El Gobierno pretende centralizar el organismo de asistencia a la industria para que las decisiones dependan de forma más directa del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía, con lo que perdería autonomía y podría ser el paso previo a su desmantelamiento. Se teme que la modificación se realice a través un decreto antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas del Presidente de la Nación.
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encuentran en alerta frente a la amenaza de cambiar la estructura del organismo y centralizarlo, para que dependa de forma más directa del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía. Hoy, el INTI tiene autonomía para tomar decisiones sobre el financiamiento de sus investigaciones, para la priorización de proyectos y el funcionamiento de sus centros tecnológicos, decisiones que se toman a partir de cuestiones técnicas y los objetivos estratégicos del instituto, aunque siempre con la dirección de un gerente nombrado por el Ministerio de Economía, y antes, cuando había, por el Ministerio de Industria. Esto permite agilidad para la firma de convenios y para adaptarse a necesidades de la industria sin mediar el permiso burocrático ministerial. Así, puede hacer convenios con empresas y cobrar por ellos para luego reinvertir el dinero en su propia estructura. Además, esto le permite lanzar proyectos propios en cualquiera de sus 40 centros tecnológicos o en los centros regionales que se ubican en las diferentes provincias, y hacer su planificación estratégica. El control está hecho por el Ministerio de Economía y por la Sindicatura General de la Nación.
El INTI perdió el 35% de su presupuesto, una caída récord que va en sintonía con el resto del sistema científico, pero el cambio de estructura, que ya había sido cambiada en 2018 por el presidente Macri, es el más negativo de los cambios que se le harán desde su fundación en 1954. Un trabajador del INTI, dijo: “Estoy en la mira y si saben que comento cosas sobre el INTI lo pueden usar de excusa para despedirme”. Este tipo de situaciones dan cuenta de la dificultad que está habiendo para trabajar en organismos públicos, adonde generalmente son los jefes los que se van con las diferentes gestiones pero los trabajadores de planta generan el conocimiento y la acumulación de capacidades en las instituciones. Hoy se busca que sea la dirección política la que tenga el control y tome todas las decisiones desplazando a los consejos técnicos y profesionales. Gente que no conoce la institución, ni la industria, y que no tiene ningún aprecio por el INTI serán quienes harán la modificación más grande en su estructura y misión pensada de forma cerrada e improvisada.
“El cambio que proponen tiene que ver con una mirada ideológica en la que el Estado no tiene que intervenir en nada. Y bajo el falso pretexto de mejorar la eficiencia lo que se busca es disciplinar a los 17 organismos de tecnología del país. Este instituto no puede ser reemplazado por el sector privado porque no les da la estructura y nos les permite ser rentables. Acá se busca el desarrollo del país y mejorar la productividad de las empresas”, le dijo el integrante del organismo.
En lo que va de la gestión libertaria, este organismo de asistencia a la industria perdió el 25% de su personal, ya que 736 personas dejaron su cargo.
El INTI cuenta con una estructura de presidencia y de gerencias por área, y con 40 centros tecnológicos, como Alimentos, Construcciones, Caucho, Electrónica, o Mecánica, entre otros. Algunos con muchas décadas de funcionamiento y otros que responden a tecnologías más recientes, como nanoelectrónica. Todavía no se sabe exactamente cuál es la nueva estructura que se propone para el INTI. Solo se anuncia que sería más dependiente del Gobierno de turno y que luego vendría una reestructuración que seguramente traerá despidos.
Las decisiones sobre este tipo de reformas vienen del lado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. En la misma dirección fueron los cambios en la Agencia I+D+i publicados en un decreto en el Boletín Oficial (447/2025) y que permitirán que el Ejecutivo tenga más incidencia sobre qué trabajos científicos se podrán financiar y cuáles no, desplazando la toma de decisiones del Directorio, que estaba formado por 10 miembros y ahora pasará a estar formado por solo dos, nombrados por Presidencia. El funcionamiento de la Agencia, desfinanciada casi por completo, se tradujo en su falta de operatividad desde la gestión de este Gobierno: su ejecución presupuestaria es prácticamente nula, pese a contar con fondos de organismos internacionales.
En la mayoría de los países con algún tipo de desarrollo industrial hay institutos que cumplen la misma función que el INTI, como el Fraunhofer en Alemania, el LATU en Uruguay, que tiene un directorio nombrado por el ministro de Industria, Energía y Minería, por el Banco de Uruguay y por las Cámaras Empresarias, o algunos con funciones más específicas como el Instituto Mexicano del Petróleo.
El beneficio de que sea una institución descentralizada es que permite rápida capacidad de respuesta a las necesidades de las empresas. Hace que se pueda trabajar con empresas grandes, pequeñas, o investigadores, se pueden hacer convenios y tener agilidad de trabajo, y que los fondos conseguidos se puedan reinvertir en investigaciones de la misma institución. Al centralizarlo se aumenta la burocracia y dificulta el trabajo, especialmente con empresas chicas, y los fondos dependen de resoluciones ministeriales. Justamente, son las pymes las que más necesitan del INTI porque es a las que más les cuesta tener acceso a un laboratorio o a un equipo de profesionales de tiempo completo para poder innovar o corregir problemas de procesos o manufactura. También, al centralizar las decisiones eso lleva a restar federalización, algo que ya se ha visto afectado con los recortes en las provincias donde hay sedes del organismo, ya que se eliminaron unidades de extensión en más de 20 localidades.
El año pasado, en el INTI hubo un plan de retiro voluntario que tomaron 300 trabajadores y actualmente falta personal en muchas áreas tecnológicas y regiones.
Otra función importante del INTI es ser el encargado de hacer certificaciones y controles de medidas para verificar la calidad de los productos, tanto los fabricados en el país como los importados. La semana pasada se eliminó la necesidad de verificar la calidad de las pilas, dando por buena su certificación de origen. La norma corría tanto para las pilas estándar como para las usadas en procedimientos médicos complejos, de las que depende la vida de un paciente. Además, desde que esta ley estaba vigente se había mejorado mucho la calidad, tanto en duración de las pilas importadas como en la contaminación que producían.
Durante 2024, el INTI brindó 11.000 servicios de asesoría a empresas y algunas de ellas presentaron comunicados para hablar en defensa del instituto. La más importante fue la UIA, que se expresó en contra de la descentralización del INTI. También hubo 3000 adhesiones remarcando la importancia del INTI y diversas cámaras industriales se expresaron a favor.
En lo que va de la gestión libertaria, este organismo de asistencia a la industria perdió el 25% de su personal, ya que 736 personas dejaron su cargo. El año pasado hubo un plan de retiro voluntario que tomaron 300 trabajadores y actualmente falta personal en muchas áreas tecnológicas y regiones. Por ejemplo, en el Centro de Alimentos, en la Patagonia, hay cinco personas que recorren distancias muy grandes para hacer asistencias. Despidos de personal o reducciones de presupuesto para viáticos tienen una incidencia muy grande en la capacidad de poder cumplir la función del INTI que muchas veces tiene que ver con mejorar procesos para aumentar la calidad del producto y así, por ejemplo, poder exportarlo o aumentar la productividad. Especialistas con años de experiencia se han ido del instituto, lo cual corta la cadena de conocimiento hacia las trabajadores más jóvenes.
Al cierre de esta nota, empleados y empleadas del INTI organizaban una vigilia en defensa del organismo y como respuesta la intento de desmantelamiento y pérdida de capacidades y recursos generadas por las políticas del Gobierno nacional.
Biofarmacéuticos e investigadores universitarios están vacunando a pacientes con cáncer con vacunas de ARNm individualizadas que codifican antígenos novedosos derivados de mutaciones surgidas en sus propios tumores. Los estudios en cáncer de páncreas, de riñón y en toda una serie de tumores sólidos tradicionalmente recalcitrantes al tratamiento ya han arrojado resultados positivos, que prometen ir más allá de lo posible con los inhibidores de los puntos de control y hacer frente a los tumores que escapan al sistema inmunitario. Pero los tumores presentan una enorme diversidad molecular, y seleccionar los nuevos antígenos (neoantígenos) para el reconocimiento inmunitario es una tarea enormemente compleja. En el caso de los candidatos más avanzados, el mRNA-4157 de Moderna y Merck, en estudios de fase 3, el momento de presentar una solicitud reglamentaria sigue siendo incierto. Se espera que el año que viene se obtenga un primer resultado en melanoma.
Los neoantígenos son nuevas proteínas inmunógenas presentes en las células cancerosas. Surgen de mutaciones en el genoma tumoral y son dianas atractivas porque no sólo generan respuestas inmunitarias antitumorales, sino que además son específicas de la huella tumoral individual de cada paciente. No todos los antígenos asociados a tumores (AAT) pueden estimular la respuesta inmunitaria. Los TAA más comunes habrán sido encontrados por las células T del sistema inmunitario en el timo durante el desarrollo y serán reconocidos como «propios». En ese caso, las células T autorreactivas que los reconocen se eliminan antes de que puedan atacar los tejidos del organismo. En cambio, es probable que los neoantígenos -en particular los inmunológicamente distantes de las proteínas endógenas- aparezcan como «extraños» al sistema inmunitario, una ventaja para las vacunas contra el cáncer. «Ataca uno de los puntos débiles fundamentales de este campo», afirma Patrick Ott, del Instituto Oncológico Dana-Farber. La mayoría de las vacunas convencionales contra el cáncer no son realmente específicas para el tumor, ya que sus dianas no son realmente extrañas. «Los “neones” no tienen ese problema».
Identificar qué neoantígenos estimulan una respuesta robusta de las células T no es fácil. Aún no se ha definido un conjunto completo de «reglas» para la selección de neoantígenos, y los resultados de los distintos grupos que trabajan con los mismos conjuntos de datos son muy divergentes. Una cuestión clave es si los neoantígenos se unen a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) para garantizar la activación inmunitaria. Predecir si un neoantígeno se une al CMH de clase I para activar las células CD8 destructoras de tumores es en gran medida un problema resuelto, pero ha resultado más complicado anticipar si un neoantígeno se unirá a las moléculas CMH de clase II para estimular las células T ayudantes CD4. Hay otros muchos parámetros relacionados con el procesamiento, la presentación y el reconocimiento de los neoantígenos por parte de los linfocitos T. Hoy en día, los creadores de vacunas recurren a la inteligencia artificial para optimizarlos. Sin embargo, muchos de los detalles siguen sin desvelarse. «No sabemos exactamente lo que hacen otras empresas», afirma Alessandro Riva, presidente y director general de Transgene, con sede en Estrasburgo (Francia), que ha establecido una alianza para la identificación de neoantígenos con NEC, empresa de electrónica e inteligencia artificial con sede en Tokio.
