Un trabajo realizado por la Cámara de Comercio detectó 419 puestos callejeros ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de junio. Según el informe elaborado del Observatorio de Comercio y Servicios, esto representó una baja de 41,1% en relación a la medición de junio de 2017 y de 7,1% en relación a mayo de 2018.
La caída interanual registrada estuvo vinculada a la reducción de la venta ilegal en las avenidas Pueyrredón, Avellaneda y zona Liniers.
Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 58,6% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representaron el 14,9% del total de las cuadras afectadas, lo que sugiere que controlando una pequeña porción de territorio se lograría una reducción significativa de esta actividad ilegal.
La calle Perú concentró, en total, 78 stands, con una participación de 26% en el total detectado en avenidas y calles. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Perú al 100, donde se relevaron 59 puestos. El segundo lugar fue para Bartolomé. Mitre al 2700, con 35 stands.
RUBROS
El rubro más comercializado fue Alimentos y bebidas, que abarcó el 29,8%, seguido por Indumentaria y calzado con el 28,6% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la estación Once de Septiembre, entre las Estaciones y Plazas, y zona Once, entre las avenidas y calles.
Por otro lado, se registró una baja en los casos de piratería de 58,6% respecto a junio de 2017, al detectarse un total de 91 casos, mientras que en comparación a la medición previa no hubo variaciones. La avenida Avellaneda y la estación Retiro se posicionaron como las principales zonas de venta de productos falsificados.
El economista en jefe de FIEL Juan Luis Bour señaló que la recesión podría durar hasta marzo del año que viene y que el alza del costo de vida está más cerca del 32%.
«Hay un periodo de recesión de la economía, caída pronunciada de la actividad que va a seguir por dos o tres trimestres más. La inflación en el segundo semestre del año está más cerca del 32%», remarcó Bour.
El economista también señaló que se espera que una mejora del agro permita que la economía repunte y se mostró a favor de mantener la baja gradual de 0,5 puntos a las retenciones a la soja «porque todavía hay margen para ajustar el gasto público».
En este sentido, destacó que el Gobierno se haya enfocado en frenar las incorporaciones de nuevos empleados públicos y se mostró preocupado con que el sistema de seguridad general se lleve «la mitad del presupuesto del Estado». «El problema es que se excedió el gasto y no se sabe de dónde pagar lo prometido», cerró.
Después del éxito de la primera licitación de medicamentos para la hemofilia, en la que el Ministerio de Salud, el PAMI, el IOMA y otras obras sociales ahorraron $1500 millones, la segunda licitación -de remedios oncológicos, cuyos sobres se abrieron esta semana- también fue muy beneficiosa para el PAMI. La institución conseguiría ahorrar entre un 68% y un 69% del presupuesto destinado a esos fármacos, según los precios vigentes, lo que equivale a unos $1450 millones.
La licitación incluye una treintena de medicamentos, que equivalen a 23 drogas, y participaron 23 laboratorios, mayoritariamente nacionales, con descuentos que llegaban a un 70% menos que los precios de convenio con la entidad, según informó el PAMI.
Esas 23 drogas representan el 40% del gasto en oncología del PAMI, es decir que son de los medicamentos más consumidos por los 79.000 pacientes en tratamiento que tiene actualmente la obra social.
Los resultados de la licitación deberían conocerse en menos de 60 días y la idea es que haya tres marcas por droga. Primero se tendrá en cuenta la marca más competitiva en cuanto al descuento que presentó y, si no alcanza el stock, se recurrirá sucesivamente a la segunda o la tercera.
Según figura en el acto de apertura cargado en la web de la institución, las empresas que participaron fueron Biosidus, Bagó, Novartis, Monte Verde, Eriochem, Tuteur, Gobbi Novag, Laboratorio Internacional Argentino, Laboratorios Richmond, Sanofi-Aventis, Microsules Argentina, Laboratorios IMA, Astrazeneca, Celnova argentina, Laboratorios Aspen, Laboratorio Varifarma, Finadiet, Biotechno Pharma, Laboratorio LKM, Laboratorios Federales Argentinos, Laboratorio Kemex, GP-Pharm y Glenmark Generics.
