La crisis cambiaria, el proceso recesivo y la inflación impactaron con fuerza en las ventas de shoppings y supermercados durante julio de este 2018, con caídas cercanas al 4 por ciento en las ventas interanuales, informó el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
El organismo indicó que las ventas por cantidades en los supermercados cayó 3,7 por ciento durante julio, comparado con el mismo mes del 2017, mientras que en los centros de compras, la contracción del consumo llegó al 3,8 por ciento.
Para estos establecimientos comerciales, julio fue el mes en que más se reflejó la preocupante situación económica y financiera que atraviesa el país, ya que en meses anteriores el entusiasmo por el Mundial motorizó las ventas de televisores y con eso se equilibró en parte el nivel del consumo.
Las bajas de las ventas en los supermercados durante julio es la cuarta baja mensual en el año y se produjo después de un bimestre de variaciones interanuales positivas.
La crisis está impulsando los negocios de Uber en Argentina, que ya es el mercado con mayor crecimiento a nivel mundial de la empresa pese a que el servicio es ilegal en la Ciudad, informó la agencia Reuters.
«En medio de una fuerte caída en sus ingresos muchos argentinos se han volcado en busca de trabajo a la aplicación, que si bien tiene un volumen de negocios bajo en comparación con otros países está creciendo exponencialmente tanto en cantidad de conductores como de usuarios a nivel local», explicaron ejecutivos de la compañía a Reuters.
En el mercado argentino, Uber registra semanalmente entre 2.500 y 3.000 conductores nuevos y alrededor de 45.000 nuevos usuarios, afirmó Felipe Fernández Aramburu, responsable de desarrollo de negocios local de la compañía.
“Lo que suma al crecimiento es la situación macroeconómica del país. Seguramente ha ayudado que mucha gente encuentre como alternativa de ingresos el uso de la plataforma”, explicó.
Según Reuters, los conductores de Uber pueden obtener ingresos promedio de entre $ 25.000 y $ 30.000 por mes si trabajan 8 horas por día, sumado a que por ahora no se está cobrando la totalidad de las comisiones porque la empresa tiene limitado el pago por medios digitales.
Una encuesta hecha por Uber aseguró que para el 40% de sus conductores la aplicación es su única fuente de ingresos, mientras que un 20% de los choferes activos antes de dedicarse a esto estaba desempleado.
Mientras las ventas de autos siguen retrocediendo, hay algo que crece en el sector: la participación de los 0 km importados. Pese al fuerte aumento del dólar, los vehículos que llegan del exterior están alcanzando un pico histórico ya que representan el 75% del total de las operaciones contra el 71% que registraron en 2017.
Entre enero y agosto, tres de cada cuatro vehículos que se comercializaron se producen en otros países, especialmente en Brasil, dejando a los de fabricación nacional con sólo 25% de penetración.
Es cierto que ese récord se registra medido en porcentaje ya que en unidades, por la caída del mercado que se espera para este año, durante 2018 se venderán menos autos importados que en 2017 pero lo mismo sucederá con los 0km «made in Argentina».
Para este año se estima un mercado de unas 800.000 unidades mientras que en 2017 se patentaron 900.000. Hasta agosto, se habían patentado 609.523 autos o vehículos comerciales livianos de los cuales sólo 151.026 son de producción nacional.
Hasta los ’90 un auto argentino lo era en el 98% de su valor en mano de obra y en componentes. El mercado funcionaba así. En estos días, por causas que exceden este informe, se considera argentino a un auto con un 30% de componentes «Made in Argentina».
Bueno, de esos estamos comprando sólo el 35% de lo que se vende. Cada vez más un lugar que un país.
Un informe del BID, Banco Interamericano de Desarrollo funciona como una denuncia cruel pero certera del estado ruinoso de la infraestructura en la región. La Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela son los más afectados:
«Desde caminos plagados de pozos y puentes deteriorados hasta aeropuertos y puertos marítimos por debajo de los estándares, la infraestructura inadecuada menoscaba el crecimiento de la región. Si bien el ladrillo y el cemento por sí solos no pueden asegurar la prosperidad, sin servicios de infraestructura aceptables es difícil que un país pueda competir en el mundo moderno».
El problema principal, dice el informe, es que los países de la región no invierten lo suficiente en infraestructura.
Entre 1992 y 2015 la inversión pública y privada alcanzó un promedio de 2,75% del PBI, y entre 2008 y 2015 el promedio ascendió al 3,8%.
Este nivel de gasto es bajo en comparación con China (8,5%) Japón y la India (5%), y el promedio de los países desarrollados (4%).
Además, las cifras de inversión actuales están por debajo de las de los años 80. «No es sorprendente que la baja inversión en infraestructura haya generado servicios deficientes, particularmente en la Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, que es considerablemente inferior a lo que debería ser por sus niveles de ingreso», enfatiza el informe.
El BID señala además un estudio del McKinsey Global Institute que llega a la conclusión de que esos países podrían satisfacer la demanda de servicios de infraestructura, invirtiendo solo el 60% de los costos históricos si las inversiones fueran eficientes.
Esto no se puede disimular por temor a parecerse a los comunicadores que promueven los males que advierten. O a la acusación política de formar parte del «club del helicóptero». Un presidente del Banco Central no renuncia cuando el presidente de su país está en visita oficial a las Naciones Unidas, conversando con banqueros y periodistas económicos para decirles que está todo bien en su país.
En todo caso, Luis «Toto» Caputo o quienes forzaron su renuncia en este momento se han sumado al «club de helicóptero».
AgendAR analizó la coyuntura con que comenzaba esta semana aquí, horas antes de conocerse esta renuncia. Y sólo cabe reiterar ese diagnóstico.
Como corresponde al periodismo, copiamos abajo el CV del economista Guido Sandleris que será el nuevo presidente del BCRA. Vicepresidente continuará siendo Gustavo Cañonero, que entró con Caputo. Pero en estas circunstancias, por la política futura del Banco Central argentino se aconseja preguntarle a los técnicos del Fondo. Que tradicionalmente no aprueban de usar reservas en un fútil intento de contener devaluaciones.
Sandleris recibió su Doctorado en Economía de Columbia University en 2005; su maestría, también en Economía, de la London School of Economics y su Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires.
Desde 2007 es Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, donde entre 2007 y 2015 dirigió el Centro de Investigación en Finanzas y fue Decano de la Escuela de Negocios entre 2014 y 2015.
Previamente, fue Profesor en Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics y la Universidad de Los Andes.
Fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
Desde mediados de 2018 es Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.
En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.
Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía, pero no tiene antecedentes en política monetaria. Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos.
Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.
Ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el BCRA, el Banco Mundial, Columbia University y LACEA.
Realizó trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuración General del Tesoro y varios bancos de inversión y gobiernos de América Latina.
Dos noticias muy importantes para Argentina y su futuro en estos días. De signo opuesto. Una negativa: la compra «llave en mano» de una central nuclear de tecnología no probada -de eso AgendAR dio su opinión aquí. Otra positiva: la recuperación de la planta nucleoeléctrica cordobesa de Embalse por técnicos argentinos.Publicamos la 1° parte de este artículo de Daniel Arias que echa luz sobre ambas.
30 AÑOS MÁS PARA LA CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE
En un país donde sólo la recesión impide los apagones masivos, ésta es una noticia MUY buena: como antes lo hicieron otras dos centrales CANDU en Canadá y Corea la planta nucleoeléctrica cordobesa de Embalse fue laboriosamente “retubada” desde diciembre de 2015 hasta el 7 de septiembre pasado. Ahora empiezan, minuciosos, los testeos escalonados de la puesta en marcha. Embalse vuelve.
