En una solicitada firmada por numerosos científicos e investigadores del Conicet, referentes sociales y periodistas, se pide un control más estricto de las fronteras para dificultar el ingreso de las nuevas cepas virales más peligrosas.La solicitada dice lo siguiente:«El mundo entero continúa siendo vulnerable frente a las nuevas olas de contagio disparadas por variantes cada vez más contagiosas del virus SARS-CoV-2, como la llamada “Delta”. Esta variante causó un desastre humanitario en India, y está provocando un notable aumento de los contagios en el Reino Unido. Allí, se detectó el primer caso a principios de abril (un viajero proveniente de India, país que en ese momento no estaba incluido en la “lista roja” de Reino Unido) y hoy es responsable de más de 5.000 casos diarios. En EEUU y algunos países de Europa (Bélgica, España, Francia, Alemania, etc.) el número de casos es aún pequeño, pero la tendencia es a un crecimiento exponencial, a pesar de un gran avance de la vacunación en estos países. La variante Delta parece ser 50-70% más contagiosa que la variante Alfa («Reino Unido»), la infección estaría asociada a un mayor riesgo de hospitalización y la efectividad de vacunas con una única dosis para prevenir enfermedad sintomática sería de alrededor del 33%, mucho menor que para otras variantes circulantes. A principios de año advertimos sobre la necesidad de demorar/evitar el ingreso al país de las variantes Manaos y Reino Unido, y hoy vivimos una enorme ola de contagios y fallecidos. Una y otra vez, el ingreso de variantes más contagiosas se produjo principalmente a través de aeropuertos y luego irradió desde el AMBA al resto del país, donde las variantes de la primera ola fueron rápidamente desplazadas por variantes más transmisibles. El ingreso por vía aérea es superior a la irradiación vía transporte terrestre, pero una vez establecida la circulación comunitaria de la variante Delta en los países limítrofes, también sería importante mejorar los controles al transporte por carreteras. Otra vez nos encontramos en una coyuntura donde existe la posibilidad de evitar o al menos demorar el ingreso de esta u otras variantes que impulsen una nueva dinámica en la pandemia. Es fundamental destacar que mayores controles que minimicen la cantidad de infectados que ingresen al país nos permitirían minimizar/demorar los contagios mientras avanza la vacunación. El aumento exponencial de casos va a depender directamente del número de viajantes infectados que ingresen al país. Las y los abajo firmantes solicitamos a las máximas autoridades nacionales implementar de manera urgente estrictos controles de las cuarentenas de pasajeros aéreos. Hemos observado una y otra vez como fallan las estrategias que dependen de apelar a la responsabilidad individual. Múltiples países implementan restricciones y cuarentenas obligatorias para pasajeros aéreos que arriban a los mismos, con cuantiosas multas para los que no cumplan. Este control estricto debería incluir el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por un lapso mínimo de 5 días en hoteles o centros previamente asignados a dicha tarea, con la continuidad de dicho aislamiento determinado por el resultado de un test PCR a realizarse el día 5. Estas medidas deberían ser independientes de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten, atendiendo a que se obtienen resultados positivos en un 30% o menos de los infectados cuando se los testea previo al día 4 post-infección. Pedimos, en definitiva, priorizar la vida de decenas de miles por sobre la comodidad de quienes llegan de viaje. Adhesiones institucionales:
Grupo Ciencia Rosarina contra el Coronavirus
Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS)
Firmas a título personal:
Sandra Carli, Prof. Titular UBA – Investigadora Principal de Conicet
Milena Marro- FCM, UNR-R.i.s.a.m. (Hospital Escuela Eva Perón)
Analía Chumpitaz, Directora del Sistema Municipal de Epidemiología de Rosario, Profesora Adjunta FCM, UNR. Subdirectora del Instituto de Salud colectiva de UNR
Ruth Rosenstein, Prof. Titular UBA – Investigadora Principal Conicet
Daniel Penazzi, Profesor Asociado FAMAF-UNC
Rafael Grimson, Prof. Adjunto UNSAM – Investigador Adjunto Conicet
Víctor Romanowski, Investigador Superior CONICET, IBBM (UNLP-CONICET)
Sebastián Uchitel. Profesor titular, FCEN UBA, Investigador Principal Conicet
Daniela Cattaneo, Prof. Adjunta FCEIA-UNR – Investigadora Adjunta CURDIUR. UNR-Conicet
Jorge Rachid, Médico Sanitarista
Valeria Levi, Prof. Asociada FCEN-UBA – Investigadora Principal de Conicet
Los ministros de Finanzas de los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña) alcanzaron hace una semana, el 5 de junio, un «acuerdo histórico»: la creación de una tasa impositiva mínima mundial para las empresas de un 15%, lo que sería la base de un pacto global. Ahora están reunidos, en Cornwall, Inglaterra, los Jefes de Estado y de gobierno del G-7, y ahí -se anuncie o no públicamente- se tomará la decisión final sobre la velocidad con que va a avanzar esta propuesta.
