposible. Pero probablemente su aspecto más doloroso para la población se registra en el precio de los medicamentos, que aumentaron en promedio un 100% en un año.
Flybondi, la aerolínea «low cost» más promocionada de Argentina, estrenó una ruta internacional: «Buenos Aires-Río de Janeiro. El vuelo inaugural partió el pasado viernes 11 desde el Aeropuerto El Palomar (EPA) al Aeropuerto Internacional Galeão (GIG) a las 8.30 de la mañana con 100% de ocupación.
“Brasil siempre ha sido un mercado natural para los argentinos y vemos mucho potencial en este nuevo destino. Nos alegra ser la única low cost conectando nuestro país con Río de Janeiro de manera directa y con los mejores precios del mercado» dijo Sebastián Pereira, CEO de Flybondi. “Apostamos a un proyecto de larzo plazo con una visión que tendrá cada vez mayor presencia regional y por eso seguiremos sumando nuevos destinos y ofreciendo conectividad al alcance de todos”.
Flybondi anunció la apertura de esta ruta en julio de este año, momento en que además inició las ventas. Actualmente cuenta con 3 frecuencias semanales que conectan la capital argentina con la ciudad carioca, los miércoles, viernes y domingos, y por la aceptación que tuvo, se sumará una cuarta para diciembre (los lunes). Las tarifas para este destino comienzan en $ 3.000 por tramo, aunque varían según la anticipación con que se adquieran y la temporada en que se pretenda viajar.
Además, en diciembre la compañía comenzará a operar la ruta Buenos Aires – Florianópolis.
Flybondi inició su operación en Argentina en enero de 2018, y con menos de dos años de operaciones ya llegó a los 2 millones de pasajeros transportados.
Nuevamente tenemos ocasión de compartir un oportuno artículo de «Embajada Abierta» de Jorge Argüello. Como pueden apreciar en el Buscador de la portada (la pequeña lupa arriba a la derecha) hemos tocado en bastantes ocasiones el tema antártico. Sugerimos en particular que vean esta nota de hace algo más de un año La batalla por la Antártida, y, un poco más reciente, Necesitamos ROVs, y también una Armada para defender nuestro mar. Pero antes, lean éste; trata de un problema, y una vergüenza, cercanos.
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Hace unas dos semanas, el 26 de septiembre pasado, el Reino Unido registró en el puerto de las islas Malvinas a su nuevo y flamante buque de investigación antártica, el RSS Sir David Attenborough, que lleva el nombre de uno de los divulgadores científicos más reconocidos del mundo. Este buque, dependiente del British Antarctic Survey, realizará tareas de cooperación e investigación conjunta con nuestro país en la Antártida.
Hasta allí todo suena noble y encomiable. Salvo por un detalle.
El Attenborough está registrado como nave en las islas Malvinas y enarbola la bandera del ilegítimo gobierno de las islas. Conforme el derecho del mar, el vínculo entre un buque y su bandera es un ejemplo claro del ejercicio de la soberanía estatal.
Londres, al registrar el barco en Malvinas, produce un hecho político; la afirmación de su pretendida soberanía sobre un territorio en disputa con Argentina, situación reconocida por la comunidad internacional.
La controversia antártica. La Antártida configura hoy uno de los principales reservorios mundiales de agua dulce y minerales. Desde 1961, el Tratado Antártico establece el uso exclusivo del continente blanco para fines pacíficos, con libertad de investigación científica y un compromiso de intercambio de información al respecto.
El Tratado, y este es un punto clave, “congela” los reclamos territoriales por parte de los siete Estados que originalmente –al tiempo de la celebración del tratado– tenían pretensiones de soberanía sobre distintas partes del continente antártico (Argentina, Chile, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Australia y Nueva Zelanda).
Argentina mantiene una ininterrumpida presencia en la Antártida desde 1904. Hoy tiene 13 bases permanentes y temporarias, más que cualquier otro país, y administra una serie de refugios que sirven de resguardo y apoyo para los trabajos de campo de expediciones que operan alejadas de las bases. Ello representa un espacio de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados y se superpone con los reclamos soberanos del Reino Unido y Chile.
Las islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833, se convirtieron en un punto de trascendental importancia para la pretendida proyección antártica británica sobre la totalidad del Sector Antártico Argentino. Tanto, que el Reino Unido considera propio ese territorio y lo denomina British Antarctic Territory. Sin su presencia en las islas Malvinas, el Reino Unido perdería esa proyección antártica.
Es por ese mismo motivo que Argentina ha firmado decenas de acuerdos de cooperación científica bilateral con distintos países, pero nunca –y ni siquiera bajo el “paraguas de soberanía” de los 90– con el Reino Unido.
Así fue hasta la gestión del actual gobierno.
Fruto envenenado. El giro en la política nacional antártica del actual gobierno es un fruto envenenado del acuerdo internacional celebrado por los gobiernos del presidente Macri y la primera ministra británica, Theresa May, en 2016 y que lleva el nombre de los vicecancilleres que lo suscribieron: Foradori y Duncan. En palabras del canciller argentino, se buscó con este inédito giro político “recrear confianza y crear condiciones para un diálogo” con el gobierno británico.
