De acuerdo a una estimación del periodista Ismael Bermúdez, los salarios reales cayeron casi el 10% en su poder de compra en los primeros 8 meses de 2018. Toma en cuenta una suba de la inflación promedio entre enero y junio del 24,3%, y un aumento de los salarios en torno del 12,5%.
Esto representa una pérdida de 11,8 puntos o del 9,5% en poder adquisitivo.
La mayor caída la sufrieron quienes trabajan «en negro», el empleo no registrado, seguidos del sector público. Los asalariados públicos, privados y de casas particulares registrados suman 9,9 millones y otros 4 millones informales.
En consecuencia, la caída del poder adquisitivo de los salarios, agravado por el menor empleo, se refleja en el impacto negativo directo en el consumo de los hogares.
Hasta junio, la caída del salario real había sido del 5,9% de acuerdo a los datos del INDEC, porque la inflación sumaba 16% y los salarios poco más de 9%. Luego, tanto en julio como agosto, la inflación se aceleró mientras los salarios subieron menos.
A eso se agregan los salarios informales que, según el INDEC, tanto durante mayo como en junio tuvieron retrocesos en términos nominales. Y se espera que esos salarios continúen achatados por la merma de la actividad económica.
El último Informe de Trabajo consignó que en junio volvió a caer el empleo registrado, acumulando en los primeros 6 meses 106.600 ocupaciones menos. Sin protección laboral y mayor precarización, los salarios “en negro” o “en gris” son más perjudicados.
Como perspectiva del año, la mayoría de las consultoras prevé que 2018 concluya con una inflación en torno del 45%. Y hasta ahora, los convenios que se firmaron con una pauta inflacionaria del 25%, tendrán una caída de 20 puntos o un 13,8% menos de poder de compra.
«El nivel de presión tributaria es el primer problema de la industria, luego está el tema de los costos logísticos, luego los costos laborales no salariales, que también tienen una parte fiscal. Pero la presión tributaria es el problema de mayor impacto a este momento», afirmó Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, quien sostuvo que «no hay ninguna posibilidad de absorber más impuestos».
Desde el sector autopartista, Juan Cantarella, director Ejecutivo de AFAC, señaló que «en autopartes, la carga tributaria era (los últimos datos son de 2015 pero la tendencia se mantiene) del 17,85% del precio de venta sin IVA», a lo que hay que sumar los impuestos que pagan los proveedores de insumos. Así, «la incidencia total de impuestos es de 23,82% y a eso, además, hay que sumarle 21% de IVA», precisa Cantarella.
Fuentes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) afirmaron que «en la instancia de producción, hay tres impuestos (Ingresos Brutos, tasas municipales e impuesto al cheque) de gran impacto en el costo de fabricación de un vehículo. Se superponen a lo largo de la cadena (insumos y proveedores, y se carga en el precio del auto). Es por ello, que son los impuestos más distorsivos».
«Ingresos Brutos tiene un efecto muy negativo para las pymes productoras, es un impuesto que tiene un efecto piramidación, ya que se paga en toda la cadena de valor», aseguró Fernando De Vito, vicepresidente de la Cámara de la Industria del Calzado. Explicó que «el impuesto grava cada venta, de cada una de las materias primas que compone un calzado y esto encarece los productos». Ingresos Brutos o Sellos son impuestos que no pueden descontarse como sí ocurre con el IVA.
La situación no es nueva. De hecho, el reclamo fue incluido en la reforma impositiva sancionada en noviembre pasado, fijando topes y un cronograma decreciente de las alícuotas de Ingresos Brutos, pero el tema aún está en discusión por el Presupuesto 2019.
Por otro lado, el Gobierno generalizó la aplicación de derechos de exportación de $3 por dólar para la industria y de $4 para el sector primario y los servicios (éstos a partir de 2019), desandando el camino impuesto en diciembre de 2015.
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) anunció el lanzamiento de la primera semilla mejorada en universidades públicas que formará parte del sistema de código abierto Bioleft, inspirada en las licencias creative commons que se utilizan, por ejemplo, en el software.
Se trata de una leguminosa forrajera que se adapta a suelos salinos e inundables, que estará disponible para ser mejorada por otros investigadores y organizaciones de la agricultura familiar, quienes además tendrán la tarea de multiplicarla.
