La CNEA e INVAP resisten: diseñan una planta para exportar radiofármacos

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Éste proyecto en común de las dos instituciones es una planta de radioquímica. Se destinará a formular como radiofármacos los radioisótopos de fisión que produzca el reactor RA-10 de Ezeiza. 

Obviamente no servirá de nada si el gobierno de Javier Milei decide no terminar el reactor, cosa que jamás anunció oficialmente pero está haciendo en la práctica con el más simple de los recursos: negando fondos.

En esta planta de radiofarmacología hay dos asuntos importantes: tanto la CNEA como INVAP han construido unidades similares en el país, como la actual en Ezeiza, que manipula, refina, formula y vende la producción del viejo y confiable RA-3. 

La planta CENTIS de radioquímica farmacológica construida por INVAP en Cuba. Abastece los hospitales de medicina nuclear de todo el país.

Pero además INVAP ha exportado otras plantas de este tipo a la India y Cuba. A recordar, la India tiene el tercer programa nuclear más activo, fuerte y sofisticado del mundo. Que le haya comprado una unidad de producción a INVAP, (entró en línea la semana pasada) da una muestra de cómo nos ve el mercado nuclear mundial. Nos identifica como un proveedor confiable, y además el origen de los reactores multipropósito de Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y desde 2018, Holanda.

El OPAL de Australia se terminó en 2006 y se volvió rápidamente la fuente (bien remota) de fármacos de diagnóstico y tratamiento de la medicina nuclear de Canadá y EEUU, además del australiano y de los países de Oceanía. Con apenas 20 MW de potencia, llegó a dominar el 40% del mercado mundial. Y eso, porque es un fierrazo: no se rompe y su núcleo, comparativamente pequeño, logra irradiar cantidades enormes de distintas sustancias químicas precursoras. Trabaja 6 días por semana.

El de Holanda es una licitación que se ganó 2 veces: en 2008 (y Amsterdam decidió no encarar la obra, debido al impacto recesivo de la quiebra en cadena de Lehman Brothers y de los mayores bancos estadounidenses). Pero luego relicitó, porque Holanda es el 2do proveedor mundial de radioisótopos, y su viejo reactor de producción PALLAS, en las costas de Petten, en la provincia de Frisia, está viejo de solemnidad y se rompe más de lo que anda. 

Para sorpresa de nadie, en esa nueva licitación participó todo el mundillo nuclear, tras sucesivos descartes volvimos a quedar los mismos contendientes (Rusia, Corea del Sur y nosotros). Y volvimos a darles la paliza.

Esto luego nos permitió ganar casi con facilidad en Arabia Saudita. «Casi» es un decir, nomás.

Sintetizando, en materia de plantas para medicina nuclear y de radioisótopos industriales, somos el número uno mundial. Lo cual no nos ha ganado mayor cariño por parte de los EEUU, cuyas ofertas siempre fueron derrotadas por INVAP hasta que decidieron no presentarse más, alrededor de 2006.

Si hay que resumir nuestra relación competitiva con el país que literalmente inventó la energía atómica, los corremos con la vaina en reactores multipropósito. Y aunque tienen 94 centrales nucleoeléctricas, en los últimos 40 años sólo se pudieron vender dos a sí mismos (Vogtle 2 y 3), y se han vuelto tan ineptos en obra y montaje nuclear, que triplicaron el tiempo de terminación y cuadruplicaron costos.

Por último, en materia de pequeñas centrales modulares, o SMR, tienen decenas de proyectos de lo más variados, todos ellos en planos. El más avanzado capotó por sobrecostos en 2023, sin haber siquiera iniciado la excavación de cimientos. Nosotros, en cambio, tenemos una obra con algunas incógnitas técnicas a resolver, pero con un avance del 70% en la construcción civil: el CAREM. Paralizado tanto en planos como en obra por todos los presidentes nombrados «ut supra», pero ahí está, concreto y tangible, al lado de las Atuchas 1 y 2.   

Esto explica que el mercado mundial nos vea como un competidor fortísimo, y que en cambio las entidades multilaterales de crédito como el FMI, o gobiernos como el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y hoy Javier Milei, entiendan a la CNEA e INVAP y sus obras como un terrible dolor de huevos en su política de relaciones carnales (más bien pasivas) con los EEUU. 

Nos quieren hacer rendir ante un competidor derrotado por sí mismo, por obra de una mezcla indescifrable de ecologistas, genios financieros que creen que la energía nuclear es cara, y un gobierno que tiró la toalla. Es rendirse ante un vencido.

Sin duda, en la cruzada antinuclear ningún gobierno argentino (es un decir) llegó a los extremos del actual. Mientras dure Milei, el RA-10 no se completará, aunque en diciembre de 2023 estaba a dos años de inaugurarse. Por ende, esta planta de radioquímica anexa no entrará siquiera en obra. 

No hay modo de creer que en esto hay ahorro alguno. Con la red de ventas internacionales de la Argentina, y los 30 MW térmicos de potencia y la sofisticación del RA-10, esta planta puede dominar el 20% del mercado mundial de radioisótopos casi al toque de inauguración. Este año cerrará en U$ 9.920 millones, y contando. Para el 2029 se estima que habrá crecido a U$ 14.770 millones.

En suma, la planta de radioquímica anexa al RA-10 forma parte de un dispositivo para exportar al menos U$ 3000 millones en 2029 en radiofármacos y dar batalla contra Francia, Rusia, Australia, Sudáfrica, Bélgica y Holanda, los proveedores principales. Batalla de la buena, porque todos ellos tienen plantas viejas y hechas percha, o nuevas pero no terminadas… salvo quienes se compraron un reactor argentino. 

Vendiendo de movida nomás U$ 90 millones/año de radioisótopos médicos y silicio irradiado para la industria electrónica, en cuatro años repaga su costo de U$ 360 millones. Y habida cuenta la hoja de vida de grandes reactores de producción de radioisótopos como el RP-10 peruano, el INSHAS egipcio y el OPAL australiano, tiene muchas garantías de al menos medio siglo más de operación sin necesidad de grandes reparaciones o rediseños.

Para el caso, su predecesor nacional, el RA-3, repotenciado sucesivamente de 3 a 5, a 7 y finalmente, sigue activo desde 1967. Abastece la medicina nuclear local y la del Cono Sur, incluido todo el sur de Brasil.

Si en el desastre actual la CNEA e INVAP se siguen reuniendo para planificar nueva obra, no es porque piensen desaparecer. Piensan a largo plazo, y han visto pasar los entierros de muchos de sus enterradores.

Daniel E. Arias 

Patagonia: vuelve el interés europeo en energías renovables e hidrogeno verde

Este viernes se llevó a cabo en esta ciudad el Foro Transición Energética e Hidrógeno Verde organizado por el gobierno de Chubut y la PlataformaH2 Argentina. En el encuentro, referentes de empresas dedicadas a las energías renovables, funcionarios, representantes de cámaras empresariales y de la Unión Europea analizaron cuál es el potencial que posee la Argentina para producir y exportar hidrógeno, industrializar sus recursos y cumplir con los compromisos internacionales a fin de lograr una reducción de las emisiones. 

