«Hoy, una adecuada transmisión de datos es una necesidad básica. Actividades como teletrabajo o clases virtuales no podrían realizarse efectivamente sin una conexión robusta y eficiente».
Son afirmaciones de Lucas Samyn, ingeniero de Producto y Aplicaciones de Furukawa Electric LatAm. Reproducimos en AgendAR su columna porque estamos de acuerdo con su afirmación central (si bien falta encarar el problema de «la última milla», el acceso a los hogares, en las zonas rurales), también porque ayuda a poner en sus justos términos la discusión sobre presencialidad que se ha dado en nuestro país.
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«La suspensión de clases presenciales en el mundo ha sido una constante desde la llegada del Covid-19. El cambio educativo de abandonar el salón a reconvertir la casa en el centro de estudios virtual ha encontrado en la tecnología su mejor aliado para adaptar este concepto.
El cierre total o parcial de las escuelas en América Latina y el Caribe, ha dejado hoy, unos 114 millones de estudiantes sin escolarización presencial. Según las últimas estimaciones de UNICEF, sólo 7 países de América Latina y el Caribe han abierto completamente sus escuelas, mientras que en 12 países y territorios las escuelas permanecen completamente cerradas y en el resto de la región están parcialmente cerradas.
Ante el desafío de continuar con los ciclos de aprendizaje, los diferentes gobiernos de la región han volcado esfuerzos y mirado a la tecnología como solución. Por ejemplo, si tomamos a Chile como referencia, en dicho país la unión de los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y de Educación (MINEDUC) dieron a conocer el proyecto “Conectividad para la Educación 2030”, iniciativa que busca mejorar el acceso a Internet de cerca de 10.000 establecimientos educacionales para el 2021.
Desde Furukawa creemos que la pandemia ha sacado a flote la importancia trascendental de la industria de las telecomunicaciones frente a la crisis sanitaria que enfrentamos. En este sentido, la conectividad por fibra óptica se ha convertido en un servicio esencial, ya que conlleva mayor transmisión de datos y nada de lo anterior podría realizarse efectivamente sin una conexión robusta y eficiente.
Los servicios tradicionales de Internet pueden no estar cubriendo adecuadamente la alta demanda de las redes educativas. Lo que podría evitarse o mejorarse con un servicio de fibra de alimentación de alta calidad.
Este cambio significa múltiples beneficios como menos costos de capital (CAPEX), mantenimiento, operativos o de ciclo de vida involucrados (OPEX). Este tipo de tecnología permite además disminuir el consumo de energía y, ya que utilizan un 87% menos de plástico que las redes tradicionales logran una reducción en el impacto de la infraestructura en el medio ambiente.
Finalmente, un cableado de fibra moderno, para una organización educacional, aumentará y hará que su área de trabajo sea más respetuosa con el medio ambiente. La tecnología de fibra óptica es totalmente reciclable, utiliza un 80% menos de cobre y un 60% menos de energía que las redes tradicionales, por lo que la sustentabilidad es uno de sus principales beneficios.»
Se trata de 10 vagones que compartirán las firmas Tecnocom, que llevará caños para electricidad, y Piedra Grande La Toma, que embarcará feldespato. Hace ocho años que este trayecto no se hacía para cargas industriales.
La semana pasada, en la Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes, se inició una carga industrial para despachar por tren a Buenos Aires 10 vagones que llevará materia prima de dos empresas radicadas en San Luis, desde la estación multimodal, que opera la Secretaría de San Luis Logística.
Tecnocom cargará cinco vagones con caños corrugados para instalaciones eléctricas y la firma Piedra Grande La Toma llevará rumbo a Buenos Aires feldespato molido. “El tren, históricamente, baja los costos de flete”, aseguró el jefe del Subprograma ZAL y Ferrozal, Eduardo Riveros.
A futuro, San Luis Logística pretende sumar cada vez más frecuencias con cargas industriales y que, además, sean de ida y vuelta, o sea que los trenes vengan de Buenos Aires a San Luis con mercadería y tener un contra flete que baje aún más los costos, un sistema que se denomina “Round Trip” (ida y vuelta).
En el contexto de las restricciones en distintas prácticas sociales producto de la pandemia de Covid-19, una encuesta de la UADE y la consultora Voices! indagó sobre la percepción de los argentinos respecto de cuánto tiempo pasará -nuevas variantes mediante- hasta que puedan retornar a su vida tal como era antes de la pandemia de Covid-19.
