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A casi 15 años de Fukushima, el debate sobre la energía nuclear, de cara al futuro

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Casi 15 años después de Fukushima, los defensores y detractores de la energía nuclear siguen profundamente divididos sobre la gravedad del accidente y la energía nuclear en general.

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de más de 9 grados en la escala de Richter sacudió la costa este de Japón. El terremoto provocó un tsunami cuyas olas alcanzaron más de 40 metros en su punto más alto y más de 15 metros en la central nuclear de Fukushima Daiichi, donde superaron el dique de 10 metros de altura e inundaron los generadores diésel de emergencia, que eran la principal fuente de energía de reserva de la central, que ya había perdido la conexión con la red eléctrica. Aunque la central se apagó, el combustible de los reactores siguió produciendo calor de desintegración, evaporando gradualmente el agua en la que estaba sumergido inicialmente. Esta agua de refrigeración siguió hirviendo y evaporándose hasta que el combustible quedó al descubierto y comenzó a fundirse.

Tres de los reactores de la central sufrieron fusiones parciales (unidades 1, 2 y 3). El hidrógeno generado por el combustible sobrecalentado se inflamó, provocando explosiones en tres edificios de reactores (unidades 1, 3 y 4) y una dispersión generalizada de la radiactividad. Se necesitaron tres meses de incansables esfuerzos antes de que el personal de la central pudiera restablecer la refrigeración automática de las unidades dañadas y otros seis meses antes de que los reactores fueran declarados estables y en estado de «parada fría». Las medidas provisionales necesarias para restablecer la estabilidad de los reactores generaron más de 350 millones de galones de agua contaminada, que ahora se está filtrando, diluyendo y vertiendo al océano Pacífico. Los radionucleidos liberados durante las explosiones de los edificios de los reactores siguen contaminando el suelo y el aire de las localidades más cercanas a la central de Fukushima Daiichi, y las labores de descontaminación continúan.

Más de 150 000 personas fueron evacuadas de la prefectura de Fukushima en 2011. Las últimas estimaciones de noviembre de 2024 indican que más de 24 000 evacuados siguen desplazados, habiéndose reasentado fuera de la zona.

Muchos defensores de la energía nuclear describen los acontecimientos que tuvieron lugar en la central de Fukushima Daiichi como un «accidente» de probabilidad extremadamente baja o, más concretamente, como un «accidente más allá de los supuestos de diseño» causado por una serie de acontecimientos altamente improbables y ajenos al control humano. Estos defensores también describen las consecuencias del accidente como un éxito, ya que no provocó ninguna muerte inmediata relacionada con la radiación. Sin embargo, para los detractores de la energía nuclear, el mero nombre de la prefectura de Fukushima se ha convertido en sinónimo de desastre, un desastre que consideran nada inesperado y que muchos describen como un «accidente normal», lo que significa que era inevitable (Perrow, 2011).

Los defensores de la energía nuclear utilizan la experiencia de Fukushima como prueba de por qué la energía nuclear no solo debe seguir utilizándose, sino que debe utilizarse a una escala mucho mayor, si el peor resultado posible es un accidente como el de Fukushima. Los críticos consideran que el desastre de Fukushima es una condena total de la energía nuclear, y piden no solo que se detengan los nuevos proyectos de reactores, sino también que se cierren los reactores existentes. Ambas partes, aunque aparentemente se basan en los mismos hechos, los interpretan de manera muy diferente para llegar a sus conclusiones, sin que ninguna de ellas ofrezca una visión completa.

Desde sus inicios, el debate sobre la energía nuclear se ha caracterizado por una polarización extrema, con defensores y detractores que parecen habitar mundos separados al formular afirmaciones radicalmente diferentes sobre el futuro de la energía nuclear. Al formular estas afirmaciones, defensores y detractores no dialogan entre sí con la esperanza de aprender, sino que tratan de evangelizar, buscando convencer a la otra parte de lo que consideran verdades universales sobre la energía nuclear.

Estas afirmaciones de verdad absoluta se basan con frecuencia en la emoción, en imágenes apocalípticas, en una lógica rígida y en la separación de hechos relacionados (lo que llamamos «fisión retórica») o en la conexión de hechos fragmentados (lo que llamamos «fusión retórica»). Esas afirmaciones suelen estar alejadas de las experiencias vividas —positivas y negativas— de las personas afectadas por la energía nuclear, ya sea a través de los beneficios de un mayor acceso a una electricidad fiable y la reducción de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero o, en el lado negativo, a través de accidentes en centrales eléctricas, la extracción de uranio y el almacenamiento de combustible nuclear usado.

Aquí defendemos una forma diferente de debatir las numerosas cuestiones relacionadas con el uso de la energía nuclear para suministrar electricidad, una forma que va más allá de la retórica de la fisión y la fusión y reconoce la incertidumbre y la naturaleza local de la cuestión. Este modelo pide a los defensores y detractores que piensen más allá de sus identidades como defensores y aporten voces y formas de evidencia hasta ahora desconocidas a una co-creación deliberativa del futuro del planeta.

Cómo surgió el debate nuclear

En Estados Unidos, el movimiento antinuclear comenzó en la década de 1950 como respuesta a los ensayos con armas nucleares. Entre 1945 y 1992, Estados Unidos llevó a cabo 1054 ensayos nucleares, 210 de los cuales fueron ensayos atmosféricos. Las protestas antinucleares se intensificaron con el aumento de las pruebas atmosféricas de armas, especialmente después de que las realizadas en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall, provocaran lluvia radiactiva y efectos generalizados, aunque no reconocidos, sobre la salud de las comunidades locales.

El Comité para la Acción No Violenta (CNVA) se formó en 1957 en respuesta al programa estadounidense de pruebas con armas nucleares. Se convirtió en el primer grupo en utilizar métodos no violentos para oponerse a las pruebas con armas nucleares, a menudo intentando entrar o entrando en instalaciones cerradas de pruebas con armas nucleares. En 1957, sus miembros intentaron entrar en la zona de pruebas nucleares Camp Mercury, cerca de Las Vegas, y en 1958 hicieron otro intento de entrar en el campo de pruebas de Eniwetok, en las Islas Marshall. Años más tarde, los intentos del CNVA de entrar en estos lugares cerrados de pruebas de armas inspirarían las protestas de Greenpeace.

Los miembros de Greenpeace (que inicialmente se autodenominaban «Comité No hagáis olas») navegaron hasta Alaska (en un barco llamado Greenpeace) en 1971 para detener una segunda prueba nuclear en la isla de Amchitka. El activismo de Greenpeace contra las pruebas nucleares se extendió también a otros países. En Francia, el activista de Greenpeace David McTaggart desempeñó un papel fundamental en la suspensión de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico. El activismo de Greenpeace, que comenzó centrándose en las armas nucleares, pasó a centrarse también en el vertido de residuos radiactivos cuando, en 1993, un barco de Greenpeace documentó cómo un buque de la Armada rusa vertía residuos radiactivos en el mar de Japón, infringiendo el Convenio de Londres, un tratado internacional creado para controlar los vertidos en el océano (McCullagh, 1995).

En 1961, un grupo conocido como Women’s Strike for Peace (Huelga de Mujeres por la Paz) movilizó a unas 50 000 mujeres para que marcharan en protesta contra las armas nucleares en más de 60 ciudades de Estados Unidos. Esta organización comenzó a vincular las cuestiones relacionadas con las armas nucleares con la salud y las experiencias vividas por la gente común. Utilizaron lemas como «Acabemos con la carrera armamentística, no con la raza humana» y «Leche pura, no veneno». Como organización compuesta principalmente por madres, la Huelga de Mujeres por la Paz estaba especialmente preocupada por los efectos de las pruebas de armas en la salud de los niños. Esta estrategia de vincular los argumentos contra las armas nucleares con cuestiones cotidianas de salud y seguridad se impondría en todas las organizaciones durante algún tiempo.

En la década de 1960, la industria de la energía nuclear comenzó a despegar. Los reactores de agua ligera se habían convertido en el diseño líder en Estados Unidos, y los diseñadores de reactores y las empresas eléctricas estaban ampliando los diseños iniciales para centrales capaces de generar cientos de megavatios de electricidad. Durante este mismo periodo, grupos ecologistas como Friends of the Earth y Sierra Club comenzaron a expresar su preocupación por la energía nuclear.

Aunque inicialmente era proenergía nuclear, el Sierra Club comenzó a oponerse a ella a finales de la década de 1950, concretamente en lo que respecta a la central nuclear de Bodega Head, proyectada por Pacific Gas and Electric para un emplazamiento costero en el norte de California. Este proyecto se detuvo finalmente como resultado de la oposición del club y de los esfuerzos de las bases, que alegaban preocupaciones sobre la proximidad de la central propuesta a la falla de San Andrés. En ese momento, el Sierra Club no expresó un rechazo generalizado a la energía nuclear, y el grupo apoyó el uso de la energía nuclear en otros casos. Pero un segundo proyecto de central nuclear, Diablo Canyon, en la costa central de California, que finalmente se construyó, dividió al club, ya que muchos, incluido el entonces director ejecutivo David Brower, creían que el Sierra Club debía adoptar una postura más radical contra la energía nuclear (Wellock, 1992). (El club adoptó oficialmente una postura antinuclear en 1974 y amplió esa postura para incluir la oposición a la energía de fusión en 1986, aunque parece que su postura sobre la fusión está ahora cambiando).

En 1969, Brower, enfrentándose a la oposición de la junta directiva del Club, se marchó para fundar una nueva organización, Amigos de la Tierra, que desde sus inicios planteó la oposición a la energía nuclear como parte fundamental de su misión, una postura que mantiene en la actualidad. Desde su fundación, la organización ha liderado campañas para cerrar los reactores existentes y evitar la construcción de otros nuevos. Para ello, combinó el cabildeo, la educación pública y la acción directa con gran eficacia.

Las iniciativas de educación pública puestas en marcha por las organizaciones antinucleares compartían una característica común con iniciativas similares lanzadas por los defensores de la energía nuclear: ambas partían de la base de que el público era ingenuo y carecía de conocimientos sobre la energía nuclear y, salvo contadas excepciones, esgrimían argumentos universales, enmarcando sus posturas sobre la energía nuclear como la única respuesta posible para el futuro de la tecnología.

En la década de 1970, los grupos ecologistas estadounidenses comenzaron a pedir una moratoria en la construcción de centrales nucleares, y grupos regionales como la Alianza SHAD (Sound-Hudson Against Atomic Development) obtuvieron un amplio apoyo tras el accidente de Three Mile Island en 1979. SHAD logró cerrar la central nuclear de Shoreham, en Nueva York, antes incluso de que entrara en funcionamiento.

Aunque estos esfuerzos no condujeron a una prohibición nacional de la energía nuclear, muchos estados adoptaron moratorias sobre la construcción de centrales nucleares, estableciendo condiciones que restringían la construcción de nuevas centrales nucleares. La moratoria de California de 1976 sobre la energía nuclear, por ejemplo, restringió la construcción de nuevas centrales nucleares hasta que se creara un plan federal para la eliminación de residuos nucleares. Las moratorias aprobadas por Kentucky (1984), Wisconsin (1983) e Illinois (1987) citaban la ausencia de un plan federal de gestión de residuos nucleares. Cabe destacar que los tres estados han derogado total o parcialmente sus moratorias para permitir la construcción de nuevas centrales nucleares, y la derogación parcial de Illinois permite específicamente la construcción de reactores modulares avanzados y pequeños. En el momento de redactar este artículo, nueve estados de Estados Unidos siguen teniendo moratorias sobre la construcción de nuevas centrales nucleares.

Aunque tienen su origen en Estados Unidos, muchos grupos ecologistas y antinucleares han tenido una influencia significativa en otros países. En 1976, Greenpeace, el Sierra Club, Friends of the Earth y otros 20 grupos ecologistas se unieron para formar la «Campaña por un futuro sin energía nuclear», cuyo objetivo era oponerse al desarrollo de la energía nuclear en Nueva Zelanda y promover el uso de energías renovables.

Otra organización fundamental en el debate nuclear es la Unión de Científicos Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés). Fundada en 1969 por profesores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la organización combinaba conocimientos científicos, activismo y ecologismo. Sus fundadores abogaban por que la investigación científica se utilizara para la preservación del medio ambiente y no para el desarrollo de tecnologías militares, incluidas las armas nucleares. La UCS pronto desempeñaría también un papel importante en un debate clave sobre la energía nuclear.

En muchos países, los movimientos antinucleares comenzaron como protestas locales contra instalaciones específicas y crecieron hasta alcanzar un alcance nacional, cobrando impulso tras los accidentes de Three Mile Island y Chernóbil. En Alemania, el movimiento antinuclear comenzó en la década de 1970 con la oposición a un proyecto de energía nuclear en la ciudad de Wyhl (Glaser 2012). En Francia, en 1971 comenzaron las protestas a gran escala contra los planes para construir el primer reactor de agua ligera en Bugey (Tompkins 2016). También en Australia comenzaron en la década de 1970 las protestas contra la extracción de uranio y la propuesta de construir la central nuclear de Jervis Bay (Candela 2017). En muchos países europeos, estos movimientos locales obtuvieron el apoyo de grupos ecologistas nacionales y contribuyeron a configurar la política energética. Estos movimientos llevaron a la decisión de eliminar gradualmente la energía nuclear en Italia, Suecia, Bélgica y España. (La aplicación de estos planes de eliminación gradual ha variado, y Bélgica y Suecia han revertido recientemente su postura nacional al respecto). Tras el accidente de Fukushima en 2011, Alemania se embarcó en un plan para cerrar todas sus centrales nucleares.