El proyecto incluye a pequeños agricultores familiares agrupados en la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y a la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF). Además de la multiplicación, “también vamos a generar un vínculo con los mismos productores para que ellos mejoren el material en los sitios donde se siembra, interactuando con la Facultad”, afirmó Gustavo Schrauf, profesor titular de la cátedra de Genética de la FAUBA, y añadió que “la idea es que el material sirva como base de nuevos mejoramientos”.
Según el investigador, si bien la agricultura familiar posee una gran demanda de este tipo de materiales, los pequeños productores no representarían un mercado atractivo para las empresas proveedoras de semillas, que poseen sus propios programas de mejoramiento. Ante esta situación, desde las Universidades advierten sobre la necesidad de reforzar los proyectos públicos orientados a estos sectores que, además, en la mayoría de los casos producen en ambientes marginales con fuertes limitaciones en el clima y en sus suelos.
Proceso colaborativo
“Ubuntu es un cultivar de Melilotus albus, que es una leguminosa muy rústica de ambientes salinos e inundables. Esta leguminosa es originaria del Meditarráneo. Se introdujo a la Argentina en la década de 1950 y durante muchos años no fue objeto de un mejoramiento”, explicó Schrauf.
Ante el interés por esta especie, los investigadores de la FAUBA comenzaron a realizar un programa de mejoramiento en colaboración con investigadores la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. “Avanzamos con materiales que tenían mejor calidad, un establecimiento más rápido y una mayor producción invernal”.
Ubuntu es una leguminosa forrajera que se adapta a suelos salinos e inundables.
Así se generó Ubuntu, el cultivo que hoy participa del sistema de código abierto. El nombre elegido para la semilla proviene de la historia africana que cuenta sobre una carrera de niños en la que el que llega primero gana un canasto de frutas. “Sin embargo, los chicos corren todos a la par, tomados de la mano, y dicen ‘Ubuntu, si no ganamos todos no somos felices o no puedo ser feliz si el otro sufre’ “, comentó el docente de Agronomía de la UBA.
Mientras avanzan en el proceso de inscripción, la FAUBA y Bioleft hicieron un acuerdo para la multiplicación de estos materiales con ONPIA y FONAF. Estas organizaciones multiplican el material, separan una parte para uso propio y el resto regresa a la Facultad para seguir investigando. “Ellos también pueden, en base a su necesidad, mejorar las semillas en su mismo ambiente”, dijo Schrauf.
“Una ventaja de la producción en pequeña escala es que las semillas van a ser de alta calidad porque se cosechan de manera artesanal, entonces no van a tener malezas, por ejemplo”, opinó, aunque adelantó que hacia el futuro también apuntan a aumentar la escala.
Un potencial enorme
Bioleft es una iniciativa de un equipo interdisciplinario de investigación conformado por personas especializadas en economía, agronomía, ambiente, genética, derecho y propiedad intelectual, producción e investigación colaborativa y comunicación. El proyecto fue incubado en la Fundación CENIT junto al STEPS Centre-América Latina, en el marco del proyecto global Transformative pathways to sustainability.
“Inicialmente, nos invitaron desde Bioleft a discutir la Ley de semillas. Ese vínculo se fue acrecentando hacia la generación de una plataforma de intercambio de materiales y el acercamiento hacia productores con quienes teníamos un vínculo muy indirecto”, explicó Schrauf, e indicó que no sólo apuntan a generar materiales que tengan una transacción alternativa, sino que el mismo mejoramiento sea con la participación de productores y abierto entre distintas instituciones.
En este sentido, si bien advirtió que actualmente Bioleft es una plataforma en construcción, consideró que ‘tiene un potencial enorme’ y señaló que Ubuntu forma parte de una red de mejoramiento de forrajeras muy extensa, y que a futuro también se estaría incluyendo la colaboración de instituciones de otros países como Nueva Zelandia y Uruguay.
Un empresario y predicador mormón es el nuevo dueño la marca deportiva Topper en Argentina. Se trata del brasileño Carlos Wizard Martins, que pagará US$ 24 millones al gigante textil Alpargatas.
