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Cómo abrir cuatro cajas de pandora, ser aplastado por INDIRA GANDHI, JIMMY CARTER, RAÚL ALFONSÍN, CARLOS MENEM, DOMINGO CAVALLO, sobrevivir para contarlo… y contarlo- Para despertar a Mr. Magoo
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Cómo abrir cuatro cajas de pandora, ser aplastado por INDIRA GANDHI, JIMMY CARTER, RAÚL ALFONSÍN, CARLOS MENEM, DOMINGO CAVALLO, sobrevivir para contarlo… y contarloScioli se reunió con el ministro de Economía de Lula y dio detalles del ambicioso acuerdo bilateral
«Un proyecto de integración que fortalezca a América del Sur, incremente el comercio y la inversión conjunta sea capaz de conformar un bloque económico de mayor relevancia en la economía global y de otorgar mayor libertad al deseo democrático, la definición del destino económico de los participantes del bloque y la expansión de soberanía monetaria«, escribieron ambos funcionarios en una columna de Folha de Sao Pablo. pretende, bajo ese sistema, quitarle protagonismo al dólar en las relaciones económicas de la región, vínculos que pretende incentivar, según volvió a decir en su discurso de asunción del 1 de enero.El mismo Haddad recibió en su casa al ministro de Economía, Sergio Massa, y al embajador Scioli, con el objetivo de conversar acerca de la moneda regional Sur.«Nuestro protagonismo se materializará a través de la reanudación de la integración sudamericana, desde el Mercosur, la revitalización de la Unasur y otras instancias de articulación soberana en la región», remarcó en sus primeras palabras como presidente.
Matías Alonso
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«A medida que la COVID-19 se propaga con gran rapidez en China, científicos de todo el mundo buscan pistas sobre un brote de enormes consecuencias para la salud de cientos de millones de chinos, la economía mundial y el futuro de la pandemia. Pero a falta de información detallada por parte del gobierno chino, determinar el tamaño y la gravedad del brote en el país más poblado del mundo es un gran juego de adivinanzas científicas.
En Hong Kong, un equipo de investigadores estudió a fondo los datos de los pasajeros de cinco líneas de metro de Pekín para determinar la posible propagación. En Seattle, un grupo de modeladores intentó en vano aplicar ingeniería inversa a una filtración gubernamental no verificada que detallaba el número de casos de las autoridades sanitarias chinas. En el Reino Unido, los científicos están haciendo sus propios cálculos sobre la eficacia de las vacunas chinas.
Cualquier anécdota personal o noticia en las redes sociales proveniente de China —como la escasez de medicamentos, los hospitales colapsados, los crematorios saturados— puede servir para los modelos de los investigadores.
Todos intentan entender lo mismo: ¿a qué velocidad se propaga el virus en el país? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿China podría ser la fuente de una nueva y peligrosa variante?
Sin respuestas satisfactorias, algunos países están limitando el ingreso de viajeros chinos, aunque basados en parte en temores infundados o motivaciones políticas. Estados Unidos, Italia y Japón han dicho que exigirán una prueba de COVID-19 negativa a quienes vengan de China, por temor a que el aumento de casos pueda producir nuevas variantes más amenazadoras. El viernes, Francia y el Reino Unido anunciaron medidas similares.
Aunque los investigadores y expertos en virus dijeron que lo más probable es que las nuevas medidas tengan poco efecto para frenar la propagación, las políticas reflejan la visibilidad limitada del brote. En general, los modelos de los científicos apuntan a una propagación explosiva y a una elevada tasa de letalidad, dado que muchas personas en China tienen poca o ninguna inmunidad a las subvariantes de ómicron. Pero incluso sus estimaciones son dispares.
En la más sombría de las hipótesis sobre lo que podría significar el fin de la política china de “cero covid”, casi un millón de personas podrían morir durante los primeros meses de la reapertura, según informaron este mes investigadores de Hong Kong en un estudio financiado en parte por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, aunque el estudio no proporciona un periodo exacto.
