El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó sobre la licitación de la Hidrovía

El gobierno nacional hará una licitación para la operación transitoria del canal y más adelante otra, definitiva, con más exigencias. En las declaraciones de distintos funcionarios se pone énfasis en la participación de las provincias y el control por parte del Estado.

Después de una larga polémica pública -que AgendAR registró- y la puja de intereses y de proyectos muy distintos, el gobierno nacional da una señal: seguirá con la licitación que tenía prevista, aún con atraso, y descarta la idea de estatizar el dragado. Tras varias semanas de silencio y a un mes y medio del llamado a licitación para la explotación transitoria de la Hidrovía, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno dará una solución transitoria, y tiempo después una segunda licitación internacional con un sistema más preciso para definir el rol del Estado. Se creará un ente de control con la participación de todas las provincias involucradas en el trayecto. «Se realizará un llamado a licitación corta para el mantenimiento, hasta tanto se defina la licitación larga. Para nosotros es central avanzar en una licitación transparente que quite cualquier tipo de ruido», declaró Cafiero. Las condiciones para la nueva licitación se armarán en conjunto con las provincias, el Consejo Consultivo creado para este fin y la participación ciudadana de las distintas organizaciones. La nueva licitación incluirá parámetros que no contempla la actual, sobre todo en torno al rol del Estado. Una de las principales definiciones en este sentido la dio el presidente Alberto Fernández hace unas semanas. Aseguró que el Estado será responsable de cobrar el peaje y a partir de ahí pagar la concesión.

Todo el corredor litoral

La definición del presidente resulta clave en un contexto de importantes denuncias de subfacturación de exportaciones que generan un deterioro en la recaudación fiscal. Al respecto, Carlos Cruz, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), declaró “La criminalidad organizada navega en la opacidad, en el silencio, navega en distraernos de los problemas importantes que hay que abordar. El Corredor Litoral es sustancial para la economía y la sociedad argentina. Si hay dos temas importantes para el futuro argentino, para las próximas generaciones, los mismos son cómo resolvemos el tema de la deuda externa y poder articular acciones de recupero del dinero fugado ilegalmente al exterior con participación ilícita de funcionarios y empresarios y cómo resolvemos el control en el Corredor Litoral».  La UIF tiene como tareas específicas investigar la evasión, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas para luego presentarse como querellante en causas penales. Al crearse el Consejo Federal de la Hidrovía en diciembre del 2020, solicitó formar parte y presentó cuatro documentos técnicos referidos a cuestiones estratégicas del Corredor Litoral, atinentes a la preservación del medioambiente, la creación de una “Base Federal de Información Económica” que centralice la información sobre las operaciones que desarrollan sobre el cauce Paraná-Paraguay y sobre la conveniencia de proceder a la apertura del Canal Magdalena. El presidente de la UIF destacó la intención del Gobierno para llevar adelante una licitación transparente, «pero el cobro de peajes en la misma implica un monto de alrededor de 500 millones de dólares mientras que el contrabando estimado es de 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales. No es solo la hidrovía, miremos el corredor litoral y el comercio fluvial, marítimo, terrestre y aéreo”. En el Corredor Litoral circulan un 75 por ciento de las exportaciones agroindustriales y permite, según los volúmenes exportados y los precios internacionales, un ingreso de alrededor de 45 y 65 mil millones de dólares. Cruz expuso que estas cuestiones constituyen un problema histórico y recordó que en 1975 inició “una investigación sobre contrabando e ilícitos de exportación en momentos en que se estimaba que toda la cosecha de soja de ese periodo había salido vía Formosa/Paraguay hacia Brasil. Ya en ese momento había una red muy eficiente de contrabando que se ha acrecentado y llevó, sin eufemismos, a que la economía de la Argentina esté altamente concentrada en un núcleo de empresas trasnacionales que manejan la economía, la cotización de divisas, el acceso a alimentos, los precios de bienes de consumo masivo, “y esto merece ser tenido en cuenta sin perderse por los laterales”.

La Universidad de la Plata producirá alimentos para combatir la desnutrición extendida

La planta de alimentos deshidratados de la UNLP está lista para empezar a producir guisos de alta calidad nutricional. La producción comenzará con unas 50 mil porciones mensuales. Las raciones se entregarán a familias de bajos de recursos.

La Universidad Nacional de La Plata pondrá en marcha en las próximas semanas una planta de alimentos deshidratados de interés social, que elaborará raciones de un guiso de alta calidad nutricional destinado a sectores vulnerables de la región.