Estará entregando electricidad a la red en la 2da. semana de noviembre, licenciada para hacerlo 25 años más a su nueva potencia nominal: 686 MW eléctricos netos. Es un 6% más que la que tenía cuando nueva, y alcanza para dar servicio a 3 millones de habitantes con un factor de disponibilidad anual previsto del 93%. Cuando se necesita, está ahí. Como debe ser la potencia “de base”.
En términos comparativos, la “utility” eléctrica cordobesa EPEC tiene 1853 MW instalados en 7 centrales hidráulicas y 8 térmicas, que están lejos de empardar la disponibilidad de la nucleoeléctrica a orillas del lago artificial de Río Tercero. ¿Funciona Córdoba sin Embalse? Desde los ’90, el cordobés de a pie pagó siempre caro el kw/h, pero desde que Embalse paró para “retubar” (fines de 2015), la vida es tarifazos y caídas de tensión. Eso sucede pese al cierre de muchas fábricas y el bajo factor de ocupación de las que resisten, en mínimos como no se los ve desde 2001. Si no hay apagón puro y duro, en horas veraniegas pico, el aire acondicionado ventila más de lo que refrigera.
En sus primeros 30 años de vida Embalse figuró entre las 10 centrales nucleoeléctricas con mayor “uptime” del mundo: un 87,6% de factor de disponibilidad desde 1984 hasta 2015. Casi no tuvo paradas inesperadas por desperfectos y las programadas de mantenimiento se cumplieron en tiempo y forma.
El aumento de 6 puntos en disponibilidad no emerge de conjeturas matemáticas sino de la performance de Point Leprau, New Brunswick, Canadá, y de Wolsong, Corea, otras CANDU 6 ya “retubadas”. 25 “años/reactor” de licenciamiento equivalen a 30 años de calendario, porque se suman paradas que inevitablemente serán más frecuentes y largas hacia finales de su segunda vida. Funcionará hasta 2048.
Cada año en línea Embalse ahorrará emisiones de dióxido de carbono equivalentes a las emitidas por 900.000 automóviles (toda Córdoba tiene 1,2 millones). En la Argentina el 64% de la electricidad es térmica, ergo contaminante doble y problema triple: por un lado disminuye la expectativa promedio de vida en las ciudades por EPOC, cáncer, trastornos inmunes y cardiovasculares. Por otro lado, contribuye al recalentamiento global. Y de yapa, nos endeuda en importaciones de gas y combustibles líquidos.
La electricidad en Córdoba seguirá siendo cara: NA-SA genera a U$ 47,5 el MW/h, bien por debajo de las nuevas eólicas, que tienen asegurados U$ 105 el MW/h por contrato y prioridad de despacho. En La Docta la incidencia de sequía del verano 2017/18 en los lagos hidroeléctricos se sumó a la ausencia de la nuclear, el pilar energético de la región Centro. Quizás este verano de 2018/19 las heladeras se quemen menos y los equipos de aire acondicionado logren enfriar. Hasta en Greenpeace deben rogar que Embalse vuelva al ruedo, aunque jamás lo confiesen: sería pésimo para el negocio.
Las CANDU 6 son buenas centrales, fabricamos su combustible desde 1984 y podríamos hacer cuantas querramos con el porcentaje de componentes locales que logremos negociar… pero despídase de ellas. Este año el gobierno descartó la oferta de una Enhanced CANDU de 750 MW financiada al 75% a construir en Lima, al lado de las Atuchas I y II, por lo que ya se la llamaba Atucha III. China nos venía tentando con esta unidad a cambio de que le compráramos “llave en mano” una Hualong I de 1180 MW de uranio enriquecido. Esto dividió aguas en el ambiente nuclear. Unos decían: “Agarrá la CANDU, que va a tardar 5 años en entrar en línea, y después vemos”. Otros, en cambio, objetaban:
¿Uranio enriquecido? No producimos ese combustible. Si llegamos a tener algún lío diplomático serio por pesca, infraestructura, deuda o lo que sea con China… es apagón.
No hay experiencia con las Hualong I ni en China, donde se está terminando el primer prototipo. Tal vez sea excelente pero antes debería mostrarlo en origen. Es una compra a ciegas.
De todos modos, a fines de 2015 era lo que estaba pactado con el gobierno chino y la CNNC (Chinese National Nuclear Corporation), que se compró prácticamente el “franchising” de CANDU. Pero desde que asumió el presidente Mauricio Macri, su ex ministro de Energía y sus sucesivos cancilleres frenaron con distintos argumentos el arranque de obra de Atucha III, hasta que en mayo de 2018 finalmente la descartaron. Basta de CANDU.
Van “de cabeza” por la Hualong I, con una compra “llave en mano” que habría sido vergonzosa en los ’60, cuando no teníamos ninguna experiencia en centrales nucleoléctricas, pero 60 años más tarde es inadmisible. Piensan dejar todo firmado con Xi-Jinping el 2 de diciembre, cuando haya terminado la Cumbre del G20 en Buenos Aires. El próximo gobierno, acogotado en deudas, difícilmente tenga margen para renegociar esta agachada. Sobre esto, AgendAR fijó posición aquí. Y la expresidente de la CNEA, Norma Boero, opinó lo siguiente.
CANDU Energy pierde, pero la CNNC exulta: les faltaba ver un pescado que escupa la carnada para tragarse directamente el anzuelo.
2. ¿Por qué la extensión de vida útil de Embalse?Embalse con nuevo look: construcción anexa y 6 generadores diésel para refrigerar el núcleo.
La pregunta ya quedó muy contestada: “descarboniza” un poco nuestra matriz energética y la emisión de gases invernadero del país y de Córdoba, además de dar estabilidad eléctrica al centro del país. Pero hay otras respuestas.
¿Cuánto pagó China a fines de milenio por 2 CANDU 6, Qinshan 4 y 5? Son versiones modernizadas de Embalse previstas para durar 60 años. Las compró CNNC (China National Nuclear Company) con el cambio de milenio y le costaron unos U$ 4000 millones por pieza. Con la inflación del dólar da U$ 5600 millones de hoy, sin contar costos futuros de retubamiento.
Hechas las cuentas, los U$ 2150 millones pagados por el retubado y repotenciación de Embalse son razonables. Lo que alivianó la factura es que casi toda la obra se hizo con empresas, componentes y personal argentinos, en pesos y sin exportar dólares, salvo casos inevitables. La lógica era fortalecer la industria local y los recursos humanos de NA-SA para luego derivarla a Atucha III.
En ocasión del retubamiento, los contratos de Embalse se limitaron a CANDU Energy por asesorías, y Mammoet (holandesa) por mover componentes gigantes, como los generadores de vapor. Las piezas de reposición se hicieron íntegramente en el país (CONUAR hizo los tubos un “U” de incoloy, IMPSA los cartuchos). Y Mammoet, que en holandés significa muy adecuadamente “Mamut”, coreografió el intrincado ballet de 2500 toneladas de máquinas y componentes en el interior del edificio de contención. Vale la pena ver un video de esa paquidérmica danza de fierros gigantes y humanos diminutos:
Pero a la hora de pagarle a los humanos diminutos, el 97% de ellos eran compatriotas. ¿Se entiende de qué iba la cosa? La plata del retubado quedó mayormente en casa.
Todo iba de acuerdo a planes cuando nos cayó la “inexplicable” decisión presidencial de cajonear Atucha III, un clon muy modernizado de Embalse como toda Enhanced CANDU. NA-SA con su experiencia y la heredada de la vieja Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA la podría diseñar, fabricar y montar a ojos cerrados. Lo inexplicable se explica así: el State Department no ve con alegría que Argentina sea cabecera de desembarco en Sudamérica de China como oferente nuclear. Ni siquiera en un aséptico plan inicial de financista.
