Según la «Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario» que publica el BCRA, en el mes de octubre el Central había vendido U$S 4.348 millones a 2.556.000 compradores distintos, hasta que el 28 se implantó el «cepo duro»: la prohibición de vender más de 200 dólares al mes a cada individuo.
A partir de entonces, y hasta el 20 de noviembre el Banco Central compró U$S 1.925 millones, en parte para sostener el precio de la divisa.
El hecho indiscutible que la moneda estadounidense se haya convertido en el mecanismo de ahorro más común, por lejos, entre los argentinos es un dato que debe tomarse en cuenta para analizar la realidad económica argentina.
Cualquiera que conozca empresas que son llevadas adelante «en familia», sabe que en la inmensa mayoría de los casos hay mujeres que tienen un rol decisivo en sus éxitos… y en sus problemas.
Pero en las «cosas que todo el mundo sabe», conviene echar una mirada analítica. Este sábado 16 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires la presentación del libro «La mujer en la Empresa Familiar» del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).
Esta es la séptima obra colectiva del IADEF, el referente institucional, social y académico de la Empresa Familiar en la Argentina, y reúne los aportes de 19 mujeres y varones especializados en el segmento de la empresa familiar.
La obra se estructura a partir de tres ejes: Investigación, Género y Roles, y Casos, y cuenta con un total de 15 capítulos. Además del objetivo de hacer un aporte en la disciplina de empresa familiar poniendo como eje la mujer, este libro fue concebido como un análisis profundo de la complejidad a través de un enfoque sistémico, y se propone compilar una diversidad de expresiones para destinarlo a las familias empresarias.
Presentación del libro "La mujer en la Empresa Familiar" del Instituto Argentino de la Empresa Familiar.
Muy felices de acompañar a Agostina Ardito Batista, directora de Brote, quien estuvo conversando sobre el capítulo que escribió junto a Silvia Batista para esta obra. ?? pic.twitter.com/AV59eaxsYp
En estos días, hasta que el presidente Fernández anuncie oficialmente su gabinete -y tal vez después-, los medios y los pasillos están llenos de versiones -operaciones- a propósito de las distintas carteras y secretarías. En especial, en el área de Economía. En AgendAR nos parece un poco extraño porque los recursos y las deudas de la Argentina, y las expectativas de su sociedad, determinan con firmeza las políticas posibles.
Pero la naturaleza humana es así. Acercamos un ejemplo de lo que nos referimos: Ayer el diario La Nación publicó una nota del periodista Javier Blanco: «Propondrán suspender por dos años el pago de intereses de la deuda«, y seguía diciendo, en su versión original «La propuesta, avalada por los economistas Guillermo Nielsen y Adrián Cosentino, que encabezan ese equipo y compartirían…».
Algunas horas después, la frase había cambiado «El equipo de Fernández hizo propia una idea del economista Martín Guzmán para encarar la renegociación…«.
Seguramente, en la modificación influyó el siguiente tweet:
En @LANACION de hoy @JavierBlancoOK habla de la existencia de una propuesta de dejar de pagar los intereses de la deuda por dos años con el aval mío y de A. Cosentino. Eso es totalmente falso. No avalamos ninguna propuesta en ese sentido pic.twitter.com/4x3SQLqi2y
El licenciado Guillermo Nielsen es probablemente la persona que en estas semanas los medios han asegurado como mayor frecuencia que será y que no será el ministro de Economía de Alberto Fernández. Pero no es el único, por cierto, que sufre de esta calesita mediática.
En AgendAR hemos publicado hace pocos días siete notas con el título común «Argentina en el mar» (y seguiremos haciéndolo). Rastreando material, encontramos esto que escribió hace 4 años el especialista en comercio exterior y puertos Emiliano Galli. Muestra que las asignaturas pendientes vienen de muy atrás ¿Seremos capaces de encararlas ahora?
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A la deriva: el ocaso de la flota mercante argentina
La flota comercial nació como símbolo de independencia económica; hoy, ni un buque argentino transporta la cosecha récord de soja, y sólo el 1% de los que navegan por la hidrovía tiene bandera nacional
Emiliano Galli 8 de julio de 2015
Cada año se van del país -un país que tantas divisas necesita- alrededor de 5000 millones de dólares para pagar fletes marítimos. La Argentina perdió su flota mercante, que llegó a ocupar alguna vez el quinto lugar en el mundo, y no tiene ni un solo barco bajo bandera nacional para llevar las exportaciones récord de soja a sus compradores de Europa o Asia.
Eso sucede en el mar, donde la competencia con las grandes potencias navieras es feroz. Pero en el río la situación es similar, y el Gobierno parece no haberse enterado. No figura en su agenda. Apenas el 1% de las embarcaciones (remolcadores y barcazas) que bajan con soja y mineral de hierro y suben con hidrocarburos pertenece a la alicaída flota mercante argentina. Paraguay y Bolivia, los mediterráneos de América latina, se adueñaron de los convoyes. Paraguay cuenta hoy con la tercera flota fluvial del mundo. Y la Argentina, responsable del dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, tiene menos de 10 embarcaciones mercantes navegando por el río.
La carga, que genera gran parte de las divisas que ingresan en el país, no vota. El comercio exterior se mueve en un 90% en barcos, desde el río hasta los océanos. Y el transporte por agua soporta, en la Argentina, una brutal indiferencia política.
Bucear en la realidad de la marina mercante y la industria naval argentinas es toparse con un handicap negativo de entrada: no tienen el impacto en el consumo y el empleo de, por ejemplo, la industria automotriz (aunque sus cadenas potencialmente puedan dar trabajo a mucha más gente), ni la capacidad de venderse como vector de movilidad social (como el hecho de que viajar por Aerolíneas Argentinas por el país cueste lo mismo que en colectivo), ni el efectismo cotidiano de un tren cero kilómetro con aire acondicionado.
El mar quedó a las espaldas de un país que desciende de los barcos. Y mientras el mundo protege el transporte marítimo porque, gracias al flete, le agrega valor al producto exportado, la Argentina ya no tiene barcos propios. Ni estatales ni privados. Ni siquiera en el río: sólo el 1% de la flota que navega el Paraná es nacional. Paraguay se las ingenió para tener la tercera flota fluvial del mundo. Y nueve de cada diez remolques que suben y bajan por el río empujando barcazas de granos, mineral de hierro y combustibles llevan la bandera de un país mediterráneo: Paraguay o Bolivia.
El transporte por agua y la construcción naval fueron baluartes excluyentes del primer peronismo. Su defunción llegó en los años 90, y algunos lo atribuyen a la flexibilización fiscal y laboral del menemismo., que permitió la llegada al mercado de jugadores más eficientes. El kirchnerismo no ha logrado revertir en 13 años la situación terminal de ambas industrias. Hoy la Argentina gira al exterior unos US$ 5000 millones por el pago de fletes para poder exportar. Rehén del transporte marítimo, y alejado de los centros de consumo, la Argentina es una isla sin barcos con 5000 kilómetros de litoral marítimo.
ELMA, la empresa argentina de navegación llegó a operar 190 buques de ultramar, como el Corrientes II(foto); hoy la Argentina no tiene ningún buque que haga tráficos oceánicos internacionales.
Durante años, y hasta hace muy poco tiempo, los formadores de opinión insistían con fanatismo en la necesidad del ajuste. En realidad, lo daban como un dato obvio de la realidad, que no necesitaba demostración. Pero frente a la catástrofe del último año y medio, y su consecuencia electoral, varios de los medios más «ortodoxos» están cambiando la música. Esta nota de Francisco Oliveto, publicada en La Nación, es una muestra.
Hay una fuerte expectativa en parte de la sociedad, y también entre muchos de los actores de la economía real, de que el año próximo se produzca una marcada recuperación del consumo. ¿Podría suceder? Esta es la pregunta que hoy desvela a las empresas. En un contexto de inusitada incertidumbre -por ahora, todo son rumores y especulaciones-, si hay una certeza es que el nuevo gobierno buscará rápidamente impulsar esa esperada recuperación.
Siendo esta una de sus promesas electorales y uno de los pilares de su triunfo en las elecciones por haber interpelado una demanda muy concreta de la sociedad, es de esperar que procure efectivamente concretarla, y rápido.
Existe hoy cierto consenso entre los economistas sobre un 2020 con más pesos en la calle, tasas de interés sustancialmente más bajas -lo que redundaría en mayores dosis de crédito tanto para las empresas como para los individuos-, muchas restricciones para transformar oficialmente esos pesos en dólares -cepo por un tiempo largo- y algún mecanismo que, dentro del anunciado pacto social, permita una recuperación progresiva del poder adquisitivo.
Es decir que, desde el lado de la política económica, la intencionalidad estaría clara, aun a costa de correr otros riesgos en el intento de los que alertan, en público y en privado, muchos economistas. Para que esta recuperación efectivamente se concrete no alcanza con lo que pueda pretender y ejecutar el nuevo gobierno, sino que el conjunto de fuerzas que deben alinearse es bastante más amplio y complejo.
