La minera Vicuña, una sociedad formada en partes iguales por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, anunció que sus proyectos Filo del Sol y Josemaría concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto con decenas de millones de onzas de oro y plata. Además, indicó que esto implica que el yacimiento se encuentra entre los diez mayores del mundo.
Mediante un comunicado, la empresa informó que, de acuerdo a nuevas estimaciones, En conjunto, los depósitos contienen 12,8 millones de toneladas de cobre medido y 25,1 millones de toneladas inferidas, además de 32,2 millones de onzas de oro medido y 48,7 millones de onzas inferidas, y 659 millones de onzas de plata medidas junto con 808 millones de onzas inferidas.
Jack Lundin , presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, comentó en el citado comunicado: “Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos de yacimientos más significativos de los últimos 30 años y una experiencia increíble para todos los involucrados”.
Por su parte, Dave Dicaire, gerente general de Vicuña, comentó: “Con esta nueva y ampliada base de recursos, nos encontramos en una posición óptima para continuar progresando hacia el desarrollo de un distrito minero de gran potencial, que se prevé genere un impacto sustancial en las poblaciones y economías locales y nacionales”.
Filo del Sol y Josemaría se encuentran ubicados en la provincia de San Juan, pero una parte de Filo del Sol se extiende por la región chilena de Atacama. El primero de los yacimientos está en etapa de exploración, mientras que el segundo está en fase de preconstrucción.
Lunding Mining concluyó su comunicado remarcando que el “Recurso Mineral” es un hito clave y servirá de base para el informe técnico integrado que delineará un proyecto conjunto. “Este informe está previsto para completarse en el primer trimestre de 2026. Esperamos impulsar Vicuña con nuestro socio y, juntos, buscamos generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, concluyó.
El paisaje contrastante de tierras secas, frondosos caudales y, a un costado, la imponente Cordillera de los Andes se ha alterado en apenas décadas. El cambio climático, la gestión inadecuada de los recursos hídricos y la minería han provocado sostenidamente la desaparición de los lagos y la pérdida de ecosistemas en la Patagonia argentina.
Algunos vecinos cuentan, cargados de nostalgia, que sus hijos o nietos desconocen los tesoros naturales que había en esa inmensa y recóndita región austral de Suramérica. Hablamos en pasado, dice Augusto Guaiquil, agricultor. “¿Te acuerdas cuando nadábamos. Cuando bordéabamos los lagos y pescábamos la trucha arco iris, el pejerrey?”.
En esas historias llenas de estupor y desconcierto está el del emblemático lago Colhué Huapi, ubicado en el sur de Chubut, que se secó por completo en menos de un decenio, convirtiéndose en un desierto de dunas. Esta situación alarmante y, seguramente sin retorno, también afecta a otras lagunas y albuferas de la región. Como el Musters que está a su lado y sobrevive a niveles mínimos.
Cinco lagos del Parque Nacional Laguna Blanca, una reserva natural en la provincia de Neuquén, vieron reducida su superficie hasta en 52% desde 2007. Un estudio publicado en Science of the Total Environment, alerta sobre el barrido de hábitats esenciales para diversas especies de flora y fauna. Incluidas aves migratorias y especies en peligro de extinción. Refugio del cisne de cuello negro, los zampullines plateados, las ranas endémicas de manchas oscuras y toda una cohorte de amigos.
En el recuerdo algunos lagos de la Patagonia
En las últimas dos décadas, la superficie de la Laguna Blanca de alrededor de 1.700 hectáreas, se ha reducido drásticamente. Una vara de madera utilizada para medir los niveles del lago, ahora está completamente expuesta, pues no tiene nada que cuantificar. Al igual que rocas secas que antes estaban sumergidas, hoy están exhibidas.
“Al ver las reglas que se usaban para medir hace 20 años, uno no creería que el lago alcanzara esos niveles”, comentó Facundo Scordo, geógrafo argentino residente en la Universidad de Nevada, Reno, y autor principal del estudio. Según sus hallazgos, la superficie de Laguna Blanca y otros cuatro lagos más pequeños dentro de ese parque nacional en la Patagonia argentina ha disminuido hasta en un 52 % desde 2007.
Estos cambios radicales son particularmente preocupantes debido a la condición del parque como sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional reconocido por la UNESCO. «Alguna vez albergó una comunidad de aves tan maravillosa que fue el primer sitio Ramsar de Argentina», afirmó Esteban Balseiro, profesor de la Universidad Nacional del Comahue a Inside Climate News. Especializado en limnología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales.
Sin embargo, ahora «la población actual de aves acuáticas es mínima», añadió Balseiro, que no participó en el estudio. Siendo afectados el Macá Grande, el Cauquén Real, el Pato de Anteojos y el Pato Zambullidor.
Scordo y sus colegas analizaron imágenes satelitales de los cinco lagos y un índice de sequía para cada año entre 1998 y 2024. «Luego analizamos si la recesión observada en el lago es solo producto de la variabilidad climática o también de factores antropogénicos», explicó el experto.
Leonardo Buria, director de Parques Nacionales de la Patagonia Norte, sostiene una regla que en 2007 quedó completamente cubierta de agua / Facundo Scordo
Los desaciertos de la mano del hombre
Las explotaciones mineras también han socavado el equilibrio medioambiental. Esta región tiene importantes reservas de oro, plata y uranio y lucen atractivas para los capitales extranjeros. También se destaca por la producción de minerales como yeso, bentonita, diatomita y caolín; por la explotación de petróleo y gas.
En la provincia de Neuquén se han denunciado operaciones de fracking desde principios de la segunda década del siglo XXI. El área, conocida como Vaca Muerta, alberga decenas de comunidades mapuche. Sus líderes han ventilado el caso de esas actividades extractivistas en la Bolsa de Nueva York por su afectación al medio ambiente.
Además de ese uso desmedido de los suelos, los resultados de la investigación muestran que los cambios climáticos han reducido considerablemente la superficie de la Laguna Blanca y los lagos circundantes en la Patagonia argentina. Por un lado, un aumento de los períodos de sequía y por el otro, una disminución de la humedad en la cuenca desde 2007. Condición que condujo a que hubiera menos agua en la cuenca. Aun así, los hallazgos sugieren que la intervención humana en el paisaje natural ha influido mucho y con huella negativa.
En el trabajo de campo se identificaron 53 canales de riego construidos aguas arriba desde 2020, lo que podría estar agravando la situación.