Wizard Martins y Alpargatas llegaron a un acuerdo para transferir el 22,5% de los negocios de la textil brasileña en la Argentina. Esa porción incluye toda la operación de Topper en el país, marca que Wizard Martins ya administra en Brasil. Según se informó, del monto acordado en la operación se pagará al contado el equivalente a u$s10 millones.
En mayo de 2016, este grupo de inversores liderados por Wizard Martins adquirió el 100% de la unidad de negocio que comprende la totalidad de las operaciones relacionadas con las marcas «Topper», en Brasil, y «Reina», en Brasil y en el mundo. En 2015 se asoció con el ex jugador de fútbol brasileño Ronaldo para crear un negocio de escuelas de fútbol bautizadas «Ronaldo Academy», que registró más de 400 franquicias a nivel mundial, con fuerte desarrollo en Brasil y China.
Con el ingreso de Wizard Martins, Alpargatas busca aliviar el momento complicado que atraviesa Topper, en el marco de la crisis que vive la producción de calzado deportivo en la Argentina.
Alpargatas también opera en la Argentina la marca Hawaianas. Recientemente informó ante la Bolsa de San Pablo que su ganancia final del primer semestre del año alcanzó los 131,2 millones de reales (33,9 millones de dólares), lo que representa un descenso del 44% contra el mismo período del año anterior. La compañía atribuyó esta caída a la relación de tipo de cambio desfavorable del real frente al peso argentino que no ha dejado de devaluarse desde principios de 2018.
La Coca-Cola Company anunció que está siguiendo de cerca el pujante mercado de las infusiones de marihuana, respondiendo a un informe de un medio que aseguró que el mayor fabricante de bebidas del mundo se encuentra en conversaciones con la canadiense Aurora Cannabis Inc.
Las discusiones sobre una posible inversión en este producto, informada por el canal financiero canadiense BNN Bloomberg, podría abrir un nuevo frente en la batalla de Coca-Cola por contrarrestar la caída en la demanda de gaseosas azucaradas.
El informe dijo que no había garantías de que las conversaciones entre las empresas tengan éxito, pero las acciones de Aurora llegaron a subir más de 22% tras la noticia. Los papeles de Coca-Cola, en tanto, avanzaban ligeramente en Nueva York.
La industria de la marihuana ha captado el interés de grandes empresas mientras Canadá y Estados Unidos dan pasos para legalizar el uso recreativo de la droga. Sin embargo, las multinacionales estadounidenses todavía son cautas sobre un negocio que sigue siendo ilegal bajos las leyes federales del país.
En Argentina algunos inversores evalúan la posibilidad de invertir en Jujuy en cultivos de cannabis para propósitos medicinales, como informó AgendAR.
Jorge Castro es -entre los no muchos argentinos que estudian y publican sobre la política y la economía global- uno de los más informados y originales. En AgendAR consideramos que es demasiado optimista en sus análisis, lo que es aún más riesgoso que ser demasiado pesimista. Pero nos parece interesante reproducir este texto suyo que informa sobre el enfrentamiento y también los intereses comunes entre las dos superpotencias que hegemonizarán la primera mitad de este siglo.Es fundamental para nosotros los argentinos tenerlos presentes.
«El Banco Mundial presenta los siguientes datos sobre EE.UU. y China en la economía global: EE.UU. es la mayor economía del mundo medida entre 192 países, con un PBI de US$ 19.4 billones en 2017 (25% del producto global), mientras que la República Popular dispone de un producto de US$ 13.8 billones (dólares constantes), que equivale a 14,9% del PBI mundial.
En términos de PBI per cápita (sinónimo de alza de la productividad), EE.UU. está en el octavo lugar del mundo (Finlandia es el primero), con un ingreso per cápita de US$ 67.500 anuales y una población de 313 millones de personas.
China, en tanto, con 1.410 millones de habitantes, ocupa el lugar 75 en la escala del ingreso per cápita (US$ 9.500 anuales), lo que significa que está dos generaciones rezagada frente a EE.UU. en términos de productividad (25 años cada una).
EE.UU. creció 5% anual en el segundo trimestre de 2018 (US$1.4 billones), y se expandiría 5,5% anual en el tercero, según la Reserva Federal de Atlanta.
La economía norteamericana recibió más de US$ 7 billones de inversiones entre 2017 y 2018, con una tasa que creció más de 30% en ese periodo. Por eso el PBI potencial creció 3,5% anual en el segundo trimestre, el doble que la estimación realizada por la Reserva Federal.
