El Scimago Institutions Ranking, una prestigiosa institución que analiza el desempeño de diversas instituciones científicas en todo el mundo, ubicó al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en el puesto número uno, como la mejor, por sexto año consecutivo.
El Scimago es un indicador que analiza diferentes estándares de calidad relacionados con el impacto social, la investigación y la innovación que provoca una institución. El ranking lo componen 91 instituciones latinoamericanas, donde también hay otros establecimientos científicos de Argentina y otros países.
Investigadores del CONICET que descubrieron molécula para combatir el Parkinson. Foto: Prensa.
Por otra parte, el CONICET ocupa el primer puesto de instituciones estatales con mayor impacto social en el subcontinente y el puesto número 13 entre los mejores establecimientos estatales del mundo, que comprende una lista de 1870 entidades.
La noticia aparece especialmente en un contexto en el que se desconoce si renovarán becas doctorales a los profesionales, además de si otorgarán las becas de investigación correspondientes a las personas a las que el instituto ya había aceptado. Inclusive, 68 científicos que ganaron el Premio Nobel dedicaron una carta al presidente de la República Argentina, Javier Milei, donde pidieron que no recorte en este ámbito.
¿Qué es el CONICET?
El CONICET es una institución fundada hace 66 años, que comprende más de 300 institutos y 16 centros científicos tecnológicos en toda la Argentina. Además, tiene 10 centros de investigación y transferencia, como también un centro de estudios multidisciplinarios.
Instituto de Nanobiotecnología, que depende del CONICET y la UBA.
El instituto está compuesto por más de 11.800 investigadores, 11.800 becarios, 2.900 personas de apoyo y 1.500 administrativos.
Entre sus áreas de estudio incluyendo Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales, así como Tecnología. Los avances científicos del CONICET en ámbitos de las ciencias sociales y las ciencias naturales tienen impacto en varios países y se utilizan en varias academias alrededor del mundo.
La enfermedad podría hacerse cada vez más prevalente, incluso endémica, en gran parte de Europa y Estados Unidos
Los pacientes yacen inmóviles en la sala de espera, gimiendo pidiendo ayuda. Búsqueda desesperada de una cama libre en el hospital. Discusiones en urgencias por la medicación.
Desde los días más oscuros de la pandemia de covid-19, cuando los sistemas hospitalarios de todo el país se rompieron bajo el peso de la enfermedad, Brasil no había sido testigo de escenas semejantes. Pero esta vez no es el coronavirus lo que ha llevado a los estados de todo el país a declarar el estado de emergencia e incluso ha impulsado la construcción de un hospital de campaña en Brasilia, la capital del país.
Es el dengue: la enfermedad está arrasando gran parte de Sudamérica, donde los científicos afirman que el aumento de las temperaturas debido al cambio climático ha ampliado el área de distribución territorial del mosquito que transmite el dengue y ha incrementado su proliferación.
En los dos primeros meses de este año, Paraguay registró casi 100.000 casos sospechosos, más de cinco veces la tasa habitual. Perú, asolado por su propio brote, ha declarado la emergencia en gran parte del país. En Argentina también se ha producido una explosión de casos.
Pero la enfermedad ha surgido con especial virulencia en Brasil, donde los epidemiólogos esperan que el número de casos de dengue alcance los millones -más del doble del récord anterior- y pueda matar a miles de personas.
Según los epidemiólogos, el agravamiento de la crisis de salud pública sirve de advertencia al mundo. La lucha contra la enfermedad ha entrado en una nueva fase impredecible y peligrosa. El dengue se está introduciendo en lugares donde nunca antes había llegado. Y en los lugares donde ya ha estado, el número de casos se está disparando a niveles nunca vistos.
Históricamente, la enfermedad se ha limitado a los climas tropicales. Pero en los últimos años, a medida que los casos se han disparado en gran parte del mundo -se han multiplicado por ocho desde el cambio de milenio-, el virus se ha extendido cada vez más a zonas que antes estaban prácticamente a salvo.
Ahora se registran casos de transmisión local en los estados más cálidos y húmedos de Estados Unidos, donde ya se desplaza el mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad. Florida registró el año pasado la cifra récord de 178 casos de transmisión local. California, Arizona y Texas también están detectando transmisión local. La misma dinámica se observa en el sur de Europa, donde el año pasado se registraron decenas de casos de transmisión local.
Los epidemiólogos advierten que probablemente esto sea sólo el principio. En los próximos años, a medida que el cambio climático amplíe el alcance del mosquito A. aegypti, la enfermedad podría hacerse cada vez más prevalente, incluso endémica, en gran parte del sur de Europa y el sur de Estados Unidos.
“Los casos de dengue están aumentando a un ritmo alarmante”, afirma Gabriela Paz-Bailey, especialista en dengue de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Se está convirtiendo en una crisis de salud pública y está llegando a lugares que nunca antes lo habían padecido”.
El riesgo en los climas septentrionales más ricos se ve atenuado por varios factores, como la prevalencia de ventanas con mosquitera, el aire acondicionado generalizado y las estrictas prácticas de saneamiento, que pueden reducir el número de charcos de agua estancada, donde el A. aegypti puede reproducirse.
Pero los epidemiólogos afirman que no hay que descartar la amenaza, sobre todo este año. Brasil registró más de un millón de casos de dengue sólo en enero y febrero. Para finales de año, se espera que el país sufra 4,2 millones, más de los que se registraron en toda América el año pasado durante su brote récord de dengue.
“No ha habido una transmisión extensa en EEUU, pero eso puede cambiar”, afirma Albert Ko, epidemiólogo de la Universidad de Yale. “Debería preocuparnos que una gran temporada epidémica en Brasil y el resto de Sudamérica impulse la propagación y la transmisión a lugares de EEUU”.
Un sorprendente aumento del dengue
Durante años, los casos de dengue en Brasil no han dejado de aumentar. Pasaron de unos pocos cientos de miles al año a principios de la década de los ochenta a más de 1,4 millones en 2013, y de nuevo a casi 1,7 millones el año pasado. Pero este año, varias fuerzas se combinaron para desencadenar un brote sin precedentes.
Una extraordinaria ola de calor chocó con El Niño, que suele coincidir con una mayor dispersión del dengue, lo que provocó una mayor proliferación del mosquito A. aegypti y alargó su esperanza de vida.