La próxima licitación incluirá 36 drogas de alto costo y, además del PAMI, participarán el Ministerio de Salud de la Nación, el de la provincia de Buenos Aires y el porteño, el IOMA, la obra social de la ciudad de Buenos Aires (Obsba), el gobierno de Santa Fe y la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa).
El FMI recomendó al Gobierno frenar la baja de retenciones a la soja y vender tierras. Y así el debate por un eventual freno al esquema gradual de rebaja de retenciones a las exportaciones de soja (iniciado en enero, del 0,5% mensual) reflotó durante esta semana.
Fue tras conocerse el viernes anterior un reporte del staff técnico del FMI, que coronó un universo amplio de economistas que sugieren cobrar derechos de exportación para amortiguar el impacto de la devaluación en los precios y las arcas fiscales.
Ese informe elevado al directorio del organismo recomendó suspender el cronograma y mantener en 25,5% esa alícuota en 2019, en caso de que sea necesario, para poder cumplir con la meta de déficit fiscal.
Cálculos de economistas reflejan que esa medida no tendría un impacto significativo en la recaudación, y que para cosechar por esta vía un monto que se aproxime al ajuste que debe aplicar el Gobierno para cumplir con la meta fiscal comprometida al FMI en 2019 la alícuota de la retención a la soja debería elevarse a 35% e imponer derechos de exportación de 10% al trigo y maíz.
El presidente Mauricio Macri reafirmó esta semana en conferencia de prensa que no cree “que las retenciones sean un impuesto inteligente y generen futuro”, pero varios referentes de la oposición se pronunciaron a favor de congelar la baja de retenciones, e incluso una parte del radicalismo.
Melisa Sala, de LCG, relativizó el impacto recaudatorio. Proyectó que “de mantenerse el esquema actual de baja progresiva, la recaudación de derechos de exportación al complejo sojero rondaría US$ 3.300 millones en 2019”, mientras que “frenar la baja de la alícuota en 25,5% implicaría recaudar aproximadamente US$ 860 millones adicionales”.
Alternativa. Federico Furiase, de ala consultora Eco Go planteó que “lo que movería el amperímetro es un escenario alternativo donde las retenciones a la soja subieran a 35% y se instalara 10% para maíz y trigo, con lo cual la recaudación ascendería a 1,2% del PBI, unos $ 216 mil millones, casi el ajuste que hay que hacer para 2019 para cumplir con la meta de déficit fiscal comprometida al FMI del 1,3% del PBI”.
El Gobierno nacional firmó los dos primeros contratos de fideicomisos para financiar los proyectos viales «PPP» (de participación público-privada). El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue este viernes a la Quinta de Olivos, con el presidente Mauricio Macri, para rubricarlos.
En total se trata de seis concesiones. Las dos primeras que se firmaron son el corredor A, operado por Paolini, Vial Agro y una constructora italiana. En la oferta económica, indicaron que podían hacer la obra por US$ 1.002 millones y fue la propuesta elegida.
Se espera que haya alguna precisión sobre los financistas de estas obras. Según el presidente Mauricio Macri, los constructores deben hacerla con su dinero y las cobrarán una vez finalizadas.
En AgendAR analizamos este sistema «Participación pública-privada» cuando se anunció la primera licitación, aquí.
Mientras la compañía Facebook aún no recuperar su atropellada reputación tras el escándalo de privacidad auspiciado por Cambridge Analytica, la extinta firma londinense que accedió a los datos de más de 87 millones de usuarios de la red social para crear publicidad bien segmentada que influyó en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, en favor de Donald Trump la acecha otro escándalo. Y van…
Ahora, en una medida desesperada por evitarlo la compañía de Mark Zuckerberg ha suspendido los vínculos con una organización llamada Crimson Hexagon, con sede en Boston, luego de que el Wall Street Journal (WSJ) reveló las conexiones y negocios que tenía esta institución «sin fines de lucro» con el Kremlin, con el gobierno turco y con el propio gobierno estadounidense.