Un grupo estadounidense calculó hasta medio millón de muertes para abril y otro millón para finales de 2023 si China rechaza los mandatos de distanciamiento social. Airfinity, una empresa de análisis ubicada en el Reino Unido, presentó esta semana un pronóstico a corto plazo aún más funesto: 1,7 millones de muertes por COVID-19 para finales de abril.
Hasta este mes, el mundo parecía tener una idea más o menos clara de lo que estaba ocurriendo con el virus en China. El Partido Comunista en el poder publicaba con orgullo las bajas cifras diarias de casos y muertes como testimonio de su estricta política de “cero covid”. Un sistema nacional de confinamientos, cuarentenas y pruebas masivas mantuvo el virus a raya.
“Nadie tiene ni la más remota idea”, dijo Siddharth Sridhar, virólogo clínico que centra sus estudios en las enfermedades infecciosas emergentes.
Los datos procedentes del gobierno chino ya no son de fiar. Según los datos oficiales, China solo declaró 12 muertes por COVID-19 del 1 al 29 de diciembre. El país ha manifestado que solo contará las muertes por insuficiencia respiratoria directamente relacionada con la infección y que dejará fuera a un gran número de personas que murieron porque la infección agravó enfermedades subyacentes o causó insuficiencia cardiaca o hepática.
Los expertos afirman que la velocidad de propagación sugiere un número mucho mayor de muertes. La semana pasada, una ciudad reportó medio millón de casos en un solo día. Otra, manifestó tener un millón.
También hay indicios de que las autoridades están presionando a médicos y crematorios para que eviten catalogar como relacionadas con el virus incluso las muertes por causas respiratorias.
Algunos científicos afirmaron que esas cifras tan importantes indicaban ya fuera que China había estado suprimiendo los datos durante meses o que estaba intentando hacer creer que el brote había alcanzado su punto máximo.
“O saben algo que nosotros no sabemos o están tratando de decir que lo peor ya pasó”, dijo Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington.
“Sospecho que es lo último”, dijo refiriéndose a la idea de que China trata de proyectar que lo peor ya pasó. Parece poco probable que China haya podido falsificar los números durante meses sin levantar sospechas, dijo.
El cambio radical en los mensajes de China también está complicando las evaluaciones de los científicos. Hace apenas un mes, los medios de comunicación controlados por el gobierno de China advertían sobre los peligros del virus. Ahora, dice que la variante actual de ómicron es leve y que el brote es manejable.
Sin embargo, a los científicos y expertos en salud pública les preocupa que la variante ómicron haya parecido menos grave en otros lugares en gran parte porque esas poblaciones tenían enormes reservas de inmunidad, incluso de infecciones anteriores, un conjunto de circunstancias que no se dan en China. Si China intenta sobreponerse al brote sin reimponer medidas de salud pública ni aumentar la vacunación, los científicos temen que haya muchas muertes innecesarias.
Por ejemplo, los investigadores de Hong Kong descubrieron que administrar más cuartas dosis de la vacuna y medicamentos antivirales, además de implementar medidas de distanciamiento social, podría salvar al menos 250.000 vidas durante la reapertura de China. El equipo de Murray también encontró que los mandatos de distanciamiento social podrían ayudar a evitar que los hospitales sufrieran una ola concentrada de pacientes, lo cual reduciría unas 200.000 muertes hasta abril, incluso más si a esas medidas se suma el uso más generalizado de cubrebocas y antivirales.
La percepción que el público chino tenga de la amenaza del brote también será importante para su evolución. Los científicos señalan que incluso si la gente decide empezar a tomar más precauciones durante un breve periodo, esto podría suponer la diferencia entre que los hospitales puedan tratar a sus pacientes más enfermos o que se vean completamente desbordados.
La tasa de vacunación del país es otra variable importante. Mientras que el 90 por ciento de la población ha recibido dos dosis de la vacuna, la tasa de refuerzo es mucho menor entre los chinos de mayor edad. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que con las vacunas chinas que utilizan virus inactivados es fundamental recibir tres dosis.
Según James Trauer, experto en el modelado de enfermedades infecciosas de la Universidad Monash de Melbourne, Australia, la protección extra de las dosis adicionales debe surtir efecto en menos de dos semanas para las personas que ya se vacunaron. Y señaló que el tamaño del país significa que el brote no alcanzará a todo el mundo al mismo tiempo, por lo que algunas regiones tendrán más tiempo para inocular a más personas.