El impuesto mínimo global pretende poner fin a lo que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha calificado de “carrera a la baja de 30 años en las tasas de impuestos a las empresas”, en una competencia por atraer a las multinacionales.
¿Por qué un impuesto mínimo global?
Las principales economías -en especial EE.UU., pero también Alemania- pretenden disuadir a las multinacionales de trasladar sus ganancias a países donde se cobran bajos impuestos, sin importar el lugar donde se realicen sus ventas.
Cada vez más, los ingresos procedentes de fuentes intangibles, -las patentes de medicamentos, los programas informáticos, los derechos de propiedad intelectual, han emigrado a estas jurisdicciones, lo que permite a las empresas evitar el pago de impuestos más altos en sus países de origen tradicionales.
¿En qué punto están las conversaciones?
El acuerdo de los ministros de Finanzas del G-7 se inscribe en un esfuerzo mucho más amplio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva años coordinando las negociaciones fiscales entre 140 países sobre las normas para gravar los servicios digitales transfronterizos y frenar la erosión de la base imponible. Una de las medidas propuestas es un impuesto mínimo de sociedades a nivel mundial.
Los países de la OCDE y del G-20 pretenden llegar a un consenso sobre ambos temas a mediados de año, pero las conversaciones sobre el mínimo global para empresas son técnicamente más sencillas y menos polémicas. Si se alcanzara un amplio consenso, será muy difícil para cualquier país de baja tributación intentar bloquear el acuerdo.
Se espera que el mínimo represente la mayor parte de los 50.000 millones a 80.000 millones de dólares de impuestos más que, según la OCDE, las empresas acabarán pagando en todo el mundo si se alcanzaran acuerdos en ambos frentes.
¿Cómo funcionará un impuesto mínimo global?
El tipo impositivo mínimo global se aplicaría a las ganancias en el extranjero. Los gobiernos podrán seguir fijando la tasa de impuestos local que deseen, pero si las empresas pagan tipos más bajos en un país concreto, sus gobiernos de origen podrían “completar” sus impuestos hasta el tipo mínimo, lo que eliminaría la ventaja de trasladar los beneficios.
La OCDE había dicho el mes pasado que los gobiernos estaban de acuerdo en el diseño básico del impuesto mínimo, pero no en el tipo. Los expertos fiscales afirman que ésta es la cuestión más espinosa, aunque el acuerdo del G-7 crea un fuerte impulso en torno al nivel del 15% o más.
Otros puntos que aún deben negociarse son si los fondos de inversión y los fondos de inversión inmobiliario deben estar cubiertos, cuándo aplicar la nueva tasa y garantizar que sea compatible con las reformas fiscales de Estados Unidos destinadas a disuadir la erosión.
Cómo sigue
En la reunión del G-20, que incluye a la Argentina, prevista en Venecia para julio, se verá como recibirán el acuerdo del G-7 los principales países en vías de desarrollo.
Aún quedan muchas cosas por concretar, como los parámetros que determinarán cómo y a qué empresas multinacionales se aplicará el impuesto.
El comunicado del G-7 dejó abierto lo que sucederá mientras tanto con los impuestos sobre los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas en varias jurisdicciones, que Estados Unidos quería que se eliminaran tan pronto como se llegara a un acuerdo.
Solo dijo que debería haber “una coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos sobre los servicios digitales”.
Cualquier acuerdo final podría tener importantes repercusiones para los países de baja tributación y los paraísos fiscales.
Por ejemplo, la economía de Irlanda se ha disparado con la entrada de miles de millones de dólares en inversiones de multinacionales. Dublín, que se ha resistido a los intentos de la Unión Europea de armonizar sus normas fiscales, no es probable que acepte un tipo mínimo más alto sin luchar.
Sin embargo, es menos probable que la batalla de los países de baja tributación consista en echar por tierra las conversaciones generales y más en conseguir apoyo para un tipo mínimo lo más cercano posible a su 12,5% o en buscar ciertas exenciones.
Desde el punto de vista geopolítico, se ha dicho que el gran ganador de la aplicación de un impuesto mínimo global serían los EE.UU. La mayoría de las grandes empresas tienen su origen ahí, y una norma como esa les quitaría el incentivo para trasladar sus sedes… y sus ganancias.Pero desde un punto de vista más estratégico, es necesario tener claro que ningún Estado nacional termina ganando en una competencia por cobrar impuestos más bajos.
Cuando se menciona al agro argentino, se piensa en la «pampa húmeda». Pero alrededor del 75 % de nuestro territorio son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Este desarrollo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo funciona como un manto protector que ayuda al control de malezas y de insectos y a reducir la evaporación del agua de riego.
Se trata de una especie de mantos que ayudan a proteger estos suelos de las malezas y de los insectos. También sirven para reducir la evaporación del agua de riego y para evitar el contacto directo de frutas o verduras con el suelo cultivado.
El director del proyecto e ingeniero químico de la UNCUYO, Mario Ninago, puntualizó que en la protección de suelos normalmente se emplea polietileno, que presenta desafíos económicos y ambientales, ya que debe retirarse y desecharse correctamente. “Una alternativa para superar este problema ambiental consiste en emplear mantos agrícolas biodegradables que tengan un comportamiento similar a las películas de polietileno durante el cultivo y que, luego de su vida útil, pueden biodegradarse por acción de los microorganismos presentes en el suelo».
