La Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó en la Feria del Libro su informe anual donde da cuenta del panorama de la industria editorial, que en los últimos años bajó tanto en producción y venta de libros. En lo que refiere a 2018, ocho de cada diez editoriales bajaron sus ventas respecto al año anterior. Ese año, además, hubo sólo 43 millones de nuevas publicaciones, un 15% menos de las que hubo en 2017, y un 48% menos que en 2015, cuando se imprimieron 83 millones.
“Esta tendencia,
que no es exclusiva del libro argentino, debe leerse en el contexto
de un conjunto de factores: cambios tecnológicos en los modos de
impresión; caída de los índices de lectura, y recesión general de
la economía”, reza el informe.
Una encuesta que
realizaron a las editoriales que forman parte de la entidad, dio
cuenta que las problemáticas más señaladas De los últimos años
fueron los aumentos de costos y tarifas, los retrasos en las cadenas
de pagos, y la caída de demanda interna. Solo un 10% consideró los
cambios tecnológicos -cuya producción, según el informe, se
mantiene constante desde 2012-, como un factor que influyera en sus
números negativos.
Como positivo, el informe destaca que “si bien la cantidad total de ejemplares producidos cae, la proporción de los que se imprimen localmente en Argentina se mantiene e incluso muestra un muy leve crecimiento».
La venta directa y
las librerías son los principales canales de distribución; y más
de la mitad del total de publicaciones se imprimieron en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe, San Juan, Buenos Aires
y Mendoza son algunas de las provincias donde creció la producción.
Los principales temas de los títulos producidos fueron literatura,
ciencias sociales e infantiles.
La PIAP (Planta Industria de Agua Pesada) está ubicada en Arroyito, a 55 kilómetros de la Ciudad de Neuquén. Es la más grande del mundo para la producción de agua pesada, un elemento indispensable para moderar y refrigerar el funcionamiento de los reactores nucleares. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por año y elabora «agua pesada grado reactor» con el más alto nivel de pureza. Es una de las pocas proveedoras de agua pesada en el mercado internacional, y cuenta con la planta de mayor capacidad de producción en el mundo.
Sus accionistas son la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la provincia del Neuquén. Fue paralizada por un decreto de De la Rúa en septiembre del 2000, en el marco de la Crisis que comenzaba. Hasta agosto de 2004, cuando reanudó su actividad, el personal de la planta se había dedicado al mantenimiento.
Ahora recibieron esta nota:
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA 2019
Arroyito, 30 de abril de 2019 Comunicación No 13 – 19
Al personal PIAP Se informa que los haberes correspondientes al mes de abril 2019 se abonarán de la siguiente manera:
$ 10.000 el próximo viernes 3 de mayo.
El resto se cancelará en el transcurso de la semana próxima, tan pronto como
ingresen los fondos necesarios.
Atentamente,
Ignacio Maffei Responsable RR.II.
Así es, abril se paga en cuotas. Lo que sea para que la poca gente que queda en la planta se vaya de una vez, y ésta caiga en el abandono y el chatarreo. Pero hay quienes no se resignan. Reproducimos esta otra nota que la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Actividad Nuclear (APCNEAN) al gobernador de Neuquén envió al gobernador de Neuquén:
2 de Abril de 2019
Sr. Gobernador de la Provincia del Neuquén
D. Omar Gutiérrez
De
nuestra mayor consideración:
Tenemos
el agrado de dirigirnos a Ud. en representación de la Asociación de
Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la
Actividad Nuclear (APCNEAN).
El tema
que nos ocupa sin duda no es ajeno a su conocimiento y preocupación.
De un
tiempo a esta parte, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP),
situada en Arroyito y propiedad de la provincia del Neuquén y de la
CNEA, corre un grave riesgo de ser abandonada y sufrir un daño
irreversible por falta de mantenimiento adecuado. Ni que hablar del
sufrimiento humano que se le viene imponiendo a sus trabajadores y
del estrago que representa destruir planteles altamente capacitados a
lo largo de muchos años para operar y mantener la planta.
Esta
planta es una de las más grandes del mundo y que produce agua pesada
de óptima calidad que no solo es necesaria para el funcionamiento de
nuestras tres centrales en operación sino para proveer este insumo
para los reactores de investigación y producción de radioisótopos
que nuestro país exporta.
Esta
planta es una verdadera joya tecnológica que insumió una enorme
inversión por parte de la sociedad argentina y cuya puesta en marcha
fue uno de los hitos sobresalientes en la historia del desarrollo
tecnológico de nuestro país.
Aún se
lee en la página de la PIAP/ENSI:
“La
Empresa es –en la actualidad– una de las pocas proveedoras de
agua pesada en el mercado internacional, y cuenta con la planta de
mayor capacidad de producción en el mundo.”