Crimson Hexagon no tiene problemas en revelar en su sitio web que posee acceso instantáneo al mayor volumen de archivos de texto e imágenes no estructuradas a través de fuentes de datos sociales públicas en Internet y de empresas. Pues bien, todo indica que esta organización recopiló y analizó datos de usuarios de Facebook en nombre de los clientes.Facebook permitió filtrar datos de más de 3 millones de usuarios
Según el WSJ, lo que representa para Facebook esta noticia es que los vínculos entre el Gobierno de EE.UU y Crimson Hexagon infringen las políticas de la red social.
Gracias a un cálculo realizado por el INTA y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Argentina puede certificar que para producir casi todo el biocombustible que exporta se emite un 70% menos de gases de invernadero que el máximo que permite la Unión Europea.
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles. Para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo de dióxido de carbono (CO2).
Homologar una producción es uno de los mayores desafíos para las próximas décadas. El estudio que llevaron adelante el INTA y CARBIO, le permite a la Argentina certificar que producir casi la totalidad del biocombustible que exporta a la Unión Europea es sustentable. Porque en el proceso productivo se emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
Las emisiones totales de cada país son calculadas mediante una metodología preacordada llamada “Directrices para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite una cuantificación del total emitido, así como detectar los sectores con mayor impacto dentro de la economía.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que para producir el biocombustible argentino se emiten 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule de energía térmica contenida en el producto. En fórmula: 26 g CO2/MJ. Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino: ¡un 70% menos de lo que permite y se permite Europa!
Jorge Hilbert, referente en biocombustibles del INTA, señaló que “para obtener un valor único del biodiesel argentino fue necesario considerar los paquetes tecnológicos utilizados en la producción de soja, sumado a los valores de la industria que transforma el grano”.
“Con los resultados que obtuvimos podemos certificar y demostrar que los sistemas productivos de los biocombustibles argentinos cumplen con los criterios de sustentabilidad establecidos por la comunidad internacional”.
“El sistema de Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa de Cereales nos permite obtener con precisión las emisiones en soja por regiones tecnológicas homogéneas e identificar el perfil tecnológico del productor, con un alto nivel de detalle”, expresó Hilbert quien añadió: “Un convenio recientemente firmado con esta entidad nos permitirá expandir este tipo de estudios a otros cultivos extensivos”.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: “Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa”.
De igual modo, Balbín resaltó el trabajo de articulación realizado junto con las empresas productoras de biocombustible a escala industrial, que integran la CARBIO. “El conocimiento obtenido tiene un alto impacto en todo el sistema productivo y, además, nos permitirá posicionar al país en mercados que valoran la sostenibilidad de los procesos”, reflexionó.
Una de las principales ventajas del sistema de producción argentino es la siembra directa.
Según Víctor Castro, director ejecutivo de CARBIO, “el estudio nos permite comprobar que nuestro sistema de producción es eficiente en la reducción de emisiones. Si bien los principales países consumidores de biocombustibles son Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea, creemos que esto puede ser un disparador para acceder a otros mercados más chicos y que poseen otras características como Canadá”.
Una de las principales ventajas del sistema de producción argentino es la siembra directa, “un sistema que permite un ahorro de hasta el 40 % en el uso de combustible y reduce la cantidad de labores en el suelo. Además, la mayor concentración de producción de soja está en una zona de aproximadamente 300 kilómetros a la redonda».
“Conocer en detalle cómo producimos nos permitirá calcular con precisión las emisiones de GEI que derivan de sistemas productivos y podremos homologar en el ámbito internacional que nuestra industria es sustentable”.
Pues la minuciosidad del estudio contempla el cálculo de todas las empresas que exportan, el origen de los insumos, el transporte y los valores de molienda. “Con toda esta información, pudimos establecer que el valor promedio en la reducción total de las emisiones llega al 70 %”, aseguró el Director Ejecutivo de CARBIO.
En uno de cada cuatro hogares del país vive al menos una persona con algún tipo de dificultad. El dato surge de los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre Personas con Discapacidad presentado por el Indec.
