¡Trabajadores del mundo, conectaos! La revolución digital de Jeremy Corbyn

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El Partido Laborista británico promete nacionalizar parte de British Telecom y ofrecer banda ancha de Internet gratis para todos (El Reino Unido celebrará elecciones generales este 12 de diciembre, sin haber resuelto la crisis del Brexit).

Para ser un dinosaurio de la política, como le califican muchos de sus detractores, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha logrado remover el debate público inglés con una propuesta que ha comenzado a poner nerviosos a los gigantes de la era tecnológica. «Un Gobierno laborista proporcionará banda ancha gratuita para todo el mundo. Y no cualquier banda ancha, sino la más rápida, completamente a través de fibra óptica, para que llegue a cada hogar del país», ha anunciado el veterano líder de izquierdas en Lancaster durante un acto electoral.

En el reparto de tareas que han establecido en los últimos años Corbyn y su portavoz de Economía y cerebro gris del partido, John McDonnell, el primero aspira a representar las esencias obrerista y revolucionaria del Laborismo; el segundo —al que temen y respetan los empresarios y el mundo financiero—, la voluntad de dar un vuelco a la realidad económica con una combinación de rigor, pragmatismo y osadía.

Dentro de sus planes para recuperar la propiedad pública de muchos servicios privatizados como el agua, la electricidad o la red ferroviaria, la propuesta estrella es Openreach, la división de fibra óptica de British Telecom (BT). «No estamos hablando de renacionalizar todo BT, sino simplemente de recuperar Openreach, la tecnología de BT y algunos elementos de gestión interna de la compañía. Y lo vamos a hacer porque el sector privado ha sido incapaz de cumplir con sus promesas con la rapidez y escala que necesitamos. Se trata de construir un mejor futuro», ha explicado McDonnell el viernes en la BBC.

El objetivo de los laboristas, el acceso gratuito a Internet para todos los hogares del Reino Unido, tiene un coste calculado de 17.000 millones de euros. Triplica los planes del candidato conservador, Boris Johnson, para facilitar la expansión de la iniciativa privada. BT tiene un valor en el mercado de entre 14.000 y 17.000 millones de euros. Sus acciones han llegado a bajar hasta un 4% después de conocerse los planes laboristas, a pesar de que los detalles deben ser aún perfilados.

McDonnell ha dejado en manos del Parlamento la decisión sobre el precio de justo de compensación que debería recibir la compañía, y se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con otras empresas de telecomunicación como Sky o TalkTalk para alcanzar aquellas regiones o lugares del Reino Unido donde Openreach no llegue.

El consejero delegado de BT, Philip Jansen, ha mostrado cautela en su primera reacción. Se ha aferrado a las cifras para poner en duda unos planes «demasiado ambiciosos». «Necesitarán mucha financiación. Hablamos de entre 35.000 y 45.000 millones de euros. Y si la propuesta quiere llevarse a cabo en un plazo de ocho años la cantidad podría ascender a los 120.000 millones».

Gran parte de la financiación de esta revolución propuesta por el Laborismo procedería de los nuevos impuestos que recaerían sobre gigantes tecnológicos como Google o Facebook. «No queremos ser injustos con nadie, lo único que les decimos es que, con todos los beneficios que obtienen aquí, deben pagar una parte fiscal proporcional», ha explicado McDonnell con maneras suaves. Este autodidacta de convicciones marxistas nunca abandonadas pero que ha atemperado el impulso con que se manejaba hace décadas, lleva meses reuniéndose con empresarios y financieros británicos, y a muchos de ellos ha logrado seducirles. En parte porque, después de muchos años de austeridad y de desigualdad social, las propuestas «revolucionarias» del partido comienzan a cobrar sentido y aceptación en el común de los votantes.

El precio medio que paga un hogar del Reino Unido por el acceso a la banda ancha es de unos 36 euros mensuales. Pero, según los cálculos laboristas, solo un 10% de las casas tienen acceso a esta tecnología. El partido propone crear una nueva empresa pública, British Broadband, que tome las riendas y acelere el acceso a Internet de alta velocidad.

Boris Johnson, quien durante años ha pretendido ser el campeón del impulso de las nuevas tecnologías, apenas ha sido capaz de balbucir una primera reacción —»un esquema comunista enloquecido», ha dicho— ante la propuesta laborista, que le ha tomado tan de sorpresa como a la propia industria británica de comunicación.

