Cerrar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, «para ahorrar», tanto en plata como en energía equivale a cortarse una pierna para bajar de peso, pero está firme en los planes del gobierno nacional. Esta es la conclusión que resulta de lo que se escuchó en el Congreso Nacional en una comisión que presidió el neuquino Darío Martínez.
Se acordó entre varios partidos opositores que se buscará amortiguar los efectos del cierre con previsiones presupuestarias, cuando se trate la ley en el Congreso.
Por ahora sólo hay certezas de que Nación va a comprarle a la Planta un stock de 22,7 toneladas de agua pesada para que se garantice el pago de sueldos y algunas deudas hasta fin de año. Este stock será abonado en 2 pagos, el primero se realizará la semana que viene para que se abonen los sueldos del personal, se cumpla con algunos proveedores y se nivele parte de la deuda de la PIAP, que ronda en más de 300 millones de pesos.
El origen de la deuda: al dar de baja el proyecto Atucha III, el estado canceló la compra de 600 toneladas de este líquido sin el cual las centrales de uranio natural sencillamente no funcionan. Pero además dejó de comprar agua pesada para reposición de las 34 toneladas que se gastan anualmente en las centrales de Atucha I y II y Embalse. Así las cosas, el fluido deberá importarse (a U$ 800.000 la tonelada) pese a que el país puede producirlo a U$ 600.000, ya que la PIAP «tiene escala»: es la mayor unidad del mundo en su tipo. Por eso mismo, detenerla sin que se venga abajo implica un gasto absurdo de mantenimiento.
El segundo pago para desembarazarse de la PIAP y dejarla decaer a chatarra, preferentemente sin que Neuquén «se incendie» en términos sociales se realizará en noviembre aproximadamente. Más de 600 personas, en general de calificación técnica entre alta y muy alta, pierden su trabajo.
“Aclararon que la intención es no incluir en el presupuesto del año que viene las partidas para la compra de las 100 toneladas de agua pesada porque Nación no tiene ese dinero”, afirmaron fuentes de diputados.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
Si el país no produce agua pesada para mantener las centrales nucleares deberá importarla, o perder los únicos 1756 MW del mercado eléctrico con un factor de disponibilidad cercano al 90%, y que no dependen de los bandazos del clima o del precio del petróleo: los nucleares.
El porqué a la producción argentina le conviene, y necesita, contar con la Planta Industrial de Agua Pesada fue desarrollado aquí.
Una noticia triste: el astrónomo Marcos Machado, director científico de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y uno de los héroes desconocidos para el público del sostenido esfuerzo que le dio a la Argentina el lugar que tiene entre las naciones en capacidades orbitales, ha muerto en Buenos Aires, a los 69 años.
Queremos compartir con los lectores de AgendAR las palabras que le dedica Nora Bär en La Nación.
«En 1987, una delegación de la NASA llegó a Buenos Aires para tomar contacto con un puñado de científicos que estaban intentando desarrollar un satélite made in Argentina. Entre los siete «aventureros» que darían el puntapié inicial a la actividad satelital en el país, estaba el astrónomo Marcos Machado.
Recibido en la Argentina, y formado más tarde en Francia y los Estados Unidos, donde trabajó en proyectos espaciales de la NASA, Machado, animado por una pasión y un idealismo inagotables, decidió volver al país a principios de los 90 para construir aparatos capaces de auscultar el territorio y enviar desde el espacio valiosa información para prevenir emergencias y como insumo de distintas actividades.
«Todo surgió en una cancha de fútbol del [Centro] Goddard», recordó alguna vez, con su habitual sentido del humor, el que hasta el jueves último fue director científico de la Conae: en una charla después de un partido, Mario Acuña, otro argentino que trabajaba en la NASA, le propuso hacer un satélite.
Lo que siguió fue una epopeya que combinó dosis equivalentes de pericia técnica, audacia y talento, y que a él y sus colegas les hizo vivir historias impensadas, como mantener dos trabajos porque ganaban algo más de 300 dólares mensuales o tener que dormir en la embajada argentina en Washington para ahorrar en alojamiento.