Durante este periodo de creciente oposición, la industria nuclear encontró algunos aliados inesperados. Inspirado por el programa Átomos para la Paz, el astrofísico Heinz Haber escribió en 1956 el libro «Nuestro amigo el átomo». El libro, sobre los beneficios de la energía nuclear, fue ilustrado por más de 20 ilustradores de los estudios Walt Disney. (Haber era asesor científico del fundador de los estudios, Walt Disney). También formó parte de un episodio de casi una hora de duración de la serie de televisión Disneyland. El libro y el episodio fueron un esfuerzo por rehabilitar al átomo, tras la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y las continuas campañas contra los ensayos con armas nucleares. En su escrito, Haber reconoció que el átomo se había convertido en un «villano magnífico», pero también señaló que el poder del átomo podía aprovecharse «para el bienestar de toda la humanidad» (Haber, 1957).

El libro concluía con tres capítulos en los que se describían los tres deseos que el átomo concedería a la humanidad: energía, alimentos y salud, y paz. El libro de Haber y el episodio de Disneyland presentaban una visión utópica e inevitable de la energía nuclear, sin admitir los retos realistas que suponía la ampliación de la energía nuclear como fuente de energía.

En sus esfuerzos por promover la energía nuclear, la industria nuclear recurrió a los investigadores en busca de orientación sobre cómo interactuar con el público. A finales de la década de 1960, las investigaciones emergentes sobre la percepción del riesgo afirmaban que el público rara vez era «racional» a la hora de sopesar los riesgos de las distintas tecnologías. En cambio, los estudios revelaron que la percepción del riesgo por parte del público está impulsada en gran medida por las emociones. Las investigaciones demostraron que el público estaba dispuesto a asumir mayores niveles de riesgo en actividades voluntarias que en actividades involuntarias, y que los sentimientos de temor y falta de control aumentaban la sensibilidad al riesgo, lo que llevaba a las personas a centrarse en un mal resultado en lugar de en la probabilidad de que se produjera, una probabilidad que podía ser ínfima (Slovic, 2016). Una rama de la investigación, dirigida por el destacado físico y experto nuclear Chauncey Starr, se basaba en lo que hoy conocemos como el «modelo del déficit», que sugería que la percepción del público sobre el riesgo de una tecnología se basaba en un déficit de conocimiento.

Starr sugirió que la percepción pública del riesgo podía mediarse y gestionarse mediante una mejor educación y publicidad (Starr, 1969). La industria nuclear aprovechó estos hallazgos y lanzó campañas para educar al público sobre la energía nuclear. Esta forma de interactuar con el público se convirtió en la norma y persistió durante décadas. Podría decirse que persiste en la actualidad. En la década de 1980, tras el accidente de Three Mile Island, varias empresas de energía se unieron para formar el Consejo Estadounidense para la Concienciación Energética. En sus anuncios, el consejo, en un esfuerzo por ganarse la aprobación del público, vinculó la energía nuclear a otra cuestión destacada: la dependencia del petróleo extranjero.

Aunque los defensores y detractores de la energía nuclear crearon discursos separados, rara vez admitiendo la existencia del otro, hay al menos un caso de colaboración entre ambos que condujo inequívocamente al bien público al mejorar tanto el diseño como la gobernanza de las tecnologías de energía nuclear. En 1972, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos convocó audiencias sobre el diseño de los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo, una medida de seguridad vital en los reactores nucleares. Las audiencias se convocaron tras la controversia sobre las normas de seguridad de la AEC. La AEC se había diseñado con dos misiones contradictorias: regular y promover la energía nuclear. Las audiencias revelaron que estas misiones contradictorias habían comprometido fundamentalmente a la AEC, ya que la rama de desarrollo ralentizaba o retiraba la financiación a la labor de la rama reguladora.

Antes y durante los dos años que duraron las audiencias, miembros de la AEC colaboraron con la Unión de Científicos Preocupados (UCS) para sacar a la luz información que se había ocultado. Los representantes de la UCS en las audiencias, Daniel Ford (economista) y Myron Cherry (abogado), no tenían formación técnica formal, pero recibieron asesoramiento de disidentes de la AEC e investigadores nucleares de los laboratorios de la AEC. Estos disidentes proporcionaron documentos ocultos y ayudaron a los representantes de la UCS a preparar sus argumentos sobre los defectos de diseño y simulación de los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo.

Las audiencias condujeron finalmente al colapso de la AEC y a la creación de agencias reguladoras y de desarrollo independientes. También dieron lugar a nuevas normas de seguridad para los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo, que eran vitales a la luz de la continua expansión de la energía nuclear (Wellock 2012). Nada de esto habría sido posible sin la colaboración entre los bandos «anti» y «pro» nucleares. Lamentablemente, esta colaboración solo supuso una breve tregua. Pero tal vez esta insólita alianza entre los disidentes de la AEC y los activistas de la UCS presente un modelo de colaboración que podamos reutilizar en la actualidad.

Cómo es actualmente el debate a favor y en contra de la energía nuclear

Las estrategias retóricas aplicadas por los bandos a favor y en contra de la energía nuclear presentan similitudes notables. Los opositores a la energía nuclear, empezando por los activistas contra las armas nucleares, tendían a vilipendiar a las personas y organizaciones a favor de la energía nuclear y a presentar a los activistas antinucleares como «agentes morales» y defensores del medio ambiente y la salud pública (Blain, 1991). Por su parte, los defensores de la energía nuclear han presentado y siguen presentando narrativas sobre la «necesidad e inevitabilidad de la energía nuclear» (Kinsella, 2015), a menudo vinculando la energía nuclear con cuestiones sobre las que existe un consenso más amplio, como la lucha contra el cambio climático, el acceso y la seguridad energética y, más recientemente, la alimentación de la inteligencia artificial.

A lo largo de esta historia y del pasado reciente, los ejemplos de discurso polarizado tienden a dividirse en cinco categorías: argumentos basados en las emociones, imágenes apocalípticas, lógica rígida, separación de hechos relacionados (fisión retórica) o combinación estratégica de la energía nuclear con cuestiones más aceptables (fusión retórica).

Utilizamos el término «fisión retórica» para referirnos a argumentos en los que se desconectan ideas que no son lógicamente separables para promover un argumento. Por ejemplo, afirmar que el accidente de Fukushima es una historia de éxito porque no hubo muertes relacionadas con la radiación separa los numerosos resultados desastrosos del accidente de un único hecho relacionado con la radiación. Aunque técnicamente correcto, el argumento ofrece una imagen incompleta del suceso y, para muchas personas, suena falso. La fusión retórica, por otro lado, combina argumentos nucleares con otras cuestiones como forma de ganarse la aceptación del público. Por ejemplo, promover un argumento antinuclear asociando la energía con las armas. El argumento es erróneo en lo que respecta a Estados Unidos, donde la energía nuclear civil y el arsenal nuclear militar llevan mucho tiempo desvinculados explícitamente entre sí.

Los argumentos emocionales y apocalípticos suelen surgir de las organizaciones antinucleares. El Sierra Club se describe a sí mismo como «inequívocamente opuesto a la energía nuclear». En su declaración sobre la energía nuclear, el Sierra Club señala que la seguridad nuclear, la proliferación nuclear y el almacenamiento a largo plazo de los residuos nucleares hacen que «la energía nuclear sea una tecnología energética especialmente peligrosa para la humanidad». La declaración de Greenpeace sobre la energía nuclear afirma que la energía nuclear «no tiene cabida en un futuro seguro, limpio y sostenible». La organización describe la energía nuclear como cara y peligrosa y afirma que «el hecho de que la contaminación nuclear sea invisible no significa que sea limpia». En otro ejemplo, Amigos de la Tierra describe la energía nuclear como «una solución lenta y costosa a la crisis climática» y «una solución que genera residuos nocivos para los que no tenemos respuesta».

Las organizaciones profesionales y industriales del sector nuclear —como la Sociedad Nuclear Estadounidense, el Instituto de Energía Nuclear, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica y el Instituto de Operaciones de Energía Nuclear— llevan mucho tiempo favoreciendo el uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, recientemente ha surgido un nuevo grupo de personas y organizaciones a favor de la energía nuclear que no está formado por ingenieros nucleares ni profesionales del sector. Estos grupos consideran que su apoyo a la energía nuclear es fundamental para su identidad. Y aquí vemos ejemplos de fusión retórica, que introduce la política de identidad en los argumentos nucleares. Por ejemplo, Mothers for Nuclear, fundada en 2016, afirma que, tras «muchos años de cuestionamientos y trabajo en la última central nuclear que queda en California», los miembros del grupo cambiaron de opinión sobre la energía nuclear y ahora «apoyan la energía nuclear como nuestra mayor y más prometedora fuente de energía limpia, vital para abordar algunos de los mayores retos de nuestro mundo: el cambio climático, la contaminación atmosférica y la pobreza energética». El Breakthrough Institute afirma que las tecnologías nucleares avanzadas prometen «energía limpia y confiable con sólidos perfiles de seguridad y beneficios crecientes para la seguridad energética, el clima y el desarrollo económico», al tiempo que señala que estos beneficios «requieren un sistema regulatorio que esté equipado para otorgar licencias a tecnologías modernas a gran escala y superar los obstáculos comerciales».

Las campañas a favor de la energía nuclear más recientes muestran una amalgama de argumentos, combinando fragmentos de historias nucleares con elementos de la cultura pop y la ciencia para crear narrativas nucleares persuasivas. Las personas a favor de la energía nuclear, autodenominadas e incluso descritas por otros como «influencers nucleares», se han vuelto virales en Instagram y TikTok por sus comentarios accesibles sobre la energía nuclear. Una de estas influencers nucleares, Isabelle Boemeke, describe su trabajo como «una intersección entre el arte, la ciencia y el activismo» y «una inspiración para que los seres humanos resuelvan los problemas del mundo con optimismo». Creó su personaje Isodope para «defender la electricidad nuclear como solución al cambio climático y la desigualdad energética». Otros influencers nucleares que se identifican como millennials y miembros de la generación Z también han saltado a la fama.

Tanto los defensores como los detractores han intentado encontrar un lugar en el espíritu de la época a través del cine. Dos ejemplos recientes son Atomic Bamboozle (un cortometraje antinuclear de 2023 que se proyectó como parte de la serie de películas Nuclear-Free del Sierra Club) y Nuclear Now (un documental pronuclear de 2022 que se proyectó en varios campus universitarios de Estados Unidos).

Ambas partes dan a entender que sus argumentos pretenden ser universales. Para las organizaciones antinucleares, no hay ningún momento ni lugar en el que la energía nuclear sea deseable. Para los defensores e influyentes pro-nucleares, un mundo sin energía nuclear es inconcebible.

Lo que falta notablemente en este debate son las voces de las personas que no tienen un micrófono público y aquellas que no se alinean ideológicamente con ninguno de los dos bandos.

Cambiar los términos del debate para un futuro nuclear mejor

El debate nuclear debe cambiar, y proponemos una estrategia que puedan aplicar ambas partes. Abogamos por incorporar nuevas voces a la conversación y por poner en diálogo los puntos de vista opuestos. En concreto, proponemos una participación estratégica y generalizada de la comunidad como una forma de alejar el debate del absolutismo, el dramatismo y otras estrategias infructuosas descritas anteriormente. Reconocemos que la participación de la comunidad no es algo nuevo en el contexto nuclear, pero tampoco es la norma, y hasta la fecha casi siempre ha sido iniciada por expertos que buscan la aprobación de un proyecto nuclear.

Durante muchos años, la industria nuclear ha funcionado según el modelo «decidir-anunciar-defender» para la ubicación de nuevas instalaciones. Por supuesto, este enfoque ha encontrado mucha oposición, retrasos en los proyectos y, en algunos casos muy conocidos, como el depósito de residuos de Yucca Mountain, un rechazo total. Este enfoque para encontrar un depósito de residuos nucleares ha sido sustituido en gran medida por la ubicación basada en el consentimiento, aunque algunos argumentan que obtener el consentimiento no es suficiente. En particular, en la comunidad de la energía de fusión, la atención se ha desplazado hacia la obtención de la licencia social (Hoedl 2022), o la aceptación pública continua, para un proyecto en un contexto determinado. La licencia social se establece en gran medida mediante la creación de vías de confianza para la comunicación bidireccional entre las comunidades y los expertos, incluyendo oportunidades para aprender unos de otros. Se trata de estrategias valiosas, pero es importante señalar que este modelo sigue funcionando bajo una rúbrica de persuasión: los expertos tratan de persuadir a los no expertos para que acepten y mantengan un proyecto de energía nuclear.

Abogamos por la participación de la comunidad como estrategia para escuchar y aprender sin intención de persuadir. Estas participaciones no se centrarían ni se iniciarían deliberadamente en torno a una instalación o emplazamiento propuestos. En cambio, se centrarían en actividades de aprendizaje conjunto, en las que expertos de ambos lados del debate nuclear compartirían información sobre la energía nuclear y los miembros de la comunidad compartirían historias sobre su comunidad. Tanto los defensores como los detractores de la energía nuclear podrían crear «comités de escucha» en sus organizaciones para generar confianza, establecer comunicación e incluso empoderar a las comunidades para que inviten a proyectos nucleares a su región, en lugar de al revés. Alternativamente, las comunidades que no están interesadas en la infraestructura nuclear llegan a esa postura a través de la deliberación interna y se la comunican a los desarrolladores. Este proceso puede apoyar la toma de decisiones a nivel local, en lugar de la situación actual, en la que se sacrifican el contexto y los matices en un esfuerzo por ganar el debate y las decisiones se transforman en movimientos nacionales, como ha sido el caso tanto de los esfuerzos antinucleares como de los pronucleares.