Menos de dos años después, el 14 de mayo de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento en Cooperación Científica Antártica entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, estableciendo un peligroso precedente para nuestra posición jurídica.
Así, el país aceptó cooperar en materia de investigación científica y tecnológica antártica en el área geográfica de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980), pese a que el Reino Unido, con sucesivas acciones unilaterales, ha violado sistemáticamente el régimen multilateral prescripto por dicha Convención.
Precedentes. En particular, el caso del Attenborough genera dos precedentes de riesgo jurídico para la posición argentina. Una consiste en emprender tareas conjuntas con un buque registrado ilegalmente en las Malvinas, una aceptación tácita de la capacidad del ilegítimo gobierno isleño de hacerlo con otras embarcaciones. Aún más grave es que el buque pretenderá amarrar en los puertos antárticos argentinos constituyendo una violación flagrante y expresa de la Ley de la Provincia de Tierra del Fuego 852 (Ley Gaucho Rivero), que prohíbe el amarre en puertos provinciales de buques con la bandera del ilegítimo gobierno de Malvinas.
A ello sumemos el desaire del gobierno argentino al apoyo regional concretado en distintos organismos y foros latinoamericanos: los Estados miembros están comprometidos a no permitir el ingreso a sus puertos de buques con bandera de la colonia británica instalada en Malvinas.
Concesiones cómplices. El Reino Unido continúa con su política de consolidar su aspiración valiéndose de la buena voluntad, de la complicidad y del inmovilismo del gobierno nacional en la cuestión Malvinas. Resulta evidente que la estrategia nacional sostenida en los últimos años ha demostrado ser ineficiente y contraria al interés nacional.
El propio canciller Jorge Faurie consideró a la Antártida como “patrimonio común de la humanidad” en ocasión de la visita del rey de Noruega en marzo de 2018, contrariando la histórica posición que nuestro país ha mantenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas negando la posibilidad de considerar a la Antártida de esta manera.
Como se sabe, el Tratado Antártico se limitó a mantener la situación territorial existente al momento de su firma. Pero no impone –ni impide– a un Estado parte que renuncie a sus derechos de soberanía sobre el territorio. De allí la gravedad institucional de la posición pública del canciller argentino.
En la proyección colonialista británica sobre el Atlántico Sur, la ciencia y la geopolítica han ido de la mano desde las épocas de Charles Darwin, que llegó a las Islas Malvinas semanas después de la usurpación de 1833. El teórico de la evolución asentó en su bitácora la “sorpresa” que se llevó cuando vio flamear la bandera inglesa en las islas.
Hoy, ni siquiera en nombre de la más alta ciencia el Estado argentino puede distraerse de su obligación jurídica, política e histórica de reivindicar sus derechos sobre las Malvinas y de mantener sus lógicas reivindicaciones sobre el Sector Antártico Argentino. Hasta Darwin lo entendería.
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Algo que en AgendAR consideramos adecuado agregar a esta excelente nota: el RSS Sir David Attenborough es, para todos los fines prácticos, un barco militar. Lleva marines para desembarcos o abordajes, amén de un helicóptero con capacidad de cazar submarinos a distancia. Como todo barco científico del British Antarctic Survey, es también una nave de guerra, y si se toman en cuenta sus múltiples sonares e hidrófonos, amén de su capacidad de operar todo el año en bancos de hielo de hasta un metro de grosor, rotando tripulaciones y reabasteciéndose con el helicóptero, una particularmente temible.
Tener que darle servicios de puerto en Argentina a este barco es un ejemplo de adónde nos llevaron los Tratados de Madrid de Menem y el acuerdo Foradori-Duncan.
Frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre por el Presidente de la Nación Mauricio Macri – que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión-, debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente.
En tal sentido, y a la espera de una respuesta, se reitera la nota enviada al Poder Ejecutivo el día 11 de septiembre solicitando un aumento de emergencia de al menos veinte por ciento para todo el personal y becarios del organismo.
Frente a lo expresado por el Presidente de la Nación Mauricio Macri en el debate del 13 de Octubre, las autoridades del organismo plantean su preocupación por la difícil situación que vive el sector ➡️ t.co/MRvPZpanZ9pic.twitter.com/mTS9Uq9oXA
Un sistema informático, único en Sudamérica, permitirá disminuir la incertidumbre en los pronósticos del clima. Una valiosa herramienta para el agro argentino y para el bienestar y seguridad de la población.
A partir de la puesta en funcionamiento de un equipo de Cómputo de Alto Rendimiento (HPC), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contará con un sistema de pronóstico por ensamble con veinte miembros; es decir, con datos y proyecciones originados en veinte países en lugar de sólo el nuestro, con el fin de ampliar la información prevista en precipitaciones y temperaturas. La información estará disponible en el sitio web del SMN a fines de octubre.