A fin de simplificar el análisis, podríamos organizarlo en un esquema con cinco nodos de poder. El gobierno es uno; las fuerzas sociales -sindicatos y movimientos sociales-, otro; las empresas -donde están incluidos los bancos-, el tercero; los otros poderes -Legislativo y Judicial- el cuarto, y, finalmente, quizás el más importante de todos: los consumidores.
Es de esperar que las fuerzas sociales acompañen a un gobierno que ya les prometió que serán parte de él. Con los otros dos poderes del Estado habrá seguramente tensiones y negociaciones, pero siempre enmarcadas en la mirada de una sociedad que espera la prometida recuperación.
En cuanto a las empresas, hoy existe un factor común que contribuiría con el objetivo general: a la gran mayoría le sobra stock y le faltan ventas. Ninguna va a vender a pérdida porque no tiene sentido económico. Pero las cuentas no son tan lineales cuando los costos fijos presionan sobre la rentabilidad tanto o más que lo que podrían hacerlo unidades vendidas con un margen menor, pero que oxigenaran el proceso productivo. Si hubiera que hacer una apuesta sobre el corto plazo, es plausible suponer que el foco de las marcas estará puesto más en las cantidades que en el precio. La prioridad será vender.
El sector financiero tiene la necesidad de reimpulsar sus productos de crédito al consumo -prendarios, personales, tarjetas-. Habrá que ver cuáles son las condiciones que el sistema como un todo es capaz de generar para que esta vocación pueda concretarse.
Finalmente los consumidores. El consumo masivo se contraerá alrededor de 7% este año. El de bienes durables de valor intermedio -indumentaria, electrodomésticos-, entre 15 y 20%. Y el de bienes durables de alto valor -inmuebles, autos-, cerca del 40%. Conclusión clara: hay consumo latente.
La experiencia más reciente demuestra que frente a los estímulos, aun en un contexto de contracción, el consumidor argentino reacciona. En octubre, por ejemplo, se vendieron apenas 32.400 autos 0 km, pero en julio, con el plan oficial de incentivos, se había llegado a casi 50.000 unidades. Un 56% más. La devaluación post PASO frenó esa incipiente recuperación, pero no invalida el análisis.
En el tiempo por venir, esos estímulos podrían ser múltiples. El primero de ellos, condición sine qua non, es la estabilidad del entorno, sintetizada en ese gran metro patrón de la argentinidad: el dólar. El miedo se lleva pésimo con el consumo. El dólar tranquilo ayuda a que los individuos pongan la mirada en los bienes y servicios. El segundo obviamente serán los «sueldos nuevos». Cuándo, cuánto y cómo. Esta es otra incógnita que se develará con el tiempo.
El tercero, de la mano del segundo, es la inflación. El pronóstico consensuado por economistas y bancos que publica LatinFocus no es del todo alentador: 42,8% para 2020 y 34,2% para 2021. Habrá que convivir todavía con niveles muy altos durante los próximos dos años y articular la recuperación del consumo en ese contexto.
Si la recuperación se concreta, puede esperarse una mejora progresiva del empleo. Por ahora el mercado la ve concretándose recién en 2021 -cuando la tasa anual de desempleo caería a 10,4%-. En 2020, en cambio, crecería hasta el 11,2%.
Finalmente la dinámica del consumo es el resultado de una ecuación que tiene como elementos a los sueldos, la cantidad de gente que cobra sueldo, la evolución de los precios y el acceso al crédito, que es una manera de anticipar ingresos.
Por último aparece la batería de anabólicos que tanto el sector público -más allá de su color político-como el privado ya conocen de memoria: desde los programas Ahora 12 y Precios Cuidados o el más reciente IVA 0% para alimentos hasta las promociones exitosas como los descuentos con tarjetas bancarias en shoppings y supermercados o las acciones sectoriales como el Cyber Monday o el Electrofest.
A esa batería de anabólicos se suma la nueva estrategia low cost que han seguido muchas marcas en los últimos años. Segundas marcas, mayoristas, marcas de indumentaria de precios más accesibles, las propias aerolíneas low cost o los outlet premium. Todos ellos juegan otro juego: anabolizar desde el precio puro antes que desde la oferta y el descuento. Están y estarán en la cancha procurando defender los consumidores que ganaron en el último tiempo.
¿Puede entonces crecer el consumo en 2020? La respuesta es sí, porque es factible que todos los actores de la economía se alineen para que eso suceda. ¿Es eso una certeza? De ninguna manera. Es una posibilidad que dependerá fundamentalmente de la capacidad de articular exitosamente los intereses de las cinco fuerzas que operan sobre ella.
Dado que la satisfacción es el cociente entre expectativas y resultados, a la hora de analizar los escenarios futuros resulta prudente recordar lo que el intelectual americano Stephen Bertman definió en su libro Hipercultura (1998), como una enfermedad creciente de la sociedad en la que vivimos: la «cultura ahorista». En esa «cultura del ahora» prima la aceleración y lo que manda es el «ya». La permanente y creciente demanda de una gratificación inmediata es la fuerza que la organiza. La ansiedad por recibir lo estipulado en el pacto de convivencia se expresa bajo el marco de la urgencia permanente.
Tal vez sea este el mayor desafío del futuro próximo: el tiempo.
El proyecto de ley de alquileresque obtuvo ayer miércoles media sanción en la Cámara de Diputados establece entre otros puntos la extensión del contrato a tres años, una fórmula para la actualización de los precios que combina aumento de salarios e inflación y agrega nuevos sistemas de garantías.
Duración del contrato de locación
El nuevo texto extiende de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de locación de un inmueble. “El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres años, excepto los casos del artículo 1199”, establece el proyecto, en los casos de excepción se incluyen sedes diplomáticas, viviendas destinadas a alquiler con fines turísticos, predios feriales o inmuebles de guarda.
Actualización de precios
Se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
Ampliación de garantías
Otro punto clave del proyecto es que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución o garantía de fianza o fiador solidario. El inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una.
Depósitos
El proyecto establece que si el destino del inmueble es habitacional, se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario. En tanto, al momento de la devolución –al finalizar el contrato- el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.
“En el caso de existir alguna deuda por servicios públicos domiciliarios o expensas, correspondientes al período contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubiese sido facturada, se acordará su pago tomando al efecto los valores del último servicio o expensas abonado, o bien el locador retendrá una suma equivalente a dichos montos como garantía de pago”, indica el texto.
Expensas extraordinarias
Se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino. “El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que de a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Sólo estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias”, explica el proyecto.
Interrupción del contrato y aviso previo
Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo y siempre y cuando hayan cumplido con al menos seis meses de contrato. En caso, contrario, deberán abonar al locador, en concepto de indemnización, «la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso».
Declaración ante la AFIP
Otro aspecto clave del proyecto es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.
Alquiler social
Además se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan como acceder a un sistema de garantías. En ese sentido se establece que a través de ese plan se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas; y se propiciará la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.
Corredores inmobiliarios
“En las locaciones de inmuebles la intermediación solo está a cargo de un corredor profesional matriculado, conforme a la legislación local”, establece el texto.
En opinión de AgendAR, es un proyecto voluntarista, con la intención de corregir abusos notorios. Pero que no solucionará el problema de la vivienda. La única solución seria pasa por la construcción en gran escala de viviendas populares, con la infraestructura y el transporte que requieren, y el acceso al crédito hipotecario. Una política ambiciosa, cierto, pero también la única realista.
La minera canadiense Yamana Gold anunció el descubrimiento de «una nueva zona de alto grado» en el yacimiento de oro y plata Cerro Moro, ubicado cerca de la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. Destacó los «resultados significativos» de la nueva perforación y anticipó que extenderá su programa de exploración.
Los trabajos realizados «muestran intersecciones significativas de alto grado en una zona completamente nueva y extensiones de zonas previamente identificadas», indicó Yamana a través de un comunicado difundido en Toronto, Canadá.
«Estos resultados de exploración demuestran una creciente base de recursos minerales en nuevas áreas, que se espera que establezcan Cerro Moro como una operación de oro y plata de alta calidad y larga duración».
El programa de exploración de Yamana se concretó «en un corredor de tendencia noreste de 40.000 hectáreas», pero a partir del tercer trimestre de este año se extendió a toda la concesión de Cerro Moro y cubre ahora una superficie de 150.000 hectáreas.
Al respecto, la empresa destacó que «las intersecciones de perforación están ayudando a definir una nueva zona mineralizada significativa a lo largo de la estructura Naty, ubicada a 25 kilómetros al sur de la mina central», particularmente en los sectores Nini Extension, Tres Lomas, Michelle y Deborah.
También aparecieron altas calificaciones en los sectores de Martina y Escondida, donde las intersecciones de perforación seleccionadas exceden los 100 gramos por tonelada de oro.
En este contexto, la compañía se comprometió a realizar un programa inicial de exploración de cuatro años, que comenzó a principios de 2018, para explorar sistemáticamente Cerro Moro.
Cabe señalar que hasta el tercer trimestre de este año se analizaron más de 9.700 muestras de suelo y 5.300 muestras de roca, a la vez que se completaron 76 kilómetros lineales de prospecciones, 23,4 kilómetros de reconocimiento y perforación diamantina.