La iniciativa contribuirá a disminuir la inseguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de quienes hoy se encuentran excluidos o postergados. Con el nombre de PAIS (acrónimo de Planta de Alimentos para la Integración Social), la casa de estudios platense pondrá en la mesa de miles de familias argentinas alimentos deshidratados para preparar diferentes variedades de guisos de manera simple, sana y sabrosa. La UNLP se convertirá así en la primera Universidad pública del país que contará con un proceso de deshidratado de vegetales y un laboratorio de control de calidad de materias primas, insumo final y efluentes. La Planta se encuentra en el predio de 60 hectáreas que posee la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en la calle 66 y 167 de la periferia platense. Se estima que estará en pleno funcionamiento antes del último trimestre del año. El proyecto fue concebido como una instancia multisectorial para planificar acciones continuas para el desarrollo productivo y la recuperación de los derechos esenciales de la comunidad. A su vez, la iniciativa permite enriquecer a la Universidad en sus actividades de docencia, investigación y extensión, con el aporte de todos los sectores sociales. “Esta fábrica universitaria de alimentos deshidratados es una propuesta inédita” remarcó el presidente de la UNLP, Fernando Tauber. Y agregó: “por primera vez, la Universidad pone su conocimiento científico-tecnológico en articulación con los productores de la región para la producción social de alimentos del alto valor nutricional y bajo costo”. A través del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), unidad dependiente de la UNLP, el CONICET y la CIC, se elaborarán guisos que las familias podrán cocinar en sus propios hogares. Sólo deberán hidratar las raciones y luego cocinarlas al fuego en una olla. Vendrán condimentadas y saborizadas. La formulación de esos alimentos incluirá carbohidratos, proteínas, lípidos (aceite vegetal), vitaminas y minerales. El proceso de producción de la Planta se organiza en dos etapas: la de deshidratado y la de mezclado. En la primera, se toman los vegetales o frutas frescas y se procesan hasta obtener el material deshidratado. Toda esta tecnología requirió una inversión del orden de los 50 millones de pesos. Juan Manuel Santillán, uno de los profesionales a cargo del proyecto, explicó que “en este momento estamos trabajando con 3 recetas: guiso de arroz y vegetales, guiso de lentejas y vegetales, y guiso de arvejas y vegetales”. Pero adelantó que el menú de opciones se irá ampliando con la puesta en marcha de la planta. Para equipar la línea de mezclado y envasado la UNLP invirtió 15 millones de pesos. Este sector tiene 500 m2 de superficie y trabajarán allí alrededor de 6 operarios por turno. La Planta posee una capacidad de procesado diaria de 1.000 kg de materia fresca. Para esto se está trabajando con el consejo asesor del programa en diseñar y planificar la producción para las distintas líneas: papa, zanahoria, calabaza, tomate, cebolla, morrón, puerro, verduras de hoja, entre otras posibilidades que permitan articular con productores de la zona. “Tendrá como valor agregado poder retomar la práctica de almorzar o cenar en el seno familiar, y que la gente deje de tener el comedor comunitario como única alternativa”, destacaron. Desde el Rectorado aclararon que los productos elaborados en la Planta de la UNLP no serán comercializables. El objetivo del proyecto es poner la producción a disposición de los estados municipal, provincial y nacional, para cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables en el marco de los diferentes programas oficiales de asistencia social.

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Nota de AgendAR:

No es la primera vez que las universidades estatales toman cartas ante situaciones masivas de hambre. En aquel gran otro período de indigencia masiva posterior a 2001, se desarrollaron 8 raciones para emergencias alimentarias creadas por el CERIDE (Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe) y una universidad recién renovada a «estándares de calificación CONEAU», el IESE (Instituto de Estudios Superiores del Ejército). Fue en el marco de un convenio entre la Secretaría de Producción, Ciencia y Tecnología (SEPCyT) y la nueva universidad del Ejército Argentino, el Instituto de Estudios Superiores del Ejército (IESE).  Este tipo de iniciativas cundía en la academia argentina. También entonces la joven Universidad Nacional de Quilmes (UNQui) desarrolló su famosa «Supersopa». Que las raciones desarrolladas en Sana Fe servían en la emergencia pura y dura se mostró blanco sobre negro cuando, tras un año de desarrollo, se las estaba por testear sobre 250 ciudadanos carenciados en Santa Fe, a fines de 2002. En aquel momento, el río Salado entró brutalmente a la ciudad, devastándola, y ordenó cambio de planes. Hubo que “revolear” el cauto experimento nutricional y el Ejército empezó a repartir todo el stock de alimentos elaborado en el CERIDE. Éxito total: no hubo rechazo de ninguna de las raciones entre los aproximadamente 50.000 inundados de la ciudad, que habían perdido todo: casa y trabajo. Esto se prolongó durante meses, y en todo aquel tiempo en Santa Fe a las raciones se las percibió no como “comida para pobres”, sino simplemente como comida criolla. Ésto es más importante de lo que se pueda creer. Ya ha sucedido demasiadas veces que la comida “de emergencia” genera rechazo entre sus presuntos beneficiarios, porque es directamente mala o porque no resulta afín a la dieta habitual. “Es que el hambre puede ser un hecho fisiológico, pero el apetito es cultural: un chino continental puede preferir el hambre antes que tomar leche, y un argentino, lo mismo antes que comer ratas”, nos explicó en 2003 el doctor Julio Luna, entonces director del Ceride. “Y sin embargo estamos hablando de fuentes de proteínas aceptadas por millones de personas de otros orígenes”, añadió el general Mario Remetin, a la sazón director del IESE”. Dicho de otro modo: si la comida no es culturalmente aceptable, no importa lo nutritiva que pueda ser: no será consumida. Las 8 raciones del Ceride y el Ejército, en ese sentido, fueron guisos al uso de cualquier paladar criollo. Aunque carecían de carne (por cara y por perecedera) como los 3 desarrollos de la UNLP de hoy, surgían de combinaciones de distintos cereales con alisados proteicos de soja. Suena a comida china disfrazada de gauchesca pero quien escribe estas líneas las probó: parecían gastronomía local, eran muy calóricas y alcanzaban una calidad de proteína muy alta por la complementación de aminoácidos esenciales de los insumos: a las proteínas de los cereales, por ejemplo, les falta metionina, pero ésta sobraba en el alisado de soja. Y en la soja falta en cambio la lisina, que en este caso era aportada por el cereal. La idea era que cualquier persona pudiera vivir meses e incluso años de estas raciones sin insuficiencias nutricionales, salvo las vitaminas, minerales y oligoelementos de las frutas y y verduras frescas. Pero en el CERIDE-IESE se estaban rompiendo la cabeza para buscarle algún abordaje tecnológico a esto. Era ir totalmente contra la corriente. El 25 de noviembre de 2003 el Centro de Estudios sobre la Nutrición Infantil (CESNI) opinó que la comida que repartían entonces los tres grandes planes alimentarios nacionales, más allá de juicios de aceptabilidad gastronómicos, era de baja densidad nutricional: sumaba “calorías vacías” a fuerza de grasas y carbohidratos, pero es floja en hierro, calcio, zinc, etc. Las raciones del CERIDE-IESE, por el contrario, habían sido diseñadas componente a componente para mantener en salud por tiempos prolongados a personas con cero opciones alimentarias. Obviamente, para el Ejército esto era un proyecto dual: estaban fabricando sus propias raciones para la catástrofe número uno del mundo militar, y que siempre es antrópica y prolongada, o al menos de consecuencias prolongadas: la guerra. Y dual en más de un sentido. Éste fue uno de los cuatro proyectos científico-tecnológicos elegidos por el director anterior a Remetin, el Gral. Ing. de División Miguel Sarni, y aprobados por la única agencia de calificación de calidad universitaria, la CONEAU. que no es una entidad estatal. La CONEAU le había exigido al IESE otros 3 proyectos de alto impacto para certificarse como universidad plena, abierta a docentes y alumnos civiles, y con titulación equivalente a la otorgada por las grandes universidades nacionales civiles. Y eso en todas las carreras del IESE, casa de estudios que por herencia, tira para el lado de las ingenierías. La CONEAU pensaba entonces -y con razón- que una universidad que sin investigación y desarrollo propios no es tal, sino «un enseñadero». Pensaba también que la integración del mundo académico civil y militar rellenaba grietas y allanaba «ghettos», y que era políticamente necesaria tanto para el mundo civil como el militar, y por ende, para el país. Mucha visión, en aquel criterio. Pero en la paz, este proyecto de las 8 raciones, ganaba caminando a todo lo anterior hecho por el estado en materia de asistencia alimentaria. A 50 centavos la ración (precio de 2003), resultaba de 4 a 6 veces más barata que la comida repartida por los grandes planes nacionales. Y con la considerable infraestructura logística regional del Ejército para elaborar y distribuir, ese precio podría haber bajado aún más. No sucedió. Apoyamos de todo corazón la iniciativa PAIS de la UNLP, y esperamos que no siga el destino que esta del CERIDE y el IESE: en 2003 bastó un cambio en la cúpula del Ejército para que el proyecto cayera en el olvido. Conservadores refractarios hay en todos lados, y aunque este proyecto fortalecía a la sociedad civil y a la militar, debilitaba a los que han vivido sus vidas y carreras dentro del termo cultural de la educación cuartelera. Es cierto también que el crecimiento en flecha del PBI entre 2004 y 2011 ayudó mucho a mitigar la indigencia y la necesidad de ollas populares. Pero después del daño continuo a la matriz social argentina provocado en los ’90 y que detonó en 2001, las ollas jamás desaparecieron. Bienvenida, Argentina, a la indigencia estructural y resistente. Había mucha inteligencia escondida en aquellos preparados. Eran guisos no sólo porque los argentinos aman los guisos, sino porque el consumidor debe hervirlos en agua, insumo que tras una catástrofe suele contaminarse. Las raciones del CERIDE-IESE podían almacenarse sin cadena de frío hasta seis meses, para que el Ejército hiciera un “stock” de medio millón de raciones en Córdoba, el centro del país, a tiro de cualquier emergencia. Se buscó deliberadamente un vencimiento máximo de seis meses, de modo de desalentar choreos y clientelismo. Vemos un espíritu y un método similares en lo que hoy están haciendo el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), unidad dependiente de la UNLP, el CONICET y la CIC. Dado que otra vez hay Ministerio de Ciencia y esta vez el CONICET puede ponerle más hombro y autoridad a la iniciativa PAIS, ésta pueda conseguir las 8 recetas de composición desarrolladas entonces por el CERIDE-IESE. Es algo que se puede hacer sin burocracia y con un Wattsapp. Si los platenses las recuperan, avanzarán más rápido. En  2018, el propulsor inicial y oculto de aquel proyecto olvidado en 2003, el Gral. Div (RE) o Miguel Sarni y quien escribe esta addenda, fuimos a buscar apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para reflotar la cosa. No era el mejor momento para hacerlo: la institución había perdido el grado ministerial. El directorio del CONICET hizo lo posible por «darle masaje cardíaco» a este asunto, pero sus medios eran nuevamente escasos. Por lo demás, no es improbable que la iniciativa resultara  antipática de presentar ante el Gabinete Nacional, y muriera «en el camino». Traer ante toda aquella «gente linda» un proyecto de desarrollo de comida contra el hambre, aquel año justamente, habría sido como mentar la soga en casa del ahorcado. Puede ser incómodo para el verdugo, si está en la tertulia. Vaya esto como un homenaje tardío al general Miguel Sarni, un militar tecnólogo, experto en educación, inteligente e industrialista «como los de antes», y en el entorno cultural actual, un valiente y un imprescindible. Pero se nos fue este año.