El trabajo de campo se realizó en la primera quincena de junio de 2021 en todos los sectores socioeconómicos en todo el país, con 1.306 personas encuestadas de 16 años y más.
Casi la mitad de los argentinos (49%) consideró que pasará más de un año para que puedan volver a vivir su vida más o menos como era antes de la pandemia, mientras que uno de cada cuatro (24%) sostuvo que esto ocurrirá dentro de más de 6 meses pero antes del año.
En menor medida, un 11% de los argentinos opinó que podrá volver a su vida tal como era antes en 6 meses o menos. Más específicamente, un 7% de los encuestados consideró que pasarían entre 4 y 5 meses para poder retomar su vida tal como era antes, mientras que un 3% sostuvo que esto sucedería en los próximos 2 o 3 meses y un 1% opinó que eso ocurriría durante el próximo mes.
Entre las diferencias más importantes a destacar en términos sociodemográficos, los hombres son más optimistas que las mujeres (la normalidad ocurrirá en menos de 1 año: 42% vs 29%), y también existe mayor optimismo en AMBA que en el interior. Son más pesimistas -piensan que tardará más de un año-, los universitarios (56%, vs. 46% de los primarios) y los segmentos socioeconómicos más altos (55% vs. 48% de los bajos).
Al analizar los resultados de la encuesta, Federico Toledo, responsable de la Licenciatura en Psicología de UADE, señaló que «esta percepción, compartida por la mitad de la población, más allá de estar vacunado o su zona de residencia, nos muestra que lo que vendrá será un contexto nuevo. Aceptarlo implica incorporar lo que hemos ganado y perdido.
«En muchas ocasiones, nuestras expectativas superan a la realidad, apareciendo como un impedimento cuando nos encontramos ante hechos concretos desfavorables. La ilusión amortigua el contexto desafiante a través de nuestras motivaciones, creencias y deseos alimentados por nuestras experiencias previas gratificantes».
Territorialmente, tampoco se obtuvieron diferencias significativas en las perspectivas de retorno a la normalidad entre localidades de distintos tamaños poblacionales, aunque los residentes de los conglomerados urbanos de entre 50.000 y 499.999 habitantes se mostraron un poco más pesimistas al respecto.
Solange Finkelsztein, Coordinadora de Investigaciones de UADE, destacó que “a pesar de haber transcurrido un largo recorrido desde los inicios de la pandemia, la sociedad aún no ve claramente una vuelta a la normalidad, al menos no en el corto plazo”.
Por su parte, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, remarcó que “el estudio muestra que no existe una idea clara en la sociedad sobre cuándo será la vuelta a la normalidad. En este contexto hay cierto pesimismo, ya que casi la mitad de la población pronostica que se podría tardar más de 1 año”.
Esta semana la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio media sanción al convenio entre el Grupo IRSA y el gobierno de Rodríguez Larreta para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos -un megaproyecto bautizado «Costa Urbana»- en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un predio de 71 hectáreas ubicado sobre el Río de la Plata, en la Costanera Sur.
Esta decisión, que todavía deberá ser debatida en una audiencia pública, es duramente criticada, por supuesto, por la oposición al gobierno porteño, y también por los defensores del ambiente urbano. Consideran que es una barrera más entre la ciudad y el río, y, sobre todo, una sobrecarga más para los servicios de la Ciudad -agua potable, cloacas- que ya están muy cerca del límite en muchas zonas de la urbe.
Tocamos este tema en AgendAR porque este proyecto -aunque si se hace o no será una decisión de los porteños- plantea una cuestión importante para todos los argentinos: ¿conviene seguir volcando recursos, materiales y humanos, en la gigantesca Área Metropolitana, que en un 1% del territorio nacional amontona más de un tercio de la población? Creemos que no.
Y hay otro aspecto relevante en este tema: ¿los departamentos con «amenities», destinados al llamado «sector ABC1», el 20% de la población -en Argentina, unos 9 millones de personas- siguen siendo el nicho de negocios más prometedor de la construcción? El grupo IRSA tiene «expertise», sin duda, pero un artículo en el siempre interesante «El Grito del Sur» arroja dudas. Lo reproducimos.
«El elefante blanco de IRSA en plena 9 de Julio
La refacción del Edificio del Plata, en el Microcentro porteño, permanece frenada hace casi cuatro años.
Antes de convertirse en una gran mole de cemento abandonada, el Edificio del Plata fue un popular mercado y una de las sedes administrativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hoy, el e.dificio de 42.256 m2., propiedad de la empresa IRSA y ubicado en pleno Microcentro porteño, permanece abandonado, en pésimas condiciones edilicias y sin un horizonte concreto de reforma.