«El programa ha llevado al descubrimiento de una nueva mineralización en varias áreas de la propiedad con resultados positivos en la mina central, así como en la zona Naty, recientemente descubierta y también ha extendido vetas históricamente conocidas que no están actualmente en el plan de la mina, generando nuevos objetivos para recursos minerales adicionales», añadió el comunicado.
Hace 3 semanas publicamos en AgendAR Los habitantes de las Malvinas se preocupan por el Brexit. Esa preocupación ha llegado a Londres -donde se paga el costo militar que requiere la ocupación de las islas- y se están tomando medidas. Roberto García Moritán -el diplomático- a quien no se podría acusar de chauvinista, advierte sobre las posibles consecuencias, para los derechos argentinos y la sustentabilidad de la pesca en el Atlántico Sur.
El Reino Unido se encuentra reperfilando la estrategia pesquera. Los barcos europeos ya no tendrán acceso automático a caladeros como Gran Sol en el Atlántico Nort. e. Entonces, una revisión similar se encuentra en proceso en el Atlántico Sur por parte de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas, tendiente a alterar el régimen administrativo de las pesquerías incluyendo el manejo del calamar y las concesiones.
La medida responde básicamente a compensar los efectos del Brexit e intentar preservar las inversiones pesqueras y venta de permisos que representan casi el 50% del PBI del archipiélago y el 30% de los ingresos fiscales. Ambas referencias dan una idea de su importancia ante el riesgo de estancamiento.
La intención sería cuotificar el calamar illex argentinus a través de un régimen de cuotas individuales transferibles similar al que aplica Nueva Zelanda para las pesquerías de calamar flecha (dos especies del genero Todarodes). Las cuotas se distribuirían en proporción entre barcos que posean capturas históricas de acuerdo al volumen de las mismas, dejando un porcentaje para nuevos participantes. Un informe de la consultora Terra Moana sugiere incluso otorgar licencias de pesca a perpetuidad. Ese documento sería la base de algunas de las reformas en la administración pesquera, con el objetivo explícito de retener el control de los recursos naturales, asegurar su explotación y permitir el acceso a mercados.
El enfoque es preocupante porque altera el esquema actual de manejo del calamar, que se basa en una estimación de la biomasa poblacional anual previa al inicio de la temporada (1° de febrero) y el cierre de la misma a más tardar el 30 de junio o antes, conforme a los rendimientos. La inquietud reside en que no se fijarían capturas máximas permisibles, y es probable que los barcos anticipen la pesca, con una mayor presión extractiva de febrero a mayo, y el riesgo de que la prolonguen sobre la fecha límite aconsejable y operen sobre la fracción juvenil, afectando la sustentabilidad de la especie tanto en las aguas circundantes a Malvinas como en las internacionales. También atraería un aumento de la pesca por arrastre, y habría una mayor muerte incidental de mamíferos marinos.
Si bien el método neozelandés trasladado a Malvinas puede ser ventajoso desde el punto de vista de la economía de las islas, implicaría dejar de lado evaluaciones anuales en la forma de cruceros de pre reclutas, tal como realiza la Argentina. Esas estimaciones científicas son clave para poder alcanzar el valor de las asignaciones de captura. Sin datos previos difícilmente habrá algún tipo de alerta para el cierre temprano que garantice el escape y proteja reproductores, lo que comprometería la situación de la pesquería en su conjunto. La cuestión adquiere gravedad adicional por la pesca desmesurada en la milla 201.
El tema, por sus variadas consecuencias, debería ser materia de tratamiento en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). De acuerdo a información pública, dicho Comité no ha sesionado en los últimos años y solo se reúne el Subcomité científico, que no tiene en agenda cuestiones de esta naturaleza. Ese vacío es desilusionante y pone en evidencia la necesidad de reflexionar sobre mejores procedimientos diplomáticos y técnicos para encarar con eficacia la problemática de la pesca en el Atlántico Sur.
En AgendAR hemos publicado -comparativamente a otros portales- pocas notas sobre los planes que la presidencia de Alberto Fernández pondrá en marcha a partir del 10 de diciembre. El motivo es simple: hay demasiadas listas de medidas, algunas contradictorias. Pero tenemos fundadas razones para creer que estos anticipos del periodista Carlos Burgueño reflejan un proyecto en marcha. Hasta agregaríamos, inevitable.
El próximo gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, que incluirá una quita de la deuda que se mantenga con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un importante plan de pagos. La nueva norma formará parte de la iniciativa del Pacto Social que lanzará Alberto Fernández de manera oficial el mismo día de asumir; y se buscará que el Congreso apruebe el proyecto dentro de las sesiones extraordinarias que el próximo presidente convocará una vez que asuma.
Sería una de las moratorias de mayor alcance en décadas, y obedecería a un reclamo tanto de la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, como de los sindicatos. La iniciativa formaría parte del paquete que se discute para que ambos sectores aceleren las negociaciones para firmar lo más rápido posible el acuerdo social, como primer elemento para comenzar con la reducción de la inflación y la reactivación económica, según la expectativa de los equipos económicos del próximo presidente. Este paquete se complementa, con la apertura, por primera vez en décadas, de las negociaciones para la firma de nuevas convenciones colectivas de trabajo en rubros y sectores que vayan negociando acuerdos puntuales entre empresarios y trabajadores.
En el caso de la moratoria impositiva, justifican la medida con un dato demoledor: según la información que manejan en los equipos económicos del próximo jefe de Estado, habría aproximadamente 400.000 empresas (la mayoría pymes) con serios incumplimientos tributarios ante el organismo recaudador; las que, en muchos casos, están al borde de las inhibiciones bancarias en cuanto la AFIP levante la suspensión que rige hasta diciembre. Además, según los asesores de Alberto Fernández, la mayoría de esas empresas, estaría en condiciones económicas y comerciales de crisis terminal, con lo que tampoco tendrían la posibilidad de poder cumplir con la deuda acumulada ante el fisco.
Los datos del próximo oficialismo hablan de una situación que se salió de eje durante el último año y medio, a partir de la crisis financiera y cambiaria desatada desde abril de 2018. Se critica la actitud de la conducción impositiva de Leandro Cuccioli, quién, según la oposición, en lugar de asistir a las empresas en crisis, presionó aún más a los contribuyentes morosos para que estos desistieran de financiarse con el no pago de impuestos, ante el incremento acelerado de las tasas de interés bancarias, al ritmo de la evolución de las Leliq.
Luego, con la desaparición del crédito desde septiembre del 2018, situación profundizada desde abril de este año, la cantidad de contribuyentes que comenzaron a mostrar problemas de continuidad se fue multiplicando hasta llegar al número preliminar que se maneja hoy dentro de la propia AFIP. La propuesta que se elabora, es la de proponerles a los contribuyentes que estén en plena morosidad y que puedan mostrar los problemas de complimiento que sufrieron desde la crisis del 2018; que accedan a una quita en el volumen del pasivo y un plan de pagos de “largo plazo y con tasas razonables”. “La mayoría son pequeños y medianos contribuyentes que se cayeron con la crisis, y que no tienen ninguna posibilidad de acceso al crédito ni de pagar sus deudas”, aseguran para justificar la medida.
En el caso de la moratoria previsional, se trata de un pedido hecho específicamente de parte de la CGT, como condición para sumarse al acuerdo social que propone el próximo gobierno de Alberto Fernández. La intención es presentar un proyecto de ley que incluya un amplio llamado al blanqueo de empleados no registrados, al menos desde el estallido de la crisis; sumado, en el caso de las pymes, a una rebaja en las contribuciones patronales y aportes durante un período determinado de tiempo.
También se buscará redactar artículos de reducción de la litigiosidad, a pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA) y con el aval de la CGT. Según afirman quienes impulsan este proyecto, desde la crisis de 2018, la evolución del trabajo en negro se fue acelerando hasta superar hoy un record de 40%, porcentaje que no se veía desde la crisis del 2001.
“Uno de cada tres trabajadores no tienen cobertura médica, ni hacen aportes para su jubilación, lo que potencialmente se trata de una bomba social”, aseguran desde la oposición. El proyecto incluiría condonaciones de las deudas de aportes y contribuciones; extinción de acción penal, multas, exención de capital e intereses adeudados en materia de seguridad social y la baja en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
El último mapeo de los márgenes del valle inferior del río Chubut lo hizo hace seis años un funcionario… caminando. Una travesía a pie solitaria y casi heroica, en la que fue censando la finalidad productiva a la que se destinaba cada lote. El esfuerzo tiene su explicación: 300.000 habitantes, la mitad de la población de la provincia patagónica, se concentra allí en torno el agua, un recurso vital tanto para su consumo como para encender el motor agrícola ganadero que da vida a la región. Por eso, cada dato que revela una merma en su cantidad o calidad enciende una alarma.
El grupo de científicas argentinas que integran Ana Liberoff, Natalia Pessacg (del equipo de investigación del Centro Nacional Patagónico) y Silvia Flaherty (de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), trabaja desde hace seis años en la elaboración de un mapa que anticipe las consecuencias de estas prácticas productivas, una suerte de predicción en base a modelos para tratar de prevenir efectos indeseados.