Daniel E. Arias

Una Cámara Federal de Apelaciones confirma un embargo a Vicentin por $ 111 millones

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó un embargo millonario contra bienes y ex directivos de la cerealera Vicentin en una causa iniciada con una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En agosto de 2020, la AFIP denunció a ex directivos de la empresa. Los acusaba de una maniobra de facturación apócrifa para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto superior a los $ 111 millones. En ese momento, impulsó la denuncia contra Vicentin y sus responsables “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. La denuncia recayó en un juzgado federal de Reconquista, Santa Fe. Allí la Justicia había confirmado embargos por el monto de la denuncia y ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lo mismo. La Cámara resolvió “hacer lugar al embargo de bienes libres de la firma y las personas físicas denunciadas en autos, bajo responsabilidad de la denunciante, en cantidad suficiente para cubrir la suma de $ 111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal”. “La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores”, señalaron fuentes oficiales. La denuncia: “La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019. El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”, agregaron las fuentes. Vicentin, con una deuda concursal por $ 122.375,4 millones, anunció el 13 de mayo pasado que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -como detalló AgendAR aquí, Molinos Agro y Viterra Argentina (esta firma antes se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA, de la multinacional Glencore) expresaron su intención por comprar la mayoría de la compañía a través de una capitalización. Podrían quedarse con hasta el 90% de la firma.

La Ley de Actividades Nucleares le da a la CNEA jurisdicción nacional sobre el litio

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El sociólogo e investigador de InnovaT, Federico Nacif, especializado en análisis cualitativos de procesos económicos en ciencia y tecnología, plantea que, pese a la oposición de las provincias del NOA -Salta, Jujuy y Catamarca- opuestas a declararlo «estratégico», la Ley de Actividades Nucleares de 1997 le otorga la soberanía al Estado Nacional. En medio de la disputa que tiene enfrentadas a las provincias del noroeste argentino (NOA) que integran la Mesa del Litio, con el Congreso Nacional, ante la chance de que avancen proyectos que buscan declarar «estratégico» al mineral, Federico Nacif señaló que una ley preexistente le otorga a la Comisión Nacional de Energía Atómica ljuridisdicción sobre ese mineral. Destaca que la Ley de Actividades Nucleares de 1997 permite que el Estado Nacional «recupere» la soberanía política sobre el litio, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. . Es que su administración hoy le corresponde a las provincias por ley, puesto que la Constitución Nacional define a través de la N° 24.309 que dispuso la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional en 1993, incluyó para su debate por la Convención Nacional Constituyente la sanción de una serie de modificaciones sobre distintos aspectos del federalismo imperante en nuestro país. . La reforma constitucional argentina de 1994 introdujo cambios en la ley suprema que tenían la intención de fortalecer el régimen federal. Así, se incorporó en el último párrafo del nuevo art. 124 el reconocimiento a las provincias del «dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». . Sin embargo, Nacif señala que «no obstante, la actual legislación nacional relacionada con el sector nuclear, establece de manera inequívoca (y hasta ahora inadvertida), la propiedad del Estado Nacional sobre todos los productos de litio que fueran desarrollados en el país», y agrega que esa definición tiene aval internacional, incluso en términos constitucionales. . Litio: material fusionable Nacif explicó que el antecedente internacional que, desde 1997, define la soberanía política de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de nuestro país sobre el litio tiene que ver con dos propiedades que tiene el mineral en el desarrollo histórico de la energía nuclear: la fisión y la fusión nuclear, que sirvió para el desarrollo de bombas atómicas. . «El ingreso del litio al podio de los «recursos estratégicos» se dio por el desarrollo nuclear impulsado a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de dos tipos de reacciones nucleares: las de fisión nuclear, cuyo dominio permitió el desarrollo de las bombas atómicas, y también la construcción de todos los reactores nucleares que hoy están produciendo energía eléctrica en el mundo; y las reacciones de fusión nuclear, que dieron lugar a las poderosas bombas «de hidrógeno desarrolladas por Estados Unidos y la Unión Soviética y que, en la actualidad, permiten el desarrollo de una nueva generación de reactores que aún se encuentran en etapa experimental. Federico Nacif explica que «el litio se define como «recurso estratégico» por ser un material fusionable especial: las tecnologías de fusión nuclear, tanto para uso bélico como pacífico, requieren isótopos 6 y 7 de litio para producir combustible nuclear a base de hidrógeno en forma de tritio (3H)». . Nacif agrega que «la ley de Actividades Nucleares es un instrumento legal que hoy existe, que está vigente en el Estado y que fue aprobada por el Congreso Nacional en 1997 y que hasta ahora pasó desapercibida». . «La ley de Actividades Nucleares, antes de que la Argentina empezara a producir y a exportar litio en gran escala, dice claramente que el Estado Nacional detentará la propiedad sobre los materiales fisionables y fusionables especiales, que son materiales que se utilizan para producir energía nuclear. Dentro de los materiales fusionables que sean introducidos o desarrollados en el país, la ley aclara que la propiedad la va a ejercer concretamente la Comisión Nacional de Energía Atómica».
Dentro de los materiales fusionables especiales, la Comisión de las Naciones Unidas (ONU) para la Energía Atómica incluye al litio y al litio 6, entre otros minerales.
«Concretamente todo el litio que se produzca, se desarrolle o se importe en Argentina le corresponde a la Comisión Nacional de Energía Atómica el control sobre esa producción y esa comercialización, según lo dice la ley», dijo Nacif, y aseguró que esa norma tiene aval internacional: «La ley de Actividades Nucleares aprobada en 1997 que fue la que hizo ingresar a la Argentina en el tratado de no proliferación de armas nucleares dice esto porque a nivel internacional la producción de materiales para energía atómica es considerada delicada, estratégica, peligrosa, crítica o peligrosa entonces es necesario regularlo y no dejarlo al libre mercado». Nacif continúa explicando que «este argumento de la legislación internacional, es el mismo argumento que hoy usa Chile, que el litio es un recurso estratégico y entonces no se puede concesionar libremente como cualquier otro mineral», y destacó que «hay una contradicción legal entre la Ley de Actividades Nucleares y la consideración del litio dentro del código de minería, no es compatible, algunas de esas dos cosas tienen que cambiar». El investigador, integrante de Innova T, una de las unidades de vinculación tecnológica más importantes del CONICET, aseguró que «o se anula la Ley de Actividades Nucleares o se desconsidera lo que afirma el código de minería y la ley 24.309». . Sin embargo, destacó la dificultad de anular esa norma de actividades nucleares rige en equilibrio con jurisprudencia internacional a la que Argentina suscribe.