En el año 1856, en la manzana que actualmente componen Carlos Pellegrini, Sarmiento, el Pasaje Carabelas y Juan Domingo Perón, funcionaba el Mercado del Plata, primer mercado de abasto techado de la Ciudad.
Cien años después, en 1947, la Municipalidad ordenó edificar allí una sede de la administración local, con el objetivo de montar algunas oficinas del Gobierno porteño. Tras quince años de construcción, en 1961 se inauguró una moderna edificación de fachada vidriada, ocho pisos y tres subsuelos, en cuya planta baja se instaló una sede del Banco Ciudad y en el resto del monumental complejo, oficinas administrativas.
Sesenta años después, lo que fuera una joya de la arquitectura moderna porteña se convirtió en un elefante blanco. En 2012, luego de un largo proceso de abandono y desgaste edilicio, el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri envió un proyecto a la Legislatura para autorizar la venta del inmueble (que acumulaba problemas de humedad y fallas en el sistema eléctrico). El objetivo de Macri era conseguir fondos para financiar la construcción de la nueva sede de la jefatura de Gobierno en Parque Patricios. Así, el 20 de diciembre de 2012, en la última y maratónica sesión de aquel año, el legislativo porteño aprobó la venta del inmueble.
En 2016, Eduardo Elzstain, dueño de la empresa IRSA, ganó la subasta pública por 68 millones de dólares y se quedó con el edificio. Su objetivo inicial era montar la sede de otra de las empresas de su propiedad: el Banco Hipotecario. La que fuera sede de la Dirección General de Infracciones pasaría a ser el edificio corporativo del banco en cuestión. En ese entonces, IRSA prometió el inicio de las obras, la reapertura del edificio y la construcción de jardines en altura. Sin embargo, los compromisos de la empresa se quedaron en el papel.
“El remate se ganó hoy y hoy mismo se van a poner a trabajar para poder unificar todas las oficinas que tenemos dispersas en una», declaró Elsztain en 2016. Cinco años después de la venta y el anuncio, el edificio continúa tapiado, con un gran cartel amarillo de propaganda del Gobierno de la Ciudad que cubre su fachada. Producto del olvido, sobre la peatonal Pasaje Carabelas, convive un estacionamiento de motos al aire libre con algunas «ranchadas» itinerantes de gente en situación de calle.
La constructora IRSA está hoy en el centro de la escena: pretende edificar el barrio Solares Santa María en plena Costanera Sur, un emprendimiento de lujo con torres de hasta 45 pisos en un humedal lindero con la Reserva Ecológica. Se trata de la parcela privada más grande de la Ciudad de Buenos Aires y, en los papeles, la empresa de Elzstain se compromete a ceder parte del espacio como terreno público. Pero sus antecedentes no lo ayudan.
Frente a la parálisis de las obras en el edificio que se asoma a la avenida «más ancha del mundo», la empresa se excusó en la necesidad de la adecuación del título, un permiso excepcional que la habilitara para avanzar en la refacción necesaria. En 2019, la Legislatura trató el proyecto del Jefe de Gobierno para brindar una excepción constructiva a la empresa de Elszstain pero el proyecto no prosperó y debió volver a comisión por falencias en los estudios técnicos presentados.
En pleno Microcentro, un elefante blanco espera que se concreten los fallidos acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA. Mientras tanto, el complejo se deteriora, la manzana entera continúa deshabitada y la prometida construcción no avanza.»
Un tratamiento basado en la combinación de dos anticuerpos de acción prolongada (LAAB) que se aplica en forma preventiva redujo un 77% el riesgo de desarrollar Covid-19 sintomático en comparación con placebo, según los datos preliminares de un estudio difundido por el laboratorio AstraZeneca.
El ensayo (Provent) incluyó a 5.197 participantes de 87 instituciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia y Bélgica a quienes se les asignó al azar el tratamiento (AZD7442) o un placebo, en una relación de 2:1.
«Más del 75% de los participantes tenían comorbilidades, que incluyen afecciones que, según se ha informado, «causan una respuesta inmunitaria reducida a la vacunación», señaló un comunicado que, además, indicó que «en el momento de la selección, no estaban vacunados y tenían una prueba serológica de Sars-CoV-2 en el lugar de atención negativa».