“La atmósfera es un sistema caótico, de predictibilidad baja o impredecible, por lo que uno no puede aspirar a determinar un estado futuro con total precisión, sino familias (de) posibles estados futuros”, explicó la directora del SMN, Celeste Saulo. Por esta razón y gracias a la nueva supercomputadora que cuenta con 4 mil núcleos distribuidos en 128 nodos de cálculo que multiplica 40 veces la capacidad de cómputo, el SMN puede hacer pronósticos por ensamble en alta resolución para tener un rango de posibilidades de lo que va a ocurrir. Con este sistema trabajan los servicios meteorológicos de los países más desarrollados.
“El SMN es el único en Latinoamérica que hoy tiene esta capacidad de poder trabajar con un ensamble de pronósticos”, afirmó orgullosa Saulo durante la presentación. “En lugar de decir si va a llover o no, podremos decir que hay un 30% de probabilidades de que llueva”, ejemplificó. “Así abrís el abanico para que el usuario tenga un margen para tomar una decisión. Es un cambio conceptual, por lo que es importante educar para que ese concepto sea bien comprendido y empleado”, destacó la directora del SMN, quien también se desempeña como vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial.
Este tipo de pronóstico que congrega distintas posibilidades, con una escala de lo esperable en precipitaciones o temperaturas y el promedio de esas previsiones, será útil para evitar pérdidas económicas como, por ejemplo, en el sector agropecuario ante decisiones tales como sembrar o fertilizar, como así también evitar riesgos para las personas ante eventos meteorológicos extremos.
La supercomputadora que posibilitó este cambio tiene 348 mil gigaflops, lo que equivale a una cantidad de operaciones por segundo 5 mil veces mayor que la de una computadora común, y 1.200.000 gigabytes. Se agiliza la velocidad de procesamiento, y los cálculos y modelos para hacer los pronósticos corren y se actualizan cada 30 minutos en lugar de hacerlo cada dos horas y media.
La adquisición del equipo HPC se dio en el marco del proyecto Ciencia y Tecnología para la producción del Alerta en Catástrofes Ambientales (CyT Alerta) del consorcio conformado por el SMN, el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA y el Conicet, y las empresas INVAP y Frontec. El consorcio obtuvo un fondo de 133 millones de pesos tras la convocatoria de 2016 del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva destinada a un proyecto para el desarrollo de sistemas para la detección temprana y pronósticos de catástrofes asociadas con fenómenos meteorológicos.
La distribución de ese presupuesto, que ya está ejecutado en su totalidad, correspondió en un 88% al SMN; un 6% al CIMA, que también adquirió una computadora de 480 núcleos de procesamiento (representa un aumento del 330% en la capacidad de cómputo de ese instituto): un 4% fue a INVAP para añadir valor agregado predictivo a la información generada en tiempo real por los radares del SINARAME (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos), provistos mayormente por la empresa barilochense, y un 2% a la plataforma de servicios de INVAP para el productor agropecuario, Frontec.
“Con datos queremos achicar las brechas agronómicas entre lo que se puede lograr ante la misma situación de tierra y clima (pero sin información), (lo que) puede llevar a la pérdida de un 50% de rentabilidad”, aseguró el presidente de Frontec, Guillermo Salvatierra, durante la presentación de los avances del proyecto del consorcio.
La calificadora de riesgo internacional Moody´s advirtió que la provincia “afronta desafíos significativos para lo que resta de 2019 y 2020 por su elevada exposición a deuda en moneda extranjera”. Además, prendió la luz de alarma sobre los vencimientos y la base económica “debilitada”.
«La provincia de Buenos Aires afronta desafíos significativos para lo que resta de 2019 y 2020 debido a su elevada exposición a deuda en moneda extranjera, un perfil de vencimientos desafiante y una base económica debilitada, en medio de mayores riesgos sistémicos por parte del Gobierno de Argentina», dice el informe publicado qyer martes 15.
El documento detalla que «en 2015, comenzó a emitir en el exterior notas en los mercados de capitales internacionales. Desde entonces, la proporción de la deuda en moneda extranjera con la deuda total ha aumentado al 80% en 2018 desde 60% en 2015”, por lo que “cualquier volatilidad adicional del dólar aumentará sustancialmente el apalancamiento de la Provincia, que recibe ingresos en moneda local”.
Además advierte que la provincia enfrenta «pagos significativos del servicio de la deuda en moneda extranjera en 2019-20, lo que aumenta aún más su riesgo de default». Y, aunque su liquidez es suficiente para enfrentar la amortización de la deuda en 2019, la provincia necesitará asegurar financiamiento externo para cubrir sus vencimientos en 2020″.
Marcelo Zlotogwiazda falleció en la tarde de ayer. Tenía 61 años. Conducía «Desafío 20.19» en C5N, «El horno está para bollos» en Radio con Vos y escribía en el diario digital Infobae.
El periodista se encontraba atravesando hace tiempo una difícil enfermedad y hasta último momento trabajó en su oficio.
"La ira es el veneno que toma uno esperando que muera el otro" William Shakespeare Al llegar a los 60.000 seguidores pedí que enviaran frases para cambiar el tweet fijado Llegaron más de 400. Elegí la de Shakespeare y archivo las demás para más adelante. Gracias a todos