“Particularmente nos propusimos desarrollar películas flexibles de almidones nativos de maíz y mandioca, producidos comercialmente en Argentina, que pueden ser aplicaciones como mantos protectores de suelos durante el cultivo de productos hortícolas”, señaló Ninago, que forma parte de un equipo que estudia la factibilidad de emplear macromoléculas biodegradables de almidón para obtener insumos de uso agropecuario.
El experto remarcó que “es necesario incorporar a esas películas diferentes agentes que aporten funcionalidades específicas, como propiedades radiométricas y mecánicas mejoradas, sin alterar el carácter biodegradable de estos biopolímeros”.
El ing. Ninago, quien está al frente del Laboratorio de Polímeros y Compuestos Nanoestructurados de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI-UNCUYO), señaló en un comunicado que el procesamiento del almidón resulta muy complejo y los materiales finales poseen pobres propiedades mecánicas, como consecuencia de su carácter predominante hidrofílico. Por lo que, para superar estas limitaciones “se propusieron diferentes alternativas que han permitido mejorar el desempeño final del almidón sin resignar su valioso carácter biodegradable”.
En este sentido, puntualizó que se incorporaron diferentes plastificantes de origen renovable, como glicerol y alginato de sodio, que ayudaron a disminuir la absorción de agua y la rigidez de la matriz de almidón, y también poliésteres biodegradables que mejoraron la procesabilidad y la estabilidad térmica de las películas de almidón.
Además, el también doctor en Ingeniería Química por la Universidad Nacional del Sur (UNS) agregó que, mediante el agregado de rellenos minerales de bajo costo, se obtuvieron películas de almidón con capacidad de barrera a la radiación UV-vis (propiedades radiométricas).
A raíz de estos resultados, adelantaron que ya trabajan en otras líneas de investigación, algunas experimentales, que buscan profundizar los aportes ya alcanzados. Ninago investiga la síntesis y procesamiento de materiales biodegradables de origen sintético y natural junto a las investigadoras Olivia López, Gabriela Passaretti, Cecilia Paulo y Jésica Worlock.
La Administración Nacional del Espacio de China (ANEC) publicó una selfie panorámica de 360 grados que el robot Zhurong tomó en Marte. China muestra que puede lograr imágenes tan espectaculares como las del rover de EE.UU., «Perseverance», pero su vehículo busca más pruebas de la existencia de agua o hielo en el planeta rojo.
Para esta imagen, el Zhurong se desprendió de la cámara desmontable y retrocedió unos metros. Así, se pueden ver tanto el rover como el módulo de amartizaje, desde una perspectiva a ras de tierra. “La imagen se transmitió al vehículo de manera inalámbrica, que luego la rebotó a la Tierra a través del módulo orbitador.
¡Felicitamos al equipo que representó a la Argentina y ganó la Final Regional del Cyber Women Challenge! Esta edición reunió a todas las ganadoras de los #CyberWomenChallenge nacionales de 2020. Las ganadoras: Abigail Kauf, Alejandra Lavore Bourg y Andrea Chil.??? pic.twitter.com/AtelJYQULk
El Cyberwomen Challenge es una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Americanos junto a la empresa Trend Micro, el Gobierno de Canadá y la Fundación Citi, y consiste en un workshop virtual en el que las participantes tienen la oportunidad de vivir la experiencia de una migración de aplicaciones a nuevas tecnologías como containers, orquestadores y de utilizar la seguridad como código para facilitar la implementación de una nueva estrategia de seguridad.
Esta iniciativa está basada en simulaciones de ciberseguridad y escenarios reales con la guía de un experto, enfocado en la adopción de nuevas tecnologías.
En la versión 2021 del Cyberwomen Challenge, según informaron los organizadores, los tópicos fueron la creación de containers y servicios; la importancia de identificar riesgos al utilizar containers; y cómo integrar seguridad como código en ambientes DevOps sin impactar la agilidad en el desarrollo.
Reproducimos este importante reportaje que Matías Alonso hizo para la Agencia TSS a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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El viernes pasado se publicó el Decreto 360/21, con el que se nombró como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a la investigadora del CONICET y hasta entonces jefa del departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (CAB), Adriana Serquis.
Ganadora de un premio Konex en el área de la Nanotecnología y del premio L´Oreal-UNESCO por su aporte al uso racional de la energía, Serquis es doctora en Física (Instituto Balseiro) y realizó estudios de posgrado en Estados Unidos a partir del año 2000, donde en cuatro años logró que sus desarrollos vinculados con materiales superconductores obtuvieran dos patentes. El presidente saliente de la CNEA, Osvaldo Calzetta Larrieu, nombrado en 2016, siguió en su cargo hasta el pasado viernes 4 de junio.