La apertura del evento estuvo a cargo del gobernador patagónico Ignacio Torres que aseguró que la agenda de transición es transversal y que su provincia tiene mucho para dar. “La Argentina necesita divisas y el mundo transición. Podemos converger en una agenda en común. Tenemos que poner esta agenda como prioridad. Los pueblos que no se sientan a pensar una agenda a mediano y largo plazo son descartables”.

Asimismo, el gobernador sostuvo: “Con el petróleo fuimos el motor energético del país. Ahora estamos en un momento en donde la empresa de bandera se replantea las inversiones y nosotros tenemos que pensar qué oportunidades se nos presentan para el largo y mediano plazo”. 

Torres consideró que es necesario que exista un marco normativo que le de sustento al hidrógeno verde, que se apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -propuesto en la Ley Bases-, ir hacia la calidad institucional y ser competitivos.

Cooperación internacional para impulsar el desarrollo

El segundo bloque del encuentro estuvo dedicado a la cooperación internacional. Allí, Pablo Iglesias Rumbo, agregado de cooperación, de la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina; Juan Manuel Albisetti, asesor comercial de la Embajada de Países Bajos; Raimundo Ruiz Von Dessauer, oficial del Departamento Político de la Embajada de Alemania en Argentina; y Sebastián Murúa, de la Agencia de Cooperación Alemana; adelantaron que se está trabajando en la formulación de un proyecto de cooperación con la Argentina vinculado al compromiso de atraer inversiones europeas al país.

En ese sentido, remarcaron que será clave la cooperación internacional para cumplir con las metas de descarbonización de los países industrializados de la UE, y que la Argentina se presenta como un socio estratégico por su eficiencia en cuanto a la generación de energía renovable.

También, destacaron que es fundamental que se den este tipo de sinergias para potenciar el desarrollo de la tecnología, compartir conocimientos y lograr así la competitividad. No obstante, advirtieron que es necesario que haya un marco regulatorio y reglas de juego claras que atraigan y fomenten las inversiones.

Cuellos de botella

En el segundo bloque, también se abordó la cuestión del marco regulatorio para impulsar el desarrollo del sector y aprovechar todo su potencial. Juan José Rivera, secretario de Ambiente de la Provincia de Chubut, advirtió la necesidad de contar con la participación de todos los actores involucrados a la hora de tomar decisiones vinculadas a la transición -gobierno nacional, provincial, empresas, comunidad. 

Por su parte, Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (CEARE), se refirió a las ventanas de oportunidad que se le abren al país con el desarrollo del hidrógeno y explicó que se van a exportar los productos que derivan de él. A su vez, que esto va a permitir la creación de polos industriales, que van a existir hidroquímicas, con fábricas de fertilizantes y cemento. Y también, que va a ser posible producir amoníaco.

RIGI y marco regulatorio

En cuanto al Régimen, Juan Manuel Alfonsín, presidente Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), planteó que el RIGI posee muchas ventajas, pero también aspectos a corregir. Puesto que argumentó que el plazo de ingreso que establece es de dos años y que un proyecto de hidrógeno verde requiere entre 12 y 15 años. También, que fija un tope de 900 millones de dólares, cuando en el sector se encuentran analizando iniciativas que se ubican por arriba de los 20.000 millones de dólares.

De igual manera, Alfonsín y Fernando Antognazza, gerente general de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), repararon en uno de los cuellos de botella que posee el segmento que está ligado a la saturación de las líneas de alta tensión. En este sentido, detallaron que la Argentina tiene 36.000 kilómetros de líneas y que se precisan 40.000 kilómetros. Además, que cada kilómetro cuesta un millón de dólares, lo que significaría 40.000 millones de dólares sólo en redes de transporte. Por último, señalaron que se debe generar un contrato a largo plazo para el uso de la tierra, con los estudios de impacto ambiental.

Gustavo Menna, vicegobernador de la Provincia de Chubut; y Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut, que también participaron del Foro, coincidieron en que se necesitan leyes e institucionalidad. Que las inversiones van hacia donde hay reglas claras. En esa línea, se refirieron a los proyectos de Ley que fueron presentados y aseguraron que el objetivo consiste en impulsar y generar el ecosistema para poder lograr su tratamiento, que hay consenso sobre este tema y que el proyecto cuenta con un gran acompañamiento.

Proyecto de Ley

Natalia Catalano, directora Centro de Transición Energética y Sustentabilidad, UTN-BA, disertó sobre el proyecto de Ley en el que se trabajó desde la Plataforma y lo comparó con el proyecto de Ley presentado por el ex ministro de Economía Sergio Massa. Sobre este punto argumentó que es importante tener estabilidad jurídica e incentivos. Que en el proyecto presentado no hay limitantes para ingresar en el régimen en cuanto a cómo tiene que estar compuesto el equipamiento mientras que indicó que en el proyecto de Massa se pide un mínimo de componente nacional en infraestructura y equipamiento del proyecto.

 “La industria del hidrógeno no tiene escala, por ende, no hay proveedores a nivel nacional. Si pedimos un mínimo de equipamiento de producción nacional, es algo restrictivo para el hidrógeno verde. En nuestro proyecto, a las iniciativas que tengan componente nacional se las premia”.

Cadena de valor y oportunidades para las provincias

El cuarto y quinto bloque del Foro estuvo dedicado a la visión de las cámaras industriales, a la planta de hidrógeno de Hychico, y a las empresas del sector de renovables. Annika Klump, de la Cámara Argentino Alemana de Comercio e Industria (AHK), sostuvo que Alemania tiene una necesidad grande de importar hidrógeno, puesto que no tiene recursos abundantes, por lo que hay una intención de querer acompañar el sector. “Las empresas socias de la Cámara quisieran estar más activas, pero necesitan estabilidad fiscal, jurídica, visión y previsibilidad a largo plazo, marco legal. Sin embargo, la versión actual del RIGI no se adapta a la realidad del sector”.

Ariel Pérez, gerente de Energías Renovables de Hychico, habló del desarrollo de la planta y destacó la cadena de valor que se creó en torno a ella. También, dijo que las experiencias de Comodoro Rivadavia permitieron que puedan trabajar con la Unión Europea.

“Ahora resulta fundamental pensar en cómo integrarnos a nuestros vecinos y ser más fuertes. La transición tiene que ser justa. Hay que pensar en la sociedad, en lo que se deja y en el desarrollo territorial, que Puerto le vamos a dar a la comunidad, que va a pasar con el medioambiente. Hace falta del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto. Veo un gran potencial. Queremos que ese potencial se transforme en movimiento», aseguró Pérez.

Ignacio Devitt, de Genneia; Juan Pedro Agüero, de RP Global; Carlos Seijo, de CWP Global; Sebastián Otero, de Fortescue; y Favio Felice, de PCR; analizaron cuáles son las condiciones que posee la Argentina para la producción de hidrógeno y los desafíos que se le presentan en la materia. También, el rol que deberán ocupar las compañías.

