Noland Arbaugh tenía 22 años cuando un accidente en 2016 lo dejó paralizado del cuello para abajo. A raíz de eso volvió a casa de sus padres, depende de ellos para casi todo y, por falta de recursos para adaptar el baño, se ducha en el patio. Pero hace un año su vida cambió.
Noland fue el primer paciente implantado con un dispositivo de Neuralink, la empresa de neurotecnología de Elon Musk que promete conectar nuestros cerebros a las computadoras. Tras una operación de cuatro horas, mayormente robótica, un aplauso atronador en el quirófano celebró que el implante transmitía las señales de su cerebro de forma inalámbrica.
Durante un tiempo Noland pudo jugar al ajedrez, postear en redes sociales e incluso ganarle a sus amigos en juegos en línea moviendo un cursor solo con pensarlo. Aunque al principio el implante detectaba el intento de mover un dedo, eventualmente pudo entrenarse para guiarlo únicamente con movimientos “imaginados”. Pero las cosas cambiaron muy rápido: un mes luego de la operación el dispositivo comenzó a fallar.
Resulta difícil evaluar los avances reales en interfaces cerebro-computadora (BCI) con un saludable escepticismo sin caer en el cinismo. No se trata únicamente de meras fantasías lucrativas de multimillonarios con aires mesiánicos, como suele suceder, sino también de la posibilidad concreta para muchas personas de recuperar su independencia. Este desafío no se vuelve más fácil cuando algunas de las empresas que trabajan en este tipo de tecnología, en vez de presentar lo que hacen como incrementales aportes a la investigación científica, lo hacen como visiones grandiosas de un futuro carente de garantías y contradictorio con gran parte del conocimiento sobre la materia.
El caso de Neuralink es un ejemplo claro: sus presentaciones suelen ser una suerte de “teatro de neurociencia” antes que genuinos reportes científicos, como lo describió alguna vez Antonio Regalado.
Viejas ideas, revisitadas
Para empezar, la idea no es revolucionaria. Las BCI existen desde los años 60 y el concepto básico — detectar señales eléctricas neuronales para traducirlas en comandos — ya permitió a un hombre tetrapléjico mover un cursor en 2004 usando un implante llamado Utah Array, desarrollado en 1992. Los aportes de Neuralink son, en esencia, proezas de ingeniería: un sistema más pequeño y fácil de insertar, con electrodos ultrafinos, un robot cirujano de alta precisión y un dispositivo craneal inalámbrico del tamaño de una moneda. O, como lo describió el propio Musk, un “Fitbit en tu cráneo”.
Pero incluso estos avances tienen sus contratiempos. Este implante ya fue colocado a siete personas, algunas dadas de alta al día siguiente. Los beneficios se ponderan frente al riesgo de dañar el cerebro y causar hemorragias: todo implante cerebral conlleva riesgos de infección.
En el caso de Noland el implante empezó a fallar al poco tiempo porque los hilos de los electrodos se retrajeron por el movimiento natural de su cerebro en cada pulsación, lo que obligó al equipo a hacer malabares de software para que el sistema siguiera funcionando tras perder el 85% de los sensores. Además, como la batería duraba tan solo unas horas — especialmente incómodo si la idea era su uso continuo — le inventaron una especie de gorra con un cable fijo que mantiene su carga.
En sus presentaciones, Musk y su equipo hablan de curar la ceguera, la parálisis, la depresión, la ansiedad — ¡y el autismo! — hasta alcanzar una simbiosis con la inteligencia artificial. Pero aunque el abismo que separa esta retórica de la realidad no sea obstáculo alguno para la lluvia de inversiones en implantes neuronales, esta visión a larguísimo plazo poco o nada tiene que ver con el estado actual de la ciencia.
Sería negligente afirmar sin más que Neuralink, o cualquiera de sus competidores, no podrán algún día lograr sus ambiciones. Pero es en virtud de lo que hasta ahora han presentado y el modo en que lo han hecho que existen tantos recaudos ante promesas que por ahora no fueron cumplidas. Lo mismo se dijo cuando a fines de 2020 presentaron una serie de cerdos con implantes para demostrar que efectivamente podían leerse esas señales, o cuando unos meses más tarde presentaron a un macaco con un implante que podía jugar a un videojuego: aunque estas sean proezas técnicas, no demuestran nada verdaderamente novedoso en el campo de la salud.
En el caso del macaco gamer, se hicieron demostraciones comparables en 2002, pero se dijo que era una buena prueba de la tecnología porque la novedad estaba en la ausencia de cables que atravesaran la piel: todas las señales cerebrales se enviaban de forma inalámbrica. Esto también, sin embargo, ya había sido demostrado independientemente en 2014.
Éxito no garantizado
Incluso sus críticos adoptan las promesas desmesuradas de Musk en vanos intentos por usarlas en su contra. Cuando se habla de “neuroderechos” muchas veces se comete el atropello de dar por hecho — o inminente — la capacidad técnica de “leer pensamientos” o “grabar información” en la mente, cuando ninguna de las dos cosas tiene ni la certeza ni la madurez técnica que se alude. Lo que estos implantes logran es decodificar ciertas señales y mapearlas a otras funciones, pero esto no es análogo o siquiera cercano a poder decodificar pensamientos complejos.
No sabemos a ciencia cierta si algún día algo de esto será posible, y ninguna de esas ambiciones “exponenciales” atiende una necesidad médica real. Preocuparse por eso hoy es como discutir las leyes de tránsito para autos voladores.
La neurología — y la filosofía — está muy lejos de comprender las bases de la conciencia o de condiciones complejas de salud mental, como para pretender “solucionarlas” con un chip. No se puede simplemente aplicar más ingeniería para resolver misterios científicos fundamentales.
Ciencia a puertas cerradas
Esta manera de hacer las cosas choca de frente con cualquier concepto de buenas prácticas científicas. Neuralink, como muchas otras startups de Silicon Valley, se ampara en el “secreto industrial” y toma atajos inspirados tácitamente en la velocidad antes que en la precaución. Neuralink opera más como una empresa de tecnología que una de medicina.
A diferencia de la investigación clínica académica, sus métodos y resultados no se publican en revistas especializadas con revisión de pares, lo que impide el escrutinio independiente y la colaboración que hace avanzar el conocimiento. La empresa no ha registrado sus ensayos clínicos en bases de datos públicas, una práctica que expertos en ética médica critican por su falta de transparencia. Esto puede darles una ventaja competitiva, pero no es un aporte al bien común.
Una inminente objeción se escribe sola: una empresa privada no tiene por qué preocuparse por el bien común sino por sus ganancias. Y es cierto. Pero es allí donde reside la contradicción del discurso grandilocuente al que Musk nos acostumbró, aunque con decreciente credibilidad. Si el objetivo verdaderamente es el de maximizar nuestras chances contra el riesgo existencial que supone la inteligencia artificial — vaya a saber uno lo que eso significa — entonces hacer de cuenta de este modo que se hace ciencia no es un buen camino.
Sin ir más lejos, a finales de abril de 2025, antes de que Musk dejara el gobierno de Trump, Neuralink solicitó ser clasificada como una “pequeña empresa desfavorecida”, una designación cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de sus negocios a quienes han enfrentado barreras históricas de acceso al capital. Si su dueño mayoritario, el hombre más rico del planeta, efectivamente cae bajo esa categoría literalmente nadie podría estar en mayor desventaja que él.
Esta designación podría darle a Neuralink una ventaja en la licitación de contratos federales. Apenas dos semanas más tarde la compañía cerró una ronda de financiación de 650 millones de dólares y quedó valuada en 9 mil millones. Clásico Musk: hacia afuera la intervención gubernamental es mala, malísima, y hacia adentro no puede dejar de echar mano a los beneficios estatales.
Y luego está el tema de los monos. Antes de Noland, Neuralink experimentó con cientos de animales. Una investigación de Wired publicada en 2023 detalló registros veterinarios que describían un sufrimiento atroz en los primates sujetos a sus pruebas, con complicaciones que iban desde infecciones crónicas hasta la parálisis. Aunque una investigación gubernamental posterior no encontró violaciones a las normas, la denuncia fue reabierta, pero los cambios en las agencias gubernamentales durante el gobierno de Trump dejan su destino incierto.
Hay competencia
Neuralink no es la única empresa en este baile. La empresa Synchron, por ejemplo, desarrolla un dispositivo llamado Stentrode que se introduce a través de la vena yugular y se despliega en un vaso sanguíneo del cerebro, una técnica mucho menos invasiva. Ya tienen diez pacientes implantados y colaboraciones con Apple. Otros, como Precision Neuroscience, cofundada por un ex-Neuralink, trabajan con láminas de electrodos que se apoyan sobre la superficie del cerebro sin penetrarlo.
Estas alternativas demuestran que el futuro de las BCI no es un monopolio y que probablemente existan distintas soluciones para distintas necesidades. Estas son lo suficientemente valiosas como para ameritar la atención y la inversión. La espectacularización de la ciencia y la tecnología aunque puede dar grandes beneficios en el corto plazo, a la larga solo genera decepción y desinversión cuando las expectativas no se cumplen. Especialmente cuando se trata de biotecnología conviene portarse bien.
No hay motivo alguno por el cual la competencia entre acercamientos y dispositivos no sea beneficioso y es por eso que las prácticas anticientíficas son tan reprochables. Para ciertas aplicaciones que pueden cambiarle la vida a una persona, como controlar un cursor o un smartphone, no se necesita ninguna de las promesas exageradas de Neuralink.
Aunque el foco mediático se concentre en las promesas audaces de Musk, su competencia sigue trabajando. El dispositivo Percept de Medtronic, una especie de marcapasos para el cerebro que “escucha” la actividad cerebral y solo dispara impulsos eléctricos cuando detecta las ondas que anuncian un temblor, le permite a pacientes con Parkinson moverse con más fluidez.
En otro estudio piloto, un equipo colocó electrodos sobre la médula espinal de pacientes con atrofia muscular, logrando “despertar” neuronas motoras latentes. Todos los participantes caminaron más lejos y se cansaron menos. En cuanto a los problemas de habla, nuevos sistemas están decodificando señales neuronales para convertirlas en texto o en una voz sintética a velocidades cada vez más cercanas al habla natural.
Todos estos avances, en muchos casos desarrollados por startups, requieren de mucho dinero, y eso ya no tiene tanto que ver con la ciencia o la ingeniería misma: los proyectos deben convertirse en buenos negocios para sobrevivir. Pero asumir que las promesas exageradas son la única manera de financiar el futuro es como mínimo un rasgo definitivo de nuestra falta de imaginación. Tiene que existir otra manera mejor de hacer las cosas.
Después de la falla de su implante, Noland Arbaugh dijo que lloró. Volvía a perder la independencia que había conseguido. Eso es lo que verdaderamente está en juego, la vida de personas reales. Meter en la ensalada preocupaciones acerca del riesgo existencial de la humanidad por el advenimiento de superinteligencias no parece ser particularmente brillante.
Desde diciembre que las compras particulares al exterior no paran de crecer y se espera que continúen en alza durante los próximos meses. Según datos oficiales, en los primeros cuatro meses del 2025 se realizaron importaciones vía courier por un total de USD 59,8 millones. Sólo en mayo ese canal habría superado los USD 50 millones, casi a la par del primer cuatrimestre y recalentó la vía de salida de dólares, en medio de la necesidad del Gobierno por acumular divisas en el Banco Central. Las empresas del sector sostuvieron que la dinámica se incrementó mes a mes y anticiparon un nuevo pico para julio.
Fuentes del sector señalaronque en mayo ingresaron casi 1.000 toneladas via courier. Entre un 70% y 80% correspondieron al subrégimen P (particular y pequeños envíos) de paquetes de hasta 3 kilos por un valor de USD 160 FOB (en comercio exterior se refiere al valor de los bienes en el punto de embarque, excluyendo los costos de seguro y flete) por envoltorio; y un 20% o 30% al subrégimen C (comercial) bultos de hasta 350 kg por un precio de entre USD 350 y USD 460.