El nombre de Serquis para dirigir a la CNEA se impuso sobre otros que recibieron cuestionamientos por parte de la comunidad nuclear, como el de Mauricio Bisauta, ex presidente de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) durante su reducción en el gobierno de Mauricio Macri; y el de Sergio Solmesky, exsecretario general por la Argentina en la Agencia Binacional Brasileño Argentina de Contabilidad y Control de Material Nuclear, resistido en la institución por actitudes misóginas.
La CNEA recobró presupuesto y jerarquía durante el período 2003 a 2015, pero con el gobierno de Macri comenzaron a demorarse y a cancelarse los proyectos en curso, además de sufrir la pérdida de personal altamente calificado. La asunción de Alberto Fernández era vista como una señal de cambio por el sector nuclear, aunque el Gobierno mantuvo a la misma gestión durante casi un año y medio y relegó la posición de la institución en el organigrama del Estado.
“En la gestión por la central Hua Long debería hacerse el mejor acuerdo posible para poder desarrollar el combustible en la Argentina”, dijo Serquis.
En un comunicado interno que distribuyó la flamante presidenta, el foco está puesto en recuperar el capital humano de la institución y en objetivos como la soberanía tecnológica. Serquis habló sobre lo que pretende en esta nueva gestión de la CNEA, los proyectos en curso, la minería de uranio y las críticas que ha recibido siendo candidata.
¿Cuáles son los proyectos que buscará impulsar desde su gestión?
En primera instancia queremos avanzar en los proyectos que ya están en marcha, que son importantes y tenemos que terminarlos de manera eficiente. Y poder revisar otras áreas en las que es necesario que la institución empiece a hacer desarrollos que impacten, tanto en el área de energía, como salud y ambiente. Debemos recuperar el filo tecnológico, como dijo alguna amiga mía, que estuvo siempre en la CNEA, pero se fue perdiendo con el paso del tiempo.
En cuanto al acuerdo con China: ¿Cuál es su opinión sobre si la Argentina debería tener una nueva central CANDU? ¿A la CNEA le sirve tener una central Hua Long?
En principio, creo que la CNEA no va a tomar la decisión sobre si tendremos una central CANDU o no, es algo que se decide más arriba, y conforme a otros intereses tanto geopolíticos como por cuestiones técnicas, en las que la CNEA debería estar ayudando y apoyando. Hay una decisión personal que tiene que ver con defender los nódulos tecnológicos y ambas centrales pueden colaborar con seguir contribuyendo a tener una soberanía tecnológica. Los conocimientos no se pierden, pero que haya una central CANDU reforzaría los 70 años de tradición y conocimiento tecnológico. En la gestión por la central Hua Long debería hacerse el mejor acuerdo posible para poder desarrollar el combustible en la Argentina, para poder ser capaces de continuar con esto y la CNEA debería ser capaz de poder dar su opinión y aprovechar no solo los combustibles, sino un montón de otras cuestiones más y aprendizajes que se deberían poder hacer. Así fue como se hizo con la primera central Atucha, en la que los acuerdos relacionados con la tecnología nuclear se han visto favorecidos por un incremento del conocimiento y la soberanía tecnológica.
¿No sería más conveniente concentrar los esfuerzos en terminar el CAREM y tratar de comercializarlo?El CAREM es el proyecto insignia de la CNEA y debemos hacer una revisión de lo que se hizo hasta ahora. Necesitamos no solo saber si este prototipo va a llegar a funcionar, sino que deberíamos terminarlo en tiempo y forma, y debería ser uno de los objetivos de los próximos años, así como el RA10, que es el otro objetivo. Cada uno de esos megaproyectos tienen un montón de desafíos, pero uno de los principales es poder finalizarlos, poder demostrar el concepto de estos proyectos. Tenemos que poder devolverle a la sociedad toda la inversión que se hace. Una cosa no quita la otra: apostar a una tecnología, la que sea, para la generación nucleoeléctrica, no quita que haya inversiones en estos proyectos puntuales, como lo son el CAREM y el RA10.
“El CAREM es el proyecto insignia de la CNEA y debemos hacer una revisión de lo que se hizo hasta ahora”, sostuvo la flamante presidenta de la CNEA.¿Cómo fueron los cuatro años del macrismo en la CNEA y qué balance hace de la gestión de Calzetta?
Fueron años muy duros en todo el sistema tecnológico argentino, porque pasamos de tener un Estado presente, trabajando en todos los niveles, el educativo y el de equipamiento, ayudando a que la sociedad comprenda el rol de la ciencia y la técnica en el desarrollo, a una ausencia de eso y la evaluación de cualquier cosa que se hiciera en función del beneficio económico inmediato, como si se manejara un almacén. Este tipo de proyectos grandes, que tienen que ver con el desarrollo económico y, sobre todo, con el desarrollo nuclear, no se pueden manejar de esa manera. El desarrollo del CAREM no se puede pensar en si voy a ganar más o menos, o una licitación en la que da lo mismo hacer una contratación afuera o si busco una contratación interna que nos permite generar la demanda. No se puede medir solamente por el número, por una planilla de cálculo. En ese sentido, hemos sufrido la presencia de personas que nos querían mostrar que todo se podía medir en términos de productividad en una planilla, tanto la investigación básica como el desarrollo tecnológico. Nos han expuesto a esa situación y, lamentablemente, muchos y muchas creemos que ha sido bastante nefasto para el sistema. Creo que Calzetta simplemente lo permitió. Más allá de que haya intentado enfrentar algunas cosas y haya logrado los pases a planta de un montón de trabajadoras y trabajadores que estaban contratados en el Estado, y de que haya tratado de favorecer a ciertos sectores, en la práctica permitió muchas cosas que venían con esa lógica de que todo se podía medir de esta manera.