”La
capacidad de producir agua pesada virgen con la calidad especificada
y el cumplimiento de los programas de entrega a los clientes
posibilitaron consolidar la imagen de ENSI en el mercado
internacional, obteniendo el reconocimiento como «proveedor
confiable» por parte de la firma AECL (Atomic Energy of Canada
Limited) para los reactores de tecnología CANDU.”
La
destrucción de la PIAP cerraría para siempre el camino, transitado
exitosamente por nuestro país, de continuar con la línea
tecnológica de reactores de potencia de agua pesada y uranio natural
(en particular la línea CANDU), para lo cual dispone de toda la
experiencia y la infraestructura material y humana necesarias
después de décadas de gran inversión pública y privada. Esta
destrucción arrastrará consigo una actividad industrial y
productiva significativa asociada que tanto nos hace falta. De hecho
ya lo está haciendo.
No
dudamos en calificar la destrucción de la PIAP y sus consecuencias
como una verdadera acción de lesa patria.
Además,
existe en el mundo una significativa actividad presente y un futuro
cierto en el campo de los reactores de agua pesada y uranio natural
(representan el 11% de los reactores de potencia existentes). En
particular la India tiene planes de expansión muy importantes de su
flota de reactores de este tipo y además se está llevando adelante
la extensión de vida de centrales existentes en varios países, tal
como se ha hecho recientemente con nuestra central de Embalse,
dándole 30 años adicionales de vida útil.
No
creemos que se hayan hecho los esfuerzos suficientes por
parte del gobierno nacional para
poder acceder y abastecer este mercado internacional.
En
virtud de todo lo expuesto le solicitamos, como ciudadanos argentinos
y miembros responsables y concernidos de la comunidad nuclear en
nuestro país, que haga todos los esfuerzos posibles para preservar
para nuestra patria este capital humano y material tan valioso que
representa la PIAP.
Es
imprescindible que la PIAP sobreviva por lo menos durante este año
para que un nuevo gobierno tenga la oportunidad de revertir esta
decisión incomprensible e injustificable del presente gobierno.
No
cejaremos en hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr esta
supervivencia.
Nos
ponemos a disposición del Sr. Gobernador y de sus funcionarios para
ayudar de la manera que lo consideren más conveniente.
Lo
saludamos con nuestra consideración más distinguida.
Dr. Andrés J. Kreiner en representación del Secretariado Nacional de APCNEAN
Ya en el siglo XIX
se sabía que la observación de las nubes y la presión atmosférica
no alcanzaban para pronosticar de forma eficiente los cambios en la
atmósfera para dar seguridad a los viajes en barco. La creación de
los servicios meteorológicos permitieron ayudar a los marinos a
poder planificar sus viajes y, tiempo después, también a que los
vuelos fueran más seguros.
Hoy el clima también
se mide algo más lejos: los pronósticos metereológicos del espacio
monitorean aspectos como la presencia de partículas cósmicas y
tormentas que se producen en otras partes del universo y que pueden
afectar a las comunicaciones –desde las satelitales hasta las ondas
de radio– de las que dependen gran parte de la economía mundial.
Las nubes magnéticas interplanetarias disparan las mayores tormentas geomagnéticas, que están asociadas con problemas para la aeronavegación porque pueden afectar la ionósfera y generar apagones de radio-comunicaciones o fallas en los sistemas de posicionamiento satelital (GPS). A su vez, estas nubes magnéticas apantallan el flujo de rayos cósmicos y pueden alterar su “llegada” a la superficie terrestre. Medir los flujos de rayos cósmicos puede ser de utilidad para caracterizar las condiciones del “clima espacial” y ayudar a la toma de decisiones en sistemas de aeronavegación.
Con ese objetivo, investigadores de la diversos institutos del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, junto con colegas del Instituto Antártico Argentino (IAA), instalaron un detector de partículas cósmicas en la base Marambio para poder estudiar estas partículas e informar a los operadores de radio, satélites y aeronavegantes sobre las condiciones de la meteorología del espacio. El detector forma parte de una red regional llamada LAGO (por Latin American Gigant Observatory, en inglés).
El monitoreo desde la Antártida aportará información para determinar si los niveles de radiación son razonables o muy altos y si es necesario tomar decisiones sobre cambios de rutas de vuelos o la cancelación de vuelos polares. El dispositivo, bautizado “Neurus”, está basado en la tecnología utilizada en los detectores de superficie del Observatorio Pierre Auger que operan en la ciudad de Malargüe, en Mendoza, aunque tiene un diseño mejorado.