Con 7 millones de celulares en 2019, Tierra del Fuego tiene los números más bajos de los últimos 4 años

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A octubre de 2019, las fábricas fueguinas alcanzaron unas 6,1 millones de celulares producidos, una cifra que se ubica muy por debajo de los registros de los últimos años. Sensible al ritmo de los consumidores argentinos y a las devaluaciones de este año, el sector industrial de la provincia austral acusó el impacto de la crisis económica, pero aún se mantiene como el principal proveedor de smartphones de la Argentina, al abastecer el 96% del mercado interno de celulares.

Quedan un mes fuerte por delante con Navidad y desde AFARTE, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, esperan que la cifra final para 2019 se acerque a los 7 millones de celulares producidos. Es la cifra más baja de los últimos cuatro años, menor incluso a los casi 8 millones de teléfonos producidos en 2017.

A modo de referencia, hay que ir cuatro años atrás para encontrar el punto más alto de producción, registrado en 2015 con 11,9 millones de unidades enviadas al mercado. Salvo el pico registrado de 10,6 millones de celulares en 2017, una cifra que fue impulsada por la renovación de equipos 4G y las herramientas financieras disponibles en ese momento, la producción fue en picada y siempre se ubicó por debajo de los dos dígitos en los períodos siguientes.

«A comienzos de año estimamos alcanzar unas 7,5 millones de unidades vendidas para 2019. Ahora, con un contexto muy diferente por las devaluaciones, esperamos llegar a los 7 millones. Si le sumamos algunos accesorios e importaciones, estaremos apenas por debajo de lo previsto», dijo Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). El sector de los teléfonos celulares, al igual que cualquier otro bien de consumo durable, está afectado por cuestiones económicas, devaluaciones y un menor poder adquisitivo, agrega el ejecutivo. «Pero también hay una tendencia global con una menor renovación de smartphones, que en parte se suma como un factor más que impacta en el consumo en la Argentina».

Más gama media
A su vez, Hellemeyer señala que durante estos dos últimos años también se registró otro cambio en el tipo de modelo elegido por los argentinos, donde se pudo ver un mayor volumen de smartphones de entrada y de gama media. «Más allá de los factores económicos locales, también es otra tendencia global que impacta de forma local con teléfonos de gama media que cuentan con algunas características de smartphones más caros y completos, agrega el presidente de AFARTE.

La expectativa para el próximo año aún no está clara para el sector. «Se espera una reactivación que no llega. Tampoco hay indicios que nos permita ver un mercado más dinámico en los próximos meses, y estamos en volúmenes muy bajos para nuestra capacidad de producción», dijo Hellemeyer. Se espera tener mejores precisiones sobre el tipo de cambio para estar atentos al contrabando, un mercado que este año registró 750 mil unidades no registradas, un número alto que nos indica que la actividad ilegal persiste pese a las devaluaciones y el bajo consumo.

«Tenemos en claro que no se volverán a tener registros de dos dígitos como en 2017, que fue el último año bueno que tuvo el sector», dijo el ejecutivo sobre la perspectiva que tiene AFARTE para 2020, y que las 7 millones de unidades de 2019 deben ser la base para un crecimiento de la producción en los próximos años.

«Si no se revierte estos números, será muy difícil mantener la capacidad de produdcción que supo sostener la industria en Tierra del Fuego», dijo Hellemeyer.

Christine Lagarde fue socia de un estudio de abogados que operaba en paraísos fiscales

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La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y ex directora general del FMI, Christine Lagarde, fue consejera entre 2003 y 2005 de un estudio de abogados que defendía a una firma legal en Bermudas y Singapur. Se trata del despacho de abogados Baker & Mckenzie, domiciliado en las islas Bermudas, territorio frente a la costa este de Estados Unidos que figuraba entonces en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales.

Así lo revela una investigación del diario El País, de España, la cual afirma que Lagarde perteneció también al consejo de una sociedad vinculada a la misma firma internacional en Singapur, cuando este país estaba blindado por el secreto bancario.

Lagarde fue socia hasta junio de 2005 del despacho de abogados internacional Baker & McKenzie. La firma, con presencia en todo el mundo, controlaba en Bermudas la sociedad Law in Context Ltd., un grupo empresarial en el que la mandataria francesa figuraba como consejera».

El diario marca que «la dirigente abandonó Law in Context en 2005 para ser ministra de Comercio Exterior del Gobierno del entonces primer ministro francés Dominique de Villepin. Años después, en 2011, se convirtió en directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde hace un mes es la presidenta del Banco Central Europeo (BCE)».