Si bien no es lineal, se podría contar con un aproximado de cuántos dólares pudieron implicar. Si se paga USD 160 por un paquete de 3 kg para los pequeños envíos, en un total de 700.000 kg (el 70% de 1.000 toneladas) valdría alrededor de USD 37,3 millones este segmento. En tanto, por los ingresos comerciales a un valor de USD 460 cada 9 kg, 300.000 kg (30% de 1.000 toneladas) alcanzan USD 15,3 millones para esta categoría. En total sumarían unos USD 52,6 millones de importaciones, en donde los principales productos que ingresaron correspondieron a rubros de indumentaria, electrónica y repuestos.
En tanto, Aeropuerto Argentinas Cargas (la unidad de negocio Aeropuertos Argentina, que brinda servicios de almacenamiento y logística integral a los agentes de comercio exterior que importan y exportan por vía aérea), registró en los primeros cinco meses de este año que la cantidad de bultos ingresados por la importación vía courier creció 303% de manera interanual: en promedio, pasó de 58 mil bultos mensuales en 2024, a 176 mil bultos en los mismos meses del 2025. Pero también en volumen el salto fue significativo, ya que ascendió de 390 toneladas en los primeros cinco meses del año pasado, a 790 toneladas promedio mensual en lo que va del 2025, lo que implicó un incremento de alrededor de 203%.
“Es un reflejo del impacto de la medida que comenzó a regir en diciembre”, señalaron a este medio desde la empresa, que realizó una inversión de USD 6 millones para ampliar la Terminal Unica de Courier en Aeropuertos Carga, instalada en el aeropuerto de Ezeiza, donde funcionará toda la operatoria courier de importación. “Esto permitirá darle mayor celeridad al tratamiento de la paquetería ante un volumen creciente”, agregaron.
Desde Andreani GlobAll Pack, empresa líder en el segmento courier, comentaron que en enero registraron 2.000 envíos, al igual que en febrero; en marzo creció a 7.000; en abril ascendió a 50.000; en mayo a 100.000; en junio se disparó a 180.000; y en lo que va de julio ya cerraron 300.000 paquetes con un solo cliente. Según la compañía, el valor promedio por envío es de unos 76 dólares FOB, lo que indica que la evolución en dólares es la siguiente: enero y febrero USD 156.000 cada mes; USD 532.000 correspondieron a abril; en mayo se fueron USD 3,8 millones; en junio USD 7,6 millones; y en julio van USD 13,6 millones. El dato provisorio del mes en curso está estimado en USD 22,8 millones. Los productos que más ingresaron fueron de los rubros: indumentaria, bijouterie y juguetería.
Las medidas que impulsaron el boom de importaciones vía courier
Este crecimiento fue impulsado por varias medidas. El año pasado el Gobierno, a través de la resolución 5608/2024, elevó el límite de los envíos por courier de USD 1.000 a USD 3.000 FOB. También, con el decreto 1065/2024, se permitió la franquicia de USD 400 hasta cinco envíos veces al año, para los cuales quedaron exentos de derecho de importación, que sólo se paga el IVA.
A su vez, la mayor accesibilidad a productos de las plataformas digitales como Amazon, Tiendamia, Mercado Libre (que comenzó a ofrecer compras internacionales debido a la competencia), y el auge de las apps de marketplace asiáticas como Shein y Temu impulsaron las compras para esta modalidad de courier.
Estas medidas, junto al boom de plataformas de marketplace, en un contexto donde el consumidor busca precios fuera del país debido a que la Argentina la encuentran cara en dólares por el atraso cambiario, impulsaron al courier como una de las principales alternativas para comprar productos internacionales.
Por el lado de las empresas, fuentes del sector explicaron que se quitaron la intervención de terceros organismos y requisitos para importar, que incentivaron a las pequeñas empresas a traer insumos y respuestos del exterior vía courier. Por ejemplo, entre otras desregulaciones, la eliminación de la certificación eléctrica, como la no exigencia de pasar por entidades como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Una tendencia que se observó es que si bien a comienzos de año el boom lo traccionó el pequeño envío, en los últimos meses se amesetó y comenzó a tomar mayor volumen el régimen comercial.
Por el lado de las empresas del sector, explicaron que debido al incremento de los últimos meses, necesitaron ampliarse para hacerle frente a esa demanda. Maximiliano Ganin, director de Negocios Crossborder de Andreani GlobAll Pack, explicó las razones del crecimiento de la capacidad instalada de las empresas del sector: “El aumento también se está dando en los últimos meses porque el mercado no estaba acostumbrado a estos niveles, se necesitaban estructura y depósitos. Entonces las empresas necesitaron un tiempo para prepararse y soportar la oferta”.
La mirada del Gobierno
De acuerdo a datos de la Secretaría de Comercio, durante los primeros cuatro meses del 2025 se realizaron importaciones particulares vía courier por un total de USD 59,8 millones en envíos, con 402.646 envíos realizados por 64 empresas de courier.
La evolución pasó de unos USD 10,3 millones en diciembre de 2024 a 15,8 millones en enero de este año. La cartera de Comercio registró un total de 141.742 envíos en abril.
Los principales sectores de importación son Electrónica (USD 21,7 millones), Bienes de Capital (USD 26,4 millones), y Bienes de Consumo (USD 24,9 millones). Entre los productos más destacados figuran computadoras (USD 7,67 millones), prendas de vestir (USD 3,7 millones) y juguetes (USD 1,94 millones). También se detallaron categorías como equipos eléctricos, calzado y maquinaria, reflejando una diversidad en la demanda.
La provincia de Buenos Aires representó el 43,6% del total de los envíos; en segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 15%; tercero, Córdoba (8,2%); seguida de Santa Fe (8%) y Neuquén (3,2%)
Desde el equipo económico salieron a celebrar los números. Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), señaló desde su cuenta de X: “Gracias a la apertura comercial inteligente, la baja de impuestos y aranceles y a la desregulación de la economía; hoy los precios de los bienes como electrodomésticos, zapatillas, ropa, etc. (los productos que observamos por ejemplo en los shoppings) están convergiendo al precio internacional. Cuando el kirchnerismo cerraba la economía para beneficiar a unos pocos, destruía el poder adquisitivo de la gente».
«En este esquema los consumidores pueden acceder a mejores productos a un precio más bajo y, por lo tanto, aumentar su consumo y consumir más de otros bienes y servicios que hasta el momento se veían relegados por tener que pagar productos con márgenes altísimos. Por último, esto también mejora la productividad ya que las empresas e individuos pueden acceder a bienes de capital (computadoras) a un precio accesible”, finalizó su argumento.
“La apertura comercial inteligente implica más libertad para los consumidores y más competitividad para emprendedores y empresas. Es facilitarle la vida a quien vive, invierte y produce en Argentina”, agregó en redes sociales Martin Vauthier, director del BICE.
TGS asegura la continuidad de su servicio hasta 2047 tras la publicación del Decreto 495/2025. La extensión, resultado de una evaluación y audiencia pública, es la primera para una empresa regulada en el segmento. La empresa había anunciado a comienzos de año un plan quinquenal de inversiones por $362.000 millones al 2029.
Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo este jueves una prórroga de 20 años para su licencia de servicio de transporte de gas natural, con vigencia a partir del 28 de diciembre de 2027, fecha de vencimiento original de su licencia actual. La prórroga se formalizó mediante el Decreto 495/2025 y es la primera que el Estado nacional otorga para una compañía regulada del segmento, tras la realización de la audiencia pública correspondiente.
La licencia fue otorgada en 1992 por un plazo de 35 años, como consecuencia de la privatización de la entonces compañía Gas del Estado, con el compromiso de elevar los parámetros de calidad de la prestación y de inversiones para mantenimiento y ampliación de la red adjudicada, lo que ahora fue evaluado para la decisión final de prórroga.
El proceso para esta extensión comenzó el 8 de septiembre de 2023, cuando la compañía co-controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki solicitó una extensión de 10 años, según el entonces vigente artículo 6° de la Ley 24.076, cuya posterior modificación estableció un período de renovación de 20 años, para lo cual TGS ajustó su solicitud el 15 de julio de 2024.
Los requisitos de concesión
Para la prórroga, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) llevó a cabo una evaluación de la prestación del servicio por parte de TGS, requisito previo para proponer la renovación de la licencia al Poder Ejecutivo. Como parte de este proceso, la Audiencia Pública 105 fue convocada por el ente y se llevó a cabo el 21 de octubre de 2024, lo que permitió proponer la medida de extensión.
En el proceso administrativo, la sociedad debió demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, las que incluía haber cumplido con las inversiones obligatorias a su cargo, que las multas aplicadas nunca alcanzaron el 5% de su facturación, que el Sistema Sur bajo su operación no sufrió interrupciones que afectaran en más de un 35% la capacidad de transporte, ni interrupciones parciales que superaran el 10% de dicha capacidad, de acuerdo a los detalles técnicos del pliego.
“A lo largo de estos años vivimos grandes cambios coyunturales, nacionales e internacionales, y nunca nos detuvimos. Continuamos operando con confiabilidad, seguridad y sostenibilidad para aportar al desarrollo energético de nuestro país” afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS tras darse a conocerse la prórroga.
Si bien el Decreto ratificatorio correspondiente se dio a conocer con su publicación en el Boletín Oficial, el 11 de julio de 2025, el Ministerio de Economía y TGS suscribieron el «Acta Acuerdo de Prórroga de la Licencia otorgada a Transportadora gas del Sur S.A. para la prestación del servicio público de transporte de gas».
TGS opera desde diciembre de 1992, gestionando una red que pasó de 6.500 kilómetros de gasoductos con una capacidad de inyección de 42,9 MMm³/d a más de 9.250 kilómetros con una capacidad de inyección actual de 88,5 MMm³/d.
La compañía es responsable de transportar más del 60% del gas natural que se consume en hogares, industrias y centrales eléctricas de Argentina, y también ofrece procesamiento y comercialización de líquidos de gas natural, servicios midstream en Vaca Muerta, telecomunicaciones y otros servicios.
Tras el proceso de actualización del esquema tarifario para los servicios de gas natural por redes, a principios de este año, la empresa anunció un plan de inversiones quinquenal (2025-2029) por un monto superior a los $362.000 millones, el cual cobra relevancia con la extensión de la licencia que abarca el cierre de ese propuesta.
Según diversas fuentes, una empresa inversora estadounidense habría adquirido la patente del reactor modular ACR300 de INVAP, aunque su nombre se mantiene bajo llave.
A fines del año pasado, se confirmó la noticia de que INVAP diseñó un reactor modular de 300 megavatios y registró la patente del mismo en Estados Unidos.
El ACR300 pertenece a la familia de los pequeños reactores modulares (SMR, por su sigla en inglés). Estos, gracias a su menor tamaño y costo, pueden ubicarse en casi cualquier terreno.
Se espera que este tipo de tecnología permita seguir incrementando la lucha contra el cambio climático. Además, al mismo tiempo, le proveerá energía a los centros de datos especializados para continuar con el desarrollo de IA.
El ACR300 es una pieza fundamental del Plan Nuclear argentino anunciado por el presidente Javier Milei y liderado por Demián Reidel.
Justamente, esta misma semana Reidel renunció al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores de Milei para, según él mismo, concentrarse “de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino”.
Respecto al ACR300, La Nación aclaró que INVAP y la empresa estadounidense formaron una sociedad para el diseño y la futura fabricación de estos reactores exportables. Tras consultas directas con INVAP, desde Espacio Tech no se obtuvo una confirmación por parte de la empresa al respecto.
Comentario de AgendAR:
¿Cuál es la noticia? Una patente en EEUU no se le niega a nadie. Se patenta incluso naturaleza sin valor agregado. Como dicen los farmacólogos, en la patria de los valientes y hogar de los libres, podés patentar desde un potus a las empanadas, el carnaval y el estornudo.
Vamos a pelearlo un poco al agente de prensa que escribió el «press release» que Ud. acaba de leer.
El ACR-300 nunca fue de INVAP, una firma argentina intensamente real y con muchos reactores nucleares argentinos exportados al mundo. En contraste, Meitner Energy es una empresa fantasmal sin historia, con domicilio en el paraíso fiscal de Delaware. Mire, allí hay más sociedades truchas que habitantes humanos. Respectivamente 1,9 millones de firmas imaginarias versus 1,052 millones de personas reales.