Entre 2020 y 2025, agricultores locales construyeron estos canales de riego en la cuenca alta del arroyo Llano Blanco, principal fuente de agua de Laguna Blanca. Estos canales se levantaron perpendicularmente al curso natural del arroyo. Desviando el agua para apoyar las actividades agrícolas y reduciendo el volumen del lago.
Ausencia de manejo integrado de las cuencas
Scordo aclara que los agricultores evidentemente no construyeron estos canales para secar el lago.“Lo hicieron simplemente por conveniencia productiva. Y porque no entendían los impactos que sus actividades podrían tener aguas abajo en la cuenca baja”.
La disminución resultante del volumen ha provocado una mayor concentración de nutrientes en el agua del lago. Como consecuencia, las floraciones de algas nocivas se han vuelto más frecuentes, afectando negativamente al turismo y, con ello, a la economía local.
El sitio web del Parque Nacional Laguna Blanca muestra una señal roja de advertencia: “La temporada de pesca en Laguna Blanca queda suspendida hasta nuevo aviso. Debido a una floración de algas extraordinaria en el cuerpo de agua”.
A pesar de la robustez del modelo de estudio utilizado, de alcance global, los investigadores subrayan la necesidad de disponer de más información para nutrirlo. “Los datos existentes resultaron suficientemente buenos para la investigación sobre los lagos de la Patagonia y sus hábitats. Pero el Servicio Meteorológico Nacional posee muy pocas estaciones, y con datos actualizados al 2015”, afirma.
Esa falta de datos y la ausencia de un manejo integrado de las cuencas están llevando a la desaparición de los cuerpos de agua, en una zona donde los recursos hídricos escasean, añade Scordo.
Lo sucedido con el Colhué Huapí y su desaparición en solo una década, tras superar los 800 km2 y poseer agitadas aguas, llevó al experto a hacer su tesis doctoral sobre ese lago. Y levantar una data que era inexistente entonces. Ana Liberoff, del Laboratorio Eco-Fluvial del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, en Chubut, se une a la necesidad de seguir con las investigaciones.
Ningún país se salvará de la crisis climática
La población de cisnes de cuello negro ha sido afectada
Liberoff agrega que en esa zona de la Patagonia se esperan fuertes disminuciones de agua para el futuro, tal como señala un trabajo publicado en Theoretical and Applied Climatology, que prevé aumento de la temperatura y disminución de las precipitaciones.
La desaparición de los lagos puede tener además otras consecuencias. Scordo indica que “si los sedimentos del fondo del lago son erosionados por el viento, van a terminar en la ciudad de Zapala, generando problemas respiratorios en la población, como ya sucedió en Comodoro Rivadavia con la sequía del Colhué Huapí”.
Ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, Zapala tiene una población estimada de 34.000 habitantes y se encuentra a aproximadamente 40 km del Parque Nacional Laguna Blanca.
“El desmantelamiento y desfinanciación de organismos científico-tecnológicos, sumado a la desinformación sobre las problemáticas climáticas, ponen en riesgo la invaluable riqueza de flora, fauna y diversidad paisajística”, dice Liberoff.
Entretanto, Guillermo Folguera, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de la Universidad de Buenos Aires, y especialista en filosofía de la ciencia, subraya que hay políticas que pueden empeorar la situación. “La extracción de hidrocarburos, la megaminería, el fracking, los agronegocios y las plantaciones forestales son causas directas de consumo de agua . Prefieren la exportación de commodities, antes que mejorar la vida de la comunidad”, afirmó.
A nivel regional, la deforestación y el desmonte, han agravado enormemente la capacidad de los ambientes de retener el agua y, sin dudas, los lagos de la Patagonia se han visto afectados. “Es necesario trabajar a nivel global para enfrentar la crisis climática. Ningún país se salvará en soledad”, subraya.
El Grupo Arcor avanzó con la adquisición de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos, la empresa dueña de La Serenísima, al activar la opción de compra del 51% restante de las acciones. De esta manera, la alimenticia cordobesa logró el control total de una de las marcas líderes del rubro lácteo en la Argentina.
La operación se concretó a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad controlada por Arcor y Danone, y fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con esta jugada, el grupo liderado por Luis Pagani refuerza su estrategia de diversificación y crecimiento dentro del negocio de alimentos y bebidas.
Hasta este lunes, Bagley ya era titular del 49% de Mastellone Hermanos. Si bien la operación contaba con respaldo contractual previo, generó malestar en el seno de la familia fundadora. Desde el entorno de los Mastellone manifestaron su disconformidad con el desenlace, aunque reconocieron que no contaban con herramientas legales para frenar la adquisición.
El desembarco total de Arcor en La Serenísima se produce en un contexto de fuerte reconfiguración del negocio de consumo masivo en la Argentina, marcado por la necesidad de escala, eficiencia productiva y diversificación para enfrentar los desafíos económicos y de competencia.
Arcor toma posesión de una marca histórica láctea con más de 100 años
La Serenísima fue fundada en 1929 por Antonino Mastellone y Teresa Aiello, y bajo la conducción de Pascual Mastellone se consolidó como un ícono de la industria láctea nacional. Hoy, procesa 3,8 millones de litros de leche diarios, y cuenta con 6 plantas de clasificación, 9 de elaboración, 12 centros de distribución y 71.000 puntos de venta en todo el país.
Entre sus productos se destacan la leche, dulce de leche, yogures, manteca, quesos, postres y una creciente línea de alimentos vegetales. Con esta integración, Arcor suma a su oferta una de las marcas de mayor reconocimiento y llegada al consumidor argentino.
Más de 30 compañías han iniciado el camino para la privatización o incorporación de capital privado; sin embargo, ninguna avanzó y algunas licitaciones fracasaron
Por ahora, más allá de la estridencia del ajuste, las empresas públicas siguen siendo estatales y las concesiones que se vencen, no pasan a manos de los privados. Vale hacerse una pregunta que, seguramente, será un puñal en medio del credo libertario. ¿Es más grande el Estado desde que asumió el presidente Javier Milei? Y la respuesta es no, al menos si se toma en cuenta el gasto en subsidios que insumen.
También podría pensarse la cuenta de otra forma y mirar si hay más o menos empresas, no importa el gasto. En ese caso, la administración Milei también achicó el Estado: vendió Impsa (antes llamada Industrias Metalúrgicas Pescarmona), cerro la Administradora de Capital Humano Ferroviario y estatizó la concesión del corredor de rutas del Litoral que explotaba hasta el 9 de abril pasado Caminos del Río Uruguay (Crusa). El resto, sigue igual.