“No se trata sólo de cuántos hay, sino de que viven más”, explica Kleber Luz, que coordina la investigación de las enfermedades transmitidas por A. aegypti en la Sociedad Brasileña de Epidemiología. “Aunque sólo sean uno o dos días, esto afectará al número de casos de dengue”.
Luego vino otro acelerante: la circulación simultánea de los cuatro tipos de dengue. Eso redujo las protecciones inmunológicas que la gente podría haber tenido de otro modo en un país donde el dengue lleva mucho tiempo presente. “Llevo trabajando con el dengue desde 1997″, dijo Luz, “y nunca he visto otro año en el que circulen los cuatro al mismo tiempo”.
Felipe Naveca, epidemiólogo de la Fundación Oswaldo Cruz, una institución brasileña de investigación científica, dijo que momentos como éste, en el que circulan múltiples variantes del dengue, son especialmente peligrosos, porque la gente puede contraer la enfermedad varias veces en un corto periodo de tiempo. Es probable que los casos sigan siendo elevados a medida que se sucedan los picos de cada variante.
Para complicar aún más la lucha de Brasil contra el dengue, el mosquito A. aegypti se ha aprovechado durante mucho tiempo de una serie de problemas sociales crónicos: desigualdad, pobreza, planificación urbana desorganizada y un sistema de salud pública que a menudo flaquea.
Millones de brasileños viven en comunidades irregulares densamente pobladas -llamadas favelas o “la periferia”-, a menudo fuera del alcance de los servicios públicos y los servicios básicos. Con una fontanería poco fiable, la gente suele recurrir a almacenar agua al aire libre, creando innumerables criaderos de mosquitos.
“Si la gente no usa el agua durante una semana, el mosquito se reproduce en ella”, afirma Raman Velayudhan, experto en dengue de la Organización Mundial de la Salud. “Es una enfermedad de las ciudades urbanas”.
Muchas de estas fuerzas chocan ahora con especial fuerza en el Distrito Federal de Brasil, que a finales del mes pasado se había convertido en el epicentro del brote de dengue del país.
Personas en una unidad de atención médica de emergencia por dengue en Río de Janeiro
No tenían cama para mí
La enfermedad se propagó a una velocidad insospechada por las zonas más pobres del distrito, que forman un anillo alrededor del centro de la ciudad, Brasilia. A finales de febrero, la enfermedad estaba en todas partes: casi 120.000 casos probables de dengue en una ciudad de 2,8 millones de habitantes. El sistema hospitalario del distrito, que había resistido los embates de la pandemia de coronavirus, empezó a tambalearse. Las camas hospitalarias se habían agotado.
“El sistema sanitario público y privado del distrito federal está colapsado”, declaró el gobernador del distrito, Ibaneis Rocha. “El momento es grave, y aún no hemos llegado al pico de la epidemia”.
Cuando Loide Rocha dos Santos, de 57 años, fue llevada a un hospital abarrotado el mes pasado, dijo que el caos era evidente. A pesar de la gravedad de su estado -el dengue había reducido su recuento de plaquetas a un nivel peligrosamente bajo-, el centro sanitario de la región de Gama apenas podía hacer nada por atenderla. “Los dos primeros días tuve que sentarme en una silla de ruedas. “No tenían cama para mí”.
Fue una de las afortunadas. Los pacientes estaban a su alrededor, en el suelo, recibiendo sueros. Otros gritaban de rabia por la falta de atención, según un vídeo grabado por su hija. Un hombre pedía a gritos analgésicos para poder irse a casa a morir. “No había ningún sitio al que pudiéramos ir”, dijo.
En el otro extremo del distrito, en la empobrecida región de Ceilândia, otra familia peinaba la ciudad en busca de una cama de hospital. Mariana Torres Lima, de 5 años, tenía claramente un caso de dengue, con fiebre alta, vómitos y dolores intensos. Pero cuando los miembros de la familia la llevaron al Hospital Regional de Ceilândia, fueron rechazados, dijeron.
Así que la familia viajó a un hospital de campaña construido para atender a los enfermos de dengue. Tras siete horas de espera, ingresaron a Mariana. Se acurrucó bajo una manta de lana gruesa en un catre militar y se durmió. Fuera, su tía Bruna Lira hervía de rabia. “El gobierno no se ocupa de nosotros. “Hay basura en las calles y no hay limpieza general en las escuelas. Una cosa lleva a la otra”.
“Este año es diferente”, dijo Antonia Natane Lopes de Lima, de 32 años, que acompañaba a su hijo enfermo. “Este año es peor que nunca”.
A continuación, el documento titulado «Declaración de Puerto Madryn», que fue firmado por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de La Pampa, Sergio Ziliotto; en la cumbre de gobernadores patagónicos.
Declaración de Puerto Madryn
La reforma constitucional de 1994 -de la que se cumplen 30 años- concibió un nuevo actor en la federación argentina: LAS REGIONES.
El art. 124 de la Constitución habilita a que las provincias, por su propia determinación y voluntad, acuerden la creación de regiones para el desarrollo económico y social, así como establecer órganos concertados para ejecutar y llevar adelante sus objetivos.
La Región Patagonia fue la primera creada en ese marco constitucional habilitante mediante el Tratado de Santa Rosa, La Pampa, de 1996.
Los Estados miembros han tomado la determinación de relanzar y dar mayor vigor a ese acuerdo. A tal fin, suscribieron el pacto de Villa La Angostura, Neuquén, el 11 de enero de 2024, por el cual se dio un marco institucional y organizacional con el objetivo de dar mayor ejecutividad a las decisiones que se adopten y crearon el Foro Permanente de Legisladores Nacionales de la Patagonia, con la finalidad de concertar las posiciones de los representantes patagónicos en las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
La Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, el 87% de petróleo, el 71 % de la energía eólica, el 27% de la energía de hidroeléctricas. Concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras y en sus puertos la mayor parte de los desembarcos de ese recurso. Cuenta con los principales destinos turísticos del país, exportaciones diversificadas de recursos agrícolas, ganaderos y forestales.
La Región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infraestructura acorde. El ajuste fiscal por sí solo no garantiza desarrollo. La producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos.
Si la determinación política del gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades y a tono con el mandato constitucional que establece que toda transferencia de competencias, servicios o funciones debe venir acompañada de los correspondientes recursos.
