sábado, 26 julio, 2025 - 7:17 pm

Grafton: el otro experimento libertario que termino mal

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«¿Cómo funcionará el primer gobierno libertario de la historia, tanto universal como argentina? No lo sabemos, todavía, vamos a tratar de dilucidarlo; pues nuestro presidente anunció que el suyo será tanto liberal como libertario.

El libertario es devoto del libertarismo y viene del  inglés: “libertarianism”,  una filosofía política que promueve una sociedad que garantice, por sobre todo lo demás, la libertad del individuo, los derechos de propiedad privada y la economía de libre mercado. En este sentido, los libertarios son contrarios a toda forma de intervención estatal; pues como ellos argumentan: “cuanto menos, mejor”. Históricamente, el pensamiento libertario surgió a fines del Siglo XIX en la ciudad inglesa de Manchester,  donde conformó como un movimiento social y político librecambista y antiimperialista, ligado a la Cámara de Comercio de esa ciudad, en el período 1825-1845 y bajo la dirección de Richard Cobden y John Bright. Luego, su pensamiento se trasladó a los EEUU,  a mediados del siglo siguiente, y se caracterizó por colocar en el centro de su reflexión política y activismo a las ideas “laissez faire” o del dejar hacer; ya presentes en las tradiciones intelectuales del liberalismo clásico y del movimiento ilustrado. En forma coherente con estos principios descreen del Estado benefactor,​ rechazan su intervención; pues prefieren los acuerdos entre privados. Además, se oponen a la guerra, al militarismo y al nacionalismo. Optan por un Estado mínimo reducido a tareas esenciales como la defensa y la seguridad, impulsan bajas de impuestos y una reducción de todo aparato burocrático estatal. Pese a su relativa popularidad académica y política, especialmente entre los seguidores del Partido Republicano de los EEUU, como afirmó Javier Milei, nunca ha sido aplicado a ninguna escala gubernamental, desde la municipal a la nacional. Sin embargo, hay un antecedente en el experimento llevado adelante por un grupo de libertarios en la pequeña ciudad de Grafton, ubicada al NE de los EEUU, en límite con Canadá, y a la cual a principios de este siglo, fue el escenario de un experimento social sin precedentes. Un grupo de libertarios se instaló allí y puso en marcha sus ideas, reduciendo las regulaciones e impuestos con el propósito de probar que la intervención gubernamental es opresiva y produce pobreza; mientras que si se deja a la sociedad actuar por su cuenta florece y es capaz de autorregularse. Nos cuenta el investigador estadounidense, Matthew Hongoltz-Hetling, quien en 2020 escribió el libro “A Libertarian Walks into a Bear” («Un libertario se cruza con un oso»), citado por un artículo de la imparcial BBC  que: “En 2004, cientos de personas se trasladaron a Grafton para fundar lo que llamaron el “Free Town Project” (Proyecto del Pueblo Libre) con la finalidad demostrar la factibilidad del libertarismo creando una comunidad utópica”. Como ya comentamos más arriba, el libertarismo tiene gran arraigo en los EEUU, desde su mismo nacimiento; ya que Thomas Jefferson su tercer presidente llegó a afirmar que:»El mejor gobierno es aquel que gobierna menos». ¿Pero por qué los libertarios eligieron a Grafton para su experimento? Según nos cuenta el periodista, la ciudad les resultaba atractiva por varias razones. A saber: 1ro Allí vivía un libertario llamado John Babiarz, que se había postulado como gobernador. 2do Tenía una población pequeña, de unas 1.000 personas, por lo que implicaba que un número pequeño de votantes libertarios podría ejercer una mayor influencia para aprobar leyes afines a sus creencias. Y la 3ra,   Grafton tenía una profunda historia de rebeldía contra la autoridad. Ya que a finales del siglo XVIII, votó por separarse de los entonces recién constituidos EEUU por cuestiones fiscales. Los nuevos vecinos de la pequeña ciudad eran mayoritariamente hombres blancos, solteros y partidarios de la libre posesión de armas de fuego. Aunque, desde el punto de vista económico el perfil de los recién llegados era más variado, con algunos millonarios y otros casi homeless. Eso sí, todos carecían de lazos familiares sólidos. Hongoltz-Hetling sigue relatando que los nuevos “graftonianos” comenzaron a hacerse sentir pronto. “Eran muy activos y participaban en el proceso político local, lo que les permitió imponer muchas de sus ideas a la comunidad”.  Y aunque fracasaron en sus intentos de sacar una ley que permitiera a sus habitantes no concurrir a la enseñanza obligatoria; sí lograron recortar en un 30% el ya pequeño presupuesto municipal, el cual era de apenas US$1,3 millones. Sin embargo, la promesa de que el tijeretazo se traduciría en menos impuestos y más dinero en los bolsillos de los pobladores no terminó siendo tal. Pronto las calles de la ciudad se llamaron de baches y el alumbrado público y el servicio de recolección de basura casi desaparecieron; además, la vigilancia policial mermó, porque la policía ya no contaba con combustible para sus autos patrulleros. La reducción de la presencia policial, junto a la llegada de más pobladores armados y convencidos de que tenían derecho a hacer lo que quisieran; produjo un lógico aumento de los actos de violencia entre los vecinos. Pero ese no fue el principal problema. Pues, como si estos no fueran suficientes; los habitantes tuvieron que lidiar con una invasión de peligrosos osos pardos atraídos por las parvas de basura que no eran recogidas por el municipio. “Muchos de los libertarios que vivían en el bosque no seguían las recomendaciones sobre la eliminación de residuos, lo que creó una fuente de alimento fácil para los osos. En segundo lugar, algunos de los libertarios empezaron a alimentar a los osos, del mismo modo que otros alimentan a los pájaros o las ardillas en su patio trasero, lo cual atrajo a los animales a las zonas residenciales”, narró el autor del libro citado. Para 2016 el experimento había naufragado y muchos de los libertarios que se instalaron en Grafton se fueron a otras localidades. Finalmente, Hongoltz-Hetling se interrogó: “…¿cómo un grupo de recién llegados pudo casi controlar un pueblo y desmantelarlo sin que nadie tomara cartas en el asunto?” Y se contestó de la siguiente forma: “Los libertarios actuaron dentro del Estado de Derecho, por lo que no había motivo para que intervinieran las autoridades estatales o federales”. Como nos lo recuerda Alberto Buela, Milei no tiene gobernadores, no tiene intendentes, casi no tiene senadores y pocos diputados, solo tiene su voluntad de poder. De modo tal que la única posibilidad que tiene es ser un déspota ilustrado, que es la figura que Alexis de Tocqueville en la Democracia en América recomendó como mejor gobierno para la repúblicas españolas de América. Como moraleja o conclusión final podemos afirmar que; “Todo en exceso es malo” Esta máxima tan citada parece que no sólo se aplica a temas relacionados con la medicina; sino también a la libertad. Y si ya ganaron los libertarios en elecciones limpias, no podemos caer en la indiferencia de los habitantes de Grafton.

Coronel (RE) Carlos Pissolito

Presidente de la Asociación Cascos Azules. Impulsor de la ONG Vistalba Segura.

Un plenario de la CGT ratifico el paro del miércoles 24

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En un plenario con más de 70 delegaciones regionales presentes de todo el país, la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió para ratificar la estrategia de paro y movilización nacional del 24 de enero contra el decreto 70/2023 del Presidente Javier Milei.  Poco antes, el cosecretario general y líder de los camioneros, Pablo Moyano, había ratificado que el objetivo es «voltear» las reformas del Gobierno, mientras se multiplican las presiones al Poder Legislativo para que frene las iniciativas. «Hoy, el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la ley ómnibus, movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando en las distintas actividades», sostuvo Pablo Moyano en declaraciones radiales. Contra el gradualismo que pregonaban algunos sectores dentro de la central, el camionero volvió a pisar el acelerador en la confrontación con la administración libertaria. «Fueron todas medidas en contra de los trabajadores y se van a empezar a ver las reacciones de los diferentes sectores como fueron los cacerolazos«, manifestó por la mañana Moyano. Acorde a lo resuelto en el Confederal de la CGT, hace una semana, el próximo 24 de enero la central llamó a un paro nacional desde las 12 con una movilización a las puertas del Congreso donde se debate en estas horas la ley ómnibus y se espera la ratificación o no del megadecreto de Milei. En aquel cónclave se definió la realización de un plenario con regionales de todo el país para ir escalando en la movilización política rumbo a la primera medida de fuerza en casi cinco años. también Hoy participaron cerca de 250 dirigentes junto a los miembros del Consejo Directivo Nacional de la CGT en la sede de la calle Azopardo. Allí expresaron el «apoyo contundente y unánime a la estrategia y acción del CDN» y el «rechazo rotundo al DNU dictado por el Poder Ejecutivo», acorde a una síntesis informativa que divulgaron las autoridades de la central. Durante el encuentro, que inició cerca del mediodía, cada regional expresó la «delicada situación» que atraviesa en el marco de la actual crisis «que trae como consecuencias la pérdida brutal del poder adquisitivo y la pérdida de fuentes de trabajo actuales y a futuro». Asimismo, la cúpula de la CGT detalló que se constató la preocupación y rechazo a aquellos aspectos de la llamada Ley Ómnibus «que van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales». También se repudió «la criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del actual gobierno» Vale recordar que el fuero laboral de la Justicia dictó ya tres cautelares que ponen en suspenso el capítulo alegórico dentro de la batería de artículos del DNU. En respuesta, el gobierno de Milei presentó una apelación en el Contencioso Administrativo y ahora aguarda por la decisión mientras otro planteo, esgrimido por la provincia de La Rioja, ya alcanzó la Corte Suprema de Justicia. Se calcula que son más de 50 los amparos interpuestos ante los tribunales. En el plenario de la CGT se definió, además, la organización de diversas expresiones de protestas en cada regional en línea con la fecha propuesta por el Congreso Confederal de la central para la movilización del próximo 24 de enero. «El artículo 4 del DNU destruye derechos individuales, derechos colectivos y nuestra capacidad de acción sindical. Todas nuestras acciones gremiales, judiciales y políticas desde la CGT tienen un único objetivo que es frenar este DNU«, posteó al término otro de sus directivos, Héctor Daer. Asimismo, se intensificarán los contactos con los legisladores que representan cada una de las jurisdicciones provinciales con el fin de comprometer su voto de rechazo, en línea «con el discurso en cada lugar desde donde provienen» «El diálogo y el consenso es una herramienta de la política, pero cualquiera de esas instancias no puede hacerse a espaldas del pueblo trabajador. Y con más razón aquellos representantes que provienen del campo nacional y popular», remarcaron los presentes en el comunicado difundido al final de la reunión.

Una carta al llaryorismo y una visita al Congreso

En las últimas horas, desde la regional cordobesa enviaron una carta a las y los legisladores que representan a su provincia en el Congreso con la del triunvirato electo a fines de 2023, la secretaria general Ilda Bustos (gráficos) y los secretarios generales Andrés Colazo (Jockey Club) y Federico Cortelletti (judiciales).  «Defiendan la democracia para que siga siendo el modo de vida en nuestra Patria«, los exhortan. «El rumbo elegido por el Presidente y la decisión de enviar esas dos iniciativas al Congreso, no dejan lugar a dudas: no queda sector sin ser alcanzado por el ajuste, que será pagado por las mayorías en beneficio solamente de la concentración económica», sellan el mensaje «por mandato de las organizaciones sindicales que están adheridas a nuestra central», completa el mensaje. La CGT cordobesa libra su propia batalla contra el gobernador Martín Llaryora y el schiarettismo que hoy parece alineado al gobierno de Javier Milei a partir de la designación de varios funcionarios de su riñón en la gestión nacional. En su provincia, el mandatario también avanzó con un recorte que puso a los estatales en pie de guerra.
La movida forma parte de una estrategia que se multiplicará con más contactos formales e informales -como los que vienen ocurriendo desde las últimas semanas- y mensajes públicos a sus representantes, tal como se ratificó en el plenario de regionales. En esta escalada, la CGT se coordina con las dos CTAs además de los sectores nucleados en la UTEP. Un día antes, de hecho, una comitiva de dirigentes sindicales se reunió con un grupo de diputados y diputadas de Hacemos Coalición Federal, Emilio Monzó, Mónica Fein y Esteban Paulón. Frente a ellos dejaron constancia de las «preocupaciones generales del impacto del DNU y el proyecto de ley ómnibus en el sistema democrático, económico, político y social». Así lo consignó un comunicado posterior de la CTA Autónoma.

La empresa china que construye las represas en Santa Cruz pidió al gobernador que interceda ante el gobierno nacional

La empresa china Gezhouba, que construye las represas sobre el río Santa Cruz, le pidió al gobernador Claudio Vidal que interceda ante el Gobierno Nacional a fin de obtener certezas de los pasos a seguir con la obra. Ante el mandatario santacruceño, se presentaron el presidente de la empresa china, Zhang Jun y el vicepresidente de Eling (antes Electroingeniería) Carlos Bergoglio, la socia argentina a cargo de las obras civiles. Los empresarios quieren terminar con lo iniciado y pidieron la gestión de Vidal para obtener precisiones por parte del Gobierno argentino. En concreto, los representantes empresarios expresaron su preocupación por la continuidad de la obra y, fundamentalmente, por la falta de certezas sobre quién continuará al frente de ENARSA y sobre el financiamiento de las represas. Además, solicitaron al gobernador patagónico sus gestiones con los sindicatos que llevan adelante medidas de fuerzas, ante las mismas incertidumbres que aquejan a las contratistas. La represa Néstor Kirchner, también llamada Cóndor Cliff, de 73 metros de altura, cruzará el río Santa Cruz a 180 km al oeste de la ciudad de Puerto Santa Cruz. Mientras que la represa Jorge Cepernic, de 41 metros -también llamada La Barrancosa-, se situará 65 km aguas abajo. Juntas, las aguas retenidas cubrirán unas 47.000 hectáreas de una meseta fría, ventosa y con escasas precipitaciones, pero rica en vida animal y vegetal. Se trata de la obra de ingeniería más importante en el mundo entero que una empresa china construye fuera de su país. Para las empresas a cargo del proyecto, la constructora china Gezhouba Group -poseedora del 70 por ciento de las acciones- y las argentinas Eling e Hidrocuyo -que poseen el 20 y el 10 por ciento, respectivamente-, las centrales ofrecen múltiples beneficios, incluyendo generación de energía renovable y menor importación de combustibles fósiles; el incremento del 15 por ciento de la energía hidroeléctrica generada en el país y generación de empleo. Las represas fueron pensadas en los años ’50 y se pusieron en marcha, oficialmente, en 2008, aunque su construcción no se inició sino hasta 2015. Desde ese momento hasta ahora, una serie de obstáculos han interrumpido las obras. El complejo del río Santa Cruz está previsto que alcance los 1.310 megavatios. La preocupación de los concesionarios radica en las declaraciones del actual presidente de la Nación, Javier Milei, quien ha manifestado su oposición a realizar negocios con países que considera “comunistas”, como China o Rusia. Además, el Gobierno Nacional aún no ha definido las nuevas autoridades de Energía Argentina (ENARSA), la empresa pública que monitorea el avance de las obras. Según ENARSA, en la actualidad los trabajos en la represa Néstor Kirchner -ubicada agua arriba- están avanzados en un 25 por ciento; en tanto que las tareas en la Jorge Cepernic se hallan al 40 por ciento.