Según informó la compañía, el tratamiento redujo el riesgo de desarrollar Covid-19 sintomático en un 77% en comparación con el placebo. El ensayo acumuló 25 casos de Covid-19 sintomático en el análisis primario.
No hubo casos graves ni muertes relacionadas con coronavirus en las personas tratadas con AZD7442, mientras que en quienes recibieron placebo hubo tres casos de Covid-19 grave, que incluyeron dos muertes.
También se informó que el tratamiento fue bien tolerado y los análisis preliminares mostraron que los eventos adversos se equilibraron entre los grupos de placebo y los tratados con AZD74422.
«Los datos de Provent muestran que una dosis de AZD7442, administrada en una forma intramuscular conveniente, puede prevenir rápida y eficazmente el Covid-19 sintomático. Con estos resultados, AZD7442 podría ser una herramienta importante en nuestro arsenal para ayudar a las personas que pueden necesitar más que una vacuna para volver a su vida normal”, indicó Myron Levin, profesor de Pediatría y Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos.
Los destinatarios del tratamiento serían aquellas personas que,por algún motivo, no logran protección con las vacunas o bien a aquellos que tienen un mayor riesgo de infección por su actividad.
Según AstraZeneca, AZD7442 podría brindar hasta 12 meses de protección contra Covid-19, y se administra mediante inyección intramuscular.
La compañía informó que seguirá realizando un seguimiento de los participantes durante 15 meses y cuando hayan concluido se enviarán los resultados completos a una revista con revisión de pares para su publicación.
I’m encouraged by the positive results from our PROVENT Phase III trial showing that our long-acting antibody combination, AZD7442, was effective in preventing symptomatic #COVID19: t.co/RGcnk00ZQWpic.twitter.com/ChRC8ePlVn
Según Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, estos robots serán capaces de realizar tareas básicas repetitivas, reemplazando a las personas en trabajos peligrosos o aburridos.
El empresario afirmó que su compañía busca alcanzar robots humanoides y para el próximo año tendrá un prototipo inicial del “Tesla Bot”. Musk hizo el anuncio en un evento virtual sobre los avances de Tesla en inteligencia artificial.
“Tesla es la mayor compañía de robótica del mundo porque los autos son robots semi-sensibles sobre ruedas», aseguró, quien logró convertir a Tesla en la nave insignia del mercado de vehículos eléctricos, adelantándose a los gigantes de la industria automotriz. Y luego se lanzó a una multimillonaria carrera espacial.
«Porque el robot va cumplir las tareas que los humanos hoy llevan a cabo pero quisieran no hacerlas, tiene cierto sentido poner eso en forma humanoide», explicó y adelantó que tendrá manos con cinco dedos y vendrá en blanco y negro.
También indicó que será «amistoso» y construido de tal manera que en todo caso «puedas huir de él y apagarlo». «Esperemos que eso nunca pase, pero quién sabe», bromeó.
Este anuncio llega en momentos en que Tesla está bajo la lupa por su sistema de vehículos con conducción asistida, que reguladores en Estados Unidos investigan tras una serie de accidentes.
En AgendAR respetamos la audacia y el talento para los negocios y la publicidad de Elon Musk, pero todavía creemos que los robots humanoides pertenecen a las historias de Asimov.
Es cierto que los robots de Boston Dynamics, de un diseño más realista, practican parkour, pero nos asegura un experto que les falta mucho para alcanzar la técnica de un humano con un par de años de práctica.
La empresa Aguas Provinciales de Santa Fé debió sumar más bombas y ubicarlas varias decenas de metros hacia dentro del río para poder seguir abasteciendo a la ciudadLos canales internos de las islas del Delta entrerriano quedaron secosFrente a Rosario, en las islas, funcionaba la pista de remo mas antigua del país, que hoy está prácticamente seca por la bajante
ARSAT ofrece los servicios de su Nube Pública Nacional para que los organismos estatales puedan administrar sus datos y responder a picos de necesidad de procesamiento sin necesidad de comprar equipamiento ni tener una dotación de especialistas en diversas áreas. En una segunda fase ampliarán sus servicios para el sector privado.
Entre las compañías de informática más grandes del mundo, la mayoría dan servicios a otras empresas, tanto del sector privado como del público. En el caso de la empresa estatal ARSAT, muchos la conocen por sus satélites y por el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), pero menos por su centro de datos y la creación de la Nube Pública Nacional.
Los servicios en la nube (o basados en Internet) permiten contratar diversos requerimientos informáticos (almacenamiento y procesamiento de datos, uso de aplicaciones de software) en un esquema bajo demanda, es decir, en función de la necesidad y con un costo que puede variar según las necesidades del usuario.