Es por ello que los Gobernadores de las provincias del Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa, resuelven asumir en plenitud las potestades reconocidas en la Constitución Nacional y en tal sentido proclaman la determinación de llevar adelante un Plan Regional de Desarrollo Productivo, estado desde los propios Estados definiendo de este modo el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales; convocando a la inversión del sector privado; concertando los acuerdos internacionales que autoriza el art. 124 de la Constitución; definiendo su política tributaria de fomento de la inversión y el empleo; ejerciendo en plenitud su autonomía energética -en particular la de fuente hídrica como así también las renovables y las vinculadas a la transición energética- y la realización de las obras de infraestructura necesarias para esos fines.
Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos. Debe comprenderse la importancia de alcanzar consensos institucionales entre Estados preexistentes -Como lo son las provincias- y una Nación formada por voluntad y elección de las provincias que la componen. Reafirmamos ese compromiso como así también el de defender a nuestras provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos.
Preocupados por lo que trascendía internacionalmente acerca de la devaluación de los presupuestos del CONICET y las universidades nacionales, tres laureados por la Academia Sueca se comunicaron con el biólogo molecular argentino Alberto Kornblihtt para interiorizarse sobre la situación.
La noticia sobre una carta en defensa de la ciencia argentina dirigida a las autoridades nacionales y firmada por 68 ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas dio la vuelta al mundo. Pero hasta ahora no había trascendido cómo fue que se gestó esa iniciativa que puso en perspectiva, como nunca antes, los aportes del sistema científico local a escala global. Testigo privilegiado de las gestiones para que este apoyo sin precedentes fuera una realidad, el destacado biólogo molecular argentino Alberto Kornblihtt brindó detalles del detrás de escena.
“Fue una propuesta directa de tres ganadores del Premio Nobel, que me escribieron 20 días atrás para que los ayudara porque le querían mandar una carta al presidente, a los legisladores y a la prensa, preocupados por lo que estaba pasando. Les dije que sí y les envié una reseña que incluía logros de la ciencia argentina que había recopilado la periodista científica Nora Bär”, explicó Kornblihtt, quien reconoció que se sorprendió con el análisis profundo que contiene el texto final.
Según contó el profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e Investigador Superior contratado del CONICET, el primero en contactarlo fue Andrew Fire, ganador del Nobel de Medicina en 2006 por haber sido uno de los descubridores de los ARN reguladores, y a quien no conocía personalmente. Luego se comunicaron Robert Horvitz, que descubrió a través del gusano Caenorhabditis elegans el mecanismo de la muerte celular programada o apoptosis; y Richard Roberts, uno de los codescubridores del “splicing” o mecanismo de maduración del ARN.
Consultado acerca de las posibles razones detrás de ese apoyo tan contundente a la ciencia argentina, Kornblihtt reflexionó: “Creo que no somos conscientes de la importancia de nuestra ciencia y tecnología en el contexto mundial. Hay algo que viene de la escuela de Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir, entre otros, y que tiene que ver con que en la Argentina siempre luchamos por hacer una ciencia que fuera original y no la cola de león de los proyectos del hemisferio norte. Siempre hemos querido ser líderes de nuestros propios temas de investigación. Eso es algo que reconocen estos científicos laureados”.
Luego de mencionar muchos de los logros generados desde este lado del planeta y que redundaron, por ejemplo, en beneficios clínicos para los pacientes de todo el mundo; o la larga tradición en astronomía, paleontología, arqueología y estudios ambientales y sociales que ostenta la Argentina, la carta insta, entre otras cosas, a dejar sin efecto las restricciones impuestas a los presupuestos del sector científico y tecnológico. “Congelar los programas de investigación y disminuir el número de estudiantes de doctorado y de investigadores jóvenes provocará la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, y que requeriría muchísimos más para ser reconstruido”, advierte el texto.
“A mí lo que más me importa es la repercusión que pueda tener en senadores y diputados, que son los que finalmente pueden poner un freno institucional al desguace del sistema de ciencia y técnica”, enfatizó Kornblihtt. Y si bien reconoció que no sabe qué impacto real puede tener la carta en las políticas futuras relacionadas con el sector, el científico piensa que sí sirvió para renovar las esperanzas entre sus colegas.
“Creo que es un aliciente para los jóvenes investigadores e investigadoras, que ven peligrar su futuro porque se redujeron las becas, porque hay incertidumbre sobre la confirmación de la entrada a la carrera del investigador y porque las promociones no salen. En ese contexto muchos están pensando en irse, lo cual es un drama para la Argentina”, deslizó.
Hasta el cierre de esta nota no trascendió cómo repercutió el tema entre los legisladores, pero quién sí habló esta mañana fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien en su conferencia de prensa diaria aseguró: “El gobierno nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET”. Y tras asegurar que la gestión apuesta a la ciencia y la tecnología, añadió que “sin dudar de la honestidad intelectual de los Premio Nobel que firmaron la carta, cabe recordar que el buen análisis científico es aquel que evalúa los fenómenos en su contexto. Y el contexto nuestro es que Argentina es un país empobrecido, así que no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”.
En los últimos días, las repercusiones internacionales por la situación del sistema científico argentino han ido tomando distintas formas: ya antes de la carta de los premios Nobel, investigadores de renombre de diferentes partes del mundo habían hecho circular por redes sociales videos brindando su apoyo. Y en las últimas horas la revista Nature publicó un nuevo artículo sobre la crisis que enfrenta el sector, con declaraciones de investigadores y la opinión de un vocero de la Secretaría de Ciencia, que no da su nombre. (Agencia CyTA-Leloir).-
VAX es el atractivo y la apuesta novedosa de Expoagro. A lo largo de la semana, el prototipo, que ocupa gran parte del stand de Metalfor, se robó la atención de decenas de productores. Se trata de un vehículo autónomo multipropósito, en cuyo desarrollo participaron la firma cordobesa, Marinelli Technology, y fue diseñada por José Luis Denari.
Desde Metalfor explicaron que la idea del vehículo es que este pueda hacer la pulverización y fertilización de forma robotizada. “Es un vehículo no tripulado. Es un “concept”, que el día de mañana puede usarse para siembra, actualmente “no existe otro”, explicaron los expertos.