En su rivalidad por controlar políticamente la región, EEUU y China tienen un interés común negociable: ninguno de ambos países tiene interés en que la Argentina tenga diseño propio en centrales medianas del rango 700 MW. Desde que INVAP hizo autónoma a Argentina en reactores de investigación, EEUU perdió en todas las licitaciones en que se presentó contra la firma barilochense, salvo una (Tailandia).
Y no es que en materia de centrales nucleoeléctricas, animales muy distintos de los reactores de investigación, los EEUU tengan fierros competitivos: arriman por tecnología, pero lo que es por costos, se cayeron del ring en los ’80 y lo saben.
En este nuevo milenio, las divisiones nucleares de las dos mayores empresas eléctricas estadounidenses fueron de aquí para allá como valija de loco. Westinghouse, la inventora en los ‘50 del reactor presurizado con uranio enriquecido (PWR, Pressured Water Reactor), con más de 260 unidades propias o copiadas bajo licencia en mundo, en 2006 fue comprada por Toshiba en apenas U$ 5400 millones, precio menor al de una unidad PWR típica. Parece como canjear un “feedlot” por un asado, pero este año la firma japonesa declaró quiebra y revendió Westinghouse a Brookfield, una ignota propietaria canadiense de edificios y shoppings con una división de ingeniería, por U$ 3680 millones: media parrillada.
General Electric, otro ícono nucleoeléctrico, tras pagar buena plata por la compra de su competidora francesa Alstom, tuvo que hacer joint-venture con Hitachi. Parecía que se comían el mundo, pero empezaron a acumular balances en rojo y ahora ambas acaban de revender GE-H a la BWXT, la vieja Babcock & Wilcox nuclear más un astillero canadiense.
Mientras China, Rusia y Corea se vuelven los nuevos grandes jugadores globales, el átomo yanqui es un Lázaro que NO resucita ni en su casa. Pero hay guerra comercial y Washington tiene que marcarle a Beijing la cancha sudaca, y de paso también aclararle a Ottawa y a Buenos Aires que aunque el Tío Sam ya no tenga grandes figuras y cero “jogo bonito” en cancha argentina, todavía dirige la FIFA. Bueno, eso cree. (Continuará)
La semana pasada hubo un tiempo de calma en la tormenta cambiaria que empezó en abril/mayo de este año. El precio del dólar paró de subir -para ser más precisos: el valor del peso argentino dejó de desplomarse, y hasta subió un par de puntos, sin que el Banco Central tuviera que vender divisas.
Como cuando el sol sale después de una lluvia, la naturaleza (financiera) empezó a dar señales positivas: el índice que refleja a la Bolsa argentina, el Merval, recuperó pérdidas y avanzó, las acciones en Nueva York de empresas locales, los ADR, también mejoraron su cotización, el riesgo país bajó…
Pero… apareció la posibilidad de un pequeño malentendido. Durante esa semana anterior, los medios afines a la política del gobierno actual hablaron y escribieron sobre un nuevo aporte del F.M.I., por sobre los 50 mil millones de dólares que se acordaron en mayo. Las cifras que se mencionaban insistentemente eran 15 o 20 mil millones de dólares mas.
Y en este fin de semana, mientras Mauricio Macri viajaba a Nueva York para reunirse con fondos de inversión, recibir premios y sacarse una foto con Christine Lagarde, la directora del F.M.I., el gobierno dejó trascender que el refuerzo sería solo de entre 3 y 5 mil millones de dólares. Bajón.
Ayer lunes el dólar volvió a subir (moderadamente), y el Central tuvo que vender U$ 120 millones para contenerlo; el Merval y los ADR cayeron, y el riesgo país volvió a subir por encima de los 600 puntos.
En AgendAR sostenemos que el problema argentino no pasa por si este malestar es pasajero, o no. Y menos aún por el monto del eventual auxilio del Fondo.
Lo grave es que la reacción de inversores y especuladores, de los capitales que el gobierno trata de seducir, parece depender exclusivamente de si el gobierno recibe o no fondos suficientes para pagar los vencimientos de sus deudas.
Porque si se le presta dinero, es obvio que en algún momento tendrá que devolverlo. ¿Qué hará entonces? ¿Buscar endeudarse aún más, porque los intereses aumentan la carga?
El Estado argentino debe recaudar más de lo que gasta, para no tener que endeudarse. Y la Argentina debe producir con sus exportaciones más divisas que las que necesita para pagar sus importaciones. Es muy simple, e inescapable.
El gobierno, en lugar de esforzarse para «generar confianza», para que le presten plata, debe ofrecer un plan para lograr esos dos objetivos. Vale lo mismo para cualquier gobierno que lo suceda. Todo lo demás es ilusión.
La Argentina y China acordaron una ampliación del intercambio de monedas (swap) por hasta USD 9.000 millones, con el cual el intercambio de divisas con el gigante asiático alcanzará los USD 20.000 millones.
Se trata de una extensión del acuerdo firmado en octubre de 2014, cuando se negoció un intercambio equivalente a 11.000 millones de dólares.
Las negociaciones con el gigante asiático fueron llevadas adelante en paralelo a la búsqueda de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la ampliación del crédito de USD 50.000 millones pactado en junio.
El gobierno de Mauricio Macri viene intentando abrir negociaciones con China desde principios junio pasado, aunque esto quedó en suspenso durante tres meses por la salida de Federico Sturzenegger de la autoridad monetaria.
Como explica el economista Martín Kalos, un swap es un acuerdo entre Bancos Centrales. En este caso, el de China le intercambia yuanes al argentino por pesos. Esos yuanes no tienen por qué entrar físicamente al país, pueden quedar en una cuenta en el Banco Central de China a nombre del BCRA.
Es por un plazo determinado. Cuando vence, el Central debe «re comprar» sus pesos, al tipo de cambio vigente del día del vencimiento y pagando una tasa de interés por el período en que tuvo ese préstamo de yuanes.
Cuentan como Reservas Internacionales disponibles para el BCRA. Hay muchos otros mecanismos de préstamos financieros a Bancos Centrales que también permiten incrementar reservas temporalmente, como los créditos del BIS, FMI u otros.
Las primeras exportaciones de gas natural a Chile luego de 11 años no se realizarán desde Vaca Muerta con la producción de shale gas, sino que comenzarán por proyectos radicados en la provincia de Tierra del Fuego.
Las primeras empresas serán la francesa Total y Pan American Sur (PAE).
El Gobierno nacional autorizó la exportación de gas natural a Chile de estas dos empresas en acuerdo con la canadiense Methanex, uno de los mayores productores de metano del planeta.
En total, las compañías acordaron que el envío sea de 1.500.000 de metros cúbicos por día hasta el 1ro de junio de 2020, desde el Área Cuenca Marina Austral–1 (jurisdicciones de la provincia de Tierra del Fuego y del estado nacional). Por ahora, Tierra del Fuego y Sana Cruz tienen el gas natural más barato de la Argentina, tal vez el último «gas fácil» mientras no se descubra más. El gas comparativamente más caro de la cuenca de San Jorge se destina por ahora a consumo argentino.
Como buena parte de la población pobre de Argentina está desabastecida de gas de red y viviendo de garrafas o quemando carbón y leña, incluso en las grandes urbes, la Secretaría de Energía esta vez salta con paracaídas. Sus resoluciones dicen que “los suministros previstos podrán ser interrumpidos a los fines de garantizar la seguridad de abastecimiento del mercado interno” y que “la autorización de exportación caducará automáticamente si transcurrido el plazo de noventa días computados a partir de la fecha de su publicación, no se efectivizare la primera exportación comercial de gas natural”.