En el caso de ARSAT, esto permite que sus clientes, de momento casi todos instituciones públicas, puedan administrar sus datos y responder a picos de demanda o necesidades especificas, como por ejemplo la seguridad informática, sin incorporar personal especializado.
Para acceder al datacenter de ARSAT es necesario primero establecer un convenio y prefijar la cantidad de máquinas virtuales necesarias, un proceso que puede llegar a tomar hasta tres meses.
Pero a partir de la oferta de la nube pública, el usuario cuenta con una interfaz virtual en la que en pocos segundos puede adaptar el servicio a sus necesidades de forma eficiente. El servicio hoy se encuentra en su primera fase y permite cubrir las necesidades del 90% de los organismos públicos. En una segunda fase, ARSAT podrá aumentar la capacidad de procesamiento para ampliar su oferta de servicios en el sector privado.
“En general, hay un déficit enorme de personal de seguridad informática y muchos organismos no pueden pagar lo suficiente como para retenerlos”
Un diferencial con respecto otros centros de procesamiento en la nube tiene que ver con la REFEFO, que permite velocidad y baja latencia en la transmisión de datos dentro del territorio nacional y con costos en pesos. La nube está montada sobre los servidores del centro de datos, que cuentan con un estandar de seguridad TIER III, que equivale a que el servicio solo puede estar caído no más 1,6 horas al año.
Hugo Scolnik es gerente adscripto de la Gerencia de ARSAT, y dice: “La seguridad de los datos es siempre un tema fundamental, a lo que se suma la importancia de que los datos no salgan del país. En general, hay un déficit enorme de personal de seguridad informática y muchos organismos no pueden pagar lo suficiente como para retenerlos, y en muchos casos tampoco se justifica porque el volumen de datos no es demasiado grande. Por eso está bueno poder recurrir a ARSAT, adonde están todas las seguridades, la seguridad física, la seguridad lógica, es un data center mundial y tiene la red de fibra óptica con expertos en ingeniería informática, backups automáticos y un montón de cosas más, lo cual al usuario le baja muchísimo sus costos”. ARSAT recibe entre 2000 y 3000 ataques informáticos por día que son neutralizados sin generar daños.
Actualmente, la Nube Pública Nacional de ARSAT está en un proceso de expansión con paso firme. Hay clientes como el INDEC que manejan y analizan muchos datos. También la empresa NEC está entre sus clientes.
“Nosotros habíamos empezado a desarrollar la nube pública en el año 2012 y 2013, después se interrumpió por los vaivenes de siempre y en el Gobierno anterior no se hizo absolutamente nada, más bien se volvió un esquema clásico de servidores, entonces cuando uno necesitaba cualquier recurso computacional tenía que hacer todo un proceso administrativo y hacer convenios. Así no se trabaja hoy en día. Todo el mundo tiene un dinamismo tremendo y muchas veces hemos respondido a necesidades puntuales en ARSAT por la pandemia, necesidades del Ministerio de Salud y de Defensa. De repente, llega un hecho imprevisto y se requiere la reacción inmediata porque los organismos necesitan soluciones, no convenios que no terminan nunca”, apunta Scolnik.
Esta nube también podría exportar servicios, aunque de momento la prioridad es abastecer la demanda nacional. Para eso también cuenta con enlaces de fibra óptica dedicados con la Universidad Nacional de Córdoba, con el MinCyT y con la AFIP. Con este organismo mantiene un respaldo cruzado de información, ya que la AFIP puede preservar sus datos en ARSAT y viceversa, ya que cuentan con un nodo que permite la interconexión de todos los servicios a alta velocidad con tráfico encriptado.
“Un organismo importante, no importa cual, un día nos llamó porque habían tenido ransomware (secuestro de datos) y les exigían que pagaran el rescate. Les dije que usaran el back up pero cuando lo habían hecho no se dieron cuenta de que ya estaba todo encriptado. Ese tipo de errores suceden en un organismo que puede ser muy bueno pero su motivo principal de existencia no es la seguridad informática. Es como que una pyme de 10 obreros se compre un camión de bomberos”, ejemplificó Scolnik.
En 2017 el entonces presidente Mauricio Macri había firmado un convenio con la empresa estadounidense Amazon para que la Administración Pública Nacional usara sus servicios en la nube. Ese acuerdo incumplía la Ley de Datos Personales, que impide que las bases de datos salgan del país sin informar a sus usuarios. Si bien no hubo información pública sobre si estos servicios se terminaron usando, Amazon también había prometido que instalaría un datacenter en la Argentina para dar servicios a América Latina, aunque en 2018 lo instaló en Chile.