Los científicos están analizando los patrones de transporte para comprender qué tan rápido podría propagarse el brote, pero las estimaciones no son precisas.
Los científicos de Hong Kong, en su estudio reciente, analizaron datos de pasajeros de un conjunto de líneas de metro de Pekín. La información, dijeron, sugería que la movilidad en la ciudad se había reducido a niveles bajos porque las personas se quedaban en casa para protegerse contra el virus.
Pero Yanzhong Huang, miembro principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que había algunos indicios de que, al menos en las grandes ciudades, el tráfico peatonal se estaba acelerando y los restaurantes estaban cada vez más ocupados.
“Eso parece desafiar la noción de que las personas están tomando precauciones”, dijo.
Algunos modelos han asumido que China experimentaría una tasa de mortalidad por infección muy similar a la de Hong Kong en las primeras etapas de su brote. En ese entonces murieron casi 10.000 personas en un territorio de 7,5 millones a los pocos meses de la propagación de la variante ómicron. Una cifra comparable en China, con sus 1400 millones de habitantes, sería mucho mayor.
Pero también hay diferencias importantes. China tiene una cobertura de vacunas más sólida en su población de mayor edad que la que tenía Hong Kong al comienzo del brote.
Sin embargo, según el momento de sus respectivos brotes, la campaña de vacunación de toda la población de China fue más temprana que en Hong Kong, lo que significa que los efectos de las inoculaciones tardaron más en desaparecer. Hong Kong también brindó la opción de vacunas occidentales con tecnología de ARNm más nueva, mientras que China se basó exclusivamente en vacunas locales, menos efectivas. Los hospitales también pueden tener más dificultades para manejar el aumento en algunas zonas de China.
La falta general de claridad ha generado preocupaciones de que el tamaño del brote podría crear más oportunidades para que el virus que circula por China (versiones importadas de la ómicron) mute a una variante más peligrosa.
“Hemos tenido una gran cantidad de infecciones a nivel internacional”, dijo James Wood, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, estimando que la mayoría de las personas en todo el mundo habían contraído el virus. “Esas infecciones superan a las que se han registrado en China”.
Alexandra Stevenson y Benjamin Mueller
“Esta idea es una iniciativa que llevamos adelante y que también conversamos mucho con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y con su equipo. Es un proyecto que viene muy avanzado y que espero que lo podamos llevar adelante en el primer trimestre de este año”, afirmó Sujarchuk.
El proyecto tomó estado público en noviembre pasado, cuando el secretario lo anunció durante un evento de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (Cessi). Allí sostuvo: “Nosotros, además, vamos a potenciar la creación de una empresa nacional de software: no para quitarles trabajo, sino para darles más trabajo. Si no, siempre el león se come al ratón. En las grandes licitaciones, ninguna empresa chica tiene espalda suficiente. Mejor que el Estado esté para agrupar a todas las pequeñas empresas y que entren a vender servicios. No hay que tener miedo ni ver fantasmas, hay que trabajar en serio y poner números sobre la mesa”.
Para los empresarios, un proyecto así potenciaría a la industria local e incluso se podría pensar en exportar el software. Sin embargo, no creen que sea necesario crear una compañía para tal fin, sino que alcanzaría con modificar la ley de compras.
Según Sujarchuk, la empresa permitiría retener talento que hoy el Estado no puede preservar porque no tiene las categorías para hacerlo. Cabe recordar que el sector está muy bien pago, y según el último relevamiento de la Cessi, un desarrollador semi senior cobraba $256.000 en julio pasado. La cifra puede ser mayor si trabaja para el exterior y cobra en dólares.
“Es una de esas medidas que nosotros vemos como de avanzada, que tomamos a tiempo para poder estar a la altura de las circunstancias en la medida en que se empiece a avanzar en billeteras electrónicas, tokenización de activos, tokenización de procesos, de datos. Entonces es clave tener una empresa de software que garantice al estado la organización y al privado también le va a dar una oportunidad”, agregó.