Desde la secretaría también informaron que hay otros ocho pedidos de autorización de exportación de gas natural, uno correspondiente a la empresa alemana Wintershall. El volumen total de exportaciones autorizadas por el gobierno es de 479.250.000 m3, bajo condición interrumpible en todos los casos, y por el período que va desde la autorización hasta el 1° de junio de 2020.
Argentina no es un país gasífero sino con gas, pero cuando su política energética la fijan los petroleros empieza a exportar como si fuera un emirato. Y geológicamente, no lo es. La exportación a Chile en épocas de Carlos Menem fue una de las dos causas por las que el yacimiento convencional de Loma de la Lata, cuya duración a principios de la presidencia de Raúl Alfonsín se había estimado correctamente en 60 años incluso con una expansión sostenida del mercado interno, quedó despresurizada a principios de 2000.
Mientras duró, no fue un gran negocio. Al menos, para nuestro país. Chile compraba el gas argentino a U$ 2 el BTU y lo revendía 9 veces más caro. Entre tanto, quien quisiera fabricar electricidad a gas en Argentina con una central de ciclos combinados, compraba el fluido a U$ 0,80 el BTU. Tal vez sí éramos un emirato, pero geológicamente, nunca nos dio para tanto. Como consecuencia, cuando su reactivación económica de 2002 a 2014, la Argentina tuvo que empezar a importar gas, y llegó a hacerlo por U$ 5000 millones/año.
Es que para ser un emirato no alcanza ni vaca ni camello ni niño muerto: hay que tener mucho gas, y del que dura, como era el caso de Loma de la Lata. No es la situación actual. El «fracking» puede lograr cifras apabullantes de producción, pero ¿cuánto aguanta? Las formaciones difíciles suelen ser de corta vida: 20 años, tal vez.
Hoy importamos gas desde Bolivia, producimos cada vez más gas «difícil» en Vaca Muerta (con un impacto hídrico 100 veces mayor que en la vieja Loma de la Lata), regasificamos GNL importado desde los emiratos, importamos gas desde Chile en invierno (los vecinos lo compran líquido, lo regasifican y mandan para quí) y ahora que pasó el frío lo exportamos por los mismos ductos. No tenemos pero exportamos. Un panorama energético clarísimo.
¿Y el autoabastecimiento? Antes de irse, el mejor exministro de Energía de la Shell, el ingeniero Juan José Aranguren, autor de la aparente confusión actual, aclaró en numerosas ocasiones que eso no era un asunto de peso.
De dólares, tal vez: la Shell está en ambos lados de la cordillera, y es el principal operador mundial de GNL. Plinc, caja, toda vez que se mueve gas por mar o a través la cordillera, sin importar si va o viene.
El dato puede servir para entender por qué Aranguren impidió la construcción de la central nucleoeléctrica Atucha III desde 2015 hasta mayo de 2018, cuando la cajoneó definitivamente, y por qué su sucesor Javier Iguacel habla de empezar otra nuclear enteramente distinta… en 2022. Sin apuro.
La entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) pidió la pesificación del valor de la energía y el congelamiento de los aumentos de tarifas por 180 días para dar previsibilidad al sector, entre otras medidas orientadas a contener los gastos totales de las fábricas.
Señalaron que el costo de la energía que pesa sobre las empresas fabriles representan un 24% de los gastos totales de las fábricas, y que su traslado a los precios de las góndolas explica el 30% de la inflación.
De esta forma, IPA le presentó al gobierno nacional una iniciativa que, entre otros puntos salientes, reclama retrotraer el aumento de tarifas a marzo pasado y congelarlas por seis meses.
El presidente del IPA, Daniel Rosato, y otro directivos dialogaron con el secretario Pyme, Mariano Mayer, a quien le señalaron que los aumentos en los costos energéticos para el sector manufacturero se multiplicaron por 20 desde el 2015.
En días en los que las ventas de autos están cayendo, empieza a cobrar importancia una herramienta que se presenta como posible salvadora en medio de la crisis: el plan de ahorro, un instrumento que todas las marcas ofrecen a sus clientes y que en la Argentina utiliza el 50% de las personas que compran un vehículo financiado.
Según datos de la Asociación Argentina de Concesionarios (Acara), en el país 50,8% de los autos se venden al contado; 48,1%, con prenda y 1,1%, con leasing.
De este 49,2% que se hace mediante financiación, la mitad es a través de plan de ahorro.
En Acara explican que se aceleraron las ventas por plan de ahorro, porque el mercado convencional (de contado) se cayó mucho más, dado que hay menos dinero en la calle. «Entonces, lo que sucede es que se adelantan las entregas por plan de ahorro, para mantener las ventas y que el desplome no sea mayor».
Actualmente hay 260.000 autos de stock y las marcas se los quieren sacar de encima, porque les significa un costo tenerlos parados.
Hernán Guzmán, gerente de Autoahorro del concesionario Guido Guidi, cuenta que en lo que va del año en su empresa tuvieron 90% más en ventas por medio de planes de ahorro que en igual período de 2017. «Estamos entregando 550 planes mensuales, 300
más que el año pasado. El crecimiento fue paulatino y se registró un aumento de 10% mes a mes».
Diego Lepera, gerente de Ventas Autoahorro de Volkswagen Argentina, opina que los planes de ahorro siguen siendo la opción más elegida por los compradores a la hora de acceder a un 0 kilómetro de forma financiada. «Es uno de os canales más importantes de ventas, está en segundo puesto después de la venta cara a cara en el concesionario».
Con la compañía del volcán Malacara y de vientos que pueden superar los 130 kilómetros por hora, los ingenieros y técnicos argentinos de la estación mendocina de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) –ubicada a 40 kilómetros de Malargüe– trabajan desde hace meses para que la antena y los equipos de comunicación estén listos para el próximo lanzamiento de BepiColombo, con destino a Mercurio.
La primera misión de la ESA al planeta más cercano al Sol mantendrá el vínculo con la Tierra durante su viaje de más siete años –y una vez en la órbita de Mercurio–, a través de las tres antenas de Espacio Profundo ubicadas en Argentina, Australia y España.
“Desde todas las estaciones que componen la red se establecen canales de telecomando y de telemetría para saber el estado del satélite y recibir la información cuando esté haciendo ciencia en el destino”, explicó Diego Pazos, director de operaciones satelitales de Telespazio, empresa que le brinda el servicio a la ESA.
By National Aeronautics and Space Administration (NASA) /Wikipedia
Una vez realizado el lanzamiento de BepiColombo desde la Guayana Francesa, previsto para el 20 de octubre, Malargüe entrará en comunicación con la nave cuatro horas después, ya que las estaciones se van rotando en función de la posición. La coordinación se realizará desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, ubicado en Alemania.
La estación brindará comunicación a los dos satélites de BepiColombo: el Orbitador Magnetosférico de Mercurio, de la agencia espacial japonesa, y el Orbitador Planetario de Mercurio, de la ESA, que viajarán juntos como una sola nave hasta llegar a destino, donde se separarán.
Todavía no aparece «la bala mágica» contra el Alzheimer, pero empieza a entenderse cuál es el blanco y con qué tirarle: un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) encontró una nueva estrategia para combatir ciertos «oligómeros», partículas tóxicas priónicas (se explica luego) que destruyen las neuronas de los enfermos de Alzheimer, informa la revista especializada PNAS de lunes pasado.
Desde los ’90 se sospecha que esta patología neurodegenerativa hasta hoy tan poco tratable por poco entendida, el Alzheimer, está causada por proteínas «priónicas». Las proteínas moléculas con estructuras de superficie muy complejas. Su forma definitiva depende del tipo de plegado de las cadenas lineales de péptidos que la constituyen. En este origami molecular, casi todas las proteínas de los organismos vivientes sólo pueden doblarse y retorcerse hasta alcanzar una estructura tridimensional única, permanente, útil y funcional a la vida celular y tisular de los órganos y sistemas de los seres vivientes.
