Por los 100 años de Ray Bradbury. Un video para escuchar
Nos parece mejor recordar los aniversarios de los nacimientos, antes que los de las muertes. Como ayer Bradbury habría cumplido 100 años, acercamos este video en el que Hernán Casciari lee uno de los cuentos de Crónicas Marcianas, «La tercera expedición». Como sus lectores saben, el Marte de este gran autor es el lugar de nuestros sueños. O, como en esta historia, de nuestras pesadillas.
Alberto Fernández declaró que Internet, la TV por cable y la telefonía celular y fija son «servicios públicos esenciales» y congeló sus tarifas hasta fin de año
El Gobierno argentino declaró este viernes 21 de agosto, mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que el acceso a Internet, la televisión por cable (paga) y la telefonía celular y fija son «servicios públicos y esenciales» y decidió congelar sus tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Darío Martinez es el nuevo Secretario de Energía. El área pasará a depender del Ministerio de Economía
«El diputado neuquino Darío Martínez será el nuevo secretario de Energía, en reemplazo de Sergio Lanzani, a quien el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le pidió ayer la renuncia. Esa secretaría pasará a la órbita del Ministerio de Economía.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y Kulfas pondrán en funciones a Martínez el próximo lunes, adelantaron fuentes oficiales.
La salida del misionero Lanziani no sorprendió en el sector, ya que su gestión se fue desdibujando desde que asumió en diciembre y desde entonces no participó de definiciones centrales de su cartera como la implementación del barril criollo o la discusión del nuevo esquema de gas que el Gobierno se apresta a anunciar. En todos los casos la voz negociadora fue el ministro Kulfas y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan Carbajales.
La Secretaría de Energía tendrá «permanencia en la planta central del Palacio de Hacienda», se explicó ayer sobre el futuro de la dependencia, integrada hasta la fecha por las Subsecretarías de Energía Eléctrica, a cargo de Osvaldo Arrúa; de Hidrocarburos con Juan Carbajales, y de Planeamiento Energético con Juan Pablo Ordóñez.
Martínez, de 45 años y tres hijos, como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, estaba por ponerse al frente de la discusión que el Gobierno prevé dar en el Congreso sobre la nueva Ley de Hidrocarburos, con la que se busca impulsar la producción y las inversiones en Vaca Muerta.
Esa función, además de su vida y militancia en Neuquén, le permiten asegurar que conoce de primera mano a Vaca Muerta y, en general, al sector petrolero argentino, sus empresas y sus trabajadores.
Según la agencia oficial Télam, en el área de Energía los objetivos trazados apuntan a potenciar la producción de hidrocarburos (petróleo y gas), que sufrió en los últimos meses el impacto de la pandemia de coronavirus, con una fuerte baja de los precios internacionales y una importante caída en la demanda local.
Martínez tendrá a su cargo, en ese sentido, la definición sobre los cambios en las normas hidrocarburíferas, en especial para facilitar las millonarias inversiones que se requieren en la extracción de petróleo y gas, tanto en los yacimientos convencionales como en los de «shale» en Vaca Muerta, y avanzar en una eventual segunda ronda de exploración off shore.
El nuevo secretario deberá además intervenir en los mecanismos de descongelamiento y en las pautas de futuros ajustes de las tarifas de los servicios públicos del gas y la electricidad, y en las inversiones de las empresas concesionarias.
También está a la espera de mayores definiciones el futuro de las energías renovables tras la experiencia macrista en las tres rondas del programa Renovar, el eventual desarrollo de la energía atómica mediante la construcción de una demorada cuarta central nuclear con financiamiento chino, y el necesario crecimiento de la infraestructura.
El más inmediato de los anuncios se estima será la presentación final del nuevo Esquema de Gas 2020-2024 para promover la inversión y producción del sector.
Al respecto, Martínez afirmó hace tres semanas que el cambio en la materia será «un primer paso» que se complementará con la nueva Ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno nacional.
El dirigente neuquino difundió un informe en el que señaló que el plan, que tentativamente se lanzará en octubre próximo, «tiene a la cuenca neuquina como principal productora y proveedora, generará el movimiento de la economía regional y el fortalecimiento de las finanzas provinciales, por mayor recaudación de regalías e impuestos».