Esta expansión excepcional se debe en más de 60% a la drástica desregulación realizada por el gobierno de Trump en los dos primeros años, y sólo el resto es obra del recorte de impuestos sancionado en diciembre de 2017, cuyos efectos recién se sentirán plenamente en los próximos seis meses.
De ahí que la desocupación de junio (3,8%) sea la más baja de los últimos 44 años. Se crean más empleos que la capacitación o existencia de personal en condiciones de ocuparlo: 6.7 millones de nuevos puestos de trabajo en junio, y se registraron sólo 6.6 millones de desocupados.
Esto coincide con un aumento de los salarios reales de 2,9% anual en el segundo trimestre, tras el estancamiento experimentado en los últimos 10 años, con un nivel de inflación de 2% anual en 2018.
El gasto de Defensa de EE.UU. asciende a US$ 730.000 millones este año: es mayor el gasto estadounidense que el conjunto de los gastos de Defensa del resto del mundo sumados (el gasto de la República Popular alcanzó a US$ 215.000 millones el año pasado).
EE.UU. y China compiten por el poder mundial, y la República Popular ha sido catalogada como la principal “competidora estratégica” de EE.UU., que desafía su liderazgo global, ante todo en las tecnologías de la nueva revolución industrial, inteligencia artificial en primer lugar (“Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU”/diciembre de 2017).
El gobierno chino liderado por Xi Jinping estima que el objetivo de Trump es reestructurar el poder mundial sobre la base de la primacía norteamericana; y utiliza para eso una estrategia de “destrucción creadora” que “destruye” / reestructura las organizaciones existentes – OTAN, OMC, NAFTA, Acuerdo del Transpacífico, tratado nuclear con Irán, etcétera —para integrarlas a un nuevo orden mundial favorable a los intereses estadounidenses.
La respuesta de China ya está trazada. Consiste en cooperar activamente con EE.UU. en el logro de sus objetivos estratégicos, que son dos: a) crear un área de libre comercio global con todos los países del capitalismo avanzado, con arancel cero, sin subsidios, y sobre la base de las ventajas comparativas.
b) colaborar en la afirmación del liderazgo estratégico-militar norteamericano, a partir de la premisa de que lo único que rechaza es la hegemonía, y no disputa el primer lugar.
China puede avanzar en esta extraordinaria maniobra ofensiva / defensiva porque dispone de una inmensa confianza en sí misma, fundada en su civilización de 5.000 años de historia. “El Estado chino nunca fue fundado: existió desde siempre, y se desarrolló siempre a partir de sí mismo. Su historia de 5.000 años no está en el pasado, sino en el presente, y lo que China es, es en el presente. Por eso se funda en la armonía, que es la capacidad de absorber y trascender todas las contradicciones”, dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal.
El tiempo no es un factor a conjugar en el cálculo geopolítico / estratégico de la República Popular, sino la esencia misma de su identidad nacional forjada por la historia, la más poderosa y de mayor raigambre del mundo.
Trump advierte este rasgo central de la identidad china, y de la personalidad del presidente Xi Jinping. De ahí su respeto y admiración por el líder de la República Popular; y la decisión de dejar para la etapa posterior a la reestructuración del poder mundial que está en marcha la negociación directa —político / estratégica— con el sucesor de Mao y Deng Xiaoping. Ese diálogo, con el signo de la alta política, es el de la época, y quizás en los próximos meses el mundo lo podrá conocer».
Este gráfico, que muestra 30 años del comercio China-EEUU indica también el desequilibrio que se ha acumulado, y que crea tensiones que tal vez la visión positiva de Jorge Castro no alcanza a disimular.
La caída de las ventas, la falta de financiación, y también el desempleo que se extiende están marcando un camino para la actividad económica: emprendimientos de baja inversión, poco personal, muchas ventas y pequeño margen. En muchos casos es una salida laboral.
Las franquicias tienen su propia estrategia anticrisis: el formato low cost, un concepto que implica una baja inversión inicial, productos económicos y hasta segundas marcas. Un caso reciente es El Noble, que lanzó al mercado “Bien de campo”, una línea de empanadas y chipás paralela, mucho más barata y enfocada en los segmentos de menores ingresos. “En las crisis, la gente se vuelca a las segundas marcas“, resume Mariano Castagnaro, CEO, presidente y uno de los accionistas de la empresa.