Una sociedad en Delaware no se le niega tampoco a nadie.
El ACR -300 es un papelito que viene flojo de papeles. De hecho, el plano fue bajado por copy-paste de un catálogo de 80 posibles reactores chicos propuestos por el OIEA.
Sacarle patente a ese download debe haber sido baratito. Meitner Energy tiene apenas U$ 50 millones, y son de un inversor desconocido.
Si las patentes yanquis crecen en los árboles, las cosas cambian cuando tenés que atravesar un proceso de licenciamiento regulatorio con una central nuclear de potencia. Y máxime con una unidad marca Cuchuflito, sin antecedentes licenciados ni construidos, y en un país severo.
Ahí estás hablando de al menos 10 años de trámites ante la Nuclear Regulatory Commission (NRC), de carpetas y planos y discos duros hasta llenar containers, y de centenares de millones de U$ hasta tener licenciamientos del lugar de emplazamiento, de la ingeniería básica, de la ingeniería de detalle, de la de seguridad, de la de construcción y montaje de la de puesta en marcha. Recién entonces, con la puesta en marcha a la vista. empezás a cavar los cimientos.
Creer que la Agencia Regulatoria Nuclear argentina (ARN) pueda hacer eso es apostar a que pierda su integridad.Ánimo, Meitner Energyl, decapitás la ARN y la llenás de ñoquis, perejiles y genuflexos, y ya está. ¿No lo hicieron tantas veces ya con la CNEA?
HARAKIRI TRANQUILÓN
Por ahora, el ACR-300 es una trampa doble.
Primero, para inversores yanquis de tercera línea que no tienen maldita la idea de qué es una central nuclear, ni les importa. Compran acciones para inflarlas con autocompras y luego revenderlas más caras. Probablemente éste sea uno de esos casos. Repítase N veces esta bicicleta financiera y alguien se forra. ¿No viene haciendo lo mismo la Boeing, a la que ahora tanto se le caen los aviones?
Expectativas de construcción, hasta ahí, cero.
La otra trampa es para el Programa Nuclear Argentino y me preocupa más.
La excusa del ACR-300 le sirvió a los gauleiters implantados por Milei para frenar otra vez la obra del CAREM. Ésta tiene la mitad de los licenciamientos exigidos por nuestra ARN y la virtud suprema de existir. La obra civil está casi completa, Ud. la puede ver, recorrer y tocar. Falta buena parte del licenciamento, fabricación y montaje de la obra nuclear. Tras congelarse en tiempos de Macri, estaba progresando razonablemente hasta que llegó el gobierno de Javier Milei.
De paso y cañazo, el ACR-300 hoy sirve para desalentar toda idea de Núcleoelétrica Argentina, NA-SA, de hacer otra central CANDU como Embalse, pero más potente, de 700 MW. Podemos solos, como ya hicimos con Embalse en los ’80. Entonces echamos de la obra a la AECL (Atomic Energy Commission of Canada Ltd). Le rompimos contrato, porque no cumplían con el arribo de los componentes, los cronogramas de montaje ni las transferencias de tecnología.
Nadie quiera creer que esto sucedió por presiones del State Department. Hubo que hacer casi todo aquí, con industria nacional.
Desde 1962, las CANDU son las centrales de potencia de mayor seguridad, menor costo y mejor disponibilidad del planeta, incluyendo las Américas, Europa Central y el Lejano Oriente. Se moderan con agua pesada (es cara), pero llegaron a ser 47 en 7 países, hay 18 de marca local pedidas por el gobierno de la India, y entre todas jamás generaron un accidente.
Las CANDU cuestan la mitad por MW instalado que las máquinas PWR y BWR, y a diferencia de éstas, usan uranio natural. Eso hace al usuario independiente de la maffia internacional del enriquecimiento de uranio, manejada/manijeada por EEUU y la UE.
Por algo las tres centrales argentinas son todas de uranio natural y agua pesada. Uno evita boicots de uranio enriquecido. Ya tuvimos uno, decidido por EEUU en 1981… y nos resbaló.Hoy, con tres centrales más, nos volvería a resbalar. Eso cae mal.
Desde mediados de los ’80, los ecologistas canadienses y una complaciente recua de «tories» y laboristas en el Ejecutivo y el Legislativo canadienses desalentaron toda nueva construcción CANDU. En lugar de retubar sus plantas a los 30 años de operación y licenciarlas por 30 años más, las fueron cerrando.
Un harakiri en cámara lenta.
LA PESADA DEL AGUA PESADA
Las dos mayores plantas de producción de agua pesada del mundo estaban en Canadá. Tenían una capacidad de 1600 toneladas año, 8 veces más que la nuestra en Arroyito, Neuquén. Las de Canadá fueron demolidas. La nuestra, la mayor del mundo por défault canadiense, fue cerrada por Mauricio Macri. No se reabrió.
Casi toda la enorme industria de abastecimientos nucleares canadienses, pensada para suplir de componentes, repuestos y modernizaciones 47 centrales en 7 países, colapsó. Las cadenas de abastecedores, y los diseñadores, ingenieros, montajistas y operadores canadienses de las 27 CANDU locales construidas se fueron jubilando o muriendo, sin reemplazo.
Ahora Canadá, con la crisis climática quemándole los bosques y arruinándole cosechas, quiere reabrir desesperadamente las 8 plantas que se decomisionaron desde 1998. Más aún, quiere construir 4 centrales más de mayor potencia en Alberta… y Ottawa no tiene los RRHH, los materiales o el expertise industria para ello.
Es curioso, pero como consecuencia, aquí, con una sola central de este tipo, sabemos un poco más de centrales CANDU que los propios canadienses. Ellos las inventaron, las licenciaron, las construyeron, las exportaron, las fueron cerrando y las olvidaron.
Curioso: ni Westinghouse ni General Electric jamás lograron venderle uno de sus PWR y BWR a Canadá. Hoy están tratando nuevamente. Pero nadie quiera pensar que el tranquilo seppuku nuclear canadiense sucedió por presiones yanquis.
Los canucks hoy incluso ignoran cómo hacer los combustibles de sus CANDU: los compran a los EEUU, dueños de la tecnología de ciencia de materiales, diseño y fabricación.
Resumo: el objetivo último del ACR-300 no es darle electricidad a voraces data centers de inteligencia artificial en la Patagonia. Es una idea particularmente pelotuda en un país donde la luz se apaga a cada rato.
El objetivo más inmediato es matar en el huevo todo proyecto nuclear argentino de potencia, es decir el CAREM y también de una nueva generación de CANDU Nac & Pop. José Luis Antúnez, ex director de NA-SA y el hombre que logró terminar Atucha 2, estaba haciendo diseñar los componentes, y le había puesto nombre: Proyecto Nacional. Siguió en planes hasta diciembre de 2023. Ahora los cuervos quieren privatizar NA-SA.
Como defensor de INVAP desde 1985, me causa insomnio, dispepsia y úlceras que Meitner Energy, íncubo parásito de nuestra firma tecnológica de bandera, la enrede en deudas adquiridas y desprestigio mundial. Sucederá cuando el ACR-300 se muera en planos.
Porque señoras, señores, más allá de la humareda de la actual administración nuclear, nos atenemos a lo dicho: El ACR-300 es una centralita nuclear de papel.
Un conjunto de organizaciones sociales buscan que continúe la tarea de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo impulsada por la Corte Suprema, que se dio por terminada en octubre de 2024. Argumentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el cierre de la causa viola el derecho constitucional y alertan sobre los despidos en ACUMAR.
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación TEMAS y la Asociación de Vecinos de la Boca denunciaron al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que continúe el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que empezó luego de la causa Mendoza, impulsada por la Corte Suprema el 8 de julio de 2008 y terminada en octubre de 2024. El colectivo de denunciantes asegura que el cierre de la causa viola el derecho constitucional a un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la vida, a la vivienda digna, a la niñez y las garantías judiciales de las personas que viven en la cuenca.
Cristian Fernández es el coordinador del área Legal de la FARN, una de las organizaciones que presentó la denuncia ante la CIDH, y dijo: “Esperamos que la CIDH inste al Estado argentino a trabajar en el saneamiento de la cuenca y a no abandonar esta tarea titánica que es la limpieza del Riachuelo porque no se contaminó solo ni se va a limpiar solo, y requiere mucho trabajo y presupuesto. Lo que vimos desde el cierre de la causa hasta hoy es un retroceso en materia de política pública en lo que respecta al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por ejemplo, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) echó a 300 personas y queremos saber cómo repercute esta reducción en las tareas a realizar y las autoridades no lo contestan. Todavía hay mucho trabajo para relocalizar a las personas que habitan en barrios populares y se ven afectados por la contaminación en la cuenca, falta avanzar con obras como el parque curtidor en Lanús. Para que tengamos una cuenca sana es importante que las curtiembres no contaminen más. Hay que seguir trabajando en la contaminación industrial, en la calidad del agua, del aire, en el ordenamiento del territorio y en las áreas protegidas, por eso le pedimos a la CIDH que tome cartas en el asunto y venga a visitar la cuenca para que inste a las autoridades a retomar el trabajo de limpieza”.
En la cuenca se relocalizó al 42% de las familias que vivían a la vera del río. El resto aguarda una solución habitacional y las casas adonde viven ahora deben ser demolidas para completar el camino de sirga. Solo en CABA serán unas 700 familias. El trabajo en el territorio todavía tiene mucho por hacerse: la cobertura de servicio de cloacas llega al 56% de la población de la cuenca.
En la cuenca se relocalizó al 42% de las familias que vivían a la vera del río. El resto aguarda una solución habitacional.
Alfredo Alberti es vecino del Riachuelo y parte de la Asociación de Vecinos de La Boca. Alberti dijo que “los cambios en el período en que estuvo activa la causa fueron muy importantes pero tenemos que tener en cuenta que pasaron muchos años y pensábamos que iban a ser más. La ineficiencia de ACUMAR fue notable. Estamos muy agradecidos por lo que se hizo y ahora no entendemos por qué la Corte Suprema toma la decisión de abandonar la causa. Las mismas razones que la hicieron elaborar el fallo emblemático para la época no han cambiado: desde que se cerró la causa se empieza a ver que el espejo de agua no tiene la misma calidad, nosotros no tenemos la capacidad para hacer estudios pero sabemos que la calidad del agua y del aire no ha cambiado nada desde que empezó la causa. Los cambios del río son estéticos, se ha hecho un maquillaje de la cuenca, están mejor las costas que antes estaban llenas de basura, y el espejo de agua que era una alfombra flotante de basura que generaba olores fétidos. Eso aún no volvió pero si a esto no se lo cuida, no se atienden los presupuestos, si se cierran las sedes de ACUMAR, como la que teníamos acá y ya no está más, tememos que se vuelva a ese Riachuelo que tantos disgustos le dio a la población y se descuide la salud”.
Una parte importante de la obra de saneamiento es el Sistema Riachuelo, que incluye el colector margen izquierda, la planta de tratamientos cloacales y el emisario. Se trata de un caño muy grande que copia la traza del río a su izquierda para poder recoger todos los desechos cloacales, la planta para tratar estos desechos y el caño que los deposita en forma dispersa, muchos kilómetros adentro del Río de la Plata. La primera etapa y la última están completadas hace muchos años, y la planta de tratamiento está construida en más del 80% hace dos años. El Gobierno anunció que la iba a terminar pronto, pero no hay una fecha precisa de inauguración.
Durante los 17 años que la causa Mendoza estuvo activa, ACUMAR debía presentar informes trimestrales y lo hizo durante todo ese tiempo, lo que permitió que se pudiera conocer el estado del río y de las obras. “Hicimos un pedido de información pública y nos dijeron que las obras del Sistema Riachuelo ya estaban terminadas, y también lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, pero falta saber cuándo se hará la puesta en marcha. Nos gustaría que hubiera más transparencia en la información, nosotros antes podíamos seguir esta información en los informes trimestrales, hoy ni siquiera está actualizada en las páginas web. Nos enteramos que se mudaron de oficina por el Boletín Oficial, ahora están en Diagonal Norte y no sabemos cómo afectaron los despidos y renuncias. Más allá de los anuncios formales, queremos saber cómo repercute esto en la vida de los vecinos”, dijo Fernández.