En la última encuesta nacional de 2003/2004 la relación era de uno cada cinco. El nuevo informe también arrojó que el 10,2% -es decir, más de 3.500.000 argentinos de seis años y más– presenta algún tipo de dificultad. Y la incidencia crece con la edad, sobre todo entre las mujeres.
Si se promedia la situación en todo el país, el 25,3% de los hogares tienen al menos una persona con dificultad. Al dividirlo por regiones señalan que Cuyo cuenta con el porcentaje más alto (28,7%) mientras que en la Patagonia figura el más bajo (22,1%). En todos los casos, se contempló a poblaciones de localidades de más de 5.000 habitantes.
Durante el relevamiento, el 59% de los mayores de 6 o más declararon experimentar una sola dificultad. En tanto, el 30,5% dijo tener dos dificultades o más. El 10,5% restante sostuvo que no presentaba ninguna dificultad aunque, sin embargo, contaba con un certificado de discapacidad vigente.
La dificultad más prevalente es la motora. Sin embargo, en el análisis que se realiza por edad se evidencia que entre los niños y preadolescentes de 6 y los 14 años predominan los casos de dificultades mentales-cognitivas (48.3%). Es decir de problemas de habla, comunicación, aprendizaje y entendimiento.
Pocos de los que manifestaron tener algún tipo de dificultad cuentan con un certificado vigente. Seis de cada diez no lo tienen y un 9,5% de los que sí lo hicieron, no lo utilizan. En tanto, los que cuentan con dicha credencial y la usan dijeron que les sirve, principalmente, para viajar gratis en el transporte público, para la cobertura integral de medicación y para prestaciones de rehabilitación y educativas.
En esta misma línea, Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del Indec, contó que si bien había un dato del Censo 2010 sobre el tema, no era del todo preciso. «Por eso es tan importante este estudio que suma detalles que no se medían desde la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2003/2004”.
Para Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “tener datos siempre es significativo aunque el tema es después ver qué se hace con eso”. “Hay que pasar a la acción, tomar medidas concretar para evitar las principales barreras a las que se enfrentan a diario”, sostuvo Molero sobre ciertas trabas culturales y materiales.
La autoridad monetaria sostuvo en su último informe de política monetaria, conocido en la noche de este jueves, que el tercer trimestre del año será un poco mejor. Lograda una mayor estabilidad en el mercado cambiario a partir de una decisiva reacción de política monetaria, el BCRA considera en su escenario base que la inflación comienza a moderarse en julio y el tercer trimestre arroja un valor cercano al 2% mensual promedio.
En ese sendero, el IPC de julio sería el más alto del trimestre, esperándose entonces un descenso más pronunciado en agosto y septiembre. Así, se espera para los tres meses una inflación del 6%, contra el 8,5% que se acumuló entre abril y junio.
(La matemática indica que una inflación de 2% mensual equivale a una inflación anual de 26,82% ¿Se lo habrán dicho al Presidente?)
De todas maneras, ese sendero descendente que proyecta el BCRA no significa, como ya advirtió el organismo que conduce Luis Caputo en los otros días, un relajamiento de la política monetaria.
“Aunque el Banco Central anticipa un escenario de inflación moderándose a partir del tercer trimestre, se estima la necesidad de mantenerse el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación y la inflación esperada se alineen con la meta del 17% en diciembre de 2019″.
Caputo reiteró que el régimen de metas de inflación será reforzado por un control más estricto de agregados monetarios. “Subimos los encajes mínimos, establecimos que las tasas de interés relevantes de corto plazo sean consistentes con esta nueva contracción monetaria y seguiremos monitoreando los agregados monetarios para que no haya ninguna fuente potencial de suba de inflación en el sistema, pero la tasa de interés y las metas inflacionarias seguirán siendo la principal guía de política monetaria”. Aunque al mismo tiempo, reconoció que en épocas de alta inflación y volatilidad financiera, “es tal vez demasiado exigirle a las tasas que por si solas cumplan ese rol”.
El Ministerio de Trabajo acordó con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas que los tradicionales quioscos de diarios amplíen sus servicios y se adapten, así, a las nuevas demandas de consumo.