Pero existen plegados patológicos y son infectivos: se contagian de proteína mal plegada a proteína bien plegada, y la creciente ola de propagación del plegado patológico termina en la acumulación de partículas tóxicas para las células. Esto se descubrió sorpresivamente con la encefalitis espongiforme, o mal de Creutzfeld-Jakob, o «síndrome de la vaca loca», y entre 1987 y 1997 revolucionó la biología. Fue la primera enfermedad infecciosa no causada por un comoplejo agente biológico vivo, como un bacteria, o de vida intermitente, como un virus, sino por algo infinitamente más simple: una mera molécula, compleja pero molécula al fin. Eso no estaba en los libros, no era ni imaginable. Fue aún mas sorprendente que el descubrimiento de los virus.
La encefalitis espongiforme es, en términos epidemilógicos humanos, algo rarísimo y circunscripto a Inglaterra y Francia, donde mató a un total de 229 personas. Pero empezó a sospecharse que en una enfermedad cada vez más común y casi intratable, el Alzheimer, podía estar involucrada alguna proteína potencialmente priónica escondida entre los millones que integran nuestras neuronas. Y se la está buscando desde entonces como a un patógeno tóxico, pero en vano. Desde que la enfermedad fue descripta en el siglo XIX por el patólogo alemán Alois Alzheimer, se creyó que su causa eran los cúmulos de proteína beta-amiloide presentes en sus neuronas, y luego se buscó otra causa: las proteínas tau.
El Alzheimer es simple y desoladoramente mortandad masiva e irreversible de neuronas que llevan a la pérdida de la memoria y a la demencia. Hasta que no se descubrió el proceso priónico del «mal de la vaca loca», la farmacología buscó sin éxito formas directas e indirectas de impedir los depósitos efectivamente neurotóxicos de beta-amiloide o de tau típicos del Alzheimer. Pero sólo después de la epidemia de «vaca loca» en la Unión Europea surgió el concepto de enfermedad priónica.
Entonces la investigación sobre el Alzheimer se reorientó hacia la búsqueda de algún polipéptido (una proteína de cadena muy corta) con potencial de plegado priónico, y que éste fuera la causa última de la formación y depósito de beta-amiloide y de tau. Ese Santo Grial de la neurología, el prion del Alzheimer, un polipétido chico u oligómero, podría haber aparecido en Cambridge. Paso siguiente: «¡Duro con él»!
Para eso se necesita crear moléculas capaces de bloquear o ralentar la propagación del plegado priónico de ese oligómero. Si PNAS dio la noticia es que Cambridge tiene algunos candidatos. Sin embargo, hasta que los veamos en las farmacias, si llegan alguna vez, deberán pasar un durísimo proceso de licenciamiento de tres fases. En fase 1 deberá descartarse que no tengan excesiva toxicidad colateral. Luego la molécula candidata deberá medir con exactitud su eficacia comparada contra el arsenal farmacológico existente en experimentos «a doble ciego» con pacientes, primero en grupos medianos y finalmente en cohortes de miles en decenas de hospitales. Un licenciamiento de fase 3 serio es tan largo y caro que, cuando termina en la nada (no es infrecuente) hace quebrar a gigantes de la farmacología. La luz al final del túnel puede ser otra locomotora…
Sin embargo, para los que no tenemos más remedio que guiarse por marcas (todo lector que no sea neurobiólogo molecular), Cambridge y la revista PNAS garantizan que la cosa va en serio. «Esta es la primera vez que se propone un método sistemático para atacar a los patógenos, la causa de la enfermedad de Alzheimer, que han sido identificados recientemente como pequeños grupos de proteínas conocidas como oligómeros», señaló el investigador principal, Michele Vendruscolo.
La nueva estrategia se basa en un enfoque innovador de cinética química desarrollado en los últimos diez años, que ayuda a descubrir fármacos contra las enfermedades de plegamiento de proteínas, como parece que terminará clasificándose el Alzheimer.
Este hallazgo, según los expertos, abre la puerta a que se puedan desarrollar nuevos medicamentos para tratar el Alzheimer, que afecta a cerca de 44 millones de personas en el mundo y va creciendo como epidemia a medida que la población mundial se hace más longeva. En términos de sufrimiento individual, familiar y costo sanitario, es LA enfermedad a combatir en cualquier país donde el índice de desarrollo humano permite cruzar la barrera de los 50 años, y aquella cuyo primer tratamiento efectivo -por ahora inexistente- garantiza más premios y gratitud de los imaginables.
Para eso falta mucho y tal vez no llegue, al menos esta vez. Por ahora la investigación se limita a animales de laboratorio, ratones y luego suponemos, monos. El equipo de Vendruscolo calcula que los fármacos potenciales podrían llegar a los ensayos clínicos de fase 1 con pacientes en un par de años. Las fases 2 y 3 son mucho más largas. No faltarán financistas, eso seguro.
Este año 2018 el gobierno argentino tomó una muy mala decisión en el ámbito nuclear: canceló el acuerdo con China para construir Atucha III, con tecnología probada y con la que nuestro país tiene larga experiencia, y comenzó a negociar con Beijing una nueva central, Atucha V, con tecnología completamente china y desconocida. Sobre este tema AgendAR se ha pronunciado en distintas oportunidades, por 1° vez hace casi 6 meses, aquí.
Volvemos sobre el tema porque las negociaciones siguieron avanzando, y, pese al entusiasmo de personalidades como Diego Guelar, embajador argentino en China, y otros, los términos del posible acuerdo aparecen muy perjudiciales para la capacidad tecnológica de la industria argentina. Y ya se estaría cerca de la decisión, según informa el periodista Martín Dinatale en Infobae:
«El 2 de diciembre próximo, cuando haya concluido la cumbre del G20 en Buenos Aires y los demás jefes de Estado se hayan ido, el presidente de China Xi Jinping hará una visita oficial a Mauricio Macri para abordar los temas que le interesan a su gobierno: los acuerdos por la construcción de una central nuclear, el desarrollo de inversiones en litio, el control del espacio aéreo y la continuidad de un fuerte financiamiento en swaps.
Si bien en los acuerdos que firmarán Macri y Xi hay un amplio listado de buenas intenciones y deseos mutuos, el tratado que más interesa en estos momentos a Beijing es aquel que tiene que ver con concretar cuanto antes el acuerdo para la central nuclear Atucha V en Argentina, con la firme intención de empezar a construirla en el 2022.
El tema resulta por demás sensible por un motivo irrevocable: la Argentina abandonó hace cuatro meses el proyecto de construcción de Atucha III, previsto con tecnología y aporte de Canadá y China por «problemas presupuestarios». Así, la tecnología CANDU que supo forjar la Argentina a lo largo de su historia quedó en el pasado y ahora el Gobierno optó por adoptar a futuro equipamientos completamente chinos.
A mitad de mayo pasado el canciller Jorge Faurie se reunió en Buenos Aires con su par chino Wang Yi donde se conversó el cambio de planes.
El embajador argentino en China Diego Guelar se manifestó entusiasmado sobre el proyecto de los chinos para la central nuclear Atucha V, que se iba a instalar en Neuquén pero ahora se proyecta para el complejo Lima de Zárate-Campana.
«China no tiene operaciones especulativas de corto plazo, sino que, por el contrario, todos sus proyectos en Argentina son de largo plazo. No sólo no se preocupa por la tormenta económica del corto plazo sino que sigue apostando con total confianza en el futuro», dice Guelar.