El detector se
compone de un recipiente ópticamente blindado, que en su interior
contiene agua pura desmineralizada y usa un mecanismo físico llamado
radiación de Cherenkov. Por este principio, cuando las partículas
que tienen carga eléctrica pasan a través del agua generan una
radiación que inunda de luz el interior del recipiente, que por
dentro está recubierto con un material que permite que la luz
difunda y genere un haz de fotones –o pulso– en un tiempo
extremadamente corto, del orden de las decenas de nanosegundos. Una
parte de estos fotones son colectados por un fotomultiplicador que se
encuentra encima del recipiente, que amplifica la energía de los
pulsos de luz y permite registrar sus propiedades mediante un sistema
electrónico de adquisición rápido.
“Para ubicar el fotomultiplicador de nuestro detector antártico desarrollamos una especie de sombrero de acero inoxidable que sobresale del recipiente”, explicó el doctor en Física Sergio Dasso a TSS, investigador principal del CONICET y director del grupo LAMP (Laboratorio Argentino de Meteorología del esPacio), desde la base Marambio, en la Antártida.
Además de Dasso,
también forman parte del equipo la física Adriana Gulisano, del
IAA; Omar Areso, experto en electrónica y en mecánica y personal de
apoyo del IAFE; y Matías Pereira, especialista en computación y
personal de apoyo del IAFE. En la primera etapa tuvieron la
colaboración de investigadores del Centro Atómico Bariloche que
participan en el Observatorio Pierre Auger.
El diseño y la
construcción del detector –que pesa más de una tonelada y ocupa
dos metros cuadrados– se realizó en el Laboratorio de Ciencias
Espaciales del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE),
perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET, del que
forma parte Dasso. También colaboraron integrantes de los
departamentos de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, y de
Física, de la UBA.
“Cuando las
partículas cósmicas ingresan al entorno terrestre, su trayectoria
es modificada por la presencia del campo geomagnético. Aquellas con
menor energía solo pueden ingresar por regiones cercanas a los polos
y por eso la Antártida es un sitio privilegiado, ya que además de
permitir medir estas partículas con mayor precisión, en la base
Marambio disponíamos de la infraestructura necesaria para realizar
este tipo de experimentos. El IAA es parte de este proyecto y ha
facilitado equipamiento para realizar las campañas y para la
instalación del detector”, dijo Dasso.
Los datos que
corresponden a las mediciones realizadas por el detector de
partículas cósmicas en la Antártida se transmitirán en tiempo
real a los servidores en el IAFE, donde se procesarán y almacenarán.
Los datos se van a publicar en tiempo real en un sitio del grupo
LAMP. “Estas mediciones permitirán monitorear los niveles de
radiación en esta región y, a la vez, serán un insumo para que la
comunidad científica pueda realizar investigaciones”, dijo Dasso.
(Fuente: Matías Alonso / Agencia TSS).
La red social Facebook estaría planificando un sistema de pago basado en criptomonedas que podría ser usado por millones de usuarios en todo el mundo, reveló el Wall Street Journal.
El sistema estará
presuntamente basado en una moneda digital semejante al bitcoin, pero
con la sustancial diferencia de que tendría un valor estable. Las
criptomonedas, en cambio, son susceptibles a fluctuaciones de valor
muy significativas. Este sistema podría poner en peligro a las
tarjetas de crédito, porque no impondría las comisiones que estas
cobran.
Según el informe
del diario, Facebook está reclutando docenas de compañías
financieras y negocios online para lanzar la red. La red social
podría elaborar también un método para impulsar a los usuarios a
utilizar la nueva función.
Facebook por su parte no confirmó y solo dijo que está explorando diversas aplicaciones para la tecnología de las criptomonedas.
A los argentinos, por algún masoquismo cultural, nos resulta difícil evaluar en forma positiva a nuestro propio país y nuestra sociedad. Pero, a pesar de eso, creemos que la Argentina produce científicos del primer nivel, que pueden compararse sin desmedro con los de cualquier otro país. Y es cierto. Pero no los conservamos. En estos años, como en otras tristes ocasiones, los echamos.
Y hay otro factor destructivo, que no tiene que ver con los gobiernos, o no sólo con ellos. Aunque siempre ha habido, y todavía se hacen, investigaciones locales muy importantes y disruptivas, no llegan a patentarse y el conocimiento es aprovechado por otros países; aquí falla el sector privado, no sólo el Estado.
Hay excepciones, pero están muy lejos de ser la regla. En Argentina son pocos los descubrimientos científicos que se patentan y llegan al mercado global. Según cifras del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual), la cantidad de solicitudes de patentamientos viene en baja desde hace una década. En 2007 se presentaron 5743 solicitudes, y el número fue cayendo año a año hasta las 3443 presentadas en 2017 (último dato oficial).