Los titulares de estos negocios podrán entregar correspondencia, papelería, paquetes, productos comprados por Internet, documentos de identidad, pasaportes y tarjetas de crédito y débito.
Para poder sumarse a esta nueva ola que les permite ampliar su oferta, los titulares de estos quioscos deberán solicitar una credencial adicional.
Según se explicó el eje esta medida está «en llevar de nuevo público al quiosco». Y resaltó que estos negocios suelen estar en puntos estratégicos, con lo cual esta es una forma de aprovechar su ubicación para brindar un servicio más amplio.
En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 2000 quioscos de diarios y revistas y más de 5000 en el Gran Buenos Aires.
Martín Schvartzman, que participó del arreglo como ejecutivo del diario La Nación, aclaró que la actividad de los quioscos de diarios y revistas solo está regulada en la Argentina y Uruguay y destacó la importancia de la negociación. «Este es un trabajo de dos años que realizamos en conjunto todos los integrantes de la cadena: sindicato de vendedores, editores y el Ministerio de Trabajo para generar más actividad en los puntos de venta y mejorar el nivel de ingresos de todos», explicó.
Quienes participaron del encuentro en el que se firmó el acuerdo fueron el ministro de Trabajo Jorge Triaca; el secretario de Trabajo, Horacio Pitraum; el secretario del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Sivendia) Aldo Lo Castro; y los representantes de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (Sddra) Carlos Taboada, Martín Codo y Héctor Emenguiya.
Tras haber vendido el año pasado, sus acciones en Telecom Argentina en el marco de la fusión entre esa compañía y Cablevisión, la familia Werthein vuelve al negocio de las telecomunicaciones.
Lo hacen compartiendo la propiedad de una nueva sociedad dedicada al desarrollo de cableado submarino de fibra óptica que acaba de ser seleccionada precisamente por Telecom Argentina para expandir sus redes entre el país y Brasil.
En este marco, el Grupo Werthein llevará a cabo el proyecto junto a la empresa Seaborn Networks. Con una inversión de US$ 50 millones, ambas construirán un cable submarino de fibra óptica conectando Argentina con Brasil. Se trata del primer desarrollo de este tipo en los últimos 16 años y el proyecto se denominará ARBR. Su construcción estará a cargo de Seaborn Networks y cubrirá el trayecto entre Praia Grande (Brasil) y Las Toninas (Argentina).
Luego tendrá conexión directa con el cable Seabras-1, que acaba de construir Seaborn entre New Jersey (USA) y Praia Grande (Brasil), con más de 11.000 km de longitud a través del Océano Atlántico, demandando una inversión superior a US$ 500 millones.
Mediante fiscalizaciones satelitales y presenciales realizados en lo que va del año, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detectó en inmuebles de todo el territorio bonaerense 1.518.892 metros cuadrados construidos que los propietarios nunca habían declarado ante el fisco.
A partir de los procedimientos de verificación y notificación correspondientes, esas construcciones y mejoras fueron regularizadas e incorporadas a los registros catastrales, lo que según ARBA, significará un incremento de $ 53 millones anuales en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.
Al respecto, el director de ARBA, Gastón Fossati, destacó que «a través de herramientas tecnológicas y operativos de campo pudimos terminar con esta situación de incumplimiento en el Impuesto Inmobiliario», y aseguró que «ahora estos propietarios van a pagar en función de su verdadera capacidad contributiva».
Los partidos en donde se detectó la mayor cantidad de metros cuadrados construidos sin declarar fueron Pilar (188.330 m2), Bahía Blanca (117.932 m2), General Pueyrredón (111.777 m2), La Plata (108.369 m2), Tigre (99.230 m2) y Moreno (91.913 m2).
Como consecuencia del aumento de los valores de los pasajes en los transportes públicos, el Gobierno decidió incrementar el saldo negativo que permite la tarjeta SUBE que ahora será equivalente al equivalente de tres boletos mínimos de colectivo. La medida regirá desde agosto.