“Considerado como uno de los lugares más opacos del planeta, Bermudas fue hasta el pasado mayo un paraíso fiscal por su baja tributación, según la lista negra que elabora la U.E.”, remarcó el diario español. Vale recordar que, tras el escándalo de los papeles de Panamá, fue la propia Lagarde quien criticó los manejos de las multinacionales para pagar menos impuestos. “La evasión fiscal provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios”, declaró la mandataria en una reunión en Valencia en junio de 2017 del Grupo Acción Financiera Internacional (FATF, en sus siglas en inglés), remata la investigación.

Balotaje en Uruguay: las coaliciones

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Los dos candidatos más votados en las elecciones uruguayas del 27 de octubre, el frenteamplista Daniel Martínez y el candidato del Partido Blanco Luis Lacalle Pou, se medirán de nuevo en la segunda vuelta hoy 24 de noviembre.

El aspirante del Frente Amplio, la coalición que gobierna Uruguay desde 2005, obtuvo un 39% de los votos, mientras que el opositor Lacalle quedó en segundo lugar con el 28% de los sufragios.

Las estrategias de cada bando para ganar el balotaje, la situación regional y la economía son algunas claves que deben ser consideradas para esta segunda cita con las urnas.

1. COALICIÓN «MULTICOLOR» DE LA OPOSICIÓN

Todas las formaciones opositoras que obtuvieron representación parlamentaria el 27 de octubre, a excepción del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), acordaron apoyar al candidato del PN con vistas a la segunda vuelta.

El acuerdo programático «Compromiso País» consta de 12 puntos en los que se tratan asuntos como la educación, la seguridad, las relaciones exteriores, el empleo y el desarrollo social.

La idea inicial del pacto era incluir la cadena perpetua revisable y suprimir la liberación anticipada de presos por determinados delitos, puntos incluidos en el plebiscito «Vivir sin miedo», que la población uruguaya rechazó el día de los comicios.

Finalmente, estos aspectos fueron retirados del acuerdo y, en su lugar, se proponen otros como declarar «formalmente la emergencia nacional en seguridad pública» para iniciar un combate «frontal» al delito.

2. MUJICA, APUESTA DEL OFICIALISMO PARA SEGUIR GOBERNANDO

El candidato del FA hizo una jugada sorpresiva al anunciar en esta segunda campaña que el expresidente José Mujica (2010-2015) sería ministro en un eventual Ejecutivo frenteamplista.

Mujica, de 84 años, encabezó la lista del FA que más votos obtuvo para el Senado para esta legislatura (2020-2025), pero deberá renunciar al escaño si finalmente es nombrado responsable de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En la apuesta por la «vieja guardia», Martínez también incluyó a Danilo Astori, actual ministro de Economía y vicepresidente con Mujica, para su futuro gabinete, del que sería titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

3. LA OPOSICIÓN LIDERA LAS ENCUESTAS

Según los últimos sondeos, el favorito para sustituir al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sería el candidato ‘blanco’, Lacalle Pou. El opositor saca en las encuestas publicadas hasta este martes una ventaja de entre 5 y 8 puntos al aspirante oficialista.

Según la consultora Cifra, Lacalle Pou alcanzaría el 47% de los sufragios frente al 42% que obtendría Martínez, mientras que Factum sitúa la ventaja en 51-43.

Las encuestas, divulgadas en los últimos días, mostraron, en el primer caso, que un 6 % del electorado seguiría indeciso, y otro tanto votaría en blanco o anulado en unos comicios en los que el voto es obligatorio. En el de Factum, el 6 % sufragaría en blanco o anulado.

4. CONVULSIÓN EN LATINOAMÉRICA

Las protestas que viven actualmente países como Bolivia o Chile apenas fueron visibles en el cara a cara que ambos candidatos protagonizaron el pasado 13 de noviembre en cadena nacional, pero sí han estado presentes durante la campaña.

El Gobierno del FA calificó de «golpe de Estado» el desplazamiento de Evo Morales de la Presidencia boliviana y el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, aseguró que su país solo reconoce «a presidentes surgidos de elecciones», en referencia a la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia.

Por su parte, el senador electo por el PN Juan Sartori afirmó en Twitter que «Bolivia tendrá elecciones libres gracias a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la presión internacional».