En uno de sus últimos posteos en Twitter, antes de difundirse su designación al frente de la Secretaría de Energía, destacó que junto a legisladores provinciales del Neuquén y de Río Negro debatió «sobre el rol que el Estado Nacional y las provincias deben asumir en la generación de energía hidroeléctrica al servicio de la producción y el empleo, tanto de la región como de todo el país».
Observaciones de AgendAR:
Creemos que hay dos elementos que conviene tomar en cuenta para evaluar el posible futuro de esta Secretaría clave:
Uno es el pase a la órbita del Ministerio de Economía. No podemos decir ahora cuáles serán las políticas impulsadas por Martín Guzmán y si van a ser diferentes de las trazadas por Matías Kulfas (que comentamos hace poco en AgendAR). El hecho es que los combustibles, y la energía eléctrica, no sólo son en sí una actividad muy importante. También son un insumo principal, y una parte de los costos, de todas las actividades. No se puede fijar una política energética sin tener en cuenta la marcha del conjunto de la economía.
El otro es que el neuquino Darío Martínez es un político con proyección nacional, especialmente por su desempeño en Diputados durante la gestión de Macri. El misionero Sergio Lanziani llegó a su cargo como parte de los acuerdos de Alberto Fernández con los gobernadores. No consiguió construir alianzas en el gabinete nacional, y su relación con el hombre clave de la política en Misiones empeoró. Se debilitó rápidamente. Darío Martínez está en otra categoría política.
Y hay un tema, fuera de las especulaciones de hoy en los medios, que nos preguntamos en AgendAR ¿que pasará con el sector nuclear, que hay aporta un porcentaje menor pero significativo de la energía que utiliza Argentina, y que es un sector fundamental para el desarrollo tecnológico nacional? Hasta hoy, ni Kulfas ni Guzmán ni Alberto Fernández han dicho una palabra sobre el tema.
Kulfas: los creditos para salarios se convertirán en subsidios si la empresa contrata nuevos trabajadores
El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas canticipó que los préstamos del Programa ATP que miles de empresas reciben para afrontar el pago de los sueldos podrán transformarse en caso de que el empleador tome nuevos trabajadores en los próximos meses.
El Gobierno evalúa, entonces, reconvertir los créditos subsidiados que se otorgarán desde este mes para hacer frente al pago de salarios en empresas cuya facturación cayó en términos reales entre el 10 y el 40%, si los empleadores cumplen mantener e incluso engrosar la nómina en el corto plazo.
Este proyecto se refiere a los préstamos concedidos por las entidades bancarias en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Kulfas reseñó que las empresas cuya facturación creció entre 0 y 30% nominal interanual, y obtuvieron créditos subsidiados con una tasa de 0 o hasta 15%, serán sujetas de este beneficio que implicaría anular el repago de los montos solicitados
Unas 135.000 empresas fueron aprobadas en agosto para obtener del Estado la asignación complementaria al salario que les permitió abonar en estos días los salarios de casi 1,4 millón de trabajadores en relación de dependencia.
El fondeo oficial les garantizó hasta la mitad de sus haberes, con un tope de dos salarios mínimos ($ 33.750) para empleadores de sectores gravemente afectados por la pandemia (turismo, entretenimiento, gastronomía, cultura y hotelería) y un salario mínimo y medio ($ 25.312) para el resto de rubros.
Según detalló la AFIP, otras 75.000 compañías cuya facturación cayó menos que las antes mencionadas quedaron en condiciones de solicitar préstamos con tasas que varían del 0% al 15%, según la facturación haya crecido de 0 a 10%, de 10,01 a 20%, o de 20,01 a 30% en términos nominales. El fisco había dado plazo hasta el miércoles para solicitar la venia oficial y luego acudir a los bancos por esta línea de financiamiento, pero finalmente se comunicó que extendía el plazo hasta el viernes.
En la mente de los funcionarios está la decisión de ir «calibrando» el alcance del Programa ATP y verlo morir «de muerte natural», es decir, que ya ninguna empresa mantenga niveles negativos de ingresos hacia fin de año, con excepción de los rubros que todavía no obtuvieron permiso de reapertura.
En los despachos oficiales celebraron la semana pasada que fueran menos las compañías solicitantes del ATP, sin contar que unas 65.000 empleadores lo pidieron pero fueron descartados, sea por cuestiones de forma, por estar entre los rubros no considerados, o bien no cuadrar con los criterios de caída de nivel de actividad.