“Hoy en día la maquinaria agrícola tiene tecnología muchísima más sofisticada que la que encontramos en la calle, es decir, los vehículos autónomos por una cuestión de seguridad todavía no existen, pero si te subís a cualquiera de estas máquinas grandes ya tienen piloto automático. O sea, uno define el recorrido, es mucho más fácil resolver, si bien es complejo, es más fácil en el campo donde los obstáculos no existen, no hay vidas humanas en juego. Entendemos que cada vez más la autonomía de la inteligencia artificial van a ser más preponderantes en este desarrollo”, dijo Eduardo Borri, presidente de Metalfor.
El diseño se realizó entre octubre y febrero pasado.“Este es un vehículo tractor. Hoy puede ser de utilización, de apoyo y en un futuro de siembra. El concepto es revolucionar o cambiar la idea de la maquinaria agrícola en términos de autonomía. Si ves la tecnología que hay en el campo, en la ciudad todavía no está funcionando por una cuestión de precaución y seguridad, pero todo eso ya está. Hay gente que ha querido comprarlo, pero todavía no lo podemos vender. Va a llevar un tiempo, seguramente va a tomar un par de años terminarlo”, precisó Borri.
Fue diseñado por José Luis Denari, quien se encargó de la parte estética de la máquina. Según mencionó, ya había diseñado una cosechadora de la firma. “Para el diseño, me inspiré en un drone, el concepto es eso, y el uso del logotipo de Metalfor está hecho de esa manera para que se vaya abriendo hacia los laterales. Cuando la ves por los laterales, te das cuenta de que tiene esa forma. La máquina y el concepto general tenía un drone arriba, porque es quien mapea el potrero y después vuelve y le da la información a la máquina”, agregó.
Denari sostuvo que la Argentina está a la par de Estados Unidos y Europa en este tipo de tecnología, donde todos están trabajando en lo mismo. “Eso en la industria automotriz no existe, mientras que en el campo esta tecnología es la misma que se está aplicando en otros países. En ese aspecto estamos trabajando en paralelo, y todos a la vez”, afirmó.
José Luis Denari fue quien se encargó de la parte estética de la máquinaMarcelo Manera – LA NACION
En la firma aseguran que este vehículo tiene menos materiales que una máquina tradicional, porque no tiene cabina, y hay un montón de componentes diferentes. “En definitiva, reducir la huella de carbono, todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero para fabricar productos plásticos y además necesito energía, entonces si reduzco la cantidad de materiales que tengo también estoy contribuyendo al medioambiente”, dijo.
Denari, quien manejaba la máquina con un control remoto, explicó que esta es bidireccional, es decir, como la trompa es igual a la cola, puede trabajar de ambos lados; por ese motivo, las luces se transforman en rojas si la máquina está yendo para el otro lado. “La máquina es el futuro de Metalfor y no es solamente en una apuesta estética, estamos pensando y trabajando en esto. La idea es que pueda estar funcionando”, indicaron en la firma.
El cerebro tecnológico
En el tecnódromo, donde está el prototipo funcionando, Nicolás Marinelli, contó que fue el encargado de realizar la parte de la inteligencia artificial y robotización de la máquina. El joven se considera autodidacta, igual que su padre, Sergio Marinelli.
“Realizamos toda la automatización del equipo, por eso la presentamos en conjunto con Metalfor”, resumió. La empresa había trabajo en el desarrollo del RUAS 160, el helicóptero no tripulado de la firma Cicaré. “Siempre nos inspira la parte agrícola y todo lo que tiene que ver con la robotización y automatización para poder ser sustentables y más eficientes en la agricultura de precisión”, planteó Marinelli.
Marinelli Technology, la firma que se dedica a la automatización y robotización, se encargó de la parte interna donde están los módulos de los pilotos automáticos y los sistemas de comunicaciones. “Trabajamos por pasión y por querer desarrollar, renovar y buscar resolver problemas a la sociedad y que todos en el sector podamos crecer. Ni mi papá ni yo tenemos un título, pero nos apoyamos en los profesionales a la hora de los desarrollos”, afirmó.
La idea es que todas estas tecnologías vengan a resolver problemas. “Hoy, el sector está más exigente y tiene que estar a la vanguardia de un montón de tecnología y tenemos que ver a nivel mundial hacia dónde está yendo hoy la agricultura; más que nada para poder tener la persona que antes estaba arriba de la máquina, que pueda estar abajo haciendo un control y poder evitar algunos errores humanos, que por ahí solemos tener en las máquinas y evitarlos, ya que esto lo haría de manera autónoma o con inteligencia artificial para resolver un montón de problemas”, afirmó.
También trabajan en otro tipo de desarrollo tecnológico más pequeño desde 2020. “Nuestro propósito es la parte de sustentable, las Buenas Prácticas Agrícolas [BPAs], la parte ambiental, económica y también social”, amplió. La empresa familiar presta servicios de cosecha, pulverización y todo lo que es agricultura de precisión.
“Tratamos de poder hacer todo de manera más ágil para los prototipos, y empezar a demostrar y poder probarlos. Hay equipos que por ahí nos llevan un par de años y otros que, por ejemplo, nos toma seis meses para lograr un prototipo utilizable”, agregó.
El VAX demoró unos seis meses en terminarse. “Fue poco tiempo dentro de todo. Nosotros colocamos parte de la electrónica en el equipo para la automatización, después, las reformas para poder quitarle la cabina y poder trabajar. Después ya nace como un robot y nosotros lo que hacemos es incorporarle la tecnología para poder controlarla manualmente y además automática”, precisó.
El hecho de que Metalfor haya estado en el armado y desarrollo de la máquina jugó a favor para que fuera diseñada en tiempo récord. “Nosotros ya arrancamos desde una base, con un equipo que es muy confiable, con una reputación y un muy conocido, el equipo y sus productos, por eso nosotros damos por descontado que desde la parte mecánica no íbamos a tener ningún tipo de problema; ya estaba todo eso desarrollado”, agregó.
Una estratégica terminal portuaria se comenzará a erigir en las islas Malvinas para atraer cruceros, pesqueros, barcos de investigación científica y hasta petroleros, eventualmente, en la puerta de entrada a la Antártida.
Fruto de un acuerdo entre las autoridades del archipiélago y el astillero británico Harland & Wolff se llevará a cabo un proyecto que se empezó a gestar en la necesidad de reconstruir puerto Stanley, destrozado en la guerra de 1982.
La inversión inicial será de alrededor de 150 millones de dólares, contaba con créditos por US$ 85 millones para financiarlo y se encuadrará en las normas británicas medioambientales.