5. DÉFICIT FISCAL Y GASTO PÚBLICO

Uno de los temas mencionados con más insistencia en la campaña es el déficit fiscal uruguayo, que actualmente roza el 5%.

Para acabar con este problema, el aspirante oficialista propone capacitar 80.000 trabajadores cada año y fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, desde la oposición defienden un «shock de austeridad», con el que llegar a ahorrar 900.000 millones de dólares en un tiempo récord, sin que, según afirma, ello afecte a políticas sociales, la principal crítica por parte del FA.

6. «POLÍTICAS DE GÉNERO»: POCA VISIBILIDAD

La igualdad de género ha estado ausente en los grandes actos electorales, incluso en el cara a cara televisivo, el primero obligatorio por ley, en el que apenas se mencionó de pasada la Ley Integral contra la Violencia de Género.

La actual vicepresidenta, Lucía Topolansky, es la única mujer que ha ocupado -si bien de manera interina- la Presidencia de Uruguay y, según afirmó hace unos meses en entrevista, no veía cercano el momento en que el país suramericano estuviera gobernado por una.

El 1 de marzo de 2020, Uruguay volverá a tener al frente a un hombre, si bien la Vicepresidencia ya tiene nombre de mujer: el de Graciela Villar (FA) o Beatriz Argimón (PN).

7. MARTÍNEZ O LACALLE SUMARÁN UN NUEVO NOMBRE A LA LISTA

Desde el regreso de la democracia tras la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), cinco han sido los presidentes y solo dos de ellos, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) repitieron mandato.

A esa lista, a la que se sumará el 1 de marzo de 2020 Daniel Martínez o Luis Lacalle Pou, también pertenecen Luis Alberto Lacalle, padre del candidato nacionalista, que fue presidente entre 1990 y 1995; Jorge Batlle (2000-2005) y José Mujica (2010-2015).

La justicia ordenó a las obras sociales cubrir los costos del aceite de cannabis

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La justicia federal ordenó a las obras sociales hacerse cargo de proveer aceite de cannabis a 12 personas que presentaron recursos de amparo. También ordenó que el Estado otorgue ese producto de manera gratuita en tres casos y autorizó a tres personas a hacer «autocultivo con fines medicinales». informó el Ministerio Público de la Defensa.

A más de tres años de su sanción, la ley que permite el uso medicinal de productos derivados de cannabis para tratar la epilepsia refractaria, crecen los recursos para que la norma abarque otras patologías en la justicia, que ya resolvió favorablemente en 18 ocasiones.

“Desde que se aprobó la ley 27.350 (en marzo de 2017) que incorpora al cannabis para fines medicinales en epilepsia refractaria, crecen las consultas y los pedidos para que este tratamiento pueda aplicarse a otras patologías para las que se tiene conocimiento que son eficaces”, dijo Nicolás Laino, defensor oficial de la Defensoría General de la Nación.

Asimismo, advirtió que por no contemplar el uso del aceite de cannabis para otras patologías o “para tratamientos paliativos” la legislación pone a muchos pacientes “en un dilema: la salud o la cárcel”. El defensor explicó que “cada vez son más las personas que se acercan a las distintas defensorías para pedir que intercedan ante el ANMAT”, que es el organismo encargado de permitir o no el acceso a los frascos de aceite de cannabis y que “si éste no lo permite se presenta un recurso de amparo ante la justicia”.

Crisis en Brasil ¿hasta dónde?

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Compartimos este análisis del economista Walter Graziano por varios motivos. El inmediato, porque estamos de acuerdo con sus argumentos: una crisis financiera en Brasil, de la envergadura de la que deterioró sin remedio a partir de abril del año pasado el gobierno de Macri, nos parece improbable, por las razones que él explica.

También nos parecen atinadas las observaciones que hace al final para Argentina: si Brasil ha mantenido por más de una década una inflación cercana al 3% anual, y una tasa de interés oficial del 5% anual en descenso, porque nuestro Banco Central ha recurrido a tasas absurdas para no frenar la inflación?

Pero hay un punto importante que nos interesa subrayar: Es cierto, no hay en el horizonte una crisis financiera grave en Brasil. Como no la había en Chile, tampoco. Las crisis sociales no tienen una relación lineal con los resultados financieros.

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«Mientras quienes sean finalmente designados a cargo del área de Economía de Alberto Fernández seguramente ya se encuentran ideando las medidas iniciales como para domesticar la más aguda estanflación que nuestra economía padeció en los últimos veinte años, aparece una duda inquietante: ¿está Brasil en las puertas de un gran episodio de desestabilización?