Desde su lanzamiento, el ATP asistió al menos una vez a unas 320.000 firmas, habiendo tenido su pico en mayo, cuando se abonaron parte de los sueldos de abril de 2,3 millones de empleados contratados por 255.837 empresas. En junio, el programa auxilió a 253.666 compañías con 1,9 millones de trabajadores contratados, y en julio a 221.071 con 1,6 millón de asalariados.
Los humedales en peligro: no solo están siendo arrasados en el Delta
En medio de los incendios en las islas del Delta del Paraná se retomó el debate legislativo para una ley de humedales, con una primera sesión informativa en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados.
El inicio de la cuarentena marcó también el comienzo de los incendios que desde el 20 de marzo están consumiendo los humedales del Delta del Paraná, al punto que el 3 de agosto existían 12.500 focos en la zona, casi cuatro veces más que los registrados al 17 de junio, según mediciones del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (IIIA-UNSAM/CONICET).
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La situación impulsó a reiniciar el debate por una ley de humedales que proteja no solo a estos ecosistemas, sino también a las poblaciones que habitan en ellos. Se trata de una medida que diversas organizaciones ambientales y de la sociedad civil están reclamando desde hace años, pero sin éxito. Incluso, al menos en dos oportunidades hubo proyectos que lograron obtener media sanción en el Congreso, pero que no fueron tratados y perdieron estado parlamentario.
Sin embargo, la preocupación por los humedales, que cubren 600.000 kilómetros cuadrados en todo el país (23% del territorio nacional) siempre estuvo vigente. Por eso, por ejemplo, a principios de este año, investigadores, técnicos, gestores y representantes de organizaciones sociales y ambientales participaron de una jornada convocada por las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente, en la que reiteraron la necesidad de contar con una legislación que establezca una regulación de protección del ambiente.
Así, cuando volver a debatir algún proyecto de ley parecía una mera expresión de deseo, los incendios que ya han consumido más de 5000 kilómetros cuadrados, desde la Capital santafesina hasta Villa Constitución y Victoria, de los 19.300 kilómetros cuadrados que abarcan los humedales paranaenses (según datos de la ONG CeProNat, de Santa Fe) motivaron a que durante julio se presentaran seis proyectos de ley.
En estos días se convocó a una primera sesión informativa en Diputados, en la que una treintena de organizaciones gubernamentales, ambientales, sociales y académicas compartieron preocupaciones y analizaron los aspectos principales a tener en cuenta para llegar a la tan esperada ley de humedales. “ La idea es hacer reuniones semanales con productores, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones de la sociedad civil”, dijo Grosso y afirmó que harán los encuentros necesarios para que todos los actores interesados puedan participar.
“Las quemas del Delta son disparadoras, pero el tema humedales es más amplio porque hay otros humedales que también están siendo drásticamente afectados en la actualidad, como los salares de altura por la extracción y exploración de litio, y los humedales costeros marítimos de Tierra del Fuego, por el avance de las urbanizaciones”, dice Rubén Quintana, director del IIIA, y agrega que, si bien el fuego “tiene un efecto visual muy fuerte”, en el Delta hay otras prácticas como los endicamientos que también son perjudiciales y pueden pasar inadvertidos para las poblaciones urbanas.
Durante la sesión informativa, el especialista en ambiente Julián Monkes coincidió con esta idea: “Si bien el Delta es el disparador, es solo la punta del iceberg”, dijo y recordó que los humedales son sistemas heterogéneos que en la Argentina pueden encontrarse desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Por eso, una de las cuestiones principales es la definición de humedal que se debería considerar en la ley, lo que determinará qué territorios quedarán incluidos en un inventario nacional. Otros temas que generan preocupación son el ordenamiento territorial y el presupuesto a destinar para la protección de estas regiones ecosistémicas.
“Es sensato adoptar la definición consensuada para realizar el inventario nacional, en la que participaron expertos de todo el país. La definición de Ramsar es una mera enumeración de tipos de humedales y por eso no es suficiente para conceptualizar estos ecosistemas a los efectos de que la ley sea operativa”, dijo Elba Stansich, asesora en agua y ordenamiento territorial del Círculo de Políticas Ambientales, durante la sesión informativa, y consideró que el ordenamiento territorial debería ser participativo, con sectores académicos, productivos, comunidades locales y la sociedad civil, y que debería ser aprobado por ley, lo que obliga al debate en las legislaturas. “La ley también debería explicitar criterios de sostenibilidad ambiental, conservación y uso, ya que, si el ordenamiento territorial se deja librado a cada jurisdicción, corremos el riesgo de que sea desordenado e incoherente”, agregó.