«Estamos muy agradecidos por lo que se hizo y ahora no entendemos por qué la Corte Suprema toma la decisión de abandonar la causa», dice Berti.
“La Corte nos abandonó y también hemos perdido a una figura muy notable que era el Defensor del Pueblo de la Nación, que era el coordinador del grupo colegiado. (Eduardo) Mondino –exdefensor del Pueblo de la Nación– nos ayudó a aunar instituciones para poder hacer las acciones y tenía cuatro abogados que nos ayudaban y fondos de la Defensoría para hacer análisis físico-químicos. Esto repercute en tres jurisdicciones y tuvimos que apelar a la Justicia porque nunca fue un tema de agenda para la política. Ahora, al desaparecer el interés de la Corte Suprema quedamos nuevamente en manos de los políticos. Y ahora dicen que contaminar el río no es delito, no forma parte de las campañas, pero si la salud es un tema esencial deberían ocuparse del río, que tan importante es para la salud de todos”, dijo Alberti.
El cierre de la causa disolvió el cuerpo colegiado formado por las organizaciones e instituciones que controlaban el trabajo del Estado tanto a nivel nacional como local. De todas formas, las mismas instituciones que formaban parte de ese cuerpo fueron las que se unieron para llevar la demanda en forma conjunta frente a la CIDH, para que los trabajos de recuperación de la Matanza-Riachuelo sigan adelante.
La crisis de suministro de gas que se registró hace dos semanas —que incluso provocó, por primera vez en muchos años, interrupciones de suministro en hogares de la provincia de Buenos Aires por falta de presión en las tuberías de distribución— afectó también el funcionamiento del mercado de exportación hacia Chile, aunque la gestión de la crisis evidenció un mejor ordenamiento y coordinación entre actores de uno y otro lado de la Cordillera.
Del lado argentino se trató de evitar caer en una aplicación incorrecta del “corte útil”, un difuso concepto se utilizó que en el pasado para restringir discrecionalmente los envíos hacia clientes trasandinos cuando faltaba gas en el mercado argentino. Actualmente, esta herramienta permite cortar en primer lugar las exportaciones de gas natural que operan bajo permisos interrumpibles otorgados por la autoridad argentina. Esta vez, las exportaciones concretadas bajo el gasoducto operado por GasAndes —que rondaban los 6 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d)— fueron afectadas inicialmente en la restricción a los volúmenes que se estaban exportando en dicho momento bajo permisos interrumpibles, para luego, recién a partir del 30 de junio cuando se empezó a restringir también la demanda de gas de cargadores locales con contratos de transporte interrumpibles, extender las restricciones a los volúmenes de exportación que estaban utilizando servicios de transporte interrumpible en el tramo de TGN, es decir, se aplicaron las medidas dictadas por el comité de emergencia (según las Pautas de Despacho) de igual manera que a los cargadores locales.
A partir de esa acción, en el peor momento de la crisis se siguió despachando por GasAndes unos 300.000 m3/día de gas hacia Metrogas Chile, el único contrato de exportación integrado por un permiso en firma de venta de gas (molécula), un contrato de transporte en firme, y que abastece demanda ininterrumpible. Esa robustez con una especie de triple candado terminó blindando el despacho hacia Metrogas Chile.
Reconstrucción
En los últimos años, cuando se materializó el potencial gasífero de Vaca Muerta, la Argentina inició el complejo camino de reedificar el mercado de exportación de gas hacia Chile después del trauma de 2006/2007, cuando el gobierno de Néstor Kirchner interrumpió sin control de daños ni coordinación política los envíos de gas hacia el otro lado de la Cordillera por la declinación de la producción local.
En esa clave, tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Javier Milei han ido estableciendo regulaciones con la intención de recuperar la confianza de los actores del mercado chileno. Hoy en día, el Estado argentino habilita dos tipos de permisos de exportación de una molécula de gas: los interrumpibles, más endebles, que se pueden interrumpir frente a eventualidades menores en la oferta de gas argentino (el llamado “corte útil”); y los firmes, que ofrecen una cobertura mayor frente a problemas que puedan registrarse con la disponibilidad del recurso desde la Argentina.
En el caso de GasAndes, por ejemplo, la mayoría del volumen que se exporta está calzado sobre permisos en firme de venta de gas, pero sólo uno —el de Metrogas Chile, la distribuidora de Santiago— posee también un contrato de transporte en firme sobre TGN. El resto está compuesto por permisos de venta en firme que se apoyan, sin embargo, sobre servicios de transporte en el tramo local de características interrumpibles (contrato TI).
“Si se quiere, el próximo paso para reconstituir el mercado de exportación es que se contrate más transporte en firme. Hay que seguir trabajando el marco regulatorio para que, frente a una crisis como la que pasamos, el trato de un cliente en firme en Chile sea cada vez más homologable al que recibe, por caso, un gran usuario industrial argentino que contrata gas en firme”, explicaron en una petrolera.
Otras exportaciones
Frente a la caída del linepack en el sistema de transporte troncal de gas, el Comité de Emergencia —integrado por distribuidores, transportistas y productores y coordinado por técnicos del ente regulador del gas (Enargas)— sostuvo las exportaciones del hidrocarburo por la cuenca Austral hacia Methanex, que opera una planta de metanol en Punta Arenas, y también los envío por el gasoducto Gas Pacífico.
Son exportaciones ‘off system”, es decir, no utilizan la red troncal de gasoductos. Por eso, como no están programadas dentro de los sistemas informáticos de las transportistas gozan de algún salvavidas adicional.
Cambios regulatorios
El área energética del gobierno de Javier Milei está dando señales desde el año pasado de que su objetivo es reconstituir la confianza del mercado chileno hacia el gas argentino. De hecho, el Presidente viajó a Santiago de Chile en agosto de 2024 para participar de un seminario energético organizado en esa ciudad para apuntalar la integración gasífera de ambos países. Bajo ese paraguas, la Secretaría de Energía tomó en el último año y medio varias medidas regulatorias pararobustecer la operatoria de exportación. La última fue eliminar la referencia al precio internacional del petróleo como marcador para definir el precio mínimo de exportación de gas hacia Chile y Brasil. Fue una medida que se tomó después de que varios compradores de gas argentino en Chile explicaran que es demasiado riesgoso firmar contratos plurianuales o de mediano plazo de importación asumiendo la volatilidad intrínseca del Brent, cuya cotización suele moverse por factores exógenos al mercado energético.
No obstante, la experiencia y la regulación vigente en materia de exportaciones de gas natural dejan ver que es necesario —según coinciden fuentes del mercado gasífero consultadas por este medio— dar un paso mas en aclarar las características de firmeza de los permisos y su operación ante contingencias como la vivida hace unos días, aplicando reglas de no discriminación entre demandas de sectores similares. Es la única manera, a su entender, que compradores de gas en Chile puedan considerar el gas argentino como un suministro en “firme”. Desde esa óptica, será necesario homologar las Pautas de Despacho con las demanda de exportación.
El 15 de noviembre del corriente año se cumplirán ocho años del hundimiento y tragedia del submarino ARA San Juan, y con ello, no sólo la pérdida de vidas de marinos en actividades de adiestramiento, sino la pérdida de la capacidad submarina de la Armada Argentina, que significó también una disminución importante de la capacidad de disuasión del país, cuyas riesgosas implicancias aún no se alcanzan a percibir.
Prueba de esto último y sin entrar en el análisis de las responsabilidades que pueden caber por igual a políticos y militares (especialmente en la cadena de hechos que llevaron al hundimiento del submarino), es la incapacidad del Estado Argentino para recuperar la pérdida de una capacidad que, en términos de defensa nacional, es estratégica.
Hoy la Armada posee dos submarinos, el Santa Cruz (Tipo TR 1700), gemelo del San Juan duerme en Tandanor, mientras que el Salta (Tipo 209-1200), veterano de la guerra de Malvinas, está amarrado permanentemente en Mar del Plata y es usado para adiestramiento.
Mientras tanto, los submarinistas argentinos alternan intercambios con la Marina de Guerra del Perú, país que posee una de las flotas de submarinos más importante de América del Sur y en pleno proceso de renovación.
Y mientras numerosos países por todo el globo anuncian la renovación y el incremento de sus flotas de submarinos, la realidad argentina camina por el camino inverso, incluso a pesar de anuncios oficiales que, desde hace años, llenan algunos medios especializados.
El programa truncado
A fines de los 70 y principios de los 80, Argentina tenía el programa más ambicioso de desarrollo naval de Sudamérica, el cual incluía la incorporación de 6 submarinos de los tipos TR 1400 y TR 1700 (que se sumarían a los 2 Tipo 209 adquiridos a principios de los 70). Cuatro de los submarinos serían construidos en el astillero Domecq García, montado en el predio que hoy ocupa Tandanor a esos efectos.
El programa continuaría con el desarrollo y construcción de al menos un submarino nuclear, sobre la base del diseño TR1700 alargado y con un reactor modular nacional.
Los recortes presupuestarios sufridos por las Fuerzas Armadas después de la guerra de Malvinas, las imposiciones internacionales, incluyendo el embargo británico y la falta de una política de estado en materia de defensa, tiraron literalmente por tierra al programa de submarinos, aunque algunos gobiernos anunciaron de manera poco responsable su continuidad, particularmente en el caso del submarino nuclear.
Como se aprecia, no escapa a gobiernos de ningún partido la limitada seriedad con que se abordó en el pasado el tema de las capacidades submarinas. Como sea, el programa quedó trunco y desde entonces, se han hecho infructuosos esfuerzos que aún no han dado frutos. La necesidad de recuperación de la capacidad submarina está claramente definida en el planeamiento estratégico de la defensa, como prioritaria, al mismo nivel que los F-16 en proceso de incorporación.
La necesidad
Ciertamente es a partir de las exigencias operativas o ConOp (concepto operacional), es decir lo que se pretende que haga cualquier sistema de armas, que se define el modelo, prestaciones, capacidades y restricciones del diseño que se incorpore.
En tal sentido, las necesidades de la Armada podrían requerir un submarino oceánico, de propulsión convencional diésel-eléctrica con sistema AIP, tipo celda de combustible, con alternativas a motor Stirling, o nuclear (recordemos que era la intención inicial de la producción de la serie TR1700), que asegurara una velocidad sostenida no inferior a 10 nudos en inmersión y una capacidad de operación no inferior a 40 días en la zona de operaciones. Al hablar de un submarino oceánico se aprecia que la autonomía no puede ser inferior a 4500 millas náuticas y la velocidad en superficie máxima debiera no ser inferior a 25 nudos, para llegar a la zona de operaciones en corto tiempo.
Su tripulación debiera reducirse al mínimo (inferior a 30 tripulantes), considerando un alto nivel de automatización. Y debiera estar armado con hasta un mínimo de 16 torpedos antibuque/ antisubmarinos o misiles antibuque/ antisuperficie (blancos en tierra), de un alcance no menor a los 150 km si se quiere asegurar la supervivencia del submarino. Asimismo, debe tener capacidad para transportar un mínimo de 12 comandos con equipo.
La cantidad mínima de submarinos sería de 3, para mantener en forma permanente dos en servicio y uno en reparación o mantenimiento mayor. La cantidad ideal para las necesidades nacionales, serían un mínimo de cinco unidades. Partiendo de estos requisitos, veremos de manera rápida las alternativas posibles, las que probablemente no satisfagan por completo las necesidades.
Modelos nuevos
El mercado de los submarinos convencionales se encuentra en franca expansión. A los constructores tradicionales, se han sumado una lista cada vez mayor de países que mediante convenios de transferencia tecnológica, han desarrollado la capacidad para construir submarinos sea con licencia o de diseño propio, incluso con sus propios sistemas internos y de armas.
Sin duda son los alemanes y franceses los que dominan el mercado de submarinos convencionales:
thyssenkrupp de Alemania, con sus modelos Tipo 214 y Tipo 209 NG (Nueva Generación) y Naval Group con su modelo Scorpéne.