Un mapa de las marcas geneticas del Alzheimer en las poblaciones del Cono Sur

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  • Es un trabajo de un consorcio internacional del que forman parte profesionales del CONICET. El estudio comparativo arrojó coincidencias entre los marcadores que presentan personas provenientes de Argentina y Chile y los hallados en comunidades europeas.
  La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que se configura como la forma de demencia más común y uno de los principales problemas de salud mundial, ya que afecta a más de 55 millones de personas, cifra que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría llegar hasta los 78 millones en 2050. Sus causas no se conocen con precisión, pero diversos estudios han permitido establecer determinados marcadores genéticos que forman parte de un índice de riesgo genético (GRS, por las siglas en inglés para Genetic Risk Score), es decir, un sistema de puntuación que permite evaluar y establecer el grado de riesgo que tiene una persona de padecer, primero, un deterioro cognitivo leve y, luego, Alzheimer u otra demencia, y de esa forma poder intervenir de manera temprana para su tratamiento. El problema de esos análisis es que se realizan mayoritariamente sobre poblaciones europeas o asiáticas, y no necesariamente aplican a otras comunidades con distintas ancestrías o mestizajes, como es el caso de la población argentina. En ese sentido, un grupo internacional de expertos y expertas del que formaron parte profesionales del CONICET se propuso explorar la marca genética asociada a la enfermedad de Alzheimer que presentan las poblaciones de nuestro país y Chile. El estudio fue el primero en su tipo y los resultados fueron publicados recientemente en la revista Alzheimer’s & Dementia. Los orígenes de la iniciativa se remontan a 2015, cuando la investigadora del CONICET María Carolina Dalmasso, de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, CONICET-UNAJ-HEC), se sumó a Laura Morelli, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir) e Ignacio Brusco, investigador del CONICET en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” de Buenos Aires, para comenzar a trabajar en la búsqueda de nuevos marcadores genéticos que permitieran medir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Ese fue el germen del consorcio nacional Alzheimer’s Genetics in Argentina-Alzheimer Argentina (AGA-ALZAR) que, asociado al Biobanco Europeo de Alzheimer y Demencia (EADB, por las siglas en inglés de European Alzheimer’s & Dementia Bank), tuvo un primer resultado importante en 2022, cuando se pudo identificar 42 nuevos marcadores que se sumaron a los 33 que se conocían hasta entonces. Ese estudio, con datos de 111 mil personas con Alzheimer y casi 680 mil individuos cognitivamente sanos que oficiaron respectivamente de casos y grupo control, fue el más grande realizado hasta el momento en la temática. “Lo que ocurre es que no todas las poblaciones son iguales, y mucho menos a nivel genético, entonces teníamos que ver y validar con muestras de nuestra población si lo que se veía en los resultados europeos aplicaba acá”, explica Dalmasso. Para avanzar en esa línea, el equipo recolectó muestras de Argentina y Chile –539 de pacientes y 854 de casos control–, cuya genotipificación, es decir la metodología utilizada para la estimación del genoma completo, se realizó en colaboración con el grupo del experto chileno Alfredo Ramírez, del Hospital de Clínicas de la Universidad de Colonia, Alemania, donde Dalmasso se desempeñó por casi tres años hasta terminada la pandemia por la COVID-19. “La importancia de este trabajo es que es el primero que reporta el análisis del genoma completo asociado a la enfermedad de Alzheimer en poblaciones del Cono Sur. La limitante es la cantidad de muestras, ya que lo hicimos sobre 1.393, un número sensiblemente inferior a los que sirven como base para otras iniciativas europeas. Pero ya estamos en diálogo con colegas de Brasil, Colombia y México para hacer algo más grande y representativo de Latinoamérica, una región muy diversa no solo culturalmente sino también en su composición genética de ascendencia. Es probable que esa diversidad tenga un impacto en la distribución de los determinantes genéticos del riesgo de desarrollar la enfermedad”, cuenta la experta. El estudio se completó con la combinación de los resultados con la base de datos del EADB con el objetivo de probar el rendimiento de GRS en las poblaciones de Argentina y Chile: “Hay una genética compartida, ya que el índice presentó un desempeño similar para estas poblaciones, pero el puntaje disminuyó a medida que aumentaba la ascendencia nativa americana” Ahora, el objetivo del equipo es aumentar el número de muestras y continuar con los estudios genéticos con la premisa de detectar marcadores genéticos distintivos de la población argentina. Según comenta Dalmasso, “estudiar la mayor cantidad de poblaciones posibles nos va a llevar a afinar el conocimiento sobre cuáles son los mecanismos y los genes afectados, y esto no solo nos dará información sobre las causas de la enfermedad, sino también permitirá optimizar su diagnóstico y tratamiento, la detección temprana y la implementación de estrategias terapéuticas más precisas”. En ese sentido, actualmente el equipo liderado por Dalmasso y Paula González, investigadora del CONICET y directora de la ENyS, está llevando a cabo un nuevo reclutamiento de pacientes adultos que se atienden en los consultorios de Atención Médica Integral (AMI) del Hospital de Alta Complejidad El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner” (HEC) de Florencio Varela –donde está asentada la ENyS– y de voluntarios/as sanos/as que deseen participar del estudio.

El ministro de Salud de CABA hablo sobre el aumento de los casos de Covid. «Ya es una enfermedad contagiosa más»

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En el marco del aumento de casos de Covid-19 que se registró en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, tranquilizó a la población y aseguró que se trata de “algo frecuente”.

“El Covid tiene un ciclo de aumento de casos en otoño-invierno, y otro más que se suele asociar a los encuentros sociales”, explicó y atribuyó así los contagios a los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Es un período de encuentro social y eso facilita el contagio”, afirmó.

Tras ello resaltóHemos salido del drama del Covid y quedó como una enfermedad infectocontagiosa más. Lo que hay que hacer es no preocuparse y mantener la campaña de vacunación”. Al mismo tiempo, el funcionario del gabinete de Jorge Macri destacó que quien quiera aplicarse una nueva dosis de la vacuna puede hacerlo en los hospitales públicos y centros ambulatorios de la Ciudad, pidiendo un turno a través de la web o asistiendo de forma presencial.

Además, reiteró que el aumento de contagios que registraron desde diciembre es un fenómeno que se da todos los años. “Hasta ayer teníamos cuatro pacientes en terapia intensiva y cerca de 18 en sala general en todos los hospitales públicos de la Ciudad. Estamos transitando una de las famosas olas, pero que es mucho menos fuerte que antes. El hisopado masivo en hospitales ya no es necesario, solo para los grupos de riesgo y a los que se internan”, indicó y agregó: “Cuando hay aumento de casos, algunos de ellos se vuelven graves, sobre todo los que no están protegidos con la vacuna”.

Al resaltar la importancia que tiene mantener el calendario de vacunación actualizado, el ministro confirmó que a partir de ahora es necesario darse sólo una dosis al año. “La vacuna ya no cuenta por número de dosis, sino que te das una vacunación anual que tiene el cambio genético del virus que está circulando este año”, afirmó.

Actualmente, en la Ciudad se están aplicando dosis de la vacuna ambivalente de los laboratorios Pfizer y Moderna. “Es importante que se la den al menos una vez al año, especialmente los grupos de mayor riesgo: mayores de 50, con enfermedades preexistentes”, agregó Quirós. Además, sugirió que -para facilitar el proceso a la población- se den la vacuna contra el Covid el mismo día que la de la gripe, ya que se pueden coadministrar sin ningún inconveniente.

Según el Ministerio de Salud, aunque no pudieron establecer un número concreto de casos, se reportaron mayores consultas y testeos por síntomas de Covid, lo que provocó un aumento en el número de resultados positivos.

Una nueva variante en Estados Unidos

Al igual que en la Argentina, en Estados Unidos surgieron preocupaciones sobre el aumento de contagios de Covid que parece tener una nueva variante dominante, identificada como JN.1. Esta cepa fue encontrada en uno de cada tres casos y demostró ser especialmente resistente, ya que afecta incluso a aquellos que fueron vacunados o que superaron la enfermedad en el pasado.

La variante JN.1 tiene la mayoría de los síntomas identificados con la enfermedad, como flujo nasaltos, dolor de cabeza y hasta la clásica pérdida del sentido del olfato y el gusto que caracterizó al Covid. No obstante, las personas que se contagiaron con la nueva variante también reportaron dos nuevos efectos: ansiedad y problemas para dormir.

La Argentina entró hace dos años en un régimen de alta inflación. Y la devaluación de Caputo lo acentuo

En Julio de 2022 publicamos esta nota. En la que Joaquin Walman advertia que habiamos entrado en una situación distint, de una inflación que se alimenta a si misma. Y que cambios bruscos en los precios relativos -incluido el del dolar- so pretexto de «sinceramiento», solo podian empeorarla. Eso es lo que ha sucedido. «La reacción de los mercados y de las empresas frente a la renuncia de Guzmán y a las primeras medidas de Batakis -destinadas justamente a moderar las expectativas- confirma que la economía argentina ingresó en un “régimen de alta inflación”. En esta nota, Joaquin Waldman explica lo que eso significa. Aclaramos que fue escrita y publicada ANTES de la renuncia del ministro. «El proceso inflacionario local está ingresando en una nueva fase que entraña consecuencias y riesgos diferentes a los que nos tiene acostumbrados La inflación en el primer trimestre alcanzó un ritmo anualizado de 81%, mostrando grandes diferencias entre cada mes y el siguiente. En marzo, un importante salto de los alimentos llevó a la inflación a alcanzar el 6,7% mensual (118% anualizado), casi el doble del ritmo de enero (3,9%) y cerca del triple del de noviembre (2,5%). Esta suba puede atribuirse solo parcialmente al incremento del precio internacional de granos y derivados que provocó la invasión de Ucrania. Si esta hubiera sido la causa, otras economías como la brasileña o la uruguaya habrían mostrado subas similares, aunque sea en la categoría “alimentos y bebidas”. Sin embargo, en ambos países la inflación de alimentos fue de “apenas” 2,4%. Además, todos los rubros del índice de precios argentino subieron por encima del 3%, independientemente de su vínculo con los precios internacionales.

La inflación en Argentina no es novedad, pero el fenómeno fue mutando y muestra hoy tres características distintivas respecto a su pasado reciente: 1) El dato de marzo fue el más alto de los últimos 20 años. 2) Como si fuera poco, representa un cambio brusco respecto a la dinámica previa, sin que haya habido una fuerte devaluación que lo justifique. 3) En este escenario, no resulta obvio que la inflación de los próximos meses vuelva a ubicarse por debajo del 5%, y el debate público parece haber olvidado la pregunta por la inflación de los años venideros (los especialistas consultados por el Banco Central apuestan a que la inflación de 2023 se ubicará en algún lugar del amplio rango entre 33% y 79% anual).

El crecimiento de los precios en los últimos doce meses, la medida que se utiliza usualmente como termómetro de los precios para tomar decisiones, hoy en día nos resulta obsoleto.

Los tres elementos mencionados (el nivel de la inflación, su volatilidad y el acortamiento de los plazos de referencia) nos dan la pauta de que nuestro país dejó atrás el proceso de inflación moderada en que estaba sumido desde hace 15 años, ingresando definitivamente en un régimen de inflación alta.
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Este fenómeno implica un acortamiento general del horizonte de planeamiento y la desaparición de los contratos a mayores plazos (¿quién de ustedes ha visto un préstamo hipotecario?).
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La rápida desvalorización del dinero también hace que muchas transacciones se indexen automáticamente (las jubilaciones, los plazos fijos UVA, los alquileres, entre otros) o deban renegociarse con una frecuencia mayor. Esto sucede también con las discusiones salariales. Tal como afirmó Omar Plaini, dirigente de la CGT, “las paritarias las hemos puesto en términos anuales, después se empezaron a discutir semestrales y ya hay organizaciones que están discutiendo trimestralmente. Si seguimos así, vamos a discutir todas las semanas”. En este sentido, el Ministerio de Trabajo difundió en la última semana la firma de 17 acuerdos paritarios. Solo 5 de estos pactos no volverán a discutirse antes de fin de año.
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En general, la relación entre la inflación y el nivel de producción y empleo es ambigua. En contextos de baja inflación, una aceleración de los precios puede estar asociada a una caída del desempleo, mientras que una recesión puede enfriar las remarcaciones y reducir la inflación. En nuestra situación actual, la dicotomía entre crecer y desinflar no tiene vigencia: la alta inflación dificulta el normal funcionamiento de la economía y tiene un efecto marcadamente negativo sobre la actividad, el empleo y los ingresos reales.
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Por este motivo, reducir la inflación sería positivo para retomar el crecimiento sostenido, una cualidad que perdimos hace una década. La dificultad reside en que los comportamientos generados por la alta inflación prolongan su duración y complican una salida sencilla. Por ejemplo, como fue dicho, en presencia de alta inflación los salarios se discuten más seguido. Esto es beneficioso para los trabajadores formales, ya que impide que sus sueldos pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, también hace que las empresas recalculen sus costos salariales con mayor frecuencia, trasladando los aumentos de salarios a aumentos de precios.
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Así, cada ‘mala noticia’ inflacionaria (en este caso, el salto de los alimentos) se convierte en un reclamo salarial y posteriormente en una remarcación de un bien o servicio final. En este proceso, cada suba de algún producto se propaga rápidamente al resto de precios, afectando a la inflación general. La indexación también contribuye a esto, ya que las mismas subas se incorporan a la fórmula de movilidad previsional, las inversiones financieras, los préstamos y los alquileres.
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Dos conclusiones pueden desprenderse de esto. En primer lugar, encontrar el camino de regreso a una inflación del 20% o 30% anual no será sencillo. La alta inflación posee cualidades diferentes a la inflación moderada y su reversión puede llevar años (Argentina convivió con ella, por lo menos, de 1975 a 1991). Mientras dure, cualquier precio que no se actualice con suficiente velocidad queda rápidamente atrasado, generando problemas en la economía real. En segunda instancia, los riesgos de este régimen son mayores.
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La propagación más veloz de los shocks puede hacer que una serie de malas noticias lleve a una espiralización de los precios.
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La combinación de estos elementos muestra la importancia de las políticas macroeconómicas. En este contexto, subas muy grandes o retrasos demasiado considerables del dólar pueden tener graves efectos sobre la economía. La primera de estas medidas podría acelerar peligrosamente la inflación, a la vez que abortaría la recuperación en curso. La segunda derivaría en un creciente déficit externo que, considerando la escasez de reservas internacionales, también desembocaría en una devaluación. Para peor, un eventual deterioro de nuestros precios de exportación podría agravar la disyuntiva. La cuestión tarifaria sirve de ejemplo: la indefinición sobre el precio de la energía se postergó hasta que la situación internacional se tornó desfavorable. Esa demora hoy provoca que la suba de subsidios lidere un déficit fiscal creciente. El desafío -tanto para el tipo de cambio como para las tarifas- consiste en coordinar aumentos sin que la inflación deteriore las cuentas externas y fiscales, y sin que la mejoría de las mismas se lleve puesta a la economía interna.»