Para fabricar una vacuna de ARNm, el primer paso es tomar muestras tumorales de un individuo, normalmente de una biopsia o durante la extirpación quirúrgica del tumor primario. El ADN de estos tumores se secuencia para identificar los TAA y los neoantígenos tumorales. Los investigadores suelen seleccionar entre 20 y 40 neoantígenos, que luego diseñan en una secuencia de ARNm, lo que permite atacar muchos a la vez. Las moléculas de ARNm que codifican los neoantígenos se formulan en nanopartículas lipídicas. Las células dendríticas captan y presentan los neoantígenos, cebando a las células T. En la actualidad, el tiempo que transcurre desde la extirpación del tumor hasta la administración de la vacuna es de uno o dos meses en el caso de las vacunas de ARNm.
Sin embargo, establecer si las vacunas de neoantígenos funcionan en la clínica ha sido una tarea ardua. Beatriz Carreno, entonces de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (ahora en la Universidad de Pensilvania), y sus colegas demostraron la seguridad y viabilidad de las vacunas dirigidas por neoantígenos, en un ensayo clínico de una vacuna de células dendríticas hace una década. La probaron en tres pacientes con melanoma e informaron de que aumentaba la amplitud y diversidad de la respuesta de las células T contra los neoantígenos de cada paciente.
Poco después, BioNTech, Neon Therapeutics (que BioNTech adquirió en 2020) y Moderna iniciaron sus programas clínicos. Sin embargo, no todo han sido avances positivos. Ha habido una serie de bajas notables en el camino, como Aduro Biotech, Advaxis Immunotherapies, Genocea Biosciences y Pact Pharma. Gritstone Bio, otra de las pioneras, entró en concurso de acreedores en octubre de 2024, después de que los datos provisionales de un ensayo de fase 2 en pacientes con cáncer colorrectal metastásico de su régimen de inmunoterapia Granite no convencieran a los inversores de que tenía un camino viable hacia una aprobación. A pesar de este contratiempo, Andrew Allen, fundador y antiguo director general de la empresa, sigue siendo optimista en cuanto a que el ensayo en curso acabará arrojando una señal positiva de supervivencia global (SG), sobre todo en pacientes que, para empezar, tenían una carga de enfermedad baja. «Esos datos de SG van a ser fundamentales y deberían estar disponibles en el segundo semestre de este año», afirma. Sea cual sea el resultado, será demasiado tarde para Gritstone, la mayor parte de cuyos activos fueron adquiridos a principios de este año por Seattle Project Corp.
Hasta ahora, las pruebas más convincentes de la eficacia de la vacuna proceden de un ensayo de fase 2b con ARNm-4157 en 157 pacientes con melanoma de alto riesgo que ya habían sido operados. Al cabo de tres años, la combinación de la vacuna y Keytruda redujo el riesgo de recurrencia o muerte en un 49% en comparación con Keytruda solo. Las tasas de supervivencia sin recidiva a 30 meses fueron del 74,8% para los que recibieron la terapia combinada y del 55,6% para los que solo recibieron Keytruda. Es el primer ensayo aleatorizado de una vacuna dirigida a neoantígenos que demuestra un beneficio clínico. «Por eso este estudio es tan emocionante para nosotros, pero el estudio es pequeño», dice Ott. Además, la heterogeneidad de los participantes y las dificultades para mantener la aleatorización (el estudio se realizó durante la pandemia COVID-19) también introducen un sesgo potencial. «Sabemos que sólo un pequeño número de pacientes puede llevar los resultados en una dirección», afirma. Por tanto, se esperan con impaciencia los datos de la fase 3.
La complejidad de las vacunas individualizadas -y del sistema inmunitario- puede dificultar a los investigadores clínicos hacer predicciones firmes sobre su posible eficacia en una indicación oncológica determinada o en una fase concreta del tratamiento. Pero parece que las vacunas dirigidas a neoantígenos se aplican mejor poco después de la extirpación quirúrgica del tumor. Ott ha sido coautor recientemente de un informe sobre el ensayo de fase 1 en curso de BioNTech y Genentech con cevumeran autogénico en más de 200 pacientes con tumores sólidos avanzados. Aunque el estudio detectó respuestas inmunitarias neoantígeno-específicas en el 71% de los participantes, sólo tres tuvieron algún tipo de respuesta clínica. «Probablemente no sea la población adecuada», dice Ott, refiriéndose al posible inconveniente de incluir a pacientes con enfermedad avanzada, que ya han recibido varias líneas de tratamiento. En la enfermedad en estadio inicial, la aptitud inmunitaria está menos comprometida y, lo que es más, los tumores en estadio inicial tienen menos heterogeneidad clonal y pueden ser erradicados más fácilmente por una respuesta inmunitaria relativamente estrecha que los tumores muy mutados en estadio avanzado. BioNTech y Genentech están probando la terapia en pacientes con tumores en estadios tempranos en varias indicaciones (Tabla 1).
CureVac es otra empresa pionera en terapias basadas en el ARNm, aunque su vacuna contra el cáncer basada en neoantígenos aún se encuentra en fase preclínica. La empresa ha desarrollado un enfoque distintivo. Mientras que la mayoría de las iniciativas de descubrimiento de neoantígenos se limitan a la secuenciación del exoma, lo que limita la búsqueda a las regiones de los genes de los pacientes que codifican proteínas, CureVac lleva a cabo la secuenciación de todo el genoma del tumor para descubrir otras clases de antígenos que puedan encontrarse en otras regiones del genoma. Es práctica habitual realizar análisis transcriptómicos del ARN, para confirmar que los neoantígenos putativos se expresan realmente como proteínas. Una vez más, CureVac se diferencia de las demás empresas, que suelen realizar secuenciación de ARN con lecturas cortas de varios cientos de nucleótidos. «Nosotros hacemos lecturas largas de ARN, porque en estos ARN largos se encuentran a menudo esas nuevas clases de antígenos que se traducen en proteínas expresadas o sobreexpresadas en los tumores», afirma Myriam Mendila, directora de operaciones de CureVac. La empresa ha dado a conocer una de estas clases, que denomina péptidos de marco de lectura neoabierto. Suelen derivarse de alteraciones estructurales del genoma, pequeñas inserciones o deleciones genómicas, mutaciones que alteran el empalme del ARNm o alteraciones de los codones de parada. Su análisis de 61 tumores de seis tipos distintos de cáncer reveló un «framoma» tumoral -el conjunto de todos los posibles péptidos de marco de lectura neoabierto en el genoma de un tumor- de hasta 2.000 aminoácidos.
Aunque las vacunas individualizadas basadas en ARNm son las más avanzadas, también se están desarrollando clínicamente otras plataformas de vacunas para administrar neoantígenos. Transgene utiliza el virus vaccinia Ankara modificado (MVA) para expresar hasta 30 neoantígenos en su vacuna individualizada TG4050. En un ensayo de fase 1/2 en curso en pacientes con cáncer de cabeza y cuello en estadio III o IV recién diagnosticado y operable, los 16 pacientes evaluables que recibieron TG4050 inmediatamente después de la cirugía, quimioterapia y radioterapia permanecieron libres de recaída tras una mediana de 24,1 meses de seguimiento, según la última actualización de la empresa, en noviembre de 2024. Por el contrario, 3 de los 16 pacientes de un grupo de control, que sólo recibieron tratamiento estándar, sufrieron recaídas en el mismo periodo de tiempo.
La ventaja más evidente de los vectores virales es su gran inmunogenicidad. Sin embargo, el proceso de fabricación tarda unos 28 días más que la producción de ARNm debido a la necesidad de pasar de la semilla inicial a una dosis clínica. La clave, dice Riva, es tener la vacuna lista después de que los pacientes hayan completado la terapia de primera línea, normalmente cirugía, quimioterapia y radioterapia. «Si eres capaz de producir la vacuna en tres meses o menos, puedes cubrir la mayor parte de la población de pacientes en la fase inicial». La empresa está optimizando aún más su proceso para acercar el plazo a los dos meses, añade.
Nouscom, de Basilea (Suiza), ha adoptado un enfoque híbrido en su programa más avanzado, NOUS-209, para el síndrome de Lynch, una afección genética causada por mutaciones en varios genes implicados en la reparación de errores de emparejamiento del ADN. Esto conduce a una acumulación de errores de replicación del ADN, lo que expone a los afectados al riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer, incluido el de endometrio en las mujeres. NOUS-209 es una vacuna comercial que codifica 209 neoantígenos (nuevos péptidos derivados de mutaciones de cambio de marco) compartidos por una amplia población de pacientes. Según Marina Udier, Directora General de Nouscom, cada paciente suele tener unos 50 neoantígenos. La vacuna se administra en un régimen de prime-boost, que comprende un vector de adenovirus de gran simio seguido de un vector de MVA. Como la carga neoantigénica es tan grande, la empresa genera cuatro versiones diferentes de cada uno de estos vectores. Los cuatro pueden combinarse en un solo cóctel para facilitar su administración tanto en la fase inicial como en la de refuerzo.
El objetivo de la terapia de Lynch no es tratar un cáncer existente, sino desencadenar una respuesta inmunitaria que intercepte las células cancerosas que expresan neoantígenos antes de que se conviertan en tumores propiamente dichos. «Hoy en día no hay nada que ofrecer a estas personas, aparte de una vigilancia frecuente e invasiva que, por supuesto, no previene el cáncer ni trata la enfermedad», afirma. Nouscom informó recientemente de que NOUS-209 provocó una respuesta de células T CD8 y CD4 dirigida a neoantígenos en los 37 pacientes que evaluó en un ensayo de fase 1/2. También demostró que la respuesta inducida de células CD8 y CD4 inducida por NOUS-209 fue superior a la de NOUS-209. También demostró que las células T CD8 inducidas eran capaces de destruir células cancerosas ex vivo. Su objetivo ahora es llevar NOUS-209 a un ensayo de fase 2/3 que podría servir de base para una solicitud de autorización.