Una misión tripulada china arribó ayer a su estación espacial en construcción

Se trata de la primera misión espacial tripulada china desde hace cinco años y marcará un récord de permanencia para su tripulación: los tres astronautas estarán tres meses en el espacio, en uno de los módulos que formarán la estación espacial Tiangong.

En medio de un contexto de tensiones con EE.UU. y, en menor grado, con la Unión Europea, el triunfo de esta misión es una cuestión de prestigio para Beijing, que se prepara para celebrar el centenario del Partido Comunista Chino el 1 de julio. Ayer jueves por la tarde, la agencia espacial china anunció que la nave Shenzhou-12 se había acoplado con éxito a la estación Tiangong («Palacio celeste»), que rivalizará con la Estación Espacial Internacional. Siete horas antes, el cohete Larga Marcha-2F había despegado con los tres astronautas desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el desierto de Gobi en el noroeste de China. Después de unos 10 minutos, alcanzó la órbita y la nave espacial se separó del cohete. La televisión estatal CCTV transmitió en vivo desde el interior de la nave espacial, donde los tres astronautas levantaron las viseras de sus cascos para mostrar sus rostros sonrientes. Cámaras en el exterior de la nave mostraron imágenes en vivo de la Tierra. El comandante de la misión es Nie Haisheng, un condecorado piloto del Ejército de Liberación Popular, quien ha estado en dos misiones espaciales. Los otros dos tripulantes también son militares. El trío realizó más de 6.000 horas de entrenamiento para acostumbrarse a las salidas en la ingravidez. «Nos batimos cada minuto para cumplir nuestro sueño espacial», indicó Liu Boming, otro de los miembros de la tripulación. Una vez terminada, la estación «Palacio celeste» tendrá unas dimensiones parecidas a la antigua instalación soviética Mir y se espera que tenga una vida útil de al menos 10 años, según la agencia espacial china. La misión Shenzhou-12 constituye el tercer lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de la estación, entre 2021 y 2022. Cuatro de esas misiones serán tripuladas. Además del módulo Tianhe, que ya está en órbita, las otras dos restantes –que serán laboratorios de biotecnología, medicina y astronomía– se enviarán al espacio el próximo año. En Tianhe, los astronautas se dedicarán a labores de mantenimiento, instalaciones, salidas al espacio, preparación de futuras misiones y de próximas estadías de otros tripulantes. El módulo tiene un espacio para cada uno de ellos, equipo para ejercicios y un centro de comunicación con el control terrestre. En su cápsula, los tres militares podrán elegir entre 120 alimentos en las comidas y entrenarse en una cinta móvil para mantenerse en forma.
Los 3 astronautas de esta misión

Para el 2025 en América Latina se necesitarán 1,2 millones de programadores, segun el BID

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Un sector en auge, para el que diversos estudios prevén un aumento de demanda, salarios elevados y la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo para 2025 Latinoamérica requerirá 1,2 millones de desarrolladores de software para suplir la demanda de empleo en este campo. «A día de hoy, el software está en el centro de cualquier organización, administración pública, empresa multinacional o pyme. La transformación digital es un tema de actualidad por la COVID-19», defiende Robert Clarisó, director del nuevo grado de Técnicas de Aplicaciones de Software (Bachelor’s Degree in Techniques for Software Development) que ofrece la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A lo que también apunta, esta tecnología está presente de forma permanente en nuestra vida cotidiana. «Las personas que desarrollan software hacen posibles los dispositivos electrónicos que usamos a diario, las plataformas donde consumimos contenidos multimedia, los portales web donde compramos o las redes sociales donde nos conectamos». Y es que, dice, cada vez son más las empresas que buscan expertos en ingeniería de software, como los que prepara el grado de la UOC, para trabajar sin moverse de casa. «Cada vez es más habitual trabajar desde un país para una compañía que está en otro», reflexiona. Una oportunidad de formación en un sector en auge, para el que diversos estudios prevén un aumento de demanda, salarios elevados y la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. En cuanto a la retribución de estos empleos, los informes hablan de cantidades entre 35.000 y 45.000 euros anuales. «Los salarios son muy altos y, cuando se dispone de más experiencia, los sueldos son muy competitivos», ejemplifica Clarisó.