Estanflación: cae la actividad y se aceleran los precios

El día que asumió como presidente, Javier Milei aseguró que “va a haber una estanflación”. Si bien la economía argentina convive desde hace varios años con períodos de estancamiento y elevada inflación, diversos factores confluyeron para que en los últimos meses la caída de la actividad se profundice. Y, tal como advierten los analistas, las perspectivas en el corto plazo no son alentadoras. El último dato oficial corresponde al EMAE de octubre, que dio cuenta de una retracción del 0,1% frente al mes anterior, para acumular una contracción de 1,4% en diez meses. Una caída que respondió, mayormente, al impacto de la sequía en el agro y sus derivaciones. Lo cierto es que el freno de la actividad se acentuó en los últimos meses. El INDEC informó caídas en la industria y la construcción durante noviembre y datos sectoriales reflejaron también números negativos en diciembre. En el último mes de 2023, las ventas minoristas pymes tuvieron un derrumbe anual de 13,7%, y finalizaron el año con una baja del 3,4%, según la CAME. La entidad también informó que las ventas por Reyes Magos retrocedieron 13,6% anual. El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos de insumos para la construcción al sector privado, registró un descenso de 14,8% mensual y 17,4% interanual en diciembre. En tanto, según la Asociación de Fabricantes de cemento portland (AFCP), los despachos de cemento tuvieron su peor diciembre en cuatro años: cayeron 20,5% respecto de noviembre, y 12,9% frente al mismo mes de 2022. La aceleración inflacionaria y la incertidumbre, en un escenario marcado por el cambio de gobierno y las nuevas medidas económicas, fueron algunos de los factores que impactaron en distintas ramas de la actividad en los últimos meses. Y que, según estiman analistas, “profundizó la tendencia estanflacionaria” que ya mostraba la economía argentina.

Inflación, caída del salario e impacto en el consumo

“La actividad económica comenzó a enfriarse a partir de septiembre, que junto a octubre mostraron caídas mensuales leves, según los últimos datos del EMAE del INDEC. Lo que ya dio cuenta de que la economía estaba comenzando a encontrar un freno en su dinámica”, señaló a Ámbito Santiago Manoukian, Jefe de Research en Ecolatina. Ese freno, sostuvo el analista, “se empezó a profundizar a partir de noviembre y más aún en diciembre”. “Producto del impacto de la aceleración inflacionaria sobre los ingresos reales de la población: con una caída del salario real que estamos previendo para diciembre cercana al 10%, que va a ser la más alta probablemente desde abril de 2002. Eso va a afectar claramente al consumo, que es el principal dinamizante de la economía de corto plazo: representa 70% del PBI”, detalló. “Entonces, eso va a profundizar, en forma acentuada, la tendencia estanflacionaria que viene mostrando la economía desde 2011 hasta la fecha. No es algo nuevo, pero sí creemos que eventualmente uno podría llamarlo como ‘shock estanflacionario’, porque en estanflación ya venimos conviviendo hace varios años”, agregó Manoukian. “Va a ser una recesión fuerte”, aseguró el economista, quien señaló que los distintos indicadores sectoriales “son las primeras muestras de esa recesión que se va a profundizar desde los últimos meses del 2023 y en este comienzo del 2024”.

Actividad económica: qué puede esperarse a futuro

Por su parte, según explicó Francisco Ritorto, economista de la consultora ACM, durante buena parte de 2023 se evidenció un proceso de “adelantamiento de consumo”, como forma de proteger el poder adquisitivo frente a una elevada inflación. Lo que, de alguna manera, permitió “atenuar la caída de la actividad”. “Es probable que tal proceso se vaya diluyendo en los meses por venir, ya que el impacto en los ingresos reales puede resultar significativo, principalmente por la aceleración inflacionaria que se espera a partir del realineamiento de precios relativos”, aseguró. “Adicionalmente, en los últimos meses comenzamos a ver recorte en los crecimientos de las industrias líderes (automotores e industrias metálicas básicas), mientras que el resto de los sectores industriales manufactureros profundizan su tendencia contractiva. Dicho escenario se vuelve similar para la actividad económica en general, lo que implica un panorama restrictivo para el primer trimestre de este año, en donde se profundiza a partir de un ‘reordenamiento’ de la actividad que comenzamos a observar”, agregó Ritorto. De todas formas, el economista sostuvo que los “sectores de actividad con capacidad exportadora, probablemente mejoren sus desempeños y logren ‘amortiguar’ la caída de la actividad general”. “Por el otro lado, los sectores de actividad mayormente relacionados al mercado interno y a los bienes de consumo durables, se verán fuertemente afectados por una caída en el poder de compra de los salarios y peores condiciones de financiamiento. Resta ver cómo evoluciona el consumo en el resto de los bienes -como alimentos y bebidas- en un escenario como este, ya que podría revertir lo observado el año pasado, en donde dicho sector presento de los peores desempeños”, concluyó.

El impacto “atraviesa todas las actividades”

Hernán Letcher, director del CEPA, sostuvo que el impacto de la inflación en el poder adquisitivo y en el consumo “atraviesa todas las actividades”. Y, en base a distintas experiencias, explicó: “Hace unos días un comerciante me dijo que antes vendía 50 bolsones de gaseosa y hoy vende 10, mucha gente se pasa al jugo en sobre. Otra comerciante me escribió: ‘Se nos hace imposible, no hay ventas y no podemos aumentar los precios. No quiero echar gente, pero como viene la mano, va a estar difícil’. Un productor de cerdo de Santa Fe, dijo que las ventas cayeron un 30%, pese a que el cerdo vale un 30% menos que el vacuno”. “En fin, la mayoría de diversos sectores dan cuenta de una caída de la actividad sensible en el mes de diciembre. Allí se cruzan diferentes variables: el aumento de los precios es la principal, también en parte la incertidumbre. Pero, probablemente en diciembre y en enero haya un impacto en la mayoría de las actividades”, concluyó.

Nueva estación sismográfica argentino-italiana en la base Petrel

  • Expertos en sismología argentinos e italianos cooperaron para completar las siete instalaciones permanentes argentinas con el instrumental adecuado para seguir contribuyendo al monitoreo sísmico mundial.
Dos expertos en Sismología del Instituto italiano de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste (OGS), en cooperación con el Instituto Antártico Argentino (IAA), llegaron a la Antártida el sábado como parte de la dotación científica del buque ARA Almirante Irízar para construir una nueva estación de la red sismográfica argentino-italiana, por primera vez en Base Petrel, y completarán las siete bases permanentes argentinas con instrumental sismológico para seguir contribuyendo al monitoreo sísmico mundial. Además de trabajar en Petrel, también lo harán en las bases antárticas argentinas permanentes Marambio, Carlini, Orcadas, Esperanza, San Martín y Belgrano II, donde realizarán el mantenimiento y actualizarán el instrumental sismológico de cada uno de los observatorios instalados. «La tarea especial que tenemos durante esta Campaña Antártica de Verano (CAV) es empezar una nueva estación de sismógrafos en la Base Petrel. Tenemos los materiales que necesitamos para la construcción y vamos a ver si la podemos dejar funcionando ya este año», dijo a Télam Milton Plasencia Linares, investigador oriundo de Perú, licenciado en Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctor en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Trieste, ciudad italiana en la que vive y trabaja para el OGS.
La creación de la red argentino-italiana de sismógrafos (Asain) comenzó en 1992 en Base Esperanza.
Todas las estaciones sismográficas de esta red instalada en bases argentinas transmiten en tiempo real los datos que relevan y son de libre acceso para todo el mundo sismológico, destacó Plasencia Linares.
La sismología es una ciencia que estudia los terremotos que se producen de forma únicamente natural, y también fenómenos como las activaciones de volcanes submarinos o externos y la rotura de hielos por cambios estacionales (témpanos), definió el experto mientras trabajaba en la Base Orcadas. En contraposición, esta ciencia no abarca el estudio de los fenómenos provocados por acción humana, como cuando se inyecta energía en el terreno para buscar minerales con fines económicos, aclaró. Las estaciones sismográficas antárticas consisten en un pilar sísmico y una protección para el instrumental parecido a una pequeña casa con un volumen de un metro cúbico, que alberga el sensor y lo dota de su alimentación eléctrica y de la conexión a Internet. «Estos instrumentos son muy dependientes de las variaciones de temperatura, presión y humedad, por eso, nuestra construcción para una estación en la Antártida debe ser inmune a estas variables», explicó Plasencia Linares. Junto a su compañero de trabajo Marco Santulin, oriundo de la ciudad italiana de Trieste y geólogo especialista en Geofísica del OGS, llevan adelante el proyecto «Sismología Itinerante», un convenio de cooperación científica entre ese centro de investigación europeo y el IAA para desarrollar y mantener la red de monitoreo sismográfico. «El comportamiento sísmico está ligado al movimiento de las placas tectónicas y la Antártida es parte de la placa antártica, que se conecta con las otras placas que están alrededor de ella. La corteza terrestre se está moviendo y va generando tensiones, deformaciones. Los terremotos ocurren cuando se producen rupturas más grandes», detalló. Asimismo, precisó que entre las islas Shetland del Sur y la Península Antártica (al oeste de esta), corre una falla desde isla Elefante hasta isla Decepción y hay una fila de volcanes submarinos. Entre los últimos sucesos destacados de la actividad sísmica en el continente antártico, el científico recordó que en el 2020 se activó un volcán denominado Orca, ubicado frente a la Base Carlini, que tuvo una importante actividad volcánica debajo de la corteza, que duró alrededor de seis meses. Además, en 2003 y 2013, en Orcadas se registraron terremotos magnitud 7+ en la escala Richter. Por su parte, Santulin explicó que «en Antártida está la mejor posición del mundo para instalar sismógrafos porque es muy bajo el factor antrópico» o las actividades humanas relacionados con la actividad y el comportamiento del hombre. Y destacó que la estación sismográfica que Argentina e Italia tienen instalada en la Base Belgrano II «tiene el mejor registro -del sexto continente- y es la más completa», siendo utilizada por los principales centros sismológicos del mundo debido a que «es la última estación instalada en roca». También, la red sismográfica se destaca por la alta sensibilidad de sus instrumentos. En ese aspecto, Plasencia Linares explicó que la red es capaz de detectar un terremoto mayor de magnitud 6.2 ocurrido en cualquier parte del mundo, aunque sea en Japón, como sucedió el pasado 1° de enero. Los movimientos sísmicos pueden provocar desprendimientos de hielo, avalanchas y causar movimiento anómalo de ondas en el mar (tsunamis), señalaron.  
La red argentina italiana en Antártida llega a tener una distancia entre estaciones de unos 1000 kilómetros.
  En la Antártida, la calidad del registro se ve mejorada al no haber tanta actividad humana, y esto posibilita diferenciar un terremoto tectónico, que se produce dentro de la tierra, de un desprendimiento de un glaciar (avalancha o témpano). «Nuestro desafío es poner la estación Petrel e instrumentalizar la zona de las islas Shetland del Sur, porque nos dará una mayor precisión en las localizaciones si hay terremotos en la zona», destacó Plasencia Linares, y subrayó que por la alta tecnología de los instrumentos logra recabar la información de forma remota con un software de adquisición, detección y posterior localización de manera automática.
Foto Leo Vaca
  «Lo que necesitamos es densificar la red donde podamos. Necesitamos energía y control de la instrumentación, por eso estamos donde están las bases permanentes donde hay personal de apoyo durante el año, para que el instrumental esté activo y trabajando. De hecho, tenemos un altísimo nivel de funcionamiento: más del 95% de datos en un año, y esto es gracias a la colaboración y el mantenimiento de los invernantes», subrayó el sismólogo. Durante todo el año los operadores informan sobre los problemas que se presentan, si hay que cambiar baterías, software o cualquier otra cosa, así cuando los expertos se dirigen a la Antártida llevan lo necesario para preparar el instrumental para afrontar el invierno. (Por Ornella Rapallini)

Se aprobo una nueva levadura transgénica para la producción de etanol

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Por primera vez en la Argentina se autorizó la venta de unas levaduras transgénicas para la producción de bioetanol a partir de la fermentación de granos. Si bien la decisión, publicada en el Boletín Oficial de este martes, es para una empresa en particular –Danisco Argentina– es considerada “auspiciosa” por toda la industria.

Expertos destacaron que la primera levadura transgénica que mejora la eficiencia en la elaboración de etanol: aumenta hasta tres por ciento la eficiencia de conversión de grano en ese biocombustible.

Se autoriza también a que la burlanda derivada del proceso industrial podrá ser utilizada como alimento para ganado. La resolución 3/2023 de la Secretaría de Agricultura, con la firma de su titular Fernando Vilella, indica que la empresa autorizada deberá suministrar en “forma inmediata” a la autoridad competente “toda nueva información científico-técnica” que surja sobre las levaduras “Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03486 (GPY10009) y Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03506 (GPY10023)” que son las autorizadas a comercializarse.

La autorización definitiva, aclara la resolución, será otorgada “previa evaluación del cumplimiento de los requisitos que establezca la reglamentación” conforme los procedimientos a ser instrumentados por la Dirección Nacional de Bioeconomía.