Entre los funcionarios que mojan el pan en la salsa de los planes privatizadores circula un panel de control con el estado en que se encuentra cada una de las empresas que podrían pasar, parcial o totalmente, a manos de los privados.
Hasta ahora, en ese borrador se pueden ver dos compañías que, en principio, terminarán en manos de la provincias. La Fabrica Argentina de Aviones (Fadea) pasará a manos Córdoba. Por estas horas se discute el proyecto de acuerdo de transferencia con la provincia elaborado en conjunto entre la jurisdicción comandada por Martín Llaryora y el gobierno nacional. Ya hay un proyecto de decreto elaborado que requiere “la manifestación de interés en la transferencia de parte de la provincia de Córdoba”. Después habrá que discutir el canon de concesión del predio y los nuevos contratos con la Fuerza Aérea. Tiene cerrado el balance 2023 aunque no aún el del año pasado.
Otra que marchará a manos provinciales es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una minera que cuenta con la participación del gobierno de Catamarca, de la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. Esta firma pasará a manos catamarqueñas, cuando se defina el proceso.
Fabricaciones Militares es otra de las que se dividirá. En marzo se concretó la transferencias de Minas Capillitas, ubicadas en Catamarca, también a esa provincia. El yacimiento contiene minerales como cobre, plomo, zinc, antimonio, oro y plata. Su mayor renombre proviene de la extracción de rodocrosita, una piedra semipreciosa. El titular de esta empresa (Caymen) era Fabricaciones Militares y por un convenio mutuo, se entregó a la provincia.
Entrada al predio de Fabricaciones Militares «Fray Luis Beltrán»
La fábrica de explosivos San José del Jachal, también de Fabricaciones Militares, ya cerró y se remataron los bienes. Para el resto, hay algunas propuestas de iniciativa privada para ver qué sucede con el resto de los bienes.
Hay dos bancos que podrían tener novedades. El primero, el Banco Hipotecario que tiene planes para que se realice una Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering, IPO), por las acciones que están en manos del Estado. El segundo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), sobre el que se estudian posibilidades que llegan hasta el extremo del cierre definitivo de la entidad. Para el Banco de la Nación también hay un borrador ¿Qué dice? Pues que se incorporarán capitales privados.
En la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) se espera hacer una unión transitoria de empresas, obviamente con privadas, por cada una de las unidades de negocios. En este rubro también está Vehículos Espaciales Nueva Generación (VENG), una empresa que tiene planes para ser achicada. Mientras tanto, hay un arduo trabajo para que se aprueben los balances, al igual que en gran cantidad de compañías que tenían varios períodos sin contables sin aprobar.
Nucleoeléctrica Argentina tiene los balances al día y la decisión que se ha tomado, hasta ahora, es proceder a una venta parcial. Para eso, se contrataron asesores internacionales (PWC) con especialidad en la industria nuclear para definir la modalidad y las alternativas más convenientes.
El Correo Argentino tiene planes concretos: entregar la concesión del servicio a un nuevo operador para toda la red postal. Un punto: se transferirá todo el personal. Quedará, entonces, un Correo residual que tendrá como tarea gestionar la devolución de los inmuebles para ser posteriormente transferidos a la Administración de Bienes del Estado (AABE).
La empresa que opera los tallares navales Tandanor se venderá. En esta compañía existen varios problemas con los aún pendientes estados contables atrasados al punto que se contrató un estudio contable para la normalización.
La Casa de la Moneda terminó hace un mes el proceso para convertirse en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). La empresa encargada de la impresión de billetes y la fabricación de monedas de curso legal había sido intervenida a finales de octubre de 2024. En aquella hoja de ruta, el Gobierno escribió que realizará las licitaciones necesarias para pasar la producción de las distintas unidades de negocio a manos de un privado.
Mientras tanto, está en marcha un Plan de Retiro Voluntario (PRV) y un Plan Preventivo de Crisis (PPC). La idea es que al término de la intervención -finalizó el 30 de abril-, se formalice la disolución mediante decreto presidencial. Finamente, habrá una transferencia del personal y se venderán las máquinas. Lo que viene es el cierre, la disolución y la liquidación.
La idea del Gobierno es cerrar la Casa de la Moneda
Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) es una de las que ya podría empezar a generar novedades. Con sus cuentas operativas saneadas, hay una propuesta base: vender a un accionista estratégico con control, con al menos 51% del paquete, 10% a los empleados, y el remanente al mercado.
El mundo trenes tiene varias empresas. Ya se anunció la privatización del Belgrano Cargas y Logística, mientras que la Operadora Ferroviaria (Sofse) realiza un plan para diseñar un sistema ferroviario que permita la prestación de servicio de empresas privadas. La idea es la concesión parcial de algunos servicios.
Playas Ferroviarias de Buenos Aires y Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (Coviara) podrían fusionarse en la primera. Esta última cerraría, mientras que la que absorbe venderá los inmuebles propios de las dos.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se venderá parcialmente, previo a constituir otras Sociedad Anónima. En los activos de la empresa está la mina y la central térmica a carbón. No son pocos los que dicen que se partirá la compañía en dos unidades de negocios.
Hay dos empresas que tienen un enorme signo de interrogación. La primera es Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea); la segunda, el Polo Tecnológico Constituyentes. No son pocos los que ponen su voto en el cierre de ambas empresas.
La Agencia de Publicidad de Estado; Radio y Televisión Argentina; Contenidos Artísticos e Informativos y Educ.Ar, por ahora, tienen destino incierto. Se trabaja con los balances y además, todas transitaron el camino para ser Sociedades Anónimas, una manera de que sea más fácil una eventual venta.
Preguntará el lector que pasa con una de las más importantes: Aerolíneas Argentinas y su prima pequeña, Líneas Aéreas del Estado (LADE). No hay planes concretos para ninguna, apenas alguna iniciativa de convertir a esta última en sociedad del derecho comercial.
Corredores Viales es otra de las que tendría novedades rápidamente: pasaría a un nuevo ente con Vialidad Nacional, mientras que la concesión de la hidrovía del río Paraná, que técnicamente no es una empresa pública sino un concesión, tuvo un proceso fallido y está en marcha un segundo que no tiene fechas ciertas.
El tablero de control está lleno de interrogantes. Los tiempos administrativos son largos, por ejemplo, muchos tienen que pasar por el Congreso con un informe circunstanciado. Los nombres propios que llevan este asunto son varios y van desde los ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el medio, un deslucido funcionario que tiene a cargo la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, un abogado mendocino con paso previo por el Grupo América. Paso un año y medio, y el tablero está demasiado quieto, sin demasiadas definiciones y con demasiadas incógnitas.