El interés por esta variante de franquicias se incrementa porque se postula como una alternativa frente al desempleo. “En épocas de crisis no existe el inversor de franquicias sino el que busca una salida laboral. Por esta vía es posible reinsertarse en el mercado y también para aquellos que no quieren trabajar más en relación de dependencia”, explica la titular de la consultora GS Marcas y Franquicias, Gabriela Sapio. En líneas generales, las low cost son negocios con poco personal, sin estructura, con alto nivel de ventas y poco margen.
Según la Guía Argentina de Franquicias (el catálogo oficial de la Asociación de Marcas y Franquicias), la modalidad abarca 952 marcas y canaliza el 22% de la facturación por ventas minoristas. Esas cadenas tienen actualmente un total de 34.189 locales y 209.605 empleados. A pesar de la contracción de la economía y las ventas, el estudio especializado Canudas prevé que el sector sumará este año 100 nuevas marcas (10% de crecimiento), 2.500 locales (7%) y 10.000 empleados (6%).
En los últimos 12 meses, la franquicia que más creció fue Rapipago, que incorporó 600 nuevos puntos de venta, casi todos bajo la premisa del low cost. Básicamente, Rapipago es una empresa de cobranza de servicios del grupo Gire, cuyos dueños son tres bancos: Santander, Citibank y HSBC. A diferencia de las franquicias tradicionales, asociarse al sistema no implica dedicación exclusiva. “Un comercio puede anexar el servicio y en este contexto económico, los comerciantes están a la búsqueda de alternativas para incrementar la facturación y atraer nuevos clientes”, explica Alejandro Pingitore, gerente de Retail de la marca.
De este modo, Rapipago se posiciona hoy como la principal franquicia del país, con una red de 4.175 locales, de los cuales 75 son propios. Detrás aparecen Lave-Rap, la franquicia pionera en la Argentina (abrió la primera en 1981), con 1.447 puntos de venta y Grido (1.404), la fábrica de helados de origen cordobés, cuyo modelo de negocios está basado en el producto barato y de calidad (ver recuadro). “Grido nos mostró otro mundo y hoy es el 5° fabricante mundial de helados”, dice Castagnaro, de El Noble.
Hay que revisar el caso de Lave- Rap, la mayor cadena de lavanderías automáticas. Su gerente, Guillermo Loiácono, señala que “ya pasamos por varias crisis, hiperinflaciones y recesiones. Y estamos pensando en algún modelo el contexto actual, que requiera una inversión baja”. El modelo Lave-Rap está estructurado como una red de venta y mantenimiento de equipos (lavadoras, secadoras y planchadoras) y reposición de insumos (jabón, químicos, bolsas, perchas y suavizantes). “En el país tenemos unos 70.000 lavarropas funcionando”.
Según un informe de la consultora económica Ecolatina, la inflación de 2018 se encamina a mostrar la tasa más alta desde hace 27 años, desde 1991. De acuerdo a sus proyecciones, rondaría 45% este año, «si no se materializa un nuevo salto cambiario».
La consultora prevé que la inflación más alta del siglo XXI dejará «una elevada inercia para 2019, por lo que incluso si se logra calmar el mercado cambiario, la suba de precios en el próximo año difícilmente baje del 30%».
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación trepó 3,9% en agosto, su mayor registró en lo que va del año, acumulando 24,3% en los primeros ocho meses del año y con una variación de 34,4% respecto a agosto 2017.
En Ecolatina prevén que la suba de precios se acelere en septiembre, producto del salto del dólar de más de 20% a fines de agosto.
La suba de tarifas de luz, gas y transporte que llevó y lleva adelante este Gobierno tenía un objetivo de, si se quiere, de «encuadramiento social»: eliminar la «energía barata» que -se consideraba, y todavía se considera en el oficialismo, que lleva a una mala asignación de recursos y desalienta la inversión. (La experiencia con las empresas eléctricas en los mismos Estados Unidos no acompaña esa conclusión. Pero eso ya es otra historia).