Los representantes de las compañías coincidieron en que el RIGI se plantea como un buen punto de partida, pero que también es necesario que exista un marco regulatorio, y una ley de hidrógeno para aprovechar el potencial del sector y promover la inversión.

Cambios en el régimen

Por último, Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, expresó: «Fueron muchos años de una mirada diferente que tenemos que ir modificando. Estamos trabajando en la transición. Eso da un mensaje. En más de la mitad de las reuniones que tuve con el secretario de Energía se habló de potenciales inversiones en hidrógeno verde y Gas Natural Licuado«. 

Por último, aseguró que «el RIGI, aunque hay que ajustar algunas cuestiones, y la Ley Bases son fundamentales. Nos encontramos trabajando en la propuesta de la Ley de hidrógeno. Estamos haciendo un cambio total para minimizar los riesgos. Trataremos de intervenir lo mínimo e indispensable y haremos un esfuerzo enorme para no obstaculizar a los privados».

El programa Autopilot (Piloto Automático) de Tesla está matando peatones, ciclistas y automovilistas

Un informe del ente federal de tránsito vial de EE.UU, concluye que el sistema Autopilot de Tesla estuvo implicado en al menos 14 accidentes mortales. En ellos los conductores hicieron un uso indebido del sistema. Eso el fabricante de automóviles debió haber previsto y evitado. Aún más, el informe calificó a Tesla de «caso atípico del sector» porque sus funciones automatizadas de asistencia al conductor carecían de algunas de las precauciones básicas de sus competidores. Ahora, los reguladores dudan de que las actualizaciones del programa Autopilot que presuntamente soluciona estos problemas básicos de diseño han sido eficaces.

Los 109 accidentes frontales dejaron 14 muertos y 49 heridos, según los datos recopilados y publicados por la National Highway Traffic Safety Administration, el regulador federal de seguridad vial en Estados Unidos.

Al menos la mitad de esos 109 de «plano frontal» analizado por los ingenieros federales describen un Tesla que chocó contra un vehículo u obstáculo directamente en su trayectoria. En todos ellos, el objeto o persona chocado fue claramente visible al menos 5 segundos antes del impacto. Es tiempo suficiente como para que un conductor humano atento clave frenos, o dé un volantazo para esquivar o mitigar lo peor del choque, según la NHTSA.

En uno de estos accidentes, ocurrido en marzo de 2023 en Carolina del Norte, un Modelo Y que iba rápído por la autopista atropelló a un adolescente que salía de un ómnibus escolar. El chico, herido grave, fue evacuado a un hospital en helicóptero. La NHTSA concluyó que «tanto el ómnibus como el peatón habrían sido visibles para un conductor atento y éste habría podido evitar o minimizar la gravedad de este accidente». (Nota de Agendar: en todos los estados y condados de EEUU, los buses escolares son enormes, idénticos por diseño, y se pintan del mismo color rabioso, «amarillo señal»).

Los ingenieros del gobierno escribieron que, a lo largo de su investigación, «observaron una tendencia de choques evitables ante peligros visibles para un conductor atento.»

Tesla, que disolvió su departamento de relaciones públicas en 2021, no respondió a una solicitud de comentarios (de la revista WIRED, fuente de este artículo).

En forma condenatoria, el informe calificó a Tesla como «un caso atípico en la industria» por su enfoque de los sistemas de conducción automatizada. A diferencia de otras empresas automovilísticas, según el informe, Tesla dejó que Autopilot funcionara en situaciones para las que no estaba diseñado (Nota de Agendar: tránsito urbano y suburbano, multidireccional, complejo y con peatones). No lo subordinó a un sistema que obligara al conductor o usuario a prestar atención a la carretera.

La NHTSA concluyó que incluso el nombre del producto (Autopilot) era un problema, ya que animaba a los conductores a entregarse al sistema en lugar de colaborar con él. Los reguladores dicen que la competencia de Tesla en el nicho de la «automoción» suelen utilizar nombres colaborativos como «asistencia» o «equipo», porque estos sistemas no están diseñados para conducir por sí solos.

El año pasado, California acusó a Tesla de publicidad falsa por sus sistemas Autopilot y Full Self-Driving. Ese estado dice que Tesla engañó a sus clientes, haciéndoles creer que los coches podían conducirse solos. Como toda contestación, Tesla afirmó que el hecho de que ese estado no se opusiera a la marca Autopilot durante años constituía una aprobación implícita de esa estrategia publicitaria.

La investigación de la NHTSA también concluyó que, en comparación con los productos de la competencia, Autopilot se resistía cuando los conductores trataban de recuperar el manejo de sus vehículos. Por diseño, Autopilot desalienta a los conductores de siquiera participar en la conducción, contestaron los reguladores californianos tras estudiar dos años y medio de accidentes.

Una nueva investigación sobre el piloto automático

Estos accidentes se produjeron antes de que Tesla borrara y actualizara su software Autopilot mediante una actualización remota a principios de este año. Pero además de cerrar esta investigación, los reguladores también han abierto otra nueva para determinar si las actualizaciones de Tesla, introducidas en febrero de 2024, fueron suficientes para evitar que los conductores hicieran uso indebido del software, no percibieran si estaba activado o no, y sobre todo lo activaran donde no se puede ni debe.

La revisión se produce después de que un conductor del estado de Washington dijera la semana pasada que su Tesla Model S estaba en Autopilot -mientras él utilizaba su teléfono- cuando el vehículo golpeó y mató a un motociclista.

La agencia también examinará las declaraciones de Tesla según la cual los conductores pueden optar por partes de la revisión, y son fácilmente capaces de revertirlas igualmente por partes.

Según Tesla, las correcciones posteriores al borrado + actualización son más estrictos con la desatención del conductor mientras usa Autopilot. La versión emparchada incluye mensajes de voz tales como; «Por favor, preste atención a la carretera», y la restricción forzosa del uso del programa por conductores cuando se los detecta distraídos en sitio peligroso.

«Tesla debería tomarse en serio la supervisión del conductor y limitar su uso a las carreteras para las que está diseñado, por el amor de Dios», afirma Phil Koopman, profesor de ingeniería de la Universidad Carnegie Mellon cuya investigación incluye la seguridad de los coches autoconducidos. Sin una intervención más seria, afirma Koopman, el ciclo de nuevos accidentes, investigaciones federales y estatales, borradura, emparchamiento y nuevo despliegue por Tesla podría prolongarse durante años.

Expertos en seguridad automovilística de la publicación Consumer Reports concluyeron en febrero que las correcciones de Tesla no evitaban el uso indebido del Piloto Automático.

La nueva investigación llega en un mal momento para el fabricante de coches eléctricos, que se enfrenta a sus peores cifras de crecimiento de ventas e ingresos en años. El otoño pasado, Tesla también reveló en documentos regulatorios que se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre su función Autopilot y de los escenarios de conducción que Tesla considera aptos para despliegue del sistema.