El Gobierno apunta a simplificar el sistema tributario y reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte para todo el país, El nuevo tributo sumaría al actual impuesto al valor agregado (IVA) el impuesto a los ingresos brutos (IIBB), que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y representa la mayor fuente de ingresos de esos distritos después de lo que reciben por coparticipación. La iniciativa no contempla una reducción de la tasa del 21% actual del IVA. Ni tampoco de IIBB. El agente recaudador sería ARCA (la ex-AFIP). Preocupación entre los gobernadores.
La propuesta es revolucionaria. La idea está casi cerrada y solo resta pasar por el tamiz profesional de algunos técnicos que colaboran con su elaboración. Sabe el Gobierno que económicamente es más que viable y que cambiará para siempre no solo la recaudación impositiva sino también la relación política entre la Nación y las provincias, además de entre los gobernadores entre sí. Y que tiene, además, el aval del FMI, con el que el Ejecutivo se comprometió a avanzar en una reforma tributaria, a más tardar, en 2026. Políticos al fin, desde la sede del organismo saben que en Argentina Javier Milei no podría aprobar semejante cambio con este Congreso, y que obligatoriamente debe esperar a después de las elecciones de octubre para tener un Poder Legislativo que acceda, se anime y, obviamente, apruebe una modificación fiscal tan profunda como, supone el Presidente, imprescindible para que su “misión” para este mandato esté completa.
Se trata de la creación del “súper-IVA”, un esquema recaudatorio del impuesto al consumo, pero compartido entre la Nación y las gobernaciones. Administrado desde la ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido con un nuevo tributo, y luego lo repartiría con las provincias, según el porcentaje de impuesto local que aplique cada región. Es un proyecto de calibres majestuosos para los ojos de los libertarios, que saldaría una de las grandes deudas y demandas de la sociedad argentina desde hace años. Quizá décadas. Y por la que, hay que reconocerlo, muchos de los votantes de todo el país eligieron en 2023 a Milei para que manejara los destinos del país. El propio Presidente ya había dado el visto bueno a la elaboración de la idea hacia octubre del año pasado, y la propuesta entró así en etapa de laboratorio, la que ya está prácticamente terminada. Para Milei, sería una de sus (varias) obras maestras económicas: una reforma impositiva integral, basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo.
El problema para los gobernadores está en la idea base del proyecto de Milei, Caputo (ministro) y los técnicos libertarios que trabajan en la letra fina de la reforma. El lanzamiento de una especie de “súper-IVA”, que concentre no solo el impuesto al valor agregado, sino que sume además el denominado tributo a los ingresos brutos que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución) se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5% a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial del 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por ARCA y que pasaría a ser –luego de ingresado en el ahora organismo recaudador– girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA, con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino, abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”.
Todos ganan. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del “súper-IVA” los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.
En definitiva, Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal) por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
Pasó el tiempo y la propia lógica de la evolución moderna de la ciencia tributaria (progresista o liberal) apuntó a la eliminación del impuesto y la aplicación de lo que en el país se llamó IVA. Un tributo que grava toda la cadena productiva y no el final. Con sus errores, ya no se trata de un impuesto “cascada” como Ingresos Brutos, sino a toda la línea de generación de riqueza; lo que lo hace más justo y efectivo. Hoy son pocos los sistemas tributarios que aplican IIBB. Solo alguno que otro país poco integrado y con sistemas impositivos regionales y nacionales sin vasos comunicantes. Salvo Argentina.
Milei busca dar vuelta la creación de la gestión Alberto Fernández, donde se aprobó el consenso fiscal, que avalaba la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros.
Es verdad que el tributo va al contrario de la modernidad tributaria mundial. Y un severo retroceso a la producción y el crecimiento. Sin embargo, priman otras cuestiones. Básicamente una. Que los gobernadores tengan más dinero, y que a partir de esta piñata apoyen a la Nación en la aplicación de una mayor carga impositiva que permita evitar los ajustes, que siempre reclama el FMI. De más está decir que desde este organismo se aplaude de pie la alternativa del “súper-IVA”.
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo del anterior impuesto a las actividades comerciales. Se aplica a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van del 1,5% al 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales, y la alícuota depende del distrito y de la industria.
Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó. El segundo, en 2017, el que quedó enterrado el jueves pasado.
Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos treinta. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan el IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanear un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores.
Se lo considera como el culpable de gran parte de la distorsión en el momento de la medición de costos y valores finales de venta al público y como el principal conspirador en el momento de poder atacar la inflación o medir la competitividad de la producción local hacia el exterior. Especialmente cuando se lo mide con la propia comarca latinoamericana, donde el IIBB es historia pasada, antigua y olvidada. Ni hablar del mundo desarrollado, donde la eficacia en la recaudación de impuestos y la fiscalización para el consecuente gasto de ese dinero son norma pétrea.
Sin embargo, para los gobernadores el IIBB es aire fresco en tiempos de asfixiantes ajustes. Ya son muchos los gobernadores que, en alerta, comenzaron a watsapearse para asegurar una posición contraria a la idea. Sin embargo, lo saben, no es fácil tener a Milei por delante. Más en un año electoral, sin Presupuesto y con la dependencia absoluta de la firma de recursos por parte de Luis Caputo. O, aun peor, la de su primo, con el que comparte apellido y que habita como asesor de lujo en el edificio de enfrente del Palacio de Hacienda.
Y-TEC, la empresa de tecnología de la petrolera YPF, firmó un acuerdo con la empresa israelí XtraLit para el desarrollo de oportunidades vinculadas con la producción de litio mediante tecnologías de extracción directa. El acuerdo marca un nuevo paso en la estrategia de XtraLit en el país, en donde el año pasado anunció un plan de inversiones por US$ 104 millones.
Las empresas anunciaron este lunes la firma de un acuerdo de cooperación con el objetivo de revolucionar la extracción de litio mediante el posible desarrollo conjunto de proyectos de extracción directa de litio (DLE por sus siglas en inglés) en la Argentina.
“Conocí a XtraLit durante mi viaje a Israel a principios de 2025 y quedé profundamente impresionado por el ecosistema de innovación israelí en general y por sus capacidades técnicas de primer nivel en particular”, declaró Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.
El CEO de XtraLit, Simon Litsyn destacó que el acuerdo «refleja nuestro compromiso compartido con la innovación sostenible para descubrir nuevas fuentes de litio en Argentina que no se habían abordado hasta ahora debido a la falta de tecnología relevante”.