Anteriormente, ese monto que permitía a los pasajeros viajar cuando ya no tenían carga era de $ 20, un saldo que con la actualización de las tarifas se quedaba corto en muchos casos. Ahora, según una resolución del ministerio de Transporte, será equivalente a tres boletos mínimos de colectivo, por lo cual en el caso de la Ciudad de Buenos Aires será de $ 30.
Pero además, se determinó que el nuevo valor para tramitar la tarjeta -tanto por primera vez como por reposición- será del equivalente a cinco boletos mínimos de colectivo de jurisdicción nacional. En decir, costará $ 50.
La compañía se dedica al cultivo, elaboración y venta de cannabis medicinal. En su primera jornada, su valor subió 31,7%. Ya son tres las empresas canadienses del rubro que están presentes en la bolsa de Nueva York.
Se trata de la empresa canadiense Tilray, dedicada a la producción de marihuana medicinal. Su ingreso al índice Nasdaq -utilizará el ticker «TLRY»- se produjo con una oferta pública inicial de 9 millones de acciones y un precio de referencia de 17 dólares.
Tras el alza de 31,7% en su cotización, el precio por acción quedó fijado en 22,39 dólares. Como es tradicional en el primer día de cotización, los líderes de la empresa tocaron la campana que marca la apertura de la jornada en Wall Street.
Controlada por la firma de inversiones estadounidense Privateer, Tilray prevé destinar el dinero recaudado con su salida a bolsa para efectuar pagos a su propietaria, así como la puesta en marcha de nuevas instalaciones de cultivo y procesado de cannabis en Ontario.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se consagró campeona hoy viernes 20 en la Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition 2018 que se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
El equipo ganador estaba compuesto por los estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann, quienes fueron acompañados por la tutora académica Katia Rosenblat y la co-tutora Jimena Posleman.
Esta es la décima edición de la competencia de alegatos en derechos humanos que es organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria ( Sudáfrica ) en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y participan de este concurso universidades de todo el mundo.
El equipo que representó a la UBA fue elegido el 6 de noviembre de 2017, por un equipo de docentes y ex participantes de la Competencia. Previamente, los postulantes habían recibido un caso hipotético relacionado con posibles violaciones de derechos humanos. Sobre el mismo, debieron presentar un memorial escrito en representación del Estado demandado y luego defenderlo oralmente ante un panel de jueces y juezas. Ambas presentaciones se realizaron íntegramente en idioma inglés.
De las 166 universidades inscriptas, solo 40 (representando equitativamente a las cinco regiones de las Naciones Unidas) superaron la instancia de memoriales escritos y avanzaron a las rondas orales. Entre las que llegaron a esta etapa, además de la UBA estaban la Universidad de Yale (EEUU), Universidad de San Pablo (Brasil), University of Lucerne (Suiza), Universidad de Oxford (Reino Unido).
El freno de la economía ya se hace sentir en el sector fabril: la actividad industrial en mayo cayó 1,9% contra el mismo mes del año anterior, según un informe que difundió la Unión Industrial Argentina.
Es el primer que registró negativo en lo que va del año.
De hecho, entre enero y mayo el sector acumuló un crecimiento de 2,4%. Para lo que resta del 2018 se espera que los números positivos se vayan diluyendo por la caída de la demanda y el financiamiento caro.
Si bien la magnitud es diferente, la baja de la producción industrial también se notó en el Indice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, que en mayo cayó 0,9% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado para los primeros cinco meses, dice FIEL, la industria modera su ritmo de crecimiento y suma una mejora de 3,1%.
Los datos que se conocen hasta ahora respecto de junio no son auspiciosos. Los despachos de cemento cayeron 2,8% el mes pasado, los insumos para la construcción bajaron 5,4% y la producción automotriz se contrajo 13,4%, debido en gran parte al efecto del paro de camioneros en Brasil a principios de mes.
Según informa en Clarin una nota del periodista Ismael Bermúdez, como consecuencia de la caída del costo salarial, en Argentina aumentó la productividad laboral: en 12 meses la remuneración al trabajo creció el 24,3%, y el excedente bruto de las empresas subió el 30,7%. Ambos en valores nominales, sin tener en cuenta la inflación.