Ygion Biomedical, de Viena, recaudó 17 millones de dólares el año pasado para impulsar una tecnología de administración dirigida denominada Cargonaut. La empresa no ha desvelado su mecanismo, pero consta de una molécula portadora en la que se cargan péptidos que codifican neoantígenos. El constructo también contiene una fracción de activación, diseñada para garantizar que las células presentadoras de antígenos de los pacientes inicien una potente respuesta inmunitaria cuando se expongan a los neoantígenos tumorales. «Nuestros datos demuestran que podemos desencadenar una respuesta inmunitaria rápida, muy rápida, por esta vía dirigida», afirma Sophie Zettl, directora comercial de Ygion.
La empresa, que aún se encuentra en fase de desarrollo preclínico, está considerando como indicación principal el glioblastoma, un cáncer cerebral agresivo de mal pronóstico y limitadas opciones de tratamiento. Un estudio observacional publicado recientemente, realizado en el Centro de Genética Humana de Tubinga (Alemania), demostró que una vacuna neoantígena basada en péptidos -que carecía de la tecnología de administración inmunoestimuladora de Ygion- mejoraba la supervivencia de los pacientes que presentaban una respuesta inmunitaria potente.
Mientras tanto, Moderna está construyendo en Marlborough (Massachusetts) una planta de producción específica para el ARNm-4157, con vistas a su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en un futuro no muy lejano. Un factor que complica la situación es que los procesos utilizados para fabricar productos a gran escala no se aplican fácilmente a las vacunas personalizadas. Habrá que estar muy atentos a cómo tramita la FDA la solicitud de Moderna, sobre todo teniendo en cuenta que Vinay Prasad, un crítico de las vacunas terapéuticas contra el cáncer, dirige ahora el Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la agencia. La actual vía de aprobación europea tampoco es sencilla. «Si nos fijamos en los plazos de fabricación, diría que entre un tercio y la mitad están relacionados con los requisitos normativos», afirma Wolfgang Fischl, cofundador y director general de Ygion. Sólo las pruebas de esterilidad pueden llevar hasta dos semanas con el régimen actual. El proyecto de directrices de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido -que sólo se ocupa de las vacunas individualizadas basadas en ARNm- propone regular los aspectos de diseño de producto de las terapias, incluida la recogida y almacenamiento de muestras, la secuenciación del genoma, el análisis bioinformático y la identificación y selección de neoantígenos, con arreglo a la normativa sobre productos sanitarios. Pero las terapias propiamente dichas se regularán como medicamentos humanos. La complejidad de la normativa refleja la complejidad de los productos. Pero unos datos clínicos convincentes pueden acelerar la evolución de este campo.
Hace unas semanas, el pasado 28 de mayo, se realizó el Congreso anual de Maizar, con el lema “Por más valor”. Este importante espacio de reflexión e intercambio resulta una buena oportunidad para poner en la mesa de debate los potenciales usos del maíz en la Argentina y el mundo.
De esos usos potenciales, uno de los principales en el futuro pasa por el inimaginable mundo de los aviones. Ocurre que la aviación internacional civil enfrenta el urgente desafío de descarbonizar sus operaciones, con el objetivo de alcanzar la meta de emisiones netas cero de dióxido de carbono (CO₂) para el año 2050, en línea con los compromisos firmados en el Acuerdo de París. Para avanzar en esta dirección, el sector ha planteado una serie de medidas basadas en nuevas tecnologías, mejoras en la eficiencia de las aeronaves y logísticas.
Sin embargo, la gran apuesta de la aviación internacional civil para reducir sus emisiones pasa por los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés). El progreso en el desarrollo tecnológico permite que, con el almidón del maíz, la caña de azúcar o los aceites que se extraen de la soja, se produzca una molécula casi idéntica al combustible convencional derivado del petróleo y admitida para su uso en todas las aeronaves.
Sin lugar a dudas, los SAF son la nueva ola de innovación en materia de biocombustibles y constituyen la herramienta fundamental para descarbonizar el sector aéreo. En este sentido, representan un gran desafío para el mundo y una gran oportunidad para la Argentina y la región.
Para producir este tipo de combustibles limpios, existen dos materias primas que se destacan por su madurez tecnológica, por su disponibilidad abundante y sostenible, y por sus costos: en primer lugar, los aceites vegetales y grasas animales, a través de la ruta tecnológica HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), y, en segundo lugar, los azúcares y almidones, a través de la ruta ATJ (Alcohol to Jet).
La Argentina tiene uno de los polos de crushing de poroto de soja más grandes y eficientes del mundo, que hace años opera muy por debajo de su capacidad. Si trabajara a capacidad plena (70 millones de toneladas por año), el país podría producir el aceite de soja necesario para generar más de 12 millones de metros cúbicos de SAF.
Lo mismo ocurre con el maíz: la Argentina es el segundo exportador mundial, con un promedio de ventas al exterior de 35 millones de toneladas anuales de este cereal sin procesamiento. Fermentando el almidón de este maíz, para luego destilarlo y deshidratarlo, se puede producir el bioetanol necesario para generar casi nueve millones de metros cúbicos de SAF.
ACA BIO productora biodieselMario Sar
El país cuenta con un sector agropecuario de punta, que produce materia prima con una intensidad de carbono muy baja: este es un activo ambiental cada vez más remunerado y resulta especialmente importante en el caso del SAF, donde cada gramo de CO₂ que se mitiga otorga beneficios monetarios. A valores promedio de los últimos dos años, la producción potencial de SAF en la Argentina supera los US$ 40.000 millones. Esa es la magnitud de la oportunidad que se abre.
En el mundo ya hay 170 aeropuertos que despachan regularmente SAF, 11 rutas tecnológicas aprobadas para la producción de este combustible, 53.900 millones de litros bajo acuerdos de offtake entre productores y consumidores (aerolíneas y vendedores de combustibles), 469 plantas de producción anunciadas o en construcción, y US$ 47.300 millones de inversiones anunciadas o en ejecución en este tema.
Un hub
Para poder transformar a la Argentina y las Américas en un hub global de exportación de SAF, resulta imprescindible desarrollar políticas públicas a nivel nacional – alineadas a nivel regional e internacional, de manera tal que las materias primas producidas localmente sean elegibles para ser industrializadas en formato de combustibles sostenibles de aviación – y avanzar en certificaciones de sostenibilidad de las cadenas de valor locales.
El desafío para el sector de la aviación es mayúsculo; la oportunidad que tiene la Argentina para ser un proveedor global de SAF también lo es.
Está interrumpido el suministro hasta para industrias con contratos en firme. El sistema opera al límite. Si la ola de frío continúa la situación se podría agravar aún más. En los últimos días hay menos producción de Vaca Muerta. Además, Cammesa demanda volúmenes mínimos para generación térmica, se redujo la exportación a Chile y se espera un barco de GNL para este viernes en la terminal de Escobar. Mar del Plata la localidad más afectada.
Por la ola de bajas temperaturas que afecta desde hace cinco días a la zona centro del país, la de mayor consumo a nivel nacional, el sistema de gas natural flaquea y son varios los ejemplos que dan cuenta de que la red opera al límite de sus posibilidades. El más evidente es que, por primera vez en años, la presión en el tendido de ductos de distribución cayó tanto que los reguladores de los medidores residenciales empezaron a interrumpir, de forma automática, el servicio en hogares de algunas ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires, como, por ejemplo, Mar del Plata.
Camuzzi, una de las cuatro grandes distribuidoras del mercado (las otras Metrogas, Naturgy y EcoGas), comunicó este miércoles por la noche que existían más de 250 denuncias en la ciudad balnearia de hogares que se quedaron sin suministro de gas natural por la profunda bajante de presión que se registró en los gasoductos operados por la distribuidora. Se estima que a primeras horas del jueves el número actualizado de usuarios afectados es mucho más alto.
Según el Reporte de Estimación Diaria del Sistema que realiza el Enargas, este miércoles la demanda prioritaria (usuarios residenciales) llegó a 100 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d), marcando una clara suba en comparación con el martes, que fue de 93,7 MMm3/d y con el sábado pasado, cuando la demanda fue de 79,8 MMm3/d. Pero más allá del récord de consumo domiciliario, la debilidad del sistema gasífero se acentuó por problemas en el segmento de producción de gas, especialmente en Neuquén, dado que las empresas petroleras inyectaron esta semana, en promedio, unos 130 MMm3/día de gas, unos 10 millones menos que la media de la semana pasada, cuando se inyectaron a la red troncal de gasoductos unos 140 MMm3/día.
En el gobierno existe malestar por la bajante y el Enargas, el ente regulador de gas, ya ordenó una investigación para conocer las causas que explican por qué las empresas productoras —YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Pampa y CGC, entre otras— tuvieron menos gas disponible esta semana, la más fría del año, que la anterior. Así lo indicaron fuentes públicas y privadas. Fuentes del ente regulador indicaron faltantes de gas provenientes de yacimientos de gas no convencional en Vaca Muerta como Aguada Pichana Este y La Calera.
Al límite
Este miércoles al mediodía el gobierno tuvo que cortar el gas a industrias y estaciones de GNC en la mayoría de las provincias por la falta de suministro en el sistema que se registró en los últimos días producto del aumento de la demanda por la ola de frío que afecta al país.
El Comité de Crisis, formado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Secretaría de Energía, Cammesa, Enarsa y empresas transportistas y distribuidoras, se reunió al menos en dos oportunidades en lo que va de la semana para evaluar qué medidas tomar ante la fragilidad del sistema.