“Esta alianza con Y-TEC representa un gran avance para XtraLit en el escalamiento de nuestra tecnología en Argentina”, afirmó Gerardo Tyszberowicz, director de XtraLit en Latinoamérica.
XtraLit
Fundada en 2021, XtraLit esta desarrollando una tecnología para la extracción eficiente de litio en salmueras con concentraciones altas o bajas del mineral. La empresa ya ha adquirido una amplia experiencia en la extracción de litio en proyectos en Medio Oriente y América del Norte.
El CEO de la empresa visitó la Argentina el año pasado por primera vez, motivado por el cambio de rumbo económico introducido por el gobierno de Javier Milei. En el país, Xtralit cuenta con el respaldo de Dragones Venture Partners, un grupo de inversores de venture capital entre los que figuran Diego y Martín Teubal, accionistas y directores de BGH, Dario Fainguersch, Daniel Aisenberg, Diego Zbar, Andrés Perez y Miguel Ángel Graña.
«Creemos firmemente que nuestra tecnología tiene un rendimiento mejor que el rendimiento de la mayoría. Sin embargo, no existe una tecnología que sea la mejor en todos los casos. Esto significa que para cada salmuera hay que encontrar la que mejor se adapte desde el punto de vista tecnológico. Entonces, nuestro enfoque, nuestra tecnología, es la mejor para muchas salmueras, pero no para todas. Y hay otras tecnologías que serán mejores para otras salmueras. Es una situación saludable, hay lugar para la competencia», analizó Litsyn.
Un nuevo medicamento inyectable de producción nacional, similar al conocido Ozempic, fue recientemente aprobado por la ANMAT y comenzará a comercializarse en la Argentina hacia finales de mayo. Según informó el sitio especializado Kairos, donde están disponibles los precios de los medicamentos, este nuevo producto costará alrededor de un 80% menos que su equivalente importado.
Si bien el Ozempic fue autorizado para tratar la diabetes tipo 2, muchos profesionales lo recetan también para controlar la obesidad, aunque no esté especificado en el prospecto. La aparición de esta versión local se da en un contexto donde el Gobierno busca reducir el costo de los medicamentos más caros promoviendo el desarrollo de copias nacionales. Lo mismo sucede con muchas otras drogas, por lo que hay una histórica puja entre los laboratorios nacionales y los extranjeros.
Detrás de esta nueva opción inyectable está el laboratorio Elea, que ya había lanzado una versión oral del medicamento bajo el nombre Dutide. Esta presentación, en comprimidos diarios, no estaba disponible previamente en la Argentina, aunque el laboratorio danés Novo Nordisk —titular del Ozempic original— sí la comercializa en otros países.
Ahora, Elea apuesta a competir directamente con el inyectable de Novo Nordisk. El Dutide en su formato de 1 mg, con cuatro jeringas precargadas, costará alrededor de 128.400 pesos, frente a los más de 653.000 pesos que cuesta el producto importado, marcando una diferencia de más del 80%.
Matías Deprati, médico especialista en medicina familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires y director de asuntos médicos del laboratorio Elea, explicó que el Dutide inyectable no presenta diferencias farmacológicas ni de biodisponibilidad respecto del producto médico de referencia. “Está formulado con el mismo principio activo, mismas concentraciones, mismos excipientes y misma vía de administración que el medicamento anteriormente autorizado. En todos los análisis de consistencia, robustez, homogeneidad y actividad biológica, ambos medicamentos performan de la misma manera. No se encuentran diferencias”, detalló.
Por eso, la ANMAT autorizó su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) con las mismas indicaciones que el original. “La diferencia relevante está en el acceso: Dutide es más asequible para los pacientes y para los financiadores”, remarcó Deprati.
Ozempic se popularizó por su uso para bajar de pesomyskin – Shutterstock
La administración de este tratamiento es semanal —a diferencia de la formulación oral que se toma a diario—, y cada caja rinde para un mes. Su venta será bajo receta médica debido a los posibles efectos adversos de su principio activo, la semaglutida, y al mayor alcance que se espera dada la considerable reducción de su precio.
Deprati subrayó que Elea es el único laboratorio argentino que logró desarrollar, autorizar y comercializar tanto la versión oral como la inyectable de semaglutida. Ambas, sostuvo, ofrecen eficacia y seguridad comparables. “Dependen de la acción de la semaglutida, que es independiente de la vía de administración. Esto permite que los pacientes puedan elegir entre comprimidos diarios o inyecciones semanales, según su preferencia, en un proceso de decisión compartida con su médico”, explicó.
“Quienes prefieren evitar la toma diaria tienen la opción subcutánea semanal, y para aquellos más habituados a la ingesta oral también está disponible esa forma”.
En paralelo, Novo Nordisk anunció que traerá al país Wegovy, otra versión inyectable de semaglutida en dosis más altas (hasta 2,4 mg), indicada exclusivamente para la pérdida de peso. Este lanzamiento está previsto para la primavera de este año.
Wegovy medicamento para adelgazar del laboratorio Novo NordiskTwitter
En este escenario, durante al menos tres meses, el Dutide inyectable convivirá en el mercado con el Ozempic. Más adelante, se sumará Wegovy, enfocado directamente en el tratamiento de la obesidad. No obstante, Elea ya trabaja en una versión nacional de ese medicamento: el expediente para su aprobación ya fue entregado a la ANMAT y podría recibir el visto bueno hacia fin de año. “Ya se encuentra en fase de registro una versión con mayor concentración, de 1,7 y 2,4 miligramos”, adelantó Deprati, lo que permitirá cubrir también indicaciones específicas para la obesidad.
Qué es la semaglutida y cómo actúa
La semaglutida es una molécula que cumple una doble función terapéutica: regula los niveles de glucosa en sangre y suprime el apetito, favoreciendo así la pérdida de peso. Su mecanismo actúa a nivel cerebral, disminuyendo la sensación de hambre, lo que genera resultados visibles en poco tiempo, especialmente si se acompaña de actividad física y una alimentación saludable.
En los tratamientos con Ozempic y su equivalente local, la dosis inicial se ajusta progresivamente hasta alcanzar el máximo de 1 mg por semana. Luego del primer mes, ya se suelen observar mejoras, aunque los especialistas indican que al tercer mes es cuando se puede evaluar su efectividad en cada paciente.
El uso de semaglutida está pensado como parte de un tratamiento prolongado. Los médicos pueden ajustar o incluso suspender la medicación en función de los resultados y los riesgos de un posible efecto rebote, que en algunos casos puede presentarse al discontinuar el fármaco.