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) ya determinó que, evaluada la levadura, “no implica un riesgo adicional para el agroecosistema respecto a su variante no modificada”.

También el Senasa concluyó que la burlanda derivada de ese proceso es “apta para el consumo animal” aunque advierte que la “presente conclusión no se hace extensiva a cualquier desvío del uso propuesto de la levadura Saccharomyces cerevisiae Cepa GICC03486 (GPY10009).”. Ambas evaluaciones se hicieron a lo largo del año pasado y las conclusiones se dieron a conocer hace unos meses.

Patrik Adam, consultor en biocombustibles, precisó a este diario que la decisión es “un paso adelante: las levaduras GMO nos permiten aumentar la productividad. Se usan en muchos países y era una desventaja competitiva no poder usarlas. Implican una ganancia de productividad de hasta 3%”. Añadió que “hace años” que la industria viene planteando el tema.

Danisco Argentina, la empresa autorizada, está instalada en Arroyito (Córdoba). En la página de la Municipalidad destacan que es la “única planta” del país que produce “catalizadores enzimáticos”. Se encarga, efectivamente, de desarrollar “soluciones innovadoras de aditivos alimentarios para permitir una producción ganadera sostenible y sin antibióticos”. DuPont había adquirido la compañía en 2011 y diez años después realizó una escisión de toda la división de Nutrition & Biosciences que se fusiona a nivel global con la compañía IFF (Interational Flavors and Fragrances) que es la que comercializará la levadura. Iff además de la planta de Arroyito tiene dos más en Garín donde se elaboran sabores y fragancias.

Manuel Ron, cofundador de Bio-4 y actual titular de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, explica a este medio: “Es una excelente noticia para la industria; los trámites se habían presentado hace tres o cuatro años. Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, lo lleva usando hace tiempo y es un salto de competitividad importante para toda la industria del etanol de maíz”.

España: se obliga al uso de barbijos en público por brote de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Sanidad de España exigirá a partir de este miércoles el uso obligatorio del barbijo en hospitales y centros sanitarios, después de que no haya llegado a un acuerdo con comunidades autónomas, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sobre la obligatoriedad de su uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García confirmaron que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. Las mismas fuentes precisaron que la decisión rige únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

Ante la falta de acuerdo en la reunión del lunes por la mañana, Sanidad abrió un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las Comunidades Autónomas podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud”, sostuvo García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión. Defendió, además, la norma al calificarla como “efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población”.

Apoyo dividido

El pasado viernes, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de barbijos en centros de salud mientras que otras Comunidades Autónomas se opusieron a la medida, entre ellas Castilla y León. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, amplió en las últimas horas la obligatoriedad en la portación de las mascarillas en pacientes en salas de espera.

Madrid, mientras tanto, optó por mantener la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, en caso de que se presenten síntomas y para personas especialmente vulnerables. De igual manera, Islas Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso del tapabocas en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimentara un crecimiento en los próximos días o semanas.

Las infecciones respiratorias, en aumento

Los médicos llevaban varios días dando la voz de alarma sobre el aumento de casos de gripe, pero también de Covid y de otros virus respiratorios. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, el porcentaje de muestras positivas en gripe ascendió del 27 al 46% en tan solo una semana, lo que supone una cifra mayor que el pico de positividad semanal a gripe de la temporada 2022-23 (36%).

Además, el 98,9% de los virus gripales identificados son de Influenzavirus A. Por el contrario, el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 en Atención Primaria desciende a 10,8% -15,4% en la semana previa- y también para VRS, que desciende a 10,3% (14,1% en la semana anterior).

Durante la pandemia, la obligación de llevar mascarilla fue ampliamente respetada en España, donde el confinamiento fue uno de los más estrictos del mundo.

Polémica por el tritio: Contesta el gerente de la central nuclear Embalse

“Hace veinticinco años que estoy en el rubro y una de las primeras charlas a las que asistí fue por el tritio, así que imaginate lo viejo que es este tema”, dice Juan Cantarelli, 51 años, gerente de la Central Nuclear Embalse, en Córdoba. El hombre, jura, no está enojado con la nota que publicó el análisis de un laboratorio europeo sobre las descargas radiactivas de la Central que él comanda sobre la cuenca del río Ctalamochita, aunque reconoce que las repercusiones lo obligaron a salir a contestar. “No hay contaminación radiactiva porque los valores de tritio encontrados son prácticamente insignificantes”asegura. La respuesta de Cantarelli está dirigida al informe difundido por Cristian Basualdo, periodista y miembro del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) y Silvana Buján, integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, quienes enviaron una muestra de pescado del lago Embalse –tararira– al laboratorio de la CRIIRAD –una asociación sin fines de lucro con sede en Francia– para determinar el tritio ligado biológicamente a la muestra en cuestión. El estudio detectó 154 Bq/L (los bequerelios son la unidad de medida para la presencia de material radiactivo por litro de “agua de combustión”, que es la forma utilizada para detectar tritio ligado orgánicamente), un valor 70 veces superior al nivel natural típico. Vale recordar que el tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno que tiene la particularidad de hacer que el agua, la sustancia más presente en los seres vivos, se vuelva radiactiva. “El tema es siempre el mismo –insiste Cantarelli–; se parten de datos ciertos, no cuestionamos los números, pero la interpretación es antojadiza. Ellos (en referencia a Basualdo y Buján) son antinucleares declarados por lo tanto es muy difícil moverlos de ese dogma”. Más allá de sus opiniones, el gerente también aporta números. Actualmente, los niveles de tritio en el agua del lago de Embalse rondan los 300 Bq/L. Muy por debajo de los 10.000 Bq/L que es el nivel máximo de referencia postulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua de consumo. “Nosotros vivimos al lado del lago, no somos ajenos a la problemática que pudiera haber. Bebemos esa agua y con esa misma agua preparamos la comida que se sirve en el comedor de la Central”, remarca el gerente.

Cuestión de fondo

Cómo ya se dijo, la polémica no es novedosa. Nucleoeléctrica, la empresa estatal que opera las centrales nucleares argentinas, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, efectúan monitoreos radiológicos que incluyen el tritio en las aguas ambientales. En 2018, esas mediciones revelaron la presencia de 23.456 Bq/L en el canal de descarga de la Central Nuclear Embalse, cifra que llevó al Movimiento Antinuclear a concluir que el río Ctalamochita “presenta las concentraciones de tritio más altas del mundo”. Cinco años antes, en 2013, Nucleoeléctrica también informó la presencia de 1.081 Bq/L en el agua de red del barrio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Embalse. Ese índice superaba, por ejemplo, el valor máximo de 740 Bq/L que establece Estados Unidos para el agua de red. Más acá en el tiempo, en 2022, el agua de red de Villa Rumipal, que se abastece mediante perforaciones de la napa cercana al lago Embalse, contenía 91,4 Bq/L, casi al límite de los 100Bq/L que es el valor paramétrico de la Unión Europea (UE) para el agua de red.
Central Nuclear de Embalse
“Es un error muy grave considerar los niveles de actividad en el canal de descarga como una muestra ambiental –replica Cantarelli–. Esa medición tiene como objetivo verificar la real dilución del efluente una vez emitido, es decir, se verifica que no se mantenga constantemente en valores elevados”. Con respecto a los índices de tritio encontrados en la red de agua, el gerente argumenta que “fue una singularidad de pocos meses luego del trabajo de limpieza de los tanques de resina y que en ningún momento de la historia de la Central se superó ningún límite establecido por la normativa vigente”. “Nos duele –concluye– que se diga que trabajamos en la oscuridad, todo lo contrario, es una actividad de las más reguladas en donde toda la información está al alcance. La nuclear es una forma de generación de energía segura, limpia y que no aporta gases de efecto invernadero. Toda industria tiene impacto en el ambiente, pero el nuestro es insignificante, el beneficio que generamos es mucho mayor”.

Oficial: Se empezara a eliminar el total del subsidio al gas a partir de Febrero

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció que el Gobierno buscará reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos tres meses y que habrá cambios en la forma de segmentación a partir de abril próximo. El funcionario participó de la audiencia pública para debatir los futuros aumentos en el servicio de gas, que se concentrarán en febrero, marzo y abril.

Rodríguez Chirillo hizo una presentación detallada de la herencia recibida en materia energética y dijo que, actualmente, en promedio, los usuarios de gas pagan solo el 17,5% del costo de producción. En números concretos, se abona a través de las boletas el equivalente a US$0,7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando el costo promedio es US$4.

El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro a través del presupuesto nacional que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto para la salud, la educación y mayores impuestos”, dijo Rodríguez Chirillo, en una presentación virtual que duró media hora y se trasmitió por la cuenta oficial del ente regulador del gas, Enargas, en Youtube.

En este sentido, agregó que habrá un “traslado gradual” del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios”. Y aclaró que se quitará un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total. Es decir, los usuarios pasarán de pagar US$0,7 el millón de BTU a US$4 en tres meses. Rodríguez Chirillo no brindó precisiones sobre cómo será el impacto final de los aumentos en las tarifas.

El costo de producir gas es uno de los cuatro segmentos que componen el precio final de las boletas de gas. Además, se incluye el costo de transporte del gas de los lugares de producción (Vaca Muerta, por ejemplo) a los centros de consumo; el costo de distribución del gas en los hogares, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, el costo del gas es el que más peso tiene en el precio final, ya que representa alrededor del 40% del valor total de las boletas. El transporte significa el 13% del precio final, la distribución, el 23%, y los impuestos, 24%.

Se espera que se anuncien también aumentos en el transporte y la distribución en los próximos días, para recomponer los márgenes de rentabilidad de las empresas (TGN, TGS, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras). La idea de la Secretaría de Energía es que haya subas mensuales según la inflación pasada.

Cambios en la segmentación

Rodríguez Chirillo también criticó la segmentación de subsidios llevada a cabo por la anterior gestión y anunció que habrá cambios. Dijo que el sistema vigente “ha tenido sus falencias”, ya que la mayoría de los usuarios “sigue teniendo subsidios generalizados, porque los valores fijados en el precio mayorista no cubren el total de los costos”.

El secretario de Energía dijo que “hay superposición de beneficiarios de planes sociales con estos subsidios, porque la mayoría de ellos están categorizados como nivel 2 [ingresos bajos]”. Y que “hay falta de control del padrón de usuarios y cobranzas o discrepancias con el registro de acceso a los subsidios a la energía (RASE) y la base de datos del sistema de identificación nacional tributario social”.

Para finalizar, criticó: “El subsidio se otorga según las condiciones del contratante del suministro sin control del grupo conviviente”. Rodríguez Chirillo criticó la implementación de la segmentación anterior, pese a que quien la llevó a cabo fue su antecesora, Flavia Royon, quien sigue como funcionara en la gestión actual, a cargo de la Secretaría de Minería.

El secretario de Energía adelantó también que habrá cambios en la manera de subsidiar las tarifas de gas y electricidad a partir del 1° de abril. En primer lugar, se van a determinar “los ingresos totales del grupo conviviente” y se subsidiará hasta un determinado porcentaje de esos ingresos. Además, se creará una “canasta básica energética tanto para gas o electricidad”, que cubrirá las necesidades indispensables de las personas.

La canasta se determinará en una cantidad de metros cúbicos (m3) -en el caso del gas- o de kilovatio hora (kWh) -para la electricidad- por mes, que será distinta según la zona del país. “Es un subsidio a las personas en situaciones de vulnerabilidad. El subsidio que otorgará el Estado será diferencial y se aplicará cuando el precio de la canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”, explicó Rodríguez Chirillo.

En otras palabras, nacerá una canasta básica energética, definida según zonas de consumo y por grupo conviviente. El subsidio se calculará según la relación del porcentaje que tiene ese consumo básico en el total de los ingresos.

Herencia recibida

Rodríguez Chirillo dijo que el sistema energético actual se encuentra “altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de US$30.000 millones en los últimos 10 años”.

También dijo que hubo un “paulatino e importante debilitamiento institucional del sector”, lo que ha significado en un “relajamiento en las funciones encomendadas para actuar como entes autárquicos e independientes”. En el mismo sentido, dijo que hubo “ausencia de señales de mercado para alentar las inversiones, y mejorar el desarrollo de la infraestructura a largo plazo, llevando a que sea el Estado quien realizó las escasas infraestructuras en forma tardía e ineficiente o costosa”. Y agregó: “El costo del gasoducto [Néstor Kirchner] del primer tramo y la tardía reversión del gasoducto norte lo ponen en evidencia”.

El secretario de Energía señaló que actualmente el cuadro tarifario de gas cuenta con más de 60 tarifas distintas y en algunas provincias hasta con 90, “con subsidios cruzados y en las mayorías de las cuales no remuneran el costo del servicio”.

Martín Vauthier, funcionario del Ministerio de Economía, mostró que en los últimos años se destinó más subsidios a la energía que al programa de asignación universal por hijo (AUH)
Martín Vauthier, funcionario del Ministerio de Economía, mostró que en los últimos años se destinó más subsidios a la energía que al programa de asignación universal por hijo (AUH)

En este sentido, detalló que en junio de 2019, los usuarios pagaban con sus tarifas el 100% del costo del gas: US$4,3 el millón de BTU. Desde entonces, la anterior gestión aplicó un congelamiento tarifario y en junio de 2022, los usuarios pasaron a pagar el 54% del costo del gas (US$2,2 el millón de BTU).

La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía generó un “descongelamiento” del cuadro tarifario, y en marzo de 2023 se logró que los usuarios cubran el 68% del costo del gas con sus boletas (US$2,7 el millón de BTU). Sin embargo, la nueva suspensión de aumentos y la disparada del tipo de cambio oficial generó que, en noviembre 2023, los usuarios pasen a pagar solo el 37% (US$1,5).

Con la fuerte devaluación aplicada por el actual Gobierno, que llevó el tipo de cambio oficial a más de $800, se generó una nueva caída de la cobertura del costo del gas, ya que las boletas se pagan en pesos, pero los contratos están pactados en dólares. Por eso, en la actualidad, se cubre en promedio solo el 17,5% del costo del gas (US$0,7 el millón de BTU).

Rodríguez Chirillo también dijo que la gestión anterior dejó una deuda impaga por las importaciones de Bolivia de US$230 millones, “que actualmente debe honrarse bajo apercibimiento de corte”.