En nuestra investigación y enseñanza sobre la participación comunitaria, también hemos descubierto que las actividades colaborativas de «creación de futuro», es decir, las propuestas que invitan a las personas a imaginar escenarios futuros deseables, pueden ser una forma poderosa de desentrañar las diferencias de perspectiva y encontrar puntos en común (Verma, Snyder y Daly, 2024). Cuando se incluye esta estrategia en la participación comunitaria, hemos visto cómo personas de ambos lados del debate nuclear cambian de opinión y se abren a ideas que nunca hubieran imaginado. La historia nos enseña que es posible encontrar puntos en común incluso en los temas más controvertidos. La improbable colaboración entre los detractores de la AEC y los activistas de la UCS descrita anteriormente es un ejemplo de ello; proponemos un modelo para fomentar más colaboraciones de este tipo y resolver nuestras diferencias de larga data en aras del bien común.

Al mismo tiempo, la participación de la comunidad puede dar voz a las personas que han convivido con la energía nuclear y sus repercusiones, para bien y para mal, y esas opiniones pueden ayudarnos a alejarnos del polarizado debate actual. Los residentes de Fukushima (Japón), por ejemplo, tienen una valiosa perspectiva sobre los riesgos y las oportunidades reales de la energía nuclear. En nuestra experiencia en Japón este verano, los residentes locales compartieron perspectivas matizadas e inesperadas sobre cómo vivieron el accidente de Fukushima Daiichi y sus consecuencias. En muchos casos, los residentes expresaron su gratitud por la energía proporcionada por el reactor y por las lecciones aprendidas a raíz del accidente. Y aunque los paneles solares y las turbinas eólicas han sustituido a la energía nuclear en esta zona, algunos esperan que la energía nuclear vuelva. Otras personas, por supuesto, no apoyaban la energía nuclear, tras haber sido testigos del desplazamiento masivo, la pérdida de seres queridos y un esfuerzo de descontaminación continuo sin un final a la vista. Pero incluso aquellos que no la apoyaban no esgrimían argumentos irracionales en contra de la energía nuclear. Al final de nuestras conversaciones, los miembros de la comunidad, con diferentes perspectivas, compartieron un picnic al aire libre, sabiendo que el futuro energético de Fukushima es incierto, pero también que las perspectivas de la comunidad forman parte del debate para la toma de decisiones.

Reconocemos que muchas organizaciones pueden descartar nuestra propuesta por motivos de tiempo, costo o eficiencia. En última instancia, el polarizado debate en torno a la energía nuclear está ocultando un hecho sencillo: nuestro futuro energético común es incierto. Argumentar de forma más enérgica o agresiva no va a cambiar esa situación. La voluntad de aportar nuevas perspectivas, considerar ideas contrarias y aceptar la incertidumbre puede ser la forma más rápida de alcanzar el futuro energético limpio y seguro que todos imaginamos.

Aditi Verma y Katie Snyder

Renuncia en Ciberdefensa: irregularidades y tensiones en la cooperación estratégica con EE.UU.

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La abrupta renuncia del subsecretario de Ciberdefensa, coronel (R) ingeniero Marcelo Adrián Ozán, profundizó la crisis abierta en el Ministerio de Defensa por las denuncias administrativas vinculadas a la venta del predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y las presuntas irregularidades en licitaciones de equipos críticos, obras y sistemas de entrenamiento. La dimisión, aceptada por el ministro Luis Petri el pasado 1 de diciembre, llegó apenas 19 días después de la oficialización de su designación, un lapso que expone la creciente presión institucional sobre un área clave para la seguridad nacional.

El decreto 795/2025 había sido publicado el 12 de noviembre con alcance retroactivo al 15 de septiembre, aunque en los hechos Ozán ejerció el cargo desde la fecha del Boletín Oficial. Hasta entonces actuaba como asesor de la subsecretaría, estructura que depende de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, liderada por Marcelo Rozas Garay, y que mantiene control funcional sobre el CCCD, bajo mando del general de brigada Luis Guimpel. Todos quedaron bajo escrutinio luego de que la Procuraduría de La primera denuncia advierte presuntas omisiones de deberes de funcionario público, anomalías en los procedimientos y falta de un plan de transición ante la enajenación del predio del CCCD, ubicado en Puerto Madero, uno de los segmentos inmobiliarios de mayor valorización del país. La subasta, realizada por USD 34 millones y ganada por el fideicomiso Madero 6 bajo el marco del Decreto 950/2024, obliga al traslado de la estructura operativa encargada de proteger la infraestructura digital crítica del sistema de Defensa. La PIA remitió cuestionarios al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac, y al propio comandante del CCCD para evaluar las decisiones adoptadas, el eventual deterioro de capacidades y el impacto estratégico de la desarticulación del predio actual.

La segunda denuncia apunta a supuestas irregularidades en licitaciones por USD 21,8 millones para la compra de equipamiento, adecuaciones edilicias y un simulador de entrenamiento. Según la presentación, estas adjudicaciones habrían sido direccionadas a proveedores previamente seleccionados mediante el uso del “secretor militar”. “, figura que impide verificar valores de referencia y limita los controles cruzados. La PIA investiga si se favoreció a determinadas empresas, si existieron sobreprecios y si se vulneraron normas de transparencia en un sector particularmente sensible.

La crisis administrativa coincidiría con un deterioro en los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de ciberdefensa. El 1 de septiembre concluyó la misión en Argentina del asesor estadounidense designado por el Departamento de Estado para elaborar y monitorear el Plan de Acción del País (PAP), documento que articula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con estándares de interoperabilidad militar, desarrollo de fuerza laboral, resiliencia operativa y protección de sistemas críticos. Ese plan, rubricado en 2024 por Petri v Guimoel en presencia del embaiador Marc Departamento de Estado para elaborar y monitorear el Plan de Acción del País (PAP), documento que articula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con estándares de interoperabilidad militar, desarrollo de fuerza laboral, resiliencia operativa y protección de sistemas críticos. Ese plan, rubricado en 2024 por Petri y Guimpel en presencia del embajador Marc Stanley, es considerado un instrumento esencial para consolidar la alineación estratégica con Washington.

Sin embargo, fuentes técnicas del área confirmaron que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares no distribuyó el PAP entre los principales mandos militares -Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea-, omisión que habría estancado su implementación. En la última evaluación, realizada el 22 de agosto, el asesor estadounidense Gus Santiago constató que el nivel de madurez cibernética permanecía en el mismo valor de un año atrás: 2.6 sobre la escala adoptada, señal inequívoca de que los objetivos no avanzaron más allá de las formulaciones iniciales.

La falta de progresos amenaza áreas críticas: la protección de sistemas de aviónica avanzada, el blindaje de redes de datos, la seguridad del software operativo de los nuevos cazas F-16 y la capacidad de respuesta ante intrusiones complejas. Para Washington, el cumplimiento del PAP es un requisito para compartir inteligencia de alto nivel, transferir tecnología sensible y cofinanciar proyectos de modernización. En términos diplomáticos, la inacción erosiona la confianza y proyecta dudas sobre la capacidad local para sostener una cooperación de largo plazo.

La renuncia de Ozán se lee así como un síntoma de una estructura que enfrenta cuestionamientos cruzados: sospechas administrativas, tensiones internas en Defensa y alertas externas sobre el estancamiento en la agenda bilateral de ciberseguridad. El Gobierno aún no anunció a su reemplazante, mientras crece la expectativa por conocer si el Departamento de Estado enviará un nuevo asesor o si se congelará temporalmente la asistencia técnica. Para un país que avanza en la modernización de capacidades militares y que necesita reconstruir credibilidad en materia de defensa digital, el vacío en la subsecretaría aparece como un riesgo adicional en un terreno donde las demoras se pagan caro.

Comentario de AgendAR:

Para que los propios EEUU, autor real de la política de ciberdefensa argentina, diga que lo de Petri es un curro inmobiliario, la cosa debe ser muy evidente. Momento de preguntarse ¿cuál es la inmobiliaria que se adueñó de Puerto Madero desde 1993? ¿Se acuerda de alguna, lector?

Una ayudita: en 1993 esa empresa fraguó una venta con testaferros para apropiarse de los terrenos de los astilleros militares TANDANOR y Domecq García.

Un verdadero «win-win-win» para Carlos Menem, La Embajada y aquel estrambótico personaje.

La Flota de Mar dejó de repararse, 4 submarinos TR-1700 quedaron sin construirse, y los recursos humanos especializados en navíos de guerra se desbandaron.

Eso nos costó dos submarinos más: el ARA San Juan, que se hundió en 2017, y su par el ARA Santa Cruz, abandonado en plena reparación de media vida por orden del MinDef.

Los falsos compradores del predio de TANDANOR y el Domecq García anunciaban un barrio chetísimo, más aún que Puerto Madero, en esas 23 hectáreas, las más caras de la Argentina.

Ante las muchas denuncias de curro flagrante, los dos astllleros quedaron sin demoler… pero sin maquinarias valuadas en U$ miles de millones. El Ministro de Defensa las desmontó y las vendió por tonelada, como chatarra. Ni el Congreso de la Nación, sumamente complaciente, quiso tocar el asunto sin ponerse guantes.

Los tribunales penales federales de Comodoro Py durmieron el caso casi 30 años.

Ningún preso a fecha de hoy.

¿Recuerda qué empresario no logró quedarse con aquellos terrenos? Hoy tiene casi un millón de hectáreas desparramadas por medio país.

Pero de sus malandanzas con Menem para quedarse con aquellas hectáreas del Ministerio de Defensa, desde 1993 le quedó la sangre en el ojo. El predio de Ciberdefensa en Puerto Madero es un premio consuelo, nomás.

¿Ahora lo identifica, lector? Sí, exactamente ése.

Daniel E. Arias

Desde el Conicet alertan por un “quiebre” en el sistema científico

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La Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos del Conicet firmaron un documento para rechazar la eliminación de la convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), dictada por el Gobierno nacional esta semana, y en defensa del financiamiento público de la ciencia.

En el texto, los miembros del directorio del organismo en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades expresaron su “profunda preocupación” por “la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una modalidad de convocatoria que desconoce al conjunto de áreas del conocimiento y que excluye en particular a la investigación en ciencia básica”.

En su pronunciamiento remarcaron que la cancelación de los PICT 2022 —proyectos evaluados y aprobados con presupuesto asignado— constituye “un daño irreparable” para la planificación de cientos de equipos científicos en todo el país. A esto sumaron que la exclusión de las ciencias básicas de las nuevas modalidades de financiamiento implica una “visión empobrecedora”, que desconoce que la investigación fundamental es la base sobre la cual se sostiene la innovación genuina.

También advirtieron por el impacto federal de estas medidas. Recordaron que los CCTs, presentes en todas las regiones, dependen de las convocatorias PICT para adquirir equipamiento, insumos, mantener infraestructura y formar recursos humanos. La interrupción de estos fondos —indicaron— deja paralizados numerosos proyectos provinciales y profundiza las asimetrías entre jurisdicciones.

Otro punto cuestionado fue la reducción de la diversidad de instrumentos de la Agencia a una única modalidad de convocatoria, lo que, afirmaron, limita su capacidad de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación a nivel nacional.

El documento recuerda que el sistema científico-tecnológico argentino está conformado por organismos como CONICET, INTA, INTI, CNEA, además de las universidades nacionales y la propia Agencia I+D+i, y que su funcionamiento depende del financiamiento público sostenido. “Se trata de un activo estratégico de la Nación que no puede generar valor sin previsibilidad”, señalaron.

Frente a este escenario, las autoridades de los CCTs solicitaron al Gobierno nacional que revise las decisiones adoptadas y reclamaron tres medidas puntuales: restablecer los compromisos asumidos con los PICT 2022, reabrir y garantizar convocatorias como la de 2023, y sostener un esquema de financiamiento plural y federal que incluya todas las áreas del conocimiento y reconozca la importancia crítica de la inversión científica.

“El sistema requiere estabilidad, previsibilidad y una visión estratégica de largo plazo”, concluyeron, al advertir que la construcción de una ciencia de excelencia solo es posible en un marco de desarrollo productivo y social inclusivo.

Ciencia argentina: 5 centros de investigación reconocidos en el mundo

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El Instituto Balseiro (IB) fue fundado en 1955 por impulso de José Antonio Balseiro, un físico argentino formado en Cambridge, quien lideró el proyecto junto a Jorge Sabato y Mario Mariscotti. Las instituciones fundadoras fueron la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Hoy combina formación universitaria de alta exigencia con investigación científica aplicada, en estrecha colaboración con la CNEA y organismos internacionales.

En la década del 80, Francisco de la Cruz y Roberto Ronda realizaron estudios pioneros en superconductividad y criogenia y se consolidó el Laboratorio de Bajas Temperaturas, de referencia internacional.

En la década del 90, las investigaciones básicas del IB permitieron que Invap avanzara en la construcción de reactores nucleares, exportados a Perú, Argelia y Australia. También , junto a la NASA, se desarrollaron los satélites SAC-A y SAC-B.

Desde sus orígenes, la política nuclear nacional entendió que era necesario transformar la ciencia de excelencia en tecnología, innovación, transferencia al sector productivo y empresas de base tecnológica capaces de impactar en la sociedad, la economía y la inserción internacional del país. Así se ha generado un entramado de empresas de alta tecnología.

El Concurso IB50K, promovido desde hace más de 10 años, es un concurso de planes de negocio de empresas de base tecnológicas, de calidad superlativa, que se ha consolidado como un ícono del emprendedurismo científico tecnológico.

Hoy, las líneas de trabajo abarcan la Física, la Investigación Aplicada, la Ingeniería en Telecomunicaciones y la Física y Biología aplicadas a la Salud.