Para Deprati, “el diferencial de este lanzamiento es optimizar el acceso y democratizar terapias innovadoras en patologías muy prevalentes en la Argentina”. Según dijo, eso permitirá que más personas puedan recibir medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, mejoran el control metabólico, ayudan al descenso de peso y reducen el riesgo cardiovascular.
Alejandro Horvat
LO MISMO, PERO DE AGENDAR Y CON MIRADA LADINA.
La semaglútida es un competidor del glucagon natural, una de las dos hormonas pancreáticas reguladoras de la glucosa disponible en sangre. La otra es la más conocida insulina, que promueve la entrada de la glucosa en sus dos grandes destinos finales: el cerebro y demás órganos, y el tejido muscular. De este modo, elimina la glucosa adonde su exceso hace daño (la sangre) y la deja donde sí se la necesita a gritos (los tejidos en hipoglucemia).
Muy simplificadas, la diabetes de ambos tipos, I y II, son asuntos de logística, crónica y grave respectivamente.
¿Y qué hace el glucagon? Lo contrario. Cuando el páncreas dectecta que falta glucosa en sangre, le da una patadita de glucagon al hígado para que eleve la éste eleve la producción de glucosa. El hígado obedece y desintegra en subunidades de glucosa de rápida captación su propio almacén de larga vida, el glucógeno, un polímero inmenso que no puede salir de ningún lado ni entrar a ningún otro salvo fraccionado. Y así el hígado bien aleccionado dispara un chute de glucosa a la sangre, para que que cada órgano o tejido cliente que están penando se sirvan su porción.
Glucagon lo acentuamos como palabra grave sin tilde y no aguda con tilde, por causas obvias.
El sistema pancreático de la insulina y la glucosa funciona como un sube y baja natural de la glucemia. Mejor aún, esto lo logra en tiempo real, de modo de mantener valores medios aunque uno haya gastado demasiada glucosa en ganar una maratón de 40 kilómetros, o se haya inundado la sangre de ella tras dar cuenta de medio kilo de bombones.
Lo que hace esa forma de glucagon artificial que es la semaglútida es unirse a los receptores hepáticos e intestinales de glucacon, pero de forma preferencial, a expensas del glucacon nativo, y de modo más prolongado: un 1mg. se elimina totalmente en una semana. Eso deprime de modo perdurable la sobreproducción de insulina, baja la glucemia , le da descanso a los islotes de Langerhans (los cúmulos de células pancreáticas que producen insulina), y el efecto final se ejerce en el cerebro. Al detectar el órgano más consumidor de glucosa un «todo normal» en sangre, el apetito su primer combustible desaparece tras el primer bombón, y los otros 450 gramos se regalan a una novia o novio.
Con esta forma sobrenaturalmente perdurable de glucagon, la semaglútida, en dosis de hasta 7 mg. semanales esto sucede también con las grasas de almacenamiento y liberación rápida que los humanos acumulamos en la mitad del cuerpo. Se fraccionan en ácido grados y simples, y estos se queman como diésel, a falta de nafta premium. El cuerpo humano admite cualquier combustible, como los viejos Land Rover militares, no las versiones tilingas de hoy.
Los depósitos de grasa fácilmente degradable en ácidos grasos son pocos. En los congresos internacionales de diabetología celebrados cada mes en El Cilindro del Racing Club de Avellaneda, son llamados indistintamente «el salvavidas», «la zapán», la «busarda» y también «la bufanda presidencial», cuando pinta un primer mandatario de gran papada.
Este truco de las dosis le ha permitido a la sueca Novonordisk aprobar su molécula ante la FDA (Food and Drug Administration) en 2017 como tratamiento para la insulina de tipo II, y luego, en mayores dosis y con otro nombre y otra bula regulatoria, como tratamiento para el sobrepreso. Ambas se venden a precios alucinantes y en el mejor mercado de la Tierra, donde las patentes duran «forever». Efectivamente, el 60% de la población estadounidense tiene sobrepeso u obesidad, a veces desde la infancia, y el 16% de los adultos tienen diabetes II, y sólo el 8% tiene alguna idea de ello.
El impacto de la semaglútida en grandes dosis, con Wegovy a la cabeza, ha generado enflaquecimientos inesperados y súbitos: personas cachetonas que en medio año de uso tienen las mejillas pegadas entre sí, como si se les hubiera trancado la bombilla del mate, y a las que hoy se les caen los blue-jeans del año pasado. El slang yanqui ha inventado la expresión «Wegovy face» para caras rotundas devenidas en angostos mapas de Chile.
Eso sí, en cuanto los pacientes largan la semaglútida, rebotan de peso como pelotas de pingpong. Los mejores clientes del mundo son los cautivos.
La Argentina, especialmente la urbana más pobre y sin tiempo ni plata para gimnasio, esa población que vive de changas aquí y allá, y va colgada de un colectivo o tren, ésa que evade la bicicleta por el peligro de afano en la vía pública y come «fast food» porque no hay plata ni tiempo para mejor cosa, tiene tasas similares de sobrepeso, obesidad y diabetes II que la yanqui. Como dijo uno, «Ya somos Primer Mundo».
En suma, somos otro buen mercado para la semaglútida, al menos para el nivel OSDE 310 para arriba. Preveemos batallas legales de asociados contra auditores, y también que el área legal de las obras sociales sindicales, Ucrania parecerá un sitio de paz, amor y rock and roll por los amparos judiciales para conseguir Dutide. De la devastada salud pública, ni hablar.
Máxime cuando la ANMAT emite licencias automáticas a toda aprobación regulatoria de la FDA, y Elea es uno de los grandes jugadores del mercado interno. La ANMAT y el MinSal no son sordos a sus reclamos. Sea cual sea el origen nacional del principio activo (Corea, la India o incluso la propia Argentina), hay monopolio y precios de fantasía para el Dutide y de su próxima formulación para el sobrepeso. Y durarán un largo rato.
Que Dutide cueste menos un 80% menos que Ozempic no es una hazaña de la farmacología local, conste en actas.
En su última aparición televisiva, el ministro de Defensa, Luis Petri, volvió a demostrar más consignas rápidas y menos reflexiones estratégicas. En diálogo con Jonatan Viale, el titular de la cartera de Defensa explicó que “el relato K hizo que en la Argentina tengamos que explicar lo obvio”. A saber: que cortar calles es delito, que los presos deben estar presos, y que “defender la soberanía en las fronteras es tarea de las Fuerzas Armadas”.