El gobierno canceló la temporada del Centro Cultural de la Ciencia y renunció la directora de Museos

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La ciencia ya empieza a sentir los primeros coletazos de la política libertaria. Mientras avanzan los ceses de convenios de investigación y la falta de aumentos a científicos (que por el momento deberán funcionar con el mismo presupuesto de 2023) el gobierno nacional decidió cancelar la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia (C3), que pertenecía al ex Ministerio, hoy subsecretaría. La decisión motivó la renuncia de la directora de Museos, Exposiciones y Ferias del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, Guadalupe Díaz Costanzo. La actividad debía comenzar el lunes 8 de enero, pero la decisión administrativa firmada por actual subsecretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, obligó a cancelarla. Se trata del ciclo más importante del Museo de la Ciencia junto con la temporada de invierno, que congrega a miles de personas a visitar las salas y programas, apuntando a la divulgación de la actividad científica. Sobre todo a niñas y niños. El C3 es considerado una vidriera de la labor que realizan los institutos y organismos de ciencia y tecnología de toda la Argentina. Allí semanas atrás se hizo la presentación del concurso Innovar 2023, con los principales desarrollos innovadores del país, desde robots y 3D hasta «aceleradores de la vida» y microscopios especiales para la investigación policial. El Centro Cultural de la Ciencia es un espacio interdisciplinario de creación e intercambio de ideas y saberes que está ubicado en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue inaugurado en 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, cuando se puso en valor el predio abandonado de las ex Bodegas Giol.

Renuncia

Costanzo llegó al puesto de Directora de Museos en 2018, durante la gestión nacional de Mauricio Macri, y se mantuvo durante el albertismo, con un crecimiento de actividades y propuestas que derivó en resultados concretos: el último año tuvo una asistencia de 800 mil personas. «Logramos avanzar conjuntamente con las diversas gestiones para ampliar las oportunidades de acceso a la ciencia a través de la ejecución de propuestas culturales y educativas como exposiciones, espectáculos artísticos con contenido científico, talleres, programas de formación, concursos y premios en divulgación de las ciencias. Entre otros logros que podrían mencionarse, el trabajo realizado permitió alcanzar cifras récord de visitantes durante 2023 y un impacto trascendental entre los museos de la región y el mundo, al obtener prestigiosos reconocimientos internacionales en 2021 y 2022, tanto para exhibiciones como para programas educativos», remarcó en su carta de renuncia. «La situación presente, en la que se considera la suspensión inmediata del Programa, pone de manifiesto una mirada completamente diferente acerca de las funciones de esta Dirección y sus objetivos», continúa. «Creo en la importancia de un Estado presente, que invierte en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como motores indiscutibles para el desarrollo social, económico y productivo del país –añadió–. Creo, en particular, en las políticas públicas en materia de divulgación científica, que permiten ampliar las voces que participan de los debates actuales y necesarios para la construcción de nuestro presente y futuro; debates profundamente atravesados por el conocimiento científico y tecnológico. Creo en el rol estratégico que cumplen los museos y centros de ciencias para estimular el interés por la ciencia y la tecnología, brindar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas, articular con el sistema educativo, establecer alianzas con diversos organismos y la sociedad civil, ofrecer espacios de formación y estimular vocaciones científicas». Y completó. «En suma, creo en la importancia que tienen espacios como el Centro Cultural de la Ciencia para aportar al fortalecimiento del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y al desarrollo de una sociedad en la que se garantiza el derecho a la ciencia. Por lo dicho anteriormente, ratifico mi renuncia y deseo que el sector científico y tecnológico de la Argentina pueda transitar un sendero de prosperidad para la construcción soberana de nuestro país, en la que no me cabe duda de que la comunicación pública de la ciencia debe cumplir un rol preponderante».

Perfil tecnocrático

El área científica es una de las que sufrió el recorte ministerial con la asunción de Javier Milei a la presidencia. Pasó a ser la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y dependería de Jefatura de Gabinete. Y pasó a adquirir un perfil tecnocrático, al ser coordinada por un empresario del sector fintech, Alejandro Cosentino. Todo parece indicar que la ciencia nacional pasará a ser priorizada por sus aspectos más mercantiles y tecnocráticos, acordes al interés del sector privado. Los desarrollos «visibles», en detrimento de la ciencia básica, las humanas y las sociales. En ese sentido Laura Toledo, directora del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), se hará cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Cosentino es fundador y CEO de Afluenta, una empresa de créditos e inversiones online de la cual fue presidente entre 2010 y 2022, y es reconocido por “sus operaciones de gestión exitosa de servicios financieros en Latinoamérica”, según declara en su CV. Tiene un perfil empresario sin antecedentes en el mundo científico: es miembro fundador de la Asociación de Empresarios Argentinos (ASEA), de la Asociación Argentina de Fintech y la Alianza Iberoamericana Fintech. Cosentino trabajó en el grupo Exxel, en Santander Río y en American Express. Como relata el artículo de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Quilmes, su intervención política más cercana al nuevo gobierno fue en 2019 cuando, en representación de la Cámara Argentina de Fintech, salió al cruce del secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo por la representación sindical de los trabajadores del sector. Entre las entrevistas que dio, Cosentino dijo que “eran empleados mercantiles y que no podían estar encuadrados en el convenio de trabajo los bancarios”. En su cuenta de Linkedin, Cosentino habla de sí mismo en inglés y se describe como alguien que revolucionó la industria Fintech “con un toque humano y una visión de progreso y autodesarrollo para nuestra sociedad”.

China amplia una baja de aranceles a productos agroindustriales argentinos

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China amplió la reducción de aranceles de importación para productos agroindustriales argentinos. Así lo informó la Secretaría de Agricultura. En rigor, se trata de 143 productos del sector con reducciones o prórroga de reducciones de aranceles temporales.

Se trata de un gesto del presidente chino Xi Jinping a su par Javier Milei. Vale recordar que China es un importante comprar de grano de soja y carne bovina. En 2022, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el país le vendió a China productos agroindustriales por US$6795 millones.

Según dijeron, la medida, oficializada por el comunicado N°10/23 del Ministerio de Finanzas de China, “tiene como objetivo reducir los precios y estimular el gasto del consumidor final, así como elevar o modificar aranceles temporales ya aplicados, en función a la evolución de la demanda del mercado y su oferta en el mercado local”.

En la cartera agrícola recordaron que “China implementó esta política desde 2016 beneficiando a todos los países proveedores que no cuentan con un acuerdo de libre comercio, promoviendo una mayor apertura de ese país al comercio internacional”.

En detalle, los productos argentinos que se verán beneficiados con nuevas eliminaciones y reducciones en los aranceles de importación, como también en la prórroga de otros que fueron alcanzados en años anteriores son:

Hortalizas y especias: reducción del arancel sobre granos de maíz dulce, seco (posición 0712.90.99), del 13% al 0%, y de semillas de cilantro, sin triturar o moler (posición 0909.21.00), del 15% al 0%.

Lácteos: disminución sobre fórmulas infantiles lácteas para uso medicinal (posición 1901.90.00), del 5% o 0%. Se mantuvo la baja sobre quesos (excepto frescos) al 8%, fórmulas infantiles lácteas al 5% o 0%, lactosueros al 2% y proteína láctea al 5%.

Pesca: se mantuvo la reducción del arancel sobre los langostinos congelados, excepto pelados (posición 0306.17.19), del 2%. Es el producto de principal exportación argentina a China en este rubro. También la disminución del arancel sobre cangrejos congelados (0306.14.90) y sobre los demás pescados congelados (0303.89.90), del 5%.

Frutas: continua la baja del arancel temporal sobre arándanos rojos y demás variedades de berries, frescos (posición 0810.40.00) y secos (0813.40.90), del 7%. También sobre nueces de pecán frescos o secos (0802.99.90), del 7%, entre otros.

Oleaginosas: sigue la reducción en los aranceles temporales sobre semillas de lino (1204.00.00), del 15% al 9%, y sobre semillas de girasol (1206.00.90), del 15% al 9%.

Alimentos: continúa la disminución en varios productos alimenticios, tales como preparaciones alimentación infantil, extracto malta, dulce de leche y pastas alimenticias rellenas.

Bebidas: se mantiene la reducción sobre jugo de naranja (posiciones 2009.12 y 2009.19),del 30% al 20%.

Pienso animal y alimentos para mascotas: sigue la disminución arancelaria sobre fardos de alfalfa (1214.90.00), al 2%, y en alimentos para mascotas al 4%.

Maderas: se mantuvo la reducción para carbón vegetal, del 2% al 0%, lana de madera del 2% al 0%, y una mayor reducción sobre hojas para chapado o contrachapado y demás maderas aserradas longitudinalmente, de espesor inferior a 6 mm, aplicando un arancel del 0%, según informó Agricultura.

Impacto

En opinión de Ernesto Ambrosetti, consultor en agronegocios, “si bien la reducción de los aranceles de importación es un beneficio para los consumidores de China, si a los importadores les conviene y logran aumentar el volumen de estos productos argentinos vendidos en su país, esto generaría, de mantenerse estos aranceles en el tiempo, un beneficio a través de una mayor demanda”.

“Al mantener las reducciones preexistentes y otorgar nuevas reducciones en los aranceles de importación por parte de China a la Argentina podría abaratar el costo al consumidor del país asiático de los productos del país, con el beneficio, de mantenerse esta política, que la demanda de los mismos pueda aumentar en el mediano y largo plazo”.

“Estas medidas consolidan el intercambio comercial bilateral e impulsarán las exportaciones de nuestros productos seleccionados por China. De esta manera, el país asiático busca alcanzar precios más accesibles para sus consumidores y reducir su inflación”, agregó.

En tanto, Francisco Schang, gerente de la Cámara Argentina de Nutrición Animal (Caena), expresó: “Vemos muchas oportunidades en el mercado asiático en lo que respecta a nutrición animal para dejar de primarizar las exportaciones y generar un comercio de valor agregado. En este sentido estamos a favor de mantener los aranceles o incluso intentar bajarlos para ser consistentes ya que otorgan previsibilidad a la exportación. Aunque esto es necesario, no es condición suficiente, ya que los derechos de exportación [con el proyecto de ley ómnibus se llevarían del 4,5 al 15%), generan que un producto de alimento para mascotas de la Argentina ingrese a China al menos un 19% más caro que cualquier otro del resto del mundo. Eso nos deja fuera de mercado”.

Agregó: “Las exportaciones requieren de procesos largos para las empresas que desean acceder a mercados internacionales y mucha previsibilidad de variables arancelarias y sanitarias que permitan dar estabilidad a este tipo de negocios. Mantener o bajar aranceles de importación es tan importante como erradicar los derechos de exportación y facilitar los asuntos regulatorios que solo atentan contra la facilitación del comercio exterior”.

Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Pablo Vernengo, dijo que “siempre” desde economías regionales de la entidad solicitaron a la Cancillería “que se trabaje en bajar los aranceles que se imponen a los productos argentinos para entrar en otros países”.

“Un caso que se beneficiará es la cereza, y los berries, por mencionar algunos. Así que bienvenido por esta baja o quita de aranceles que hace que seamos competitivos. Y más con China, que son 1400 millones de consumidores, un mercado muy atractivo”, expresó.

 

Piden un descuento a Techint-Sacde para adjudicar el 3º tramo del Gasoducto Norte

La empresa estatal Enarsa abrió el jueves de la semana pasada los sobres con las ofertas económicas del renglón 3 de la licitación para revertir el Gasoducto Norte, una obra de infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de gas en provincias del norte argentino durante el próximo invierno frente a la declinación de la producción de Bolivia. Al igual que en el renglón 2, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Techint Ingeniería y Construcción y Sacde presentó la propuesta más económica, que ascendió a 62.656,5 millones de pesos. Apenas más atrás quedó BTU, la compañía de la familia Mundín, que ofertó $ 63.870 millones. De una lectura lineal de esos números se desprende que el consorcio Techint-Sacde debería adjudicarse la construcción del tercer tramo de la compulsa, que contempla el tendido de 50 kilómetros de tubería en 36 pulgadas de diámetro y otras obras secundarias. Sin embargo, un elemento regulatorio complica el cierre del proceso. Sucede que ambas ofertas se encuentran por encima del precio tope establecido por el pliego licitatorio redactado por Enarsa. ¿De dónde surge esa cifra? De actualizar por inflación y por apreciación del tipo de cambio el presupuesto oficial fijado por la empresa estatal en junio de 2023. El pliego establece que no se puede convalidar una oferta que supere el presupuesto actualizado más un 20 por ciento. Ese techo ronda los 59.000 millones de pesos, una cifra que es inferior a las dos ofertas recibidas.

Solución

A raíz de eso, Enarsa, que es presidida por Juan Carlos Doncel Jones (a mediados de diciembre reemplazó en el cargo a Agustín Gerez), enfrenta un dilema similar al que se registró tras la apertura de sobres del renglón 1, que finalmente se terminó declarando desierto la última semana de diciembre. En ese caso, como la mejor oferta recibida (también de la UTE Techint-Sacde) era un 60% más alta que el tope fijado en el pliego, el Directorio que lidera Doncel Jones desestimó la propuesta y volverá a relicitar ese tramo del proyecto. Podría haber readecuado el presupuesto para convalidar la oferta con el argumento de que la crisis macroeconómica (que provocó que el dólar oficial pasar de 240 a más de 800 pesos y la inflación se disparará) había impactado fuertemente los costos. Esa era la posición de Gerez. En cambio, la nueva gestión de la compañía pública decidió cancelar el concurso y relicitar el primer tramo del nuevo Gasoducto Norte. Para no dilatar de más el proceso, Enarsa obvió ese antecedente reciente (es decir, no cancelará la licitación) y optó ahora Enarsa por un camino distinto: aprovechando que la diferencia de precios entre la propuesta presentada por el consorcio Techint-Sacde y el presupuesto oficial es menor (ronda apenas un 5%), le pidió a los privados que acepten un descuento en su propuesta a fin de homologarla al presupuesto actualizado de alrededor $ 59.000 millones. Resta saber si la UTE aceptará el pedido. Consultados por este medio, ambas empresas declinaron de realizar comentarios.

Estados Unidos, Argentina y los F-16

Introducciòn de AgendAR:

Durante años, AgendAR siguió de cerca los intentos de reequipamiento de los cazas supersónicos de la Fuerza Aérea Argentina por parte de los gobiernos de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y ahora de Javier Milei.