Machado tuvo tres hijos: Mercedes, Marcos y Matías. «Era tan discreto, que a veces nos enterábamos por otros de lo que lograba», recuerda Mercedes. Aunque tenía cáncer desde hace dos años, siguió yendo a su oficina como de costumbre. Y hasta participó de la última reunión de Directorio.
«Me acuerdo de que cuando lanzaron el Sputnik I, yo tenía ocho años -recordó Machado en una entrevista-. Ese día le pregunté a mi viejo, que era matemático, cuándo la Argentina iba a construir un satélite. Él me contestó ‘Lo más probable es que se lo compremos a los que saben hacerlos’. Eso me quedó grabado. Me dije que no podía ser, que teníamos que lograrlo. Para mí, fue el sueño del pibe.»
La noticia es ésta: existe una celebridad científica en ascenso, la joven doctora Verónica Flexer, electroquímica del CONICET, experta en litio. Y parece una persona potencialmente capaz de lograr que la Argentina no sucumba a una nueva “maldición del recurso” con este metal, sino que más bien gane divisas y se desarrolle. Flexer va por técnicas de explotación ahorrativas de agua por un lado, y detrás de usos industriales muy distintos de la fabricación de baterías recargables.
Si AgendAR hace un censo de tecnólogos/as con potencial de hacer más compleja y rica a nuestra economía con patentes “world class”, Flexer integra nuestra lista chica junto a Raquel Chan, la desarrolladora de la soja y el trigo HB4 resistentes a cambio climático.
El litio no es “oro blanco”, como dicen los colegas de metáfora fácil. Es el más liviano de los metales en la tabla de Mendeleiev, átomo livianito con 3 protones en el núcleo y por ende 3 electrones girando en sus cortezas externas. Uno de esos electrones es fácilmente desprendible (ionizable), como es común en los metales. Lo peculiar del litio ionizado es un combo de poca masa ligada a mucha atracción o repulsión magnética, y una relación entre conductividad y masa especial. El litio funciona como una gran aspiradora de electrones, si se lo pone de ánodo en una liviana batería moderna.
Elon Musk, el dueño de Tesla Motors (entre otras empresas) es un trillonario atípico: quiere salvar el mundo del recalentamiento. Trabaja por un abandono rápido del motor de combustión interna en favor de la tracción eléctrica (en realidad, todas las automotrices están interesadas en el asunto).
Musk suele angustiarse por la escasez “de litio fácil”. Lo sabe fundamental no sólo para sus autos eléctricos, sino para volver almacenables y “de base”, es decir disponibles 24horas los 7 días, los recursos energéticos intermitentes como el viento o el sol. Para ello, ha desarrollado baterías del tamaño de containers. Como sea, quiere mucho litio y ya, y China, que está llena de autos Tesla y personajes como Musk, compra y compra.
Puede ser que la revolución del litio se termine antes que este metal porque surjan baterías mejores o más baratas. Si hay una “ventana de oportunidad” para explotar el “litio fácil” de Argentina, ignoramos si se cerrará, o cómo, o cuando. Remitiéndose a antecedentes, la Edad de Piedra no se terminó por falta de piedras. ¿Pasará lo mismo?
El litio abunda en la corteza terrestre e incluso en el agua de mar, pero en concentraciones tan bajas que la extracción tendría costos energéticos absurdos. En contraposición, la escueta hidrología del NOA, con sus cuencas hídricas endorreicas, se encarga de lavar las sales de litio de rocas subterráneas de alta montaña, transportarlas pendiente abajo por los acuíferos y hacerlo aparecer en la superficie en rutilantes, desolados lagos de salmuera. Someros y corrosivos, los salares tapizan el fondo de algunos valles extensos en la Puna argentina, entre otros sitios. Allí el litio muestra su cara blanquísima, mezclado con otras sales interesantes: por lo común, potasio, y en algunos salares, “tierras raras”. Y ahí es donde talla nuestra doctora Verónica Flexer.