Lo cierto es que el ministro sí necesita explicar. Pero no lo obvio, sino lo peligroso. Porque cuando afirma que “defender la soberanía en las fronteras” corresponde a las Fuerzas Armadas, se mete en un terreno en el que ni la legislación ni la doctrina militar argentina parecen acompañarlo. ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Qué las Fuerzas Armadas sean quienes controlen pasos fronterizos, pidan documentos y detengan a sospechosos de contrabando en Salta o Formosa? ¿O que, como ya se viene practicando bajo reglas reservadas, se conviertan en un parche ante la incapacidad estructural del Estado para resolver lo que en esencia son problemas de seguridad interior y desorden federal?
El problema no es que las Fuerzas Armadas participen en tareas que refuercen la defensa nacional. El problema es que, con discursos como estos, se termina reduciendo la defensa nacional a patrullajes de frontera, a una suerte de gendarmería de repuesto que “está equipada y entrenada” pero sin misión militar definida.
Lo más curioso, sin embargo, no es la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Lo más curioso es la falta de memoria. Hace menos de dos años, en plena campaña electoral, uno de los candidatos con más chances a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, sostenía con seguridad que “hoy no tenemos hipótesis de conflicto”. La frase mereció el rechazo inmediato del sector militar, especialistas, e incluso de algunos aliados del propio espacio político. Hoy, con otros términos, y desde el sillón ministerial, se parece bastante a lo mismo. Porque si estamos en un “continente de paz” (como declaró Petri), si el escenario geopolítico no justifica preocupaciones mayores, entonces la lógica natural es dedicar las Fuerzas Armadas a cubrir baches, no a prepararse para lo que por definición son: la guerra.
Lo que no explica Petri es por qué, si el continente está en paz, países como Chile, Brasil, Colombia o incluso Perú vienen apostando —con mayor o menor intensidad— al desarrollo y modernización de sus capacidades militares convencionales. ¿Están todos ellos equivocados, en una suerte de delirio belicista regional? ¿O será que Argentina se encamina —una vez más— en dirección contraria, resignando capacidades, presupuestos y doctrina bajo la idea de que el Ejército puede ser útil para tapar los baches de otras agendas institucionales?
La lógica de “reemplazo funcional” ya mostró sus límites. La Gendarmería, fuerza federal creada específicamente para ocupar ese espacio intermedio entre defensa y seguridad, hace años que se encuentra absorbida por demandas ajenas: policías provinciales colapsadas, gobernaciones que delegan el monopolio de la fuerza, y una demanda social creciente por respuestas inmediatas. Ahora, parece que el turno es de las Fuerzas Armadas, con la ilusión de que al vestir uniforme verde oliva, el problema desaparece.
La creación de la Gendarmería en 1938 fue, precisamente, para que las Fuerzas Armadas no fueran utilizadas como solución a los conflictos internos. Para que el Estado tuviera una herramienta especializada en zonas de frontera, pero sin comprometer la misión principal de sus Fuerzas Armadas. Esa distinción, que parecía clara desde la época de Roberto Ortiz, hoy se desdibuja en aras del oportunismo político y el cortoplacismo electoral.
Y mientras se arman estas puestas en escena, se esquivan las preguntas verdaderas. ¿Cómo se forma al personal militar si su misión es tan volátil? ¿Qué capacidades reales se planifican si la misión es tan volátil? ¿Dónde están las inversiones? ¿Y los salarios prometidos? Tengamos en cuenta, que mas allá de las declaraciones grandilocuentes ministeriales acompañadas por el retweet del submundo coptado por trolls de comunicadores paraoficiales, según el SIPRI, la Argentina volvió a perforar el récord de desinversión en materia de defensa durante el año 2024.
Por ahora, a poco de promediar la gestión, el ámbito de Defensa Nacional continua con el mismo ciclo pendular y de deterioro hacia las Fuerzas Armadas. Hasta ahora no parece haber saltos cualitativos en los ciclos de políticas publicas relacionados al ámbito que busquen transformaciones reales, sino mas bien un revival de eslóganes y propuestas que, de un lado y otro de la medianera política, atrasan décadas.
La OPEC+ se dirige a su reunión del 5 de mayo con los precios del petróleo bajo renovada presión (a la baja), y los países miembros divididos sobre si acelerar los aumentos de producción, dejando los precios del petróleo preparados para caer o experimentar un rally de cobertura de posiciones cortas dependiendo de la decisión del grupo, según dijeron los analistas de Citi en una nota reciente.
«Esperamos resistencia de los países miembros de la OPEC+ a la aparente propuesta de aumento de producción, de modo que los precios del petróleo están en la cuerda floja: ¿una gran caída o un considerable rally de cobertura de posiciones cortas?», dijeron los analistas de Citi en una nota esta semana, destacando la naturaleza de alto riesgo de la reunión.
El crudo Brent cayó brevemente por debajo de los 60 dólares por barril el 1 de mayo, casi revisitando los mínimos de abril después de que los titulares sugirieran que Arabia Saudí podría estar dispuesta a aumentar la producción y dejar que los precios cayeran aún más. «La noticia de que Arabia Saudí estaría dispuesta a aumentar la producción de petróleo en la próxima reunión de la OPEC y dejar caer los precios del petróleo generó incertidumbre adicional sobre los precios», añadieron los analistas.
Citi presenta una serie de escenarios para los próximos meses. En el caso bajista, una mayor debilidad del Brent podría encontrar soporte en 57 dólares en el segundo trimestre, 50 dólares en el tercer trimestre y 45 dólares en el cuarto trimestre si los fundamentos y la confianza empeoran. «Si la OPEC+ entrega un aumento adicional de producción, digamos una aceleración adicional de 0,5 mb/d, entonces el rango de altos 50 dólares/barril para el Brent podría mantenerse», dijo Citi, aunque señaló que un aumento más fuerte o un avance en las sanciones con Irán podría empujar el Brent hacia los 50 dólares.
Estos niveles son consistentes con los soportes de costos fundamentales, dijeron los analistas, citando la Encuesta de Energía de la Reserva Federal de Dallas. «La Encuesta de Energía de la Fed de Dallas sugiere que los productores en la región ’Permian (Otros)’… requieren un promedio de alrededor de 45 dólares/barril de ’precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)… para cubrir los gastos operativos de los pozos existentes’. Añadiendo alrededor de 4 dólares/barril de diferencial Brent-WTI, entonces el nivel de 49-50 dólares/barril podría formar otro nivel de soporte».