El Tipo 214 (versión de exportación del Tipo 212 en uso en la armada alemana) es empleado por Portugal, Grecia, Turquía, Corea del Sur y Pakistán, siendo fabricado o montado en los últimos 4 países. En total hay 24 unidades en servicio o a ser fabricadas. La propulsión incluye un motor AIP (Air Independent Propulsion), con celdas de combustible, que permite al submarino navegar sin salir profundidad de snorkel o a superficie para recargar baterías, extendiendo el tiempo en inmersión hasta casi 21 días.
Submarino 209NG
El Tipo 209 por su parte, si bien no fue empleado por la armada alemana, ha sido un éxito de exportación, habiendo sido fabricados o encargados para ello, unos 64 ejemplares por parte de 12 países. De ellos, 3 se encuentran en fabricación y de los 61 restantes, solo los dos submarinos argentinos se encuentran fuera de servicio.
thyssenkrupp ha ofrecido a Argentina, la versión 209 NG (Next Generation), el cual es una versión muy mejorada, con alta velocidad en inmersión, bajos niveles de ruido y excelente autonomía para las funciones que se prevé desempeñen en la Armada. Como el Tipo 214, puede incorporar propulsión AIP.
Naval Group por su parte, ofrece su submarino para exportación Scorpéne (no es usado por la armada francesa), equivalente en dimensiones y prestaciones a los dos mencionados anteriormente. También se ofrece con propulsión AIP o con sistemas de propulsión diésel eléctrico convencional. Cabe aclarar que este submarino surgió como un diseño conjunto entre Naval Group (ex DCNS) y Navantia de España y que llevó a unas disputas legales por su comercialización y por el desarrollo por parte de España del S80, el cual se desarrolla más adelante. Ha sido adquirido por Malasia, Chile, Brasil e India. Su diseño sirvió de base para el desarrollo del submarino español S80.
En noviembre de 2024 el Ministerio de Defensa argentino envió a Naval Group una LOI (Letter of Intention – Carta de Intención), un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de hasta 3 unidades del Modelo Evolved (evolucionado), sin que haya avances a la fecha.
Otros modelos que podrían satisfacer los requerimientos son el Saab C71 sueco y el Navantia S80 español. Estos submarinos son de mayor desplazamiento, autonomía y capacidad ofensiva que los 209 NG y Scorpene ya que, aunque han sido diseñados para escenarios similares a los propios, la mayor disponibilidad presupuestaria de sus usuarios facilita su incorporación por armadas más poderosas que la argentina.
Submarino C71
El Saab C71 es un submarino de tipo expedicionario (gran autonomía y capacidad oceánica plena), diseñado por Saab y Damen para la marina de Países Bajos. Basado en un diseño probado, incorpora las últimas capacidades y tecnologías de guerra submarina, mientras que su diseño modular permite incorporar nuevas tecnologías a medida que evolucionan para garantizar su relevancia en el futuro. Este submarino se basa en el éxito de los submarinos de clase Collins, operados por la Marina Real Australiana y la Armada Sueca. Se prevé que su desplazamiento supere las 2300 Toneladas en superficie y unas 2700 en inmersión.
Submarino S80
El español S80, un derivado del Scoperne (Navantia participó de su desarrollo), es de los submarinos convencionales occidentales de mayores dimensiones, ya que desplazan unas 3200 toneladas en superficie y poco más de 3700 en inmersión. Tiene una autonomía de entre 50-60 días de navegación en superficie y con su sistema AIP puede tener una navegación continua sumergido de unos 21 a 30 días a 4 nudos. Su autonomía ronda los 8000 km navegando en superficie. Su armamento, similar al de todos los submarinos occidentales, basado en tubos lanzatorpedos de 533 mm, misiles antibuque SM38 Exocet o Sub Harpoon y minas. Su inconveniente, el elevado costo y el retraso actual del programa.
Por otra parte, existen diseños conceptuales factibles de ser construidos y en tal sentido, los dos modelos que pueden resultar de interés son el surcoreano HDS 1500 MGP y el turco STM TS 1700.
HDS-1500 de HHI.
Hyundai Heavy Industries (HHI) ha propuesto a la Marina de Guerra del Perú el desarrollo conjunto de una nueva clase de submarinos basada en el modelo HDS-1500. El HDS-1500, diseñado por HHI, fue presentado por primera vez en la conferencia Colombiamar 2025. Tendrá un desplazamiento de 1500 toneladas sumergido, una eslora de 65 metros, timón cruciforme en X y una tripulación de solo 25 marinos. Utilizará un sistema de propulsión AIP con baterías de iones de litio (tecnología con la que HHI fue pionero a nivel mundial), lo que aumentará su autonomía sumergido sin elevar los costos de mantenimiento. Tendrá una autonomía de más de 5000 millas náuticas y su velocidad máxima en inmersión ha sido anunciada en 50 nudos, uno de los más rápidos a nivel mundial.
Estará equipado con misiles crucero para ataque a tierra o a buques, varios tipos de sonar de diseño surcoreano (como sonar de casco, de escaneo lateral y sonar remolcado activo), un sensor de evasión de minas, así como señuelos móviles y flotantes, y un radar de navegación, pudiendo considerarse como uno de los submarinos convencionales más avanzados del mundo.
Por su parte, el diseño STM TS 1700, se basa en el programa de construcción de submarinos de la clase Reis (Tipo 214 alemán modificado), incorporando las últimas innovaciones tecnológicas, aunque en un casco de menores dimensiones y desplazamiento, similares a las del HDS 1500.
Pocos detalles se conocen, excepto la intención del gobierno turco de entrar a competir fuerte en un mercado cada vez más variado y complejo. Se aprecia que este proyecto no prosperará toda vez que la marina turca inició el programa MILDEN, que implica el desarrollo de un submarino derivado del Tipo 214, de mayores dimensiones y capacidades.
Revisando la necesidad: los minisubmarinos
En los párrafos precedentes se había enunciado cuál era el probable requerimiento operativo de nuestro país en materia de submarinos. Ciertamente, lo expresado refleja no sólo una necesidad militar concreta, sino los anhelos de la Armada Argentina cuando la visión de una armada de aguas azules era la que regía los planes de evolución naval. Como parte del ciclo de planeamiento de la defensa nacional se ha definido y expresado en numerosas ocasiones la adopción de una estrategia de empleo de fuerzas “Multicapa de restricción de área, mediante la ejecución de operaciones multidominio”.
En tal sentido, la restricción de área implica precisamente evitar que cualquier enemigo ejerza el control efectivo y seguro de los espacios terrestres, marítimos, aeroespacial, cibernético y de información o cognitivo, especialmente cuando dicho enemigo tiene un poder de combate superior con relación al propio.
Es así como, en el ámbito naval, la necesidad de evitar el control del mar, en particular las aguas del amplio litoral marítimo, debiera invitar a reformular los requerimientos operacionales en materia submarina y pensar no solo en disponer de submarinos con capacidad oceánica para afectar flotas enemigas y sus líneas de comunicación a gran distancia de nuestras costas, sino de submarinos de escaso desplazamiento y gran discreción, para operar en aguas poco profundas contra aquellas amenazas navales cercanas a nuestras costas (en particular fuerzas anfibias y submarinos enemigos).
La necesidad no es novedosa. A fines de los años 80, la firma italiana Fincantieri, ofreció a la Armada Argentina, la posibilidad de desarrollar y fabricar en el astillero Domecq García, una serie de minisubmarinos basados en el diseño DG-120, con modificaciones realizadas para atender especialmente los exigentes requisitos de la armada. Desafortunadamente y de igual manera que lo sucedido con la serie TR, no se avanzó con la idea.
El concepto DG-120 tendría un desplazamiento de 130 toneladas en inmersión, 28,2 metros de largo, un casco de 2,3 metros de diámetro. Tendría 7 tripulantes, casi 2000 millas de autonomía (120 millas en inmersión) y estaría armado con 6 torpedos de 400 mm de nuevo diseño y 6 minas electrónicas. Su equipamiento electrónico era similar en capacidades a los submarinos clase Nazario Sauro (adquirido por la Marina Militare), que también Fincantieri ofreció a nuestra Armada.
El DG-120 y otros modelos de mayores dimensiones no fueron fabricados en serie, asumiendo el diseño de estos submarinos y de otros de empleo civil y para tareas de rescate, la firma DRASS. Recientemente se anunció el inicio de construcción en Rumania de un submarino DG-160 (de mayores dimensiones que el 120), probablemente con destino a Ucrania. Italia, un país referente en materia de diseño y construcción de minisubmarinos, vendió dos unidades del modelo M23 a la Marina de Qatar.
DG-160. Imagen: H. I. Sutton.
Los submarinos diseñados por M23 SRL, un spin off del astillero GSE SRL (Giunio Santi Engineering S.R.L.), serán construidos por Fincantieri. Son de características similares al DG-120 en cuanto a dimensiones y desplazamiento, aunque llevan torpedos de 533 mm y sistema de propulsión AIP.
Otros fabricantes ofrecen submarinos aptos para operar en aguas poco profundas, como STM de Turquía, con su modelo STM500. Este submarino tiene de 490 a 630 toneladas de desplazamiento según la versión, una eslora de 42 metros, 18 a 22 tripulantes más 8 comandos y una autonomía de más de 2000 millas náuticas. Puede armarse con torpedos, misiles o minas y puede sumergirse a más de 200 metros. Se han vendido cuatro unidades a un cliente no especificado y numerosos países se presentan como potenciales compradores.
Otro astillero turco, DEARSAN, ha desarrollado el LSUB 33, un modelo similar al anterior, aunque de menores dimensiones, desplazamiento y profundidad de inmersión, aunque de momento no ha logrado ventas en el exterior.
Imagen: H. I. Sutton.
Opciones usadas
La incorporación de un submarino nuevo implica un proceso extendido en el tiempo, normalmente no menor a 6 años desde la firma de cualquier contrato. La posibilidad de incorporar sistemas de armas usados y que han sido dados de baja por haber cumplido su tiempo de servicio o porque han sido reemplazados por unidades más nuevas, constituye para muchos países de limitado presupuesto de defensa una opción más que aceptable en términos de disponer de capacidades todavía eficaces a bajo costo.
La incorporación de tanques, aeronaves Dagger y A-4, portaaviones y destructores, etc., en décadas pasadas, otorgó a la Argentina capacidades de disuasión y de combate imposibles de adquirir en épocas de vacas flacas. Los tiempos actuales se presentan de igual manera y el ejemplo de la compra de los aviones F-16, P-3C Orion y Huron, de los helicópteros Sea King, de los blindados Stryker, M113 y camiones varios, pueden indicar el camino a seguir por la Armada en cuánto a su flota de submarinos.
Hace años, la Armada de Brasil ofreció vender a la Argentina los cuatro submarinos de Tipo 209-1400 alemanes, fabricados en Brasil y con un remanente de vida útil más que aceptable. Hubo idas y vueltas, hasta que solo la oferta quedó en el submarino cabeza de serie, el Tupí, único de la serie fabricado en Alemania desde 1984 y puesto en servicio en 1989. El Tupi ha finalizado un prolongado proceso de modernización en el Arsenal de Marina de Río de Janeiro, encontrándose en fase de pruebas. Con esta modernización, la armada brasileña prevé seguir operándolo por varios años más dado el retraso del programa de submarinos Scorpene. Idéntica modernización, se prevé aplicar a alguno de los otros tres de la serie.
Ante la reducción de posibilidades de transferencia, la Armada Argentina, de manera complementaria a la compra de los P-3C, requirió información a la Armada Noruega para la adquisición de hasta dos submarinos clase Ula, del tipo 206 alemán. Estos submarinos entraron en servicio a partir de 1989 y han sido modernizados en 2008/10, incorporando sensores y sistemas de navegación de última generación. Sus dimensiones y desplazamiento son ligeramente inferiores a los del tipo 209 – 1200.
Países Bajos ha estado ofreciendo a varios países de la OTAN y de América del Sur, desde hace años, equipos militares excedentes o en proceso de desprogramación. En el caso argentino, la oferta incluyó sistemas de armas avanzados, tales como tanques Leopard 2 A5, helicópteros Cougar (Airbus H215) y otros. Ha circulado la versión en algunos medios de prensa de que existiría la posibilidad de la venta de submarinos de la clase Walrus, los que entraron en servicio hacia 1987 (Zeelow, el segundo de la clase). Con excepción del Walrus (en proceso de desguace), los tres restantes fueron modernizados entre 2013 y 2018. Con un desplazamiento de 2450 toneladas en superficie y 2800 en inmersión, autonomía de 10.000 millas, profundidad de inmersión de más de 300 metros y armamento de 20 torpedos y misiles Sub Harpoon, son considerados por prestaciones y equipamiento entre los submarinos convencionales más eficaces en servicio activo.