Por otra parte, sostuvo que el proyecto de monotributo tecnológico se incluiría en el temario de las sesiones extraordinarias a las que está convocando el Gobierno.
“La propuesta del Ministerio de Economía va a ser incluir el proyecto en el llamado a extraordinarias. El monotech no solo abarca a la economía del conocimiento, sino a otros talentos como periodistas, guionistas, gamers, diseñadores, etc. que prestan servicios permanentes o eventuales. Si el Estado argentino no les da una herramienta no es que las personas dejan de prestar el servicio al exterior, sino que lo hacen de manera offshore, cobrando en criptomonedas o cuentas de afuera, o con algún otro mecanismo”, esgrimió.
El monotributo tecnológico va a correr a la par del monotributo tradicional, es decir que, si alguien ya es monotributista y saca el monotech, no va a pagar ni la jubilación, ni las cargas sociales que ya está abonando. Va a haber tres categorías según el nivel de facturación con topes de US$10.000, US$20.000 y US$30.000
“Estudiamos los topes con las empresas del sector para que esto no los perjudique en cuanto a las contrataciones, que es lo que algunos argumentan, y, en general, hemos encontrado muchísima adhesión de los sectores jóvenes porque con esta herramienta pueden ingresar de forma lícita y en blanco con una carga tributaria baja sus ingresos en una cuenta en dólares sin pasar por el mercado único de cambios”.
El equipo de Innova Space.
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«Desde comienzos de septiembre, los grandes medios retomaron un viejo discurso: que el aeropuerto de Ezeiza es la única salida posible hacia una vida mejor. Con encuestas, notas sobre qué profesionales buscan otros países, testimonios encantadores de argentinos que viven afuera, explicaciones de cómo tramitar la visa o la ciudadanía europea, van sedimentando en el humor social la idea de que la vida en Argentina es mala, mientras que en el extranjero todo es mejor. Lejos estoy de una postura necia que esconde problemas bajo la alfombra, o que niega que otros países tienen facilidades en algunas cuestiones que acá se presentan como una dificultad. Quiero cuestionar cómo puede ser que el relato de un diario pueda convencernos de cambiar nuestra percepción sobre nuestras vivencias. ¿Por qué pesa más la opinión de un periodista sentado en un escritorio que la propia experiencia? ¿Qué tan fiel son las representaciones que nos llegan de otros países, o incluso del nuestro, si siempre nos llegan sesgadas por el recorte que hacen los medios de comunicación? No quiero promover una oda a la argentinidad y hacer enumeraciones de Maradona, Messi, el Papa Francisco y el Che, por más simpatías o antagonismos que despierten. Ciertamente Argentina tiene problemas a solucionar, como los tienen todos países del mundo (algunos más, otros menos). Pero Argentina tiene también un sistema de salud pública al que pueden acceder de manera gratuita todas y todos sus ciudadanos, sin distinción de clase social o nacionalidad, mientras que en otros países se endeudan o pagan seguros para poder atenderse en un hospital. Argentina tiene, también, educación pública, que atrae a estudiantes del extranjero a formarse en nuestras instituciones, no sólo por la calidad de enseñanza en las mismas, sino también porque en sus países son inaccesibles los estudios universitarios. No quiero caer en el porteñocentrismo, pero todos y todas sabemos lo que significa la UBA como universidad a nivel regional: es la mejor posicionada de todo Latinoamérica, ocupando el puesto 66 a nivel global. Le sigue la Universidad Nacional de México, que ocupa el puesto número 100 (Fuente: Ranking QS 2020). La educación pública nos valió, también, varios Premios Nobel.ooooo
Tulio Calderón es ingeniero nuclear y Gerente de Proyectos Nucleares en INVAP, la empresa estatal de alta tecnología dedicada al diseño, integración y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Desde Países Bajos, Calderón se tomó el tiempo para responder sobre diversos temas, y, desde su experiencia en una de las compañías más dinámicas de nuestro país, sobre la estrategia que debe tomar Argentina en el marco de la transición energética y el potencial que tiene Argentina para agregar valor agregado a su producción y posicionarse como un jugador importante a nivel mundial en distintos sectores. Misión Productiva: En pocas palabras, contanos, ¿Qué es INVAP? Tulio Calderón: INVAP esencialmente es una empresa que trabaja en varios campos de la tecnología. En un intento de buscar un punto en común entre las cosas que hacemos en defensa, como sistema de radares o reactores nucleares, y las vinculadas con satélites