En el caso alcista, mientras tanto, Citi ve posible un rally sorpresa si la OPEC+ se abstiene de más aumentos o si las sanciones a Irán se endurecen, con el Brent potencialmente volviendo a los 70 dólares. «Nuestro caso alcista con precios en el rango de 70 dólares/barril implica una combinación de ningún aumento adicional de producción por encima de lo anunciado, o incluso una congelación, y alguna implementación de sanciones más duras relacionadas con Irán, ya que las conversaciones se han estancado», dijeron los analistas.
Para la OPEC, se avecina un difícil acto de equilibrio, ya que los precios de equilibrio fiscal para productores clave como Arabia Saudí son mucho más altos que los niveles actuales del mercado.
«Si la OPEC+ aún acelera su retorno de producción, entonces sería difícil saber dónde la OPEC+ reconsideraría su decisión de producción. Un umbral potencial de la memoria reciente es un retorno a los precios de la era COVID alrededor de mediados de los 40 dólares/barril, cuando hicieron recortes contundentes a la producción», dijeron los analistas.
Con el mercado «más condicionado a pensar en la baja», Citi advirtió que la volatilidad probablemente seguirá siendo elevada cualquiera que sea el camino que elija la OPEC+ en esta reunión crucial, que involucrará a 8 países miembros de la OPEC+ incluyendo Arabia Saudí, Rusia, Irak, EAU, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.
Luis “Toto” Caputo tiene tiempo. Pero el reloj ya comenzó la cuenta regresiva. El ministro de Economía debe conseguir, antes de la última semana de junio, unos US$ 2.500 millones. Es el dinero que le falta para cumplir con el último gran compromiso financiero del año, el pago de los cupones de los bonares y globales que vencen el 9 de julio; y que implican un desembolso de unos US$ 4.500 millones entre capitales e intereses. El ministro ya contabiliza para la obligación unos US$ 2 mil millones que ya negoció con algunos bancos de posición amistosa con el país, y cuyo préstamo fue anunciado el viernes 11 de abril, el mismo día en que se presentó en sociedad el Facilidades Extendidas.
Pero le falta más de la mitad del dinero, ya que la intención del funcionario y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es la de mostrarle al mundo que después del acuerdo con el organismo, Argentina estaba ya lista para volver al maravilloso mundo de la colocación de deuda voluntaria en los mercados financieros internacionales. El riesgo país sigue navegando por arriba de los 700 puntos básicos, lejos de los 300 o 400 que debería exhibir para poder lograr alguna colocación de deuda financieramente prolija y con un costo accesible para cualquier economía normal; lo que aleja la posibilidad de las aspiraciones de Economía para conseguir el resto del dinero necesario para el vencimiento del 9 de julio. En el Palacio de Hacienda aseguran, confían en realidad, que falta poco para que el riesgo país reaccione, y que para junio ya todo estará “on track”. Nuevamente, tiempo hay, pero el reloj comenzó a correr. Tienen Caputo y Quirno algo más de treinta días para que el endiablado riesgo país pueda perforar los 500 puntos y llegar a un nivel de colocación de deuda de un 8% máximo.
¿Qué sucedería si esto no se lograra? Como ya se explicó en este medio, el FMI autorizó a Caputo a utilizar parte del dinero que ya se envió el martes 14 de abril para cumplir con el compromiso. Habría que descontar entonces unos 2.500 millones de los 12 mil millones de dólares que giró el FMI aquel día para fortalecer las reservas. Todo en orden entonces. El dinero para cumplir con el pago está disponible, aunque Caputo y Quirno no logren esa colocación de deuda voluntaria en los mercados internacionales. El problema surge hacia delante, para luego de ese 9 de julio. El Gobierno se comprometió ante el FMI a lograr un incremento neto de las reservas del Banco Central por unos US$ 4 mil millones; para cumplir la tríada de metas firmadas. Las otras dos son fáciles de lograr: el superávit primario de 1,3% del PBI (será superior al 1,6%) y la no emisión de pesos. Pero así como 2024 se complicó por la falta de dólares en la entidad que maneja Santiago Bausilli; lo mismo ocurre ahora en 2025. El Gobierno debe comprar dólares, tanto para el vencimiento del 9 de julio como para incrementar las reservas en esos 4 mil millones de dólares obligatorios. Si no lo hiciera, debería negociar un waiver hacia fin de año; algo que, indudablemente, sería un papelón.
La deuda que habrá que cubrir el 9 de julio alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales; y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.
En el caso de no lograrse la colocación voluntaria buscada en los mercados internacionales, la habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de Facilidades Extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero que la entidad que maneja Santiago Bausilli tiene la suficiente fuerza de acción para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales. Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que, fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadores que no haya mayores cuestionamientos para que el dinero del Facilidades Extendidas se utilice para este vencimiento de julio. Más teniendo en cuenta que para junio las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario de deuda internacional se viene complicando.
Muchos analistas del mercado financiero, algunos de ellos con contacto directo con los funcionarios del oficialismo, creen que para poder volver seriamente a los mercados financieros internacionales, habrá que esperar a que el país logre despachar la principal incógnita que queda pendiente, luego del conocerse la letra del acuerdo con el FMI y la manera (hasta acá exitosa) de salida del esquema de crawling peg al 1% mensual. Esto es, lo que suceda luego de las elecciones legislativas de octubre 2025, donde la gestión de Javier Milei se juega parte de su futuro político, económico, financiero y monetario. Esta circunstancia la saben los mercados en general, que reconocen que un buen resultado electoral le dará (o no) espaldas a Milei para seguir adelante con su plan económico libertario, y llevarlo a una instancia superadora. Y, luego, comenzaría a caer el riesgo país al ritmo de las reformas que siempre el mercado pondera. Por lo contrario, si el resultado legislativo es negativo, difícilmente ese nivel de riesgo país pueda bajar sustancialmente, con lo que la alternativa de una posibilidad de recurrir a los mercados financieros internacionales voluntarios quedará para otra oportunidad. No es un secreto.
Lo dijo indiscretamente el jueves pasado la búlgara Kristalina Giorgieva en el ámbito de la Asamblea Conjunta de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. Sin eufemismos, la directora gerente del organismo, llamó a votar al oficialismo, para que las reformas sigan por el buen camino. Algo que el estatuto del FMI prohíbe explícitamente con la siguiente consideración en su estatuto: “El FMI es una organización que se centra en la estabilidad económica y monetaria internacional, y no tiene jurisdicción ni autoridad para interferir en los procesos electorales de los países miembros. La soberanía de cada país sobre sus propios asuntos internos, incluyendo sus elecciones, es un principio fundamental del derecho internacional”.
Evidentemente, la crisis institucional es mundial.