Y del total de solicitudes presentadas, solo un 14% corresponden a residentes en Argentina. El 85% provienen del exterior, en su mayoría de laboratorios y empresas tecnológicas internacionales.
«Argentina tiene un promedio de 260 patentamientos otorgados por año y Estados Unidos 90.000″, detalla José Candioti, miembro de la Fundación Sales. «Gran parte de los desarrollos científicos se publican en revistas especializadas, pero no se protegen intelectualmente y esto provoca, a la larga, una fuga de divisas porque esos conocimientos son finalmente aprovechados por compañías del exterior, que sí los patentan y comercializan».
MÁS PAPERS QUE PATENTES
En las universidades y centros de investigación locales «hay más cultura del paper que de la patente», apunta Martín Bechara, abogado especialista en Propiedad Intelectual del estudio Clarke y Modet. «Hace falta una mayor conciencia de la importancia de proteger intelectualmente las invenciones, para que al ser comercializadas, los beneficios vuelvan a la universidad o institución que los generó».
El propio sistema científico, que premia a aquellos investigadores que más publican en revistas científicas, no ofrece los mismos incentivos para aquellos que patentan.
El escaso financiamiento y lo engorroso del trámite, aunque recientemente se digitalizó y las presentaciones ante el INPI pueden hacerse online, también explican el fenómeno. La Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y el INPI, simplificaron el procedimiento para las presentaciones de marcas, patentes y modelos, que podrán iniciarse online en www.inpi.gob.ar y seguir el procedimiento.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 1° de abril, también establece una instancia administrativa de resolución de oposiciones que reduce notablemente los tiempos para los solicitantes. Esta normativa permitirá a los emprendedores acceder a una patente o registro de marca en forma más rápida y cómoda a través de Internet.
Otro factor en el que algunos hacen hincapié, es que la Argentina no forma parte del Tratado de cooperación en patentes, (PCT, por sus siglas en inglés), lo que obliga a los inventores locales o a las empresas que compren sus patentes a registrar sus desarrollos en cada mercado al que desean llegar, lo que multiplica los trámites y costos. Pero eso influiría en un sector muy sensible, el precio de los medicamentos patentados (la inmensa mayoría) y es un elemento central de la puja entre los laboratorios internacionales y las farmacéuticas locales. No se resolverá fácilmente.
En tanto, desde las oficinas de vinculación tecnológica de las universidades, se está trabajando para aumentar la protección de los desarrollos científicos. La Universidad Nacional del Litoral (UNL) es una de las más prolíficas, con más de cien patentes otorgadas.
Aún así, el camino desde el microscopio a góndola es sinuoso. Hace cinco años, científicos del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape), que depende de la UNL y el Conicet, desarrollaron un aceite comestible que contiene menos triglicéridos y por lo tanto «es más saludable y engorda menos».
«Sus propiedades son similares al aceite común. La diferencia es que se metaboliza en forma diferente, lo que impide que se fije como grasa», destaca Isabel Di Cosimo, que encabeza el grupo de trabajo. Este desarrollo apunta a los aceites de girasol y de soja que se producen en Santa Fe, para aumentarles valor agregado. El aceite ya se creó en laboratorio y se tramita una patente desde 2014. Sin embargo, «al tratarse de un alimento innovador, que no existe en Argentina ni en otro país del mundo, la cantidad de autorizaciones y validaciones exigidas para salir al mercado son muy grandes y los costos muy altos», detalla Di Cosimo. «Tuvimos contacto con una aceitera de primera línea pero el acuerdo no se llegó a concretar».
La escasa protección de los desarrollos científicos locales tiene su correlato en la falta de financiamiento para el sector científico tecnológico. La inversión en Ciencia y Tecnología pasó del 0,7% del PBI en 2013 a menos del 0,5% en 2018, alejándose del 1% que recomienda la Unesco. Y el 70% proviene del Estado, lo que coloca al país en uno de los niveles más bajos de inversión privada en ciencia.
En la Argentina, las posibilidades de transferencia tecnológica desde las universidades y centros de investigación hacia las empresas son poco aprovechadas, aunque podrían ser una fuente de ingresos genuina para el alicaído sistema de investigación. «La UBA, siendo la universidad pública que destina más fondos a la investigación y cuenta con centenares de trabajos publicados por año en ciencias duras, solamente solicitó 39 patentes en 40 años, o sea un promedio de una por año», comenta Alberto Prins, director de la Fundación Sales.