o centros médicos, podríamos decir que la empresa se especializa en la fabricación de bienes de capital asociados a infraestructura en series cortas para abastecer a varios gobiernos en el mundo a través de agencias especializadas en distintas áreas. MP: ¿Cómo influye la geopolítica en los negocios de la empresa? ¿Cómo es venderle a otros gobiernos? TC: Buena pregunta, antes dejame decir que en Argentina tenemos muchas razones para estar muy orgullosos de las cosas que se han hecho en el país. En primera instancia pudimos desarrollar capacidades propias, como ocurrió en el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Argentina se metió en el concierto de temas nucleares mucho antes que otros países. El primer reactor que hizo INVAP fue el RA-6, en Bariloche, que se fabricó justamente cuando se abrió la carrera de ingeniería nuclear en el Balseiro, y para ese entonces la CNEA ya tenía en sus espaldas cuatro reactores propios. A partir de allí pudimos exportar el primer reactor a Perú, por cercanía geográfica y política, y luego a Argelia, por la afinidad en el marco de los Países No Alineados con ninguno de los dos bandos que se enfrentaban en la Guerra Fría. No es extraño que un país que tiene capacidades propias le venda primero a países que tengan cercanía geográfica o política, para finalmente participar en licitaciones internacionales, como hizo Argentina a partir de finales de los ´80. Los mercados muy grandes suelen ser atractivos desde el punto de vista de la competencia, pero los mercados de nicho tienen muchas ventajas ya que hay menos participantes en el mercado y tardás menos tiempo en entrar. En el tema espacial, el uso de la tecnología como herramienta geopolítica quedó evidenciado cuando, a partir de 1989, Estados Unidos nos dijo que no hagamos más esfuerzos para hacer lanzadores de satélites, sino que hagamos satélites que ellos nos los lanzaban desde su territorio para que Argentina se alinee con Occidente. Después, ya habiendo atravesado estos casos, en el 2000 trabajamos con el gobierno para llevar adelante una propuesta de hacer radares a nivel local, porque ya teníamos la convicción de que no era un problema técnico sino un problema de definir necesidades propias incorporando una visión de largo plazo. La situación técnica es el menor de los problemas; teniendo el mercado interno y empresas con capacidad, es un tema de tener un tamaño suficiente de unidades para producir que te permitan amortizar el costo del desarrollo de la primera vez , es decir, los gastos no recurrentes los amortizas sobre series más largas y ahí es donde viene el compre estratégico del Estado, algo que ocurre en todos los países. Si no hay Estados que dirijan las compras de bienes estratégicos para desarrollar sus empresas, estas van a parar a la competencia extranjera y eso implica perder la oportunidad de desarrollar capacidad productiva. MP: En los últimos años INVAP fue noticia por su dificultad para pagar los sueldos y el achicamiento de su personal. ¿Cómo está hoy la empresa? ¿Logró revertir ese proceso? TC: En este momento te diría que no estamos en un proceso de achique; por el contrario, estamos en una época de crecimiento pero con limitaciones a la hora de conseguir la cantidad de recursos que precisamos. Hasta hace 20 años, encontrar gente que hiciera desarrollos en software, electrónica, sistemas, comunicaciones era difícil. Hoy Argentina tiene entre 5.000 y 10.000 personas que se gradúan por año en carreras vinculadas con la informática, la ingeniería y cuestiones industriales. Todas esas personas tienen trabajo, ya que la demanda interna es grande y también hay demanda de empresas extranjeras que buscan talentos en distintas partes del mundo porque muchos de sus productos son virtuales. Con los mercados de la tecnología de la información creciendo un 10% anual a nivel global, muchísima gente sale a buscar talentos por estos lares. La compleja situación cambiaria en Argentina genera dificultades para retener recursos para trabajos locales, al menos que tengas la posibilidad de pagarlos. Hay una suerte de bendición y maldición a la vez, es decir, hay muchísimo trabajo para cualquiera que quiera entrar en el sector, pero es difícil no competir globalmente.Desde hace al menos una década, la relación entre el Poder Judicial y la política se empezó a volver un tema de discusión mediática e institucional. Se hizo habitual que conflictos como los de las últimas semanas (el fallo por la coparticipación, la condena a CFK, el affaire Lago Escondido, entre otros) capten la agenda pública y se conviertan en ejes ordenadores fundamentales de los vínculos entre el oficialismo y la oposición.