La Argentina tiene reservas de uranio. ¿En este contexto de restricción externa de divisas se debería avanzar con la minería de uranio? ¿Existe licencia social para hacerlo?
Justamente, la última pregunta, la del licenciamiento social, es el centro de la cuestión. Para eso hay que abrirse a los cuestionamientos y poder contestarlos sin la soberbia de decir que nosotros tenemos la verdad y poder explicar cuáles son las condiciones seguras para poder hacerlo. Abrirse a ese debate necesario en todo nivel. Hay que comprender cómo se va formando en el pueblo la idea de cómo se hacen ciertas actividades que pueden ser tabú en algunos ambientes y poder hacerlas de manera segura.
¿Es realmente necesaria la minería de uranio o se consigue como commodity?
Es fundamental, no podemos dejar de lado toda la parte de minería. Si alguien quiere volver a una etapa en la cual la energía se pueda conseguir con leña y volver a la Edad de Piedra, adelante, pero si queremos un país desarrollado y con mejor vida para todas y todos hay que continuar con ciertas actividades con los controles necesarios. Eso es lo que hay que poner en discusión: qué controles, quién los hace, cómo se hace de manera segura la actividad para evitar que el daño sea pagado por generaciones futuras. Ese balance entre ambas cosas, el no pasar un pasivo ambiental, tiene que hacerse entre todos los actores.
A usted se le critica la falta de experiencia en gestión, un aspecto que parece muy necesario para dirigir una institución como la CNEA. ¿Qué piensa de eso?
Esa crítica es medio extraña porque la gestión de esta institución hace 20 años que está a cargo de las mismas personas, por lo que la única manera de tener a alguien con experiencia en gestión, en la misma institución y en un alto nivel, es elegir a una de estas personas. Eso significa que esa crítica tiene más que ver con querer que permanezca todo tal cual como está. Pero la idea de un proyecto conformado por un montón de gente es hacer cambios y, justamente, cambiar a esas personas. En cuanto a mi experiencia en gestión, diría que por ahora tengo un nivel 3, soy jefa de departamento, pero he participado en un sinfín de otras actividades de gestión en el Consejo de Administración de la Fundación Balseiro, como coordinadora de proyectos de la Agencia (I+D+i), como presidenta de la Asociación Argentina de Cristalografía, y también tengo participación en un montón de comisiones del CONICET y en evaluación de un montón de proyectos y personal. Desde mayo del 2020 soy directora alterna de una unidad ejecutora de más de 200 investigadores y becarias y becarios, además de estar también como coordinadora del Sistema Nacional de Rayos X. La gente que me conoce sabe que a mí nunca me interesó trabajar por una candidatura personal. Me gusta sumar al conjunto de organizaciones que nuclean al Frente de Todos dentro del CAB. Venía con un trabajo más bien de apoyo al Gobierno nacional y de querer contribuir con mis conocimientos y tratar de lograr una mejor transferencia tecnológica de cualquiera de las personas que estuvieran dentro de la CNEA. En principio no pensé en una candidatura, no tenía el interés, pero si desde el Gobierno se veía como una salida a la crisis de egos personales, yo iba a aceptar como la expresión de un equipo que quiere sumarse a un trabajo que tiene que ver con la reorganización de esta institución.
.En los últimos años, los empleados de la CNEA han perdido mucho poder adquisitivo en sus salarios y eso hizo que se fueran muchos empleados. ¿Cómo se puede solucionar este problema?Esa es la prioridad cero: un salario digno y un poco más competitivo para la gente que está en sectores tecnológicos, incluso comparado con otras instituciones del Estado, que nos permita retener a la gente que se fue formando y que es vital para muchos de los proyectos que están en curso actualmente.
Cuando trabajó en la investigación sobre la muerte de Rafael Nahuel recibió críticas desde diversos ámbitos. ¿Fue respaldada por la CNEA en ese momento?
Creo que hubo bastante buena voluntad desde la institución pero, en general, no se ha tomado la misma iniciativa que una institución que decide proteger a sus trabajadoras y trabajadores. Inmediatamente después de la crítica mediática, desde el CONICET y el área de Legales del CONICET recibí un llamado de apoyo. Pero también me tocó salir a buscar el apoyo por mi lado. Y no solo yo, sino también otras personas tomaron ese rol de querer buscar un apoyo porque hay un trabajo académico y científico atrás, y está en juego el aval de la institución. No fue un ataque personal, sino que fue a la credibilidad académica de la institución. Decir que no recibí apoyo sería injusto, decir que quizás no lo recibí en el tiempo que correspondía sería más correcto. Sí hubo una movida desde los gremios para la defensa del trabajo institucional.