Las reformas sanitarias – Pablo Yedlin

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El sistema de salud de una nación es uno de sus temas más importantes. Y en términos humanos, el que mejor la define. Por eso es lógico que se discuta. Pero AgendAR encuentra que es una discusión confusa. Como sucede con otros asuntos, queda más claro lo que los dirigentes piensan de las intenciones del Otro Lado, que lo que ellos creen que debe hacerse. Por eso, empezamos por reproducir este texto de Pablo Yedlin, médico, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación y anteriormente ministro de Salud de Tucumán. Sobre todo, fue quien en 2018 impulsó la sanción (por unanimidad) de su proyecto de Nueva Ley de Vacunas (Ley n° 27491). Creemos que aquí explica con claridad su posición, que es la del actual gobierno.

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En estas últimas semanas ha resurgido el tema de una reforma sanitaria en la Argentina. Primero fue expresada como una necesidad para dar mejor respuesta a la segunda ola de la pandemia de covid-19 por la vicepresidenta Cristina Fernández, en un acto político en donde participaba gran parte del gabinete nacional y el mismo presidente Alberto Fernández. Luego ocurrió una “descoordinación” entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Jefatura de Gabinete, que generó un ida y vuelta por una autorización de aumento del costo de la medicina privada en un 7% que luego fue desautorizado. Siguiendo con el tema, varias reuniones del Presidente con referentes de algunas de las prepagas más importantes de la Argentina, y la expresión de temor manifestada por algunos gremios en el sentido de creer que la susodicha reforma ponía en riesgo el sistema de obras sociales sindicales. Términos como “estatización” del sistema de salud, “unificación” del financiamiento e incluso “reformas constitucionales” para definir al medicamento como bien social han circulado en redes y medios de comunicación. Por de pronto, aclaremos algo: todos los sistemas de salud del mundo son perfectibles y habitualmente están en procesos de reforma permanente. Estas reformas “light” –digamos con “r” minúscula– ocurren en forma constante, intentando mejorar los resultados sanitarios, mejorar la opinión del sistema por parte de la población o aumentando la cobertura de prestaciones para evitar caer en la pobreza por enfermar. Aun los países con los sistemas de salud más reconocidos por su eficiencia, como Reino Unido, España, Israel, Canadá, o en su capacidad tecnológica y humana, como los EE.UU., se encuentran siempre en reforma. Obviamente, existen las grandes reformas –o reformas con “R” mayúscula– que cambian los sustentos de los sistemas. España, por ejemplo, pasó en 1986 de un sistema de salud regido por la seguridad social a uno financiado por rentas generales, y los efectores pasaron a depender todos del Estado español federal o de las comunidades autónomas. O el sistema inglés, que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció como estatal y financiado por rentas generales. O el a medias frustrado Obamacare en los EE.UU. ¿De qué estamos hablando, entonces, en Argentina al escuchar “reforma del sistema de salud”, una verdadera Reforma, o solo una pequeña reforma sin consecuencias estructurales? El sistema de salud argentino tiene, de más está decirlo, graves problemas estructurales, que surgen de sus orígenes, de su historia y también de su presente. Por un lado, la salud es un derecho constitucional en la Argentina desde 1994, al incluir al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como parte de su texto. Por otro lado, el sistema federal argentino, originado en provincias que formaron una nación, no ha delegado a la misma la salud de su población. Por lo tanto, cada jurisdicción es la única responsable y principal financiadora de la salud de la gente de su terruño. Y el rol de la Nación, y de las estructuras nacionales, muchas veces se limita a un rol rector y orientador de las políticas sanitarias. Por otro lado, el financiamiento del sistema es mixto, una parte de la población, la más excluida, la más pobre y sin trabajo formal, se atiende exclusivamente en el sector público de cada una de las provincias, financiado por rentas generales. Una parte con trabajo formal genera a través de aportes y contribuciones un sistema de seguridad social solidario que se atiende mayoritariamente en el subsector privado de la salud, y por último un sistema de seguros privados (prepagas) que también es atendido en el subsector privado. Avancemos: el sistema de seguridad social además está dividido. Por un lado están las obras sociales (OO.SS.) “nacionales” o “sindicales”, que son reguladas por la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), lo mismo que las prepagas nacionales, por lo que