Justamente, esta Fundación es una de las pocas excepciones: mantiene un convenio de cooperación con el Conicet en virtud de la Ley 111, por el cual se financian investigaciones científicas en la lucha contra el cáncer. Gracias a este acuerdo, un equipo de investigadores del Instituto Leloir dirigido por el Dr. José Mordoh, desarrolló una vacuna terapéutica contra el melanoma que fue patentada en 21 países y está próxima a entrar en fase clínica (ensayos con pacientes). «Todo lo que se obtenga por las patentes será reinvertido para continuar financiando investigaciones», asegura Prins.
Vacuna contra el melanoma, patentada en 21 países; aquí el Dr.Mordoh y su equipo
El triste dato es que Argentina ocupa el puesto 50 entre 60 naciones rankeadas en el índice de innovación económica elaborado por la agencia Bloomberg y difundido en el Foro de Davos 2019. El podio es ocupado por Corea del Sur, Alemania, Finlandia, Suiza e Israel, quienes no solo invierten entre 2 y 4% de su PBI en ciencia y tecnología, sino que el 50% o más proviene del sector privado.
Reproducimos la nota de hoy de Carlos Burgueño, que demostró en el pasado tener buena información, y agregamos un párrafo sobre las consecuencias de esta apuesta de Mme. Lagarde y sus interlocutores.
ooooo
El acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional es concreto. El Ejecutivo puede utilizar algo menos de u$s 9.000 millones correspondientes a los disponibles de Tesorería. Este dinero podrá ser administrado con topes de hasta u$s 250 millones por día, hasta que la moneda llegue a la cotización de $51,45. En teoría este programa deberá prosperar y sostenerse hasta las elecciones del 27 de octubre. Pero si no se logra el objetivo, el Gobierno ya tiene la habilitación gestual para reabrir las negociaciones y ampliar el monto y plazos. Todo dependerá de la marcha política del Gobierno antes del acto electoral, y de qué tan cerca esté el Ministerio de Hacienda de cumplir con las pautas pactadas con el organismo que dirige Christine Lagarde.
Algo quedó claro en las negociaciones que se mantuvieron con el organismo: el FMI apoyará en todo lo que esté a su alcance la continuidad de Mauricio Macri como Presidente. Los aproximadamente u$s 9.000 millones, provienen en su mayoría del disponible en las cuentas del Tesoro desde la época de Luis Caputo y un saldo de unos u$s 1.000 millones que el país acumuló en los últimos dos meses del superávit comercial.
Estos dólares son los que el FMI autorizó para utilizar para ejecutar política cambiaria restrictiva, luego del abandono de la zona de no intervención.
La nueva etapa del stand by inaugurada esta semana que se anunció el lunes será definitivamente aprobada en la próxima reunión del board del organismo, programada para junio y donde se evaluarán los números de la Argentina que durante este mes estarán recabando en Buenos Aires el italiano Roberto Cardarelli y el resto del equipo que tiene a su cargo el caso argentino. El economista del FMI vendrá al país en pocos días, para su segundo periplo local del año.
El Gobierno confía en que en esta oportunidad sea más indulgente que lo duro que resultó su informe final, elaborado a partir de los datos recogidos en su visita de febrero. El paper que luego entregó a los integrantes del directorio (que igualmente aprobaron el crédito de 10.870 millones correspondientes al primer desembolso del año) incluía la palabra “decepción” en cuanto a los éxitos del Gobierno en la lucha contra la inflación y hasta avanzaba en recomendaciones políticamente utópicas de aceptar para el macrismo: eliminar las exenciones del IVA a los alimentos y la eliminación del monotributo.
Supone el Gobierno que los datos que se le mostrarán a Cardarelli serán ahora mucho mejores que los que se expusieron en Buenos Aires en febrero pasado. Ahora, confían en Hacienda, la inflación mostrará un nivel alto pero en una baja real (se espera 3% en mayo y algo menos en junio), la recaudación presenta un nivel de incremento similar al alza de precios (en mayo y junio sería incluso superior) y, lo más importante, el superávit fiscal acumulado para el primer trimestre del año llegó a los $ 10.347 millones contra los $ 31.000 millones de déficit del mismo período de 2018. Además el saldo de la balanza comercial, que está arrojando un superávit de algo más de u$s 1.000 millones por año (aunque sea fruto de la demolición de las importaciones y un nivel bajo de exportaciones), se podrá mostrar como la generación de dólares genuinos.