La tecnología de explotación actual es prehistórica: se cavan ringlas de piletones a pico y pala en la costra seca que recubre el salar hasta que aparece la salmuera unos pocos centímetros debajo. En otros casos se construyen piletones con marcos de metal y plástico grueso, «pelopinchos» gigantes de manzanas enteras de superficie. Luego se deja que el solazo puneño, el viento y la baja presión atmosférica del altiplano vayan evaporando el agua. Eso sabe tomar hasta un par de años. Todo es lento en esos paisajes inmensos.
Ahora, parafraseando a Fouché, vender litio sin valor agregado no es sólo un crimen: es un error. La rampa económica del litio argentino empieza cuando deja el país desde Catamarca, Salta o Jujuy, y en cantidades crecientes: hoy es el 17% del consumo mundial.
Pero Jujuy solita quiere producir 55 millones de toneladas, es decir el 22%, y próximamente. Y es que una tonelada de carbonato cuesta U$ 6000 FOB en el puerto más a tiro, pero con ella pueden hacerse 100 enormes baterías de ésas que usan los autos Tesla para lograr 500 km. de autonomía sin recargar. Tales baterías cuestan U$ 20.000 por unidad, así que ya subida a 100 Teslas, esa tonelada de litio vale U$ 2 millones.
“¡Hagamos baterías, Mendieta!”, escribiría el Negro Fontanarrosa, si estuviera aún entre nosotros. Pero en plan de discutir con el criollismo de un Inodoro Pereyra, lo que hace valer al litio es el “know how”, no el material en sí. Según Flexer, cualquiera de sus investigadores sabría construir una batería, pero no así de buena. En Jujuy se harán baterías, en cantidades simbólicas. Ese tren de la electroquímica ya nos dejó en el andén, y no solo a nosotros sino a Europa. Hay miles de tecnólogos/as de ojos rasgados mejorando constantemente las pilas recargables de litio en las universidades y empresas de China, Japón y sus vecinos: estamos fuera de esa carrera.
La deshidratación de los piletones, sin embargo, acelera el exiguo flujo de agua de los acuíferos que van recargando los lagos con salmuera. Los paisanos que vivan en los sitios altos, donde el agua subterránea todavía es potable, en caso de explotación intensa en los salares “aguas abajo” pueden quedarse con los aljibes secos. “Pueden” es un decir. Está sucediendo y hay lío. Silenciado, como suele ocurrir en el NOA.
Pero hay otras carreras, otros nichos de mercado más a nuestro alcance para industrializar el litio en el país, sugirió Flexer el 18 de septiembre en un buen reportaje de Yasmín González Blanco. Uno de ellos está en nuestra industria nuclear: los isótopos puros llamados litio-6 y litio-7 se usan en reactores nucleares para impedir la corrosión. Valen U$ 2000 el gramo.
El raro aspecto que toma el litio tras ponerle valor en fábricas chinas y luego en Tesla Motors.
Flexer no da la cotización por kilogramo porque no existe: nadie ha visto o producido todavía un kilogramo de litio-6 puro. El que quiera hacerlo, deberá desarrollar antes un proceso de enriquecimiento isotópico de final incierto, como era en los años ’40 el de purificación de agua pesada a partir de agua de canilla. Hoy la Argentina vende agua pesada entre U$ 600.000 y U$ 800.000 la tonelada. Esa rareza se ha vuelto un commodity caro con un nicho de mercado nuclear, pero mundial. ¿Podemos construir otro nicho así para isótopos pesados de litio?
Flexer también habla de reactivos puros de litio, pero sin mencionar un “target” industrial preciso, aunque algo tiene “in mente”. Como buena tecnóloga, no trabaja para el “paper” sino para la patente, así que no suele mostrar sus cartas antes de tiempo.
Y cambiando de tema totalmente, Flexer añade que hay modos ahorrativos en agua para llegar a las decenas de miles de toneladas que demanda China. Suponemos que quiere que esos procesos sean más expeditivos y con ciclo de agua cerrado o bastante cerrado. En parte, para respetar los acuíferos de los que vive la población puneña.