Durante todo ese tiempo los mandamases aeronáuticos (excepción hecha del Brig. Gral Xavier Isaac en tiempos fernandinos) arrimaron sin disimulos su preferencia por comprar F-16. Eso, según usos y costumbres de una fuerza alineada con los EEUU, y que desde 1955, al cajonear su autoequipamiento con el caza multipropósito Pulqui II y «clavar» a los varios países y fabricantes aeronáuticos que lo habían pedido, abjuró oficialmente de toda independencia tecnológica e industrial futuras en materia de diseño, fabricación y uso de material de combate. Hasta 1953 probablemente podríamos haber seguido el destino de Suecia: potencia aeronáutica menor pero respetada capaz de diseñar, construir y exportar algunos aviones maravillosos, como el Saab Gripen. En 1955 hicimos harakiri aeronáutico explícito en favor de los EEUU. Pero fue la propia Fuerza Aérea la que se encargó del trabajo sucio de destripar la capacidad de autoequipamiento de la Fuerza Aérea. Para más datos, ver aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Y para fijar posición sobre qué caza supersónico necesitamos aquí y ahora, en nuestra autoelegida incapacidad tecnológica y fabril, nuestro punto de vista se encuentra aquí y aquí. Ahi ya hay para entretenerse, lectores. Estos F-16 argentos que vamos a comprarle a EEUU resucitarían del monumental stock de chatarra que toma sol y polvo desde hace décadas en los desiertos del Sudoeste de los EEUU, o de los que van siendo dados de baja -ya muy revenidos- en las fuerzas aéreas europeas de la OTAN a medida que éstas se reequipan con el F-35. Habida cuenta de que somos sudacas imprevisibles y de que con chatarra voladora de cuarta en 1982 le mandamos 6 buques al fondo a su Graciosa Majestad, los EEUU nos venden 12 F-16 sin armamento lanzables inteligentes (es decir, sin bombas guiadas o misiles infrarrojos o radáricos). A eso sumarle una aviónica de tiempos del jopo y el cañón Vulcan de 20 mm. como único armamento. En un combate de intercepción contra otros cazas incluso mucho más antiguos pero dotados de misiles de alcance corto o medio, el cañón es tan útil como un pelapapas. Por otro lado, como dicen con verdad Sergio Eissa y Hernán Longoni, los autores de la nota que sigue, los últimos F-16 que compró Chile están en mejores condiciones de combatir a distancia, por su radar combinado con misiles AMRAAM de guiado terminal radárico, útiles a 20 o 30 km. de distancia. Añado con algo de maldad que la disponibilidad real de los F-16 chilenos rara vez supera el 50% de la flota total (44 aviones). Siempre faltan repuestos, y estos son un catálogo enloquecedoramente largo y variado. Sucede que los transandinos tienen 4 versiones distintas de este viejo pero hermoso caza. En suma, los chilenos tienen media flota excelente para desfile aéreo, y nosotros estamos por adquirir la mitad de la mitad de la mitad de otra, y también para desfile. En el Atlántico Sur, alcanzaría con unos pocos misiles crucero Tomahawk -que son robots transónicos a turbina- lanzados sorpresivamente por submarinos británicos para que los nuestros sean destruidos en tierra. Adiós desfile. De todos modos, para guerra no habrían servido. Vemos que hemos desperdiciado algunos elogios que prodigamos al Cdte. Xavier Isaac por su puntillosidad al comparar ofertas de MiG 35 ruso, JF-17 chino-pakistaní y HAL-Tejaz indio. Hoy Isaac es Jefe de Estado Mayor Conjunto de las tres fuerzas armadas, y subordinado a un gobierno civil que, como el de Javier Milei, excede por varios Kamasutras la política de «Relaciones Carnales» de Menem para con los EEUU. Isaac no parece interesado en renunciar. En el artículo que sigue los lectores van a encontrar que Eissa y Longoni hacen una refutación quirúrgica y experta de por qué NO COMPRAR los F-16. Hace años nos viene tratando de encajar esos aviones, o sus F-18, y como sea, la Generala Laura Richardson. Quien hasta nuevo aviso será la jefa real de nuestras fuerzas armadas residuales. Diferimos de este artículo en un solo punto crucial: el Barón Rojo murió hace mucho. El tema en cuestión, a saber para qué comprar el F-16, ha perdido casi toda su sustancia tecnológica y operativa, aunque no así la geopolítica. Un caza de superioridad aérea (real o supuesta) es un ícono de adhesión a tal o cual polo de poder global. En un momento de la historia humana en que cualquier mamerto entiende que nuestro país debe ser neutral, compromete nuestro alineamiento con Washington por largo tiempo. Al menos intenta eso. Yendo brutalmente a lo tecnológico y operativo: ¿ven mucha lucha entre cazas en el escenario ucraniano, oh lectores? Tanto rusos como ucranianos evitan volar sus Sukhoi 25 y 29 o sus Sukhoi 27, 35 o 57 sobre el territorio en conflicto. No son kamikazes. Prefieren disparar misiles aire aire, aire -tierra o aire-mar inteligentes, en general desde gran altura para lograr más alcance, pero desde lo más lejos que se pueda del frente. Los ataques rasantes supersónicos son de baja utilidad (pésimo apuntamiento) y alto riesgo (misiles antiaéreos portátiles por todas partes). La lucha aérea, antiaérea y de ataque a tierra no se parece a la de ninguna guerra simétrica anterior: se libra mayormente con baterías radarizadas, drones de observación y ataque, y sistemas misilísticos absolutamente automatizados. Todos hemos visto Top Gun. Pero robot mata galán, quevacé. Recordamos al lector que entre 2014 y 2015, el ingeniero Tulio Calderón de INVAP dirigió la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba, y una de sus medidas fundamentales fue empezar a diseñar drones argentinos de observación y ataque de tres capacidades de carga y alcance distintas, el llamado SARA, o Sistema Aéreo Robotizado Argentino. «El Mago» Oreste Berta, diseñador y preparador de motores de la Escuadra Torino en Nürburgring, diseñó un pistonero de tipo bóxer y 90 HP refrigerado a aire para propulsar las máquinas, tanto monomotoras como bimotoras. Entre tanto, se iba diseñando también el BLAAV, o Blanco Aérea de Alta Velocidad, un supersónico a turbina diseñado para ejercicios de intercepción o tiro antiaéreo, pero capaz de volverse un misil crucero de unos 1000 km. de alcance con muy poca ingenieria agregada. Se estaba en conversaciones con distintos proveedores de turbinas extra-OTAN, para que el Reino Unido no objetara la compra, pero con el «caveat» de que la fabricación debía ser local. Se pueden imaginar qué presidente degolló a la joven SARA en la cuna. Lo hizo en 2016, cuando con apoyo únicamente del Ejército, la FAdeA iba ensayando los primeros sistemas de despegue y aterrizaje autónomos de un primer dron de demostración tecnológica. El SARA ponía del tomate a La Embajada y a La Embajadita (la británica) porque, de desarrollarse libremente, habría puesto en duda la ecuación de poder sobre el Atlántico Sur. Pero además, en lo inmediato, estorbaba incluso los planes de Israel y EEUU de vendernos sus drones. No daré nombres, pero el Herodes del caso SARA fue y es tan popular que las canchas de fútbol crearon canciones sobre su prosapia, y tanto así que incluso hoy gobierna por poderes. La Fuerza Aérea, previsiblemente, boicoteó el SARA «ab initio»: los aspirantes a Barón Rojo, que entienden tanto de guerra moderna como yo de rock japonés, lo ven como el principio del fin de carreras que todavía no empiezan. Están equivocados, pero ése es tema de otro artículo. Los que están (o estaban) en peligro real en tiempos de SARA eran (son) los comodoros y brigadieres que ven la creación de una línea de drones nacionales como una amenaza a sus jubilaciones. Onda, comprás chatarra OTAN que ni siquiera logra volar, como los Super Étendard Modernisés (SEM), o que sólo sirve de adiestrador, como el Texan. Y con el diego que te queda vivís como un rey cauteloso. O no. Fuera de ello, con el 8vo país del planeta por superficie terrestre a defender, 36, 24 o 12 cazas inservibles (pero supersónicos) son lo mismo. En AgendAR queremos el regreso del proyecto SARA, y mientras tanto, charlar de sistemas misilísticos antiaéreos móviles con la India, nuestro futuro comprador de soja en plan B, ya que el binomio Milei-Macri le ha hinchado tanto las pelotas a China que nos canceló swaps y ahora empieza a recortarnos pedidos de granos. Queremos cosas que nos defiendan en serio. De aviones caza supersónicos hablaremos cuando nos sobre algo de plata, que será cuando tengamos un gobierno sin doble comando y pensemos más bien en aviones de doble comando. Porque el hombre del asiento trasero, el verdaderamente importante, irá manejando un enjambre de drones erizados de armas, y data-link mediante, generará y recibirá información radárica y visual de otros aviones y baterías terrestres. Será un nodo altamente móvil en una red informática. El de adelante será más bien un remisero con grandes dotes de navegación y aerobáticas, para esquivar misilazos enemigos. Y además, ese caza que compremos tenga integración y reparación nacional, misiles inteligentes y no un ridículo pelapapas Vulcan de 20 mm.