Sobre la conveniencia de contratar estos servicios, Scolnik opinó: “Amazon tiene más servicios, pero del relevamiento de la Administración Pública Nacional que hicimos vemos que nosotros ofrecemos por lo menos el 90% de las cosas que se necesitan. Si me piden una aplicación que haga análisis de datos, nosotros lo podemos hacer, pero fuera de la nube pública, no lo damos como un servicio. Pero ¿cuántos lo pueden usar? En todo el Estado quizás hay uno que lo haya pensado, no se puede desarrollarlo para uno solo.
Sí estamos desarrollando una nube híbrida que tiene que ver con llegar a algunos acuerdos con otros proveedores Azure, Amazon, Google e IBM, de modo tal que, eventualmente, ante alguna necesidad que exceda todas las capacidades que podemos dar el usuario pueda acceder a este tipo de intercambio con servicios que están afuera del país”.
Hugo Scolnik
La aplicación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), la ley que concibió Agustín Rossi para contar con dinero destinado a reequipamiento militar, generó tensiones entre la Fuerza Aérea y las empresas del sector aeronáutico agrupadas en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE).
El conflicto salió a la luz a partir del pedido de devolución de equipos de su propiedad que hizo la fuerza y que habían sido concesionados a firmas privadas. Esas empresas, entre ellas División Turbos S.R.L. y MBA S.A. disponen de bancos de prueba y ciertas herramientas especiales cedidos en concesión para brindar servicios de mantenimiento, inspección y reparación a motores y asientos de eyección.
La fuerza dio un plazo de 10 días para la restitución de los bancos de ensayo y las herramientas. La discusión a resolver por el Ministerio de Defensa es si el presupuesto del Fondef está proyectado a la industria del sector o a la recuperación de medios y si hay certezas en la aplicación para desarrollo nacional de la producción para la defensa.
La CArAE notificó al ministro Jorge Taiana para que tome cartas en un asunto que a juicio de las compañías se mueve sin ordenamiento oficial. “Como lo hemos informado en otras notas a ese ministerio, al de Desarrollo Productivo y en reuniones con la subsecretaria de Investigación Científica, nos encontramos en la problemática denunciada por varias empresas asociadas: el no acompañamiento de algunas de las Fuerzas Armadas en lograr objetivos planteados de desarrollo de la industria, producir y generar trabajo nacional e ingreso de divisas por exportaciones”.
“Sin una política industrial clara del Ministerio de Defensa que obligue a agotar las posibilidades de desarrollo y fabricación nacional militar no tendremos éxito en esos objetivos que fueron enunciados por el Presidente de la Nación y su antecesor, señor ministro de Defensa, durante la disertación que se llevó a cabo en la Fábrica Argentina de Aviones el 25 de junio de 2021”.
La medida de recuperar equipos cedidos a privados tiene origen en premisas de conducción del jefe aeronáutico, brigadier mayor Xavier Isaac comunicadas en discursos oficiales. Isaac, con la promesa del Fondef, quiere restituir al servicio aviones desprogramados que aún tengan potencial, mejorar la gestión de recursos para recuperar capacidades técnicas de personal y efectuar servicios que antes eran tercerizados.
Este último objetivo colisionó con la modalidad contractual: tercerización; que desde 1995 lleva a cabo la fuerza en materia de inspecciones y mantenimiento de los asientos de eyección.
Ese año arrancó Martin Baker Argentina S.A., actualmente MBA S.A. -socio, representante, distribuidor y con taller local ubicado en Córdoba, del grupo británico Martin Baker Co. y de Sicamb SpA. de Italia, vinculada al grupo Martin Baker,- con la tarea de inspeccionar y someter a mantenimiento cíclico los asientos de eyección de la flota IA-63 Pampa.
La tercerización de servicios aeronáuticos es una herramienta que por lo general se aplica a actividades de complejidad y especialización casi de exclusividad, es el caso de los asientos eyectables, el último recurso que salva la vida del piloto. MBA S.A. recibió en concesión elementos de propiedad de la fuerza, esenciales para efectuar las inspecciones y en compensación la compañía local aplicaba una reducción del 40 % del valor a nivel internacional del servicio.