Tales nichos tecnológicos y tales modos de explotación son el tema del CIDMEJU (Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía), que en 2012, fue presentado por Nora Bär en La Nación. En aquel momento “El Centro del Litio”, como se lo llama por brevedad, era realmente breve: se reducía a Flexer y 5 tesistas. Ha crecido: hoy tiene 17 científicos, depende de la Universidad de Jujuy y el CONICET y los medios buscan a su jefa, aunque ésta parece evadirlos bien. Encontrar buenas fotos de Verónica Flexer se hace difícil.
El 19, es decir al día siguiente de la aparición de Flexer en “El Cronista” y desde “Ámbito Financiero”, el titular de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), Ing. Carlos Oehler, le dijo a la periodista Verónica Arbeleche que (sic) “los estudios hidrológicos demuestran que la situación está equilibrada, pese a las quejas de los lugareños”. Ah, ¿entonces había quejas?
JEMSE existe desde 2011 y se reparte en varias áreas, pero en lo central es copropietario con un 8,5% de acciones en Sales de Jujuy, el operador del proyecto de litio en Olaroz. Su función es cobrar (poco). Añadió Oehler que el año pasado las regalías mineras le dieron a Jujuy $ 52 millones. Subrayamos: pesos. A valores de 2017, fueron U$ 3 millones. El valor de 150 baterías de Tesla Motors. “Wow!”, como dicen que suele exclamar Elon Musk.
El mercado mundial tiene tracción: en 2016 compró un 13,5% más carbonato de litio que en 2015, y sigue en rampa. Oeheler sugiere soluciones para las quejas de los lugareños: “…una suerte de necesario acuerdo con quienes son los titulares superficiarios de todos los yacimientos…”, en sus palabras. Los titulares en su provincia, son EXAR SA y Sales de Jujuy. EXAR, según el funcionario, va a invertir U$ 420 millones en una planta jujeña.
Tal vez la firma garantice, según usos y costumbres habituales de las mineras, términos simétricos de negociación para alcanzar el “necesario acuerdo” con la población rural dispersa de la Puna, que no tiene dinero, organización o “manija”. Con la tecnología evaporativa actual, bastaría que “los lugareños” se abstengan de beber agua, y lo mismo sus animales. También pueden acordar igualitariamente las partes en que llueva más. Pero preferiblemente sobre las cabeceras de los acuíferos y no sobre los salares, porque retardaría la deshidratación del carbonato. Hay que ser minucioso a la hora de redactar contratos sociales y climáticos.
Victoria Flexer es doctorada en electroquímica en la UBA, luego trabajó en el CNRS (el equivalente francés del CONICET, pero con plata), luego en la Queensland University de Australia, luego en la de Ghent (o Gante), en Bélgica. Volvió a la Argentina todavía con pinta de jovencita y hoy dirige el CIDMEJU, que también fundó. Chica pila, como quien dice.
Aún si Flexer no logra una vía para enriquecer litio-6 y 7, con que desarrolle un proceso menos neolítico para concentrar materia prima nos cosecharía un Santo Grial. Eso podría generarle a Jujuy otras regalías por patentes, mejores que lo poco que cobra por vender naturaleza cruda. También podría evitarle a la provincia conflictos con su población rural dispersa. Y también lograr que la industria automotriz no tenga que esperar tanto para obtener el carbonato de litio para sus autos eléctricos.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, hizo algunos adelantos sobre el nuevo acuerdo con el F.M.I. en un encuentro que tuvo lugar el jueves con economistas y representantes de fondos comunes de inversión y de sociedades de Bolsa. Ahí afirmó que el gobierno y los técnicos del Fondo avanzaron en la semana en una negociación por la que, además del adelanto de desembolsos ya previstos, ampliaría el programa original de US$ 50 mil millones con una inyección extra de entre US$ 15 y 20 mil millones.
Hay otra novedad: también se pondrá fin al régimen de metas de inflación como mecanismo para contener la suba de precios, y se focalizará en el control de agregados monetarios. Esto significa que se medirá la expansión de dinero, fijando metas de base monetaria (circulante más depósitos bancarios).