Sin embargo, su optimismo colisiona con la prudencia que (según Dinatale) hay en la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel y en ámbitos diplomáticos que manejan el tema. El acuerdo no está cerrado y se encuentra en plena etapa de negociación con Beijing.
«Vamos a ir con pie de plomo. La idea es revisar bien el contrato para que en el futuro no dependamos enteramente de la tecnología china». En la práctica, esa idea de ir con «pie de plomo» implicará para el Gobierno que la central nuclear tenga al menos un 50% de participación argentina y que toda la mano de obra sea local, repite Dinatale.
Contra lo que piensa el periodista, eso no es ir con pie de plomo ni discutirle nada a China. Es simplemente aceptar las condiciones «llave en mano» típicas de todo «comprador bobo» en el mercado nuclear: el país receptor pone la obra civil (hormigón armado y construcción no nuclear), y el país vendedor suministra los componentes metálicos, termohidráulicos, electromecánicos, electrónicos e informáticos de la central.
«Llave en mano» en la Argentina nuclear fue siempre mala palabra, porque jamás fue un comprador bobo. Ya en su primera importación nucleoeléctrica, Atucha I, en 1967, la mítica Dirección de Centrales Nucleares (DCN) de la CNEA le impuso a la alemana KWU el rediseño del circuito primario de la central. Es más, tras mucha pulseada, la planta se terminó construyendo con un 31% de componentes de industria argentina. La participación de la industria nuclear local en suministros y fundamentalmente, en montaje, fue en rampa: Embalse se hizo con un 51%, Atucha II, debido a la desaparición de SIEMENS del rubro nuclear, con un 90%.
Y está el tema del combustible. Con Atucha I ya operativa desde 1974, hacia fines de los ’80 la CNEA volvió a la carga para imponerle (es el verbo adecuado) a SIEMENS (nuevo dueño de KWU) que Atucha funcionara con elementos combustibles fabricados en Argentina. Los alemanes se enojaron: estábamos amenazando el carozo de su negocio. Amenazaron retirar las garantías. Tras dos años de negociaciones, perdieron la pulseada. Desde 1984, en Argentina TODAS las centrales nucleares funcionan con elementos combustibles argentinos, punto. Es un ahorro tremendo: en un ciclo de vida de 30 años, una nucleoeléctrica gasta en combustibles su propio valor cuando nueva. Si no se aclaran de movida los tantos con esto de quién pone el combustible, en 60 años la Hualong I nos habrá terminado costando 3 Hualong I.
Es la otra cosa en la que la Secretaría de Energía finge negociar cosas que piensa entregar sin discusión. ¿Cómo podría la Argentina tener autoabastecimiento de combustible para una central gigante de 1180 MW como la Hualong? No sólo excede la capacidad instalada de enriquecimiento de uranio de la pequeña planta de Pilcaniyeu, sino también la de Brasil, mucho mayor que la nuestra.
Eso significa que nuestra fuente privilegiada de uranio enriquecido para que la Hualong I funcione pasa a ser la República Popular China. ¿Quién se atreve en Cancillería, luego de eso, a tener un diferendo diplomático por pesca, deuda, inmigración o tasas aduaneras con un país que no sólo compra (o dejar de comprar) el grueso de la producción agropecuaria argentina, sino capaz de dejar a 4 millones de argentinos en apagón?
Con Atucha III en su versión anterior a mayo de 2018 (una Enhanced CANDU de uranio natural y 750 MW) China actuaba sólo como financista, más de 120 empresas nacionales fabricaban los componentes, NA-SA gerenciaba el montaje, la Agencia Regulatoria Nuclear (ARN) usaba criterios de seguridad redactados aquí, y la central resultante iluminaría no a 4 pero sí a 3 millones de compatriotas. Y habríamos tenido combustible para usarla 60 años sin depender de nadie.
«Nadie nos va a apurar. La Argentina no va a firmar cualquier acuerdo por presiones de China», se sinceró un alto funcionario de la Secretaría de Energía. «Se sinceró», dice Dinatale. Pero dejarse apurar parece exactamente lo que está haciendo Argentina ahora mismo: entierra una decisión tecnopolítica por el uranio natural que fue doctrina de gobiernos enormemente diferentes durante 53 años, ¿a cambio de exactamente qué?
Nuestra cancillería nos corre con el calendario: la diplomacia de ambos países quiere que el 2 de diciembre cuando se reúnan Macri y XI en Buenos Aires este todo listo para la firma del acuerdo nuclear y de otros proyectos para ratificar la «alianza estratégica integral» que tienen ambos países.
El acuerdo que se está negociando entre Beijing y Buenos Aires contempla un cómodo financiamiento de los chinos a largo plazo por los 9.000 millones de dólares que demandará la Hualongf I. «By the way», era el mismo financiamiento extremadamente blando con que se ofrecía el combo original, «Primero la CANDU, después la Hualong I».
Pero como la Argentina no puede adelantar ni un dólar debido al estado de su deuda pública, todo esto se podría hacer con dinero efectivo (chino). ¿Qué pedirá a cambio el gobierno Beijing? «Esta es la pregunta que deambula por los pasillos del Palacio San Martín y en la Casa Rosada -dice Dinatale- Nadie se anima a responder».
La pregunta que se hace AgendAR es otra. ¿Les quedó algo por pedir a los chinos? Nos ofrecían la CANDU sólo para que compráramos la Hualong-1. Y eso para «vacunar» a la región contra la tecnología nuclear rusa, que ya vendió un reactor en Bolivia. No parecemos tan ariscos como sugiere Dinatale.
De lo que antecede, y más aún de la lectura completa del artículo de Dinatale resulta evidente una situación geopolítica compleja y multipolar. Se mencionan advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, alarmados por los recientes acuerdos de China con Brasil y por la adquisición china de una parte de la petrolera PDVSA de Venezuela, como cobro de deuda.
A eso los «alarmados» añaden (como si se tratara de los mismo) la estación espacial china en Bajada del Agrio en Neuquén, que sirve para controlar satélites (algunos de ellos militares, sin duda), y de paso también la instalación de un radiotelescopio chino en San Juan, un instrumento de uso astronómico sin utilidad bélica alguna. Quizás por no entender las diferencias tecnológicas entre sistemas tan distintos como centrales, antenas de control y telescopios, mezclan peras con empanadas con triángulos, pero blanco sobre negro, la mayoría de las fuentes de Dinatale dice tener «reservas» con la relación con China.
Menos mal: en lo nuclear, no parece. En lo general, parece estar sucediendo otra cosa. Funcionarios que trabajan históricamente en un rincón del mundo donde mandaba el Atlántico Norte, y lo hizo en forma incontestable entre 1989 y comienzos del siglo XXI, parecen asustados en la creciente multipolaridad actual. Demasiados amos con quien quedar bien.
No es la postura de AgendAR. Tenemos claro que en un mundo donde hay dos superpotencias económicas, cualquier país mediano, como Argentina, debe mantener buenas relaciones con ambas, no con una sola. En todo caso, cuál es el mandón favorito es una discusión banal de periodistas, no de gente de negocios. Hasta el impresentable pacto Roca-Runciman de los años ’30 se basó en el justificativo de comprarle a quien nos compra. EEUU ya no acepta parte de nuestro acero, tampoco de nuestro aluminio (¡y tampoco nuestros limones!), mientras la UE rechaza biodiésel. Pero China es un cliente clave de Argentina. Fuera de toda alharaca occidentalista, los intereses económicos más poderosos del país se esforzarán en que continúen las buenas relaciones actuales.