Además, el momento es muy inoportuno para Tesla, porque está impulsando aún más la conducción autónoma. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, se mostró imperturbable ante la reciente caída de la compañía y se centró en el trabajo de Tesla en el campo de la autonomía y en sus planes para poner en marcha un servicio de taxis totalmente autónomos. «Realmente, deberíamos ser considerados como una empresa de inteligencia artificial o de robótica», dijo. «Si se valora a Tesla como una empresa automovilística… fundamentalmente, es el marco equivocado».

Musk ha dicho que la empresa presentará en agosto un robotaxi de Tesla, llamado Cybercab. Esta misma semana, Tesla ha rebajado un tercio, hasta 8.000 dólares, el precio de su función más avanzada de asistencia al conductor, denominada Full Self-Driving. La empresa empezó a ofrecer a sus clientes pruebas gratuitas de 30 días de FSD el mes pasado.

Pero ahora, su función automatizada original, Autopilot, su nave insignia, se encuentra bajo un nuevo escrutinio.

Comentario de AgendAR:

El sistema Autodrive es una mentira desde su mismo nombre, y lo dice una agencia federal norteamericana notablemente «business friendly». Pero como dato de lo irrelevante que se está volviendo Tesla dentro del imperio de empresas de Elon Musk, la respuesta del sudafricano ante el tendal de víctimas de su sistema de pilotaje robótico fue… eliminar el sector de comunicación pública de su empresa.

A quejarse a Magoya, como dicen en Austin, Texas, sede de un imperio nacido en el Silicon Valley. ¿No se parece mucho a lo que hace tu banco con ciertas inexplicables diferencias de saldos, o tu prepaga cuando solicitás permiso para una prestación? Todo bien con la automatización, pero está siendo usada deliberadamente en contra no sólo del personal humano, sino de los consumidores de productos y servicios. La respuesta de Musk, que se hizo rico con Paypal y desde esa posición de billonario lanzó Tesla, es que cuando alguien se mata o mata a alguien con su sistema de conducción robótica, las quejas las atienda también un robot. Genial.

Si a eso le sumamos el bajón histórico de las acciones de Tesla, todo indicaría que Musk está con la cabeza y la plata en otras cosas que considera más importantes. Son sus proyectos duales con el Pentágono y DARPA, básicamente la empresa SpaceX, la más exitosa del mundo en materia de lanzamiento a órbita, y Starlink , su megaconstelación de satélites de comunicación y/o espionaje. Ambas están integradas verticalmente. Esto supone un dominio casi perfecto del precio mundial de la puesta en órbita y del ancho de banda de telecomunicaciones satelitales rápidas.

Si esto es verdad, tal vez su firma de automóviles presuntamente robóticos terminará cerrando o vendida. Ya no la necesita. Mientras, está echando personal a patadas.

Su desinterés lo explica el propio Musk. cuando dice que interpretar a Tesla como automotriz es un error, porque es más bien una firma informática, o de movilidad, o de robótica, o de servicios, o todo un poco. Tal vez lo sea, pero los consumidores por ahora prefieren comprar autos que no los maten y que no maten a otros.

Y es que si no lo hacen, sus Tesla los va a terminar asegurando sólo Magoya Brothers.

Por ahora, fuera de un segmento extremadamente juvenil, tecnófilo y adicto a los videogames, las redes sociales y la telecomunicación permanente, milennials dispersos y con un lapso de atención algo inferior al minuto, quien se compra un auto todavía pretende que le pertenezca a él/ella. No a Musk. Y éste lo sabe. 

Hoy por hoy, cuando esta firma te cambia sin permiso el sistema operativo del auto y te lo cobra, lo estás recomprando permanentemente. Es un modelo de sumisión monopólica del cliente que nació en el Silicon Valley, como Musk. Pero el modelo está muy quemado, sobre todo en las ingenierías «fierreras». Microsoft lo creó, explotó y reventó con Windows, y lo que ha logrado en los últimos 15 años es generar una emergencia imparable del uso de software libre entre otros milennials, aquellos que pretenden que no les teledirijan o discapaciten la computadora a voluntad de esa empresa,de Redmond, Washington. Famosa, dicho sea de paso, por las colgaduras y vulnerabilidades de sus sistemas operativos, el control policial de las licencias de sus usuarios, y sus precios abusivos. 

Y ojo, dije «jóvenes», no «jóvenes nerds». A mediano plazo, o Microsoft inventa otras cosas u otros modelos mejores de negocios, o va rumbo a la irrelevancia.

Fuera de un circuito o circo de groupies y trolls de Musk, que los tiene, tal como en su tiempo supo generar uno el difunto Steve Jobs alrededor de Apple, no parece que el hombre más rico del mundo esté logrando una sumisión total de los compradores de sus autos a su persona. Máxime cuando las automotrices viejas, reales y con un siglo o más de sabiduría metalmecánica acumulada tratan de diferenciarse. Entre otras cosas, evitando vender humo informático, y en cambio vender mejor hardware. Es muy fácil tenerlo: ¿Conocés algún modelo de Nissan, Ford, Toyota o BYD que te impongan una carrocería de aluminio? ¿Alguna vez trataste de sacarle un bollo a un capot o baúl de aluminio?

En EEUU, tierra de abogados y de juicios colectivos, Ford y GM, por nombrar dos grandes y viejos, evitan el «Vos, fumá» implícito  en el nombre «Autopilot». Tratan de mil maneras de no sugerirte que sus propias versiones de conducción robótica son confiables al punto de que vos, el conductor, manejes mirando el celular en un medio ambiente urbano o periurbano. 

Y es que en medido en términos de ancho de banda y alcance de sensores y de capacidad de procesamiento y de respuesta, o de planificación de acciones en un escenario ligeramente caótico y cambiante, despegar y aterrizar un avión de línea es más mucho más sencillo que salir de a General Paz e ingresar a Libertador. O que evitar las acrobacias mortales de los rappiteros frente a la trompa de tu auto en la Avenido Córdoba, CABA, y ni hablemos de la ciudad de Córdoba.

Para no ser parroquial y miope (y WIRED en un punto, lo es), hay que ver las cosas en contexto mundial.

Los hasta ayer temibles tanques Abrams, Leopard y Challenger de la OTAN en Ucrania parecen alimento balanceado (y del caro) para misiles, minas y drones rusos (de lo más baratos. Así las cosas, no es imposible que el próximo comprador de un sistema de conducción robótica de Musk sea el Pentágono, más que las compañías de taxis de los EEUU. Y tampoco es imposible que este sistema se use en blindados autónomos o semiautónomos sin tripulantes.

Siendo el Departamento de Defensa el comprador, no habrá modo en que sean baratos. Pero si matan más soldados propios que enemigos, es menos probable que Tesla se ligue juicios. Y no habrá entes reguladores que jodan.

Tesla se pinchó, pero hasta ahí nomás.

Musk no: sus infinitas relaciones carnales con el aparato militar espacial y terrestre de los EEUU lo vuelven a prueba de balas.