El consumo total del sistema de transporte fue de 156,6 MMm3/d y el line pack (el volumen de gas que se puede almacenar dentro de la red troncal de gasoductos para mantener la presión del sistema y facilitar el flujo continuo) fue de 319,2 MMm3/d, de acuerdo a los mismo datos del Enargas, mientras que la semana pasada se había mantenido en valores superiores a los 345 MMm3/d. En rigor, la pérdida del line pack del sistema de transporte de gas en las últimas 24 horas fue de casi 30 MMm3/d.
Este miércoles el gobierno informó que, para garantizar el suministro a usuarios residenciales, hospitales y escuelas, interrumpió el suministro a las industrias con contratos en firme y a estaciones de GNC en las regiones de Buenos Aires Norte, Centro Norte, Litoral, Norte, Noroeste, Cuyo y Sur. “En el resto del país se restringió el corte de suministro a contratos interrumpibles y en algunas localidades a mínimos técnicos de los contratos firmes”, remarcó la Secretaría de Energía. En mayo del año pasado también hubo faltante de gas con cortes a industrias.
Mar del Plata
Una de las zonas más comprometidas es Mar del Plata, donde se cayó la presión más que en otras regiones. La merma en la presión generó interrupciones del suministro de gas en hogares a partir de la tarde del miércoles. Hasta que se reestablezca el servicio normalmente, están suspendidas las clases y se determinó el corte total del gas a industrias y centros comerciales y el cierre obligatorio de restaurantes y bares a la noche.
Técnicamente lo que ocurrió en Mar del Plata es que en los nichos de gas de los usuarios residenciales, junto al medidor, hay un dispositivo conocido en la jerga como “regulador”, que al detectar baja presión en la red cortó automáticamente el suministro como medida de seguridad, interrumpiendo el paso del fluido al interior de la vivienda.
La distribuidora Camuzzi Gas Pampeana, que abastece a la provincia de Buenos Aires -excepto al GBA- y La Pampa, emitió un comunicado este miércoles donde resaltó que “el sistema que abastece a Mar del Plata no está recibiendo, por parte de terceros, los volúmenes de fluido y presiones necesarias para garantizar la normal prestación del servicio” y que “los cortes de suministro tienen su origen en factores externos a la compañía”. Hasta el miércoles a la noche la distribuidora había recibido más de 250 denuncias de usuarios residenciales por falta de gas.
La operación del sistema
El aumento del consumo se vio restringido por problemas en la producción en áreas no convencionales de Vaca Muerta. A la par del crecimiento de la demanda hubo productores de gas que entregaron menos volúmenes del previsto.
Fuentes del sector confirmaron que autoridades pidieron un informe técnico para entender por qué estos días hay menos inyección de gas, teniendo en cuenta que hay capacidad de transporte disponible en el sistema centro-oeste de gasoductos y también en el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner).
Por su parte, Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), tomó por debajo de los 25 MMm3/d para la demanda de la generación térmica, ubicándose así en el mínimo de los requerimientos técnicos. Si la ola polar continúa la demanda para generación podría bajar a 20 MMm3/d, pero de este modo pondría en riesgo el suministro eléctrico en algunas regiones.
En tanto, la regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) importadoen la terminal de Escobar está entre 18 y 20 MMm3/d, según el reporte diario del Enargas. El próximo barco está previsto que descargue este viernes. Este año el gobierno tenía planeado importar 29 barcos para abastecer la demanda local. Otro factor con el que contó el sistema fue la importación desde Bolivia, que alcanzó los 2,5 MMm3/d a cargo de Trafigura, uno de los mayores traders de combustibles del planeta, que adquirió el fluido para abastecer a las generadoras eléctricas, tal como publicó este medio el 18 de junio.
Además, ante la falta de gas en el sistema, en las últimas horas se realizaron cortes de las exportaciones a Chile. Se estaban enviando al país vecino 6 MMm3/d con contratos de venta en firme, pero con transporte interrumpible. Ahora los volúmenes de exportaciones bajaron a 300.000 m3/día.
Otro recurso que este miércoles se debió utilizar fue la planta de peak shaving de la empresa Naturgy, ubicada en General Rodríguez (Buenos Aires), que es una instalación única en América Latina que produce y almacena gas natural licuado (GNL) para balancear el suministro en momentos de alta demanda, como la de estos días. Esta planta actúa como un sistema de respaldo que suma una capacidad de almacenamiento de 30 MMm3/d. Este miércoles se inyectaron 2,9 MMm3/d para cubrir el pico de demanda entre las 20 y 21 de la noche, cuando aumenta considerablemente el consumo de los hogares.
(Este artículo fue publicado por primera vez en agosto del año pasado. Lamentablemente, sigue siendo válido en lo que hace a la política oficial. Pero también continúa el esfuerzo de muchos argentinos, aquí y en el exterior).
En momentos en que los proyectos de satélites argentinos están en vilo por falta de interés del Gobierno, en iniciativas como el ARSAT-3 o los reemplazos de los satélites SAOCOM, que llevan muchos años para planificarse y realizarse, se pierden progresos y personal capacitado. También hay cada vez más empresas que se dedican a la industria espacial pero dependen en gran parte de proyectos estatales, de financiamiento estatal, o de la formación de recursos humanos en instituciones públicas.
En la Argentina, este movimiento, llamado new space, tiene la particularidad de que muchos argentinos terminan trabajando en empresas fundadas por compatriotas en otros países de la región, como Uruguay o Brasil, que ofrecen menos trabas para importar, una macroeconomía más estable y políticas estatales de largo plazo.
Investigadores de la UBA publicaron un estudio en el que analizaron las principales herramientas que usan las siete agencias espaciales más importantes del mundo para vincular el área espacial con empresas privadas y el fomento de la investigación y el desarrollo. El área de la industria satelital se puede convertir en fuente de negocios para las empresas y también en un impulsor de mejoras tecnológicas en otras áreas industriales.
Paulo Pascuini, uno de los autores del estudio «El sector espacial como impulsor de la I+D y el desarrollo empresarial: una revisión de instrumentos de política», junto con su colega Andrés López (ambos son investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET), dijo: “Una de las implicancias de la mayor participación privada en la industria espacial es que como los actores privados tienen mayor tolerancia al riesgo que las instituciones de gobierno, aumenta la cantidad de proyectos para el desarrollo de tecnología que tiene asociada una probabilidad de éxito baja. El desarrollo de esas nuevas tecnologías genera impactos sociales a partir de la utilización que hacemos en la Tierra de servicios basados en información satelital. De hecho, la tecnología espacial es incorporada en otros sectores generando derrame, el surgimiento y desarrollo de empresas, empleo y una gran variedad de impactos económicos”.
Algunas de las herramientas que las agencias espaciales usan para fomentar la creación y el crecimiento de empresas ligadas al espacio tienen que ver con el financiamiento directo de proyectos, algo difícil de conseguir en la Argentina de hoy, pero otra muy usada está relacionada con permitir el uso de instalaciones, como laboratorios, para empresas que los necesiten. En la Argentina hay instituciones como el INTI o el INTA que están muy acostumbradas a brindar servicios para empresas en sus laboratorios, ya que justamente fueron creadas específicamente para la vinculación tecnológica, pero no es tan común en empresas estatales de alta tecnología. De todas formas, la empresa privada más grande del sector, Satellogic, ha hecho muchos trabajos conjuntos con la CNEA y la CONAE.
“Hay muchas startups espaciales argentinas que necesitan hacer testeos y pruebas de los desarrollos que están llevando adelante y podrían beneficiarse de las instalaciones y el equipamiento que poseen instituciones espaciales como la CONAE. Actualmente no existen mecanismos que permitan que esas instalaciones puedan ser aprovechadas por las empresas de manera ágil. Lo que reportan las startups es que el tipo de gestiones necesarias para llevar adelante actividades con las instituciones tradicionales, no solo la agencia si no también las empresas de base tecnológica que tradicionalmente han atendido las necesidades de los proyectos impulsados por el Estado, no se adaptan a la dinámica y velocidad con la que operan las startups.”, explicó Pascuini.
Este tipo de situaciones ha llevado a que algunas empresas de tecnología satelital creadas en la Argentina hayan radicado su empresa en otro país. Satellogic, por ejemplo, hace casi 10 años se mudó a Uruguay para llevar a cabo la construcción de sus satélites. Frente a este problema, Pascuini explica que “las empresas se instalan en el exterior por algunos motivos que posiblemente no sean fáciles de modificar en el corto plazo. Muchas veces van a Estados Unidos o Europa porque quieren conseguir capital de riesgo y es más fácil hacerlo desde allá. También, por ejemplo, la NASA o el departamento de defensa de Estados Unidos tienen restricciones para contratar productos de tecnología espacial fuera de su territorio, por lo que para venderles es más fácil saltar la barrera radicándose allá. Otro motivo para radicarse en el exterior es el acceso a tecnología para producir que no se encuentra disponible en la Argentina, por ejemplo vinculada a la impresión de placas electrónicas, debido a aquí no hay la escala necesaria para que tenga sentido llevar esas actividades localmente. Otras veces el motivo tiene que ver con la velocidad que requieren las empresas para importar componentes, algo que como sabemos en Argentina puede ser muy tedioso y burocrático. No obstante, muchas de estas empresas con sedes en el exterior siguen llevando actividades en la Argentina debido, principalmente, a la disponibilidad de capital humano calificado”.
Largo plazo
La Argentina está teniendo muchos problemas para mantener proyectos de alta tecnología porque llevan muchos años de desarrollo y financiamiento y no se ha podido mantener con los cambios de gobiernos. En 2015 se aprobó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital que aprobaba el plan satelital 2015-2035, que garantizaba la construcción de varios satélites de telecomunicaciones. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció la postergación de la construcción del ARSAT-3, que finalmente se convirtió en un congelamiento del proyecto. En 2020 se reactivó pero sin llegar al ensamble y hoy cuenta nuevamente con retrasos y falta de financiamiento.