Daniel E. Arias

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Para los autores de esta nota, alineados en el «Consenso Básico de la comunidad académica sobre la política de defensa», la compra de los aviones F-16 a EE.UU., en lugar de los JF-17 que ofrece China, es una iniciativa que refleja intereses “cuyo proyecto es destruir las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los intereses de la superpotencia «A lo largo de cuarenta años de democracia, dos comunidades epistémicas han disputado la definición sobre que es la política de defensa. Claramente, ésta no es neutral ni objetiva y responde a intereses y sistemas de creencias de los actores políticos y sociales, domésticos y externos, interesados en influir en esta cuestión problemática. ¿Por qué? Básicamente, porque quién define es quien decide o, dicho de otra manera, la definición sesga la solución del problema. Estas dos comunidades epistémicas son, por un lado, el Consenso Básico que entiende, entre otras cosas, que la misión principal de la política de defensa es la de conjurar y repeler las agresiones externas militares estatales (AEME); que no deben ser utilizadas como Crime Fighters o Guardias Nacionales en la lucha contra el delito (Nuevas Amenazas, Narcotráfico, entre otras); ni deben ser reconvertidas en Small Armed Forces subordinadas a los intereses estratégicos que los Estados Unidos tiene en Sudamérica. Por el otro, tenemos al Consenso Oris de Roa, identificado por Luciano Anzelini, pero poco estudiado. Estos actores plantean, en este caso en palabras del exembajador Oris de Roa: “EE.UU. tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A EE.UU. le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (…) El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”. En síntesis, proponen el alineamiento con los Estados Unidos, aunque esto perjudique los intereses vitales y estratégicos de Argentina; la utilización de las Fuerzas Armadas contra los delitos transnacionales; y el desconocimiento –en la práctica– de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; como, por ejemplo, con el Acuerdo Foradori-Duncan. Durante estas últimas cuatro décadas, el Consenso Básico se mantuvo incólume. Incluso pese al intento más serio de imponer los criterios de la otra comunidad epistémica durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) a través de la derogación del Decreto Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional y del dictado de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2018, esta sobrevivió. Funcionarios políticos y sus asesores fracasaron “como analiza Luciano Anzelini en su artículo de la Revista Íconos 75” por incapacidad en la gestión y porque a la derecha argentina no les interesa la política de defensa y las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, ha subordinado la política exterior y de defensa a los intereses del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (desde mediados del siglo XIX y hasta la II Guerra Mundial) y, posteriormente, a los de los Estados Unidos. Pese a ello, el Consenso Oris de Roa estaría intentando imponer que la definición de que los aviones F-16 son la mejor opción para modernizar la Fuerza Aérea argentina. A continuación, tomando como punto de partida los argumentos presentados por Juan Battaleme en dos notas publicadas en PERFIL y RUSI, sumamos algunas ideas y contraargumentos. Las consideraciones técnicas. En primer lugar, se argumenta que si no se compran los F-16 habría un problema de interoperabilidad con los países de la región. Sin embargo, no existiría ningún inconveniente de interoperabilidad. Si se siguiera ese criterio, todos los países de la región deberíamos contar con los tanques Leopard IV, lo cual no se verifica en la realidad. La República Argentina se encuentra modernizando los tanques TAM que fueron diseñados con un peso máximo que los hace aptos para cruzar todos los puentes de nuestro país; mientras que el Leopard no podría cumplir con ese requisito operativo. Aun así, los TAM2CA2 modernizados son completamente interoperables con los tanques del resto de la región. La interoperabilidad es un concepto que está relacionado a equivalencia de los sistemas de abordo y no a igualdad de medios o plataformas. En segundo lugar, los Skyhawk A4-AR llegaron en diciembre de 1997 y eran sistemas modernos. Actualmente, siguen siendo apropiados y cumplen con la misión para la que fueron desarrollados. No obstante, presentan al menos dos problemas: a) la plataforma o la célula (la carrocería, para que se entienda) es antigua; y b) se compraron treinta y seis (36) aviones A4-AR a fines de los 90, sin embargo, solo volaban dieciocho (18). En aquel momento el Poder Ejecutivo Nacional decidió no comprar los repuestos e implementos necesarios para el debido sostenimiento logístico de estos aviones, en tanto que Estados Unidos no garantizó la provisión de armamento inteligente. Por ejemplo, el Sistema A-4AR se lo pidió a Estados Unidos con los cañones DEFA 553 de 30 mm (como el Ayit israelí o la conversión Halcón que Argentina hizo con sus A-4B/D remanentes a finales de los 80), debido a las fallas del Colt Mk12 original. La respuesta estadounidense fue incluir a bajo precio una cantidad importante de munición de 20 mm para forzarnos a desistir de instalar los cañones de más calibre y más eficientes. Todos nuestros A-4AR usan el Colt Mk12 original con todos sus problemas, y eso también es un mensaje, en este caso de Estados Unidos hacia nosotros. Frente a esta situación hubo que recurrir a proveedores privados que ofrecían los repuestos y el armamento a un costo mucho mayor de lo que Argentina pagó por cada plataforma. En tercer lugar, y con relación al IA-63 Pampa, entrenador básico avanzado que utiliza actualmente la Fuerza Aérea argentina para la formación de sus pilotos de caza, debemos destacar que, en cuanto a la aviónica y los sistemas, un Pampa III es más moderno que un F-16 block 15 y también con respecto a un MLU. Obviamente, en lo que refiere a la capacidad del radar (que el Pampa no tiene), la performance y envolvente de vuelo, el F-16 es superior. En cuarto lugar, no se tiene en cuenta que un Pampa II/III requiere un adiestramiento para la gestión de recursos muy moderno. En la actualidad un piloto gestiona recursos en la cabina y los que se adiestran en el Pampa adquieren capacidades que les permiten adaptarse fácilmente a aeronaves de combate modernas. De ahí que, desde ese punto de vista, pasar de un Pampa III a un F-16A prácticamente sería un retroceso, salvo en cuanto a la performance y la envolvente de vuelo. En quinto lugar, la Fuerza Aérea argentina para operar los F-16 tendrá que tener presente que debe mejorar y tener en excelente estado las pistas, debido a la toma del aire, y que, por otro lado, esta aeronave utiliza hidracina –un compuesto cancerígeno– como generador de energía de emergencia porque frente a la avería del motor se produce la pérdida del control de los mandos de vuelo, lo cual es solucionado por ese sistema redundante. Esto último requiere ciertos cuidados especiales, si utilizó ese generador, cuando la aeronave aterriza. Por último, Estados Unidos entregaría doce aviones únicamente en condiciones de vuelo. En cuanto a los doce restantes, deberían ser modernizados, para lo cual no existirían capacidades para hacerlo en Argentina. Es decir, serían veinticuatro aeronaves, y no treinta y seis, porque doce ya fueron entregados a Ucrania. En todo caso, ¿por cuántos años los proveedores de Estados Unidos estarían interesados en sostener la logística de nuestros viejos F-16, o tendríamos los mismos problemas que tuvimos con el A4-AR? Asimismo, ¿en caso de que Argentina sufriera una agresión militar, Estados Unidos nos brindaría apoyo y soporte o se repetiría la situación de la Guerra del Atlántico Sur (1982)? Tengamos presentes que Chile ya tiene restricciones operativas y estratégicas para utilizar sus F-16. Tanto el país hermano como nosotros somos considerados por EE.UU. como su patio trasero. Situación que el país del norte pretende mantener a toda costa. En consecuencia, nunca nos van a vender misiles inteligentes sin restricciones como tampoco lo hicieron con el país trasandino y, en nuestro caso, se le agrega el veto británico. El veto británico existe efectivamente y ya afectó –por mencionar solo un ejemplo–, la reparación del destructor Hércules que tenía componentes británicos. Finalmente, se señala que sería costoso/complicado pasar de un Sistema de Armas occidental a uno chino. Seguramente, pero la alternativa sería tener un avión que no brinda la capacidad de defensa aérea indirecta como bien saben los británicos. En síntesis, el F-16 no es la mejor opción para que la Fuerza Aérea argentina cumpla con la misión que le encomienda la Constitución Nacional, la Ley de Defensa Nacional, la DPDN 2021 y el Plancamil 2023. Pese a lo expuesto, Estados Unidos y el Consenso Oris de Roa estaría logrando imponer esta opción. Los argumentos políticos. En definitiva, los Estados Unidos ofrecerían doce aeronaves operables “as is” y doce aviones que, como hemos descripto en el apartado previo, no estarían condiciones de volar (el dejá vu de los SEM de la Armada argentina), pero lo que también llama la atención son las consideraciones políticas en los argumentos del autor. En primer lugar, el autor sostiene que la adquisición del F-16 supondría “una mejora en la dinámica existente del ambiente de seguridad de la región, en tanto Chile y Brasil ya trabajan en estrecha colaboración y agenda común con Estados Unidos en temas de seguridad y defensa”. En la actualidad ¿es malo el ambiente de seguridad internacional en Sudamérica? No compartimos esa apreciación. Argentina con su Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas tienen una estrecha colaboración con Brasil y Chile; a tal punto, que con este último compartimos la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur y realizamos todos los años la patrulla antártica. En cuanto a Estados Unidos, se colabora estrechamente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico; las agencias de seguridad de Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Brasil colaboran estrechamente en Triple Frontera; y Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para combatir los delitos transnacionales, como el narcotráfico, la trata de personas, el ciberdelito y el lavado de dinero, entre otros, durante el mes de septiembre de 2023. La relación con Estados Unidos se desenvuelve por los carriles normales que históricamente se han desarrollado; obviamente, sin llegar al grotesco de las relaciones carnales de la década de los 90. En el único punto que no estamos de acuerdo es en utilizar nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado o las Nuevas Amenazas o Amenazas Emergentes o sinónimos varios. El segundo argumento es muy revelador en dos sentidos. El autor sostiene que “si bien se puede argumentar que la opción china no empeoraría la condición de seguridad en el Atlántico Sur, el argumento de adquisición que utilizan los defensores del JF-17 es que no tienen restricciones de uso, o lo que es peor, desde el punto de vista político, comprarle a China obligaría al Reino Unido a destinar más recursos a la defensa de las islas Malvinas y, por lo tanto, van a tener que negociar. Una razón por demás imprudente para pensar la adquisición de un avión de combate, más en un país que, por razones de sus vulnerabilidades económicas, demanda una modernización que no sea vista como provocativa o que está diseñada para modificar el statu quo regional. Básicamente, y en primer lugar, el autor considera que es imprudente que la política de defensa apoye a la política exterior para forzar al Reino Unido a negociar. En otras palabras, argumenta que no hay que molestar a los británicos apoyando desde la defensa la política exterior. Disentimos con esta apreciación estratégica. Tal como sostiene la DPDN 2021, a los británicos no les interesan los habitantes de las islas, sino el control del Atlántico Sur, los estrechos y la proyección a la Antártida y, como contracara, lo que está en juego para la Argentina son sus intereses vitales (integridad territorial) y sus intereses estratégicos (la libertad de maniobra en el Atlántico Sur y sus recursos estratégicos, y la proyección antártica). Entonces, ¿para qué queremos FF.AA. y aviones de combate si no es para cumplir con la misión que les ordena la Constitución Nacional y la Ley de Defensa? En segundo lugar, y según el autor, ¿las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida son irrelevantes para las consideraciones de la defensa nacional? Un tercer argumento es que no sería conveniente tener un avión con “plenas capacidades” para la defensa nacional como el JF-17 porque sería una amenaza para el Reino Unido. ¿Por ello hay que optar por el F-16? En efecto, esto es un reconocimiento que los F-16 no proveerían una actitud disuasiva creíble. Como ya sostuvimos ut supra, al igual que con Chile, los aviones vienen con restricciones de uso y no conformarían un sistema de armas: problemas operativos, logísticos y no contaríamos con misiles de inteligentes sin restricciones. Los F-16 sería una opción cara para que no cumpla con la misión que deberían realizar –como se señaló– y para realizar solamente desfiles aéreos. Por último, si compartimos que la vocación de servicio de nuestros militares es invalorable. Por eso nuestros pilotos –y todas las Fuerzas Armadas– deben contar con Sistemas de Armas acordes al siglo XXI. Este sería uno de los argumentos para adquirir ya los F-16. Para ello, se aprobó el Fondef con amplio consenso político y, pese a lo que dice erróneamente Battaleme, este se ha ejecutado y ha mejorado la disposición de recursos para invertir en la política defensa; como demuestra la ejecución de los años 2020 a 2022, informada al Congreso de la Nación en mayo y noviembre de cada año. ¿Y entonces? Las Fuerzas Armadas que propone el Consenso Oris de Roa es la que ya planteaba McNamara en los años 60: los militares nativos deben conformar Small Armed Forces que cumplan un rol subordinado a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Guardias Nacionales luchando contra el narcotráfico: sería muy triste presenciar a un F-16 “persiguiendo” una avioneta en la frontera norte. Según el autor a esta situación se llegó porque: a) faltaron recursos, b) nacionalismo obstruccionista y c) la disputa entre China y Estados Unidos. Ciertamente, faltaron recursos. En primer lugar, el presupuesto bajó del 2% del PBI en 1990 (luego que se alcanzara el control civil de las Fuerzas Armadas) hasta el 0,9% en 2001 en el marco de un gobierno, que, si bien era peronista, se presentaba como neoliberal –es decir, de derecha– y acorde a las relaciones carnales con los Estados Unidos. Esta situación, se repitió entre 2015 y 2019 cuando descendió hasta el 0,7% del PBI; recuperándose desde entonces. En función de lo que ha pasado bajo gobiernos con políticas neoliberales, se podría inferir que el presupuesto vuelva a bajar entre 2023 y 2027. En segundo lugar, el problema no fue el “nacionalismo obstruccionista”, sino, por el contrario, fueron el alineamiento con los Estados Unidos, la priorización de las relaciones financieras y comerciales con ese país, como sostuvo Oris de Roa –ver ut supra–, y el veto británico los que impidieron la recuperación y modernización de las Fuerzas Armadas. Además de los ejemplos de los A4-AR y del destructor Hércules, podemos sumar la compra de aviones que no vuelan, como los SEM y los Texan II AT-6C durante el gobierno de Mauricio Macri, anunciados para luchar para el narcotráfico, pero que no tienen armamento apropiado, y que ahora son empleados para el adiestramiento en la Escuela de Aviación Militar. Asimismo, el endeudamiento de la última dictadura (1976-1983), de la década del 90 y los 50 mil millones de dólares que pidió el presidente Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI), le permiten a los Estados Unidos condicionar –además de la política económica– nuestra política exterior y de defensa. ¿Mala gestión de la derecha o, en definitiva, ese es el proyecto de la derecha para con las Fuerzas Armadas? Small Armed Forces alineadas con los Estados Unidos, a condición de dejar de lado nuestro reclamo de soberanía? No obstante, los dirigentes del campo nacional y popular y el progresismo deben hacer un mea culpa: resuelta la cuestión militar en 1990 se abandonaron los temas estratégicos de la defensa, dejándolos en mano de la derecha, cuyo proyecto es destruir las Fuerzas Armadas acorde a los intereses de la superpotencia. En tercer lugar, existe efectivamente un escenario internacional más pugnante por la disputa entre Estados Unidos y la República Popular China que estaría configurando una transición hegemónica entre ambas potencias. En consecuencia, teniendo presente el contexto geopolítico –segunda razón–, la compra de los F-16 devendría en la única posible. Por un lado, no se vería afectado el intercambio comercial y político con China por no adquirir material de esa procedencia (moderno, de última generación y completo en armamento y disponibilidad). Por el otro, no se generarían rispideces con los Estados Unidos que podría –entre otras– afectar nuestra situación económica y la relación estratégica con la potencia. Por ello, se piensa en adquirir un sistema de armas antiguo, con una perspectiva de uso con un horizonte a diez años, que a su vez satisfaga la mirada del Consenso Oris de Roa. En definitiva, los limitantes son el contexto geopolítico y los condicionantes económicos que le impuso la derecha a nuestro país durante la última dictadura (1976-1983), durante los años 90, en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y, tal vez, durante el nuevo gobierno argentino. El autor refiere en una de sus notas a la película Top Gun, cuya versión original vimos extasiados en 1986, y cuya secuela disfrutamos este año. Entre una y otra pasaron cuarenta años y aquellos adolescentes fanáticos de los aviones, somos ahora adultos que siguen siendo amando los aviones, pero más interesados en la defensa nacional, en la modernización de las Fuerzas Armadas y convencidos en que éstas son esenciales para la defensa y la política exterior. También consideramos que el diseño de nuestro Sistema de Defensa debe estar acorde a los intereses vitales y estratégicos de Argentina, y no a los de otras potencias extranjeras. A esta altura, queremos –más bien– disfrutar de una película sobre el ataque al de la Fuerza Aérea argentina al HMS Invencible y volver a mirar a los Halcones sobrevolando la Patagonia y el Atlántico Sur en cazas de última generación.»

El aeródromo en la base Marambio, Antártida Argentina

El hielo, la poca visibilidad y sus tan solo 1.208 metros de largo hacen del aeródromo de la base Marambio un lugar hostil para las operaciones aéreas. La isla Marambio, descubierta en 1843, se encuentra a poca distancia del extremo norte de la península antártica: a aproximadamente 3.297 km de Buenos Aires y 2.864 km del Polo Sur. Por sus características, es considerada como la puerta de acceso a la Antártida y principal punto de apoyo logístico para asegurar la presencia argentina en el Continente Blanco: el transporte aéreo permite realizar evacuaciones sanitarias, búsqueda y rescate, y traslado de personal y carga. Además, si bien el país avanzó en la construcción de una segunda pista aérea en la Base Petrel, por el momento la única pista operativa que tiene Argentina en ese continente es la de Marambio: allí es donde aterriza, en especial durante la Campaña Antártica de Verano, el sistema de armas Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué, hasta ahora, es la única pista que Argentina puede operar en la Antártida?, básicamente porque no todas reúnen las condiciones para hospedar a un aeródromo. Cuando la Fuerza Aérea comenzó con la construcción de Marambio, optó por este lugar porque se trata de una meseta, elevada a casi 200 metros sobre el nivel del mar, y con una superficie de permafrost –que si bien es una capa de suelo congelado, no se encuentra permanentemente cubierto de hielo- que permite a los aviones aterrizar y despegar.

Los 365 días del año: siempre listos para recibir a las aeronaves en la Antártida

Hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas trabajan, en un ambiente absolutamente hostil, los 365 días del año, para mantener operativa la pista y brindar todo el soporte necesario para el servicio de control aéreo, una de las responsabilidades principales de quienes están a cargo del aeródromo de la base Marambio. La cabo principal Dorina Echeverríacontroladora de tránsito aéreo, quien, por entonces, tenía como función dirigir, de forma ordenada, rápida y segura dentro de un espacio aéreo de jurisdicción, brindando a los pilotos autorizaciones e informaciones necesarias con el fin de prevenir colisiones entre otra aeronave o algún obstáculo. El capitán Fabio Vasekentonces jefe del aeródromo de Marambio, explicó que el personal de esta dependencia debe también brindar servicios de señalamiento y de control de aproximación. En palabras del oficial de la Fuerza Aérea, el movimiento de superficie en el lugar es intenso debido a que la mayor parte de la actividad se realiza a través de la carga y descarga de materiales, provisiones, combustibles con los vehículos que provee la base: por esa razón el mantenimiento de la pista y el señalamiento son fundamentales para el arribo o despegue de las aeronaves.

Las cambiantes condiciones meteorológicas, otro desafío para operar en la Antártida

Noemí Troche, pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional, detalló que hay diferentes estaciones meteorológicas en las bases antárticas permanentes: Belgrano II, Orcadas, San Martín, Carlini, Esperanza y Marambio. Ello es fundamental si se tiene en cuenta que, en la Antártida, el clima es muy extremo y cambia rápidamente; razón por la que hay que estar atentos a los fenómenos que se puedan desarrollar en un área. Por ejemplo, en Marambio, un fenómeno típico es el “capuchón”: debido a la geografía de la base (localizada a 200 metros sobre el nivel del mar), se forma una niebla circundante a la isla y se genera una especie de capuchón, el cual reduce la visibilidad y el techo, o sea, la altura de la nubosidad baja a menos de 20 metros, con lo cual las operaciones de aeronaves no pueden llevarse a cabo.