Por primera vez en su historia, a partir de octubre es dirigido por una mujer, la doctora en Ingeniería Graciela Bertolino. Cordobesa de nacimiento, obtuvo su título de ingeniera nuclear en 1996 y completó su doctorado con una tesis acerca de “El deterioro de las aleaciones de circonio por su interacción con hidrógeno”. Posteriormente, realizó un posdoctorado en la Ecole Polytechnique de Francia.

Como una muestra más del nivel de su cuerpo de docentes e investigadores, los doctores en Física Marina Huerta y Horacio Casini (quienes además de la carrera comparten un matrimonio y dos hijos) ganaron en 2024 uno de los premios más importantes del mundo en el campo de la física teórica: la Medalla Dirac. Comparten el reconocimiento con sus colegas japoneses Shinsei Ryu, de Princeton University, y Tadashi Takayanagi, de Kyoto University.

Juan Maldacena, quien pasa sus días enseñando entre Harvard y Princeton y cuyo trabajo, (la Teoría M o Conjetura de Maldacena) es el más citado en el mundo después de la teoría de la relatividad de Einstein, obtuvo en el Balseiro su Licenciatura en Física.

Así, el IB es una institución fundamental para la formación de capital humano de excelencia y para la investigación básica y aplicada de vanguardia. Es allí donde nace la innovación.

Fundación Instituto Leloir
Fundación Instituto Leloir

Instituto Leloir, protagonista central de la revolución en bioquímica

Fue fundado en 1947 por Luis Federico Leloir gracias al apoyo económico del empresario Jaime Campomar. Funcionaba en un garaje adaptado.

Las investigaciones revolucionarias en bioquímica acerca de los nucleótidos de azúcar, moléculas que explicaban cómo los organismos transforman y almacenan carbohidratos, le valieron a Leloir el Premio Nobel de Química en 1970.

En las décadas que siguieron, el Instituto Leloir (hoy Fundación Instituto Leloir) creció y se diversificó trabajando en temas como la estructura y función de enzimas, la regulación del metabolismo energético y de carbohidratos e iniciando tempranamente estudios de biología molecular (ADN, ARN y síntesis de proteínas). Los desarrollos en oncología molecular y terapias génicas y los estudios en neurociencias y plasticidad sináptica fueron reconocidos internacionalmente.

Hoy, el equipo de Terapia Molecular y Celular, liderado por el doctor Osvaldo Podhajcer, trabaja en un enfoque pionero para atacar, con un virus del resfrío modificado genéticamente, el cáncer diseminado. En un artículo publicado en Molecular Therapy: Oncology, se presentó un abordaje innovador para tratar tumores gastrointestintales basado en el diseño de un virus oncolítico construido a partir de promotores híbridos específicos de tumores. Bautizado AR2015, es el primero en su tipo.

Integrando ciencia básica y clínica, un equipo conformado por los doctores Martín Arán, Leonardo Pellizza y Juan Carlos Avalos desarrollaron el primer estudio de metabolómica que analizó el suero de pacientes antes y después de una crisis de epilepsia. Entre otras cosas, detectaron alteraciones importantes en siete pequeñas moléculas o metabolitos. El hallazgo pionero permite pensar en el posible desarrollo, a futuro, de kits diagnósticos rápidos.

El Laboratorio de Virología Molecular, encabezado por la doctora Andrea Gamarnik, desarrolló el kit Detect-AR Dengue, primer test de antígeno nacional para el diagnóstico del dengue. Permite establecer –en tres horas– la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus.

Un estudio del Laboratorio de Estructura-Función e Ingeniería de Proteínas, que lidera Gonzalo de Prat Gay, revela el mecanismo por el cual una proteína clave para evitar la proliferación de tumores pierde su función protectora y comienza a formar agregados tóxicos, de forma similar a las proteínas amiloides que se observan en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. El hallazgo podría tener múltiples implicancias a futuro.

La doctora Angeles Zorreguieta, directora del Instituto y jefa del Laboratorio de Microbiología molecular y celular, trabaja junto a su equipo en el análisis de una potencial vacuna para la prevención de la brucelosis porcina. Zorreguieta destaca el rol de Inis Biotech, la oficina de Vinculación y Transferencia de la FIL, para facilitar el impacto de los avances científicos sobre la economía y la sociedad.

INVAP
INVAP

Invap, reactores nucleares y satélites para el mundo

El Invap nace en la década del 70 en Bariloche, como un desprendimiento del Centro Atómico Bariloche (CAB) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Su fundador, Conrado Varotto (físico argentino, doctorado en el Balseiro y post doctorado en Stanford), creía que era posible vender al mundo tecnología nuclear desarrollada por el CAB. En síntesis: crear localmente tecnología de alta complejidad con impacto comercial real. En 1982, junto a la CNEA, exporta a Perú el reactor RP-0, uno de los primeros grandes contratos internacionales de tecnología argentina.

A partir de esa fecha, Invap desarrolla y exporta proyectos a Argelia, Egipto y Australia.

En los años 90, entró de lleno en la industria aeroespacial, participando en el diseño de satélites y estaciones de control. Fue Héctor (Cacho) Otheguy quien lideró y consolidó esta fase de diversificación e internacionalización. En 2007 se activa en Australia el reactor nuclear OPAL e Invap se convierte en una empresa líder en alta tecnología en América Latina.

En el área aeroespacial, desarrolló para la Conae satélites de observación de la Tierra, y posteriormente el ARSAT-1 (2014) y el ARSAT-2 (2015), primeros satélites geoestacionarios de telecomunicaciones construidos en América Latina.

Hoy, Invap trabaja en cuatro grandes áreas:

Nuclear: reactores de investigación, plantas de producción de radioisótopos, plantas de almacenamiento de combustibles, servicios de ingeniería para plantas nucleoeléctricas; Espacial: produce satélites de aplicaciones científicas y de comunicaciones, equipos y componentes, siendo la única empresa latinoamericana que fabrica satélites geoestacionarios completos; Defensa, Seguridad y Ambiente: desarrolla soluciones para Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, radares 3D de vigilancia y control aéreo militares; Sistemas médicos: se trata de desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico y tratamiento, entre otros, equipamiento de braquiterapia, terapia radiante, protonterapia y radiofarmacia.

Los ingenieros Darío Giussi, Gabriel Absi, Marcelo Basigalup, Ignacio Grossi, Sebastián Classen y la contadora Ana Cabrera dirigen a más de 1700 personas dentro del Invap. Hoy, es presidido por Vicente Campenni, doctorado en Física, quien fue anteriormente gerente general y durante su gestión se logró la adjudicación del reactor nuclear Pallas en Holanda, compitiendo con empresas de Francia y Corea del Sur. También lideró la ejecución de una planta de Molibdeno-99 en India y el lanzamiento de los satélites SAOCOM 1A y 1B.

Campenni reforzó un modelo de empresa pública rentable. Según él, “nuestro objetivo no es ganar plata, pero si no se gana plata, no podemos cumplir nuestro objetivo”. Afirma que “no se puede disociar la ciencia y la tecnología, dado que la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para un objetivo específico”.

Ibyme
Ibyme

Ibyme: el legado de Houssay que amplió su influencia

El Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme) fue fundado por el Premio Nobel Bernardo Houssay en 1944, quien logró producir insulina en la Argentina, paso fundamental para el tratamiento de la diabetes.

Así, el país fue uno de los primeros en producir insulina, después de Canadá.

El doctor Eduardo Charreau inició en 1996 en el Ibyme el desarrollo de una insulina recombinante totalmente argentina, en colaboración con empresas farmacéuticas (Beta, y Denver) y con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Conicet. Actualmente, las investigaciones sobre insulina y diabetes continúan en el Ibyme bajo la dirección de los doctores Damasia Becu, Flavia Saravia y Alejandro De Nicola.

Hoy, las áreas de investigación incluyen Biología Celular y MolecularEndocrinologíaInmunologíaNeurociencias y ComportamientoOncología y Reproducción.

En el Laboratorio de Inmunología Tumoral, el equipo de la doctora Roxana Schilaci se focaliza en encontrar las proteínas que constituyen los puntos de convergencia entre las hormonas esteroideas y los factores de crecimiento en el cáncer de mama para diseñar alternativas terapéuticas útiles en el cáncer de mama más agresivo, resistente a la terapia hormonal y a la terapia anti-tirosina quinasas.

La doctora Flavia Saravia dirige el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento, cuyo foco principal es el cerebro en condiciones fisiológicas y en patologías como la Enfermedad de Alzheimer y las estrategias para revertir ciertos procesos asociados al envejecimiento cerebral, con foco en el rol del metabolismo.

Tras más de 30 años de investigación básica sobre galectinas, el doctor Gabriel Rabinovich fundó en el Ibyme la empresa Galtec, dedicada a la producción de anticuerpos y proteínas recombinantes para el tratamiento del cáncer y de enfermedades autoinmunes. Este emprendimiento tuvo reconocimiento global: el CaixaResearch Institute (Barcelona) designó a Rabinovich como líder y director de su nuevo centro de investigación.

Otros ejemplos muestran el impacto de la investigación básica en la innovación productiva:

La doctora Adriana De Siervi inició en 2014 sus estudios sobre microARN circulantes como marcadores tempranos del desarrollo tumoral. En 2022, junto con la doctora Marina Simian, cofundó la empresa Oncoliq, dedicada al desarrollo de un kit diagnóstico de cáncer basado en sus hallazgos básicos. Oncoliq recaudó recientemente US$2,8 millones en una de las rondas seed más destacadas del ecosistema biotecnológico argentino.

Los doctores Norberto Zwirner y Mariana Fuertes tras dos décadas de trabajo, desarrollaron en Ibyme y con el apoyo del Mincyt, Conicet y GlaxoSmithKline un anticuerpo (anti-MICA) como potencial tratamiento antitumoral.

IBR
IBRveroTELLO

IBR: ciencia al servicio del agro

A fines de los años 90, un grupo de científicos en Rosario comenzó a trazar un mapa alternativo: convertir el conocimiento profundo de la biología molecular en un activo estratégico, para demostrar que la ciencia básica puede ser un motor de competitividad económica. De esa visión nació en 1999 el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).

Compuesto por 240 profesionales formados en la Argentina y en el exterior, con doctorados y post doctorados, dio origen a seis startups de base tecnológica.

El IBR se presenta con una matriz diversa de líneas de investigación —agrobiotecnología, biomedicina, microbiología y biología estructural—. Allí se estudia desde la regulación del crecimiento vegetal hasta los mecanismos de resistencia a bacterias. Tres de sus referentes —Néstor Carrillo (fisiología vegetal), Diego de Mendoza (microbiología) y Alejandro Vila (biología estructural)— fueron galardonados con el Premio Konex. A esto se suma la distinción de De Mendoza como Investigador de la Nación y Premio Fundación Bunge y Born.

Entre los hitos de este año, figuran los trabajos de Leticia Llarrull en Angewandte Chemie, describiendo reacciones moleculares claves en la resistencia moleculares; y de Javier Palatnik en Nature Plants, quien profundizó en los mecanismos de regeneración en plantas, un hallazgo con potencial directo para diseñar cultivos más eficientes. Por su parte, Alejandro Vila logró un “doble hit”: reveló en Nature Communications cómo funcionan las proteínas de las bacterias que usan metales esenciales, y por otra parte The Lancet Infectious Diseases, una de las publicaciones de ciencias médicas de mayor impacto mundial, acaba de publicar un estudio desarrollado por su equipo en el que participan, (entre otros) los doctores Brenda Warecki y Pablo Tomatis, en el que abordan la problemática de las infecciones por bacterias multirresistentes a antibióticos.

Según Vila, “la resistencia a los antibióticos es una pandemia silenciosa. Antes, cuando surgía un nuevo antibiótico en el mercado, la resistencia se veía a los cuatro o cinco años. Ahora, cuando salen nuevos fármacos, ya vemos que hay resistencia preexistente”.

Con una cartera de patentes nacionales e internacionales, espacio para incubación de empresas –BioR– y seis startups originadas en sus laboratorios, el IBR valida el modelo de Company Building científico. Un caso es Fecundis, la empresa cofundada por el investigador Darío Krapf que desarrolla tecnologías para mejorar la eficiencia reproductiva en humanos y animales, atacando un problema global con propiedad intelectual propia.

Alicia Caballero

La autora es doctora en Economía. Exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, exdirectora del Banco Nación y expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Detrás de la compra de los F-16, el Sistema de Defensa argentino se derrumba

El 6 de diciembre el presidente de la Nación, Javier Milei, junto con su ministro de Defensa saliente, Luis Petri y altos jefes militares, participaron en la presentación de los aviones F-16 adquiridos en Dinamarca. La adquisición de este sistema de armas, fue objeto de una intensa campaña de publicidad o, mejor dicho, de acción psicológica, para contrarrestar cualquier opinión contraria a la decisión de adquirir dichos cazas, con sus implicancias políticas y económicas.

Desde el punto de vista político, forma parte de una narrativa para poner en evidencia la existencia de una gestión en el área de Defensa, a diferencia del kirchnerismo. El arribo de ocho vehículos de combate ICV Stryker 8×8 destinados a la X Brigada de Infantería Mecanizada, desplegada en La Pampa, también fue anunciado con “bombos y platillos” como otro de los grandes éxitos de la gestión mileísta. Estamos frente a “puestas de escena” cuando la realidad de la Defensa Nacional en Argentina es bien distinta. 

¿Qué es el Sistema de Defensa Nacional? ¿En qué situación está?

La ley 23.554 de Defensa Nacional de 1987 establece las bases jurídicas y la organización del Sistema de Defensa Nacional, al que podemos definir como el conjunto de instituciones, funcionarios y la ciudadanía, organizada y preparada para planificar, conducir y ejecutar la defensa nacional. La citada norma establece una clara estructura donde encontramos al presidente de la Nación, el Consejo de Defensa Nacional, el Congreso de la Nación, el ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y el pueblo de la Nación (organizado a través de los servicios militar, civil, movilización y defensa civil). 