La Fundación Marambio ha estado advirtiendo desde hace tres años el riesgo de que la iniciativa, ahora en vías de concreción, «puede poner en jaque la política antártica de Argentina».
Desde entonces, la idea de modernizar la terminal fueguina de Ushuaia se encuentra estancada y la aparición de un competidor de fuste enfrente reaviva las viejas polémicas, justo cuando la política del gobierno de Javier Milei para con las Malvinas no es propicia un avance en ese terreno.
La visita a la Argentina de David Cameron y sus definiciones respecto de las «Facklands», como las denominan los británicos, incomodaron a la Cancillería, que terminó emitiendo una nota de protesta tras el anuncio de ampliación del área de protección, con zonas de veda a la pesca, alrededor de las Islas Georgias del Sur y de las Sandwich del Sur.
El contrato cerrado con Hartland & Wolff, el astillero que hizo el famoso Titanic, hundido en 1912, sucedió al intento de celebrarlo con Bam Nuttall en 2020.
La licitación se efectuó en 2023 y hubo dos ofertas, una de ellas de Harland & Wolff, con lo que se definió no sólo la construcción de las instalaciones sino la infraestructura de acceso y la calzada.
Ahora, la concreción de ambos proyectos permitirá reemplazar al FIPASS (Falkland Interim Port and Storage System), o puerto Stanley.
El puerto y la central eléctrica son obras prioritarias para las islas, según aseguró a los medios de prensa el consejero Mark Pollard.
En cuanto a las disputas diplomáticas entre Reino Unido y Argentina, las nuevas medidas tomadas por el gobierno kelper en torno de ese archipiélago en el Atlántico Sur las reaviva y acrecienta.
Se trata de dos de las siete naciones que reivindican partes del continente blanco, pero son las únicas dos que reclaman exactamente la misma porción de territorio.
El reclamo antártico británico, realizado en 1908, abarca por completo (y excede) el territorio que la Republica Argentina había reclamado en 1904. En 1940, Chile se sumó a la polémica, reivindicando parte del terreno disputado por ambos.
El relato que hizo BBC Mundo sobre el significado de la construcción de un puerto moderno donde está emplazado Puerto Stanley introduce un nuevo mojón a finales de 2018, cuando el gobierno de las islas Malvinas, conocido como FIG o Falkland Islands Government, publicó un aviso invitando a compañías a presentar sus ideas para un nuevo puerto.
En un informe presentado ante la Asamblea Legislativa local, Barry Elsby, responsable de la cartera de Desarrollo y Servicios Comerciales, explicó que el deterioro del puerto actual, construido en 1984 y conocido como Fipass (Sistema de Almacenamiento y Puerto Interino de las Falklands), era tal «que ya no es seguro que los barcos atraquen allí».
Consultado por el diario Penguin News —el único que se publica en las islas— sobre cómo pretendían que fuera el nuevo puerto, Elsby señaló que el FIG estaba abierto a sugerencias, y que había dejado el aviso «deliberadamente abierto».
El anuncio salió diciendo «que queremos un puerto con esta cantidad de espacio de atraque, esta cantidad de capacidad de carga en el borde, y luego permitimos que los interesados desarrollen sus propias ideas y nos las vendan», afirmó entonces.
Se estableció 2024 como el año de reemplazo de Puerto Stanley. Durante la firma del contrato, en abril de 2020, el director gerente de BAM Nuttall, Martin Bellamy, había dicho que el nuevo puerto «respaldará la economía local, incluida la pesca, el turismo y el transporte marítimo, y facilitará el crecimiento económico previsto en el futuro».
La pandemia de coronavirus puso en pausa los planes, que se retomaron en agosto de 2020 y en septiembre BAM Nuttall presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad.
A todo esto, recién 2021 en el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (que incluye a las Malvinas), denunció a BAM Nuttall por operar sin su autorización en esa región sobre la que reclaman soberanía.
El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, denunció ante el Parlamento que la obra tiene como fin último ampliar el control británico sobre la Antártida, ya que «con la construcción de este puerto, Gran Bretaña pretende consolidar su colonialismo en Malvinas y la región como punta de lanza para extender su influencia sobre la Antártida».
Según el legislador, el objetivo del nuevo puerto es «brindarle servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco», con lo cual se torna genuina la preocupación de que el nuevo puerto de Malvinas busque reemplazar al de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como punto de ingreso y partida a la Antártida. Ubicada a unos 1000 kilómetros del Continente Blanco, Ushuaia es la capital más austral del mundo y se autoproclama la «puerta de entrada a la Antártida». Hasta ahora.
En el Senado de la Nación Argentina, con la participación del mencionado legislador, se presentó el Proyecto de Comunicación S-1819/2021, que dice que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan y ante la posible construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
La revista argentina DEF, especializada en asuntos de defensa, energía y ciencia, reveló en tal sentido un viaje que realizaron cerca de un centenar de técnicos y científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania. Habían salido de la ciudad de Hamburgo con destino a la base alemana Neumayer III, en la Antártida.
Se destacó como sospechoso el itinenario que hicieron: primero volaron en un avión de Lufthansa, contratado por el Instituto Wegener, hasta el Aeropuerto Internacional Mount Pleasant, la base militar de la Fuerza Aérea británica en las islas Malvinas.
Y desde allí viajaron hasta el Continente Blanco en el rompehielos alemán Polarstern, el mayor buque de investigación científica de todos los tiempos.
La publicación subrayó que se trataba de «la primera operación aeromarítima de este tipo, con capacidad de hacer ida y vuelta a Europa en un plazo de entre 48 y 72 horas».
Y concluyó que este viaje, sumado a la construcción de «un nuevo puerto británico en Malvinas especializado en servicios antárticos, son indicios del comienzo de una política agresiva británica para captar clientes entre la comunidad antártica internacional».
Hasta ahora, muchos de los países que reivindican partes de la Antártida, y de las restantes 35 naciones que tienen bases permanentes en el continente blanco, habían accedido hasta allí desde los dos puntos más cercanos: Ushuaia o Punta Arenas, en Chile (ubicada unos 150km más al norte).
Según el mismo informe de DEF, estos países —que en su mayoría están en el hemisferio norte— podrían estar buscando otras vías de acceso debido a que «los puertos sudamericanos se caracterizan por tener trabas administrativas».