Lo que nos interesa subrayar todas las veces que debamos es que la decisión de reemplazar la probada tecnología CANDU, que iba a usarse en Atucha III, por el diseño chino Hualong-1, que no está probado en absoluto, ni siquiera en China misma, es un gravísimo error. Si se construyera primero la CANDU tan fácilmente descartada, tendríamos 6 años para juzgar si la Hualong-1 es tan buena como dice la CNNC (China National Nuclear Corporation). Era la intención original del acuerdo original de 2015, así de simple.
Y está lo del uranio enriquecido, que nos condena a depender de la provisión china. Tal vez el lector se diga: «Bueno, tal vez hasta que nosotros podamos producirlo en grandes cantidades». Lamentamos desilusionar a nuestros cancilleres y a sus periodistas: no va a ocurrir jamás. Ése es un desarrollo carísimo y que requeriría varias décadas. Pero además, debería sortear presiones diplomáticas fortísimas en contra, y no sólo por parte del Atlántico Norte, sino de la misma China.
Ninguno de los países con armas nucleares declaradas quieren que la Argentina desarrolle a gran escala su planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu, Río Negro, u otra. Mientras «Pilca» en su desolación en la estepa rionegrina sea una instalación enana y esté casi inactiva, será tolerada. Pero en una instalación grande uno puede miles de toneladas de uranio a bajo grado (entre 3 y 5%) para fogonear una central nucleoeléctrica. Sin embargo, también puede reconfigurar internamente las «cascadas» y enriquecer algunas decenas de kilogramos de uranio a más del 90%. Y eso es material físil para hacer una bomba de uranio como «Little Boy», la de Hiroshima. Muy cara y menos efectiva que la de plutonio, sin duda, pero absolutamente capaz de desestabilizar la diplomacia regional y mundial. En contra nuestra, añadimos.
La economía interna de Irán fue destruida por una década de boicots rigurosos a sus exportaciones de petróleo. Los «mullahs» y el pueblo iraníes fueron castigados porque sus plantas de enriquecimiento de uranio le parecían «demasiado grandes» a EEUU y a la UE. ¿Y a nosotros nos van a dejar desarrollar suficiente capacidad instalada para alimentar una voraz Hualong I? ¿Sólo porque no somos un país islámico? Creemos que no.
Y repetimos, para que se entienda: la participación de la industria local en el mejor de los casos significará hormigón y ladrillos, obra civil no nuclear, y no debería ser objeto de negociación alguna. Es lo habitual en compras llave en mano. A qué nueva altura del tótem del valor agregado nuclear quede situada la Argentina, desgraciadamente, no será la consecuencia de un hecho futuro. Quedará bastante fijado el 2 de diciembre por las condiciones del acuerdo que se firme: es lo que está sucediendo ahora, cuando la cancelación de Atucha III ha hecho que los técnicos de la CNEA y de Nucleoeléctrica Argentina están pensando en emigrar. Estamos bajando en el tótem.
Es muy difícil, casi quijotesco, pensar en dar marcha atrás con estas decisiones, en el marco de la crisis financiera que atenaza al gobierno. Pero podemos no mentirnos acerca de lo que estamos dejando que suceda. Es la obligación de los argentinos conscientes de la situación.
En el proyecto de Presupuesto 2019 -que la oposición llama «de ajuste»- hay sin embargo subsidios que crecen. Entre ellos, a las petroleras que extraen gas no convencional del yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Percibirán $ 27.904,4 millones, un 160% más que los $ 10.738,6 millones presupuestados en 2018.
El ranking de las petroleras que más gas producen en Vaca Muerta lo encabeza YPF, con la francesa Total y la argentino-chino-británica Pan American Energy completando el podio. Luego siguen Tecpetrol, de Techint, y Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin. Más abajo aparecen CGC, de Eduardo Eurnekian, la chilena ENAP Sipetrol y la participada por YPF Pluspetrol. Completa el cuadro de las diez primeras la china Sinopec.
El incremento en los subsidios a la oferta de gas no se iguala a ningún parámetro, ni siquiera con la suba del dólar a los largo de 2018, de poco más del ciento por ciento. Mucho menos con la inflación o el valor del gas en el mercado interno, que según el secretario de Energía, Javier Iguacel, debería tender a bajar a partir de los nuevos contratos firmados entre las petroleras y las usinas eléctricas, que son grandes consumidoras de gas.
El subsidio a la producción de gas juega así un rol fundamental en la economía de las petroleras, las que además se han visto beneficiadas por la creación de un convenio laboral específico que redujo sus costos.
El esquema se completa con la autorización a exportar gas que el gobierno ya otorgó a las empresas y que se espera que comience a ejecutarse en octubre próximo. De hecho, este tema fue uno de los aspectos centrales de la venta que hizo Iguacel de Vaca Muerta ante empresarios petroleros en Houston, EE UU, dos semanas atrás.
Es decir, mientras que por un lado se subsidia la producción de gas natural «a fines de estimular su producción y cubrir las necesidades de acceso a dicho combustible», del otro se lo exportará, con lo que el subsidio a la oferta del gas redundará en un subsidio a la exportación. Mientras tanto, seguirá la importación de gas licuado, que es más caro que la producción local.
El gobierno defiende estos estímulos y se respalda en los resultados, como una mayor producción de gas natural no convencional. «En el primer semestre de 2018, la producción de gas creció en términos interanuales casi un 5% y la de petróleo un 3%. Más aún, la producción de gas no convencional está aumentando a un ritmo de 30% interanual mientras que la de petróleo no convencional lo hace a uno de 42%. Así, el primer cuatrimestre de este año fue el de mayor producción desde 2010», indica el mensaje que acompaña al proyecto de ley.
El gobierno prevé que el subsidio de 2019 resulte en un incremento de la producción de gas del 6,1%, con eje en el fluido extraido en Vaca Muerta.
El Gobierno nacional descree de los acuerdos de precios sectoriales, por eso una herramienta como Precios Cuidados se está transformando más en una estrategia de marketing para enfrentar la crisis antes que una real política activa para mitigar el costo social de una escalada inflacionaria.
Se relanzó a principio de este mes, con un total de 550 productos y el objetivo de que reciban un incremento de 3,1%.
Según la consultora del economista Eduardo Levy Yeyati -un economista no hostil al gobierno-, Elypsis, la inflación en la segunda semana de septiembre fue de 2,3%, que se suma al 3,1% registrado en la primera. Así, según su medición, en todo septiembre lleva acumulado 5,9%. “La inflación les pasó por encima, por eso no se encuentran (Precios Cuidados) en las góndolas”, sostiene el consultor en marketing, Damián Di Pace.
De acuerdo al anuncio oficial que se hizo en su momento, esta nueva versión del programa contempla “la llegada de estos precios a los negocios de proximidad” (almacenes y pequeños mercados de barrio). Tampoco en esta estrategia parece estar funcionando. “Un primer obstáculo para lograr este objetivo es que un 10% de los productos ofrecidos son marcas propias de las grandes cadenas de supermercados, por lo que no estarán en los negocios de proximidad. Con el agravante que se trata de las pocas verduras, frutas y carnes que figuran que figuran en los listados oficiales”, señala un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que lleva la firma de los economistas Isaac Rudnik y Marcelo Maqueda.
“Si bien los productos de almacén están mayoritariamente contenidos entre los Precios Cuidados, no están el azúcar, la polenta y la mayonesa. El pan está incluido, pero sólo en versiones envasadas, que en líneas generales tienen elevados precios, y por eso no es lo que se compra diariamente”, advierte el ISEPCi. El pan acumula un 67% de incremento y el azúcar un 25%.
Según el equipo de investigadores que conduce Levy Yeyati, el segmento ‘alimentos y bebidas’ acumula en el último mes una suba de 7%. Esto es un incremento de 125% más que el previsto para los productos protegidos por el programa oficial.
La Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), junto con las direcciones provinciales de estadística, comenzará el trabajo de campo de la 4° edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para indagar en los hábitos de alimentación, actividad física y consumo de tabaco y alcohol de la población.
A partir del lunes 24 de septiembre, 588 encuestadores del INDEC y 250 agentes de la Secretaría de Salud participarán del relevamiento que recabará información durante nueve semanas y cubrirá 49.170 viviendas de localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país.
• Todos los agentes llevarán credenciales y sus identidades se podrán comprobar a través de la página web del INDEC
La encuesta se realizará con un cuestionario digital que se aplicará en dispositivos electrónicos, lo que permitirá una gran velocidad en el procesamiento de los datos, una mejora en su calidad y consistencia, y el monitoreo en tiempo real de todo el operativo. Además, esta modalidad favorecerá la obtención de resultados preliminares, los cuales se estiman estarán disponibles a partir de diciembre.
Para Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Secretaría de Gobierno de Salud, la encuesta “tiene una relevancia sanitaria muy grande”, ya que permite el monitoreo y la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir las principales causas de muerte en el país.
• “Las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas explican el 73% de las muertes en Argentina».
De manera que esta herramienta nos permite vigilar la evolución de los factores de riesgo comunes a estas enfermedades como el tabaco, la alimentación no saludable, el consumo nocivo de alcohol y la falta de ejercicio físico”, indicó Schoj.
ANTECEDENTES. Las tres encuestas anteriores dejaron ver tendencias en la salud de la población, como la disminución del consumo de tabaco y el aumento de la obesidad y la diabetes. “Para esta encuesta, pensamos que la obesidad va a seguir aumentando, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es documentarlo”, remarcó Schoj.
El deterioro del empleo y la pérdida de poder adquisitivo, con paritarias que hasta ahora promediaron el 25% en el mejor de los casos, y una inflación proyectada para el año de más del 40%, hacen que el consumo cruja, y ya no solo en los bienes suntuarios.
Alimentos y medicamentos, lo último que se resigna a la hora de consumir, también registran la caída. La suba de precios marcará un nuevo aumento de la pobreza en el tercer y cuarto trimestre. Esta semana se conocerán las nuevas cifras del primer semestre y, con el impacto de la devaluación de abril y mayo, se prevé que volverá a rondar el 30%, como en el primer semestre de 2016.
«Las ventas de medicamentos cayeron hasta un 8%”, reconoció el empresario Alberto Alvarez Saavedra, presidente de laboratarios Gador. Con él coincidió otro de los representantes del sector, Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, que le atribuyó el cuadro a la crisis económica.
Las ventas de medicamentos se mueven a la par de la evolución del PBI, según muestra un informe de Cilfa, la Cámara de Laboratorios Farmacéuticos. En el sector explican que los medicamentos de venta libre caen más que los recetados. La producción de sustancias y productos químicos cayó un 18% interanual en julio y acumula una caída del 9,8% en lo que va del año, según los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.
También las cadenas de farmacias reconocen que cada vez se compran más medicamentos con tarjeta de crédito y en cuotas.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne incluyó en el Presupuesto 2019 una serie de cambios para los impuestos internos. Se trata del llamado “impuesto a los autos de lujo”, que por efecto de la devaluación y la inflación ya están amenazando a los modelos de gama media.
La primera modificación de la base imponible se realizará en enero y, desde ese momento, se podrán realizar ajustes trimestrales.
Los impuestos internos para los autos existen desde hace más de una década en la Argentina, pero se convirtieron en una herramienta distorsiva del mercado cuando el gobierno de Cristina Kirchner los aumentó para frenar la fuga de divisas, a comienzos de 2014.
El gobierno de Mauricio Macri prometió eliminarlos apenas asumió, pero no cumplió con esa promesa. En enero pasado, apenas se quitó la primera escala del tributo, aunque se mantuvo vigente la segunda.
Esta escala afecta a los modelos con “precio crudo” de 900 mil pesos. Es decir: antes de impuestos y comisiones de concesionarios. En la práctica, afecta a los modelos con precio de venta oficial en la zona de los 1,3 millones de pesos. Dos modelos fabricados en la Argentina, la Mercedes-Benz Vito Tourer y la Toyota SW4 ya fueron afectados por este tributo tras la fuerte devaluación y la aceleración de la inflación.
Esta situación permanecerá sin cambios hasta enero. Allí el Gobierno renovará el decreto de impuestos internos y subirá la base imponible, para liberar a los modelos que están “topeados”.
¿Qué ocurrirá en ese momento? El Gobierno asegura que los autos que dejarán de estar afectados por el impuesto bajarán de precio. La experiencia del pasado indica que, los modelos que estaban al límite de comenzar a tributar ese gravamen, aumentarán al elevarse el techo de 1,3 millones.
La buena noticia es que, con la modificación anunciada ayer por el equipo de Dujovne, ya no habrá que esperar un año entero hasta que se vuelva a modificar la base imponible, como ocurrirá en este 2018. Ahora se podrán implementar ajustes trimestrales.
En el fondo, el Gobierno está reconociendo una posibilidad que todo el mercado sospecha desde hace tiempo: en 2019, los autos seguirán subiendo de precio por efecto de la inflación.
Cerrar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, «para ahorrar», tanto en plata como en energía equivale a cortarse una pierna para bajar de peso, pero está firme en los planes del gobierno nacional. Esta es la conclusión que resulta de lo que se escuchó en el Congreso Nacional en una comisión que presidió el neuquino Darío Martínez.
Se acordó entre varios partidos opositores que se buscará amortiguar los efectos del cierre con previsiones presupuestarias, cuando se trate la ley en el Congreso.
Por ahora sólo hay certezas de que Nación va a comprarle a la Planta un stock de 22,7 toneladas de agua pesada para que se garantice el pago de sueldos y algunas deudas hasta fin de año. Este stock será abonado en 2 pagos, el primero se realizará la semana que viene para que se abonen los sueldos del personal, se cumpla con algunos proveedores y se nivele parte de la deuda de la PIAP, que ronda en más de 300 millones de pesos.
El origen de la deuda: al dar de baja el proyecto Atucha III, el estado canceló la compra de 600 toneladas de este líquido sin el cual las centrales de uranio natural sencillamente no funcionan. Pero además dejó de comprar agua pesada para reposición de las 34 toneladas que se gastan anualmente en las centrales de Atucha I y II y Embalse. Así las cosas, el fluido deberá importarse (a U$ 800.000 la tonelada) pese a que el país puede producirlo a U$ 600.000, ya que la PIAP «tiene escala»: es la mayor unidad del mundo en su tipo. Por eso mismo, detenerla sin que se venga abajo implica un gasto absurdo de mantenimiento.
El segundo pago para desembarazarse de la PIAP y dejarla decaer a chatarra, preferentemente sin que Neuquén «se incendie» en términos sociales se realizará en noviembre aproximadamente. Más de 600 personas, en general de calificación técnica entre alta y muy alta, pierden su trabajo.
“Aclararon que la intención es no incluir en el presupuesto del año que viene las partidas para la compra de las 100 toneladas de agua pesada porque Nación no tiene ese dinero”, afirmaron fuentes de diputados.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
Si el país no produce agua pesada para mantener las centrales nucleares deberá importarla, o perder los únicos 1756 MW del mercado eléctrico con un factor de disponibilidad cercano al 90%, y que no dependen de los bandazos del clima o del precio del petróleo: los nucleares.
El porqué a la producción argentina le conviene, y necesita, contar con la Planta Industrial de Agua Pesada fue desarrollado aquí.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.