Con el tiempo las exigencias de servicio llevaron a inspecciones anuales con mayor demanda de repuestos y los parates en la producción del Pampa influyeron en los costos a prever en la planificación comercial de la empresa, tal como sucedió y sucede con otras compañías del ambiente aeroespacial. “Vamos a ahorrar cientos de miles de dólares en lugar de seguir pagando a terceros por el mantenimiento e inspección de los asientos eyectables”, sostiene el titular de la fuerza.
Indiscutible como argumento aunque para llegar a ese objetivo deberían afrontarse gastos en dólares cercanos al millón sólo para el inicio y sin poner en marcha el taller. El sector aeronáutico está regulado por normas de habilitación y certificación para el personal de técnicos, los equipos, las herramientas, la documentación y actualización de manuales, el mantenimiento del software de diseño y control, la actualización de Normas de gestión y calidad entre otros cargos que demandan erogaciones en ciclos determinados. A modo de ejemplo los técnicos o mecánicos de la fuerza que se asignen al taller de inspección de asientos eyectables deberán capacitarse previamente en cursos que se pagan en dólares y la habilitación y certificación es resorte del fabricante, en este caso Martin Baker.
Otro punto que reclamó la Cámara empresarial a Taiana es sobre presuntos condicionamientos en la redacción de un pliego licitatorio que dejarían fuera de competencia a la empresa nacional Redimec. Se trata de una licitación pública internacional con el objetivo de modernizar la aviónica de dos aeronaves Embraer EMB-312 Tucano publicada por la Agregaduría Aeronáutica argentina en Estados Unidos, y por la plataforma Compr.ar. Se cuestiona la inclusión de una valoración para el oferente “con experiencia en trabajos similares en aeronaves Tucano EMB-312”.
Citan que hay muy pocos casos en el mundo con antecedentes de tareas similares en el tipo y modelo de aeronave Tucano. No lo dicen pero Colombia y Brasil son los únicos que llevaron adelante actualizaciones de cabina, en el caso brasileño fue la empresa Albatross Engenharia. Redimec acredita idoneidad en upgrade de aviónica, la propia fuerza contrató sus servicios en 2018. Actualizó trabajando en conjunto con el Área de Material Río Cuarto, la aviónica de 3 Lear Jet 35, 1 Piper Dakota y 7 Cessna 182.
Observación de AgendAR:
Sin haber profundizado aún en el tema que plantea la nota, nos sentimos obligados a apuntar que en una Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial no debería participar / intervenir la empresa Martin Baker, reconocido fabricante de asientos eyectables… inglés.
En marzo de este año, Israel pensó que había visto y tocado la luz al final del túnel del COVID-19. Más de la mitad de los 9,3 millones de habitantes del país habían recibido dos inyecciones de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. El número se acerca ahora al 70 por ciento del país y sigue aumentando.
En ese momento Alemania, por ejemplo, estaba muy a la zaga: solo el 3,7% de sus 83 millones de residentes habían recibido sus dos dosis a mediados de marzo. Ahora, más de 63% ha recibido al menos una dosis, y el 57,5%, las dos.
Entonces, Israel estaba en las nubes. Los medios informaban que los barbijos habían desaparecido por completo de los espacios públicos y la vida había vuelto a la «normalidad».
Pero el COVID regresó.
Poco más de cuatro meses después, las cosas han cambiado. Algunos países advierten que Israel es un destino de alto riesgo para los viajeros. Los casos de COVID han aumentado constantemente desde mediados de julio en Israel. El Gobierno asegura que se trata principalmente de niños no vacunados, pero hay también un número importante de infecciones irruptivas (o sea, de personas completamente vacunadas que se han infectado).
El Ministerio de Salud de Israel ha citado estudios que sugieren que el nivel de protección que ofrecen las vacunas cae con el tiempo, especialmente frente la variante Delta.
Por eso, Israel quiere que las personas reciban una tercera dosis para estimular sus anticuerpos y aumentar sus posibilidades de luchar contra la enfermedad. Y ha estado impulsando esa iniciativa a una velocidad increíble, con decenas de miles de personas están recibiendo inyecciones de refuerzo todos los días desde principios de agosto.
El promedio de casos confirmados de COVID-19 por día en un período de 7 días comenzó a aumentar alrededor del 16 de julio, de poco más de 19 infecciones a más de 5.950 el 16 de agosto.
Entre mayo, junio y julio, el país tuvo un promedio de cero muertes por día. Eso no significa que no hubo muertes en absoluto, sino que no ocurrieron con la frecuencia suficiente para establecer un promedio.