Por ahora. 

Daniel E. Arias

Para más datos sobre esto, ver nuestra serie: «Tu auto es cada vez menos tuyo», que fue publicada en cinco partes.

La 1° parte de esta extensa nota está aquí; la 2°, aquí; la 3°, aquí; la 4°, aquí; la 5°, aquí)

Las jubilaciones perdieron entre 28,5% y 43,7% de su poder de compra en un año

Con sus ingresos de marzo, los jubilados del sistema general de la Anses pudieron comprar un 16,1% menos de lo que podían adquirir en diciembre con lo percibido en ese entonces. Ese recorte del poder adquisitivo es la manera en que se notó en los bolsillos el ajuste del gasto público en términos reales que, con otros factores, le permitió al gobierno de Javier Milei lograr un superávit fiscal en el primer trimestre del año. Es el efecto “licuadora”, que implica congelar el gasto, o subirlo nominalmente, pero muy por debajo de la inflación.

Si se compara la capacidad de compra de los haberes (considerando los bonos que cobra alrededor del 45% de los jubilados, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social) con los de un año atrás, la caída en marzo fue de entre 28,5% y 43,7%, según de cuánto sean los ingresos. En este mes, para el cual se estima que la inflación será de alrededor de 10%, el sistema de actualizaciones entra en un punto de inflexión y la situación tenderá a aliviarse: a partir de ahora habrá reajustes mensuales y por inflación, y solo por abril al porcentaje de la variación del IPC se le agrega una recomposición extraordinaria (la suba de los haberes -no del bono- es, concretamente, de 27,4%).

En marzo se otorgó la primera recomposición de este año y fue de 27,18%, luego de dos meses en los que los haberes se mantuvieron sin variación. En el primer trimestre, según el Indec, la inflación acumulada fue de 51,6%: el índice fue de 20,6% en enero, de 13,2% en febrero y de 11% en marzo. En 2023, en tanto, como efecto del alza de precios y de la aplicación de la fórmula de movilidad diseñada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las prestaciones se deterioraron, en términos reales, entre un 14,1% un 37,4%.

La modalidad de reajustes aprobada por ley a fines de 2020 y que quedará sin efecto este año, resultó muy insuficiente frente a una inflación con tendencia creciente, que en los 12 meses del año pasado fue de 211,4% (la movilidad jubilatoria resultó de 110,9%). Esa fórmula del gobierno anterior perjudicó a los jubilados con especial fuerza en diciembre último: ese mes se le aplicó un tope al porcentaje de suba de las prestaciones (un tope que se había previsto en la ley), incluso en un contexto en el cual ya se venía dando una fuerte caída del valor real de los haberes. Así, en lugar de otorgarse un reajuste de entre 28% y 29% (el porcentaje resultante del cálculo), solamente se dio un 20,87%.

En su discurso por cadena nacional del lunes por la noche, el presidente Milei afirmó que “de los 5 puntos de déficit del Tesoro que ajustamos, solo 0,4% responden a una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones”.

La licuación de los haberes, sin embargo, no fue un hecho menor para superar el déficit de las cuentas públicas. Las prestaciones de la seguridad social fueron el 40,2% del gasto total, según consigna un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Y el efecto en los bolsillos no fue menor para los jubilados y pensionados, cuyo poder de compra se deteriora casi continuamente desde fines de 2017.

Dentro del primer trimestre de este año, el deterioro del valor de los ingresos con respecto a diciembre se sintió con mayor fuerza en febrero. En el primer bimestre, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 36,6%, al tiempo que los montos percibidos no se modificaron. Esa situación se tradujo en una caída del poder de compra de 26,8% en comparación con diciembre de 2023. En tanto, solo en el primer mes del año la caída respecto de diciembre fue de 17,1%.

Pérdidas diferenciadas en el último año

En los primeros tres meses del año la pérdida fue de igual magnitud para todos. En cambio, cuando se miran los datos interanuales, existen diferencias según cuál sea la situación de cada persona frente al pago de bonos o refuerzos, que responde a una política discrecional.

En marzo último y en comparación con igual mes de 2023, el ingreso de quienes cobran solo el haber mínimo y, por tanto, reciben el refuerzo que en marzo fue de $70.000, tuvieron un deterioro de poder adquisitivo de 28,5% (en su mayoría, son personas que accedieron a su prestación por moratorias). En tanto, la caída fue de 40,9% para quienes nunca recibieron el refuerzo. Y de mayor magnitud aún, de 43,7%, para los jubilados que un año atrás percibían un bono, pero dejaron de cobrarlo en septiembre pasado. Este último es el caso, por ejemplo, de alguien que en marzo de este año tuvo un haber bruto de $229.173 y que en el tercer mes de 2023 había cobrado $100.000 más un bono de $5000.

Durante 2023, en tanto, quienes tienen solo un haber mínimo fueron también (por cobrar el bono) quienes menos perdieron. Pero, aun con el refuerzo, tuvieron en diciembre un ingreso que les alcanzó para comprar un 14,2% menos que lo que habían podido adquirir con lo percibido a fines de 2022. Quienes nunca percibieron el refuerzo sufrieron una caída del valor real de sus ingresos de 32,3%, y quienes cobraban bonos, pero ya no los tuvieron más desde septiembre de 2023, perdieron en el período un 37,4%.

Gasto licuado

En los números macro del Estado, esa pérdida en los bolsillos tuvo su correlato en una caída de 31,4%, en términos reales, del gasto asignado las prestaciones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Es decir, en el primer trimestre se destinó a las jubilaciones y pensiones casi un tercio menos de recursos que en igual período de 2023, medidos los datos en términos reales (corregidos por inflación).

“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, como así también de la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, analiza el informe de la OPC.

Qué pasará de ahora en más

La fórmula de movilidad a la que alude el comentario es la incluida en la ley 27.609. A partir de julio próximo ya no regirá más y los reajustes trimestrales que se derivan de ella serán reemplazados por subas mensuales que irán replicando los porcentajes de variación del IPC con un rezago de dos meses.

Entre abril y junio rige, por disposición del DNU 274, un sistema de transición o “empalme”. La fórmula aún está vigente y el Gobierno va otorgando subas cada mes a manera de anticipos. El primer aumento bajo ese esquema provisorio es el de este mes de abril (un 27,4%, que surge de considerar el IPC de febrero y de agregar un incremento extraordinario); el segundo reajuste, en mayo, será de 11% (ese fue el nivel de inflación de marzo), y el tercero, en junio, replicará la variación que haya tenido el índice de precios en el actual mes de abril.

Cuando llegue junio, el incremento acumulado en el trimestre se comparará con el resultado de la fórmula que rigió en los últimos años (porque, como ya se comentó, sigue vigente hasta ese mes). Ese resultado estará basado en la variación que tuvieron la recaudación de impuestos y los salarios en el primer trimestre de este año. Si el índice surgido de ese cálculo es mayor que la suba efectivamente otorgada en los tres meses, se compensará esa diferencia con una suba extra.