Las noticias acerca de la caída del real en las últimas ruedas, sumado eso al hecho que la economía brasileña no parece despegar, y a la más que triplicación de la deuda pública en los últimos 10 años, han comenzado a generar urticaria. Más aún si se tiene en cuenta que los episodios sociales -que derivaron también en crisis financieras- acaecidos en Ecuador, Chile y Bolivia no ayudan de manera alguna.

La pregunta tiene mucho sentido, sobre todo si se recuerda que la caída de la convertibilidad y la más grave crisis financiera que sufrió la Argentina allá por finales de 2001, se materializó al poco tiempo que Brasil devaluase de manera apreciable su moneda, factor que dio el “tiro de gracia” a un régimen de convertibilidad que sólo se mantenía vivo con el pulmotor de más deuda y deuda externa.

Pues no importa qué medidas, planes o programas económicos se ideen en estas pampas, los mismos están sujetos, quiérase o no, a que nuestro vecino gigante no entre en una crisis seria. De producirse ésta, el ya escaso financiamiento que todavía puede haber en la región se transformaría en una huida formidable de capitales contra la cual la Argentina en modo alguno está en condiciones de luchar con chances de éxito. Una eventual crisis brasileña repercutiría en una inevitable brusca devaluación del peso con su correlato inflacionario y recesivo a la vez, dado que no es lo mismo una devaluación planeada y acompañada con una baja aliviante de tasas de interés, que una producida como consecuencia de una crisis financiera, con fuga de capitales y materializada con una brusca suba de los rendimientos bancarios.

Pero, ¿está Brasil cerca de una crisis? Los movimientos del real de las últimas semanas distan de ser auspiciosos. Además, cualquier economista de tendencia “fiscalista” frunciría el ceño al percibir que Brasil hoy ostenta el dudoso honor de padecer un déficit fiscal del orden del 7% de su PBI, nivel que triplica el considerado como aceptable para los operadores financieros internacionales en general. Claro que esa cifra incluye los intereses de la deuda que Brasil debe abonar y que ya se encuentra en otro nivel considerado bastante peligroso: nada más y nada menos que 90% de su PBI, y creciendo. Si a eso se le suma que Brasil posee un déficit de su cuenta corriente de balanza de pagos del 2% de su PBI y que no crece, más de un analista podría cantar “bingo” y señalar que estamos a las puertas de otro “efecto caipirinha” con su potencial de devastación para la economía regional en general y a la economía argentina en particular, sobre todo porque la economía brasileña casi sextuplica en tamaño a la nuestra.

Sin embargo, sacar como conclusión que se aproxima una eventual crisis brasileña puede ser no solo apresurado, sino por sobre todo inexacto. Veamos por qué: Brasil -al revés de la Argentina- tiene una parte abrumadoramente mayoritaria de su deuda pública nominada en reales y no en dólares. Eso quiere decir que toda devaluación ayuda a licuar esa deuda en término de divisas, con lo que se hace mucho más sencilla de pagar.

El hecho de que el real se mantenga más de 20 años en los mismos valores es lo que ha hecho que su deuda en término de dólares haya crecido hasta llegar al 90% de su PBI, y no otro factor. Ahora los intereses insumen montos crecientes de déficit, sin duda. Pero aún así el apetito de los propios brasileños por la deuda de su propio país no parece abatirse dado que Brasil sigue subastando y colocando títulos en su moneda a muy buen ritmo. Este es un factor que debiera ser tomado en cuenta por quienes sostienen que Brasil se halla a las puertas de otro “efecto caipirinha”.

Si se examinan otros indicadores se puede observar también que una crisis no parece cercana. La inflación, lejos de descontrolarse, sigue en torno del bajísimo 3% anual de otros países de la región y en línea con los propios EE.UU., con lo cual se hace innecesaria una devaluación a los fines de no perder competitividad, como muchas veces ha sido el caso argentino. Toda devaluación se materializa en pura ganancia de tipo de cambio real, factor que hace que Brasil genere por sí mismo los propios anticuerpos para que aparezcan dólares genuinos de más exportaciones para atender cualquier demanda de divisas fuera de lo natural o de lo esperable.