Obviando la increíble destrucción del Sistema de Defensa, Martín Menem mira sonriente el abrazo entre Luis Petri y Javier Milei durante la presentación de los F-16 de segunda mano.

El presidente es responsable de la dirección de la Defensa Nacional y, en caso de conflicto armado, cuenta según la ley con el Consejo de Defensa Nacional para el asesoramiento y asistencia en la conducción estratégica de la misma y al Comité de Crisis, para la conducción estratégica militar.  En tiempos de paz, las pautas orientadoras sobre la política de Defensa Nacional, surgen de la Apreciación y Resolución de la Estrategia Nacional, tarea en la que interviene el Consejo de Defensa (organismo formado por los ministros, titular del organismo de inteligencia nacional, vicepresidente y representantes de las comisiones de Defensa del Congreso) en calidad de órgano de asesoramiento y de debate estratégico. Este Consejo nunca fue convocado desde que fuera creado en 1987. Asimismo, tiene la responsabilidad de la redacción de anteproyectos de ley de Inteligencia, Orgánica de las Fuerzas Armadas; Territorial y de Movilización Nacional; Orgánica para la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval; Producción para la Defensa; Inteligencia Nacional; y Secreto de Estado.

La actual ley de Inteligencia fue iniciativa del poder ejecutivo, nunca convocó al Consejo de Defensa. No existe ningún proyecto sobre ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ni de secreto de Estado. En cuanto a las normas sobre Gendarmería y Prefectura, por medio de sendos decretos de necesidad y urgencia de dudosa constitucionalidad, fueron modificadas a instancias del ministerio de Seguridad nacional. En cuanto a las leyes de Producción de Defensa y Movilización, existen numerosos proyectos en el Congreso y el ministerio de Defensa, pero ninguno llegó muy lejos. Por ejemplo ¿qué utilidad tendría una ley de Movilización? Más allá de una situación de conflicto, en caso de emergencia nacional, ante una catástrofe de magnitud, como fue la pandemia COVID 19, el estado tendría las herramientas para conocer capacidades industriales, logísticas, recursos humanos para hacer frente a una emergencia y movilizarlas en el momento indicado. 

En caso de una crisis grave, estamos ante vacíos en materia de movilización, organización territorial, confusión de roles y niveles de la conducción de la defensa, agregándose que el sistema de defensa, como está previsto por la ley, nunca fue activado. Los vacíos en materia de planeamiento, quedan reflejados en no haber actualizado la directiva de Defensa Nacional que data de 2021. 

Desde hace años, también se espera una ley de Reservistas. El personal que presta el servicio militar nunca más pisa un cuartel. Existe una pequeña estructura de reservistas, pero carentes de una capacidad operativa real. La gestión de Petri, como la de sus antecesores, mantuvo una absoluta indiferencia al respecto. Esto se traduce, por ejemplo, en caso de una emergencia, no disponer de herramientas para convocar a personal entrenado para complementar las organizaciones existentes. 


Los abrazos, una constante en la presentación de los F-16. Algo similar ocurrió con los submarinos «llave en mano», que volvieron a hipotecar el futuro industrial de Argentina.

El Sistema de Defensa Nacional, previsto por la ley 23.554 de Defensa, solo existe en el papel. En estos dos años de gestión del Luis Petri no hubo avances para adecuar por lo menos el marco jurídico que la citada norma exige y menos en materia de planeamiento. Por ende, el país carece de sistema de movilización, organización de reservistas, reforma militar, etcétera. 

La política de “bienestar” del personal militar en tiempos libertarios  

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ha sido de público conocimientoEn 2023 y a pesar que la entidad tenía problemas en cuanto a la calidad de sus prestaciones, tenía un superávit de 2.960 millones de pesos. En dos años, las estimaciones sobre las deudas contraídas durante la gestión libertaria rondan entre los 126.000 millones a 220.000 millones, afectando las prestaciones del instituto en todo el país y llegando en 2025 a un nivel de gravedad que afecta los tratamientos contra el VIH, cáncer, diabetes, crisis en las farmacias del IOSFA.

En dieciocho meses pasaron tres presidentes, que tuvieron que lidiar con denuncias sobre contrataciones, recortes de servicios, toma de deuda por cifras multimillonarias (40.000 millones de pesos pedidos a la caja militar, el Instituto de Ayuda Financiera, con tasas de interés muy superiores al otorgado por el sistema bancario). Los retrasos de entrega de medicamentos / tratamientos incrementó los litigios tanto en el plano administrativo como judicial, con amparos por la falta de entrega de medicamentos. El desmantelamiento de las auditorías -como denuncian sectores sindicales- impidió controles internos sobre presuntas irregularidades. Tal y como lo dio a conocer REALPOLITIK, en octubre de 2025 el ministerio de Defensa tuvo que liberar 15.000 millones de pesos para cubrir deudas para seis droguerías, entre ellas la cuestionada Suizo Argentina por el caso ANDIS.  

La crisis de IOSFA llevó, al parecer, al ministerio de Defensa a proponer dividir la entidad, que engloba también a beneficiarios de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Mientras tanto, hay 600 mil afiliados rehenes de la crisis de la obra social. En el gobierno que dice defender la libertad, no adopta medidas para que los afiliados a IOSFA tengan el derecho a optar por los distintos agentes de salud, como prevé la ley 23.660, agregándose que tampoco se habla de colocar a la obra social militar bajo la supervisión de la superintendencia de Servicios de Salud, organismo responsable de la fiscalización, regular y control del sistema de obra sociales. Esto mejoraría sin ninguna duda a la transparencia, contrarrestar irregularidades y aplicar sanciones. 

COVIARA, una empresa de larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, creada para desarrollos inmobiliarios para la Armada y Prefectura Naval, históricamente fue una organización con reducido personal y con cuentas ordenadas. Desde 1996 no recibe aportes del Tesoro nacional, llegó a diciembre de 2023 con cuarenta empleados y cuentas equilibradas. Tiene un historial exitoso de haber construido 8 mil viviendas. La gestión Petri terminó con una empresa que en poco tiempo alcanzó un déficit de 1.000 millones de pesos y en el marco del programa privatizador del gobierno, fue decidido su transformación en sociedad anónima, para abrir paso a su fusión con la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, entidad creada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para desarrollos inmobiliarios en terrenos que pertenecieron a los ferrocarriles, con el objetivo de promover el fortalecimiento del fondo de garantía de la ANSES.

Realmente sería interesante saber el fundamento para fusionar una empresa de desarrollo inmobiliario específico para las Fuerzas Armadas con una entidad creada para el desarrollo de predios ferroviarios y otros terrenos ociosos, en espacios verdes, emprendimientos inmobiliarios con una función social, además de generar recursos para la ANSES. El premio consuelo al desguace del único organismo de las Fuerzas Armadas con capacidad de construir viviendas, fue un programa de créditos del Banco de la Nación Argentina para el acceso a la primera vivienda para personal militar. 

El ministerio de Defensa anunció con “bombos y platillos” que el personal del Servicio Militar Voluntario tendría la obligación de terminar la educación secundaria, anunciando un plan de estudios adaptado al personal de tropa, con participación del ministerio de Capital Humano. Asimismo el decreto 372/2025 faculta al ministerio de Defensa para celebrar convenios con organismos públicos y privados, nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales para la implementación de programas de capacitación laboral con certificaciones y/o titulaciones oficiales. Los cambios introducidos por el decreto guardan silencio sobre aspectos en materia de beneficios previstos por la ley 24.429 que regular el Servicio Militar Voluntario, que en su artículo 9º dispone:

b) Se les otorgarán condiciones preferenciales o puntaje adicional para su ingreso a la administración pública nacional y a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, poder judicial de la nación y poder legislativo nacional, y para la adquisición de viviendas en los planes nacionales y municipales. Se invita a las provincias a adherirse a lo establecido en el presente inciso y a solicitar a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones seguir igual temperamento;

c) El cumplimiento del SMV generará los beneficios y ventajas que fije la reglamentación para el ingreso a todas las fuerzas de seguridad, policiales y al Servicio Penitenciario;

d) Las fuerzas armadas podrán certificar la capacidad laboral en aquellos casos que desempeñen o sean capacitados para oficios o tareas de aplicación civil;

e) Se otorgarán facilidades para el ingreso a los institutos militares.

Lamentablemente el decreto 372/2025 guardó silencio al respecto y pone en evidencia que las medidas anunciadas simplemente eran para “la foto” y mera “narrativa” de la estrategia de marketing de Luis Petri para mostrar “gestión”. 


Petri posando frente a los F-16 de segunda mano, un capítulo que se suma al de las fragatas danesas Iver Huitfeldt consideradas «chatarra naval».

Se estima que casi el 60 por ciento del personal militar en actividad cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, afectando obviamente las jerarquías más bajas, especialmente suboficiales y soldados. En dos años unos 19 mil efectivos abandonaron el uniforme, especialmente por razones económicas. Por ejemplo, un capitán del Ejército o teniente de navío de la Armada, a mediados del año 2025, tuvo un salario de alrededor de 1.109.913, mientras que un subteniente o alférez (primera jerarquía de oficial del Ejército y Fuerza Aérea respectivamente) apenas supera los 800 mil. Entre los suboficiales, los salarios oscilan entre 765 y 850 mil.

En muchos casos, los ingresos están por debajo de la línea de pobreza, que en agosto fue de 1.160.780 para una familia tipo, en los términos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Es diversos medios fue publicado el salario básico de un cabo enfermero, de unos 500 mil. La carrera militar es sacrificada, por el proceso de selección, las exigencias profesionales y la movilidad geográfica, esto no se ve compensado con salarios y programas de bienestar. Pocos los dicen pero la “fuga” abarca cuadros altamente capacitados, que afecta el funcionamiento de organismos logísticos, la flota aérea militar, el sistema de salud, por dar unos ejemplos. 

El “diktat” de Estados Unidos: las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico

La Argentina pasó del voluntarismo patriotero del kirchnerismo, lleno de expresiones sobre Malvinas, la Pampa Azul, los intereses marítimos -que en los hechos no se tradujo ni en el desarrollo de capacidades defensivas, geoestrategia para contrarrestar el accionar británico en el Atlántico Sur o la puesta en marcha de la base integrada de Ushuaia- a un alineamiento “automático” con Estados Unidos, donde la cuestión Malvinas pasó a segundo plano y el discurso se centró en la vaguedad que las Fuerzas Armadas vienen a defender la “libertad de los argentinos” y comenzó a deslizarse en el discurso una agenda que viene desde Washington, especialmente en involucrar a los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Así lo manifestó el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en defensa de su proyecto de reforma de ley de Seguridad Interior: “Llegó el momento de garantizar que ante amenazas terroristas vamos a utilizar todo el poder y la potencia del estado, y todos los instrumentos a disposición del estado, entre ellos el instrumento militar”. En este punto, la pregunta obligada es a qué amenaza terrorista se refiere el ministro. No lo aclaró.

Cabe recordar qué decía el proyecto, que por suerte duerme el sueño de los justos en la comisión de Defensa de Diputados: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina – Ley 11.179 (TO 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia. En el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración. En caso de detectar un presunto delito, las Fuerzas Armadas deberán adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez competente, según corresponda. El ministerio de Defensa deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado. En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las Fuerzas de Seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas a la realización de operaciones de Seguridad Interior».

El contenido del proyecto parece indicar que los asesores del ministerio de Defensa no saben o no entienden que el personal militar no está capacitado para acciones propias de una fuerza policialAdemás, es interesante resaltar, a este gobierno tan cercano a Estados Unidos, en dicho país, la Posse Comitatus Act prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses actuar en cuestiones de seguridad interior, solo en condiciones que sea autorizado expresamente por el Congreso en casos excepcionales, ante conatos de guerra civil o sedición. 

Una vez más, Petri siguió la “costumbre” común en los titulares del ministerio de Defensa -iniciada en 2011 con la Operación Escudo Norte- de enviar a militares en apoyo a las fuerzas federales a vigilar la Frontera Norte. La resolución que prevé la Operación Julio Argentino Roca, como se denomina el despliegue de fuerzas militares en la zona norte de nuestro país, tenía previsto el inicio de las actividades en abril de 2025, pero finalmente el despliegue comenzó en agosto, por medio de otra resolución (prueba del nivel planeamiento en lo que respecta al equipo político del ministerio de Defensa).

El grado de improvisación de la resolución 347/2025 es notorio. En su artículo 1 dice: “Dispónese el inicio de la ‘Operación Presidente Julio Argentino Roca’, en adelante ‘Operación Roca’, que implicará el despliegue de medios y personal a desarrollarse en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025”. No se fijan objetivos, por ende, afecta al planeamiento y a los medios desplegados. Estamos otra vez ante la improvisación, agregándose un tema no exento de polémica: la facultad de aprehensión en caso de flagrancia. Las reglas de empeñamiento que determinan bajo las circunstancias que puedan ser detenidos civiles por personal militar en casos de flagrancia, fueron declaradas de carácter reservado. Un hecho inadmisible en tiempos de democracia. A ello se agrega que la resolución entra en colisión con la ley 24.059 de Seguridad Interior, que es muy clara respecto a las circunstancias en las que pueden actuar las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Solo es aceptable dictar reglas de empeñamiento o enfrentamiento, tengan carácter reservado en caso de un conflicto armado. 

La Operación Roca,es una manera encubierta de dar roles policiales a las Fuerzas Armadas para lidiar con problemas tales como el contrabando, tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos de índole federal. Asimismo, la eficacia del patrullaje tiene limitaciones sin inteligencia y ante la falta de cooperación transfronteriza con organismos de seguridad de Bolivia. Un tema espinoso es la ley de Derribos como aplica Brasil, de la que Patricia Bullrich era ferviente partidaria, pero Estados Unidos no está de acuerdo con su aplicación y al parecer el gobierno argentino es permeable a esta postura.