Según la definición consensuada a la que hace referencia –que fue acordada por la comunidad científica nacional y luego adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en el año 2016–, se entiende por humedal a un “ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. Los sitios Ramsar, en cambio, conforman un listado de tipos de humedales adheridos a esa convención internacional.
El abogado Javier García Espilm, que fue director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la gestión de Sergio Bergman, coincidió en adoptar la definición de humedal consensuada para la realización del inventario, pero advirtió que hasta que el ordenamiento territorial y el inventario no estén concluidos será necesario “ser muy precavidos con las actividades que se habiliten”. Además, se refirió a la necesidad de que el presupuesto no sea solo una cuestión de “porcentajes, sino que se trata de asignar los recursos apropiadamente para aplicar la ley para fortalecer las capacidades locales y, sobre todo, para incentivar usos responsables del territorio que sean rentables y se apoyen en prácticas productivas alternativas”, como la agroecología, la apicultura y otras prácticas que hoy son fuente de ingresos de pequeños productores locales.
Aníbal Faccendini, director de la Cátedra Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua, enfatizó la idea de que los humedales son bienes comunes y que “hablar de humedales es hablar de agua”, y por eso no deberían ser considerados como mercancías. Además, dijo que para poder avanzar en una ley “efectiva y práctica” se necesitan tres instrumentos: personería jurídica, ley de presupuestos mínimos y jurisdicción conjunta sobre los humedales. “Tenemos que tener un Estado, a nivel federal y provincial, con perspectiva ambiental”, destacó.
Ganadería de isla
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
Los del Delta del Paraná tiene una complejidad propia dada por la heterogeneidad de sus geoformas y los pulsos del río, que alternan períodos de inundación y de sequía. “Es una región con un origen interesante, porque hace 4500 años fue un gran golfo marino. Cuando el mar se fue retirando, fue dejando geoformas que son típicas marinas, como la presencia de dunas, y cuando el mar se fue avanzó el rio, que también trabajó sobre toda la región”, explica Quintana.
En estos humedales, la producción ganadera es una actividad sumamente extendida y tradicional que data de los principios de la colonización. A fines del siglo XVI, Hernandarias introdujo los primeros 300 ejemplares de bovinos, y hay registros de traslado de ganado entre las islas y la zona continental que datan del siglo XVIII. “La ganadería tradicional del Delta, que se llamaba de isla y todavía se practica en algunas zonas, consiste en introducir las vacas en una época de aguas bajas para dejarlas dejas pastorear y, cuando llega la época de inundación, se retiran”, recuerda Quintana y advierte que eso cambio “drásticamente” en los años noventa, con el auge de la soja en la región pampeana, que provocó desplazamiento de la ganadería a zonas marginales para agricultura. “Una de las zonas que se llenó de vacas fue el Delta, que pasó de tener 160.000 cabezas en 1997 a casi dos millones en el año 2007. Ahora son menos, pero muchas más que en esa época”, apunta el especialista, que también es presidente de la Fundación Humedales Argentina.
“Los humedales son buenos lugares para hacer ganadería pero el problema es que se trató de importar un sistema de otro lugar al Delta y a los humedales en general, cuando cada zona debería tener una explotación productiva de acuerdo con sus características”, explica Quintana, y advierte que los sistemas intensivos y de mayor envergadura en infraestructura son más costosos y no puede implementarlo cualquier tipo de productor. “En general, los productores ganaderos del Delta dicen que si tuvieran dinero harían diques, porque tienen esta idea, pero hay que demostrarles que podrían tener un sistema mucho más amigable con el ambiente y que también les permitiría obtener mayores ingresos con una producción que no sea de subsistencia”, afirma.
Pero la ganadería no es la única actividad productiva del Delta. Allí también se desarrollan otras actividades igualmente importantes como la forestal, la apicultura y la pesca comercial y artesanal, a las que se suman el turismo y las actividades recreativas y deportivas, sin dejar de lado muchas actividades de subsistencia. “Hay comunidades y pobladores locales que están dentro del Delta, que hoy deben estar sufriendo por los incendios. Hoy escuché que se estaban quemando colmenas, que son de pequeños productores, y que a un productor apícola se le quemen las colmenas es como dejarlo en la calle”, se lamenta Quintana.