“Es una zona semidesértica y el agua es muy escasa. En el margen inferior del río Chubut se realizan muchas actividades sociales y económicas y, por ejemplo, el sistema agrícola ganadero utiliza el 80 por ciento del recurso”, explicó Liberoff, doctora en Ciencias Biológicas y especializada en conservación y manejo de ecosistemas de agua dulce.
“Los problemas son silenciosos, pero las consecuencias están a la vuelta de la esquina”, advirtió. Algunos de ellos fueron recientes, como las floraciones de algas –sospechan que por la actuación de los fertilizantes de los campos- que obstruyeron los filtros de las plantas potabilizadoras. O las lluvias que en 2017 provocaron que el río estuviera turbio durante dos semanas en las que prácticamente toda la región se quedó sin agua potable. Eventos que podrían volver a suceder en cualquier momento. A esto hay que sumarle desafíos complejos y urgentes, como los emprendimientos de engorde ganadero que suelen liberar sus desechos en el río o el crecimiento sin control de terrenos para la agricultura.
La tecnología, aliada clave Las investigadoras se embarcaron en un largo trabajo para conocer el impacto de las actividades productivas. “Queríamos saber qué se realiza en cada porción de terreno y elaborar un mapa que sirviera para mejorar la planificación del uso del agua y la gestión para mantener la calidad, pero era complicado de generar”, recordó. Allí se dieron cuenta de que para lograrlo necesitaban tecnología.
En diciembre de 2018 aplicaron para el programa AI for Earth de la empresa Microsoft, que planea invertir u$s50 millones en cinco años a nivel global para desarrollar investigaciones de inteligencia artificial y entregar tecnología a proyectos sobre cambio climático, agricultura, biodiversidad y agua. El de las científicas de Puerto Madryn fue el único argentino elegido entre otros 38 de diversos países.
Entonces formaron un grupo interdisciplinario integrado por expertas en biología, meteorología, sensores remotos y computación. Y se sumó Alexandra Trujillo, ingeniera electrónica y experta en Machine Learning y Deep Learning, quien se encargó de escribir una arquitectura nueva de modelo para clasificar usos y coberturas a partir de imágenes satelitales. El modelo SatNet (Satélite + Network), registra, memoriza y asocia cada hectárea de terreno en pixels de 10 metros x 10 metros con un definición y agudeza excepcionales.
“El ojo humano tiene cuatro bandas de color, las imágenes satelitales tienen 10 y cada imagen es multitemporal, es decir que registra diferentes épocas del año y el modelo aprende lo que hay en cada porción de tierra en las diferentes temporadas, en tiempos de sequía y primavera. Además de diferenciar por colores, también lo hace por las formas de las hojas, así puede saber si lo que está en un píxel es alfalfa o pasto”, resumió Trujillo.
Si bien la clasificación de imágenes satelitales se puede hacer con distintas metodologías, la inteligencia artificial permite automatizar el proceso y repetirlo año a año automáticamente. Eso es lo que no pueden hacer los censos ni ningún hombre a pie, por esforzado que sea. La plataforma de IA discierne entre cultivos que se parecen mucho y discrimina cuáles son árboles, frutales, hortalizas o simplemente pasturas. Una vez que los datos están cargados, las herramientas crean “redes neuronales” que le enseñan al modelo qué es cada cosa. Luego, ya está en condiciones de repetir el ejercicio solo.
“Le enseñamos que un determinado color y forma es determinado cultivo, luego de varias veces lo empieza a reconocer y lo asocia a lo que aprendió. Es como enseñarle a un chico a reconocer una taza. ¿Qué hacemos? Le mostramos tazas de diferentes formas y colores, luego se va a dar cuenta que puede cambiar el color o algunas cosas de la forma, pero siempre seguirá siendo una taza”, graficó Liberoff.
Estos estudios son esenciales para planificar un mejor uso de los recursos naturales. En ese proceso de enseñanza, las nuevas tecnologías serán un pilar invaluable para acelerar y potenciar nuestro ingenio. “Tanto para la cura de enfermedades, la protección de especies de animales en extinción o la lucha contra el cambio climático, estos modelos de aprendizaje continuo vienen a resolver problemas y ampliar la capacidad humana. Esta revolución invisible está presente en todo lo que hacemos”, sostuvo Diego Bekerman, gerente general de Microsoft en Argentina.
Para organismos provinciales y nacionales contar con trabajos de estas características es esencial para planificar un mejor uso de los recursos naturales. Por eso, la idea es trabajar en conjunto con la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut para generar una versión mejorada.
El mapa, además de predecir qué pasará en el futuro con las aguas del Chubut, será decisivo también para comprender una amenaza aún mayor: el contexto en el que tendrá lugar el impacto del cambio climático. Los modelos de proyección auguran que el río experimentará un aumento de temperatura mayor a 1.5° y una disminución de las precipitaciones de entre un 10 y un 30%, lo que se traducirá en una preocupante merma en la producción de agua media anual de entre un 30 y 40% para el período 2071-2100.
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, expresó en Río Cuarto que la Provincia vive “con mucha incertidumbre” la transición nacional hacia un nuevo gobierno.
“No sabemos las reglas de juego que tendrá la economía, pero lo ha dicho el gobernador, no se puede desconocer ni soslayar la importancia que tiene el sector productivo para la economía del país”.
Busso profundizó en las declaraciones de Juan Schiaretti, quien, ante el inminente cambio de gobierno, marcó la necesidad de “cuidar al campo”.
“Hay un dato que es relevante, el 60 por ciento que la Argentina exporta son productos agropecuarios. Al campo hay que cuidarlo, protegerlo, incentivarlo y estimularlo para que pueda seguir produciendo”, remarcó el ministro.
Busso insistió: “En una Argentina en donde no sobran los dólares y faltan recursos, es necesario tener el campo jugando en un papel fundamental, de inversión, de mayor desarrollo y crecimiento. Es fundamental tener reglas de juego claras, previsibles y de esa manera el campo va a seguir apostando y produciendo”.
Consultado sobre las versiones sobre la posible creación de nuevos impuestos y aumento de retenciones, el ministro cordobés sostuvo que Córdoba, comparada con lo que pasa en otras provincias con los impuestos patrimoniales, “trata de tener una presión tributaria bastante razonable” y de “poner el esfuerzo que hace el productor en un fideicomiso para el desarrollo productivo”.El agro tendrá un fondo que le proveerá $ 4.800 millones.
Enfatizó que el gobierno de Córdoba rechaza las retenciones pero consideró que, mientras existan, deberían coparticiparse. “Este gobierno intentó reducirlas pero por cuestiones de emergencia terminó ampliándolas. Hoy las retenciones están. Nosotros lo que pedimos es que se valoren los esfuerzos que hacen las provincias porque es plata que se va de la provincia y no vuelve nada. Este año vamos a terminar con 85 mil millones de pesos de aporte del productor cordobés a la Nación y de eso no ha vuelto nada a la Provincia”.
Los contribuyentes comprendidos en la categoría A, con ingresos brutos de hasta $ 208.739,25 anuales pagarán mensualmente $ 1.965,58 y los de la categoría B, con un tope de ingresos de $ 313.108,87, deberán aportar cada mes $ 2.186,80 a partir de enero.
En relación a los aportantes comprendidos en la categoría C, el límite anunciado por la AFIP para permanecer en esa categorización será de $ 417.478,51 y se deberá aportar mensualmente $ 2.457,65.
Asimismo, los nuevos topes de ingresos brutos para las categorías D y E serán de $ 626.217,78 y $ 834.957,00 respectivamente, con un aporte mensual de $ 2.878,37 y $ 3.482,04 en cada caso.
Para la siguiente categorización (F), el monto máximo previsto para 2020 sera de $ 1.043.696,27, ingresos por los que se deberán aportar mensualmente $ 4.003,69.
En relación a la categoría G, cuyo tope de ingreso mensual pasará a ser de $ 1.252.435,53, la agencia recaudadora fijó un aporte mensual de $ 4.558,61.
Para las categorías H e I, los nuevos topes serán de $ 1.739.493,79 y de $ 2.043.905,21 y el contribuyente deberá aportar $ 7.886,41 y $ 11.336,71 respectivamente.
Por último, la AFIP estableció los nuevos valores de aportes para las dos categorizaciones más altas del Monotributo, y los fijó en $ 13.019,83 para la J y en $ 14.716,41 para la última categoría (K).
Los topes de ingresos brutos anuales para permanecer en estas últimas categorías serán, a partir del 1 de enero, de $ 2.348.316,62 para la J y de $ 2.609.240,69 para la K.
El próximo titular de la agencia atómica más importante del mundo habló de la negociación con Irán, los desafíos que plantea Corea del Norte y aseguró que Argentina ahora debe avanzar con la construcción de la cuarta central nuclear.
El diplomático Rafael Grossi asumirá el próximo martes 3 de diciembre al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La semana pasada visitó el país y conversó sobre las funciones del OIEA, la negociación que llevará adelante con Irán, los desafíos que plantea Corea del Norte y el futuro del programa nuclear argentino.