“El presupuesto espacial ha sufrido históricamente grandes fluctuaciones dependiendo de la administración de turno. Las misiones impulsadas desde el Estado han propiciado el desarrollo de proveedores de base tecnológica locales que se ubican principalmente en CABA, La Plata, Córdoba, y Bariloche. El problema que generan los ciclos de desfinanciamiento es que estos proveedores no pueden estar esperando a que llegue el nuevo financiamiento con el próximo gobierno para seguir realizando actividades exclusivamente espaciales, por lo que necesariamente deben ampliar sus actividades a otros sectores, por ejemplo oil & gas. La inestabilidad en el financiamiento no es un problema de una gestión en particular, y además de responder a la escasez de recursos es el resultado de una falta de capacidad institucional para impulsar proyectos cuyos tiempos extienden a los de las administraciones de turno. Independientemente de si el nivel de financiamiento para las actividades espaciales impulsadas por el Estado es alto o bajo, existe una falta de previsibilidad sobre su evolución. Por ejemplo, desde el 2016 no hay un Plan Nacional Espacial aprobado por el ejecutivo, y si bien una alternativa a considerar es que este plan, que es elaborado por la CONAE, sea aprobado por el congreso, de manera de tener un compromiso político más amplio, también tenemos un ejemplo de que esto puede no funcionar. Se trata del el Plan Satelital Geoestacionario Argentino aprobado por Ley en el congreso en 2015 que establecía que hasta 2023 se deberían haber construido y lanzado 5 satélites, algo que como sabemos no ha sucedido sucedió”.
En la primera visita de alto nivel militar a Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump, en enero pasado, el ministro de Defensa, Luis Petri, firmó este miércoles junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, una carta de aceptación para incorporar vehículos blindados Stryker al Ejército argentino.
El ministro, que la semana pasada había viajado a Dinamarca en virtud de la compra de seis aviones caza supersónicos F-16,destacó tras el encuentro el fortalecimiento de los vínculos militares con Estados Unidos, con el que el Gobierno ha mostrado un alineamiento total bajo la administración republicana.
“La Argentina avanza en la modernización de sus Fuerzas Armadas y fortalece sus vínculos militares con Estados Unidos. Impulsados por el presidente Javier Milei, seguimos recuperando capacidades estratégicas para defender nuestra soberanía y garantizar la paz de todos los argentinos”, señaló Petri en una publicación en su cuenta de X.
Hegseth, por su parte, afirmó que China representa una amenaza para Estados Unidos, la Argentina y la región, y añadió que “la paz regional exige la máxima voluntad y tenacidad”, según una comunicado del Departamento de Defensa norteamericano.
Un blindado Stryker en el desfile militar del 14 de junio, en WashingtonKAYLA BARTKOWSKI – GETTY IMAGES NORTH AMERICA
“Creo que podemos afrontar juntos estos retos de seguridad compartidos, y sé que lo haremos”, afirmó el secretario de Defensa, quien aplaudió los esfuerzos de Argentina por reforzar su relación en materia de defensa con Estados Unidos, destacando su decisión de adquirir los F-16 estadounidenses, así como los vehículos de combate Stryker.
No hubo precisiones de las partes sobre la cantidad de vehículos que pretende incorporar la Argentina y el costo de la operación.
Según el Ministerio de Defensa argentino, la reunión entre Petri y Hegseth “marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación militar, liderazgo regional y defensa de los valores del mundo libre”, al tiempo que “consolidó una alianza estratégica entre dos gobiernos que entienden a la defensa como condición necesaria para la paz, la libertad y la soberanía”.
La cartera que conduce Petri informó del avance en un acuerdo integral que incluirá nuevas líneas de cooperación en ciberdefensa, frontera terrestre, interoperabilidad militar y equipamiento estratégico, “inspirado en el exitoso modelo del Garden Support estadounidense”.
“Estados Unidos demostró que la paz no se negocia, se garantiza desde la fuerza. El liderazgo de Trump en el conflicto con Irán dejó una enseñanza clara: las democracias deben tener capacidad de disuasión para defender sus valores y la libertad de sus compatriotas. Desde que asumió Milei, la Argentina está transitando ese mismo camino”, destacó Petri, sentado junto a Hegseth.
Luis Petri junto a Pete Hegseth, secretario de defensa de EE. UU.Red X
En su rol como secretario de Defensa norteamericano, Hegseth fue uno de los funcionarios que dio detalles de la operación “Martillo de Medianoche” con la que Estados Unidos bombardeó tres instalaciones del programa nuclear iraní en plena guerra con Israel, otro aliado clave del Gobierno en el frente internacional.
“El régimen iraní lo entendió con crudeza: la destrucción de sus instalaciones nucleares fue el resultado de una decisión valiente. Trump demostró que no se negocia con terroristas, se los derrota. Nosotros creemos lo mismo”, agregó Petri, al reafirmar el alineamiento de la Argentina “con las democracias que no negocian sus principios”.
El Stryker es un vehículo de transporte blindado de personal producido por la compañía General Dynamics, que, por ejemplo, ha sido usado en la guerra en Ucrania, con unidades enviadas por Estados Unidos.
En su presentación conjunta, Petri y Hegseth coincidieron en que el mundo está en una nueva fase de “amenazas híbridas, expansión autoritaria y desafíos estratégicos globales”, contexto en el que la Argentina “debe recuperar su lugar como actor central del hemisferio occidental”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
“Se destacó especialmente el respaldo de Estados Unidos al proceso de modernización y repotenciación de las Fuerzas Armadas, como ya ocurrió con la adquisición de los F-16 que llegarán en diciembre», añadió la nota.
“Estamos recuperando capacidades militares, modernizando nuestras Fuerzas Armadas y fortaleciendo la alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro socio en la defensa de la libertad y los valores democráticos”, remarcó Petri.
“Estamos muy comprometidos con la lucha que Estados Unidos ha emprendido contra el terrorismo internacional. Nuestra relación está en su mejor momento, y nuestra asociación seguirá creciendo en todas las áreas de gobierno, pero fundamentalmente en defensa“, concluyó el ministro.
El martes, Petri se había reunido en Washington con Robert Greenway, director del Centro Allison para la Seguridad Nacional de The Heritage Foundation. Conversaron sobre “la visión estratégica que impulsa la Argentina en materia de defensa bajo el liderazgo de Milei, basada en la modernización, la proyección internacional y unas Fuerzas Armadas al servicio de la paz, la libertad y los valores democráticos”, señaló el ministro en X.
Guillermo Idiart
Breve comentario de AgendAR:
Los Stryker son muy impresionantes y cuestan dos o tres millones de dólares por unidad. Pero alcanza con un dron cuadricóptero chiquito FPV de U$ 10.000 para hacerlo puré con precisión y desde 5 km. de distancia. Un cuadricóptero guiado por fibra óptica es costo/efectivo como una par de botellas Molotov, no expone al operador, y resulta tan inevitable como la muerte, los impuestos o la bala de un francotirador.
Pregúntenle a los ucranianos que, enlatados en sus Strykers de segunda mano, tratan de frenar el avance hacia el oeste de la línea de contacto. O, cruzando esa línea, pregúntenle a los pobres ivanes que deben atravesarla en sus propios carriers BTR-50, BTR-82, o en los Kurganets-25.
Para asar soldados y suboficiales bajo fuego de drones, ya teníamos los Iveco 6×6, con y sin artillería, fabricados en Barracas, cero kilómetro, pagados en pesos e interoperables con el Ejército Brasileños. «Teníamos», dijo el mosquito. Porque el presidente Mauricio Macri, comprador en jefe de chatarra OTAN, mató el proyecto a la basura para comprar Strykers viejos.
Se quedó con las ganas porque todavía existían el poder legislativo, cierta prensa y alguna oposión.
Conclusión: Petri quiere comprar los mismos Strykers viejos que Macri y para lo mismo: operar contra su propia población, ahora que ya empezó la caza de pobres habilitada por los decretos de la ministra Pato Bullrich.
No trate de usarlos para enfrentar un ejército regular, si nos invade alguno. No trate de conseguir repuestos cuando se rompan.
A la vista de lo que pasa en la guerra de Ucrania, en AgendAR queremos drones, y nacionales, y pagados en pesos. Y también sistemas antidron, ya que ahora matar simples soldados aislados empieza a tener sentido militar y económico.
El otro tema sobre el que discordamos con Petri: él dice que EEUU necesita como socio a la Argentina para darle estabilidad a la región. Es la sociedad del elefante y la hormiga, y adivine qué: no somos el elefante.
El último que creyó esa boludez fue, arda en el infierno, el general Leopoldo Fortunato Galtieri.
El ancla en el precio del dólar sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia desinflacionaria del Gobierno, pese al cambio en el esquema cambiario que trajo aparejado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien el oficialismo asegura que la divisa flota de manera libre, los analistas advierten que en los últimos meses la intervención indirecta volcó más de u$s7.000 millones al mercado de cambios, lo cual permitió contener el valor del «billete verde».
Con la liberación del cepo para «personas humanas» y el fin del «crawling peg» del 1% mensual, el dólar oficial mayorista tuvo un ajuste cercano al 9% en la segunda quincena de abril. La devaluación fue menor a la que esperaba el mercado; de hecho, el tipo de cambio aún no logró en ninguna jornada terminar por encima del centro de las bandas de flotación fijadas en el nuevo esquema (este lunes cerró en $1.205, rozando dicho centro).
Sin embargo, la flotación fue más «sucia» que «libre». Un informe de la consultora C-P analizó cuatro mecanismos que utilizó el Gobierno para influir sobre el precio del dólar.
Los cuatro artilugios del Gobierno para contener el precio del dólar
En primer lugar, destacó la venta de contratos en el mercado de futuros A3. «Entre abril y mayo la posición vendida del Banco Central (BCRA) subió u$s1.571 millones. En junio estimamos podría llegar a u$s1.900 millones«, señaló Pablo Moldovan, director de C-P.
Sobre este tema, el economista de Economía Open Federico Machado, explicó que la venta de futuros no implica gastar dólares en efectivo, pero sí impacta en el precio del dólar hoy, mediante la tasa implícita.
«Si yo puedo comprar un dólar futuro a diciembre de 2025 que vale $1.300, entonces puedo vender un dólar a $1.180 (precio del mayorista la semana pasada), colocar esos pesos al 2,6% mensual y comprar un Dólar Futuro para cubrirme. A fin de año tendré un dólar (valga lo que valga) + $57 (TNA en dólares del 9,6% con riesgo prácticamente nulo). Así, al vender dólar futuro, el BCRA incentiva que otros agentes vendan dólares hoy», ejemplificó.