Todas estas dinámicas e intereses se entrecruzan en buena parte de los humedales del país e impactan en el debate y la implementación de una ley que regule las actividades y la preservación de estos ecosistemas. “La política de la conservación no entra en contradicción con la productiva, solo con aquellas que no se hacen en el marco de la sustentabilidad”, consideró Monkes durante el debate, y cuestionó: “La ley debería buscar conservar algunas áreas sensibles, pero sobre todo planificar la producción en base a las funciones ecosistémicas, así como a las prácticas culturales y productivas de cada zona. ¿De qué nos sirve tener una ley perfecta, si no vamos a contar con el apoyo de los actores del territorio para que se cumpla?”.
Ginés González García anunció que también se ensayará en Argentina la vacuna china
Gracias al trabajo en conjunto entre China y las empresas y laboratorios involucrados, iniciaremos los ensayos clínicos de su vacuna contra el covid19.
— Gines González García (@ginesggarcia) August 21, 2020
Un reconocimiento a la trayectoria clínica argentina, que nos permitirá asegurar la salud de nuestro pueblo. #ArgentinaUnida pic.twitter.com/fJNpHCkkZK
500 mil personas ya se anotaron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular
En seis semanas de funcionamiento, sin ruido en los medios, casi medio millón de personas se inscribieron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Abierto desde el 7 de julio, el RENATEP suma ya 461.810 anotados, según dio a conocer ayer jueves 20 la secretaría de Economía Social.
Los inscriptos son trabajadores informales que generan sus propios ingresos. Es decir, aquellas personas que no tienen empleo en el sector privado ni dentro del Estado, y que han debido inventarse su trabajo. En el gobierno estiman que esa franja social puede abarcar a seis millones de argentinos, más de un cuarto de la población económicamente activa.
La creación del Renatep fue impulsada por los movimientos que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), para poner en el mapa una realidad subvalorada en los análisis económicos. Uno de los debates en curso en este sentido es cómo reconocer derechos laborales a estos trabajadores: vendedores ambulantes, feriantes, gasistas, electricistas y albañiles que viven de changas, talleristas autogestivos, trabajadores de comedores populares, recicladores urbanos, quinteros de la agricultura familiar, cooperativistas, trabajadores de fábricas recuperadas y de comercializadoras alternativas.
«Se puede anotar quien no esté inscripto en la AFIP o tenga monotributo desde la categoría A hasta la D«, explica Sonia Lombardo, directora del Renatep. También quienes, teniendo trabajo en relación de dependencia, cobren menos que un salario mínimo.
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El primer dato destacable es que se inscribieron más mujeres que varones. La lectura que hacen en el Renatep de es que la economía popular está feminizada, como la pobreza.
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Si se mira por tipo de actividad, lo más llamativo es la cantidad de personas que realizan trabajos sociocomunitarios: son un 26% de los inscriptos. Es un reflejo del momento que atraviesa el país con la pandemia y la crisis alimentaria. Esos trabajadores realizan en su mayor parte tareas en los comedores y merenderos comunitarios, preparando comida, limpiando, cargando y descargando mercadería, distribuyendo viandas. También entran aquí quienes sostienen medios de comunicación barriales, agentes de salud, quienes realizan tareas para sostener la escolaridad de los chicos y otras actividades de cuidado.
Un grupo equivalente, un 27% de los inscriptos, es el de quienes trabajan en servicios personales. Las trabajadoras y trabajadores de limpieza son 21 de cada cien casos. Son mujeres que limpian casas por hora y que no llegan a ganar un salario mínimo o están en negro. Otro 10% vive de cocinar para terceros y un porcentaje similar realiza servicios de peluquería, manicuría o depilación.
Un 13% trabaja en ferias u otros espacios públicos. Su denominador común es que trabajan en la calle, y por esto son los que en este momento están más limitados por la pandemia. No es difícil pensar que una vez terminada la cuarentena, este grupo va a ser un porcentaje más alto.
Sólo 4% realizan actividades manufactureras (un ejemplo serían los trabajadores de polos textiles). También apenas otro 4% tiene trabajo en el reciclado, recuperación y servicios ambientales, un área que para poder desarrollarse necesita del apoyo del estado -especialmente de que las municipalidades reconozcan el aporte ambiental de organizar este servicio.