A eso hay que sumar el hecho de que las denominadas -y discutidas- “reformas estructurales” laboral y previsional están siendo llevadas a cabo. Y aunque es más que dudoso que las mismas puedan ayudar a Brasil a crecer en el mediano plazo dado que las mismas apuntan a cercenar el poder de consumo de los brasileños, lo cierto es que los mercados financieros siempre han celebrado y celebran ese tipo de medidas como “pro-mercado” y difícilmente juegan en contra de las mismas. Además hay algo indiscutible: postergar como se ha hecho las edades jubilatorias quiérase o no ayuda a disminuir el déficit fiscal del país. Antes de cualquier abrupta fuga de capitales, los dueños de los mismos van a evaluar que Brasil se encuentra inmerso en este proceso y sin duda van a pensarlo dos veces a la hora de apuntar los cañones contra Brasil.

Finalmente, en esta discusión está el “as de espadas” que parecen tenerlo quienes piensan que Brasil no está cerca de las convulsiones de una crisis financiera: la tasa de interés dispuesta por el Banco Central de Brasil (SELIC) es de solo el 5% anual y ha venido bajando en el año, factor que puede haber colaborado a que la demanda de dólares acaecida tras los violentos episodios sociales latinoamericanos se tonificara en nuestro vecino. Este bajo rendimiento en las tasas de interés, que en términos reales son de solo el 2% anual, muestra a las claras que Brasil tiene hoy un amplísimo espacio para aplicar un “apretón monetario” que extermine cualquier conato fuerte de crisis cambiaria si fuera necesario.

¿Cuál es la situación del país que gobierna Jair Bolsonaro entonces? Sin duda tiene problemas: un muy alto déficit fiscal, un incipiente déficit de balanza de pagos y una recesión muy reacia a ceder. Año tras año se predice la salida de la recesión y un crecimiento promisorio y a la postre lo que realmente sucede es que las dificultades para volver a crecer a guarismos aceptables no ceden. Este es el factor de real preocupación con la economía brasileña y no otro. Sin embargo es al menos discutible que por sí mismo tenga el potencial desestabilizador que pueden tener factores financieros de plazos más cortos, que son los que suelen dictaminar si un país está cerca o lejos de una crisis en su sistema financiero. Pero no es el caso de Brasil, donde además su índice accionario BOVESPA se encuentra alrededor de un 10% más arriba que hace un año atrás: otro factor que nos dice a las claras que no hay inminencia de crisis en Brasil.

¿Que hay problemas? Sin duda. ¿Que el real puede bajar más? Seguro que sí. ¿Que esa caída puede ocupar titulares en los diarios? Probable, muy probable. ¿Que estamos cerca de un “efecto caipirinha”? No, para nada. Y al mismo tiempo que cerramos este somero análisis acerca de Brasil, los argentinos debemos meditar un “temita” que debe llamarnos la atención: a pesar de que Brasil tiene un déficit fiscal del 7% de su PBI, puede mantener su inflación en solo el 3% anual y su tasa bancaria en el orden del 5% anual. Y eso por más de 20 años.

Entonces, ¿por qué en la Argentina insistimos con riesgosas y caras variantes gradualistas para bajar la inflación si estabilizar, como nos muestra nuestro vecino, puede ser mucho más factible de lo que aparece a primera vista?«.

Diputados aprueba el «Fondo Nacional de la Defensa», con apoyo de oficialismo y oposición

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El presidente del bloque del FpV-PJ, y previsto ministro de Defensa de Alberto Fernández, Agustín Rossi, logró que la Cámara de Diputados, con apoyo de Cambiemos, apruebe el proyecto que presentó para crear un fondo destinado exclusivamente a reequipar las Fuerzas Armadas.

En tiempo exprés, el texto que crea el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), obtuvo dictamen el martes en la Comisión de Defensa y media sanción en la sesión especial del jueves. El proyecto establece que el fondo será integrado por el 0,35 % del “total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto para el año 2020”; un 0,50% para el 2021; 0,65% para el 2022 y 0,80% para 2023. Si bien el cálculo fino del monto dependerá de cómo se termine de armar el Presupuesto 2020, se estima que significará alrededor de 14 mil millones de pesos para el próximo año.

«Este proyecto permitirá revertir la distribución regresiva del gasto de defensa actual, que asigna más de un 85% del presupuesto a gastos de personal, incrementando gradualmente el financiamiento para el reequipamiento militar», se expresa en los fundamentos de la iniciativa.