Grossi aseguró que su nombramiento es resultado en parte de los logros tecnológicos, económicos y políticos de la industria nuclear argentina. Y a su vez, es una señal que genera entusiasmo entre sus miembros. “Eso permite que el decisor político, en este caso el presidente electo, se interese en el tema, me pregunte y se motive. Yo lo veo muy motivado”, sostuvo en referencia a Alberto Fernández. “Ahora se impone avanzar con la construcción de la próxima central nuclear”, agregó.
–En lo que refiere a las armas nucleares, ¿por qué a algunos países la OIEA les niega la posibilidad de tener esas armas cuando las grandes potencias sí las tienen?
–El orden nuclear mundial está regido por el Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), que el año próximo cumplirá 50 años. Entró en vigor en 1970 y fue el resultado de la convicción de que había que darle al tema nuclear una estabilidad sistémica. En un discurso el entonces presidente de EE.UU. Kennedy dijo que en el año 2000 iba a haber 25 países con armas nucleares porque tenían la tecnología para lograrlo. Entonces se estableció un orden. Se decidió que los que ya tenían armas nucleares, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, las mantengan, pero otros países no las puedan tener. Es naturalmente un orden que supone una discriminación, pero era el mejor posible. Desde entonces, la posesión de armas nucleares por parte de Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China es legal. Ese orden se mantiene a través del OIEA porque el tratado establece que quienes firman el acuerdo tienen 180 días para firmar un acuerdo de salvaguardias con ese organismo, el encargado de hacerlas cumplir.
–¿Y qué pasa con los países que se fueron del OIEA, como Corea del Norte?
–El OIEA ha estado presente en Corea del Norte hasta 2009. Ese año los inspectores fueron expulsados cuando Corea del Norte decidió impulsar fuerte un programa nuclear bélico. La idea es que si Estados Unidos y Norcorea llegan a un acuerdo, inmediatamente nosotros vamos a desplegar los inspectores. Tenemos un equipo de inspectores que están en constante estado de alerta, procesando información a partir de tareas de inteligencia. Tenemos una idea bastante acabada de su programa nuclear y cuando las condiciones estén dadas vamos a desplegar los inspectores. Sería un acuerdo ad-hoc.
–¿Cuál es la situación del acuerdo con Irán?
–El acuerdo con Irán está en entredicho porque el acuerdo está vigente, pero Estados Unidos se retiró e Irán ha comenzado a incumplirlo en una especie de secuencia anunciada. Cada 60 días van bajando el grado de cumplimiento. Cuando se firmó este acuerdo, en la época de Obama, estaba basado sobre un quid pro quo. El quid pro quo era el levantamiento de las sanciones económicas e inversiones. Ese acuerdo se firmó el 14 de julio de 2015 y un día después desembarcó una misión comercial alemana con 400 empresarios porque Irán es un mercado muy grande.
–¿Eso quedó suspendido?
–Al imponerse de vuelta las sanciones, todo eso quedó suspendido. El régimen de sanciones no sólo implica que las empresas estadounidenses no puedan negociar con Irán sino que además, por ejemplo, las empresas europeas que negocian con Irán inmediatamente encuentran vedado su acceso a los Estados Unidos. Son sanciones secundarias que son tanto o más efectivas que las sanciones primarias.
El sector nuclear argentino
–En lo que refiere a la promoción del uso pacífico de la energía nuclear, ¿su designación al frente del OIEA puede operar como un incentivo para el programa nuclear argentino?
–Las decisiones de esa naturaleza corresponden al gobierno, pero creo sinceramente que hay entusiasmo en el sector porque el hecho de que un argentino llegue a la cúspide del organismo de la gobernanza nuclear mundial es el resultado también de lo que es el sector, de lo que hemos logrado con 60 años de trabajo. Es un foco que se pone sobre un sector que le ha dado a la Argentina muchos logros, tecnológicos, económicos y también políticos. Eso permite que el decisor político, en este caso el presidente electo, se interese en el tema, me pregunte y se motive. Yo lo veo muy motivado. Espero que eso tenga un efecto positivo y se vea al sector nuclear como algo virtuoso en el esquema nacional argentino.
–Usted ha sido clave desde la embajada de Austria para articular con el OIEA, ¿qué perfil debería tener el nuevo embajador para garantizar esa continuidad?
–La diplomacia profesional argentina tiene buenos cuadros técnicos, buenos multilateralistas, algunos de ellos con experiencia en lo nuclear. Espero que mi sucesor o sucesora sea una persona de ese perfil porque la negociación con la Junta de Gobernadores de la OIEA es un tema delicado.
–La OIEA tiene la función de promover el Protocolo Adicional a los Acuerdos de Salvaguardias. Ese protocolo genera temor en el país y su firma ha sido resistida en una acción coordinada con Brasil. ¿Su designación en la OIEA puede acelerar la firma de ese protocolo por parte de la Argentina?
–Creo que hay que hacer una gran labor de información sobre lo que es el Protocolo Adicional. Quisiera saber cuánta gente leyó el protocolo adicional. Hay demasiado mito en torno a eso. Lo que permite el protocolo es ampliar el arco de inspección de la OIEA en un país dado. Es una medida voluntaria y fue negociado por Argentina y Brasil como miembros de la Junta de Gobernadores. El tema es definir en qué momento y de qué manera a los dos países les conviene suscribir este acuerdo. Hablo de desmitificación porque existen algunas personas que piensan que suscribir el Protocolo Adicional limitaría las capacidades nucleares argentinas y eso es fácticamente incorrecto. Por supuesto el gobierno argentino definirá en qué momento. Jamás el director general puede presionar a un país en ningún sentido. Argentina y Brasil están dialogando sobre este tema porque lo importante es que siempre caminen juntos en lo nuclear, que no se quiebre esa alianza que hay en lo nuclear.
–Algunas fuentes en el sector nuclear local afirman que el Protocolo Adicional habilitaría a las potencias a conocer los principales secretos nucleares del país
–Los que dicen eso no tienen ni idea de lo que están hablando. Los únicos que pueden venir a mirar son los inspectores del OIEA. Si no creemos en los inspectores del OIEA no creemos en el multilateralismo. Además, el Protocolo Adicional tiene medidas de acceso controlado que permiten a un país proteger secretos industriales o aspectos que considera que deben ser restringidos. Me hace acordar a lo que se decía sobre el TNP en los años 70. Se decía que el TNP era el fin del programa nuclear argentino y fue todo lo contrario. El sector nuclear argentino explotó porque nos convertimos en un gran exportador. ¿O alguien piensa que hubiéramos podido venderle un reactor nuclear a Australia o a Holanda si hubiésemos sido un país que no seguía las reglas? Se trata de defender el interés nacional con inteligencia.
–¿Cómo ve el sector argentino nuclear en la actualidad?
El sector nuclear argentino es importante, no va a desaparecer y está destinado a crecer. La energía nuclear es una fuente de energía de base muy segura y barata. Creo que el camino hacia la cuarta y quinta central es necesario. El gobierno deberá retomar ahora las negociaciones, negociaciones que nunca se interrumpieron. El programa había sido definido en el gobierno de Cristina Kirchner y en el gobierno de Cambiemos continuó con una redefinición hacia una sola central en lugar de dos. Ahora se impone avanzar con la construcción de la próxima central nuclear.
–El gobierno de Macri evaluó instalar Atucha III en Río Negro y se llevó de esa provincia una ley que prohíbe la energía nuclear. Más allá de la impericia política que demostraron los funcionarios, hay temor en la población, ¿el OIEA lleva adelante alguna tarea para reducir esos temores?
–Uno de los grandes desafíos de la Agencia es hacer esa tarea de comunicación. El sector nuclear en general tiene una opacidad obsoleta. Estamos en el siglo XXI, todos tenemos derecho a saber y hay que informar. El OIEA tiene que tener una política mucho más agresiva de explicación. También los países. Los que son muy buenos en eso son los franceses, que tienen el 85 por ciento de su electricidad nuclear y donde el nivel de aceptabilidad social es altísimo. El gobierno francés tiene una política de difusión a nivel de las comunidades locales muy eficiente. Argentina puede seguir ese camino y la OIEA lo va a hacer.
En el lapso de incertidumbre y expectativas que se abre en los cambios de gobierno, las estructuras del Estado dan a conocer proyectos que han estado en elaboración -o encajonados- durante años. Toca a los nuevos equipos evualuarlos.
Este nuevo Programa nació a partir de una propuesta presentada por la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE) y la subsecretaría de Producción y Trabajo, ampliada luego al resto de pymes del sector aún no integradas a dicha cámara. La iniciativa busca, principalmente, la independencia tecnológica en lo relativo a defensa y a la generación de puestos de trabajo en el sector civil y de la industria convencional, además del posicionamiento regional y competitividad internacional.
El primer objetivo será el cumplimiento de las normas y certificaciones internacionales exigidas por el mercado global, primer requisito para que las pymes puedan participar en cualquiera de las modalidades habituales: joint-ventures, coproducción, subcontratación, producción bajo licencia, capacitación on-the-job, entre otras. Una vez lograda esta adecuación se avanzaría en la independencia de las pymes, para no ser solamente proveedoras de INVAP, de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la empresa VENG o ARSAT, sino también alcanzar otros mercados.