Pero, ¿en qué medida este problema se ha transformado también en un asunto de preocupación social? En general intuimos que para la mayor parte de la sociedad es una cuestión menor, tecnicista, o lejana respecto de la gran importancia que tiene para el sistema político (acaso Cristina Kirchner, que hace meses le pide a la ciudadanía que se “despabile”, sea quien -a su manera- más nota toma de esta brecha). Pero más allá de su grado de relevancia para las personas de a pie -como si cuantificarlo fuera tarea sencilla-, sabemos poco acerca de su significado; es decir, cómo se sedimentan socialmente estas controversias y se convierten en maneras de percibir, vivir y relacionarse con las instituciones políticas y judiciales.
A partir de una asociación entre la Escuela IDAES, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y el Programa PASCAL -todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín-, realizamos una encuesta a 840 residentes del AMBA de 16 años y más con el fin de indagar en interrogantes como: ¿en qué medida asistimos a una crisis de legitimidad del Poder Judicial? ¿Cuáles son las distintas formas en que se piensa la relación entre política y justicia, y cuánto explica la polarización que las personas asuman ciertos tipos de mirada? Y por último, ¿vislumbra la sociedad algún tipo de salida?
Empecemos por el final: una de las preguntas que le formulamos a los participantes de este estudio fue su nivel de acuerdo con una reforma que vuelva a la justicia más “transparente y democrática”. Para nuestra sorpresa, la aceptación resultó mayoritaria: un 57,8% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 28,8% se pronuncia en desacuerdo o muy en desacuerdo. Además -y llamativamente-, apenas un 4,6% se declara indiferente y sólo un 8,8% opta por no contestar. Por lo tanto, estamos ante un asunto que conduce a la toma de posición más que a la desaprensión.
A partir de estos datos, nos propusimos observar cómo varía el apoyo a una reforma según el nivel de confianza en el Poder Judicial. Las personas que más confían tienden a ser las que menos interés tienen en una reforma (41,5%), mientras que las que menos confían son las que más avalan esta idea (69,2%). Se trata de resultados probablemente esperables, que sin embargo constatan que la desconfianza en la justicia está asociada con un interés en transformarla, y viceversa.
Ahora bien, al analizar las posiciones ante una posible reforma en relación con la intención de voto para las próximas elecciones nos encontramos con datos más sorpresivos. Sumando los distintos grados de acuerdo, los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%.
Más que la muy elevada aceptación de esta iniciativa por parte de los oficialistas (que parecería corroborar una sintonía entre la dirigencia y la base electoral), resulta notorio el nivel relativamente alto de acuerdo por parte de los votantes de las principales vertientes opositoras. Aun si es probable que el significado que se le atribuye a esta hipotética reforma no sea igual para todas las personas encuestadas (de hecho, las ideas de “transparencia” y “democracia” pueden ser objeto de discusión en sí mismas), sí queda en evidencia que una porción importante de la población considera que algo puede o debe hacerse con la justicia. En otras palabras, podría afirmarse que es falso que entre los opositores prime rotundamente la idea de que “la justicia no se toca”.