Submarinos Tipo 209 turcos, de los cuales dos estarían a disposición para ser vendidos a la Argentina en el corto plazo.
Durante la Feria LAAD 2025 se dio a conocer la disponibilidad por parte de la Armada Turca de dos submarinos clase Atilay del Tipo 209-1200, próximos a ser radiados de servicio. La Armada Turca dispone de seis unidades que entraron en servicio a partir de 1976 y dos unidades han sido modernizadas en 2015, con sistemas desarrollados en Turquía y Alemania, que incorporaron la última tecnología en materia de guerra submarina. Según lo informado, la oferta sería por un precio conveniente y podría incluir la transferencia de hasta dos fragatas Meko 200 clase Barbaros, similares en capacidad y armamento a los MEKO 360, pero con propulsión CODOD (exclusivamente motores diésel) y armamento de origen estadounidense. Todos estarían en excelente estado operativo. Los submarinos podrían ser entregados en el transcurso de este año y del próximo, pero hasta el momento, se desconocen detalles y si existe real interés en el Ministerio de Defensa por esta oferta.
La decisión adecuada
La recuperación de la capacidad para ejecutar operaciones submarinas constituyó desde mucho tiempo antes de la pérdida del submarino ARA San Juan, uno de los pilares de disuasión de nuestro país. Ya se cumplirán en noviembre ocho años sin acciones serias y concretas para dar a la Armada Argentina los medios necesarios para cumplir su exigente misión.
La selección de cualquier submarino tendría que considerar algunos aspectos:
– El presupuesto para la adquisición y mantenimiento seguirá siendo reducido.
– La compra de submarinos de nueva construcción implica un mínimo de 6/7 años hasta su entrada en servicio.
– El tiempo sin disponer de capacidad submarina, puede llegar en ese caso a unos 15 años desde la pérdida del ARA San Juan. Ese tiempo resulta más que suficiente para perder casi todo el know how en la operación y mantenimiento de submarinos, incluso la transmisión de la aún valiosa experiencia obtenida en combate durante la guerra de Malvinas.
– Las soluciones paliativas (instrucción o cursos en otras armadas) son parciales y no aseguran en modo alguno, una rápida adaptación y asimilación al material nuevo que eventualmente se adquiera.
Es por ello que aún sin disponer de todos los condicionantes que pueden llevar a la selección de un submarino en particular, la solución podría pasar por lo siguiente:
1. Recuperar una capacidad mínima de disuasión y reducir los riesgos de pérdida de know how para la operación y mantenimiento de submarinos, mediante la incorporación en el corto plazo, de uno o dos submarinos usados que aseguren una vida útil mínima de unos 10 a 15 años.
En tal sentido, de confirmarse la propuesta de Turquía y lograrse precios accesibles, se podría llegar a una solución aceptable.
2. Reformular los requerimientos operacionales, considerando en función de la estrategia de empleo de fuerzas, la incorporación de submarinos costeros de nueva construcción. La incorporación de uno o dos submarinos costeros de reducidas dimensiones, sería factible para el reducido presupuesto de defensa argentino al tiempo que otorgaría una capacidad disuasiva importante debido a su alta discreción y baja detectabilidad. Su pequeño tamaño y capacidad para navegar sumergido en aguas poco profundas, permitiría su operación en toda la plataforma submarina con posibilidad de abastecerse en diversos puertos sin necesidad de instalaciones especiales. Su equipamiento avanzado y su reducida tripulación facilitaría la recuperación del conocimiento perdido por parte de los submarinistas argentinos, a la vez que permitiría preparar a la armada para operar en un futuro unidades de mayores prestaciones y dimensiones.
3. Incorporar en el mediano y largo plazo submarinos convencionales con capacidad oceánica, para alcanzar las capacidades requeridas por la defensa nacional y establecidas en el PLANCAMIL.
Los modelos por seleccionar serán responsabilidad directa de los especialistas y la decisión estará seguramente ligada a condicionantes de orden geopolítico, económico y de desarrollo de la industria naval argentina.
En materia de submarinos usados, el Tipo 209 se presenta como la opción ideal, considerando el conocimiento que los submarinistas argentinos tienen en este diseño alemán, ya sea por haberlo operado (Argentina fue el único país que los empleó en combate), tanto como por los intercambios realizados con Brasil y Perú.
La incorporación de submarinos usados de otro origen tendría que ser justificada de manera contundente, ya que podría implicar el cambio hacia un sistema logístico diferente al empleado actualmente, incrementando con ello no solo los costos de adquisición, sino de operación.
Las mismas consideraciones deberán tenerse en cuenta para la adquisición de unidades nuevas.
A modo de cierre, siendo la Argentina el 8º en superficie a nivel mundial, con una ubicación geográfica con implicaciones geopolíticas importantes (proximidad a un paso bioceánico y al continente Antártico, parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera con presencia militar en el área, zona económica exclusiva muy amplia y rica en recursos alimenticios, minerales y energéticos), no puede permitirse el lujo de no recuperar, en corto plazo, las capacidades perdidas. En tal sentido, los submarinos deben constituir una prioridad de cualquier gobierno, con independencia de su ideología o posición política.
La integración regional en América del Sur es una agenda amplia que, a pesar de la magnitud de sus desafíos, avanza a pasos acelerados y hoy posee nuevas facetas. Esto es así, no solo por el impulso estratégico que le asignan países como Chile, Brasil o Perú, sino por la presión inevitable que genera el corrimiento del trazado de las rutas comerciales globales. De hecho, a pesar de la incertidumbre que caracteriza el contexto internacional actual, signado por acontecimientos políticos, militares y tecnológicos de riesgo, existe una tendencia imborrable: estas rutas comerciales se dirigen hacia Asia. Además, justamente a causa de los riesgos geopolíticos que implica salir al mundo, es que el intercambio al interior de nuestra región podría verse priorizado.
Sin embargo, esta constituye una agenda compleja de discernir, marcada por una diversidad de aristas y de actores de importancia que en ella inciden (públicos, privados, nacionales, subnacionales, multilaterales, entre otros). Consideramos que a través de los pasos dados por cierta diversidad de actores, muchas veces un tanto descoordinados y desorganizados, es posible observar cómo esta agenda resulta ineludible para todos ellos.
Gran parte del debate alrededor de la integración física transnacional en Argentina está signado por la temática de los Corredores Bioceánicos. Tal como su nombre lo indica, estos proyectos pretenden conectar el Océano Atlántico con el Pacífico, tanto a través del mejoramiento de las rutas viales, fluviales y ferroviarias como de la facilitación de los trámites fronterizos. Los actores privados elegirán estos Corredores en tanto y en cuanto transitar por ellos reduzca sus tiempos y costos logísticos de manera sostenida.
Ahora bien, ¿por qué el éxito de estos proyectos implican decisiones a escala regional, nacional y local? Los Corredores Bioceánicos conectan países, lo hacen a través de los pasos fronterizos (o centros de frontera) y las rutas- en sus diversos modos, principalmente carreteras- nacionales y provinciales. En nuestro país, su éxito y concreción depende, por ejemplo, de negociaciones en el ámbito del MERCOSUR (como el establecimiento de las Áreas de Control Integrado), de carácter bilateral (como la instalación de nuevos puentes o la asignación de mayores recursos a un centro de frontera), y locales (por ejemplo, la negociación entre el gobierno provincial y el nacional por la pavimentación de una ruta o la realización de una obra ferroviaria de envergadura).
Un ejemplo concreto que permite observar la magnitud de esta incidencia es el proyecto del Corredor Bioceánico Vial (CBV). Muchas veces nombrado como Capricornio (coincidiendo con el Eje Capricornio de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), este es el proyecto de integración bioceánica con mayor institucionalización para nuestro país. En su paso conecta 4 países (Chile, Argentina, Paraguay y Brasil) y 8 Estados subnacionales (Salta y Jujuy en territorio argentino). Además, posee un mecanismo de coordinación entre las Cancillerías, llamado Grupo de Trabajo del CBV, y un Foro de Estados Subnacionales y detenta en su acervo dos declaraciones presidenciales en apoyo a esta iniciativa (ambas firmadas bajo la presidencia de Mauricio Macri).
La trayectoria del CBV es importante y puede servir de caso testigo para otros Corredores, en términos de apoyo, financiamiento y del rol asumido por las provincias argentinas. Así, en marzo de 2023 el Foro de los Territorios Subnacionales del CBV solicitó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar el proyecto de conexión vial. De esta forma, surgió el Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio, en el marco de la iniciativa “Bienes Públicos Regionales”, el cual ya ha desembolsado U$S600.000 en concepto de asistencia técnica no reembolsables.
Por otro lado, hoy la ruta del CBV está siendo observada porque allí transitaría el gas que la Argentina le vendería a Brasil y Paraguay. El pasado 2 de julio, en el marco de la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del MERCOSUR, Luis Caputo firmó un Memorándum de Entendimiento junto a sus pares paraguayos de Industria y Comercio y de Obras Públicas y Comunicaciones para avanzar en la “integración gasífera regional”. Este acuerdo establece la creación de un Grupo de Trabajo binacional con el propósito de avanzar en la exportación de gas natural desde la Argentina siguiendo el trazado del CBV. Además, mantuvo un encuentro con su par de Brasil, Fernando Haddad y con la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet.
Ahora bien, tratándose de proyecciones regionales, ¿en qué situación está nuestro país en comparación con los países vecinos?. En el año 2023 Brasil lideró una iniciativa que fue la adopción del llamado “Consenso de Brasilia”, un mecanismo de concertación adoptado por los 12 países sudamericanos para impulsar la integración regional. Ese mismo año, Simone Tebet, lanzó el “PAC de la Integración” (Programa de Aceleración del Crecimiento) frente a ministros brasileños y representantes de diez países sudamericanos, anunciando una inversión de USD 10 mil millones por parte de bancos multilaterales. En los últimos días, además, el país vecino firmó un memorándum con la República Popular China para iniciar los estudios técnicos de un proyecto ferroviario bioceánico de 3.000 km que conectará la costa atlántica brasileña y el puerto de Chancay en Perú. Esta será, probablemente, la mejor alternativa al Canal de Panamá.
Del otro lado de la cordillera, el presidente Gabriel Boric lanzó este año el llamado “Plan de Acción para el primer Corredor Bioceánico Vial”, un “megaproyecto de infraestructura”, para la generación de “nuevas oportunidades comerciales, logísticas, y de ahorro de tiempo y kilómetros” (el cual, en el caso de Chile, promueve los puertos de Antofagasta, Iquique y Mejillones). Este Plan establece una Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo del CBV, coordinada por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, e integrada por los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Obras Públicas, Agricultura, Transporte y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales; y contempla el desarrollo de 22 proyectos viales “estratégicos”.
En respuesta a la pregunta sobre qué pasa en Argentina, puede afirmarse que esta agenda al menos permea en el gobierno nacional. Nuestra tesis, de nuevo, es que se trata de un asunto ineludible. Así, en un encuentro de jefes de Estado en la ciudad de Asunción, Javier Milei y Santiago Peña incluyeron entre sus tópicos el desarrollo del CBV. Así lo demuestra el Comunicado Conjunto de la República Argentina y la República del Paraguay, publicado por la Cancillería el 9 de abril de este año, en donde se expresa que los mandatarios resaltaron “el valor estratégico del Corredor Bioceánico como herramienta clave para fortalecer la conectividad regional y promover una mayor integración entre los países del Cono Sur, en beneficio de sus economías y ciudadanos”.