Por ende, en la frontera norte solo hay fuerzas terrestres, apoyados por un avión de Diamond de patrulla y reconocimiento, algunos helicópteros cargados de años, radares fijos y móviles, pero con ausencia de medios aéreos destinados a la interceptación y policía aérea. Las plataformas ideales son el IA-63 Pampa y el avión de ataque liviano FMA IA-58 Pucará, cuyo programa de modernización está paralizado. El ministerio de Defensa tampoco explica por qué nunca se adquirió un avión de alerta temprana como exige del decreto 1407/2004 de creación del Sistema Nacional de Vigilancia Aeroespacial. 

El fracaso de la gestión de las empresas de Defensa

La llegada del presidente Javier Milei a la presidencia abrió nuevamente las puertas para las privatizaciones al mejor estilo de la década del 90. De años de manejo irresponsable, con excepciones, pasamos a una política de deshacerse de valiosos activos del estado, donde una vez más, como en tiempos del menemismo, el ahorro público pasa a manos privadas con un criterio recaudador. Las empresas del área de defensa no fueron la excepción.

La Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), ubicada en la provincia de Córdoba, es crónica de un fracaso, agregándose el amateurismo con el cual se maneja la empresaincluyendo al ministerio de Defensa, en especial cuando una ignota empleada hizo una serie de modificaciones al contrato de modernización de seis aviones Pampa III “Block 2”. La justificación de la exjefa de asesores de Luis Petri, Luciana Carrasco, en la Cámara de Diputados, fue que hubo errores administrativos –no quedó en claro cuáles– y que no permitiría que contratos de defensa “salvaran” a la empresa con problemas de gestión. Un detalle que la funcionaria olvidó, es que el estado nacional es el principal accionista y el ministerio de Defensa tiene responsabilidades. Si hay mala gestión, ello atañe al organismo al que ella pertenecía. Asimismo, demuestra desconocimiento al impedir que la Fuerza Aérea disponga de medios adecuados para entrenamiento avanzado, con los recursos tecnológicos correspondientes, para los futuros pilotos de los aviones F-16, la nueva “joya de la corona” de la aeronáutica militar.

FAdeA está íntimamente ligada a la Fuerza Aérea. La temática de la investigación, desarrollo y producción, en lo que específicamente le corresponde, fue considerada y estructurada por dicha institución como una actividad más, insertas en las direcciones Generales de Sistemas y Material. La primera era responsable de la investigación, desarrollo y administración de proyectos, siendo la parte ejecutiva la dirección de material, tanto en la fabricación (la ex Área Material Córdoba, hoy FAdeA) como al mantenimiento y reparación. La privatización del Área Material Córdoba / Fábrica Militar de Aviones rompió con este equilibrio, dado que la citada entidad estaba orientada a producir aeronaves específicas para la Fuerza Aérea, además de mantenimiento y modernización del material aéreo en servicio. En síntesis, nunca tuvo un fin comercial. Por sus capacidades e instalaciones, debería haber sido el centro de apoyo a los aviones F-16, pero curiosamente la Fuerza Aérea, dispersando medios y recursos, invirtió el esfuerzo en el Área Material Río Cuarto, agregándose que las otras fuerzas también tienen instalaciones de mantenimiento aeronáutico y, como señaló el ingeniero Ricardo Runza, reconocido experto en la materia: “Es como tener cinco FAdeA, lo que genera un gasto ineficiente”. 

Fabricaciones Militares SAU también atraviesa problemas, a pesar de tener una oportunidad con el potencial del negocio minero que demanda el uso de explosivos, el ministerio de Defensa poco y nada hace para la puesta en valor de la Fábrica Militar de Explosivos y Pólvoras de Azul, conocida como FANAZULLa planta está completamente paralizada.

La planta de Jáchal fue desmantelada a pesar del potencial del negocio de la minería en la región de Cuyo. Despidos, recortes de presupuesto, llevaron a un “estado de alerta” gremial. La planta de Río Tercero, está una situación crítica, afectada por los retiros voluntarios, líneas de producción paralizadas (como la metalmecánica, destinada a reparar/construir vagones). En este sentido, la crisis de Petroquímica Río Tercero que compraba el 90 por ciento de ácido nítrico, que garantizaba el pago de salarios de la fábrica militar, fue un golpe de gracia.

Existe la posibilidad cierta del cierre de una planta industrial clave en la producción de químicos vitales para fabricar explosivos, pólvoras, etcétera. La planta de Villa María solo produce pólvoras monóbasicas, quedando paralizada la producción Nitroglicerina y Dinamitas, como el área de planta de ácidos y nitrocelulosasLa fábrica Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, sobrevive produciendo chalecos y municiones

Tandanor SACIyN fue el taller de reparaciones navales más grande del Atlántico Sur en su momento, hoy acumula deudas con proveedores; tiene proyectos paralizados como la construcción de una docena de remolcadores. La empresa padece las consecuencias de la política económica, que afecta a la industria naval. A ello se agrega la falta de creatividad para aprovechar las instalaciones del astillero Almirante Storni, en asociación con el sector privado.

El “gran éxito” del área de Industria del ministerio de Defensa es organizar congresos y seminarios, como el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa, llevado a cabo los primeros días de octubre de 2025, donde expusieron empresas, las fuerzas armadas, organismos de ciencia y tecnología. En otras palabras, una expresión de deseo a cielo abiertoPuro marketingcomo la tradicional entrega de medallas a veteranos de la guerra de Malvinas. Espectáculo de bandas, visitas abiertas al público.

Mientras los funcionarios del área de Defensa se llenan la boca de proyectos, Fabricaciones Militares es objeto de una estrategia de vaciamiento, FAdeA SA agoniza y Tandanor se llena de deudas.

Los países vecinos siguen otra estrategia. Chile apuesta a un ambicioso programa de construcciones navales y la fabricación del avión de instrucción básica Newen. Brasil se posiciona como exportador de aeronaves militares con sus productos estrella: el avión de transporte táctico KC390 y el avión de ataque liviano Super Tucano. Perú va por un programa de construcción de fragatas y cierra acuerdos para ensamblar blindados con tecnología surcoreana (paso previo a desarrollar capacidades de fabricación). 

Defensa Nacional en Argentina, un espejismo

En dos años de gestión libertaria de la Defensa el país sigue sin un Sistema de Defensa Nacional operativo. La negativa de invertir en obra pública afecta la “preparación territorial”, o sea, el desarrollo de infraestructuras de utilidad para el desarrollo, pero también para la defensa nacional (puertos, aeropuertos, redes ferroviarias que puedan emplearse para el despliegue de fuerzas en una crisis).

El presidente Javier Milei posando frente al F-16 de segunda mano comprado a Dinamarca.

El campo de batalla del siglo XXI demanda innovación tecnológica, algo difícil en el clima de austeridad fiscal, además de observar escasos avances en materia de sistemas no tripulados, ciberdefensa, sistemas de comando y control; defensa antiaérea moderna; de adquirir una plataforma aérea de alerta temprana; un despliegue inadecuado, que obedece a criterios geopolíticos ya superados; falta de expectativa profesional por bajos salarios y prestaciones sociales deficitarias; faltan millares de soldados para un adecuado funcionamiento de las unidades; un complejo industrial en agonía, con pérdida de recursos humanos valiosos y capacidades productivas difíciles de recuperar.

Bases y cuarteles están en mal estado. La lista sigue. No cabe duda que la gestión libertaria, ironías del destino, se asemeja al kirchnerismo que tanto crítica: improvisación, narrativa y voluntarismo. Mientras tanto, la Argentina permanece indefensa e inerme frente a un escenario internacional cada vez más inseguro y voraz por los recursos naturales. Y es precisamente a raíz de estas riquezas que, tarde o temprano, el mundo golpeará nuestras puertas.

Jorge Suárez

Después de Petronas, Shell se retira del proyecto Argentina LNG

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Luego de que Petronas se retirara en diciembre del año pasado del proyecto de exportación de gas natural licuado que lidera YPF, Shell apareció inmediatamente como su reemplazante neutralizando la incertidumbre que había generado la salida de la compañía de Malasia. Sin embargo, un año después es la propia Shell la que decidió bajarse.  

“Shell ha decidido no avanzar con la fase inicial del proyecto de GNL de Argentina. Inicialmente, Shell solo participó en la fase pre-FEED. Seguimos considerando a Argentina como un mercado de crecimiento potencialmente atractivo para la exportación de GNL. Por lo tanto, Shell continúa explorando opciones de expansión con YPF para el GNL de Argentina”, aseguró la firma a través de un breve comunicado.

La decisión de Shell se vio influenciada por varias razones y, si bien en el último año YPF logró también sumar a la italiana ENI y pugna por conseguir el desembarco de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dhabi, lo cierto es que el retiro de la compañía angloholandesa no es una buena noticia para el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado.

Tercero en discordia

Fuentes del mercado reconocieron que el ingreso de ENI descolocó a Shell. El proyecto inicial era solo con YPF y de pronto la firma angloholandesa se encontró con un tercer socio con el que no tiene una relación muy fluida en el escenario internacional. Son compañías con una cultura institucional diferente que no terminan de congeniar. Por lo tanto, ese desembarco introdujo ruido en la relación con YPF.

En diciembre de 2024, YPF y Shell habían firmado el acuerdo de desarrollo del proyecto consistente en la instalación de un buque licuefactor con una capacidad de 6 MTPA. A su vez, en junio de este año, YPF y ENI firmaron un nuevo acuerdo, en el que se definieron los pasos requeridos para alcanzar la decisión final de inversión de la última fase del proyecto “Argentina LNG”, que prevé la incorporación de 2 buques con una capacidad conjunta de 12 MTPA. Además, se informó que YPF, Shell y ENI integrarían estas fases para optimizar costos y acelerar plazos. De este modo, ambas fases iban a avanzar de manera conjunta compartiendo infraestructura clave

YPF, por su parte, parece sentirse más cómoda con ENI que con Shell. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, entabló una relación fluida con su par italiano Claudio Descalzi, que nunca llegó a tener con las autoridades globales de Shell. Además, el paraguas político que brinda la buena relación entre el presidente Javier Milei y la presidenta de Italia Giorgia Meloni también colaboró para estrechar ese vínculo.

Horacio Marín junto a su par italiano de ENI Claudio Descalzi. En el fondo, Javier Milei y Giorgia Meloni.

Presiones privadas y públicas

Al mismo tiempo que reforzó su alianza con ENI, en su afán de acelerar los plazos del proyecto —que de concretarse llevará el desarrollo de Vaca Muerta a otro nivel global— la compañía controlada por el Estado Nacional empezó a presionar a Shell para que se comprometiera más con la iniciativa, primero de forma privada y luego públicamente. “Estamos trabajando para cerrar el acuerdo, pero si no es Shell será otra compañía, la vida es así«, aseguró Marín en el último Forbes Energy Summit para referirse a la marcha de la denominada Fase III del proyecto Argentina LNG.  

«La velocidad que le estamos imponiendo con ENI y ADNOC no es una forma normal de hacer las cosas. Ya tenemos los barcos, negociaciones encaminadas, vamos muy rápido», agregó para diferenciar del ritmo de las charlas con Shell.

Esa presión pública incomodó a Shell, la cual, al verse forzada a tener que definir en plazos que no eran los que tenía previstos, decidió finalmente dar un paso al costado.

El desafío de la integración

En medio de esa negociación hubo otro dato que molestó a la compañía angloholandesa. YPF negocia el desembarco de la italiana ENI en tres áreas de Vaca Muerta en la ventana de gas húmedo donde la petrolera está asociada con Pluspetrol: Aguada Villanueva, Las Tacanas y Meseta Buena Esperanza. Cuando se enteró de esta negociación, Shell dejó trascender en privado que le interesaba sumarse, pero su pedido no tuvo una buena recepción por parte de YPF.

La salida de Shell supone un doble desafío para YPF. Por un lado, porque desde el punto de vista financiero es un golpe para el proyecto que esta compañía haya quedado afuera. Y, por otro lado, porque la intención es que los socios de Argentina LNG trabajen de manera integrada a lo largo de toda la cadena de producción.

Shell ya está trabajando en el upstream de Vaca Muerta, donde acaba de inaugurar una planta de tratamiento de petróleo y gas en Bajada de Añelo, una de las áreas que opera en Neuquén. ENI y ADNOC, en cambio, no operan en la formación no convencional y su desembarco va a llevar cierto tiempo en caso de que las negociaciones avancen.

Fernando Krakowiak y Nicolás Gandini

A 60 años que Jorge Leal llevó la bandera argentina al Polo Sur

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Jorge Edgar Leal nació en 1921 en Rosario de la Frontera, Salta, en el extremo noroeste argentino. Ingresó de joven al Colegio Militar de la Nación y desarrolló la carrera militar hasta que llegó a sus oídos la noticia de que el general hernán Pujato, a cargo del recientemente creado Instituto Antártico Argentino (IAA), necesitaba oficiales.

Fue entonces, a inicios de la década del cincuenta, cuando su vida dio un giro inesperado. Desde la tierra de Güemes partió, con poco más de treinta años de edad, hacia misiones de frontera en las regiones más australes del país. A partir de ese momento, su destino quedó para siempre ligado al continente blanco.