Otra de las preguntas que les planteamos a los encuestados fue con qué intereses asocian al Poder Judicial. Si bien las opciones que ofrecimos fueron exploratorias y no necesariamente excluyentes, los resultados son a todas luces reveladores: un 21,1% sostiene que el Poder Judicial responde al Frente de Todos; un 15,7% a Juntos por el Cambio; un 13,9% a los políticos de turno; un 13,3% aduce que es independiente y defiende los intereses de la república; un 13,2% afirma que protege sus propios intereses corporativos; un 6% responde que está asociado a los intereses de los empresarios; y un 16,8% dice que no sabe u opta por no contestar. Si agrupamos estos datos según las respuestas que reflejan una idea de independencia judicial en contraposición a las que no, sólo un 13,3% de la población cree que el Poder Judicial es independiente y un 69,9% considera que no lo es.
Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree que defiende los intereses de los empresarios
Al estudiar estas respuestas en función de la intención de voto para 2023, constatamos que las percepciones sobre el Poder Judicial están relativamente atravesadas por la polarización política: entre los votantes del Frente de Todos, un 39,4% considera que la justicia responde a Juntos por el Cambio; y entre los votantes de Juntos por el Cambio, un 33,5% sostiene que se vincula al Frente de Todos. Pero, naturalmente, estos datos implican que también hay otras miradas. Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree (al menos como primera opción) que defiende los intereses de los empresarios.
Claro está, son muchos más los datos potencialmente relevantes para examinar sociológicamente qué está sucediendo en la relación de la población con las instituciones. Y, sobre todo en la coyuntura actual, cabe mencionar que las adscripciones político-electorales difícilmente sean las únicas variables que explican cómo hoy por hoy vivimos la política y entendemos la cuestión judicial: acaso haya que atender con suma atención a cómo la pertenencia generacional y la relación con el mercado laboral inciden en nuestras formas de experimentar la vida pública. Pero, en cualquier caso, los hallazgos que aquí expusimos ofrecen algunas ideas preliminares sobre lo que sucede con esta sostenida crisis político-institucional más allá de la dirigencia política.
Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos IDAES -UNSAM
🌽Maíz temprano 2022/23: “El 80% de lo sembrado ya está perdido” – 22 de Diciembre de 2022
— BCR Prensa (@BCRprensa) December 23, 2022
Lo dicen en Cañada Rosquin y Rosario. Los maíces tempranos están atravesando pleno período crítico en un escenario de sequía grave en toda región núcleo.
👉t.co/dN8UPRdcAD pic.twitter.com/VgyuH2lCGm
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Ante una inflación que no cesa y encarece el costo de vida, este 30 de diciembre, los productores de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) –en articulación con otras organizaciones sociales como la Red de Comedores por una Alimentación Sana y Soberana, el grupo ambientalista XR y los Curas Villeros– cerraron el año con otro verdurazo y frutazo en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, en el cual entregaron más de 15.000 kilos de alimentos, “en solidaridad con el pueblo y en reclamo de políticas públicas para el sector”. La organización está compuesta por más de 25.000 familias pequeño productoras, que forman parte del 66% de las unidades productivas que desde apenas el 13% de las superficie cultivadas (según el Censo Nacional Agropecuario de 2002) produce la mayoría de los alimentos frescos que llegan a las mesas de los argentinos, y que desde hace años reclaman y esperan políticas específicas vinculadas al acceso y uso de la tierra y el agua, así como otras políticas públicas que les permitan mantenerse productivos y competitivos. Por ejemplo, la sanción de una ley de acceso a la tierra, por la que vienen luchando desde el año 2016. “Es triste que el Gobierno no tenga políticas para el sector. Somos quienes alimentamos al pueblo pero las tierras no son nuestras, alquilamos y tenemos casillas de madera, porque si a los tres años los dueños no quieren renovar los contratos, tenemos que irnos con lo que tenemos”, cuestiona Zulma Molloja, una de las productoras que integra la UTT. “Una tendencia que se viene manifestando sin mayores modificaciones en las últimas décadas, con mínimas diferencias en los discursos y en las políticas de los sucesivos gobiernos, es la discriminación negativa y la falta de reconocimiento hacia la agricultura familiar, campesina e indígena como un sector o un conjunto de sectores productivos”, sostiene el ingeniero agrónomo Carlos Carballo, que fue coordinador de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS), y considera que este es un tema “central” para poder generar y sostener alternativas que contribuyan a generar cambios en el modelo productivo y hacia una producción agroecológica de alimentos.