Si la estrategia resulta, y los visitantes del FMI quedan conformes en la segunda revisión del año, se supone que no habrá problemas para que cerca del 14 de junio (cuando se reúna el board), se aprueben los números y el segundo desembolso del año por unos u$s 5.400 millones queden liberados. Si esto sucede, el Gobierno tendrá manos libres para garantizar que al menos hasta fin de año todos los vencimientos de deuda tienen fondos garantizados para su pago. Aún si el Gobierno debiera utilizar la totalidad de los casi u$s9.000 millones negociados con el FMI para sostener el dólar al menos hasta octubre».
ooooo
Hay en esta descripción un aire de «Lleguemos a octubre y después vemos». Pero no es ese el punto que debe preocuparnos más. Es que con la obsesión con el precio del dólar -un factor importante, pero más un síntoma que una causa- el gobierno parece haberse olvidad de la recesión -volvió a aumentar la tasa de referencia a un absurdo 74%, que significa «corriente abajo» intereses cercanos al 100%. Y por la inflación, que pese a esa recesión, a la «emisión cero» sigue en niveles más altos que en cualquier otro país que no esté cayendo en un abismo.
El consumo sigue cayendo, las pymes cierran y las empresas grandes paralizan sus plantas, los distribuidores y los mayoristas dudan sobre cuál será el precio cuando deban reponer su stock, la cadena de pagos se está deshilvanando… Se puede decir que éste no es el cuadro de todas las actividades. Pero cada mes se hace cierto de más.
Se están tomando medidas que estos funcionarios, si estuvieran en la oposición llamarían demagógicas: congelamiento de tarifas de Edenor y de Edesur (hasta octubre), un seguro para los tenedores de créditos UVA, créditos impagables a los beneficiarios de la AUH… No alcanzan a dar soluciones y sí a crear nuevos desequilibrios.
Esos 9 mil millones de dólares se van a ir, como se fueron los que puso en juego Caputo. Y no habrán servido para enfrentar estos problemas.
Sin duda se va a llegar a octubre. Como todos los años, vendrá después de septiembre. La pregunta es cómo se va a llegar.
Resumimos esta informativa nota de María Elena Polack. Porque las carreras de Ingeniería son parte fundamental de la actividad productiva.
Redefinición de materias comunes y básicas, adquisición de habilidades blandas para poder trabajar en equipos multidisciplinarios, profundización del manejo profesional de inglés y reducción de los tiempos de egreso. Son los cuatro pilares de la reforma curricular que encara, por 1° vez en 35 años, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). El objetivo es formar profesionales capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios, de cara a las necesidades del futuro. Empezará a aplicarse a partir del año próximo.
Las novedades que se debaten y se espera tener aprobadas en los próximos meses se pondrían en práctica en el 2020, a 150 años de la graduación de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero argentino. «La misión de los ingenieros es resolver problemas para mejorar la calidad de las personas», afirma Alejandro Martínez, el decano de esa facultad que asumió en marzo del año pasado e impulsó en esa casa de estudios una revisión total de sus contenidos.
«Nuestros egresados tienen que saber trabajar en equipo, saber comunicarse, tener conocimientos más profundos de informática porque es muy probable que cuando se gradúen tengan que trabajar con más robots que con personas, saber inglés para vincularse con el mercado a nivel general», señala Martínez.
La revisión está vinculada con los nuevos estándares en ingeniería que se definen en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Aunque ingeniería industrial es la disciplina con la mayor cantidad de graduados entre las 12 carreras que se cursan, Martínez plantea que el futuro «cercano» requerirá mayor formación en temas energéticos. Según un informe de la Unesco sobre las predicciones de crecimiento mundial, que se efectuó hace unos pocos años, entre las necesidades crecientes se verificaban las fuentes alternativas de generar y almacenar energía, la biotecnología, la sustentabilidad ambiental, la tecnología espacial y nuclear, la explotación de los recursos del mar y el desarrollo del transporte.
«El Plan 2020 va a definir la estrategia por seguir y dónde poner los recursos», señala el decano. El debate sobre cómo se dicta ingeniería ha sido abierto en seminarios no solo a los propios docentes y autoridades de esa casa de estudios, sino a entidades profesionales y a los sectores productivos, que son los que en definitiva reciben al graduado.
La revisión de los estándares en ingeniería que deberán ser refrendados por el CIN y por el Ministerio de Educación de la Nación fueron planteados por las casas de estudios especializadas y buscan modernizar las competencias que adquieren los alumnos. «Los conocimientos disciplinares quedan obsoletos a los pocos meses de recibido un estudiante. Es muy importante modernizar las competencias de los estudiantes y también buscar cómo reducir la cantidad de años de cursada», justifica Danya Tavela, ex secretaria de Políticas Universitarias de la Nación, actual vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) y miembro del directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) por parte del CIN.