Los porcentajes de este desglose seguramente cambiarán a medida que se anoten más personas. Reflejan a los primeros inscriptos, que ingresaron al Renatep mediante una planilla online. Entre los registrado hay así una abrumadora mayoría de residentes en la provincia de Buenos Aires, lo que puede ser atribuido a que es una zona con mayor conectividad y donde los movimientos populares tienen un trabajo muy fuerte.
Pero además pueden recordarse otros elementos. Como se sabe, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra a un tercio de la población del país y es en este tejido urbano superpoblado donde golpeó con mayor fuerza el proceso de cierre de industrias ocurrido en los cuatro años del gobierno macrista, situación agravada ahora por la pandemia. También es en los barrios del Gran Buenos Aires donde la sobrevivencia está en este momento más ligada a la organización barrial. De los anotados, más de la mitad -el 53%- son trabajadores que generan sus ingresos de manera asociativa.
Como actividad más vinculada a la producción aparece la elaboración de alimentos, seguida de la confección de ropa. De manera incipiente se ve también en el registro que hay un desarrollo de la producción popular de productos de tocador y limpieza. La lectura que se puede hacer es que el sector está encontrando cómo obtener ingresos elaborando productos de primera necesidad.
En la Agricultura familiar se anotaron pocos, lo que es atribuido a que ya existe un registro específico para el sector, por lo que sus trabajadores no tienen tanta necesidad de hacerse visibles.
Entre los que dependen del trabajo en la calle hay un abanico muy extenso de trabajo: vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, vendedores callejeros pero con un punto fijo, comercializadoras alternativas (en almacenes o nodos), artistas callejeros, limpiavidrios. Emparentados, pero en otro rubro, están los trabajadores precarizados del transporte, entre ellos quienes hacen delivery, manejan remises o fletes.
Una de las expectativas abiertas con el Renatep es que sirva para laboralizar las políticas sociales. Saber dónde y en qué se trabaja en la economía no formal y con qué ingresos, son datos que van a ayudar a entender mejor temas como el salario social complementario, o a debatir la creación de trabajo garantizado por el estado. «Laboralizar las políticas sociales es un tema importante, pero no habría que pensar que es el único o el central», apunta sin embargo Sonia Lombardo.
Observación de AgendAR:
Una característica sorprendente de la economía argentina -rara en un país con su ingreso promedio por cápita, su base industrial y el nivel de sindicalización- es el altísimo que se mueve en la informalidad, «en negro». Se estima en un 50%, o más. Esto aparece en países mucho más, aparentemente, «tercermundistas» que el nuestro.
Por supuesto, sería un error equiparar al sector informal con la economía popular, ni siquiera con la pobreza. «En negro» también se maneja mucho dinero en Argentina. Pero lo contrario sí es cierto. La pobreza más dolorosa es la de aquellos que no tienen un trabajo formal, obra social ni sindicato. El RENATEP, como otras políticas sociales, es un paso en la dirección de visibilizarlos. Salir de esa situación, será la tarea principalmente de ellos mismos.
Un frente sindical que incluye a Camioneros y SMATA respaldará iniciativas del gobierno
El primer plenario virtual de los 60 secretarios generales del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) se pronunció por la sanción de los proyectos de ley de impuesto a las grandes fortunas y de Reforma Judicial y apostó por «el trabajo en unidad, con contenidos y mayoritario» para aportar al engrandecimiento del país en «un momento y contexto tan difíciles».
El espacio gremial afirmó que esa tarea debe incluir a sindicatos de la CGT y de la CTA y a organizaciones y movimientos sociales que respaldan al Gobierno, en un encuentro vía zoom en el que entre decenas de dirigentes participaron Pablo Moyano (camioneros) y Ricardo Pignanelli (mecánicos).
«Ese trabajo debe ser realizado con ideas claras y reivindicando la justicia social, la independencia económica y la soberanía política como eje de gestión. La unidad y las convicciones es el camino para enfrentar e inocular a los sectores que procuran la pérdida de conquistas del movimiento obrero y a empresarios que presionan por la baja salarial o la reforma laboral».
El Fresimona se pronunció también por intensificar «los esfuerzos para conquistar nuevos derechos en un mundo de grandes desafíos y cambios laborales» y respaldó nuevamente «la estrategia del Gobierno en el proceso de canje y refinanciación de la deuda externa con los bonistas privados».