La movilidad jubilatoria se aplica sobre los haberes propiamente dichos. No alcanza al monto del bono que, de hecho, mantiene en abril y en mayo el mismo valor que ya tuvo en marzo.

Silvia Stang

Polémicas en la Feria del Libro: entrevista a Alejandro Vaccaro

Comentario de AgendAR

Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, que junta los mangos para seguir haciendo que la Feria esté casi cumpliendo medio siglo. En los ’70 era más fácil: desde los años ’40 éramos la tercera industria editorial de nuestro idioma, pero mucho más audaz que la española y la mexicana. Exportábamos libros al mundo.

Imponíamos autores argentos, como Borges y Cortázar, o sudacas a la región y a España como García Márquez. Ahora estamos casi fuera del ring, nos compraron y/o cerraron todas las grandes editoriales argentinas. Pero hay decenas de pequeñas y nuevas que siguen trabajando, siempre al borde de la quiebra y sin plata para papel, pero defendiendo la trinchera cultural argenta a como sea. Vaccaro siempre ha sido un académico, muy estudioso de Borges. La cortés, finísima y letal ironía con que trata a Milei es digna del Viejo.

Daniel E. Arias

Denuncias por «La Salada». EE.UU. exige a Argentina respeto a sus patentes

Estados Unidos volvió a poner este año a la Argentina dentro de una lista prioritaria de países a observar (priority watch list) por sus “desafíos de larga data” a la propiedad intelectual, con La Salada nuevamente en el centro de la mira como mercado de productos falsificados y piratería. Hace al menos una década que el gobierno norteamericano viene quejándose sistemáticamente de ese complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como “uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica” de comercio irregular.

Pero no es lo único apuntado: el último informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) 2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement- también denuncia en el país la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet debido a la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.

“Siguen siendo altas las ventas de productos falsificados en otras locaciones físicas en mercados más pequeños y a través de vendedores callejeros, en el barrio de Once en Buenos Aires y a lo largo de todo el país”, señala el reporte al que todo el mundo conoce como “la 301″. El gobierno norteamericano se muestra crítico con la poca respuesta del Estado ante estos delitos. “La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias”, lamenta el USTR.

Mario Grinman, presidente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), confirma el diagnóstico. “En los primeros meses del año se observa una pequeña reducción de la venta ilegal, tanto en la comparación intermensual como en relación al mismo período de 2023. La cantidad de puestos de venta ilegal disminuyó en promedio en el bimestre febrero-marzo de 2024 un 6,3% respecto al mismo período de 2023, pero se concentra particularmente en algunas zonas, como Once y la Avenida Avellaneda. Estos barrios concentran las 10 cuadras más afectadas por la venta ilegal en toda la Ciudad de Buenos Aires”, enumera. “Si nos enfocamos en piratería, en cambio, experimentó un fuerte crecimiento, destacándose Once como la zona de mayor influencia. Esta área de la Ciudad encabezó las falsificaciones en los rubros de Indumentaria y calzado, y de Óptica, fotografía, relojería y joyería”, agrega.

Fuentes de la Secretaría de Comercio dijeron, que “en el caso de La Salada hay facultades concurrentes: fiscalización la tiene la Nación; también tienen las provincias y los municipios. Nosotros como gobierno estamos desarrollando un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, que hemos repuesto, porque esto no es solo un episodio que pase en La Salada, sino que se verifica en todo el país; se necesita una visión coordinada con todas las jurisdicciones. Ya estamos incorporando tecnología y por supuesto que la venta ilegal está en la agenda”.

El organismo norteamericano señala como otro desafío actual que “los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos”. En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, “continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención” de personal. “La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023″, insiste el informe.

Es por esa razón que para lograr una mejora en materia de protección de patentes, incluyendo las de pequeñas y medianas empresas, Estados Unidos urge a la Argentina a ratificar el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y a asegurar transparencia y el debido proceso en la protección de los llamados productos de origen en particular si el país avanza dentro del tratado Unión Europea-Mercosur.

La evaluación de EE.UU. sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados. “Este año, por el cambio de gobierno esto lo vamos a hacer en junio. Está La Salada, está la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley”, explica Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

Patentes farmacéuticas

Por su parte y a raíz de este informe, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), emitió un comunicado en el que destaca que “si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EE.UU. ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas”.

Y agrega: “a diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en la Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012. Las pautas de patentabilidad argentinas están diseñadas para evitar que se obtengan patentes para desarrollos menores de evergreening en el sector farmacéutico y biotecnológico, evitando la extensión indebida de los monopolios y favoreciendo la competencia, mientras que aseguran el reconocimiento de las patentes para las verdaderas invenciones”.

Por último, se afirma que este cambio de visión puede explicarse a partir del diálogo con el USTR desplegado por la embajada argentina en EE.UU., la Cancillería, y los representantes de Cilfa. “Los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los EEUU y la jurisprudencia de sus tribunales”, agregaron.

“Es cierto. La industria farmacéutica argentina ha evolucionado mucho. Hoy no solo produce para el mercado interno: está en el mundo produciendo o, en otros lugares, distribuyendo. En función de eso además ahora ese sector pide que la FDA reconozca los procedimientos de la Anmat. Hay discrepancias con Estados Unidos, pero la industria argentina está buscando ser reconocida. No quiere el PCT, pero veremos -como nuevo gobierno- cómo evolucionan estos y otros temas”, agrega Cima.

Otros países bajo observación

En el informe del USTR además de la Argentina, en la lista de observación prioritaria aparecen, por distintos motivos, otros países. Son Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. En la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.

José Luis Brea

U$S 300 millones por los F-16 y una compra que es «secreto militar»

El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa, confirmó el pago de más de u$s 300 millones para la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, y también concretó otra adquisición de la cual no dio detalles dado que declaró «secreto militar». Ambas medidas están publicadas en el Boletín Oficial.

La Argentina adquirió 24 aviones de caza F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas), más componentes y servicios, por los que pagó u$s301.200.000 a Dinamarca. El monto se cancelará en 5 cuotas a cargo del presupuesto de Defensa.

Las aeronaves pueden volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo fly-by-wire, mejor conocido como «pilotaje por mandos electrónicos», y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión y sistemas de navegación inercial.

Según detallaron fuentes del Ministerio de Defensa, los aviones de origen norteamericano, diseñados en la década de 1970, tienen 9,8 metros de ancho, una longitud de 14,8 metros y una altura de 4,8 metros. Pesan 8.936 kilogramos y alcanzan una velocidad de 1500 mph (Mach 2 en altitud).

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectiva en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras.

El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

Por otro lado, mediante el Decreto 370/2024, el presidente de la Nación, Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, declararon «secreto militar» en los términos del vigente Decreto N° 9390/63 «a la operación contractual que tramita bajo el Expediente N° EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA».

La norma difundida hoy por el gobierno nacional señala en su fundamentación que «una vez declarado el secreto militar de la referida operación contractual, el organismo contratante deberá seguir el trámite pertinente, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso».