Ahí se dispone que el dinero debe ser utilizado “específicamente para la recuperación, modernización y/o incorporación de material de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 24.948”. También se estipula que el Ministerio de Defensa deberá rendir cuentas ante el Congreso sobre la ejecución de este fondo.

A pesar de que no estaba en el temario, Rossi pidió un apartamiento de reglamento para poder incluirlo y con aval de la mayoría del oficialismo se aprobó con 188 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

Afirmó Rossi: “Es hora de que Argentina tenga definida una política de defensa, que en todos los países del mundo es una política de Estado. Hay que mirar para adelante, de nada vale echar responsabilidades hacia atrás”, destaco el legislador que se encamina a ser ministro de esa área. Resulta evidente, aunque no se diga, que en estas circunstancias el proyecto debía contar con la aprobación del presidente electo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), señaló que la discusión debería haberse dado en el marco del debate por el Presupuesto 2020, pero anunció que acompañaría la moción.

También lo hizo la Coalición Cívica. “Aprobamos más presupuesto para reequipar a las Fuerzas Armadas. Necesitamos modernizar a las Fuerzas Armadas con equipamiento elemental que desde hace muchos años la Argentina no tiene”, dijo Elisa Carrió en Twitter.

El radicalismo se sumó al acompañamiento. Carlos Fernández planteó que “resulta imprescindible la generación de una política de Estado en un tema central como es la defensa nacional. No existe un sistema de defensa si sus Fuerzas Armadas no están equipadas como para generar la disuasión y la cooperación”.

Sólo el bloque de Evolución -que capitanea Martín Lousteau- votó en contra. En esa bancada mostraron su disconformidad con Cambiemos por haber acompañado el apartamiento del reglamento para votar este proyecto, y no el de la Ley de Educación Sexual Integral.

En AgendAR apaudimos esta decisión, y el hecho que haya sido acompañada por la mayoría de los sectores políticos con peso real. No es sólo la necesidad de contar en este siglo con Fuerzas Armadas razonablemente equipadas como elemento disuasorio. También por el hecho que en Argentina, como suceden en todos los países serios, las Fuerzas Armadas deben ser el impulsor y cliente de inicio para la el desarrollo de tecnología de punta.

Macri autoriza otro proveedor satelital a 2 semanas de irse

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Ayer fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1854/2019:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la empresa HISPAMAR SATÉLITES SOCIEDAD ANONIMA a proveer facilidades satelitales mediante el satélite geoestacionario denominado HISPASAT 74W-1, en la banda de frecuencias Ku planificada, desde la posición orbital geoestacionaria de 74° de Longitud Oeste, en el marco de lo previsto en la Parte I del Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales, cuyo texto ordenado fuera aprobado por la Resolución Nº 3.609 de fecha 19 de febrero de 1999 de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES e incorporada mediante el Decreto Nº 793 de fecha 22 de julio de 1999 como Anexo XIII del Decreto Nº 92 de fecha 30 de enero de 1997; de conformidad con lo señalado y la normativa mencionada en los Considerandos.

Ya en agosto del año pasado decíamos en AgendAR: «La empresa española Hispamar, sigue creciendo en los «cielos abiertos» (unilateralmente) de Argentina.

La expansión de Hispamar en Sudamérica ha sido notable. El 64,9% de los ingresos de la firma de telecomunicaciones satelitales española viene de la región. No se trata de poca plata: en 2016, eran 228 millones de euros.

En la Argentina, el lobby de Hispasat, ejercido desde principios de 2016 a través del difunto Ministerio de Telecomunicaciones y con la firma de Oscar Aguad, empezó haciendo suspender indefinidamente el ARSAT-3 de la empresa estatal argentina ARSAT SA, que le hacía una incipiente competencia con sus satélites 1 y 2 dentro del territorio nacional.

Más allá del perjuicio para la Argentina en pagar a un proveedor español por servicios que podría estar dando y cobrando el estado nacional, hay otros sectores perjudicados. En primer lugar, la empresa barilochense INVAP, constructura de los satélites de ARSAT, que tras haber expandido sus equipos humanos y técnicos para diseñar e integrar un total de 8 satélites, según establecía la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, se quedó con U$ 300 millones invertidos e incobrables. La ley fue simplemente ignorada, no hizo falta voltearla«.

Esperamos que el próximo, muy próximo gobierno, encare esta situación.