Después del encuentro, también trascendió que se habría logrado acordar con el FMI dejar de lado el régimen de flotación libre para el dólar por un nuevo esquema que con emplaría una banda cambiaria. Se fijaría un piso de entre $ 32 y $ 36, y un techo de $ 40 a $ 44, en el que se permitirá que el dólar oscile. El Banco Central intervendría cuando perforara ese mínimo o superara el tope, para lo cual el FMI daría mayor flexibilidad para usar reservas para controlar el tipo de cambio.
Sobre este aspecto, AgendAR fijó su posición ayer aquí.
La prestación social que hoy se asigna a quienes tienen cumplidos 65 años y no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, tendría desde 2019 un acceso restringido.
Según el proyecto de presupuesto presentado en el Congreso, el Ministerio de Hacienda busca que la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sea incompatible con cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia. Esta condición actualmente no existe, porque la prestación surgió con la consigna (entre otras) de ser útil para quienes, al tener aportes pero no en cantidad suficiente, puedan acceder temporalmente al cobro y, a la vez, ir reuniendo los requisitos para después solicitar el beneficio de jubilación completo.
La PUAM, una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo (hoy es de $ 6.909), fue creada a mediados de 2016 por la ley 27.260. Para acceder a su cobro se fijaron los requisitos de tener 65 años como mínimo (igual edad para varones y mujeres), y de ser argentino natural, por opción o naturalizado (en este último caso, con una residencia legal mínima en el país de diez años) o ser extranjero con residencia legal mínima acreditada de 20 años.
La propuesta oficial, que tiende a contener las erogaciones del sector público en prestaciones sociales, se suma a otra referida a reducir los montos adicionales que cobran los pasivos incluidos en el sistema que viven en la Patagonia.
Actualmente se aplica un diferencial por el cual los montos que rigen para el resto del país se multiplican por 1,4 para quienes residen en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones. La propuesta es bajar ese coeficiente a 1,20 para los haberes «que no superen dos veces el haber mínimo».
Otro de los temas, el que probablemente tenga más peso para los egresos del Estado, que se quiere impulsar en el corto plazo es el “principio de sustitutividad” de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador.
La idea del Gobierno es que ese porcentaje tenga un “techo” de aproximadamente el 60%. El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario.
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
Adrián Tróccoli, titular del estudio que lleva su apellido, explicó que “el principal problema de este cambio está dado en los cuentapropistas que tienen ingresos reducidos o eventuales”.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil. Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Resta por verse si la “mini reforma” jubilatoria logrará ser aprobada o, en cambio, sus contenidos provocarán rechazo en el Congreso.
Omar Príncipe, en la presidencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) desde fines de 2014, deja su puesto. Llega el mendocino Carlos Achetoni, un productor ligado a las economías regionales con una postura más dialoguista y de menos confrontación con el Gobierno nacional.
La Federación Agraria, fundada en 1912 después de la legendaria protesta rural, «el Grito de Alcorta», agrupa a pequeños y medianos productores agropecuarios de todo el país. Con la conducción anterior, se había distinguido por sus críticas muy duras hacia el gobierno de Mauricio Macri.
Frente a los recientes anuncios oficiales, Príncipe dijo en declaraciones a la prensa “Se condena otra vez a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI”.
La elección de Acheroni fue una sorpresa para el periodismo y muchos asociados. Se daba por segura la reelección de Príncipe. Pero parte de los delegados que lo apoyaban cambiaron de postura en las negociaciones previas. Príncipe declinó su candidatura, y la lista única de Achetoni obtuvo el 88% de los sufragios. El 12% restante votó en blanco.
Según se dijo en Rosario, el nuevo presidente tuvo el apoyo de los delegados radicales vinculados a Ernesto Sanz y de los afines al PRO que se referencian en el senador y ruralista Alfredo De Angeli, de Entre Ríos.