Ese tipo de críticas también buscan sembrar desconfianza sobre el trabajo científico, ¿no?
Claro, por suerte la institución en eso sí se ha puesto la camiseta, en el sentido de decir que un trabajo científico no puede estar influido por cuestiones personales. Cuando la crítica tiene que ver con tu ideología política quiere decir que las personas que la hacen creen que es posible alterar un resultado científico según la ideología política, y eso no debería ser así.
Puertos de todo el mundo cooperarán para el desarrollo e impulso del uso y el comercio de hidrógeno. La participación del puerto de Bahía Blanca forma parte de la nueva agenda nacional para impulsar la producción, utilización y exportación de hidrógeno.
En un paso hacia la economía del hidrógeno, el Puerto de Bahía Blanca firmó el acuerdo de lanzamiento de la Coalición Global de Puertos de Hidrógeno. El consorcio del puerto bonaerense formará parte de una iniciativa internacional que esta en línea con la búsqueda de una estrategia argentina en materia de hidrógeno y en sintonía con otras iniciativas regionales.
El Puerto de Bahía Blanca y otros 28 puertos y organizaciones portuarias del mundo suscribieron el acuerdo de creación de la Global Hydrogen Ports Coalition en la CEM12 y el MI6, dos reuniones internacionales para la aceleración de la transición energética, organizadas en esta oportunidad por Chile. Mediante el memorando firmado los puertos compartirán información y analizarán cómo abordar el desarrollo del hidrógeno en sus instalaciones.
“Para el puerto de Bahía Blanca es un orgullo representar a la Argentina en este grupo de trabajo, que tiene por objetivo reducir la emisión de combustibles fósiles, reconociendo al hidrógeno como uno de los grandes valores en esta línea”, remarcó el presidente del consorcio del puerto, Federico Susbielles, en el panel de lanzamiento. “No tenemos ninguna duda de que el tránsito y el camino a la producción y almacenamiento de hidrógeno es buena parte de la sustentabilidad, de la sostenibilidad que queremos construir en nuestro puerto y en el país”, concluyó.
La lista de puertos incluye a gigantes de Europa como Rotterdam (Países Bajos), Antwerp (Bélgica) y Hamburgo (Alemania). Entre los puertos sudamericanos figura el de Mejillones en Chile y el Complejo Portuario de Pecém en Brasil.
Hacia una estrategia nacional
La iniciativa está en línea con la nueva agenda oficial en materia de hidrógeno, presentada a mediados de mayo en la celebración del foro “Hacia una Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030”, organizado por el Consejo Económico y Social. “Acá se está definiendo una auténtica política de mediano y largo plazo en la cual la Argentina una vez más tiene que estar unida. Por eso es tan importante que en el próximo semestre nuestro país pueda presentar de modo consensuado una estrategia nacional de hidrógeno 2030”, destacó el presidente Alberto Fernández en aquella oportunidad.
Características:
El hidrógeno es un vector energético que puede ser obtenido a partir de distintas fuentes. Argentina produce unas 400.000 toneladas anuales de hidrógeno “gris” (mediante la quema de hidrocarburos), pero sin tecnologías para la captura de las emisiones de carbono. Países y organismos internacionales impulsan el desarrollo de las capacidades para producir hidrógeno “verde”, obtenido a través de electrolisis, con electricidad generada por fuentes renovables. Otra opción es producir hidrógeno “rosa” mediante energía nuclear.
Infraestructura y el puerto de Bahía Blanca
En el gobierno entienden que el país tiene un gran potencial para la producción de hidrógeno gris con captura de carbono y de hidrógeno verde. El hidrógeno gris sigue siendo el más competitivo en términos económicos, debido a lo costoso que todavía resulta obtenerlo mediante electrolisis con las tecnologías existentes.
Las infraestructuras de gasoductos son entendidas en el mundo como activos centrales a la hora de pensar una futura economía del hidrógeno. Pueden ser adaptadas para el transporte de hidrógeno de cualquier tipo. “Argentina cuenta con una vasta red de transporte y distribución de gas de más de 16.000 kilómetros, y el hidrógeno, en concentraciones bajas de entre un 10% y 15%, mezclado con el gas natural, puede ser transportado por las mismas redes”, destacó el subsecretario de Planeamiento Energético, Javier Papa, en la presentación del foro sobre hidrógeno argentino.
En ese sentido, el Puerto de Bahía Blanca destaca como un hub natural para el almacenamiento y la exportación de hidrógeno. “Nuestro puerto contiene diversas formas de energía. Pasan oleoductos y poliductos, tenemos una gran generación de energía eólica y también una gran factibilidad en energía solar”, dijo Susbielles.
Por la calidad de sus vientos la provincia de Buenos Aires es una de principales áreas de concentración de generación eólica del país, con unos 1177 MW de potencia instalados, buena parte de ellos en el sur de la provincia y en área de Bahía Blanca. El aprovechamiento de los recursos eólicos para generar hidrógeno ya esta ocurriendo en el país a escala piloto, con la planta de Hychico en Chubut, propiedad del Grupo Capsa.