Del quedo argentino en el aprovechamiento de su privilegiada posición geográfica da cuenta asimismo que, más allá de los planes británicos, Chile ya aventaja a Argentina en cuanto a la logística que ofrece para acceder a la Antártida.
«Chile desarrolló empresas privadas de buques y aeronaves para la exploración polar, lidera la franja de turismo antártico y dentro de poco contará con el rompehielos más moderno del hemisferio sur», indica DEF.
Alejandro Bertotto, exdirector provincial de Antártida y exjefe de la base antártica San Martín, señaló a DEF que en la década de los 1990 hubo un ambicioso proyecto, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para establecer en Ushuaia «un sistema internacional de logística antártica».
Los planes incluían la instalación de «una estación de terminal de cargas aéreas, una terminal de carga marítima y un alojamiento para personal científico en tránsito» en torno de un puerto de aguas profundas en el canal de Beagle.
«Además en la Antártida, en la base Petrel, se preveía una estación terminal de cargas antárticas, para, desde ahí, distribuir a las bases argentinas y extranjeras que contraten esos servicios» contó.
El informe de DEF resalta que el país -el primero del mundo en instalar una base permanente en la Antártida y en reclamar su soberanía allí- «cuenta con una alta calidad de sus recursos humanos, militares y científicos, además de una amplia trayectoria en el desarrollo de campañas antárticas».
En un hecho infrecuente y por pedido de la República Popular China, la Armada autorizó el ingreso de una flota de 260 pesqueros del país asiático a la Zona Económica Exclusiva argentina, para resguardarlos de un fuerte temporal. Los barcos permanecieron cuatro días en un sector lateral del Golfo San Jorge, alejados de los “caladeros de pesca” y con patrullajes permanentes para constatar que no hubieran vulnerado la prohibición de pescar en el espacio marítimo de nuestro país.
La flota pesquera china realizó el pedido ante las adversas condiciones meteorológicas de la zona, que presentaban olas de siete metros de altura y vientos superiores a los 100 kilómetros por hora.
“No es algo habitual. Fue por un pedido especial, ante una situación humanitaria”, explicaron las fuentes navales.
El patrullaje fue realizado por una aeronave de exploración Beechcraft B-200, de la Escuadrilla de Vigilancia Marítima, bajo las operaciones del Comando Conjunto Marítimo. Se constató, así, que la totalidad de los 260 buques pesqueros chinos abandonaran finalmente el área asignada en forma temporaria y se informó que ya se encuentran fuera de la Zona Económica Exclusiva. Las tareas de control forman parte de las operaciones del Comando Conjunto Marítimo, que funciona en jurisdicción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el brigadier general Xavier Julián Isaac.
“Como autoridad marítima nacional SAR, la Armada Argentina otorgó el permiso para el ingreso y permanencia en un sector delimitado al lateral del Golfo San Jorge, alejado de los caladeros de pesca. Esta autorización fue brindada tras el pedido de la autoridad recíproca de la República Popular de China para que sus buques pesqueros, que se encontraban en el área adyacente, ingresaran dentro del límite establecido por la milla doscientos”, informaron las autoridades navales.
El vuelo de patrullaje se sumó a las medidas adoptadas por el Comando Conjunto Marítimo, que mantuvo un monitoreo exhaustivo para constatar que los buques no efectuaran actividades de pesca durante el resguardo del temporal.
Las fuentes navales indicaron que algunas de las medidas del control para evitar la actividad pesquera en aguas argentinas fueron la verificación de velocidad de los pesqueros y el análisis del patrón de navegación, además de la posición AIS (sistema automático de identificación) de cada embarcación, fotos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con el fin de localizar si había luces encendidas de los buques poteros para la pesca.
“La inspección llevada adelante por la aeronave naval apunta a determinar el nombre de cada buque, información que se comparte con todas las centrales de operación en tierra y las unidades de superficie desplegadas en el litoral marítimo”, explicaron en la Armada.
Finalizada la exploración, la aeronave confirmó que no se encontraron buques pesqueros extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva realizando tareas de pesca.
En este informe del Centro de Economia Politica Argentinase analizó la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante los dos primeros meses del año 2024.
Entre las principales conclusiones se destaca la fuerte caída de la ejecución real respecto a los dos primeros meses del año 2023, del orden del 29%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración.
Paralelamente, se verificó una fuerte representación de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, que representó nada más y nada menos que el 30% del total de gastos devengados, y el 48% de lo pagado.
Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y hospitales nacionales.
En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector.
Como se había identificado en enero último, la seguridad social sobresale como uno de los sectores con fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la Anses, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al 38% respecto al año pasado.
Los organismos vinculados al desarrollo productivo no están ejecutando partidas. Algunos de ellos, como el Instituto Nacional de Promoción Turística, presenta caídas superiores al 55% interanual. Se le suman la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con más del 83% de ajuste y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo con una caída superior al 75%.
Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, salvo el Ministerio de Seguridad, que se ve incrementado en 36% interanual. Las fuerzas de seguridad están viendo reducidas sus partidas. Es el caso de la Policía Federal (-63%), Gendarmería Nacional (-57%) y PSA (-22%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-5%), la Armada (-25%), y la Fuerza Aérea (-8%).
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas sociales, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días y Plan Nacional de Apoyo a la Primera Infancia, con ejecución cercana a $0). También se detectaron ajustes de 46% en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.
En materia educativa se observa 0% de ejecución base caja en partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Programa Conectar Igualdad y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” y “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.
En materia de empleo y obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas del 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
A pesar de que el Gobierno, en su enfrentamiento con las organizaciones sociales, plantea la necesidad de la capacitación e inserción laboral, los programas de Acciones de Capacitación Laboral y Acciones de Empleo, ambos de la cartera de Trabajo, sufrieron ajustes del 93% y 80% respectivamente.
Finalmente, al analizar el desempeño de los programas vinculados a la Seguridad y Defensa, se observan fuertes incrementos en sus partidas, oscilando entre el 22% de aumento para Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, y el 434% de incremento interanual para el programa Logística de la Defensa, y pasando por el 386% de aumento en la ejecución de Proyectos Especiales en Seguridad Pública.
Más allá de estos últimos casos analizados, la situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. En un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo.
Además, se analizaron las partidas de las Transferencias No Automáticas a las provincias, las llamadas “discrecionales”. Allí se observan porcentajes de ejecución extremadamente bajos, cercanos al 0%, que explican el conflicto desatado recientemente con las provincias.