«Frente a la pandemia mundial se resalta el trabajo cotidiano de millones de argentinos que, con compromiso y vocación, despliegan un rol muy importante para la sociedad. El Fresimona reconoce y agradece al personal esencial como al de la salud, que arriesga su vida a diario para proteger la de todos; de servicios públicos de transporte y básicos y a los docentes, que recrean un aula virtual desde sus casas o distribuyen alimentos en comedores escolares»
También se realzó a los camioneros, quienes aseguran «el traslado de mercaderías, y a su rama de recolección de residuos, que permite la limpieza de las ciudades; a quienes atienden comedores y merenderos y asisten a adultos mayores o a personas con discapacidad; a los bancarios y al personal de alimentación, entre otros.
La Secretaría de Energía anuncia la reactivación del proyecto CAREM
Reactivamos las obras del prototipo CAREM, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado en Argentina.
— Secretaría de Energía (@Energia_Ar) August 20, 2020
Su construcción posiciona a nuestro país como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores de generación eléctrica de media y baja potencia. ??? pic.twitter.com/czZKHpTkvP
Hugo Sigman habló sobre la cooperación pública-privada y la biotecnología
Hugo Sigman habló de la importancia de la cooperación entre el sector científico y la estructuración público privada para que el país logre «producir con valor agregado y generar exportaciones».
El empresario habló ayer en el Argentina Visión 2020/40, un encuentro anual organizado por ADBlick Agro, el IAE Business School y el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral de Rosario, en el que la dirigencia y los líderes de los agronegocios dan su visión sobre la Argentina en el mundo que viene.
En las últimas semanas, el fundador del laboratorio mAbxience cobró nueva relevancia pública cuando se dio a conocer que formará parte del proceso de producción de una vacuna contra el coronavirus en la Argentina, desarrollada por la farmacéutica Astra Zeneca y la británica Universidad de Oxford. También, en menor grado, por haber sido atacado en una columna del periodista Carlos Pagni.
Sigman explicó cómo fue el proceso de creación de la planta «para la fabricación de vacunas en Argentina» después de la propagación de la gripe A H1N1 en 2009. «La única vacuna para esa peste que había en el mundo era para los países desarrollados» y aclaró que este motivo lo impulsó a armar y desarrollar los recursos necesarios para que el país tenga los avances científicos para otra posible futura pandemia.
«Ahora estamos trabajando para que la Argentina no se quede sin vacunas para prevenir la Covid-19», dijo. El empresario también subrayó que en el país hacen falta grupos de trabajo en la investigación básica, por eso Insud decidió involucrarse en esa línea «y crear productos que están patentados en todo el mundo», pero de desarrollo argentino.
«Acabamos de poner en estudios clínicos el tratamiento con el suero equino para la Covid. La compañía no tiene que estar inspirada nunca en el beneficio sino en la excelencia». Dijo que el producto siempre debe ser el mejor y «la excelencia tiene que estar presente en todo el colectivo de personas de la compañía».
Sigman también se refirió a un pequeño fondo de inversiones que se inició junto con la Cámara Argentina de Biotecnología para poder desarrollar proyectos de jóvenes que querían transformarse en empresarios. «Se recibieron inversiones de otros países, de empresas vinculadas al agro que buscaban adquirir los recursos necesarios para poder desarrollarse. Nos inspiramos en compañías relacionadas al sector agropecuario, como Bioceres«.
Esa compañía, dijo, es como una gran cooperativa de productores agropecuarios con 300 socios, con los que se juntan «para tratar de crear en la Argentina y con investigación local, una compañía de biotecnología vegetal».
La empresa, que hoy cotiza en la bolsa de Estados Unidos, es una compañía que hoy tiene un desarrollo patentado mundialmente, el gen HB4 de tolerancia a sequía e inundación, las dos caras del cambio climático en el agro argentino. Este producto, dijo, nació de una cooperación con otra compañía del sector productor.
«Este modelo de cooperativismo es un poco altruista, de tratar de desarrollar una empresa relacionada con la tecnología vegetal en un país con una relación tan fuerte en la actividad agropecuaria. Nos sirvió de inspiración a nosotros en la Cámara (Argentina de Biotecnología) para fundar el fondo de inversión». Según sostuvo, este tipo de acciones son imposibles de lograr sin una cooperación del sector científico y la otra parte involucrada, el campo.