En el último año bajó la participación de la masa salarial en el valor generado en la producción. La caída fue de 2,3 puntos al pasar del 53,8% en el primer trimestre de 2017 al 51,5% en igual período de 2018, según informó el INDEC.
La baja se explica porque el año pasado hubo un aumento de la producción mientras la “remuneración al trabajo asalariado” creció menos que la suba de los precios y las mayores cantidades producidas. También porque el ingreso de los trabajadores se basó en mayor medida en el empleo en negro, de salarios más bajos que además eluden el pago de cargas sociales. Según el INDEC, en ese período los puestos de asalariados no registrados crecieron el 5,8% (253.000 personas más) y el de asalariados registrados 1,1% (121.000).
El trabajo en negro fue el tipo de empleo que más creció en un año.
También hubo una reducción del 12,5% al 12,1% en la participación de la mano de obra no remunerada realizada por los propietarios o por otros miembros de la familia “que no puede identificarse por separado del rendimiento obtenido por el propietario como empresario”. En tanto la participación de los impuestos netos de subsidios pasó de -2,5% a -0,1%. Esa diferencia, en gran parte, se explica por la reducción de los subsidios.
De estos datos se infiere que hubo un aumento de la productividad laboral basada en una mayor precariedad y reducción en términos reales de la masa salarial. Y una mejora del 36,2 al 36,5% en el excedente bruto de las empresas constituidas en sociedad, “sin tener en cuenta los intereses, las rentas o los gastos análogos a pagar por los activos financieros”, entre otros conceptos. Excluido el sector público, el excedente privado asciende al 43%.
Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad y profesor de Crecimiento Económico de la UBA dijo que “la caída del poder adquisitivo y de los costos laborales están reflejando no solo que los salarios suben menos que los precios, sino también una tendencia hacia la fragilidad del empleo en los últimos años, tanto durante la anterior como la actual gestión.
Por ejemplo, las categorías ocupacionales que más crecieron en la estructura del empleo fueron los puestos de trabajo de los no asalariados y cuentapropistas. Así la economía argentina sigue generando puestos de trabajo de ‘baja calidad’.
La estrategia de avisos que la AFIP comenzó a implementar parece haber empezado a surtir efecto. Es así si se miran los datos oficiales que comunican desde el Gobierno. Un total de 36.000 trabajadores de casas particulares fueron formalizados.
Unos 650.000 contribuyentes habían sido intimados por el organismo tributario para que blanqueen sus personal doméstico. Los seleccionados habían sido elegidos a través de un cruce de datos patrimoniales y de consumo, el cual AFIP usó para determinar si en esos hogares había un trabajador para tareas domésticas.
Hasta abril el Ministerio de Trabajo tenía en sus registros 481.600 personas asalariadas que se desempeñaban en casas particulares, apenas 38 mil más que en diciembre de 2015. Y según los datos preliminares del organismo, en solo dos meses se amplió la nómina blanqueada en ese segmento en un 7 %.
Cuando la pelota vuelva a rodar en las canchas de nuestro país, habrán pasado 88 días desde el lunes 14 de mayo, cuando el clásico River-San Lorenzo cerró la última jornada de la Superliga 2017/2018.
Y mientras empieza la cuenta regresiva hasta el 10 de agosto, el fixture genera muchas expectativas. Recién este jueves a las 12.30, en las oficinas que la Superliga posee en Olga Cossettini 771, se presentará el calendario que confeccionó el Instituto de Cálculo de la UBA y cuyo bosquejo fue sometido al análisis de los clubes. No faltaron presiones y reclamos. Por ejemplo, Boca no quería jugar ante Vélez en Liniers por Mauro Zárate. Por eso se postergó por 24 horas la presentación.
Con el plan de reducción gradual que se estableció en 2016 para desactivar el engendro de 30 equipos, la última voluntad de Julio Grondona, habrá un torneo de 26 clubes, que terminará siendo de 22 en 2020. Así está escrito en el Estatuto, más allá de la sugerencia de Gianni Infantino, titular de la FIFA, quien asegura que los campeonatos más competitivos tienen 18 equipos, una tendencia en la que hizo punta la Bundesliga.