Las empresas también podrían ser proveedoras o Tier, nivel 2 o 3, regionales de las grandes fabricantes de equipos originales; o bien Tier 1, posibilitando el ingreso de divisas al país. Ingresar en la cadena de valor aeronáutica internacional permitirá generar nuevos modelos de negocio, como lo hacen históricamente Brasil y México, o siguiendo los ejemplos de quienes recién incursionan, como Perú, Colombia o Costa Rica.
Las acciones en Córdoba están a cargo del ingeniero mecánico aeronáutico Pablo Aramayo, con varias líneas de trabajo a desarrollar simultáneamente, como la difusión e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Aeroespacial AS 9100; visualización de las empresas del sector aeronáutico y espacial en una forma similar al REPROER-INTI, incluyendo la realización de un mapa y un censo sectorial en el país; la formalización de una Ventanilla Única Aeronáutica, que canalice los trabajos que ingresan a la institución; y la interacción del Instituto como brazo técnico del Estado con otras instituciones, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el ministerio de Defensa.
Otro punto importante será la participación proactiva en el sector drones —Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT)— en lo relativo a validaciones y certificaciones adaptadas de normas del ámbito militar, en necesaria coordinación con la autoridad aeronáutica (ANAC).
Paralelamente se buscará generar leyes de impulso sectorial. Además de la ya sancionada Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, el Instituto brindará asistencia para elaborar leyes específicas del sector aeronáutico y estudiar conexiones con otros proyectos de ley (Offset; de Fomento de la Industria Aeronáutica Argentina; Drones, Código Aeronáutico, entre otros).
La Argentina no logra perforar el nivel de 30% de pobreza en niños y adolescentes, y en la actualidad la mitad está en esa condición, advierte un informe distribuido a nivel mundial por Unicef. Para descargar el informe, se accede desde aquí.
El trabajo sostiene que la principal deuda con la niñez está vinculada con la pobreza entendida como un problema estructural, que va más allá de la falta de ingresos.
En los últimos 30 años en la Argentina no se pudo perforar el 30% de pobreza en la población, sostiene. Alerta que en la actualidad, la mitad de los chicos y chicas es pobre.
Lo llamativo es que este deterioro social en la Argentina se produce a pesar de la gran cantidad de programas estatales dedicados a esa área clave.
Existen el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional; la Ley de Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes; la Ley de Educación Sexual Integral; la Asignación Universal por Hijo; y el Plan Nacional de Primera Infancia.
Para Unicef, implicaron «grandes avances para garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y la infancia», pero no alcanzaron a mitigar siquiera parcialmente el problema social.
Según lo vemos en AgendAR, no existe una contradicción. El crecimiento económico por sí mismo no garantiza la eliminación de la pobreza, ni siquiera su disminución. Hay ejemplos en países que llamamos desarrollados. Pero si no hay crecimiento, las mejores políticas sociales, con las mejores intenciones, no la disminuirán. En realidad, sin recursos, no es posible mantener estructuras estatales eficientes para combatir la pobreza y la exclusión. Y la economía argentina no crece desde hace 7 años.
La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) organizó a partir del pasado jueves 14, en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, un Salón del Emprendedor y un Encuentro Pyme. El objetivo es que sea un espacio de reflexión, debate y sobre todo un lugar de encuentro para el emprendedor y el microempresario.
El presidente de CEPBA, Dr. Guillermo Siro, empresario platense, industrial del cuero, y dirigente empresario resaltó «estamos haciendo el cierre de año. Es el séptimo Salón de Emprendedores que desarrollamos y el primer conservatorio de Pymes. Contamos con una gran presencia en la UTN con la participación de las Cámaras Regionales y provinciales, además de representantes sindicales. Aquí hay emprendedores y pymes que en una jornada van a tener 14 stands, no sólo las diferentes herramientas que pueden apalancar su producción y desarrollo sino también los conocimientos y las armas de gestión para mejorar la actividad, fundamentales en estos momentos que necesitamos disponer de todos los elementos necesarios para poder promover la actividad y enfrentar los desafíos que se vienen».
«Primero la UTN brindó una charla acerca de las formas de hacer un uso racional de la energía y bajar los costos de la producción energética. Después abordamos la vinculación de la Universidad con el sector pyme, el área de la producción. Participaron las tres casas de altos estudios más importantes que tenemos en la región que son la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica para explicar cuáles son las herramientas y la vinculación que tienen para el sector productivo».
«Después nos referimos al trabajo conjunto que estamos llevando adelante para el desarrollo regional, con instrumentos para la gestión que hacemos con los sindicatos. Tenemos desde el registro de marcas, de patentes, el marketing digital y todas las herramientas que sirven para enfrentar los desafíos que se vienen en los próximos años».
Al ser consultado acerca del nuevo mapa político que tendrá Argentina y la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre, Guillermo Siro respondió:»Para el próximo gobierno, tenemos buenas expectativas. Sabemos que habrá un cambio de orientación, de formulación de políticas económicas en las que se va a poner el eje en el mercado nacional, en los trabajadores y en las pymes. Es lo que necesitamos para recuperar los sueños en la provincia de Buenos Aires y en la Nación para aquellos sectores que están castigados después de 4 años en los que las políticas económicas perjudicaron a los sectores pymes que somos los eslabones más débiles de la cadena de valor».
«A cotação do dólar voltou a subir nesta segunda-feira e fechou a R$ 4,207, maior valor nominal (sem contar a inflação) da história.
O dólar está em trajetória de alta desde o leilão do pré-sal, em 6 de novembro. A expectativa do mercado era de alta participação dos estrangeiros e grande entrada de dólares no país, o que não se concretizou.»
El precio del dólar subió nuevamente este lunes y cerró en 4,207 Reales, el valor nominal más alto (sin contar la inflación) en la historia.
El dólar ha estado en una trayectoria alcista desde la subasta de pre-sal (yacimientos petrolíferos submarinos) el 6 de noviembre. La expectativa del mercado era una alta participación de extranjeros y una gran afluencia de dólares en el país, que no se materializó. (AgendAR informó sobre este hecho hace 2 semanas, en Poco interés en la mega subasta petrolera de Brasil).
El valor de la divisa estadounidense no tiene en la sociedad brasileña el mismo impacto que entre nosotros, donde el dólar funciona como reserva de valor. Pero sí es muy relevante para quienes importan y exportan, por supuesto. Como si hubiera poca incertidumbre en el MERCOSUR…
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Matar células cancerosas sin que se enteren las sanas: noble propósito. Pero a la hora de la clínica, “la rugosa realidad”, como la llamó el poeta Arthur Rimbaud, es más desprolija que las teorías. Eso sucede al punto de que por ahora nadie logra entender por qué la terapia por captura de neutrones en boro, BNCT da algunos resultados tan espectaculares, y otras veces ninguno, y así seguirán las cosas hasta que haya miles de casos tratados. Se necesitan muchos estudios y una fuente de neutrones barata instalada en un hospital especializado en cáncer.
En 2021, uno de los mayores hospitales radiológicos del mundo, el coreano KIRAMS, tendrá un acelerador argentino con el cual empezar experimentos clínicos de fase 1, 2 y quizás 3. Son los pasos previos al licenciamiento y la fabricación masiva, si los números indican ventajas clínicas y económicas respecto de otras terapias radiantes.
Probablemente, cuando el KIRAMS entre a ese ruedo, aquí el Instituto Municipal de Oncología Ángel Roffo y otros, tal vez en un entorno más favorable al desarrollo tecnológico y a la salud pública, quieran y puedan participar de los ensayos con los coreanos. En una fase 3 conviene que sean multicéntricos: muchos hospitales en varios países.
Y no es que el Roffo no haya tratado antes, sólo que se quemó con leche. En 2003, en alianza con la CNEA, ese hospital inició un experimento de fase 1 con una decena de pacientes con melanoma en el reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche. Cuando publiqué el asunto en La Nación, un radiólogo escéptico me dijo: “Arias, el BNCT es la terapia del futuro… y siempre va a serlo”.
Bueno, tuvo razón en ese caso. Aquel fue un experimento demasiado cauteloso y caro en una Argentina cuya economía empezaba a salir del derrumbe en que la habían puesto repetidas recidivas en el Ministerio de Hacienda del intratable doctor Domingo Cavallo.
El melanoma es a su modo el más agresivo y recidivante de los cánceres de piel. Como no era cuestión de inmunosuprimir o matar a los pacientes con una irradiación de cuerpo entero, en el RA-6 sólo se usó el haz de neutrones en las metástasis en las piernas. Suena cruel, pero en un estudio preclínico se mide más la toxicidad del nuevo tratamiento que su eficacia. Si ésta resulta promisoria, es un regalo, los dioses te sonríen y seguís participando. Es un mundo intercomunicado: alguien pondrá la plata para pagar una fase 1 y hasta una 2, ésa quizás con centenares de pacientes.