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A 10 kilómetros de la frontera con Chile, a más de 4200 metros de altura, alrededor de 900 personas trabajan día a día entre las montañas con la ilusión de que avance la construcción del proyecto minero de cobre Josemaría. Después de 20 años de exploración, la empresa canadiense Lundin Mining está lista para dar el próximo paso, que implicaría inversiones por US$5000 millones, pero todavía espera más claridad de las condiciones económicas argentinas. En especial, que haya menos controles de cambios y más certidumbre tributaria. El mejor ejemplo del potencial argentino en cobre está del otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile y Perú, que son los dos mayores países productores del mundo. Solo Chile aporta el 25% de la oferta mundial de cobre, con 5 millones de toneladas métricas en 2023. “Es la Arabia Saudita del cobre”, grafican en el sector, por sus grandes reservas. En la Argentina, el único proyecto de cobre que se desarrolló dejó de operar en 2018, cuando cesó su actividad la mina Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca. Desde entonces, el país abandonó la comercialización de este mineral.
“Si se mejoraran las condiciones para el sector, atacando las problemáticas que enfrenta, al menos seis de los proyectos de cobre más avanzados de la Argentina se encuentran en condiciones de iniciar inversiones para su construcción en el mediano plazo. Se trata de proyectos de clase mundial, algunos de los cuales son los de mayor potencial productivo del mundo aún sin explotar”, dicen casi con exasperación en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Solo por los costos de exploración, las empresas llevan invertido en el país US$740 millones. Si se ponen en marcha los seis proyectos, ingresarían al país al menos US$20.000 millones más por inversión de capital, según estimaciones del sector. Luego estarían los ingresos de divisas por la exportación del mineral. Los representantes de las empresas mineras tuvieron una primera reunión en enero con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada, para mostrarles el potencial económico del sector, que podría convertirse en el tercer generador de dólares, solo por detrás del campo y la energía. También había sido parte de la reunión la exsecretaria de Minería Flavia Royon, que fue despedida el mes pasado y todavía no tuvo reemplazo. De hecho, durante estos días se desarrolla en Canadá el evento más importante de minería en el mundo y la Argentina no tiene representación nacional. A nivel provincial viajaron los gobernadores de San Juan y Mendoza, además de varios empresarios locales, pero la principal pregunta que hacen los inversores está dirigida al Gobierno: cuándo se termina con la libre entra y salida de capitales.
El mejor ejemplo del potencial argentino en cobre está del otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile y Perú
En el sector tenían ilusión de viajar a Canadá con el texto de la sanción de la ley ómnibus, que le dedicaba un capítulo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorgaba beneficios impositivos y aduaneros (flexibilidad en importaciones). Sin embargo, se encuentran en la convención PDAC sin certezas sobre el proyecto de ley y sin representante nacional en Minería. Atento a esta falta, el Gobierno publicó la semana pasada en la página oficial de la Secretaría un catálogo de proyectos y videos institucionales en inglés y chino. “Las dificultades macroeconómicas y la alta presión tributaria han retrasado de forma persistente la puesta en marcha de nuevos proyectos de cobre en la Argentina. La principal operación de cobre local dejó de producir en 2018 y desde entonces no ha logrado poner en marcha ningún otro proyecto”, dicen en CAEM. A diferencia de lo que podría ocurrir con la demanda de petróleo, en el sector destacan que la transición energética generará un mayor consumo del mineral. “En los próximos 40 años se va a consumir lo mismo de cobre que en los últimos 120″, explican. El crecimiento, dicen, estará impulsado por el reemplazo de los vehículos a combustión interna por versiones eléctricas, que requieren cinco veces más de cobre. El mineral también es más utilizado en la construcción de parques eólicos y solares que en las plantas de generación térmica, y es más difícil de encontrarle un sustituto, a diferencia de otros minerales.
Entre San Juan y Chile hay al menos seis proyectos mineros de cobre, oro y plata a menos de 15 km de distancia, cuyos resultados de exploración impresionan a los geólogos. A la zona la denominaron Distrito Vicuña, y promete ser la “Vaca Muerta” del noreste del país, ya que sería un punto de inflexión para la provincia, como fue el reservorio hidrocarburífero para Neuquén. Del lado argentino están los proyectos Josemaría, Las Pailas, Filo del Sol y Lunahuasi. Josemaría es actualmente el proyecto minero a cielo abierto más grande del país próximo a entrar en construcción. En la montaña, en el departamento sanjuanino Iglesia, hay construido casi un pueblo con contenedores viviendas, generación eléctrica, wifi, televisión satelital, gimnasio, salas de juegos (con pool y metegol), un quiosco en donde se puede pagar con billeteras virtuales y una sala de enfermería, que próximamente incluirá un quirófano, necesario para proyectos tan alejados de la civilización. Si no es por la vista que se observa desde las ventanas, con picos montañosos alrededor, y por la sensación de falta de aire al caminar, por momentos en las oficinas del campamento Batidero, el visitante se olvida que está a más de 4200 metros de altura, a solo 10 km de Chile. Incluso hay un amplio comedor comunitario que ofrece dos variedades de platos principales durante el almuerzo y la cena, y una extensa cantidad de postres y frutas frescas, que parecieran recién compradas. Sin embargo, el stock de comida alcanza a cubrir 50 días de alimentación de los más de 900 trabajadores, sin necesidad de bajar de la montaña. El tramo para llegar al campamento desde la ciudad de San Juan son 432 km, pero dura alrededor de 10 horas porque es un camino de ripio y atraviesa varias localidades, incluida Guandacol, en La Rioja, donde termina el asfalto.
En el departamento sanjuanino Iglesia, construyeron casi un pueblo con contenedores viviendas, generación eléctrica, wifi, televisión satelital, gimnasio, salas de juegos, quiosco y sala de enfermería
A través de ese trayecto, la empresa constructora Fluor, subcontratista de Lundin Mining, fue trasladando la infraestructura necesaria: desde los contenedores viviendas (donde algunas habitaciones cuentan con baño privado y bidet), hasta los tanques de almacenamiento de gasoil, que abastecen los grupos electrógenos y los vehículos (camiones, micros y ambulancias de emergencia). En la montaña, la actividad se centra en continuar con los trabajos de exploración y planificar la ingeniería del proyecto, para cuando se avance con la construcción de la mina de cobre. Para ello hay varios equipos conformados, que diseñan los informes de impacto ambiental y de ingeniería, que presentan antes las autoridades locales. Si la empresa minera decide pasar el estado del proyecto a construcción, primero se construirá una nueva ruta que comunique el campamento con la capital sin salir de la provincia. Esto facilitaría los costos logísticos para trasladar los equipos y procesar el mineral en la montaña. Se trata de seis molinos, que muelen las rocas extraídas en pedazos más chicos, y que están compuestos por piezas que pesan alrededor de 100 toneladas.