Desde hoy, un paro frena las exportaciones de granos en rechazo a políticas del gobierno

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Luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciara desde este lunes un paro por 72 horas en el Senasa, en rechazo a la ley de Bases y en contra del “desguace” del organismo, lo que afectará la certificación de exportaciones que realiza la Argentina, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) comunicó un cese de actividades por tiempo indeterminado en las terminales portuarias del Gran Rosario, las más importantes del país. En su caso, SOEA lo hará también desde mañana en contra de la reversión de Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos) y la reforma laboral en el Congreso. El sindicato, que frenará así exportaciones claves del agro para que ingresen dólares, pidió que las empresas hagan “lobby” por los trabajadores.

“El paro anunciado por tiempo indeterminado afecta al 80% de las aceiteras y comenzará tras la apertura de la sesión que tratará Ganancias y la Reforma Laboral en Diputados”, señaló el gremio en un comunicado.

Ante en el anuncio de la medida de fuerza, desde la agroexportación: “Hemos informado al Gobierno y especialmente a la Secretaría de Trabajo. Es una decisión absolutamente ajena a los ingresos de la comunidad aceitera. No existen conflictos entre sindicatos y empresas aceiteras más allá que creemos que el salario no debe ser castigado con impuestos; no creemos que la forma de expresarlo sea castigando la actividad agroindustrial que es la que paga salarios altos”.

Luego de la sequía del año pasado, la agroexportación se viene recuperando en las ventas al exterior de granos y subproductos. En el primer trimestre de 2024 trajo divisas al país por US$4.523.603.692, un salto del 61% respecto de igual lapso de 2023.

Según SOEA, la medida de fuerza será por “la indiferencia de los diputados dialoguistas” y gobernadores “que se sentaron a negociar con el Gobierno el salario de los trabajadores y van a permitir que los ricos blanqueen el capital fugado sin impuestos”. Esto fue lo que dijo el secretario general del gremio, Daniel Succi.

“Hay que decir las cosas claras: los diputados que voten en contra de los trabajadores con esta reforma laboral y el Impuesto a las Ganancias, no le están dando herramientas al Gobierno, solo están traicionando al pueblo trabajador”, expresaron desde SOEA.

Según dijeron fuentes sindicales, sin adicionales, tras la última negociación salarial el sueldo básico de los trabajadores del sector quedó en $1.269.861. Allí señalaron que la reversión de Ganancias impactará sobre “casi la totalidad de afiliados”. Las fuentes consultadas remarcaron que “está definido el paro; si inicia la sesión inicia el paro”.

“El impuesto va a afectar casi a la totalidad de nuestros afiliados, por eso está coordinada con todos los trabajadores”, señaló Succi en referencia a la protesta. Desde el sindicato indicaron: “El inicio de la medida de fuerza está establecida para comenzar a las 11 de este lunes 29 de abril, en consonancia con la convocatoria a la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación, que tratará el dictamen de mayoría del oficialismo en referencia a la Ley de Bases y el paquete Fiscal”.

Según Succi, “las empresas tendrán que hacer lobby a favor de los trabajadores para detener este avasallamiento al salario aceitero y al artículo 14 bis de la Constitución”. Por su parte, el secretario gremial Martín Morales apuntó: “El acuerdo de la recomposición salarial [con las empresas] no era condicionante del reclamo por Ganancias. El gremio va a parar todas las plantas si se trata el tema en Diputados”.

Otro paro

En este marco, vale recordar que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro, desde las 0 del lunes, por 72 horas en el Senasa, organismo clave en la certificación de exportaciones y control de importaciones. La medida de fuerza, dijo el gremio, es contra la ley de Bases que, indicó, entre otras disposiciones podrá reestructurar o disolver organismos del Estado.

“Esta medida de fuerza fue resuelta por unanimidad por el plenario nacional de delegados y delegadas realizado el viernes 26 de abril, de ATE Senasa, ante el dictamen del proyecto Ley Bases, que propicia una salvaje reforma del Estado, y el desguace total del Senasa al no estar incluido en los organismos exceptuados puntualmente en dicho dictamen”, indicó el gremio.

ADIMRA advierte: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones perjudica la industria nacional

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Mientras se espera que este lunes Diputados de media sanción a la nueva Ley de Bases impulsada por el Gobierno, junto con el paquete de reformas fiscales, los industriales metalúrgicos alertaron por los riesgos que, en la visión de estos empresarios, puede traer aparejado el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), destinado a quienes presenten proyectos superiores a los US$200 millones.

En vistas de que el oficialismo no admitió bajar el monto de inversión establecido por el proyecto, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que este “podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”.

A través de un comunicado, Del Re ejemplificó: “Si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en la Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera; no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”.

Así, los fabricantes nacionales se encontrarían en condiciones desiguales, según continuó el comunicado, al tener que afrontar los costos de importación asimétricos, entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes.

Este punto se viene planteando desde la semana pasada, cuando Adimra envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertir sobre el impacto que la aprobación de este régimen podría tener en el sector, y pidió que se revea el proyecto, que, sostuvieron, “atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de las grandes empresas y las importaciones”.

Cabe destacar que en el texto del proyecto que se envió al Congreso se establecen, a través del RIGI, diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, entre los que se contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. También les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero.

El problema, remarcaron, es que las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales no son iguales a las de los complejos industriales internacionales, “ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único [los beneficiarios del régimen] podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto a la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las pymes”.

El sector metalúrgico viene azotado por una caída de la actividad del 17,7% interanual en marzo, según el último informe compartido por Adimra, que implica un descenso del 6,6% en el primer trimestre del año. Los datos oficiales del Indec se conocerán el 8 de mayo.

Al pedido de esta asociación se sumó el planteo de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) sobre la posibilidad de incorporar al régimen de inversiones una mínima integración de la inversión en partes, piezas y componentes de origen nacional, “con el propósito de aumentar la integración de las cadenas globales de valor con la economía argentina y, a su vez, potenciar el efecto multiplicador fiscal sobre las inversiones, que permitirían compensar el beneficio fiscal otorgado sobre la exención arancelaria”, sostuvieron.

Para esto, la cámara se basa en un antecedente normativo estipulado en la Resolución 256/2000 del Ministerio de Economía que creó el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión y su modificación mediante la Resolución 242/2019 del exMinisterio de Producción y Trabajo, que establece que quienes soliciten beneficios del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión deberán adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al 20% del valor total de los importados.

“De esta manera, el Régimen otorga beneficios a la inversión en materia de exenciones arancelarias que son compensados fiscalmente y en términos de empleo, a través del efecto multiplicador generado por la actividad comprometida en forma local por dichos proyectos”, indicó la cámara.

Así, ambas entidades apelan a generar una mayor competitividad e igualación de condiciones para los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales.