Para esa fase preclínica criolla hubo que adaptar toda la arquitectura de uno de los haces de salida de neutrones del RA-6, y trasladar los pacientes al lugar. La eficacia fue sorprendente, medida en remisiones totales y parciales, pero el progreso de la enfermedad desde las metástasis no irradiadas del resto del cuerpo de los enfermos siguió su dinámica letal, como era de esperar. Entre 2003 y 2007, por la logística de pesadilla y las limitaciones inherentes al reactor, sólo se pudo tratar a 10 pacientes.
¿Cuáles limitaciones? La lista es larga. En 2007 el RA-6 debió parar un par de años –obligaciones diplomáticas- para reconvertirse de funcionar con uranio militar (enriquecido al 90%) a uranio civil (19,7%). Esta discontinuidad les enfrió los ánimos a los oncólogos involucrados. En 2015, el RA-6 inició nuevos ensayos pre-clínicos con bastantes mejoras en el haz de irradiación. Pero soplaban vientos nuevos.
Aquel año la cantidad de profesionales y técnicos que puso la CNEA bajo dirección del doctor en física Gustavo Santa Cruz en el tema BNCT llegó a 70 personas, como evidencia del interés creciente de la CNEA en la materia a partir de 2008. Simultáneamente, como prueba de un cambio de guardia tecnológico, el doctor en física Andrés Kreiner, experto en aceleradores desde 1974, recibió luz verde de la presidenta de la casa, Norma Boero, para construir el laboratorio y el futuro centro de BNCT en el Centro Atómico Constituyentes.
El laboratorio sigue en veremos, y el aparato es el que puede ver en la foto de apertura de la primera parte de este artículo. Avanzó sin más problema que las perplejidades técnicas del caso entre 2008 y 2015. No fueron pocas. ¿Cómo acelerar protones a muy altas energías para crear neutrones de muy bajas? Es un camino complejo e indirecto, y explicarlo paso a paso requeriría de otro artículo.
La escueta flota mundial de reactores está ocupada en sus misiones de diseño: formar ingenieros y físicos nucleares, desarrollar nuevos materiales electrónicos o de ingeniería, y fundamentalmente, producir radioisótopos médicos. Por ende, es irreal transformarlos en radioquirófanos. Al bajar la producción mundial de radioisótopos médicos, la movida costaría más vidas de las que podrían salvarse. Esto viene frenando a la BNCT como eventual tratamiento estándar desde los ’90.
Pero otros países fueron más audaces que nosotros y lograron otros resultados más sorprendentes con BNCT incluso en reactores: por ejemplo, eliminación de melanomas vulvares y peneales, cuyo abordaje con cirugía o con terapias radiantes fotonicas es mutilante.
La universidad de Pavia, Italia, llegó a extirparle el hígado a dos enfermos con cánceres hepáticos, llevar esos órganos para una “barrida” con neutrones en el reactor académico, y reimplantarlos hora y media después a los pacientes. 100% de remisión sostenida en el tiempo. Increíble, pero 2 casos no son nada. Y no todo paciente resiste ese tiempo en un quirófano sin su hígado, ni todo quirófano tiene un reactor a tiro.
En Japón se hizo un ensayo con pacientes con glioblastoma multiforme, un cáncer cerebral muy intratable por infiltrante y muy radioresistente. Las tasas de sobrevida libre de síntomas de los irradiados excedían lo esperable, pero nuevamente, los casos sumaron algunas decenas y su costo convenció a las obstinadas autoridades médicas japonesas de que llevar un paciente a un reactor era como pretender que la montaña fuera hasta Mahoma.
Japón entonces decidió desarrollar otras fuentes de neutrones, lo que provocó el entusiasmo corporativo de Sumitomo, Mitsubishi e Hitachi por llegar primero y con la mejor. Si el gobierno no se pone al frente, las “zaibatzus” (megacorporaciones familiares, en japonés) se dedican a otros negocios. Se llama capitalismo, guste o no.
Mirando el panorama con ojos muy capitalistas, las terapias radiantes hoy son empleadas como abordaje principal o como refuerzo de algún otro abordaje en el 50% de los casos de cáncer. Incluso una fracción chica de esa fracción gigante es mucho mercado.
Hoy los “abordajes emergentes favoritos” en tumores complicados y diseminados en sitios difíciles son los aceleradores para protonterapia o hadronterapia, máquinas despiadadamente caras. Para la BNCT ahora tiene una oportunidad REAL de hacer estudios masivos con aparatos más baratos, y convencer a los no creyentes o a los simplemente desilusionados de que no han esperado 30 años en vano.
Corea está en mejores condiciones que nosotros para pagar semejante investigación clínica. Si las cosas salen bien, miles de personas hoy sin perspectivas ganarán años de vida y los radiólogos pensarán en la BNCT como un arma opcional para casos difíciles, y luego quizás en un abordaje habitual de primera línea, ya muy lejos de aquel eterno experimento científico. Y en ese caso aquí, como padres intelectuales de la criatura que se ve en la foto, estaremos cobrando unas regalías de órdago.
En suma, que lo que le vendemos a Corea todavía es una solución en busca de problemas, y lo que pagan (U$ 700 mil) es una bicoca. Pero esto nos permite sumarnos a la carrera con 8 países subidos a un potro veloz. Y la propiedad intelectual del acelerador de la CNEA sigue siendo argentina. Esto significa que más que un cliente de única vez, en Corea tenemos un cliente/socio para una relación más larga. Y según vienen las cosas aquí, eso da para celebrar.
Remando en dulce de leche
Esto que narré podría no haber sucedido en absoluto. Desde 2008 a 2015 el progreso fue constante, pero desde 2016 el proyecto siguió vivo sólo por la vocación de remar contra viento y marea del equipo conducido por el físico Andrés Kreiner, quien ha escrito más de una vez en AgendAR.
Kreiner vino peleando cada centavo en una CNEA supeditada desde 2016 a ser una repartición sometida a la Secretaría de Energía, teledirigida a través de una Subsecretaría por indiferentes caciques petroleros, y con un inexplicable sociólogo (sic),el licenciado Julián Gadano,al frente de la mayor masa crítica de doctores y posdoctorados en disciplinas nucleares del Hemisferio Sur.
Según usos y costumbres, los mandamases petroleros no son gente que vaya a poner un mango en desarrollos tecnológicos y médicos como éste. Si les hablan de energía atómica, ¡cruz diablo!, recuerdan que 1000 megavatios nucleoeléctricos son 1.600 millones de metros cúbicos de gas que no te podrán vender. Y si se agarran un cáncer, se van a hacer tratar en EEUU.
Kreiner y otros 150 expertos en el 18° Congreso Internacional sobre BNCT en Taipei, 2018. Es el de saco gris pero sin corbata, en tercera fila a la izquierda. Pudo asistir pese a la negativa del subsecretario de Energía Nuclear a pagarle el hotel. Taiwán se hizo cargo de todo. La venta de la fuente de neutrones de la CNEA a Corea se “chamuyó” en ese congreso.
Bajo tal dirigencia la CNEA, señoras y señores, perdió el 53% de su presupuesto en 4 años. En 2015, fue de U$ 363 millones, y en 2019, de U$ 170. Se paró casi todo proyecto de investigación, se atrasaron y luego frenaron obras críticas como las del reactor RA-10 de Ezeiza y el CAREM 25 en Lima, éste con 500 suspensiones, se cerró la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén con el raje de más de 350 trabajadores altamente calificados, y la lista sigue. En cuatro años retrocedimos veinte.
En la debacle general, el equipo de Kreiner sobrevivió al “presupuesto cero” que decapitó a muchos otros sólo porque estaba defendido por contratos de construcción y equipamiento firmados antes de 2016. Su caída habría generado juicios contra la CNEA.
Gadano tuvo que sostener este proyecto sólo porque fue defendido por sus subordinados, pero lo hizo como la cuerda al ahorcado. La constructora debió haber terminado en 2017 un búnker donde cupiera una máquina del doble de voltaje que la que se ve en la foto, pero esa firma adoptó la costumbre de detener la obra para renegociar, generalizada hoy entre todos los contratistas de la CNEA, razón por la cual hoy está parado todo: el Programa Nuclear en catatonia.
La fuente de neutrones para BNCT sigue comprimida en un laboratorio minúsculo del Centro Atómico Constituyentes. Con un despeje de al menos 10 metros de altura, podría producir 1,45 MeVs (mega electrón volts), lo que habría permitido al menos iniciar un “trial” de fase 1 en Argentina. En el mundo oncológico, si uno tiene resultados publicados y estos prometen, negocia con poder. Los interesados hacen fila ante tu puerta.
El equipo remanente del proyecto BNCT de la CNEA. Kreiner es el de la izquierda. Cortesía de Pedro Roth, revista TSS.
En esta especie de naufragio del Titanic iniciado en nuestro programa nuclear desde 2016, y mientras Kreiner hablaba con medio mundo (y entre ellos, los coreanos), aquí se le incendiaba el rancho: perdió 3 ingenieros electrónicos y 1 técnico, todos por sueldos bajos y niveles de frustración altísimos. Es una muestra micro de lo que pasó desde 2016 en todo el ámbito nuclear argentino. ¿Quiere una prueba gráfica? Compare el elenco de la foto de apertura con el de la mucho más reciente foto anterior.