En segundo lugar, el trabajo de C-P marcó el aporte de las rebajas transitorias a las retenciones, que posibilitaron una liquidación del agro superior a la que suele ver para estos meses. «Estimamos que entre abril y junio, el impacto fue de unos u$s800 millones adicionales», precisó Moldovan.
Este incentivo para los productores agropecuarios, más la quita del dólar «blend», explicaron buena parte del superávit de bienes que registró el BCRA durante mayo, según un análisis realizado por la consultora Equilibra en base al Balance Cambiario de la autoridad monetaria. La liquidación fue de u$s7.961 millones, cifra superior a los u$s7.095 millones devengados por las cuentas de INDEC, lo cual refleja el adelanto en el cobro de exportaciones que hubo durante el mes en cuestión.
Como tercer punto, C-P subrayó al incumplimiento de la meta de reservas con el FMI. Moldovan detalló que el Gobierno debería haber comprado u$s3.100 millones entre abril y junio, pero «como no lo hizo, redujo la demanda de dólares y ayudó a contener el precio».
Por último, el informe hizo foco sobre las colocaciones de deuda, «que aportaron u$s1.500 millones, moderaron el incumplimiento con el FMI, y redujeron también la demanda potencial de dólares».
El ancla cambiaria contiene la inflación, pero deteriora las cuentas externas
En resumen, entre estas cuatro vías, la intervención oficial logró un caudal de u$s7.300 millones. «Todo esto ocurrió en una época donde abunda la oferta de dólares (y se mantienen restricciones sobre empresas). En un mercado libre la estacionalidad diría que el dólar debería haber bajado. En cambio, subió un 10% desde abril», alertó Moldovan.
Este control artificial sobre el precio del dólar se da en un contexto de extendido deterioro en las cuentas externas del país, pese a su contribución a la desaceleración de la inflación. La semana pasada el INDEC publicó los datos de la Balanza de Pagos, que mostraron el déficit de servicios más alto desde que hay registros.
Este «rojo» se explica fundamentalmente por el encarecimiento del país en dólares, que incentiva el turismo el exterior y desalienta la recepción de viajeros extranjeros. Además, este atraso cambiario, más la creciente apertura comercial, también están generando un fuerte crecimiento de las importaciones de bienes, una situación particularmente visible en la industria automotriz debido a las divisas que consume cada compra de vehículos.
Con este escenario, crecen las dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio actual. Al respecto, recientemente el J.P. Morgan le recomendó a los inversores abandonar las estrategias de «carry trade» y posicionarse en dólares, dada la creciente salida de billetes, el fin de la cosecha gruesa y la incertidumbre que suele acompañar a los contextos electorales.
Del lado del Gobierno buscan mostrar la solidez del financiamiento por parte de organismos internacionales y destacan el apoyo de estos al plan económico y sus sólidos «fundamentals», como la eliminación del déficit fiscal.
Por primera vez desde que China aprobó las importaciones de harina de soja argentina en 2019, fabricantes chinos de alimentos para animales cerraron un acuerdo por 30.000 toneladas del producto, según informó la agencia Reuters, a partir de cuatro fuentes comerciales.
El envío, adquirido de forma conjunta por varias empresas chinas, está programado para llegar en septiembre a la provincia de Guangdong.
China, el mayor consumidor mundial de harina de soja para alimentación animal, suele producirla localmente a partir de soja importada, principalmente desde Brasil y Estados Unidos.
La soja (en granos, harinas, aceite y biocombustible) es el complejo de productos que más divisas aporta a la economía argentina.
Sin embargo, ante el riesgo de interrupciones comerciales con Washington, los fabricantes están explorando alternativas para diversificar sus fuentes de suministro.
En este contexto,Argentina –el principal exportador global de aceite y harina de soja– podría ser una opción para el abastecimiento del mercado chino.
Según el Instituto de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones de harina y pellets de soja acumularon U$S 10.560 millones durante todo el año 2024, representando el 13,2 % de todas las exportaciones argentinas de bienes, y fue el producto que más dólares trajo a la Argentina.
Cenital publica, entre otras cosas, RADAR donde aparecen interesantes artículo sobre la realidad global. En esta entrega que reproducimos aquí preguntan» qué daño tuvo finalmente Irán y dónde está el uranio enriquecido; examinamos el resultado de la cumbre de la OTAN; auscultamos el (lento) avance de la transición energética global y repasamos brevemente una encuesta en Europa sobre alineamientos geopolíticos».
ooooo
¿Qué quedó del programa nuclear de Irán?
Ahora que el cese al fuego entre Israel e Irán parece estar funcionando, la pregunta que dominó la semana fue: ¿cuál fue el daño sobre las instalaciones nucleares? ¿Pueden Benjamín Netanyahu y Donald Trump estar tranquilos de que destruyeron buena parte del programa nuclear? Aún queda mucho por conocer y estamos lejos de tener una estimación independiente y objetiva, idealmente de la OIEA.
Hasta acá tenemos dos versiones.
Por un lado, la CIA estima que a Irán le podría llevar “años” reconstruir las facilidades que fueron destruidas. Fox News también abonó esta versión.
Por otro lado, distintos medios como CNN, el New York Times, o Reuters, dieron a conocer una estimación clasificada de cinco páginas elaborada por la Defense Intelligence Agency (DAI). El reporte indica que el ataque retrasó el programa nuclear de Irán entre uno y dos meses en el escenario más optimista y menos de un año en el más pesimista.
Cercano a esta segunda estimación se encuentra el Jefe de la OIEA, Rafael Grossi, quien en una entrevista con CBS News ayer sugirió que Irán podría montar unas cuantas cascadas de centrífugas “en cuestión de meses” o “incluso en menos tiempo”.
¿De dónde sale la métrica para hablar de meses? De una línea de base histórica. Como explica Jeffrey Lewis, director del Programa de No-proliferación del Este de Asia del James Martin Center for Nonproliferation Studies, Irán ha podido, históricamente, instalar entra una y dos cascadas de centrífugas por semana (una cascada es un conjunto de centrífugas, más o menos 170). El cálculo de Lewis es que Irán podría instalar una planta de reemplazo similar a la de Fordow en menos de tres meses y comenzar nuevamente a enriquecer uranio.
Más allá de la reconstrucción nuclear de Irán, hay dos interrogantes más:
¿Dónde están los casi 400 kilos de uranio enriquecido? No lo sabemos. Es difícil pensar que desaparecieron en los ataques de EE. UU. Se pueden haber perdido una parte, pero cuesta pensar que se perdió todo. Lo más probable es que estén escondidos y a salvo en algún lugar desconocido. De ser así, la amenaza nuclear de Irán seguirá siendo un problema sin resolver para el gobierno de Israel y la comunidad internacional en general.
En su entrevista, Lewis señala que también es probable que Irán tenga instalaciones nucleares de las cuales desconocemos su existencia o solo tengamos sospechas leves o infundadas.
Mi conclusión parcial:
Capacidades e intenciones no son sinónimos. La OIEA puede medir cuántas centrífugas giran, pero no puede leer la mente de Teherán. Técnicamente, tener uranio enriquecido al 60 % no tiene sentido civil alguno: ese grado de pureza solo abre camino a una cosa, y no es generar electricidad.
De allí a concluir que, si un bombardeo dañó instalaciones, también se han desinflado las ganas de construir una bomba, hay un salto de fe que ni la mejor inteligencia puede justificar. Más bien, podríamos estar ante un curioso fenómeno de retroceso tecnológico con un avance simultáneo de la voluntad estratégica: las máquinas paradas, pero la ambición intacta.
Si creías que el último episodio de “Israel-Irán: el conflicto final” había cerrado el telón, mejor tómate esto como un simple descanso: la próxima temporada podría traer más giros de guión.
Cumbre de la OTAN: a los pies de Trump
El 25 de junio pasado tuvo lugar la cumbre de la OTAN en un contexto global cargado de intensidad geopolítica. Las fricciones entre Trump y el norte global se mostraron días antes del 25, cuando en la cumbre del G7 Trump señaló sus diferencias con el bloque (un funcionario canadiense se refirió a la organización del encuentro como “preparando la alfombra roja para Godzilla”). Pero la cumbre de La Haya parece haber sido una obra unipersonal en la que casi todo giró en torno a Trump. ¿Qué cosas nos dejó el encuentro de la OTAN más allá de la auto-humillación a la que se sometió su secretario general Mark Rutte llamando “daddy” a Donald Trump?
Una declaración sin principios. Como señala Andrew Corbett del King ‘s College, en todas las declaraciones de la OTAN desde 2022, el grupo invocaba su adhesión al derecho internacional y a los propósitos de la Carta de la ONU. No fue el caso en esta ocasión. Nadie quiso irritar a Trump con reglas y principios del derecho internacional. Esto ya se pudo ver durante el ataque de Estados Unidos a Irán y en la gimnasia con que los líderes europeos evitaron cuestionar la acción de Trump. “Estados Unidos está actuando para aliviar (la) amenaza”, dijo Keir Starmer. El ataque es un paso “en la dirección correcta”, señaló Emmanuel Macron. Israel está haciendo “el trabajo sucio”, observó Friedrich Merz. ¿Legalidad? A donde vamos, no necesitamos legalidad sino tener “las cartas”, como le gusta decir a Trump.
Sin solución para la guerra en Ucrania. La cumbre de la OTAN no fue para estudiar la supervivencia de Ucrania sino para asegurar la supervivencia de la OTAN misma. El comunicado destaca la amenaza a largo plazo que presenta Rusia y la necesidad de apoyar a Ucrania, no hay una hoja de ruta, ni una negociación en marcha, ni siquiera una condena a Moscú. Parece claro que Trump juega al desgaste de Ucrania y a la necesidad de aceptar la realidad en el terreno; esto es que Ucrania acepte perder cerca del 10% de su territorio.