Bajo esta coyuntura, se disputarán 25 fechas. Habrá cuatro descensos y dos ascensos. Terminará la primera semana de abril, con un receso de verano entre el 12 de diciembre y el 27 de enero.
Los matemáticos de la UBA, que también arman los fixtures de la Liga Nacional de Basquet, las Eliminatorias de la Conmebol y el campeonato chileno, tomaron en cuenta algunos puntos para la nueva Superliga. Ya no habrá parejitas, con excepción de la primera fecha: Racing visitará a Atlético Tucumán e Independiente recibirá a San Martín de esa provincia. Y para que los kilómetros recorridos sean equitativos para todos, cada equipo hará tres viajes a las regiones del Norte, Cuyo y Córdoba. Incluso, hasta se contempló un posible cruce de hinchadas. Y se invirtieron las localías de los clásicos respecto al torneo anterior.
Y a pesar de todo, la dirigencia de Racing «tiró la bronca». Desde Avellaneda entienden que fueron perjudicados en comparación con River, que será su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores: En las primeras tres jornadas tendrán que hacer dos viajes (a Tucumán y a Paraná) y el de Núñez tendrá que visitar Parque Patricios.
Trascendió que Boca será local ante Talleres en la jornada inaugural y River, visitante de Lanús. San Lorenzo jugará con Tigre en Victoria. Se está evaluando la vuelta de los visitantes y la implementación del VAR (Video de Asistencia al Referí).
El Gobierno redujo los aranceles a la importación de autopartes, con el fin de “mejorar
la competitividad de la industria automotriz y autopartista”. A través de esa medida, se amplió el listado de bienes sujetos a reducción arancelaria al 2% para cerca de 130 autopartes, siempre que tengan como destino la producción de vehículos y autopartes. Y que sean autopartes que no se producen aun en el país.
Producción destacó, en un comunicado, que el objetivo de la reducción de aranceles «es reducir costos y mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor e incluye a fabricantes de remolques, buses, camiones y maquinaria agrícola».
Recientemente el Estado brasileño anunció una serie de incentivos para la industria local, motivo por el cual el ministro de Producción, Dante Sica, viajó el 9 de julio a Brasilia. Sica le manifestó allí a su par brasileño, Marcos Jorge, la inquietud de la Argentina por la normativa sancionada, que incluye beneficios para la importación de autopartes no producidas en Brasil.
En realidad, las industrias automotrices argentina y brasileña hoy están vinculadas tan estrechamente que las terminales planean su producción como si se tratara de un sólo mercado. En una rama de la producción cada vez más globalizada. Y -es inevitable- eso condiciona a los autopartistas.
Pero el hecho es que la participación argentina ha caído, y sigue cayendo, en relación a la de Brasil.
La dificultad más prevalente es la motora. Sin embargo, en el análisis que se realiza por edad se evidencia que entre los niños y preadolescentes de 6 y los 14 años predominan los casos de dificultades mentales-cognitivas (48.3%). Es decir de problemas de habla, comunicación, aprendizaje y entendimiento.
Pocos de los que manifestaron tener algún tipo de dificultad cuentan con un certificado vigente. Seis de cada diez no lo tienen y un 9,5% de los que sí lo hicieron, no lo utilizan. En tanto, los que cuentan con dicha credencial y la usan dijeron que les sirve, principalmente, para viajar gratis en el transporte público, para la cobertura integral de medicación y para prestaciones de rehabilitación y educativas.
En esta misma línea, Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del Indec, contó que si bien había un dato del Censo 2010 sobre el tema, no era del todo preciso. «Por eso es tan importante este estudio que suma detalles que no se medían desde la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2003/2004”.
Para Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “tener datos siempre es significativo aunque el tema es después ver qué se hace con eso”. “Hay que pasar a la acción, tomar medidas concretar para evitar las principales barreras a las que se enfrentan a diario”, sostuvo Molero sobre ciertas trabas culturales y materiales. 