además de estar más controladas han unificado su cartilla de prestaciones básicas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), los afiliados tienen libre elección entre ellas y cuentan con un sistema de reaseguro para situaciones de salud extraordinarias. Cada gremio tiene derecho por ley a tener una OO.SS. y en general lo ejerce. Esto ha generado cientos de estructuras absolutamente inviables que desvirtúan el sistema solidario y generan en forma reiterada proyectos de unificación del mismo. Para empeorar la situación, el PAMI, la Obra Social más grande del país, no es supervisada por la SSS. Sustentada por los propios jubilados y los trabajadores activos, desde la Anses, tiene su propia lógica de funcionamiento independiente. Con una población de altísimo riesgo, contrata con efectores privados de todo el país, incluso a veces con efectores públicos, y presenta históricas dificultades de gestión, efectividad y eficiencia. En cada jurisdicción existen además OO.SS. provinciales, OO.SS. universitarias, incluso prepagas provinciales que no se rigen por la SSS sino que lo hacen por normativas emanadas de los ministerios de Salud locales y desde ya no responden al Programa Médico Obligatorio (PMO), no corre la libre elección y no tienen un sistema de seguro frente a situaciones extraordinarias. ¿Cuál es el principal problema de un sistema tan fragmentado? En realidad, la falta de coordinación entre los actores, que obviamente le quitan eficiencia en el gasto, la contratación, el control ciudadano y los resultados. Pero los problemas más graves, no nos engañemos, en cualquier sistema de salud no son solo los que dificultan la eficiencia del gasto, sino los que generan dificultades a la población que asiste. Cuando la mortalidad infantil de alguna jurisdicción es el doble que la de otra; cuando la mortalidad materna es el triple en una provincia que en el promedio nacional; cuando la esperanza de vida, la posibilidad de acceder a una angioplastia, a un trasplante de órganos, incluso a una consulta pediátrica de rutina, es absolutamente desigual, estamos frente a un problema grave del sistema de salud, que requiere una Reforma. Cuando el recurso humano del sistema de salud no se planifica con seriedad para las verdaderas necesidades del país, ya sea desde las instituciones de grado o nuestras –a veces demasiado autónomas– universidades, y tampoco desde muchas de las residencias de posgrado. Cuando los especialistas más requeridos son menos que los necesarios, terapistas, neonatólogos, anestesistas, gineco-obstetras, fisiatras, psiquiatras, y además su distribución geográfica no sigue las necesidades poblacionales. Cuando la cantidad de enfermeras es de 4,24 por 10 mil habitantes en Argentina, 22 en Chile y 111 en EE.UU., y la proporción medico/enfermera es bajísima, y la cantidad de enfermeras profesionales es del 11% en promedio país, siendo la más baja de la región, y en muchas jurisdicciones el valor salarial de este insumo crítico es el más bajo de la nómina, entonces en ese momento, sí, necesitamos una Reforma sanitaria. Cuando la cobertura de tratamientos de alto costo y baja incidencia es decidida por el sistema judicial a través de amparos y no por una agencia de evaluación de tecnología médica que determine no solo la eficacia sino también el costo-beneficio para el sistema solidario, necesitamos una Reforma. Cuando la agencia de control de medicamentos nacional, la Anmat, no tiene incumbencia en los medicamentos que no tienen tránsito interjurisdiccional, y por lo tanto la calidad de los medicamentos que se elaboran en las distintas jurisdicciones para uso local tienen estándares de calidad diferentes, necesitamos una Reforma. Cuando el acceso a los medicamentos para enfermedades crónicas es más o menos discontinuo según el tipo de financiador que asiste al paciente, necesitamos una Reforma. Cuando la estrategia de atención primaria de salud (APS), reconocida como la más eficiente en el mundo, solo es entendida como un sistema de atención para la población más pobre del país, generando mientras que los usuarios de prepagas u OO.SS. entienden que su “derecho a la salud” incluye la decisión de consultar a cualquier especialista sin derivación, realizarse cualquier estudio sin indicación u operarse de lo que decidan sin esperar turno según la verdadera prioridad de la intervención, necesitamos una Reforma. En el sistema de salud argentino nadie sobra, requerimos de todos para llevar adelante una reforma sanitaria profunda, que mejore las condiciones sanitarias de las y los argentinos. La salud no puede ser el negocio de unos pocos y el problema de muchos. Una Reforma sanitaria que se oriente en la equidad, la calidad y los resultados sanitarios globales en cualquier lugar de la Patria es necesaria. No nos merecemos menos que eso.