Una Europa más comprometida con el gasto militar. Los miembros de la OTAN acordaron elevar el gasto militar al 3.5% del PBI, además de un 1.5% en infraestructura de uso dual, un rubro que seguramente traiga mucha contabilidad creativa. Se espera, entonces, que hacia 2035 todos los miembros de la OTAN gasten el 5% del PBI en defensa, algo que España se negó a aceptar. Claramente, Europa dio una señal costosa en términos de cuánto valora la alianza y cuánto valora la presencia de Estados Unidos en la agrupación. De hecho, algunos hablan de un acuerdo “5 x 5”: Europa aumenta el presupuesto a un 5% del PBI y Estados Unidos mantiene su compromiso con el Artículo 5 de la OTAN, que establece que el ataque a un miembro será interpretado como un ataque a toda la alianza.
Un respiro parcial. Europa aseguró, al menos por ahora, la continuidad de la alianza transatlántica. Pero la relación con Washington no se despliega sobre una sola dimensión, la estratégica, sino sobre otras dos dimensiones que no dan señal de convergencia: la guerra comercial, inspirada en el nacionalismo económico, y la divergencia entre valores liberales y antiliberales presente a ambos lados del Atlántico.
SONAR
Clima: entre la transición, la seguridad energética y la seguridad nacional
La semana pasada se dio a conocer el Statistical Review of World Energy que publica el Energy Institute anualmente desde 1952. En este SONAR, me gustaría repasar los principales números del informe para luego hacer una reflexión acerca de hacia dónde vamos en materia de transición energética.
Siendo estrictos, la transición no comenzó. En 2024, el petróleo, el carbón, el gas, nuclear, hidro, eólica y solar, todas las fuentes registraron incrementos. El mundo aún está en modo “acumulación” antes que “transición”. Sí, las renovables crecen a un ritmo mayor que los combustibles fósiles, pero el petróleo aún satisface el 34% de la demanda total de energía y todos los fósiles juntos rondan el 80% del consumo global.
Las emisiones de carbono aumentaron 1%. El número uno en emisiones sigue siendo China, dando cuenta de un tercio del total de emisiones. Junto con la India representan el 62% del incremento de emisiones a nivel global. Se habla, sin embargo, de que China estaría llegando a su pico de demanda de petróleo. En Estados Unidos y en Europa, en cambio, las emisiones bajaron.
El mundo se está electrificando. El ritmo es más lento del deseado, pero en 2024 la demanda de electricidad creció 4%, por encima del total de demanda de energía. El “pero”: la mitad de este crecimiento viene de China, que duplicó su stock de energía solar en dos años. Hoy las tasas chinas no son de crecimiento, son de renovables: en 2024 agregó el doble de lo que agregaron Estados Unidos, Europa y la India juntos.
La producción de gas sigue creciendo. Estados Unidos, Rusia, Irán y China dieron cuenta del 53% de la producción global. China pasó de ser el sexto productor en 2015 al cuarto el año pasado. Lo que produce satisface el 56% de su demanda doméstica.
China sigue siendo adicta al carbón. El mundo consume más carbón que en 1960; pero el grueso de esta demanda es china (67% de la demanda global), seguida por la India. Esto coloca a China en los extremos del marrón y del verde: demanda más carbón que el resto del mundo combinado, pero también produce más renovables y vende más autos eléctricos que el resto del mundo. El jueves pasado, Xiaomi lanzó la pre-venta del YU7, un auto eléctrico deportivo. En 3 minutos vendió 200 mil autos.
El renacer nuclear viene lento. El sector nuclear aumentó 3% para satisfacer poco más del 5% de la demanda global de energía. No está mal si consideramos que la generación proveniente de la energía solar y eólica aumentó del 13 al 15%, un punto menos. El “pero”: dos tercios del incremento vino de Francia y Japón, que volvieron a poner plantas en servicio.
Los minerales crecen y bajan. La minería de tierras raras creció un 3.2%. China dio cuenta del 74% de la producción global y del 48% de las reservas mundiales. La producción de litio creció 16%. Aunque Chile concentra el 23% del mercado mundial, la producción en la Argentina creció 109%. El “pero”: los precios globales cayeron en 2024: el carbonato de litio cayó 69%, el grafito 26% y el cobalto 23%. Aún se aprecia volatilidad y dificultades en encontrar un equilibrio entre anticipación de demanda y capacidad productiva.
¿Qué significa esta tendencia?
Hasta acá el ritmo global. ¿Cómo poner estos números en el contexto más amplio de la política mundial? El dato más significativo es la erosión de un orden global y el aumento de la fricción geopolítica que reconfigura las preferencias políticas en las principales capitales del mundo. Hoy tenemos guerras con misiles y guerras con tarifas. También está la guerra cultural. Venimos de la guerra contra el terrorismo. Y antes contra las drogas. Claro que nada está resuelto, pero seguimos haciendo guerras, simbólicas y materiales.
“Siempre fue así”, me dirán. Sí, la guerra integra el repertorio que los humanos tenemos para hacernos daño más o menos desde que dejamos de ir de un lado a otro y comenzamos a quedarnos quietos unos 10 mil años atrás. Lo importante, sin embargo, es la variación. El año 2005 fue el año con menos muertes por conflicto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, según datos del Uppsala Conflict Data Program. Pero el año pasado, hubo 61 conflictos en donde al menos uno de los actores era estatal, el mayor número desde 1946.
Agreguemos a este cuadro otras disrupciones globales, incluyendo la pandemia o eventos climáticos, y lo que tenemos es que el sistema de energía global ha tenido que enfrentar disrupción de la cadena de suministros, escasez de aprovisionamiento, precios récord de energía y volatilidad de los mercados globales. ¿El resultado? La preocupación por la transición energética, impulsada por el cambio climático, pasó a estar más asociada con la necesidad de garantizar seguridad energética a través de mayores niveles de independencia y resiliencia frente al conflicto y la incertidumbre global.
El resultado, al menos hasta acá, es que, año tras año, las grandes potencias evitaron importar combustibles al reemplazarlos con renovables. China evitó importar cerca de 87 exajulios en los últimos cinco años, una cantidad mayor que el consumo energético total de Europa en 2024. Europa y Estados Unidos también se beneficiaron en este tiempo: Europa dejó de importar unos 63 exajulios y Estados Unidos unos 34.
¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que la competencia estratégica y la conflictividad geopolítica están desviando la atención lejos del imperativo climático. Tomando datos del primer semestre de 2025, Fernando Martín Espejo, del Global Trade Alert, señala que algo se está quebrando en el consenso verde de Occidente. Los datos del New Industrial Policy Observatory (NIPO) muestran que, en lo que va de 2025, las economías occidentales han pisado el freno en políticas industriales orientadas a la transición climática. Donde antes dominaban términos como “hidrógeno”, “eólica” o “vehículos eléctricos”, hoy mandan otros dos: seguridad nacional y geopolítica.
Las cifras son elocuentes: sólo 34 medidas industriales verdes en Occidente entre enero y junio de 2025, casi la mitad de las 62 registradas en el mismo período de 2024. Mientras tanto, el volumen total de políticas industriales se mantiene alto. No es que los gobiernos hagan menos política industrial; simplemente están redireccionando prioridades.
La tendencia es clara: en 2023-2024, sólo el 22% de las políticas industriales en Occidente se justificaban por motivos geopolíticos o de seguridad. Hoy, esa proporción se disparó al 54 %. En cambio, las medidas motivadas por objetivos climáticos cayeron al 15 %, superadas incluso por las enfocadas en competitividad económica.
No todo el mundo está en la misma página. Los países no occidentales, aunque también sienten el tirón de la seguridad nacional, no han recortado tanto sus políticas climáticas. Más bien al contrario: pasaron de dedicar un 13 % a objetivos verdes a un 20 %. Para ellos, la transición verde sigue siendo una oportunidad estratégica.
¿El riesgo? Una agenda climática mundial cada vez más fragmentada. Si cada país prioriza sus intereses geopolíticos, los proyectos verdes pierden escala, se diluye la coordinación y la transición energética global podría ralentizarse. En suma, el clima empieza a perder terreno en el tablero industrial occidental. Y eso, en un mundo cada vez más geopolítico, es una señal preocupante.
ESCRITORIO
Trump’s European Revolution es un policy brief del European Council on Foreign Relations (ECFR) de la semana pasada, basado en una encuesta a 16.440 europeos (mayo 2025, 12 países) que examina cómo la reelección de Donald Trump está redefiniendo no solo la política estadounidense, sino también las identidades políticas y las actitudes geopolíticas en Europa .
Entre los hallazgos más notables:
Transformación de los partidos políticos. La extrema derecha europea se ve cada vez más como la vanguardia de un proyecto “revolucionario” alineado con Trump, mientras que partidos tradicionalmente centristas se reinventan como nuevos “soberanistas” europeos dispuestos a defender su autonomía frente a Washington .
De proyecto de paz a proyecto de guerra. Una mayoría significativa de encuestados apoya aumentar el gasto en defensa, reintroducir la conscripción y desarrollar disuasivos nucleares propios; y aún estarían dispuestos a seguir apoyando a Ucrania si Estados Unidos los abandona .
Paradojas europeas. Aunque casi todos ven la elección de Trump como “mala” para Estados Unidos, sus propios países y la paz mundial (mayorías absolutas en Dinamarca, Alemania, Portugal, España, Suiza y Reino Unido) , mantienen una relativa confianza en la fiabilidad de las garantías de seguridad estadounidenses y en que Estados Unidos volverá tras el mandato de Trump. Al mismo tiempo, dudan de que Europa pueda alcanzar la autonomía estratégica a tiempo y optan por “comprar tiempo” mediante apoyo a Ucrania como sustituto de tropas estadounidenses.
La diagonal partidaria. Si mirás el gráfico de abajo, vas a ver una diagonal que organiza a los partidos a partir de dos dimensiones: creencias de que el sistema político de Estados Unidos (no) funciona bien y creencias de que Trump (no) es bueno para sus ciudadanos. Hay dos cuadrantes casi vacíos: pensar que el sistema está roto pero Trump es bueno para los ciudadanos y pensar que el sistema funciona y Trump es malo para los ciudadanos. Los partidos de derecha extrema creen, básicamente, que todo está bien en Estados Unidos, tanto el sistema como su liderazgo. Los partidos, en cambio, coinciden en señalar lo disfuncional que es el sistema político como su líder.