El puerto forma parte del consorcio para la investigación y el desarrollo en materia de hidrógeno en el país armado por Y-TEC, la empresa tecnológica de YPF. Participa en la célula de trabajo sobre exportación, un tema que será clave para la viabilidad de la economía del hidrógeno. El transporte por barco sigue siendo uno de los mayores desafíos. Por ejemplo, transformar el hidrógeno en amoníaco permite transportarlo en un volumen menor y de forma más segura, pero el costo económico de esa operación (que incluye su reconversión posterior a hidrógeno) sigue siendo poco competitivo. El de Bahía Blanca es el único puerto nacional desde el cual se exporta amoníaco.
El gerente de Desarrollo de Negocios del puerto, Juan Linares, afirma que la visión es “posicionar al puerto de Bahía Blanca y al país como exportador de hidrógeno y ser un impulsor de las energías renovables”.
Chile, líder regional en hidrógeno verde
En la CEM12/MI6, el ministro de Energía de Chile anunció que su país, Australia, el Reino Unido y la Unión Europea liderarán una misión para el impulso del hidrógeno limpio. “Chile está asumiendo un papel de liderazgo en el desarrollo de esta misión. Nuestro objetivo será aumentar la competitividad de los costos del hidrógeno limpio para construir una economía global”, explicó Juan Carlos Jobet. La Misión del Hidrógeno Limpio se centrará en la investigación y el desarrollo de tecnologías y procesos industriales, la demostración de proyectos a gran escala para adoptar un enfoque sistémico (producción, almacenamiento, transporte y uso final del hidrógeno a través de los valles del hidrógeno) y el despliegue a través de normas, reglamentos y el fomento de la demanda.
Chile presentó el año pasado su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con la que busca producir y exportar el hidrógeno verde “más barato del mundo” (a menos de USD 1,5/kg) para el 2030. La estrategia plantea alcanzar los 25 GW de capacidad de electrolisis, con una primera meta de 5 GW de capacidad construida y en desarrollo para el 2025 en al menos dos polos de hidrógeno verde. La Comisión de Impacto Ambiental de Magallanes aprobó semanas atrás el proyecto Haru Oni de Highly Innovative Fuels en esa región. Será la primera planta comercial para la producción a gran escala de combustibles a base de hidrógeno verde en Chile.
El desarrollo de un mercado global del hidrógeno podría recibir un impulso importante en el futuro cercano. El Puerto de Rotterdam en Países Bajos trabaja en el proyecto HyXchange, la primera plataforma de comercialización y trading de hidrógeno del mundo. Chile firmó en marzo un acuerdo de cooperación y diálogo con la autoridad portuaria en Rotterdam que busca el establecimiento de corredores de exportaciones e importaciones de hidrógeno con Europa.
El Banco Mundial aprobó un crédito de 265 millones de dólares para avanzar en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, a través de las obras de infraestructura en el Sistema Riachuelo, las obras del Parque Curtidor de Lanús y su Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos, y la ampliación de la red de agua y cloacas en la Villa 21-24.
Desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), informaron que su Director Ejecutivo y Coordinador General de la Unidad Ejecutora del préstamo, Daniel Larrache, dijo que “es muy importante este respaldo que da el Banco para avanzar en obras clave para el Saneamiento del Riachuelo”. Especificó que “lo prioritario será avanzar con el lote 2 del Sistema Riachuelo, esto es la Planta de Tratamiento de Dock Sud, pero también avanzaremos en el PIC y la planta de tratamiento de efluentes industriales en Lanús”.
Cuando se encuentre operativo, permitirá incorporar a 1,5 millones de habitantes a la red y mejorar la prestación del servicio a más de 4,3 millones de personas.
El Sistema Riachuelo es una megaobra de infraestructura sanitaria que lleva adelante AySA y que se reactivó a fines de 2019 alcanzando hoy un avance global de más del 70%.
La presidenta de la empresa estatal de saneamiento, Malena Galmarini, destacó que esta “es una obra de infraestructura única en el mundo, por el tamaño de la construcción y por el número de usuarias y usuarios que beneficiará. Va a mejorar no solo la capacidad de transporte de los líquidos cloacales y la calidad del servicio, sino el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo gracias al tratamiento de los efluentes”.
Desde el año 2009, el Banco Mundial financia el Proyecto para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, por el cual otorgó tres préstamos por un total de 1.227 millones de dólares destinados a la mejora, el saneamiento, el control industrial, la planificación territorial y el manejo de inundaciones en la Cuenca.
Este es el segundo financiamiento adicional al Proyecto y se trata de un préstamo de margen variable, reembolsable en 32 años con un período de gracia de 7 años.
De acuerdo con los resultados de la última edición del CABASE Internet Index, un estudio que la Cámara Argentina de Internet elabora para dar cuenta del estado de la conectividad y los servicios de internet en el país, el 32% de los hogares de Argentina hoy no cuentan con conectividad fija a internet.