Indefectiblemente, el desarrollo de los Corredores Bioceánicos es una agenda que presiona desde hace años nuestra política económica y nuestra política exterior. Implica una estrategia de desarrollo y de coordinación entre diversos ministerios nacionales. No solo Economía y Relaciones Exteriores, sino también Interior, Salud, Seguridad, etc. Así lo demuestran los esfuerzos de coordinación y la diversidad de áreas que forman parte de la Comisión Nacional de Fronteras, un espacio creado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación
Sumado a esto, cabe destacar que existe un potencial que está siendo detectado y observado por países extra regionales y allí es central el rol de nuestra Cancillería. Volviendo al ejemplo de Capricornio, los países involucrados en este proyecto firmaron, en diciembre de 2023, en el marco de la COP de Cambio Climático realizada en la ciudad de Dubái, una “declaración conjunta” junto a Emiratos Árabes Unidos (EAU). A través de esta declaración, el país árabe se “incorpora” a la iniciativa del Corredor Bioceánico, quedando pendiente definir de qué manera lo hará.
En un evento organizado por la Cancillería denominado “Diálogo Federal sobre Integración e Infraestructura. Primer encuentro: Eje Capricornio”, en el marco del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, el Embajador de EAU en Argentina,S.E. D. Saeed Abdulla Alqemzi, se hizo presente y tomó la palabra para destacar el vínculo bilateral entre este país y la Argentina, haciendo hincapié en “seguridad alimentaria e infraestructura”. Además, Alqemzi calificó la iniciativa del Corredor como un proyecto fundamental para poder incentivar, estimular y acrecentar las inversiones y mejora de la estructura logística para el desarrollo regional.
Este último evento nos direcciona a otra arista de la iniciativa de los Corredores Bioceánicos: la firme decisión de los gobiernos provinciales de fomentar su desarrollo. Nuevamente, más allá de la conexión o ruta que se elija, esto afecta de lleno temáticas centrales como la infraestructura regional, el presupuesto nacional y provincial, el estado de los pasos fronterizos y las expectativas de actores públicos y privados. A pesar de que es magnánima la diversidad de proyectos logísticos identificados y la escasez de recursos, existe un acuerdo fundamental entre los ejecutivos provinciales vinculado al rol de la obra pública: es necesario mejorar la infraestructura y la conectividad.
En el mes de junio se concretó un hito en términos de este acuerdo y del rechazo hacia las políticas nacionales de supresión de la obra pública. 23 gobernadores de todos los espacios políticos se reunieron en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la situación fiscal de las provincias, las alternativas frente a los problemas de infraestructura en el actual contexto y el acceso a los fondos de coparticipación federal. A pesar de sus diferencias, los jefes provinciales demandan de forma unánime que su voz sea escuchada a la hora de desplegar las reformas del plan económico de Javier Milei. Desde entonces, las oficinas del CFI están siendo sede de las instancias de diálogo entre las autoridades provinciales y las nacionales de Economía e Interior, entre otros.
Con respecto al rol del CFI, la llamada Estrategia Federal Logística constituye un claro reflejo de la prioridad asignada por las provincias a esta temática. A través de ella, el CFI realizó investigaciones, eventos, informes y carteras de proyectos destinados a “mejorar la eficiencia logística de los sectores productivos de todas las regiones del país”. Esta ambiciosa estrategia llevó años de trabajo y fue presentada en la sede del organismo en agosto del año pasado, frente a autoridades provinciales y nacionales, empresarios, representantes de organismos multilaterales, entre otros. Los más de 1.100 proyectos detectados se refieren a inversión en infraestructura, operaciones y sistemas de información logística, así como a políticas públicas orientadas a la innovación, la actualización normativa y el desarrollo de capacidades que promuevan la sostenibilidad del sistema logístico a largo plazo y tendrán, claramente, un fuerte impacto regional.
Esta iniciativa no solo es un activo imprescindible si nuestro país pretende atraer inversión en infraestructura (a falta de obra pública), sino que también refleja el amplio consenso que este desafío genera en el ámbito subnacional. En este marco, es necesario sumar al plano de actores y acontecimientos algunas referencias vinculadas al espacio multilateral para el acceso al crédito. A fines de junio se conoció la noticia de un lanzamiento por parte del BID de una línea de crédito que promete acceso “sin intermediarios”. Se trata del programa titulado “BID para Ciudades y Regiones”, el cual consta de US$1000 millones destinados a impulsar trabajos de infraestructura sin (supuestamente) la necesidad de garantías o avales del Estado nacional.
Además, el pasado mes de marzo, en el marco de la 65ta Asamblea de Gobernadores del BID realizada en Chile, fue lanzado el programa “Conexión Sur”. Según la página web del organismo, este programa co-creado por los países de América del Sur tiene el objetivo de desarrollar corredores estratégicos para mejorar la conectividad, fortalecer las cadenas de valor y modernizar marcos institucionales. En la cita pautada en Santiago de Chile no estuvo ausente nuestro país ni el gobierno nacional. El Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, suscribió junto a representantes de alto nivel de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y al presidente del BID, Ilan Goldfajn, una declaración de apoyo a este programa.
Luego de este encuentro, en un comunicado del Ministerio de Economía titulado “El BID manifestó su compromiso para apoyar el programa económico argentino”, se señala que Quirno mantuvo un encuentro con el Presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien expresó su “fuerte respaldo al programa conjunto con el gobierno argentino, en una muestra de confianza en el país”. Además, que este encuentro reafirmó “el compromiso conjunto entre Argentina y el BID para promover el desarrollo económico y la estabilidad en nuestro país y en la región”, un apoyo enmarcado en una “coordinación estratégica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con miras a garantizar una implementación sólida y consistente del nuevo acuerdo económico”. Luego de estas manifestaciones cabe observar si es posible desplegar coincidencias programáticas entre un banco de desarrollo regional y un gobierno nacional que paraliza la obra pública, niega los avales para el financiamiento externo o lo destina a robustecer las reservas de divisas, priorizando el apoyo del FMI.
Finalmente, en este marco local e internacional, es necesario interrogarnos acerca de cuál es el rol que podría tener nuestro país en la ineludible agenda de la integración sudamericana. Mientras la estructura logística nacional está siendo desafiada por el impulso de nuevos sectores económicos, productivos y por las transformaciones de las cadenas globales de valor, diversos actores esperan la respuesta acerca de una estrategia nacional. ¿Puede ser esta una agenda en la cual exista consenso o, al menos, un acuerdo básico? ¿Puede un Estado nacional asediado por el vaciamiento del sistema público, la limitación de acciones de la Cancillería, la desinversión del sistema científico y tecnológico, entre otros, llevar a cabo una iniciativa a largo plazo para el desarrollo de la Argentina? Considerando el panorama, la hipótesis de esta reflexión es que en ausencia de impulso, coordinación o financiamiento del Estado nacional, otros actores y mecanismos intentarán suplir estas acciones desde el plano subnacional y regional. Seguidamente, es necesario advertir si esto es posible o suficiente, sobre todo, considerando que la Nación no puede escapar a sus compromisos y competencias.
Referentes del sector científico-tecnológico participaron de una reunión convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados este jueves 17 de julio, para dar cuenta de la crisis que atraviesa el sistema de ciencia y tecnología en todos los niveles, a partir de los últimos decretos del Gobierno que modifican la estructura y dependencia de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional del Agua (INA), así como por el desfinanciamiento y ataque a este sector por parte del Poder Ejecutivo. Al igual que en otras ocasiones, fueron también invitadas autoridades, como en el caso de Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que una vez más no asistió a la cita.
Durante la reunión, que duró alrededor de tres horas, algunos de los ejes principales fueron los decretos que modifican radicalmente el funcionamiento y la estructura de la Agencia I+D+i y de otros organismos clave del sistema científico-tecnológico, el desfinanciamiento cada vez mayor que sufre la ciencia argentina, la incertidumbre con respecto al ingreso y a las convocatorias en la carrera de investigador del CONICET, el ataque del Gobierno a las ciencias sociales y a las universidades públicas, y la necesidad de articular esfuerzos de resistencia junto con otros sectores como el de la salud, entre otros aspectos.
El diputado Daniel Gollán, presidente de la comisión, comenzó la reunión recordando que “al día de hoy tendríamos que tener para ciencia y tecnología el 0,45% del PBI y vamos a tener un 0,16%. Y, a valores constantes, tenemos la mitad de presupuesto que lo que teníamos en 2023. Esto es demoledor, es un tiro al corazón del sistema científico-tecnológico”.
Gollán resaltó la necesidad de apoyar los proyectos legislativos para rechazar los recientes decretos presidenciales, como el 462/25 que propone la centralización del INTI y del INTA bajo la órbita del Ministerio de Economía (mientras que otros organismos directamente son disueltos, como el caso del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena). Otros decretos previos al cese de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo también promovieron la disolución de organismos como el Instituto Nacional de Medicina Tropical y la absorción del Instituto Nacional del Cáncer por parte del Ministerio de Salud, y del Banco Nacional de Datos Genéticos (bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología). El temor es que estas “absorciones” bajo la figura de la reducción de gastos no solo atenten contra el funcionamiento de estas instituciones, sino que sean una vía para más despidos y, finalmente, su desarticulación total.
En el caso de la Agencia I+D+i, mediante el decreto 447/25, no solo se reduce a tres la cantidad de miembros del directorio (que pasan a ser nombrados directamente por el Ejecutivo), sino que también se alteran su propósito y funciones.
Fueron también invitadas autoridades, como en el caso de Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que una vez más no asistió a la cita.
“No estamos en presencia de un ajuste, estamos en presencia de una aniquilación”, dijo durante su intervención el biólogo Alberto Kornblihtt, profesor emérito de la UBA e investigador superior del CONICET. Con respecto a la situación específica de la Agencia I+D+i, sostuvo que “la sociedad desconoce la palabra Agencia, que es el corazón del financiamiento y la articulación de la ciencia. Sin subsidios de la Agencia esto se muere, la gente se va”, agregó.
“El decreto 447 la destruye (por la Agencia I+D+i), le quita su carácter federal y la convierte en un ente autocrático, y eso es lo que hay que frenar. El inciso C del artículo 3 dice que se van a promover cosas que tengan factibilidad económica, tecnológica, porcentaje de riesgo y el recupero del financiamiento reembolsable otorgado. O sea, convertir al financiamiento de la Agencia en préstamos que tienen que ser devueltos, y así no es como funciona la ciencia ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, dijo Kornblihtt. Y se preguntó: ¿Quién va a financiar la arqueología, la matemática, la física cuántica, la paleontología, el análisis literario, la tectónica de placas, las enfermedades poco frecuentes, la biodiversidad, el cambio climático, el genocidio, el embarazo adolescente, los problemas de educación, las consecuencias de la inteligencia artificial, el abuso de agroquímicos, la resistencia a antibióticos o las infrecciones intrahospitalarias? Nadie, según este Gobierno, y ese es el drama”.
Fernando Peirano, ex presidente de la Agencia I+D+i, también se refirió a las consecuencias de modificar la estructura y el funcionamiento de la Agencia, y dijo que “de prosperar este decreto nos va a llevar a un país donde va a haber científicos pero no va a haber ciencia argentina como esfuerzo institucional y colectivo”.
Peirano dijo que con este decreto se cambian cuatro cosas fundamentales del sistema de ciencia y tecnología de los últimos 25 años en la Argentina. “Se abandona un directorio con 10 integrantes que garantizan la diversidad de miradas, la paridad de género y la federalización, para sustituirlo por un comité de tres miembros definidos por el Poder Ejecutivo de turno; se impone un economicismo que atenta contra la naturaleza de la promoción que tiene que también apostar por la ciencia básica; se cambia el rol de la Agencia, que podría cobrar por el servicio de la gestión en competencia desleal con otros actores que ya hacen esto; y se interpreta que la inversión privada es sustituto de los fondos públicos, no un complemento”, dijo Peirano, y agregó que este “no es un asunto de científicos y tecnólogos, es asunto de todos los argentinos”, y que no estamos ante “un Gobierno que vino a terminar con la inflación, sino que vino a disputar el sentido de lo que es el desarrollo para el país”.