Avance del dengue en la región: el mayor número de casos registrados de la historia

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El dengue en las Américas ha alcanzado el mayor número de casos registrados en la historia, con más de 2,7 millones de casos, incluyendo 22.127 casos graves y 1.206 muertes reportadas hasta finales de octubre de 2019, según la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La mayor epidemia anterior de dengue fue en 2015, pero el número de 2.733.635 casos hasta la fecha en 2019 es un 13 por ciento mayor que los de 2015. A pesar de este aumento en el número de casos, la letalidad por dengue (proporción de muertes en los casos de dengue) en 2019 es un 26% menor a lo observado en 2015.

En Argentina, en las últimas dos semanas comenzaron a activarse los primeros sensores de la red de detección que mantiene un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y que sirve para monitorar en detalle la actividad de los mosquitos Aedes aegypti. «Está arrancando la temporada de calor y los huevos que quedaron latentes durante el invierno están eclosionando. De hecho, comenzamos a detectar los primeros mosquitos adultos en la ciudad», dijo Nicolás Schweigmann, director del Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del CONICET.

Los cuatro serotipos del virus del dengue están presentes en las Américas y la cocirculación de los cuatro fue reportada en Brasil, Guatemala y México en 2019. La circulación simultanea de dos o más serotipos aumenta la ocurrencia de casos graves de la enfermedad.

Brasil, dado su tamaño poblacional, tuvo el número más alto en esta actualización, con 2.070.170 casos reportados. México tuvo 213.822 casos, Nicaragua reportó 157.573 casos, Colombia tuvo 106.066 casos y Honduras 96.379 casos.

Pero los países con las tasas de incidencia más altas, que relacionan el número de casos con la población, fueron en su mayoría centroamericanos: Nicaragua (2.271 casos por cada 100.000 habitantes), Belice (1.021 casos por cada 100.000 habitantes), Honduras (995,5 casos por cada 100.000 habitantes), y El Salvador (375 casos por cada 100.000 habitantes). El quinto país con mayor tasa de incidencia en las Américas fue Brasil, con 711,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Recomendaciones
Dado el aumento de los casos de dengue y dengue grave en varios países de la región, la OPS recomienda que los países intensifiquen la vigilancia de la enfermedad, así como la vigilancia y control de los mosquitos que transmiten el dengue, involucrando a las comunidades en actividades de prevención y control.

Los bancos proponen: devolver IVA en compras con tarjeta a consumidores de bajos recursos

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La propuesta, elaborada en base a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), fue tomada por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA): propine devolver los montos pagados por IVA en compras con tarjeta realizadas por sectores de menores recursos de la sociedad.

Si el Estado va a eximir del pago del IVA a productos del consumo popular, el documento propone que no sean los comerciantes quienes implementen la rebaja en sus precios, sino que sean los bancos quienes devuelvan a los consumidores el valor de la alícuota incluida en el precio final de los productos. Un esquema de este tipo favorece el objetivo de los bancos de una mayor inclusión financiera, pero también permite un mayor control.

Según el informe, la propuesta «posibilita limitar el beneficio solo para los sectores de menores ingresos, otorgando mayor progresividad al sistema impositivo; promociona la inclusión financiera, por mayor uso de los medios de pagos bancarizados; reducción del dinero efectivo y mayor formalización de la economía; y posibilita una fiscalización sencilla y automática».

Para fundamentar su propuesta, el IARAF expone una serie de desventajas del sistema actual y las contrasta con las ventajas del suyo. Entre las desventajas se encuentra que: “En general abarca solo a la última etapa de la cadena comercial del bien en cuestión, dado que las transacciones intermedias deben continuar efectuándose a la alícuota total del IVA, con la única excepción de ventas a monotributistas o microempresas responsables inscriptas que han quedado alcanzadas transitoriamente”.

«Es una medida de reducción directa del impuesto, pero que implica que su concreción efectiva depende del comportamiento final del vendedor, es decir de que éste efectivamente traslade al consumidor la rebaja impositiva. Esta situación de incertidumbre se ve potenciada porque es casi imposible realizar un control exhaustivo sobre los responsables. Entre las ventajas del propuesto, en tanto, se destaca que: “Se asegura que el 100% del beneficio llegue al consumidor”.

“Puede limitar el beneficio a los sectores de menores ingresos, lo que redunda en un carácter progresivo del impuesto” “Promueve la inclusión financiera por mayor uso de medios de pago bancarizados” «Reducción de dinero efectivo circulante y mayor formalización de la economía. Posibilita una fiscalización sencilla y automática».