Durante el cuarto trimestre del 2020, Argentina registró un incremento en el total de los accesos fijos a internet, alcanzando en el mes de diciembre los 9.571.562 accesos. Esto supone una variación interanual del 8,9% y representa una penetración por cada 100 hogares del 68%.
Al analizar la evolución de este indicador en el tiempo, puede verse que el nivel de crecimiento durante los últimos 5 años fue en promedio del 2,8% anual, ritmomuy lento para alcanzar la universalización del servicio. Este objetivo, de continuar esta tendencia, demandaría u12 años para su concreción.
Sobre estos resultados, Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina de Internet –CABASE-, sostuvo: “Desde el estallido de la pandemia, Internet ha demostrado ser una herramienta esencial para la producción, el trabajo y la educación de la población y como tal, necesita de leyes y regulaciones que contribuyan y promuevan su desarrollo, incentivando la inversión privada y poniendo en primer plano a las 1.200 PyMEs y cooperativas que son quienes tienen el desafío de llevar conexión a los lugares más alejados del país para conectar al 32% de los hogares que aún no cuentan con un servicio de banda ancha fija”.
Al profundizar en el análisis de la penetración a lo largo del país, los resultados del informe dan cuenta de una importante disparidad en los niveles de penetración según la provincia y la región.
En este sentido, mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene más conexiones que hogares (108%) y la penetración a nivel nacional alcanza al 68%, hay aún nueve provincias por debajo del 50% de penetración.
Dentro del territorio nacional, las provincias con mejor performance en cuanto a niveles de penetración de internet fija cada 100 hogares son Capital Federal (108%), La Pampa (82%), San Luis (82%), Córdoba (78%), Tierra del Fuego (76%), Santa Fe (74%), Buenos Aires (69%), Chubut (68%), Neuquén (67%), Río Negro (61%), Entre Ríos (59%), Tucumán (55%), Salta (54%), Jujuy (53%) y La Rioja (50%).
Asimismo, los datos de penetración muestran la cara más cruda de la disparidad al marcar que hay aún nueve provincias con una penetración por debajo del 50% y en el extremo más bajo cuatro de ellas con indicadores de penetración cada 100 hogares por debajo del 40%. Así, Catamarca tiene una penetración del 49%, Santiago del Estero del 44%, Chaco y Misiones del 43% y Corrientes del 42%, mientras que la tasa de Mendoza es de 39%, la de Santa Cruz del 37%, la de San Juan del 36% y la de Formosa del 32%.
Confinamiento y segunda ola: el tráfico se dispara
Las reglamentaciones de aislamiento y restricciones de circulación derivadas de la lucha contra la pandemia han generado un gran impacto en el consumo de internet en los hogares, generando una mayor exigencia en la infraestructura y las redes de los proveedores de servicios de internet del país.
El aislamiento estricto impuesto en los grandes centros urbanos y las regiones consideradas de alto riesgo epidemiológico durante mayo generaron un nuevo incremento del tráfico de datos que circula en la Red Nacional de 32 Puntos Regionales de Interconexión de Internet (IXP) de CABASE, que superó la marca de los 1.000 Gbps en mayo de este año, mostrando un crecimiento del 10% respecto de la media del mes de abril de 2021.
Esto se suma al incremento cercano al 50% en el volumen promedio de tráfico entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Sin embargo, esta gran exigencia generada por las medidas de aislamiento y cuarentena pudo ser superada con éxito gracias a las inversiones previamente realizadas por los distintos ISPs (Internet Service Providers) con el objetivo de ampliar su infraestructura, preparando las redes para mayores consumos de ancho de banda.
“En esta industria, las inversiones y tendido de redes se hacen previendo el crecimiento de varios años dado que, en condiciones normales, esas inversiones se recuperan a futuro. Es por esto que la infraestructura del país pudo soportar el crecimiento explosivo y no previsto generado por la pandemia. Pero, desgraciadamente, con ese pico nos comimos el margen de crecimiento de varios años con los que se planificó esa infraestructura. Hoy resulta preocupante la sustentabilidad de las redes a futuro ya que con el impacto del DNU 690, el flujo de inversión en mantenimiento y upgrade de las redes se vio interrumpido en agosto del año pasado y aún hoy sigue sin recomponerse”, agregó Graizer.
Existe un extendido prejuicio que nuestra industria automotriz, incluso la autopartista, sólo es capaz de exportar dentro del Mercosur, en el marco de los acuerdos de comercio compensado.
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, subió ayer a las redes sociales un ejemplo que contribuye a desmentirlo:
«La automotriz Volkswagen Argentina alcanzó en lo que va del 2021 la exportación n° Cien mil de su transmisión MQ281, producida desde Córdoba.
Con una inversión de U$S 150 millones realizada durante la pandemia, exportan a Europa, India y México. Esta inversión es parte del plan de inversiones de casi U$S 1.000 millones para la modernización de sus dos Centros Industriales en Argentina y la renovación de sus productos.
Estamos haciendo política industrial, con más inversiones en el país, más puestos de trabajo, y potencia exportadora para nuestra industria nacional.»
(La nueva caja de cambios MQ281 es una transmisión manual de seis velocidades).