Otro de los temas sobre los que ya trabaja la Fiuba es la articulación con el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, donde solo el 20% de los estudiantes que eligen ingeniería logran aprobarlo en tiempo y forma para comenzar la cursada de la carrera. «Las deficiencias con las que los jóvenes salen de la escuela secundaria se sienten, sobre todo, en los primeros años de cursada universitaria. Casi el 50% de los jóvenes abandona la carrera de grado por las dificultades en encarar las materias básicas como matemática. Por eso es que buscaremos fortalecer el vínculo con el CBC para que la articulación entre la salida del secundario y la llegada a la facultad sea lo mejor posible».
12 carreras de ingeniería, en números:
El promedio de duración de las carreras de Ingeniería en la UBA es de casi 9 años. De ellas, la más larga es Mecánica, con 12 años, y la más corta, Civil, con 7. Entre ambos extremos, aparecen Agrimensura (7,33), licenciatura en Análisis de Sistemas (7,50) y Petróleo (7,67).
327 alumnos se inscribieron este año para cursar Ingeniería Industrial, la carrera con más cantidad de alumnos. Le siguen de cerca Informática (233), Civil (159), Química (158) y Electrónica (114). Entre las carreras con menos estudiantes, se encuentran ingeniería en Alimentos (19), Naval y Mecánica (24), Agrimensura (25) y Petróleo (32)
1432 egresados en el trienio 2015-2018: 437 ingenieros industriales; 199 licenciados en Análisis de Sistemas; 183 civiles; 182, alimentos; 159 químicos; 101 electricistas; 88 informáticos; 29 electrónicos; 21 navales; 18 petroleros; 8 mecánicos, y 4 agrimensores.
Aplicando un programa sostenido durante siete años, el trabajo articulado de científicos, los servicios de salud y municipales con las comunidades de un municipio de Chaco hizo posible que el porcentaje de viviendas infestadas por la vinchuca (Triatoma infestans), el principal insecto vector de la enfermedad de Chagas, se redujera del 31% inicial a menos del 1%.
“Nuestros resultados corroboran el potencial de la vigilancia basada en el trabajo con la comunidad, y muestran la necesidad de potenciar las capacidades locales, incluyendo la participación protagónica de los agentes sanitarios, las escuelas y otros líderes comunitarios”, afirmó la primera autora del estudio, la doctora María Sol Gaspe, investigadora del Laboratorio de Eco-Epidemiología liderado por el doctor Ricardo Gürtler, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA, y el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA-CONICET).
Gaspe destacó que el programa permitió la “cuasi-eliminación” del insecto vector y, en consecuencia, suprimió el riesgo de transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad de Chagas.
El alentador proyecto, descrito en la revista “PLOS Neglected Tropical Diseases”, se realizó en 7 comunidades rurales de Pampa del Indio, una localidad casi en el límite con Formosa y ubicada a 215 km al noroeste de la capital provincial, Resistencia. El programa abarcó casi 500 viviendas habitadas por 2400 personas, en su mayoría, miembros de la comunidad Qom.
TRABAJO EN EQUIPO
El estudio se inició
en el 2008. Para dimensionar la situación de base, los científicos
y los técnicos de los Programas Provincial y Nacional de Chagas
buscaron vinchucas en cada una de las estructuras de las viviendas,
incluyendo desde dormitorios y cocinas hasta depósitos y gallineros.
Para que los insectos salieran de sus refugios, aplicaron un aerosol
irritante. Acto seguido, los técnicos rociaron las viviendas con
insecticidas piretroides.
A lo largo de los siete años del estudio, los censos entomológicos se repitieron en cuatro ocasiones. También se realizaron dos muestreos en 2011 y 2013. Los científicos analizaron las vinchucas colectadas para determinar su especie, estadio, sexo y grado de resistencia a los insecticidas. Asimismo, se estableció un sistema de vigilancia para que los pobladores notificaran al sistema de salud local sobre la eventual presencia del vector en sus viviendas.
Según reconoció
Gaspe, los muy bajos niveles de infestación al final del programa se
debieron a los efectos de las intervenciones con insecticida
combinados con el frecuente traslado de los hogares. Este proceso
implicaba en la mayoría de los casos la destrucción y
reconstrucción de sus viviendas precarias, en el contexto social
vulnerable de las poblaciones indígenas.
“Esto afecta
directamente a las poblaciones de vinchucas al modificar la
disponibilidad de refugio y fuentes de alimento”, señaló.
“Ciertos procesos
como la movilidad de los hogares y el mejoramiento de las viviendas
representan desafíos adicionales para los programas tradicionales de
control en áreas endémicas. Esto significa que resulta
imprescindible considerar los aspectos sociodemográficos y
culturales al momento de diseñar e implementar este tipo de
intervenciones para lograr resultados sostenibles”, concluyó
Gaspe.