La nueva conducción afirmó: «Vamos a trabajar por una Federación Agraria fuerte y unida. En cuanto a la situación de los productores, debemos entender que si bien hay mejores perspectivas para exportar, se invierte en la producción con insumos dolarizados y el pequeño productor, que es el eslabón más débil, tiene complicaciones.
Tenemos por delante el enorme desafío de agotar todas las instancias de diálogo con los gobernantes. Seremos críticos cuando haya errores, como los tenemos todos. Pero no críticos para generar una desestabilización, sino para que puedan tener la posibilidad de corregir y buscar soluciones”.
También hizo alusión a las diferencias que tiene la FAA con el gobierno nacional en temas como las producciones regionales, el Fondo Sojero y la Ley de Semillas. Pero insistió en la búsqueda del diálogo con el gobierno y la necesidad de trabajar juntos con las otras organizaciones rurales, en la Mesa de Enlace.
El INDEC informa que en el segundo trimestre de este año, con un 4,2% de caída en la economía, la actividad financiera tuvo un espectacular crecimiento del 8,7%. Retrocedieron el agro, la pesca, la industria, el comercio, transporte y comunicaciones y hoteles y restaurantes, pero volvió creció con fuerza el rubro “intermediación financiera”.
Es el sector que incluye los bancos, entidades de tarjetas de crédito, casas de cambio, agentes de Bolsa, cooperativas de crédito, compañías de seguros y demás agentes financieros.
Después de la recesión de 2016 ya venía creciendo a tasas muy superiores a las del conjunto de la economía. Pero en el segundo trimestre, de abril a junio, no solo no acompañó el desplome de la actividad sino que se expandió como no lo hizo en el período positivo anterior.
Con la corrida cambiaria y el feroz encarecimiento del crédito, los sectores vinculados a la producción retrocedieron y se acrecentó la incidencia financiera en el tamaño y valor de la economía.
Hay un peligro también para las mismas entidades financieras en este desarrollo: los niveles de interés tan altos, unidos a la retracción general de la actividad, pueden redundar en breve plazo en un deterioro de las carteras de préstamos, por una mayor tasa de mora o de incobrabilidad.
Se están produciendo cambios acelerados en las formas usuales de distribución de los artículos del consumo masivo. Un estudio reciente de la consultora Nielsen sobre comercio electrónico en 30 países, entre ellos la Argentina, encontró que las ventas en línea de los productos que se compran en los supermercados crecen cinco veces más rápido que las ventas presenciales de este mismo tipo de productos.
Para el 2020 -faltan sólo 15 meses- el comercio electrónico mundial tendrá -en este rubro- un valor de más de US$ 400.000 millones , de los cuales US$ 68.708 millones provendrán de Latinoamérica. En esta proyección, las compras por la web abarcarán entre el 10% y el 12% de participación del mercado, según ese estudio.
En Argentina, «el canal on line está en pleno desarrollo. Creció el 97,6% en el último año porque parte de valores muy bajos», dice Maximiliano Narducci, account manager de Nielsen Argentina. El monto de las ventas de los supermercados on line fue de $ 1.082 millones en el último año.
«Hoy la venta on line en supermercados, representa el 1,9% en los meses en los que se realizan eventos importantes como «Cibermonday» o el «Blackfriday». Sería como la mejor sucursal que tiene cada cadena. «Por eso hoy el sector le está prestando mucha atención y está poniendo muchas fichas al desarrollo del canal».
Las ventas más fuertes on line son las de Coto y Jumbo. Carrefour, que vende (on line) sólo electrodomésticos y productos que no sean alimentos, tiene planes para incorporar otros rubros a su canal de e-commerce. Otro desarrollo importante es el «pick up» en la tienda, que está potenciando Walmart. Y Disco, la marcar de Cencosud, tiene un servicio similar que se llama «Disco al auto». «Lo cierto es que todas las cadenas están pensando en incursionar en alianzas, con firmas de delivery como Mercadoni, Glovo o Rappi».
En AgendAR nos extendimos en este tema en «Los locales a la calle y las redes sociales: ¿rivales o socios?«.