Las patentes por innovación tecnológica que obtienen las universidades nacionales

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recibió un informe de parte de la Universidad Nacional del Litoral en el que se destaca el patentamiento por innovaciones tecnológicas de todas las universidades nacionales. En los últimos 20 años las patentes por innovaciones tecnológicas, junto al CONICET, empresas u organismos de ciencia y tecnología creció diez veces pasando de 6 patentes a nivel nacional en el año 2000 (luego de 10 años de desinversión por parte del gobierno de Carlos Menem) a 61 patentes en 2021.

El estudio “Actividad de patentamiento en el sistema universitario argentino: Investigación, desarrollo e innovación”, fue presentado en noviembre de 2023, por los investigadores especializados en patentes de invención Romina Serrano y Javier Varisco (ambos de la Universidad Nacional del Litoral) y destaca cuáles son las universidades nacionales con mayor peso en el patentamiento de innovaciones tecnológicas, en áreas claves como biotecnología, medicina, y metrología.

A pesar del crecimiento importante (no al nivel de los países desarrollados), un dato que preocupa es que la fotografía del informe que difundió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el año 2000, luego de diez años de políticas de desfinanciamiento, el sistema científico y académico estaba “raquitizado” a tal punto que su capacidad de generar patentes llegó a 6 en todo el país. La preocupación es que en la actualidad, el gobierno libertario de Javier Milei se muestra proclive a desfinanciar en esos mismos niveles a la Ciencia, la tecnología y las universidades, afectando muy negativamente la tendencia al crecimiento que se viene dando.

Evolución de los últimos 20 años en generación de patentes a nivel nacional.

La propiedad intelectual desempeña un rol fundamental en el sistema universitario dado que impulsa el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimientos hacia la sociedad y el sector productivo, destaca el estudio en el que se refleja por qué las universidades, como generadoras de conocimiento, promueven la protección de los resultados de la investigación desarrollados en sus ámbitos como herramienta para facilitar el aprovechamiento socio-económico de los mismos.

La Universidad Nacional del Litoral, la más tecnológica del país

Allí, con 116 patentamientos, la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, aparece primera en un ránking de 34 casas de estudios superiores. En segundo lugar le sigue la Universidad de Buenos Aires, con 107 patentes por desarrollos tecnológicos, y en un segundo malón “sub 60” (menos de 60 patentes) aparecen “históricas” como la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de La Plata, de Córdoba (UNC) y de Mar del Plata UNMdP).

Por su parte, con menos de 30 patentes, en un tercer escalón, ya emergen universidades más jóvenes como la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y la histórica Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El estudio fue difundido por la propia Universidad Nacional del Litoral, clave en desarrollos para áreas de Salud, biotecnología y nanotecnología a nivel nacional, y una de las que explica la emergencia de empresas de base tecnológica como InBioAr, Keclon, Bioceres, Terragene y la constante creación de las llamadas “startups” asociadas con salud y con la actividad agropecuaria, como es Apolo Biotech, entre otras.

La UNL, la UBA y la UNRC, al podio, según el informe difundido por el CIN.

Con desarrollos que van desde productos antimicrobianos para superficies hospitalarias, hasta biofertilizantes “amigables” con el medioambiente, principios activos para la medicina, enzimas claves para el área de salud o soluciones que con modificación genética evitan el uso de químicos en la actividad agropecuaria que afectan a la salud de las personas y el medioambiente, la UNL es la más destacada en transferencia de tecnología desde los ámbitos de producción del conocimiento a la actividad social, sanitaria y productiva.

Los patentamientos definen la trayectoria de las universidades nacionales, en Argentina tanto como en el exterior, ya sea mediante la explotación directa por parte de los miembros de la comunidad universitaria o a través del licenciamiento a terceros.

El Consejo Interuniversitario Nacional difundió el informe en el que destacan que del total de patentes solicitadas por las instituciones que representa el organismo, la Universidad nacional del Litoral, la UBA y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se ubican en “el podio”, correspondiéndoles un 17,9%, un 16,5%, y un 9,3% respectivamente, del total de patentes de todo el sistema universitario.

En el segundo escalón están las que presentan al menos 20 familias de patentes, donde aparece el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como cotitular en un 80%.

Por otro lado, el informe destaca las patentes “en colaboración” con empresas y organismos nacionales de Ciencia y Tecnología, siendo las principales Inis Biotech (biotecnológica, con el 4,6%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (2,5%), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, con el 1,9%), YPF (con YTEC, con el 1,7%), la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC, con el 0,9%), Plant Bioscience Ltd. (0,9%), Bioceres (0,6%), Romikin S.A (0,5%) y la empresa de alta tecnología INVAP, de Río Negro (0,3%).

Patentes por año por universidad, durante los últimos 20 años

Evolución positiva (pero no suficiente) en los últimos 20 años

En otro apartado, el informe destaca la cantidad de patentes obtenidas por desarrollos tecnológicos durante los últimos 20 años, en los cuáles hubo una tendencia en crecimiento claro teniendo en cuenta que en el año 2000 se consiguieron apenas 6 patentes en todo el sistema universitario (un dato que refleja la compleja situación en que dejó a las universidades nacionales los años ´90 con desfinanciamiento de áreas claves de investigación y desarrollo), hasta el 2022 cuando fueron aprobadas 43 patentes.

Es más, en 2021 esa cifra tocó casi las 60 patentes. Si bien la cifra no escala a los niveles de los países desarrollados, es claro que las políticas de inversión (pendulares) generaron una mejora constante en el proceso de transferencia histórica de la investigación que se realiza en las universidades y organismos científico-tecnológicos hacia la sociedad.

Claro está que estas cifras corren riesgo de volver a descender si el gobierno actual y los que vienen se muestran reticentes a brindar inversión a un sector que es clave en la generación y transferencia de conocimiento. La voluntad que viene mostrando el gobierno de Javier Milei hasta ahora no parece ser positiva.

¿En qué áreas se innova más en Argentina?

Otro dato clave es las áreas en las que se dieron estas patentes de desarrollos tecnológicos, y allí destaca en primer lugar la biotecnología (asociada claramente con el agro y la salud), productos farmacéuticos (ambos, sectores en los que Argentina tiene alta incorporación de I+D) y metrología (la ciencia que estudia las mediciones y define los estándares de producción).

Existen tres ramas de la Metrología: científica, industrial y legal. Esta última se relaciona con las actividades que se derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes, y allí tiene un papel clave el INTI.

La metrología es clave para definir cómo se producen, con qué calidad los productos que consumimos, desde alimentos hasta vehículos o chalecos antibalas, por ejemplo.

En un cuarto lugar aparecen desarrollos asociados con la Química, en sus diferentes variantes (materiales, orgánica y de alimentos), y en otro escalón áreas como máquinas especiales, tecnología médica, tecnología ambiental. En otro rango que va de las 20 a las 30 invenciones patentadas aparece la metalurgia, la energía y la tecnología computacional.

Acceso al informe completo en www.unl.edu.ar/vinculacion/patentamientouniversitario2023

El mismo se produjo a partir de la búsqueda en las bases de datos de patentes Patbase y del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).