Porque también el Estado, que había resignado los ingresos de las retenciones, necesitaba que cayeran los subsidios que compensaban las tarifas baratas. Esa meta se venía cumpliendo hasta hace unos meses. Pero la devaluación cambió la situación y ya se gasta más en subsidios que en 2017. Y faltan cuatro meses para terminar el año; la cotización del dólar puede provocar aún más alteraciones.
En los primero ocho meses del año, las subvenciones a la energía y el transporte cruzaron los $ 157.600 millones, lo que representa un incremento de 16% con respecto a los $ 136.000 millones que se habían desembolsado por esos conceptos en el mismo período de 2017.
Es que la mayoría de los costos energéticos están en dólares y esa moneda se apreció un 100% contra el peso en lo que va del año. Por el lado del transporte, también se encarecieron los combustibles -el Estado subsidia una parte para los colectivos-, aunque los costos salariales continúan en pesos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF), el gasto por subsidios económicos ya está por arriba del realizado en 2017. Ese instituto nota que se incrementaron un 16% en valores nominales, aunque disminuyeron un 10,7% en términos reales, por la inflación interanual acumulada.
Por ejemplo, la secretaría de Energía ya consumió casi $ 100.000 millones, contra $ 84.000 millones que llevaba gastados en 2017. El ministerio de Transporte también se viene pasando en subsidios. En 2017, iba por los $ 52.000 millones y este año ya traspasó los $ 57.740 millones.
La caída de la actividad que ya acumula al menos dos trimestres y amenaza con prolongarse el año que viene, se combina con una tasa de referencia del 60% para gestar un escenario de “estrés financiero” para las firmas locales.
Esto está impactando de lleno en la cadena de pagos en decenas de sectores.
Y aunque el Estado, como en otras décadas, es el mejor cliente de los bancos, el que paga los intereses más altos, las entidades no dejan de preocuparse por esa situación.
Ya comenzaron a activarse algunas medidas. La línea subsidiada para el descuento de cheques que el Banco Nación lanzó está teniendo buena recepción. Con tasa del 29% una docena de bancos públicos se sumaron a la iniciativa.
En el caso de Banco de Córdoba el cupo para descontar ascendía a los $ 2.500 millones y para fines del mes pasado ya había sido empleada la mitad. Otros bancos oficiales del interior están analizando lanzar créditos con tasas negativas (en relación a la inflación) para alentar la reactivación económica.
Y también hay algunas experiencias al respecto de la banca privada. El 21 de agosto el banco de capitales chinos ICBC lanzó una campaña para difundir la comercialización de créditos para empresas destinados al pago de sueldos.
Se trata de líneas con un costo financiero total del 29,4% para el otorgamiento de un máximo de $ 3 millones en 12 cuotas.
“Es una línea que ofrecemos para que las empresas puedan financiar el pago de los salarios en un contexto muy complicado. El costo salarial puede ser el 50% o 60% en la estructura de una empresa y estas son herramientas que pueden ayudar”, contó Guillermo Probst, gerente de la sucursal Cerro de las Rosas (Córdoba Capital) de ICBC.
En este caso, se trata de un préstamo con uso específico para el pago de salarios que puede ser empleado para nuevos clientes corporativos del banco o para clientes actuales que incrementen su nómina de empleados. “Es una línea especial que saca el banco porque hay que tener en cuenta que estamos casi 30% por debajo de otras líneas. Hoy estamos descontando cheques al 60% ó 70%. Hace varios años que el banco está trabajando en el tema sueldos y con esto ponemos el foco ahí”, recalca.
-¿Por qué el banco asume una tasa tan negativa?
-Es una apuesta por sumar clientes a largo plazo. El cliente que trae cuentas sueldos y logra este beneficio no lo hace por un par de meses. Es una apuesta a largo plazo y a futuro, que es un poco la mirada del banco. En términos del negocio hoy no cierra, pero miramos más allá de la coyuntura actual.
Con todo, el otorgamiento está sujeto a la calificación de la empresa, algo que también está afectado por el contexto económico. “La calificación crediticia se está complicando, totalmente. No escapamos a eso porque crece el estrés financiero que sufren las empresas. Cuando uno presta plata en un horizonte de disminución de actividad es difícil. Si se complica se intenta estirar al máximo la capacidad negociadora para que no se frene la rueda”.