El gobierno de entonces, encabezado por Juan D. Perón, fue decisivo para el reclamo argentino de soberanía sobre una porción de la Antártida y mares adyacentes. Desde 1943, cuando Gran Bretaña lanzó la Operación Tabarín, la tensión en el sur se intensificó: Inglaterra buscaba fortalecer su presencia para sostener sus exigencias sobre un espacio que abarca la totalidad del territorio pretendido por Chile y Argentina. El presidente Perón tomó cartas en el asunto e inició una etapa de crecimiento y consolidación de la presencia nacional en la región antártica. En ese sentido, una de sus decisiones paradigmáticas fue la implantación en 1946 del mapa bicontinental de la Argentina (el mismo que en 2010 fue declarado obligatorio para el uso en organismos públicos). Más adelante, en 1951, se puso en marcha el IAA dentro del Ministerio de Asuntos Técnicos, siendo el primer organismo científico antártico del mundo. Y el mismo año se estableció la base San Martín, la primera continental al sur del Círculo Polar.

Fue en ese contexto que Hernán Pujato seleccionó a Jorge E. Leal para fundar una nueva base del Ejército en la Antártida. Así fue que, en 1953 y con escasos medios, el joven oficial de Caballería estableció la base Esperanza —que hoy constituye un pequeño poblado y alberga la primera y única escuela del continente—. Luego cumplió funciones en la base San Martín y en la base Belgrano I. Este último destino le fue asignado tras el golpe de 1955 y la destitución de Pujato debido a sus vínculos con el peronismo.

A partir de entonces, Leal se convirtió en la figura central del Ejército en la Antártida, llegando a ocupar el cargo de Director Nacional del Antártico (DNA) tras su creación en 1969.

A fines de la década de 1950 se establecieron internacionalmente las bases del régimen jurídico antártico. Luego del Año Geofísico Internacional (1957-1958), se avanzó en la firma del Tratado Antártico (1959). Leal participó activamente en este proceso crucial para la historia del continente blanco y para la defensa de la posición argentina en la mesa de negociación. Nuestro país había sido pionero en la exploración de la región, con hitos indiscutibles como la presencia permanente desde 1904 en la base Orcadas, la más antigua del continente.

Sin embargo, requería alcanzar un objetivo simbólicamente decisivo: ser una de las naciones capaces de llegar al Polo Sur. Noruega, Gran Bretaña, la expedición transantártica de la Commonwealth y los Estados Unidos —que en 1957-1958 establecieron la base Amundsen-Scott en el propio vértice sur del planeta— ya lo habían logrado. Por eso, a comienzos de los años sesenta, la Argentina se propuso alcanzar también esa meta.

La preparación

Antes de la excursión terrestre, se realizaron dos viajes al Polo Sur por aire. Primero, fue la Armada la que a inicios de 1962 logró aterrizar dos aviones C-47 de la Aviación Naval, izando por primera vez la bandera argentina en el extremo austral del mundo. Segundo, fue la Fuerza Aérea la que repitió la proeza en noviembre de 1965, con tres aviones, uno los cuales continuó viaje hasta la base McMurdo de los Estados Unidos, atravesando todo el continente y constituyéndose en el primer vuelo transpolar argentino. Ambos fueron logros significativos y los datos cartográficos que aportaron fueron de importancia ya que el territorio entre el Mar de Weddell y el polo era prácticamente desconocido.

Pero el verdadero desafío era lograr llegar por tierra, tarea que fue encomendada al Ejército y, en particular, a Jorge E. Leal. Durante tres años, el coronel trabajó en cada detalle. A fines de 1963, desde la base Belgrano se iniciaron los estudios de terreno para definir posibles rutas hacia el interior de la meseta antártica. Esa planificación incluía establecer una base de apoyo intermedia —aproximadamente a los 83° de latitud sur— equipada con provisiones, combustible y material técnico.

Para la travesía se seleccionaron seis tractores snow-cat, capaces de desplazarse sobre la nieve y arrastrar trineos cargados de suministros. También se definieron el vestuario, el equipamiento, las herramientas mecánicas y la composición del grupo. La correcta selección del personal era fundamental: en un entorno tan extremo no solo se ponía a prueba la preparación técnica, sino también la fortaleza anímica de cada integrante.

Debe tenerse en cuenta que, tras la firma del Tratado Antártico, la expedición debía poseer un carácter eminentemente científico. Por ello se trasladó personal especializado y equipos destinados a realizar mediciones en glaciología, meteorología y gravimetría. Sin embargo, la misión también respondía a un objetivo estratégico fundamental: afirmar la capacidad argentina de alcanzar todos los rincones del territorio que considera propio en la Antártida. No se trataba sólo de una hazaña exploratoria o de un proyecto científico, sino también de un acto deliberado de soberanía territorial.

La expedición

El 26 de octubre de 1965 comenzó la Operación 90. A partir del reconocimiento aéreo se tenía una idea general del terreno, pero aún se ignoraban sus peligros concretos; por eso el avance debía ser lento y extremadamente cuidadoso. El equipo, integrado por diez hombres, partió desde la base Belgrano situada en la Barrera de Hielos Filchner. Hasta el Polo Sur los separaban unos 1.500 kilómetros mayormente desconocidos.

Es fundamental destacar el papel de la patrulla que abrió camino —la llamada Patrulla 82, compuesta por cuatro hombres con trineos tirados por perros— que cartografió montañas desconocidas (como el cordón Santa Fe) y marcó una ruta segura evitando grietas y zonas intransitables. El 4 de noviembre, la patrulla de apoyo y la columna de asalto se reunieron en base Sobral —instalada ese mismo año como base científica avanzada— donde realizaron mantenimiento mecánico.

La dureza de la travesía quedó registrada en el informe de viaje de Leal, así como en numerosos relatos posteriores: grietas enormes, tormentas, frío extremo y situaciones de riesgo. De hecho, uno de los mecánicos resultó herido en Sobral y debió ser reemplazado, lo cual alteró la composición del grupo, aunque no detuvo la misión. En la Antártida, por aquellos tiempos, incluso una lesión menor podía convertirse en una amenaza grave.

Desde base Sobral continuaron hacia la meseta, enfrentando ventiscas, grietas y la vastedad implacable del continente blanco. La columna principal avanzó con seis tractores snow-cat, que remolcaban trineos cargados con provisiones, combustible y equipos. El trayecto fue duro: tormentas constantes, temperaturas inferiores a –30 °C, luz permanente del verano polar y un terreno traicionero con grietas capaces de engullir un convoy completo. Por lo que el esfuerzo físico y mental es muy alto, con largas marchas, desgaste permanente de la maquinaria y condiciones meteorológicas severas. A ello se sumaban dificultades de orientación, ya que la brújula no funciona en esas latitudes y durante el día polar no pueden usarse las estrellas. Además, el fenómeno del “blanqueo antártico” —la ausencia total de sombras por la reflexión uniforme de la luz— eliminaba el contraste y la percepción de profundidad, generando desorientación y riesgos permanentes.

Luego, en medio de la nada, en la inmensidad del continente blanco, llegó un nuevo problema: el hielo. Cuenta Alfredo Pérez, el último sobreviviente de la expedición, que “no teníamos experiencia en la altura. Siempre trabajamos en el llano. Nuestros esquíes estaban hechos para operar en la nieve. Pero cuando alcanzamos los 1200 metros de altura se acabó la nieve y apareció hielo… ¡y el hielo nos rompió los patines de los trineos en los que llevábamos la carga! De pronto, entendimos que teníamos que volver, no nos quedaba otra, porque no teníamos donde llevar la nafta. Imagínese, habíamos hecho ya casi 600 kilómetros… Los trineos no estaban preparados para suelo duro, eran para nieve. Y a nosotros ni se nos ocurrió que íbamos a encontrar hielo”.

Sin embargo, cuando estaban por bajar los brazos, encontraron una solución muy argentina para su problema. ¡Lo ataron con alambre! Continúa Pérez: “estuvimos dos días soldando con la autógena, atando con alambre y con soga. Así logramos recuperar cinco trineos y pudimos seguir. A partir de ahí bajamos aún más la velocidad, anduvimos con muchísimo cuidado, despacito”.

Finalmente, tras 45 días, el 10 de diciembre de 1965 el grupo alcanzó el Polo Sur. Por primera vez en la historia, la Argentina llegó por tierra con su bandera al extremo austral de su territorio: 7.582 kilómetros al sur de La Quiaca. El equipo que alcanzó el Polo Sur bajo el mando del coronel Leal estuvo formado por diez integrantes: Jorge Edgar Leal (jefe del grupo), Gustavo Adolfo Giró (segundo jefe y responsable de las tareas científicas), Ricardo Bautista Ceppi (suboficial principal, mecánico), Julio César Ortíz y Alfredo Florencio Pérez (sargentos ayudantes, mecánicos), Jorge Raúl Rodríguez, Roberto Humberto Carrión, Adolfo Oscar Moreno y Domingo Zacarías (sargentos primeros, mecánicos, topógrafos y comunicaciones), y Oscar Ramón Alfonso (cabo, patrulla).

Tras cinco días de recuperación en la base Amundsen-Scott (¡luego los estadounidenses mandaron el gasto de comida a la embajada argentina!), el 15 de diciembre iniciaron el regreso, que fue más rápido al recorrer un camino conocido. El 31 de diciembre estaban de vuelta en la base Belgrano. La expedición completa duró 66 días y recorrió cerca de 2.980 kilómetros, llegando al vértice absoluto del país: el extremo del mundo.

El legado

Argentina se convirtió en el primer país en alcanzar el Polo Sur partiendo del mar de Weddell y regresando a él, siempre dentro del Sector Antártico Argentino. Además del valor simbólico y político, la misión dejó un legado científico significativo: durante la marcha se realizaron observaciones geológicas, gravimétricas y meteorológicas que aportaron información inédita sobre una de las zonas menos conocidas del continente.

Pero la cuestión de fondo de la Operación 90 no era simplemente explorar: era ejercer soberanía. Para Leal, la expedición representaba la prueba concreta de que la Argentina poseía la capacidad técnica, logística y humana para alcanzar “los últimos reductos” de su territorio antártico. Para él, la misión tenía un propósito central: “afirmar la capacidad argentina de alcanzar todos los rincones de lo que considera su territorio soberano, fortaleciendo los derechos de soberanía que el país esgrime en la Antártida Argentina.” Al llegar al Polo Sur por tierra, el país demostró que podía conectar su presencia efectiva con el extremo más remoto de la Tierra.

La gesta consagró a Leal —hasta su fallecimiento en 2017— como uno de los grandes referentes de la Antártida Argentina, junto a Hernán Pujato, a quien siempre reivindicó. Y su compromiso no terminó con la expedición: continuó participando en políticas de presencia y apoyo logístico, impulsando la defensa de los derechos argentinos en el sistema antártico e integrando debates sobre el futuro de la región. Su figura encarna la voluntad de una nación de llevar su bandera hasta los confines del mundo, aun con recursos limitados, sacrificio y determinación. La Operación 90 dejó una huella indeleble en la historia antártica nacional.

Dos elementos más deben ser resaltados sobre Jorge E. Leal. Por un lado, en sus escritos y declaraciones, insistió en una visión americana del continente blanco. Sostenía que esa parte de la Antártida corresponde “a todos los países sudamericanos que tengan interés en ir”, es decir, una Antártida sudamericana, vinculada geológica y geográficamente al continente por la continuidad de la cordillera de los Andes. De este modo, rechazaba las pretensiones británicas sobre los territorios antárticos reclamados por Chile y Argentina.

Por otro lado, destacó por su defensa de la democracia. Mantuvo una postura crítica frente a los sucesivos golpes de Estado, así como hacia los gobiernos militares. Postura que en tres oportunidades le significó ser detenido por sus colegas de armas. Tras el retorno democrático, en 1984, fue uno de los cofundadores del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), del cual fue su primer presidente.

Hoy, cuando una parte importante de las Fuerzas Armadas asume el triste papel de acompañar y celebrar la entrega absoluta de la soberanía por parte del gobierno de Javier Milei, es más importante que nunca recuperar para las nuevas generaciones la historia de Jorge Leal, del CEMIDA y de tantos militares de la línea sanmartiniana que alguna vez dieron gloria a la Argentina.

Fuentes

Jorge Edgar Leal escribió un informe donde narra día por día los avatares de la expedición. El libro se titula Operación 90 y fue editado en 1976 por el Instituto Antártico Argentino. Se encuentra disponible en la Biblioteca Pública de la UNLP. Además, pueden consultarse las entrevistas de 2013 a Leal en el portal Educ.ar y de 2024 a Alfredo Pérez en La Nación. En 2017, año del fallecimiento de Leal, aparecieron varias notas en la prensa alusivas a su vida y obra, tales como la del Centro Cultural Argentino de Montaña, La Nación e Infobae. Por último, sobre el contexto, recomendamos el libro “La pugna antártica”, de Pablo Fontana, y la línea histórica publicada en la página web de la Dirección Nacional del Antártico. En el Museo Antártico “General de División Hernán Pujato” se puede observar parte de los equipos y vestuario utilizados en la Operación 90

Santiago Liaudat

El gobierno creó la Secretaría de Asuntos Nucleares. La encabeza el presidente de Dioxitek

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El gobierno nacional dispuso este martes la creación de una Secretaría de Asuntos Nucleares en la órbita del Ministerio de Economía, que estará encargada de liderar la política para ese sector. Al frente de la flamante secretaría estará el actual presidente de DioxitekFederico Ramos Napoli, quien forma parte del armado político encabezado por el estratega presidencial Santiago Caputo.

Mientras que la continuidad de Ramos Napoli en la empresa estatal será definida en los próximos días, la novedad se produce al cumplirse un año del anuncio de un «Plan Nuclear Argentino«. El presidente Javier Milei había designado al frente de esa tarea a Demian Reidel, uno de sus asesores por ese entonces y actualmente presidente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa generadora nuclear estatal que el gobierno busca privatizar parcialmente.