La construcción de las represas comenzó en 2015. Debían estar terminadas en 5 años y medio, pero luego de una década se construyó menos del 30% y hace casi dos años que la obra está parada por reclamos cruzados entre los contratistas y el Estado. EconoJournal confirmó con fuentes oficiales y privadas que la intención del gobierno de Milei es reactivar al menos la central Jorge Cepernic, la obra más chica del complejo y la que tiene el mayor grado de avance, pero la negociación continúa empantanada. La historia de un proyecto accidentado donde todos se desconfían.
“La maravilla de la política consiste en convertir en obras concretas lo que siempre fueron sueños”, aseguró Cristina Fernández Kirchner el 4 de febrero de 2015 en Beijing cuando firmó la orden de inicio para la construcción de las represas de Santa Cruz. El plan preveía que ambas estuviesen terminadas en cinco años y medio, pero luego de una década se construyó menos del 30% y hace casi dos años que la obra está parada por reclamos cruzados entre los contratistas y el Estado. Fuentes oficiales y privadas confirmaron que la intención del gobierno de Milei es reactivar al menos la central Jorge Cepernic (ex La Barrancosa), la obra más chica del complejo y la que tiene el mayor grado de avance, pero la negociación continúa empantanada.
Las diferencias
La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran la china Gezhouba, Eling (ex Electroingeniería) e Hidrocuyo detuvo la construcción en noviembre de 2023 porque el gobierno de Alberto Fernández había dejado de pagar certificados de obra y porque el Estado acumula una deuda con el consorcio que, según fuentes cercanas a la UTE, llega a los 400 millones de dólares.
El gobierno de Milei retomó esa negociación, pero luego de un año y medio siguen sin ponerse de acuerdo en ninguno de los dos puntos. Con respecto al pago de los certificados de avance de obra, la posición oficial es que no se pagan porque dejaron de llegar fondos del crédito chino. En el informe presentado el jueves pasado en el Senado, el jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo que “las solicitudes de desembolso deben ser efectuadas por el contratista, y no ha presentado solicitudes de nuevos desembolsos desde el 16 de diciembre del 2022”.
Cerca de la UTE, en cambio, afirman que “los fondos no deben ser pedidos por las empresas porque el cliente del crédito es el Estado nacional”. Fuentes oficiales insisten en que no tienen problema en viabilizar esa solicitud, pero remarcan que el año pasado los privados no quisieron firmar ese pedido. “Lo que sucede es que, para pedir ese desembolso, tanto Enarsa como las contratistas tienen que firmar un documento en el que le dicen al banco que no hay ningún problema contractual y los problemas contractuales existen”, responden cerca de la UTE.
Ahí es donde aparece el segundo punto de conflicto. Los privados dicen que para poder hacer el pedido de los fondos tiene que estar normalizado el contrato, lo que incluye un acuerdo sobre cómo el Estado va a saldar la deuda de US$ 400 millones. Eso es lo que debería incluir la adenda XII del contrato, pero esa adenda no se firma porque no hay acuerdo sobre el monto de la deuda.
Fuentes del gobierno nacional vienen sosteniendo desde el inicio que la cifra que reclama la UTE está inflada y en la administración de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, coinciden con que la UTE está floja de papeles en ese punto. Enarsa cumple un rol central de comitente, supervisor técnico y coordinador institucional en la construcción del complejo hidroeléctrico.
Antes de que la obra se frenara, la UTE tenía empleados a 2858 trabajadores, pero a comienzos de 2024 el consorcio despidió prácticamente a todos y en la actualidad solo quedan 120 personas, entre los que se encuentra el personal abocado al cuidado de los activos.
Historia accidentada
La construcción de las represas tuvo problemas prácticamente desde su inicio. En diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender las obras hasta que se realizara un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. En medio de ese proceso el gobierno de Mauricio Macri rediseñó el proyecto reduciendo su potencia y la cota de embalse. A fines de 2017 se reactivó el emprendimiento, pero un año después se produjo una grieta de unos veinte metros por un desplazamiento de tierra en uno de los taludes de contención del vertedero de la central más grande, lo que obligó a un rediseño del proyecto, con el consiguiente encarecimiento de la obra. Ese hecho provocó enormes dudas sobre la capacidad técnica con la que se estaban realizando los trabajos. En marzo de 2020 se sumó el freno por la pandemia, lo que encareció todavía más los costos. Finalmente, en noviembre de 2023 la contratista detuvo las obras por falta de presupuesto.
Las represas tuvieron problemas hasta con el nombre. En la primera y en la segunda licitación que se iniciaron en 2007 y 2010, ambas frustradas, se las conocía como Condor Cliff y La Barrancosa, pero en la licitación de 2012, se las renombró como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Durante la administración de Macri, les volvieron a poner el nombre anterior, pero en junio de 2021 el gobierno de Alberto Fernández las bautizó una vez más como Kirchner y Cepernic. Lo cierto es que con ninguno de esos nombres la construcción logró despegar.
Según el informe que presentó Francos el jueves pasado en el Senado, de los US$ 4750 millones previstos en el convenio de financiamiento firmado en 2014 con un consorcio de bancos chinos hasta el momento se desembolsaron US$ 1850 millones, casi el 40%, pero el grado de avance en la construcción de la represa Néstor Kirchner, la más grande, es de solo 19%, mientras que en el caso de Jorge Cepernic llega al 46%. “Resultaría más efectivo concentrar los recursos y la inversión en avanzar primero con la represa Jorge Cepernic mientras se generan las condiciones técnicas y económicas para el reinicio de la otra represa Néstor Kirchner en una etapa posterior”, reconoció Francos en su informe.
La central Cepernic representa un tercio de la obra total, las tres turbinas Kaplan de 120 MW que requiere ya se construyeron a medida tomando en cuenta el salto hidráulico y el caudal del río Santa Cruz (dos están en Argentina y la tercera en China) y, a diferencia de la represa Néstor Kirchner, no tuvo ningún problema de desplazamiento de suelo. Por eso el gobierno quiere al menos terminar esa construcción, pero las diferencias en torno a la deuda que reclaman los privados sigue trabando todo. La intención es lograr un acuerdo antes de septiembre, que es cuando termina la veda de invierno y podrían retomarse las actividades, aunque no es fácil porque es una negociación en la que todos se desconfían.
Relación tensa entre socios
Fernández de Kirchner le adjudicó la construcción del complejo hidroeléctrico en agosto de 2013 a un consorcio encabezado por la firma china Gezhouba, del que formaba parte Electroingeniería, empresa cordobesa que obtuvo múltiples contratos de obra pública durante el kirchnerismo y que terminó con sus dos principales accionistas, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, procesados por el delito de cohecho en la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”. Cerca de la compañía sostienen que todas esas adjudicaciones fueron por licitación pública y remarcan que, a diferencia de otros empresarios involucrados en la causa, Ferreyra y Acosta nunca reconocieron el pago de coimas.
La empresa luego cambió su nombre por Eling y fuentes cercanas a la firma aseguran que sus dueños también cambiaron. “En 2018 Ferreyra y Acosta pidieron licencia a su cargo de presidente y vicepresidente y tomaron el liderazgo Juan Manuel Pereyra y Carlos Bergoglio hijo, quienes eran directores de Finanzas y de Ingeniería y pasaron a ser presidente y vicepresidente, respectivamente. A su vez, en 2022 se termina de concretar la salida completa de Gerardo Ferreyra y su familia de la compañía. Desde entonces, las acciones quedaron en poder de Juan Manuel Pereyra, Carlos Bergoglio hijo y los hijos de Osvaldo Acosta, en partes iguales”.
Sin embargo, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno de Santa Cruz que conduce Claudio Vidal creen que el cambio de nombre y de accionistas fue principalmente cosmético. Argumentan que hay vínculos muy estrechos entre los viejos y los nuevos accionistas no solo porque los hijos de Acosta permanecen sino porque Pereyra ingresó en el área de finanzas de Electroingeniería en 1999 y fue escalando hasta convertirse en presidente luego de la detención de Acosta, mientras que Carlos Bergoglio es el hijo del ejecutivo homónimo, fallecido en 2024, que se desempeñó como director de Relaciones Institucionales y vocero de la empresa hasta que se jubiló en 2015. Por su cercanía al kirchnerismo, el gobierno nacional y en la gobernación santacruceña le tienen una profunda desconfianza a ese socio local. Incluso fuentes oficiales dejaron trascender que la relación entre Eling y Gezhouba no es buena por una deuda millonaria que la firma argentina mantiene con su socio asiático. No obstante, cerca de la compañía argentina negaron que Eling tengan una deuda con Gezhouba.
El vínculo del gobierno nacional con China tampoco es de lo más fluido. “Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, respondió Milei en agosto de 2023 cuando el periodista Juan Pablo Spinetto de Bloomberg News le preguntó durante la campaña electoral sobre cómo iba a ser la relación con el gigante asiático si ganaba las elecciones. Una vez electo suavizó su postura. En septiembre del año pasado declaró que “China es un socio comercial muy interesante”. “No exigen nada, lo único que piden es que no les molesten”, sostuvo. Además, en noviembre se reunió con Xi Jinping en el G20 para acordar la renovación de swap de monedas. Ese giro del presidente hace prever que no debería haber inconvenientes para negociar la adenda XII, aunque el alineamiento de Milei con Estados Unidos y las presiones del gobierno de Donald Trump para que China no pise fuerte en la región generan dudas sobre la verdadera voluntad de un acuerdo
“Más allá de que existen conversaciones con el contratista, cabe señalar que no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato. Una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, se limitó a responder Francos en el informe enviado al Senado.
Todas las fuentes consultadas coincidieron en que las negociaciones continúan y se busca alcanzar un acuerdo, pero al mismo tiempo remarcan que esa negociación ya lleva un año y medio y no puede extenderse indefinidamente. “Si la negociación fracasa, la opción es poner fin a esta parte del acuerdo país-país, dejar sin efecto el contrato, accionar legalmente, volver a licitar la obra y buscar financiamiento para finalizar la construcción”, concluyó una de las fuentes.