La mayoría de los accesorios ya llegaron al centro de almacenaje, en San Juan, donde fueron trasladados por camión desde el puerto de Zárate, Buenos Aires, ya que el tren no está operativo por la desinversión de los gobiernos de las últimas décadas. Las piezas están apoyadas sobre vigas y cubos de hormigón para resguardarse de los sismos sanjuaninos. El proyecto de construcción, que tomaría tres años antes de comenzar a producir cobre, también implicaría la instalación de una línea eléctrica de alta tensión, para bajar la dependencia del gasoil y abaratar costos. También se necesitaría la contratación de más empleados, que llevaría a que alrededor de 6000 personas pasen a trabajar en la montaña, con el régimen laboral de 14 días en las alturas y siete de descanso. .
Todo esto implicaría una inversión de capital de US$5000 millones. En el plan se incluye también la recuperación de las vías del tren, para trasladar luego el cobre de exportación al puerto de Rosario. De avanzar con los proyectos de cobre, San Juan podría convertirse en la cuarta mayor provincia exportadora, avanzando desde el puesto ocho, solo detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La restauración y readecuación de vías permitirá exportar más de 2000 tn diarias de concentrado de cobre. La vida útil de la mina está estimada en más de 19 años, según el estudio de factibilidad realizado en 2020, lo que permitiría que vuelva a haber producción de cobre en la Argentina por un largo tiempo.
Transener, una de las principales empresas del sector eléctrico, que cumple una tarea estratégica porque es la encargada de operar el sistema de alta tensión del país, envío este miércoles un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para advertir a sus accionistas que, por una inédita decisión del gobierno de Javier Milei, no contará con los fondos para cubrir los salarios del mes próximo. La compañía, que paradójicamente es propiedad del propio Estado, dado que Enarsa posee un 50% del capital accionario (el otro 50% está en manos de Pampa Energía), está obligada a informar la decisión por cotizar en la Bolsa porteña.
El comunicado se conoció después de que Jorge Garavaglia, representante del Ejecutivo en la comisión directiva de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que tiene en su directorio a distribuidoras, generadores y transportistas, le comunicó a Transener que el Estado sólo le transferirá un 50% de los fondos que precisa la compañía para abonar las remuneraciones de su personal. Con este tipo de martingalas presupuestarias es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado en enero alcanzar superávit financiero.
Es curioso: desde el recambio presidencial, el gobierno no le gira fondos a Cammesa, firma controlada por el propio Estado, y la está llevando a incumplir las obligaciones que tiene contractualmente con el mercado eléctrico. En el caso de las transportistas (Transener, Distrocuyo, Transba y Transcomahue, entre otras), el Estado es quien cubre parte de los costos de transporte de energía para las redes de 500 y 132 kV. No se trata de un subsidio, dado que las empresas reguladas como las distribuidoras y transportistas no reciben subvenciones directas del Tesoro (los subsidios se focalizan en la compra de combustibles), sino que, por diseño regulatorio, es el Estado quien tiene la obligación de cubrir los costos del sistema.
El gobierno de Milei pretende cambiar esa realidad para que sean los usuarios (los residenciales y los grandes clientes) quienes abonen directamente los costos reales de generación y transporte de energía, para lo cual están habilitando tanto un aumento del precio de la energía como del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que están bajo competencia federal.
El problema es que la Secretaría de Energía recién va por la mitad del camino. El atraso de los precios y tarifas de electricidad es tan grande que no es factible construir un puente o una transición hacia un esquema de libre mercado en apenas tres meses. El riesgo de que el intento derive en un quebranto de toda la cadena de pagos del sector está cada vez más cerca.
De la decisión de Caputo de frenar las transferencias a Cammesa se desprende que el ministro de Economía y por consiguiente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aspiran a que sean los accionistas de Transener quienes inyecten capital o busquen alternativas de financiamiento para cubrir con recursos propios sus costos operativos hasta que el mercado recupere el funcionamiento que perdió desde la caída de la Convertibilidad. Un inconveniente, en ese sentido, es que los privados no tienen certeza de cuánto tiempo puede demandar la normalización del sistema. Rodríguez Chirillo sostiene que, para junio o julio, una vez que se instrumenten todos los aumentos de tarifas que restan (en especial para hogares categorizados como N2 y N3, de sectores populares y medios, respectivamente), el sistema de cobranzas del mercado debería estar saneado. Pero la mayoría de las empresas creen que el proceso demandará más tiempo.
¿Por qué es Transener la primera en blanquear que se quedó sin caja para pagar salarios? Por una sencilla razón: a diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. Las distribuidoras le pagan a Cammesa y es el Estado Nacional, a través de esa firma de capital mixto, el que paga la tarifa. El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada.
A diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. El régimen tarifario establece que el costo de la energía se pague a través de la recaudación de Cammesa, que proviene del pago que las distribuidoras le pagan a la compañía administradora del MEM y de aportes del propio Estado Nacional.
El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada. A su vez, ahora Caputo decidió que el Tesoro va a dejar de cubrir esos pagos y que la transportista deberá cubrir sus gastos con el aporte de los accionistas hasta que las distribuidoras recompongan su caja a partir del aumento de tarifas y comiencen a regularizar sus pagos. Según el gobierno, la normalización podría llevar unos tres meses, pero en el sector dudan de esos plazos porque la “normalización” no solo depende del Estado Nacional, como ocurre con las tarifas de Edenor y Edesur, sino también de las provincias, las cuales pueden seguir manteniendo el Valor Agregado de Distribución atrasado como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.
Investigadores del CONICET que descubrieron molécula para combatir el Parkinson. Foto: Prensa.
Instituto de Nanobiotecnología, que depende del CONICET y la UBA.
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Personas en una unidad de atención médica de emergencia por dengue en Río de Janeiro