Sin embargo, tanto el nuevo plan nuclear como la creación de un Consejo Nuclear nunca fueron formalmente institucionalizados por ley o decreto. En contraste, la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares define con claridad que la política sectorial ahora dependerá de Ramos Napoli.

Alcances del decreto 866

El decreto 866 publicado este martes en el Boletín Oficial dispuso una serie de cambios en el organigrama de la administración pública nacional. Entre estos destaca la creación de la nueva Secretaria de Asuntos Nucleares y la transferencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

La flamante cartera tendrá dos subsecretarias, una de Aplicaciones de Tecnología Nuclear y otra de Políticas Nucleares, y ejercerá el control tutelar de la CNEA. También participará en la política minera en coordinación con la Secretaría de Minería, con foco especial en producir tierras raras y uranio.

La apertura de esta secretaria es leída en el sector nuclear como una suerte de recreación de la Subsecretaría de Energía Nuclear que existió durante la presidencia de Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández discontinuó esa subsecretaría y volvió a empoderar a la CNEA en la conducción de la política nuclear.

Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares

Economía informó este martes que el actual presidente de Dioxitek será el nuevo secretario de Asuntos Nucleares. Ramos Napoli ingresó el año pasado en la empresa estatal, ocupando el cargo de gerente general. El gobierno lo promovió a la presidencia de la empresa en octubre.

Planta de Dioxitek en Córdoba.

Dioxitek es una empresa estatal que participa en la cadena de fabricación de los combustibles para las centrales nucleares argentinas. Concretamente importa concretado de uranio y realiza el servicio de conversión a dióxido de uranio, que es el polvo con el que se fabrican las pastillas que van insertas dentro de los elementos combustibles. También suministra fuentes de Cobalto-60 para aplicaciones médicas e industriales.

Ramos Napoli, un abogado especializado en derecho administrativo y corporativo, lideró hasta el momento un proceso de reestructuración de la empresa, con la meta de volverla rentable. La empresa resolvió en el último tiempo deudas que tenía con Kazatomprom por la importación de concentrado de uranio, con la CNEA, y con proveedores del proyecto de Nueva Planta de Uranio (NPU) en Formosa.

La gestión de Napoli también puso el foco en reacondicionar y sostener la capacidad de producción de dióxido de uranio en la planta que tiene en Córdoba y en explorar nuevas oportunidades de negocio. Una de las alternativas bajo estudio es producir y exportar hexafluoruro de uranio, el compuesto que se utiliza como materia prima en el proceso de enriquecimiento de uranio.

Las centrales nucleares argentinas utilizan uranio natural como combustible y agua pesada como moderador de la reacción en cadena y refrigerante, por lo que una eventual producción de hexafluoruro sería para abastecer a la demanda internacional de combustible con uranio enriquecido.

Nicolás Deza

Una interfaz cerebro-computadora podría tratar enfermedades como el ELA y la epilepsia

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Un equipo de científicos estadounidense ha desarrollado una interfaz cerebro-computadora (BCI,por sus siglas en inglés)de silicio del grosor de un cabello, que se puede implantar en el cerebro y que es capaz de transferir datos a altas velocidades. El dispositivo, afirman sus creadores, transformará la interacción entre humanos y computadoras.

El BCI se podrá usar en el tratamiento de afecciones neurológicas como la epilepsia, lesiones medulares, ELA, accidentes cerebrovasculares y ceguera, ayudará a controlar las convulsiones y a restaurar las funciones motoras, del habla y visuales gracias a un diseño ‘mínimamente invasivo’ pero de alto rendimiento.

Chip de silicio ultrafino para conexión cerebral inalámbrica

La interfaz usa un chip de silicio para establecer una conexión inalámbrica de gran ancho de banda entre el cerebro y un ordenador externo. 

La plataforma se denomina Sistema de Interfaz Biológica con la Corteza (BISC) y ha sido desarrollada por investigadores de la Universidad de Columbia, el Hospital Presbiteriano de Nueva York, la Universidad de Stanford y la Universidad de Pensilvania.

El BCI incluye un único chip implantable que funciona como una ‘estación repetidora’ portátil, y el software personalizado necesario para que funcione el sistema, detallan los autores en un artículo en Nature Electronics.

«La mayoría de los sistemas implantables se construyen en torno a un contenedor de componentes electrónicos que ocupa un enorme volumen de espacio dentro del cuerpo», comenta Ken Shepard, ingeniero en la Universidad de Columbia, uno de los autores principales del trabajo.

«Nuestro implante es un único chip de circuito integrado tan fino que puede deslizarse en el espacio entre el cerebro y el cráneo, apoyándose en el cerebro como un trozo de papel de seda húmedo», detalla. 

Potencial revolucionario para trastornos neurológicos

Que BISC esté formada por un solo chip «allana el camino para las neuroprótesis adaptativas y las interfaces cerebro-IA para tratar muchos trastornos neuropsiquiátricos, como la epilepsia», avanza Andrea Tolias, de la Universidad de Stanford y coautor del estudio.

«Este dispositivo de alta resolución y alto rendimiento de datos tiene el potencial de revolucionar el tratamiento de afecciones neurológicas, desde la epilepsia hasta la parálisis», afirma Brett Youngerman, de la Universidad de Columbia y colaborador clínico del proyecto. 

Tecnología CMOS: más pequeña, segura y potente

Las BCI son unas herramientas que, mediante sensores implantados en el cerebro, captan las señales eléctricas que las neuronas usan para transferir información por todo el cerebro y las convierten en acciones. 

Las más avanzadas que se utilizan hoy en día en el ámbito médico están hechas con componentes microelectrónicos, como amplificadores, convertidores de datos, transmisores de radio y circuitos de gestión de energía. 

Pero para que quepan todos estos elementos hay que implantar quirúrgicamente en el cuerpo un gran contenedor electrónico; extirpando una parte del cráneo o colocando el dispositivo en el pecho- y conectar los cables al cerebro.

BISC es distinta: todo el implante, que ocupa menos de una milésima parte del tamaño de un dispositivo convencional, es un único chip de circuito integrado de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) con un grosor de solo 50 micrómetros, como un cabello humano. 

Con un volumen total de aproximadamente 3 mm³, el chip flexible se adapta a la superficie del cerebro, pero integra 65.536 electrodos, 1.024 canales de registro simultáneo y 16.384 canales de estimulación. 

Implante mínimamente invasivo con conexión WiFi

El chip que se implanta incluye un transceptor de radio (un dispositivo que incluye un transmisor y un receptor), un circuito de alimentación inalámbrica, control digital, gestión de energía, conversión de datos y los circuitos analógicos necesarios para soportar las interfaces de registro y estimulación.

La estación repetidora es en sí misma un dispositivo WiFi 802.11, que en la práctica forma una conexión de red inalámbrica repetida desde cualquier ordenador al cerebro. 

«Al integrar todo en una sola pieza de silicio, hemos demostrado cómo las interfaces cerebrales pueden ser más pequeñas, más seguras y mucho más potentes», afirma Shepard.

Para probar los métodos quirúrgicos e implantar el dispositivo de forma segura, los autores usaron modelos preclínicos y demostraron su calidad y estabilidad. Ahora se están haciendo estudios en pacientes humanos.

«Los implantes pueden insertarse a través de una incisión mínimamente invasiva en el cráneo y deslizarse directamente sobre la superficie del cerebro en el espacio subdural. Su forma delgada como el papel y la ausencia de electrodos que penetren en el cerebro o cables que unan el implante al cráneo minimizan la reactividad de los tejidos y la degradación de la señal con el tiempo», comenta Youngerman.

Para acelerar su aplicación a la práctica clínica, los equipos de Columbia y Stanford lanzaron Kampto Neurotech que está desarrollando versiones comerciales del chip para aplicaciones de investigación preclínica y recaudando fondos para avanzar en el sistema hacia su uso en humanos. 

Quiero torpedos robóticos, de observación furtiva, merodeo y ataque

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YO no quiero submarinos franceses. Argentina no debe pagar un mango por ellos. Quiero torpedos submarinos robóticos armados, de observación, merodeo y ataque, desplegados en los fondos de la plataforma hasta la milla 201. Todos en «stand by», para no gastar sus baterías inútilmente.

No es una doctrina naval escrita por Flash Gordon. Existe desde el siglo pasado, sólo que aquí los almirantes no se enteran y quieren, para variar, quemar la chequera en algo que no deje un mango en industria local.

Quiero que esos torpedos se activen por hidrofonía cuando pasa una nave cerca o por arriba, y entonces desplieguen una boyita a superficie con una cámara, una fibra óptica y una antena en banda X.

Los quiero dirigidos todos desde el continente, mediante un link a un satélite GEO propio de ARSAT. El radioenlace depende de esa antena flotante. No hace falta que tenga una fibra óptica que la conecte al torpedo. Los códigos de comunicación entre la boyita y el torpedo deben ser encriptados y depender de pulsos de sonido de muy baja frecuencia. No se necesita mayor ancho de banda. Para transmitir coordenadas y recibir la orden de vigilar de modo solapado, o atacar, o de seguir durmiendo en el fondo, alcanza y sobra con pulsos de sonido.

Para mayor redundancia y no hundir tránsitos civiles, barcos propios o enemigos antes de tiempo, se identifica el barco en tierra por la emisión sónica de sus hélices y máquinas. Obviamente, los perfiles de ruido de cada barco deben estar almacenados en bases de datos (traducir como «librerías» en mal castellano).

Esos catálogos de identificación están en el continente. Sin orden presidencial, no hay ataque. A lo sumo, seguimiento. Furtivo o no, a elección del presidente (no de éste, por Dios). A veces es bueno pegarles un buen susto a los gringos, y ya.

Si la firma sónica es hostil y hay el enemigo parece preparar alguna perrada contra la Agentina, y en eso concuerdan tres torpedos dormilones por mayoría de 3 contra 2 hidrófonos, el presidente activa los respectivos torpedos por una señal vía satélite a través de las antenitas flotantes.

De ser posible, se añade un sistema de confirmación de alarma por satélites de radar en banda L, como nuestros SAOCOM 1 y 2. Están en órbita polar helisincrónica a 620 km. de altura. La tasa de revisita es más bien baja, es decir de inspección del mismo sitio del mar, es de 8 días para cada par de satélites. Se la puede disminuir mucho aumentando el número de pares de satélites.

Tener 6 u 8 satélites de observación en banda L requiere de baterías y antenas de gran potencia. Es caro, pero no tanto como comprar submarinos al pedo para que los franchutes y sus agentes locales hagan plata y la fuguen. Todo esto es difícil, pero está al alcance de nuestra tecnología. Ya lo hicimos con los SAOCOM 1 y 2.

La banda L requiere de antenas enormes. Nuestros 2 SAOCOM actuales agotan rápidamente la carga de las baterías, lo que da apenas unas 160 «fotos» del mar por día. Nada que no se pueda subsanar con baterías de iones de litio o de sodio, en lugar de las viejas de níquel-cadmio de nuestra flotita actual. Con placas fotovoltaicas de una eficiencia del 30 o 40% (chinas o chinas) la recarga de potencia puede ser mayor y más rápida.

Eso permitiría localización y vigilancia 24×7 del Mar Argentino, del puerto británico de Southampton, de la isla Ascensió, sin los cuales es casi imposible darnos una sorpresa, y de todo activo de la 4ta Flota de los EEUU en la costa oriental de La Tierra de los Bravos y Hogar de los Valientes.

¿LO HUNDIMOS O LO VIGILAMOS DE CERCA?

Si varios torpedos identifican el barco como hostil, por votación avisan a base terrestre, repliegan la boya con antena y salen a buscarlo por hidrofonía.

Triangulan su posición, eso no falla. Por cortesía hacia Su Majestad (la Tatcher no la tuvo con el ARAS Belgrano), uno de los tres drones submarinos reflota su boya óptica para confirmar y grabar el ataque, de modo que quede registrado con día, hora y ubicación.

No se trata de repetir la pavada del ataque al HMS Invincible, al que la Marina y la Aviación fajaron vuelta y vuelta en 1982, sin dejar constancia. 43 años más tarde, Inglaterra sigue negando que aquel ataque haya siguiera ocurrido, e incluso aquí hay quienes le creen.

Con un torpedo como testigo silencioso del ataque, los otros dos convergen sobre el barco.

Deben explotar bajo la quilla para sacarla del agua y romperla por el medio, nada de embestir el casco por laterales. Que ese gringo se hunda rápido y bien. Podemos ir a sacar a los sobrevivientes, si los hay, del agua antes de que se congelen. Los johnnies no tuvieron esa muestra de humanidad con el Belgrano.

We mean business. En mi barrio, «agarrate Catalina». Pero no somos turros.

Esos torpedos de vigilancia, merodeo y ataque tendrían que ser fabricados localmente, pagados en pesos, y desplegados de a centenares. INVAP y la CNEA pueden hacerlo, si Milei no los funde o los mata antes.

Exportar reactores nucleares argentinos es técnica y diplomáticamente más complicado. Pero mire, paisano, lo venimos haciendo desde 1981… y que nos echen los perros.

Estas cosas sólo serán posibles cuando el presidente Javier Milei y su actual Ministerio de Defensa se pudran, olvidados, en alguna cárcel y en el ataúd de las pesadillas y agachadas más horribles de nuestra historia nacional.

¡Viva la Argentina, compatriotas¡

Iba a añadir «Carajo» con 6 u 8 signos de exclamación. Pero ese slogan hoy huele a mierda.

Daniel E. Arias

(Por coincidencia, o tal vez no, hoy, 10 de diciembre, publicamos en AgendAR una noticia: la Marina del Brasil está desarrollando, y ensaya en un ejercicio reciente, sistemas similares a esta propuesta de Arias).