Aterrizar en la Antártida: una misión para pocos

Por eso, el capitán Vasek insiste en la importancia del señalamiento, que no solo lo realizan con un balizamiento móvil de la pista en su totalidad. “Nuestra pista tiene 1.208 metros de prolongación, por un ancho declarado de 40 metros”, contó, al tiempo que agregó que los extremos están señalizados con pallets, de color naranja flúor, que permiten a la nave orientarse durante la aproximación final, con la particularidad de que, en esta pista, no tienen eje. Como consecuencia, el arribo de una aeronave a la Base es una operación compleja. Muchas veces, las tripulaciones arriban sin poder ver el eje, así que simplemente se guían por los extremos y por los bordes señalizados con el balizamiento móvil.

Una segunda pista en la Antártida: el proyecto Petrel

Tiempo atrás, Argentina inició un ambicioso proyecto: reconstruir y transformar a la Base Petrel (desactivada tras sufrir un incendio en el año 1974) en una de las más modernas del mundo. El objetivo, básicamente,  fue posicionarla como una base multimodal, que permita,  no solo la llegada de buques, sino también de aeronaves, ya que, por la ubicación y los fenómenos meteorológicos que afectan a Marambio, ésta última no siempre termina siendo de fácil acceso. Como explicó, tiempo atrás, el Comandante Conjunto Antártico de las Fuerzas Armadasgeneral Edgar Calandín, la iniciativa constó de varias etapas (muchas ya superadas), como por ejemplo, sacar la basura producto del incendio, la demolición mecánica de la casa quemada, la remodelación y reparación del hangar, y la instalación de un muelle y de un aeródromo con dos pistas transversales.

Patricia Fernández Mainardi

Continua avanzando la reversión del Gasoducto Norte

Pese a que el ministro de Economía Luis Caputo había anunciado que no se licitarían nuevas obras públicas y se cancelarían las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no se hubiese concretado, Enarsa continúa avanzado con la licitación para la reversión del gasoducto norte, una obra clave que permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hacia las provincias del norte argentino. La semana pasada se abrieron las ofertas del renglón 2 y este jueves las del renglón 3, dos de los tres tramos en que se subdividió el proyecto. En ambos casos la UTE Techint-SACDE presentó la oferta más económica, seguida por BTU. Techint-SACDE también había presentado el mejor precio para el renglón 1, pero el gobierno de Javier Milei rechazó esa oferta y deberán licitar de nuevo. La obra de reversión del Gasoducto Norte se divide en 3 renglones. El renglón 1, abarca la reversión de cuatro plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, el tendido de dos loops paralelos al Gasoducto Norte de 62 kilómetros de extensión y la construcción de los 22 kilómetros finales del gasoducto Tío Pujio-la Carlota con caños de 36 pulgadas de diámetro. Luego está el renglón 2 que abarca del kilómetro 0 al 50 y el renglón 3 que va del kilómetro 50 al 100 del gasoducto, a construir entre Río Pujio y La Carlota en la provincia de Córdoba. El pliego establece que una UTE puede tener dos renglones contiguos. Techint-SACDE, quienes participaron de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, presentaron las ofertas más competitivas en los renglones 2 y 3. Por lo tanto, lo más probable es que queden a cargo del trayecto que va del kilómetro 0 al 100 sobre un total de 122 kilómetros. En el caso del renglón 1 la oferta de Techint SACDE también había sido la más económica, pero se ubicó un 62 por ciento por encima del tope presupuestario fijado en el pliego. La conducción anterior de Enarsa había evaluado actualizar ese presupuesto con el argumento de que no se habían ponderado correctamente el impacto provocado en los costos por la corrida cambiaria, las restricciones a la importación y las dificultades para girar dinero al exterior. Sin embargo, el nuevo directorio de la compañía, encabezado por Juan Carlos Doncel Jones directamente rechazó la oferta y licitarán de nuevo, aunque antes evalúan introducir algunos cambios en el llamado para reducir la parte de la obra que deberá hacerse frente con presupuesto público. Originalmente estaba prevista una inversión de 710 millones de dólares, de los cuales 540 los aportaría el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe a través de un crédito. El plan del gobierno anterior era que la obra estuviese concluida para el invierno de este año. La reversión del Gasoducto Norte es clave debido al declino de la producción de la Cuenca del Noroeste Argentino y la caída de las importaciones provenientes de Bolivia. El país vecino anunció que no podrá cumplir con los contratos firmados con Argentina. Por lo tanto, el abastecimiento de la región norte del país podría verse comprometido. La obra también es fundamental para exportar a Brasil parte del gas generado en Vaca Muerta. La obra permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio. Además de bajar el costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino, esta obra estratégica permitirá un ahorro anual de 1.960 millones de dólares por la sustitución de importaciones de gas.

«El Niño» en el agro argentino, y què viene despues

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Especialistas del INTA analizaron la campaña y pusieron en valor la importancia del agua como elemento esencial de ecosistemas y de los sistemas de producción. Según dijeron, el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur [genera lluvias por encima de lo normal] presentó el inicio de su fase cálida hacia el trimestre abril-mayo-junio y cobró intensidad durante la última parte de 2023.

Esto favoreció, en primer lugar, la ocurrencia de lluvias sobre el nordeste argentino. Durante noviembre y diciembre, las precipitaciones en áreas productivas del centro del territorio permitieron una recuperación progresiva del contenido hídrico de los suelos.

“Dada la importante recomposición hídrica en la mayoría de las zonas productivas, en esta campaña de gruesa podemos afirmar que el agua no es el factor limitante, y alcanzar altos niveles de producción será mucho más dependiente del manejo agronómico”, afirmó Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA.

Para Mercuri, “sin la limitación del agua, se espera que en lotes donde se pudieron realizar siembras tempranas y ciclos largos, maíces y sojas podrán expresar su potencial genético o superar los techos productivos, incluso dadas las perspectivas de nuevas lluvias durante el periodo de floración y llenado de granos”.

“Si bien la disponibilidad de agua es un factor limitante, en esta campaña veremos las interacciones con otros factores como los riesgos en la aparición de plagas, enfermedades y la competencia de malezas y se requerirá un arduo seguimiento de estas problemáticas durante los próximos meses”, indicó.

Qué pasará con el clima

Según Mercuri, la evolución del fenómeno El Niño favorece la continuidad de lluvias durante el verano, aunque “en la región pampeana y en el Litoral tendrían un mayor espaciamiento y más variabilidad, con un incremento en intensidad y frecuencia en el oeste y el NOA especialmente durante enero”.

Esto sumado a la mayor evapotranspiración hará que no sea tan probable que se produzcan o que continúen los anegamientos en ambientes bajos o planos. Desde el Centro de Investigación de Recursos Naturales mantienen la recomendación de que en todos los ambientes de loma y media loma donde no existen riesgo de anegamiento hay que seguir promoviendo la infiltración y evitar el escurrimiento.

Por su parte, Natalia Gattinoni, especialista del Instituto de Clima y Agua del INTA, explicó: “Los pronósticos internacionales indican un debilitamiento progresivo de El Niño, con una mayor probabilidad de que el evento llegue a su fin durante el trimestre abril-mayo-junio 2024. Los modelos coinciden en apuntar a una mayor probabilidad de una transición a la fase neutral de ENOS a partir de dicho trimestre y por lo tanto perdiendo influencia sobre las lluvias en nuestro país”.

Sostuvo que, “según la actualización de los modelos, a diciembre de 2023 hay un 40% de igualdad entre transitar una fase Neutral y una fase La Niña a partir del trimestre julio, agosto y septiembre de 2024, por lo que no es posible adelantar cuál será la fase que prevalecerá para la segunda parte del año y será importante continuar su seguimiento sabiendo la naturaleza cíclica de este fenómeno y lo que ha ocurrido [los] años donde se presentó un Niño similar”.

Trimestre

Para las zonas con producciones regionales del norte de Cuyo, oeste del NOA y oeste de Patagonia se prevé, según el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y coincidiendo con el IRI-Universidad de Columbia, un trimestre enero-febrero-marzo con mayor probabilidad de condiciones hídricas deficitarias acompañadas de temperaturas en promedio más cálidas para la época, con mayores chances sobre el NOA.

“En el caso de la región pampeana y el Litoral, la perspectiva climática de temperaturas medias asigna una mayor probabilidad de un periodo con valores en el rango normal para la época. Si a este panorama le sumamos el pronóstico estacional de temperaturas extremas, se espera una menor ocurrencia de temperaturas máximas extremas, mientras que son mayores las chances de días con temperaturas mínimas más bajas sobre la principal zona productiva”, explicó Gattinoni.

“A diferencia del año pasado, son menores las probabilidades de ocurrencia de eventos térmicos extremos dando condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos de veranos que transitarían la época cálida con menores niveles de estrés térmico y con adecuada disponibilidad de humedad en el suelo en general”, remarcó.

Asimismo, Mercuri señaló que “es importante considerar que el cultivo no tenga limitaciones nutricionales severas de una serie de nutrientes esenciales que participan en el crecimiento y desarrollo de estructuras vegetativas y radiculares, tanto para el maíz como para la soja”.

En ese sentido, el uso de fertilizantes se traducirá en la respuesta clara en los rendimientos. Por esas razones, el manejo agronómico, su planificación, la anticipación con análisis de suelos y foliares, y el seguimiento de cada lote vuelve a ser clave para el éxito de la cosecha.

Mercuri remarcó: “Esta campaña permite valorar en plenitud la importancia del agua como elemento esencial de los ecosistemas y de los sistemas de producción. Se superan las expectativas o proyecciones muy tempranas que se realizan de la producción esperada”.

 

La OIEA impulsa en la Antártida el estudio de la contaminación por microplásticos

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, sostuvo este viernes que su viaje a la Antártida «es un paso histórico» porque «es la primera vez que el organismo inicia una misión de carácter científico» en ese continente, que tiene como objetivo tomar muestras para evaluar la presencia de microplásticos en el ecosistema marino. Grossi viajoen la tarde del viernes junto al presidente Javier Milei a Santa Cruz en un avión militar, como parte de una comitiva que también estará integrada por la canciller Diana Mondino, el ministro de Defensa Luis Petri y autoridades de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino (IAA) y de la Armada. En Río Gallegos aguardaron una ventana climática favorable que les permitio emprender el sábado la segunda etapa del viaje a la Antártida, donde desarrollará un «cronograma extenso de actividades». «Es un viaje que tiene un carácter pionero, porque es la primera vez que el Organismo Internacional de Energía Atómica inicia una misión de carácter científico en el continente antártico en torno a una problemática global, que es muy grave, como ocurre con la presencia de microplásticos y plásticos en general en el medio marino internacionalmente, pero en particular en la Antártida», sostuvo Grossi.

La contaminación por plásticos

La iniciativa de estudiar los microplásticos en la Antártida surgió de un convenio entre la OIEA y el IAA y busca abordar el problema mundial que supone la contaminación por plásticos en los océanos, donde termina el grueso de estos desechos. El objetivo es el monitoreo de todos los mares del mundo para saber cuánto y qué tipo de plásticos hay bajo parámetros comparables y, hasta el momento, cuentan con la participación de 63 países. El máximo funcionario de la OIEA remarcó que el viaje constituye «un paso histórico y es muy valorable el gesto del primer mandatario argentino de acompañar esta misión científica que tiene una misión internacional muy loable».
Foto Prensa
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La OIEA tuvo «bastante actividad en el Ártico, pero jamás en el medio antártico, y por eso yo propuse oportunamente al Gobierno argentino esta tarea, que tuvo confirmación luego de la reunión con el presidente Milei, la canciller Mondino y el ministro de Defensa», sostuvo. Grossi resaltó que «nunca hubo una evaluación científica llevada a cabo por el sistema internacional de la OIEA» y admitió que «hay una grave preocupación internacional al respecto». «El año que viene va a iniciarse una negociación para un gran acuerdo internacional sobre la contaminación plástica», completó. Los microplásticos «están presentes lamentablemente en todo el medio marino internacional. Se está reciclando y eliminando el 9% de todo el plástico que se arroja en los mares», alertó, y agregó que «las proyecciones que existen son que, de aquí a mediados de siglo, puede llegar a haber más microplásticos que peces en los mares». Al respecto, Grossi subrayó que por esa razón se «requiere de una acción de cooperación internacional concertada, y eso es lo que está tratando de hacer la OIEA de la mano de Argentina». El funcionario señaló que el organismo internacional brindará a la Argentina equipamiento de laboratorio como espectrómetros y otros elementos de alta sofisticación «para la medición y la evaluación de los componentes en muestras marinas». La OIEA realizará el diagnóstico de las muestras «a través de su laboratorio de protección del medio marino y su dirección de hidrología isotópica que están situados respectivamente en Mónaco y en Viena». El funcionario, que dirige el OIEA desde 2019, estimó que «los primeros datos y los primeros resultados estarán a la mayor brevedad posible», ya que, dijo, «no es algo que tome demasiado tiempo». «Sí vamos a hacer una campaña prolongada, si es posible también a lo largo de la costa y del litoral marítimo para ir viendo cuál es el movimiento y los flujos de microplásticos», completó. Sobre este punto, consideró que la evaluación constituirá «una referencia indispensable para cualquier política de Estado que los países vayan adoptando, tanto los que están representados en el sector antártico como aquellos países que no».

Los resultados de la investigación

El resultado de la investigación será «una serie de recomendaciones de la OIEA que la Argentina podrá hacer suyas o no y que serán volcadas -también- al marco Antártico a través de las reuniones consultivas de las partes del Tratado Antártico y a través de negociaciones internacionales sobre contaminación por plásticos que se va a iniciar», explicó Grossi, quien remarcó que el trabajo científico tendrá «una repercusión práctica y concreta». Ante la consulta sobre si hay algún diagnóstico previo sobre la presencia de microplásticos en la Antártida, Grossi señaló que «ha habido distintos estudios realizados por distintas universidades o por instituciones privadas, pero lo que falta es una evaluación internacional autorizada, y la OIEA tiene esta función de validar datos así como establecer una línea de base para la investigación y la aplicación de políticas que sea neutral y científicamente correcta». Un equipo de investigadores ya está recogiendo muestras de agua desde uno de los laboratorios del buque Almirante Irízar en el marco del proyecto Nutec Plastics que se realiza durante la Campaña Antártica de Verano (CAV) para detectar la presencia de microplásticos por primera vez desde el Río de la Plata hasta la Antártida.