Del estudio también participaron Ricardo E. Gurtler, Yael M. Provecho y María del Pilar Fernández, del CONICET y de la FCEN-UBA; Claudia Vassena, del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-CONICET) y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; y Pablo Santo Orihuela, del CIPEIN-CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín.
El dólar sumó hasta 65 centavos en una rueda en la que el Banco Central convalidó una tasa del 74,06%, nuevo récord de la era Sandleris.
El aumento se dio en un mal día para las monedas de la región, en especial el real, en el que el dólar subió contra la mayoría de las divisas, después de que los operadores recortaron sus apuestas a una baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El dólar en el mundo subió un 0,11%. En la región algunas monedas cayeron de 0,50% hasta 1% (el real brasileño). También influyó la caída de ingresos de exportadores cerealeros.
«El sistema científico y tecnológico argentino está hoy en riesgo de desaparición. Por eso personas con diferentes visiones sobre la realidad política argentina, firmamos este documento, que trasciende las barreras partidarias y los intereses corporativos».
«Queremos alertar a la ciudadanía sobre esta grave situación y convocarla a movilizarse para reclamar un cambio en las políticas aplicadas en el sector científico y tecnológico. Asimismo, convocamos a todas las fuerzas políticas a pronunciarse en defensa de la ciencia y tecnología argentinas y a comprometerse en la ejecución de las medidas que se detallan más abajo, que constituyen un programa de emergencia destinado a salvar nuestra base científica y tecnológica».
«Después de décadas de abandono, marcadas por un notorio ahogo presupuestario, el sector científico argentino vivió un periodo de expansión. El mantenimiento de esa senda de crecimiento pareció alcanzar un amplio consenso durante los debates presidenciales del 2015, donde los candidatos se comprometieron a continuar con una inversión creciente en el sector. Buena parte de la ciudadanía creyó que la continuidad de los equipos de gestión, que se mantuvieron tras el cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015, haría que esta esperanza se convirtiera en realidad. Para muchos, parecía que estábamos a las puertas de la instauración de una política de estado en ciencia y tecnología. Sin embargo, a menos de un año del final del mandato constitucional del actual gobierno, el panorama del sector científico y tecnológico argentino no podría haber sido más desolador. Crisis presupuestaria, paralización de las instituciones emblemáticas del sector, deterioro institucional, reducción de personal y pérdida de objetivos. Un retroceso en toda la línea».
«La dramática situación del sistema científico argentino puede ilustrarse con datos, cuya veracidad puede ser comprobada ingresando al portal de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de la Nación … El presupuesto destinado a la finalidad ciencia y técnica cayó al 0.256% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2018 siendo que entre 2010 y 2015 se ubicaba cerca del 0.35%. Los datos más recientes indican que, probablemente, este derrumbe presupuestario se agudice en 2019″.
«La situación salarial es crítica. Los salarios de los científicos argentinos son los peores de toda América Latina. Desde 2015 los salarios en el CONICET han perdido más del 35% de su poder adquisitivo. Las remuneraciones de los más jóvenes, los becarios doctorales y postdoctorales, están por debajo de la línea de pobreza y no hacen más que alentar el éxodo».
«Hace pocos días el CONICET informó que sólo el 17% de los aspirantes a ingresar a la CIC fueron admitidos en el organismo. De este modo, más de 1500 jóvenes, con una formación de excelencia en la que el estado invirtió durante más de doce años, quedaron afuera del sistema en momentos en los que todas las instituciones públicas les cierran sus puertas en la cara. Como mencionamos antes, el perjuicio ocasionado por esta frustración no solo involucra a esas personas, sino que desmantela nuevos grupos en formación, pone en riesgo la continuidad de ciertas disciplinas, genera todo tipo de asimetrías en la distribución de los ingresos e hipoteca el futuro del sistema científico. No atender el reclamo de aumento de vacantes en la CIC es, en este contexto, no sólo una muestra de insensibilidad sino también una insensatez».
«A la sombría situación del CONICET se suma la parálisis de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), el único organismo estatal que financia proyectos de investigación científica y tecnológica a nivel nacional».
Este documento ha sido firmado por la Mesa Coordinadora del Plenario de Directoras y Directores de Institutos del CONICET: Alfredo Cáceres (Córdoba), Ana Franchi (CABA), Andrea Gamarnik (CABA), Edgardo Baldo (Córdoba), Gloria Chicote (La Plata), Juan Pablo Paz (CABA), Marcos Vaira (San Salvador de Jujuy), María Cristina Carrillo (Rosario), Raquel Chan (Santa Fe), Rolando Gonzalez José (Puerto Madryn). Para acceder al texto íntegro, cliquear aquí.