«En el marco del paro general anunciado para el próximo martes 25 de septiembre, ANSES informa que, quienes tenían asignada esa fecha de cobro, tendrán depositados sus haberes el lunes 24«.
En una repartición clave del Estado nacional, por los fondos que maneja -el mayor egreso del Presupuesto, después de los intereses de la deuda-, pero sobre todo por extenderse por todo el territorio nacional, en contacto cotidiano con el bloque de votos más importante, decidieron tomar nota del alcance del paro dispuesto por los gremios. Es una señal significativa.
El Gobierno autorizó a la low cost de bandera chilena Sky Airline S.A. a explotar nuevos servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en la ruta Santiago de Chile – Buenos Aires
.
Con la Resolución 669/2018, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicó que «la empresa operará sus servicios de conformidad con las autorizaciones, las designaciones y las asignaciones de frecuencias efectuadas por el Gobierno de su país y con estricta sujeción a lo acordado en el marco bilateral aplicable en materia de transporte aéreo, así como también a las leyes y demás normas nacionales e internacionales vigentes y a las condiciones de reciprocidad de tratamiento por parte de las autoridades de Chile para con las empresas de bandera argentina que soliciten similares servicios».
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
La tecnología de explotación actual es prehistórica: se cavan ringlas de piletones a pico y pala en la costra seca que recubre el salar hasta que aparece la salmuera unos pocos centímetros debajo. En otros casos se construyen piletones con marcos de metal y plástico grueso, «pelopinchos» gigantes de manzanas enteras de superficie. Luego se deja que el solazo puneño, el viento y la baja presión atmosférica del altiplano vayan evaporando el agua. Eso sabe tomar hasta un par de años. Todo es lento en esos paisajes inmensos.
Ahora, parafraseando a Fouché, vender litio sin valor agregado no es sólo un crimen: es un error. La rampa económica del litio argentino empieza cuando deja el país desde Catamarca, Salta o Jujuy, y en cantidades crecientes: hoy es el 17% del consumo mundial.
Pero Jujuy solita quiere producir 55 millones de toneladas, es decir el 22%, y próximamente. Y es que una tonelada de carbonato cuesta U$ 6000 FOB en el puerto más a tiro, pero con ella pueden hacerse 100 enormes baterías de ésas que usan los autos Tesla para lograr 500 km. de autonomía sin recargar. Tales baterías cuestan U$ 20.000 por unidad, así que ya subida a 100 Teslas, esa tonelada de litio vale U$ 2 millones.
“¡Hagamos baterías, Mendieta!”, escribiría el Negro Fontanarrosa, si estuviera aún entre nosotros. Pero en plan de discutir con el criollismo de un Inodoro Pereyra, lo que hace valer al litio es el “know how”, no el material en sí. Según Flexer, cualquiera de sus investigadores sabría construir una batería, pero no así de buena. En Jujuy se harán baterías, en cantidades simbólicas. Ese tren de la electroquímica ya nos dejó en el andén, y no solo a nosotros sino a Europa. Hay miles de tecnólogos/as de ojos rasgados mejorando constantemente las pilas recargables de litio en las universidades y empresas de China, Japón y sus vecinos: estamos fuera de esa carrera.
La deshidratación de los piletones, sin embargo, acelera el exiguo flujo de agua de los acuíferos que van recargando los lagos con salmuera. Los paisanos que vivan en los sitios altos, donde el agua subterránea todavía es potable, en caso de explotación intensa en los salares “aguas abajo” pueden quedarse con los aljibes secos. “Pueden” es un decir. Está sucediendo y hay lío. Silenciado, como suele ocurrir en el NOA.
Pero hay otras carreras, otros nichos de mercado más a nuestro alcance para industrializar el litio en el país, sugirió Flexer el 18 de septiembre en un buen reportaje de Yasmín González Blanco. Uno de ellos está en nuestra industria nuclear: los isótopos puros llamados litio-6 y litio-7 se usan en reactores nucleares para impedir la corrosión. Valen U$ 2000 el gramo.