Pablo Yedlin

La empresa aeroespacial argentina VENG probará la tecnología del Saocom, en China

VENG es la compañía de base tecnológica creada por el Poder Ejecutivo, encargada del mantenimiento y operación de las Estaciones Terrenas de la CONAE. Busca sofisticar la tecnología en «Banda L» de los satélites con experiencias a realizar en China.

La empresa argentina de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado Veng, que cuenta con la participación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (Conae), se ha centrado en China para poner a prueba parte de la tecnología en «Banda L», del satélite SAOCOM, lanzado en 2020. . Veng busca probar los radares del satélite en provincias chinas con espesa vegetación y condiciones montañosas del terreno, para analizar el funcionamiento de la tecnología incorporada al satélite y desarrollar procesos de sofisticación. . «La constelación SAOCOM permite observar a la Tierra de noche y de día, sin importar condiciones climáticas, y dado que es de tecnología «Banda L», penetra la cobertura vegetal y penetra el terreno, pudiendo recopilar datos muy valiosos para aplicaciones diversas», explicaron desde la empresa. . Veng está a cargo de la operación y mantenimiento de Estaciones Terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ubicadas en el centro y sur del país y cerca de la Antártida, y también de brindar servicios de segmento terreno a misiones satelitales internacionales, a través de la recepción, procesamiento y bajada de datos. En una entrevista para el portal chino Xinhua, Adrián Unger, subgerente de la oficina de Información Satelital de Veng, ingeniero electrónico, especializado en sistemas y capacitado en información satelital, dijo que la CONAE designó a la firma como distribuidor y comercializador exclusivo de las escenas satelitales SAOCOM (Satélite Argentino de Observación con Microondas), que consta de dos radares en la denominada Banda L. Además, mencionó la posibilidad de su uso en las actividades del agro, para gestión del riego, para hacer mapas de riesgo de incendios, inundaciones o sequías, para el estudio de glaciares o témpanos, o para determinar el rendimiento de las cosechas y decidir fechas de siembra. Veng cuenta con una plantilla de más de 400 personas que provienen del ámbito de las ingenierías, de las ciencias, de la investigación, siempre articulando con instituciones nacionales y universidades. La firma tiene más de 13 años de trayectoria, ofreciendo a la industria espacial y a la industria consumidora de alta tecnología en general, servicios de ingeniería, segmento terreno, e información satelital, orientados a la solución de problemas complejos. «Desde su nacimiento participó activamente en el Plan Espacial Nacional, mediante distintos proyectos, con misiones satelitales, con la creación y diseño de lanzadores experimentales, contribuyendo al posicionamiento estratégico de la Argentina en materia de tecnología espacial», puntualizó Unger. Veng participó en diversas misiones satelitales y también en el desarrollo de prototipos experimentales de lanzadores satelitales, brindando soluciones de diseño, fabricación, integración y ensayos. ¿Por qué China?  El experto enfatizó entonces la importancia que podría tener la tecnología con la que cuenta Veng para China, país con el que Argentina ha profundizado la cooperación bilateral en tecnología satelital, con innovadores proyectos conjuntos, que aparejan beneficio no solo para ambas partes, sino también para la comunidad internacional. «Dado que en China hay grandes provincias con zonas de alta densidad de vegetación, la «Banda L» parece ser especialmente acorde a lo necesario para estudiar los terrenos, tanto para asistir a siembras o cosechas, como también para prevenir derrumbes o aludes de tierra en zonas montañosas». «Veng se interesa también en China como un potencial destino de sus servicios por el gran volumen del mercado y, por otro lado, porque ese país tiene tecnología punta y no sería complicado explicar los beneficios de la «Banda L», dado que ya cuenta con los radares necesarios», sostuvo. . El entrevistado subrayó que la alta tecnología de China permitiría la interacción «para comprender la potencia de SAOCOM, de la «Banda L», para así aumentar las capacidades que tiene y, a la vez, aumentar el grado de cooperación que ya existe entre Argentina y China». Acuerdo con Italia  . En febrero pasado la empresa firmó un acuerdo con la italiana e-GEOS, compañía que cuenta con participación de la Agencia Espacial Italiana, para la comercialización de datos adquiridos por los satélites argentinos SAOCOM 1A y 1B. En AgendAR detallamos en ese momento la operatoria en la nota Argentina exportará, con la italiana e-Geos, imágenes satelitales obtenidas por el SAOCOM.

UNSAM busca técnicos para el desarrollo de la vacuna covid ARVAC Cecilia Grierson

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La Universidad Nacional de San Martín está buscando un/a profesional graduadx de las ciencias biológicas (bioquímica, biotecnología, biología, etc). El o la seleccionada se insertará en el grupo multidisciplinario dedicado al desarrollo de prototipos vacunales contra la COVID-19. El equipo de investigación es dirigido por Juliana Cassataro y lleva adelante el proyecto “ARVAC Cecilia Grierson”, un desarrollo cuya fórmula de vacuna se basa en proteínas recombinantes, una tecnología aplicada en las vacunas contra la Hepatitis B o el VPH. En la actualidad, este grupo interdisciplinario de investigadorxs logró dos prototipos de vacuna que demostraron capacidad para inducir muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes del virus y respuesta inmune celular T en estudios de modelos animales.

Inversión china de 580 millones de dólares en la explotación del litio salteño

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La compañía china Ganfeng Lithium anunció que el proyecto generará más de cuatro mil empleos y se abastecerá con energía solar.

Ganfeng, la empresa de litio más importante del mundo, invertirá más de u$s 580 millones en un proyecto de extracción en la provincia de Salta. Será abastecido con energía solar, anunciaron sus directivos tras firmar el acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz. La firma Litio Minera Argentina SA, subsidiara de Ganfeng Lithium, generará con el plan más de cuatro mil puestos laborales, 1.300 puestos manera directa y tres mil de manera indirecta, precisó el gobernador tras el encuentro. El proyecto tendrá dos novedades: el suministro para el funcionamiento pleno de todas la maquinarias requeridas en el proceso será por medio de la energía solar y para lo cual se construirá un parque contiguo con capacidad de 130 MW aproximadamente. La logística se realizará por medio del ramal C14 del ferrocarril, por lo que rehabilitarán esa línea, que recorre toda la Puna salteña hasta a Chile, mediante el paso internacional de Socompa. La noticia fue celebrada por Sáenz, quien tras cerrar el contrato publicó en sus redes sociales fotografías del evento en la casa de Gobierno salteña que contó con el presidente de Litio Minera Argentina SA, Jason Luo; y su vicepresidente Simón Pérez Alsina. La empresa confirmó que la inversión comprende tanto a la planta del salar como a la de carbonato de litio, ubicada en el Parque Industrial de la localidad salteña de General Güemes, con una producción estimada de 20 mil toneladas destinada a la exportación.
Con este proyecto, Ganfeng Lithium se expande en el norte argentino, siempre mediante acuerdos relacionados con el litio.
El pasado 14 de mayo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmaron un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio nacional, el gobierno provincial y la empresa china para instalar una fábrica de baterías de litio para movilidad sustentable en esa región argentina. “Estamos trabajando en Argentina en varios proyectos. Queremos apoyar el desarrollo industrial de Argentina para que sea uno de los países productores de litio más importantes del mundo. Nos comprometemos a trabajar comprometidos en el cuidado ambiental. Deseamos una exitosa cooperación entre Argentina y China”, manifestó Li Liangbin, Chairman de Ganfeng Lithium Co. Ltd.