Jorge Schneebeli, gerente del INTI, recordó que hace un año estuvo en una reunión similar y que desde entonces el instituto perdió 740 empleados, cerca del 25% de su dotación. “Estamos hablando de personas formadas que ya no están”, se lamentó, y se refirió a la situación actual de “carreras frenadas y sueldos prácticamente congelados”, en el marco del reciente decreto de centralización del INTI que, “en la práctica es la disolución del instituto como tal”. Schneebeli advirtió que “si queremos tener un país desarrollado, que pueda progresar, necesitamos de las instituciones que hoy se están rompiendo”.
Ana Franchi, expresidenta del CONICET, se refirió al impacto del desfinanciamiento: “Estamos perdiendo alrededor del 40% del presupuesto, con las consecuencias que eso tiene en salarios y becas en investigación”. También habló sobre la incertidumbre en los jóvenes investigadores ante la falta de respuesta sobre los ingresos a carrera en el CONICET. “Tenemos más de 800 jóvenes que han ingresado y han concursado pero que no han sido nombrados, y más de 400 técnicos en la misma situación”. Y dijo que “hay un deterioro también a mediano plazo, porque las personas jóvenes no pueden armar su carrera. Algunos se van y los que podrían entrar no entran. Hay montones de proyectos interrumpidos. Se están desperdiciando 12,15 años de inversión del Estado argentino y cuando el Estado quiera responder no va a tener con quién”.
“El secretario Genua y el subsecretario (José Luis) Acevedo decidieron dejar de financiar a dos de las Redes Federales de Alto Impacto, las dos de Ciencias Sociales. Se pidieron explicaciones y seguimos sin respuestas”, dijo Pecheny,
Mario Pecheny, miembro del directorio del CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanidades, también se refirió a la incertidumbre de quienes se formaron y apostaron a una carrera de investigación y hoy ven esa posibilidad interrumpida y sin respuesta por parte de las autoridades. “Del concurso que se inició en 2022, los resultados estuvieron en septiembre de 2023 y, de los seleccionados, no tuvo el alta ninguno. La última respuesta que tuve respecto de cuándo el Gobierno pensaba honrar ese compromiso fue ‘no antes de fin de año’. Quienes se presentaron a la convocatoria en 2023, que debería resolverse pronto, están con una incertidumbre mayor. En 2024 no hubo concurso y en 2025 quién sabe”.
Pecheny también habló sobre el maltrato, la estigmatización y la discriminación a quienes se dedican a la ciencia y con especial encono en las áreas sociales.“Cada día nos acostamos con el temor de una intervención, de un nuevo recorte arbitrario, de nuevos despidos. O nos encontramos con comentarios despectivos hacia los títulos de nuestros trabajos”, dijo. Y agregó: “Hay persecución y discrecionalidad. El secretario Genua y el subsecretario (José Luis) Acevedo decidieron dejar de financiar a dos de las Redes Federales de Alto Impacto, las dos de Ciencias Sociales. Se pidieron explicaciones y seguimos sin respuestas”.
Dada la gran cantidad de oradores que deseaban participar (en esta sesión fueron más de 20), el diputado Gollán anticipó que habrá una nueva reunión el próximo 7 de agosto, para facilitar también la participación de representantes de las distintas provincias. Y alentó a los legisladores presentes y a la comunidad científica en general a apoyar las movilizaciones y proyectos para resistir a las medidas del Gobierno que atacan al sector de ciencia y tecnología.
Vanesa Galassi, investigadora del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB, CONICET-UNCUYO), lideró un desarrollo recientemente publicado en la portada de la revista ACS Chemical Neuroscience sobre cómo se comporta una molécula que sería clave para mejorar los diagnósticos por imágenes de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer.
En el artículo, Galassi presenta una estrategia computacional para estudiar cómo responde eléctricamente la molécula ICG (verde de indocianina), un colorante fluorescente que se utiliza como agente de contraste médico, es decir, se inyecta en el cuerpo para “iluminar” órganos, vasos sanguíneos o tejidos específicos durante estudios de imagen. ICG ya está aprobada en Estados Unidos por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) para uso médico.
El objetivo es entender cómo perfeccionar su composición molecular para hacerla más sensible a los impulsos eléctricos, lo que permitiría observar la actividad de las neuronas desde la superficie de la piel para evitar procedimientos invasivos.
El equipo de investigación utilizó simulaciones computacionales para recrear virtualmente una membrana celular y estudiar cómo la ICG interactúa con ese ambiente. A diferencia de los métodos de estudio tradicionales, el modelo computacional permite identificar qué partes específicas de la molécula son responsables de detectar los cambios eléctricos, lo que abre la posibilidad de proponer modificaciones precisas.
En este modelo, se observa que, cuando una neurona se activa y cambia su voltaje, el colorante ICG se mueve dentro de la membrana celular y se reposiciona. Al moverse, queda rodeado de diferentes cargas eléctricas, y esto hace que cambie el color de la luz. “Por ahora es un modelo. Pero la idea es aprender de esta molécula, ver otras que podrían mejorar la respuesta y empezar a hacer pruebas experimentales”, sostuvo Galassi.
Esta técnica busca superar ciertas limitaciones del diagnóstico neurológico. Actualmente, la actividad cerebral se mide a través de electroencefalogramas, una técnica de baja resolución que no permite ver en detalle lo que ocurre en cada neurona: “Si uno pudiera mapear neurona a neurona, incluso a nivel subcelular, podríamos observar qué regiones responden o cómo está funcionando la transmisión eléctrica”, dijo la investigadora.
«La idea es aprender de esta molécula, ver otras que podrían mejorar la respuesta y empezar a hacer pruebas experimentales», dice Galassi, junto a del Pópolo (izq,) y Sánchez.
Otras técnicas, como la resonancia magnética funcional (fMRI), también presentan limitaciones importantes. Aunque es más precisa que el electroencefalograma, la fMRI no mide directamente la actividad eléctrica neuronal, sino que la infiere indirectamente a través de medidas metabólicas.
Además, su resolución espacial es de milímetros, lo que significa que promedia la actividad de miles de células sin poder distinguir qué hace cada neurona individual. “El fMRI tampoco puede resolver potenciales de acción que ocurren en los milisegundos, como sí lo haría nuestro método con colorantes, que son reporteros de actividad eléctrica en escala micrométrica”, explicó Galassi. En cambio, la técnica propuesta por el equipo liderado por Galassi podría alcanzar resolución subcelular, es decir, ver partes de una sola neurona, y captar la actividad eléctrica en tiempo real.
Las aplicaciones de esta tecnología van más allá de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. “Podría estudiarse cualquier afección cerebral, un accidente cardiovascular o, por ejemplo, ahora estamos colaborando con gente que trabaja con dolor crónico neuropático, o sea, es una afección de todas las personas en cierta edad, que se da por falla en la transmisión eléctrica de canales del cerebro”, señaló Galassi. La técnica permitiría observar el funcionamiento de regiones específicas del cerebro, mejorando significativamente las técnicas de diagnóstico actuales.
Cómo funciona
El procedimiento funcionaría mediante la inyección del colorante direccionado al cerebro, seguido de iluminación con láser infrarrojo, y la clave está en la velocidad de respuesta: “Sería ver las neuronas en tiempo real. Estos colorantes tienen una respuesta ultra rápida que puede captar potenciales de acción, las ondas eléctricas que generan las neuronas”, expone Galassi.
A partir de sus hallazgos computacionales, el equipo ya trabaja en optimizar la molécula. “Nos dimos cuenta que hay una parte de la molécula que responde mejor, y esa respuesta estaría mejorada si la molécula se orienta de otra manera. Hicimos cambios preliminares en algunos grupos químicos para lograrlo”, contó Galassi.
Aunque se trata de una investigación en etapa básica, el equipo mantiene colaboraciones con otros grupos del CONICET que trabajan en modelos experimentales in vitro, con el objetivo de avanzar hacia futuras aplicaciones en salud humana: “Nosotros somos un grupo teórico, tendríamos que generar vínculos con grupos experimentales, incluso con posibilidades de hacer pruebas en modelos animales y quizás en humanos”, reconoce la investigadora.
Paralelamente, exploran otra familia de moléculas del infrarrojo cercano. Se busca identificar cuál tiene mejor rendimiento y avanzar hacia pruebas futuras. El equipo planea tener una publicación antes del fin de año con esta otra molécula que están estudiando y, pese a las limitaciones de recursos, esperan mantener el ritmo de producción científica.
Galassi finalizó su posdoctorado en la Universidad de San Pablo, Brasil, y volvió a Argentina en 2016, justo después de obtener el ingreso a CONICET. “Podría haberme quedado más tiempo, porque tenía una posibilidad concreta para ir a Alemania”, recordó. “Pero en la Argentina sabemos que, si dejás pasar el ingreso, tal vez no vuelva a aparecer. Y hoy los ingresos a la carrera están casi completamente cerrados”, agregó.
Trabajo en equipo
Cuando Galassi volvió al país, se sumó a un equipo en formación liderado por Mario del Pópolo, también investigador del IBC de la UNCUYO, que había regresado a la Argentina tras más de una década en el Reino Unido. “Él estaba recién armando su grupo de investigación, así que también necesitaba consolidarlo”, recordó.
El científico logró formar un equipo interdisciplinario que fue clave en el desarrollo de los avances. Andrés Bertoni y Cristián Sánchez, también investigadores del IBC, contribuyeron al desarrollo y la aplicación de métodos teóricos para analizar las propiedades ópticas de la molécula en distintas condiciones.
La becaria Micaela Sosa, primera autora del trabajo recientemente publicado, también formó parte de este recorrido y en 2023 realizó una estadía en la República Checa para trabajar con el mismo colorante (la molécula ICG) en otras aplicaciones. Actualmente, el grupo continúa ampliando sus vínculos. Mantienen conversaciones con equipos de investigación en Brasil y, tras los resultados de este trabajo, comenzaron a coordinar acciones con científicos del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU), dependiente del CONICET y la UNCUYO. “La ciencia es colaborativa y, sobre todo en la Argentina, donde muchas veces escasean los recursos, es clave tratar de unir esfuerzos”, destacó Galassi.
Galassi (izq.), junto a Sosa, del Pópolo y Sánchez.
El desarrollo de este proyecto contó en un primer momento con el respaldo de dos subsidios otorgados por la Agencia Agencia I+D+i, aunque la situación se complicó el año pasado. “Dejamos de recibir respuestas de la agencia por mayo del año pasado, y no llegaron a ejecutarse ni la mitad de los fondos comprometidos”, contó Galassi. Actualmente, el equipo evalúa la compra del colorante para avanzar en las pruebas experimentales, pero enfrenta un obstáculo importante: “Estos reactivos son muy caros y, en este momento, estamos con pocos fondos, pero pensamos hacerlo a futuro”. Y agrega sobre las dificultades del desfinanciamiento a la ciencia: “Tenemos suspendidas las suscripciones a todas las revistas, así que nos arreglamos como podemos, del boca en boca, con colaboraciones y contactos”, relató la investigadora.
En los últimos años, el impacto y el valor de la ciencia Argentina parecen estar siendo subestimados, una situación que, según Vanesa Galassi, no recuerda haber visto antes y que genera incertidumbre sobre su alcance. «Cuando uno va afuera, ves que se admira el trabajo que se hace en Argentina», comentó, en contraste con el panorama local.
“Se piensa que se gasta plata en financiar tu vocación, sin darse cuenta de que la ciencia es parte del avance. La mayoría de nosotros también somos docentes, generamos y transmitimos conocimiento, la ciencia está al servicio de la sociedad, y es un mensaje que se ha perdido”, explicó. Finalmente, describió un clima difícil hacia el sector científico: “Hay un discurso muy direccionado y muy violento hacia nosotros. Siempre nos sostuvimos con poco dinero, pero ahora además sentimos que nuestro trabajo no es valorado. Eso es lo que más me ha afectado”.
La situación también impacta en la motivación de los estudiantes que forman parte del grupo de trabajo. “Lo que nos está costando es mantener el ánimo de los estudiantes, porque muchos están por recibirse y no saben para qué lado va a ir la ciencia, hay mucha incertidumbre sobre cómo continuar la carrera”, explicó Galassi. “El tema es que podamos subsistir y esperar que esta situación se revierta, que la ciencia vuelva a ser valorada y podamos tener un poco más de soltura para plantear proyectos que se concreten en desarrollos reales que mejoren la calidad de vida de las personas”, reflexionó.