Kreiner pudo concurrir al Congreso Mundial de BNCT de Taipei, el año pasado, porque los organizadores, que le vieron quilates a los fierros desarrollados en la CNEA, le pagaron todos los gastos. Los acuerdos entre instituciones científicas se cepillan y emprolijan a posteriori, pero los lineamientos técnicos concretos se han charlado antes en los pasillos de los congresos y conferencias. Si uno tiene algo interesante, sirven para eso.
Gadano es llamado “el turista nuclear” en otros pasillos (los de la CNEA) por viajar, infatigable y a escote del país, a todo tipo de eventos mundiales (y no precisamente en clase turista). Pero ante el congreso de BNCT en Taipei de 2018, Gadano se negó a firmarle la hotelería a Kreiner. Para vergüenza de la Argentina, se tuvo que hacer cargo de todo el estado de Taiwán.
En Taipei los coreanos se convencieron de la sencillez y aplicabilidad clínica de nuestra tecnología. Tras algunos meses de pulseada, esto terminó en el contrato que dio lugar a este artículo. “Para ser justo- confiesa Kreiner- tengo que decir que desde el presidente de la CNEA (Dr. Osvaldo Calzetta Larrieu) para abajo, las autoridades de la casa vieron que esto era importante para el país y pusieron el hombro para que todo saliera en tiempo y forma”. El físico se refiere a profesionales nucleares serios con décadas de trayectoria científica y tecnológica (como él mismo), no a turistas ni a petroleros.
Cuando las pesadillas se terminan, es hora de resucitar algunos sueños.
Durante este simposio que se realiza en el C3 se presentaron avances y desarrollos satelitales para órbita baja, un segmento que crece cada vez más. La baja de costos y la estandarización de la tecnología permite que nuevos países, empresas e instituciones incursionen en el sector espacial.
El “II Simposio Latinoamericano de Pequeños Satélites: Tecnologías avanzadas y sistemas distribuidos”, fue inaugurado en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), Godoy Cruz 2270, C.A.B.A., y se extiende hasta hoy, lunes 18. Está organizado por la Academia Internacional de Astronáutica, el Instituto Colomb de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de San Martín, y la empresa rionegrina INVAP.
Ahí se presentaron las tendencias mundiales y los desarrollos tecnológicos asociados con este tipo de artefactos. El objetivo principal del simposio es ofrecer oportunidades para intercambiar información, explorar nuevos conceptos y desarrollar nuevas relaciones de colaboraciones entre estudiantes, investigadores, la industria y la academia.
Hace tiempo que los pequeños satélites que ocupan órbitas de baja altura permitieron democratizar el acceso al espacio para países con menos recursos, sobre todo gracias al abaratamiento de la tecnología y la reducción de los costos de la puesta en órbita. En la órbita LEO (Low Earth Orbit), la más baja en la que se colocan satélites, a unos 400 kilómetros de altura, es posible colocar artefactos con una electrónica similar a la que se usa en la Tierra, lo que permite tener costos muy bajos en comparación con artefactos más complejos como los que ocupan alturas más altas.
Países en vías de desarrollo, empresas privadas e instituciones académicas de diversas partes del mundo están poniendo en órbita satélites de poco más de un kilo y una vida útil de alrededor de dos años por solo unos pocos miles de dólares, algo inimaginable décadas atrás.
“La Argentina está en una etapa incipiente en lo que hace a pequeños satélites, con un proyecto comercial como es el de la empresa Satellogic. Tenemos una posición muy fuerte en satélites grandes, como el SAOCOM, los dos geoestacionarios de ARSAT y la serie SAC de la CONAE, pero en pequeños satélites estamos comenzando. Sin embargo, algunos visitantes que hemos tenido se han sorprendido con el nivel de los trabajos de los estudiantes. Si bien la Argentina es líder a nivel regional, tal vez haya que poner un poco más de énfasis en este sector, como lo está haciendo Brasil”, dijo Livio Gratton, director del Instituto Colomb de la UNSAM.
Durante una de las jornadas que tuvieron lugar en el C3, en el Polo Científico de Palermo, expuso Makoto Kanazawa, director de la empresa japonesa Space BD, que presentó su plataforma de prueba de componentes espaciales y lanzamiento de satélites desde el módulo Kibo de la estación espacial internacional ISS. La misma posee un brazo robótico que tiene la capacidad de lanzar satélites pequeños al espacio así como un sector externo de la ISS en el que se pueden probar componentes en el espacio exterior. Se trata de una iniciativa comercial de acceso al espacio asociada a la Agencia Japonesa de Exploración del Espacio, JAXA, y este año ya se hicieron 16 lanzamientos de satélites desde la ISS.
En el simposio también se presentó el proyecto BIRDS, del también japonés Instituto de tecnología de Kyushu, que consiste en una plataforma de estandarización de satélites tipo cubesat, de 10 centímetros de lado, que permiten la experimentación a muy bajo costo, lo que posibilitó que, por ejemplo, Paraguay pudiera acceder a su primer satélite. Esta plataforma tiene la particularidad de que evita el uso de tornillos (mediante el uso de una estructura de aluminio doblado), que suelen ser un punto de falla durante la vibración que sufren estos artefactos durante el lanzamiento.
Se le preguntó a Gratton si la falta de avances en el lanzador Tronador II que se produjo en estos últimos cuatro años podía generar problemas en el desarrollo de satélites pequeños, a lo que respondió: “Los proyectos que van apareciendo pueden acomodarse con otros lanzamientos o incluso subirse a lanzamientos de misiones argentinas como el SAOCOM o SABIAMAR para lanzarlos con esa misión. No hay misiones para lanzar, no están listas, entonces el problema de no tener el Tronador II no está generando todavía una dificultad para lanzar nuestros satélites”.
Clive Oates, de Tecnología Satelital Surrey, presentó las pruebas iniciales de su futura constelación de 117 satélites en órbita Leo con antenas 5G, que permitirán conexión a celulares prácticamente en todo el mundo con alta velocidad. Esta tecnología podría ser muy útil en lugares sin cobertura de antenas terrenas o para trabajar como respaldo ante fallas en tierra. La misma empresa presentó su sistema de satélites de limpieza de órbita que son capaces de empujar a tierra satélites pequeños en desuso, tanto mediante el uso de redes como de arpones. La iniciativa podría ser útil en virtud de la gran cantidad de satélites que se lanzarán en diversas órbitas durante las próximas décadas. ( – Agencia TSS).
A pesar de las compras oficiales diarias, el dólar minorista completó el viernes tres semanas con bajas, tras registrar en las últimas cinco jornadas una merma de 12 centavos. Todo parece indicar que es el resultado del control de cambios implementado por el Banco Central a principios de septiembre, y potenciado a fines de octubre tras las elecciones presidenciales.
En la primera semana después del 27-O, el precio del dólar en entidades financieras y casas de cambio cayó $ 1,65, mientras que en los siguientes cinco días hábiles (primera semana de noviembre), anotó un retroceso de 30 centavos.
En rigor, desde la puesta en vigencia del cepo hard (se permiten solo compras de hasta u$s 200 por mes y por persona) hasta este viernes, el dólar minorista acumuló una baja de $ 3,18, o 2,1%, desde los $ 65 alcanzados previo a los comicios presidenciales. En tanto, la divisa mayorista registró desde el 28 de octubre pasado una caída mucho menor, de solo 33 centavos o 0,5%.
El retroceso en el tipo de cambio minorista fue mayor en estas semanas, debido a que los ahorristas se sobrecompraron antes de las elecciones, llevando el precio a valores récord, en momentos en que el BCRA contenía con fuertes ventas la cotización en el segmento mayorista. Con la calma cambiaria post 27-0, los minoristas comenzaron a desarmar sus tenencias para afrontar gastos corrientes en pesos, presionando a la baja al precio del dólar que se consigue en bancos y casas de cambio.
El BCRA, ante la ausencia de una demanda importante de dólares, aprovecha para realizar compras diarias de divisas, recuperando así parte de los recursos que utilizó para controlar la suba del dólar, antes del 27-O.
Desde la aplastante derrota del oficialismo en las PASO, el BCRA perdió unos u$s22.000 millones durante 11 semanas, pero con la vigencia del cepo hard la autoridad monetaria logró frenar la sangría, a partir de la compra de más de u$s 1.500 millones en el mercado mayorista (a través de bancos públicos), de acuerdo a datos oficiales y de operadores del mercado, aprovechando la fuerte restricción en la demanda.
Al mismo tiempo, los exportadores vienen acelerando lentamente las liquidaciones de divisas, ante la expectativa de la implementación de retenciones más altas, a partir del 10 diciembre con la asunción del nuevo gobierno peronista.
La quietud del precio del dólar hace a una transición más tranquila de lo temido. Los funcionarios que se van, y ciertamente los que llegan, se sienten más tranquilos. Pero la inflación -es decir, la desvalorización del peso- continúa. El aumento en los combustibles representa otro escalón. Se está alimentando un desequilibrio -todavía menor- pero que crece semana a semana. Los argentinos tenemos muchas experiencias que nos permiten anticipar como termina esta historia.