Para el 15 de agosto, Israel promediaba dos nuevas muertes confirmadas por COVID por día. Y esta cifra se elevó a aproximadamente cinco en un día.
Ahora, es tentador comparar estas cifras con las de otros países, donde puede haber tasas más altas o más bajas de infección y muerte. Pero en el caso de Israel surge naturalmente una pregunta: ¿Por qué están aumentando las cifras?
Es posible que tenga algo que ver con la variante Delta del coronavirus. Ha habido cierta renuencia a declararla como la variante dominante en Israel. Algunos aseguran que lo es y otros, que no.
Pero en una sesión informativa el 14 de agosto, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que «el brote de la cepa Delta estaba «envolviendo al mundo».
Además, el Ministerio de Salud ha informado «una marcada disminución en la efectividad de la vacuna para prevenir infecciones (64 por ciento) y enfermedades sintomáticas (64 por ciento) [desde el 6 de junio]. Esta disminución se ha observado simultáneamente con la propagación de la variante Delta en Israel».
La mayoría de las nuevas infecciones en Israel se producen entre jóvenes no vacunados, y el Gobierno quiere que los jóvenes de 12 a 15 años reciban la vacuna.
Un informe de la agencia de noticias Reuters sugirió que el fin de las restricciones de distanciamiento social en Israel también había jugado su papel.
Israel ha aprobado dos vacunas contra el COVID-19: la de Pfizer / BioNTech y la de Moderna. Ambas son nuevas vacunas de ARNm. Y ambas informaron una efectividad inicial contra enfermedad sintomática de alrededor del 95 por ciento.
Ninguna vacuna es perfecta: ninguna ofrece una protección del 100 por ciento en todo momento, y la cantidad de anticuerpos que produce una persona varía. Por lo tanto, los científicos esperan ver un cierto número de las llamadas «infecciones irruptivas» (breakthrough infections). O sea, de personas completamente vacunadas que se enferman.
Además, existe cierto debate en torno a la definición de «completamente vacunado». Algunos dicen que se está completamente vacunado después de dos inyecciones de una vacuna Pfizer / BioNTech o AstraZeneca, mientras países como el Reino Unido insisten en que ambas inyecciones deben ser del mismo fabricante para que usted esté «completamente vacunado».
Mientras tanto, en Alemania y otros lugares de Europa, se opta por cruces vacunales, con una primera inyección de AstraZeneca, por ejemplo, y una segunda de Pfizer/BioNTech. La opinión abrumadora es que las vacunas combinadas, especialmente con la de Pfizer/BioNTech, son mejores contra la variante Delta.
Aunque también existe la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere un solo pinchazo para estar completamente vacunado. Pero hay otros países, además de Israel, que están aconsejando a los ciudadanos que obtengan una tercera dosis.
Algunos expertos plantean cuestiones éticas y científicas en torno a la teoría del tercer pinchazo: para empezar, hay países que ni siquiera pueden conseguir suficientes dosis para una ronda de vacunaciones. Y segundo, dicen que la ciencia no lo respalda; que, por lo que sabemos hasta ahora, una persona no está necesariamente mejor protegida con una tercer inyección.
Pero esto podría cambiar con el tiempo. En uno o dos años, los científicos pueden encontrar que las personas necesitan una cuarta dosis. O tal vez la aparición de nuevas variantes signifique que las personas nunca estarán completamente vacunadas y el mundo simplemente tendrá que vivir con esto.
En cualquier caso, los datos sugieren que incluso si hay infecciones irruptivas entre israelíes completamente vacunados, estas son menos graves que entre aquellos que no han recibido ninguna inyección.
Israel no se arriesga. Apuesta por más dosis. El ministerio de Salud dice que los estudios realizados por los fabricantes de vacunas y otras agencias en todo el mundo sugieren que „la tercera dosis provoca un aumento en el nivel de anticuerpos en sangre, aumenta su calidad (capacidad mejorada de neutralizar el virus) y que estos permanecen más tiempo en el cuerpo.»
Y no descarta nuevas dosis en el futuro. También recomienda vacunar a los jóvenes de entre 12 y 15 años.
Fuentes: Repositorio de datos de COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins, a través de ourworldindata.org y el Ministerio de Salud de Israel.
El presidente Alberto Fernández confirmó que asistirá a la Cumbre de Líderes por el Cambio Climático, que se realizará en la ciudad escocesa de Glasgow entre el 1 y el 12 de noviembre próximo, y donde la Argentina presentará una estrategia de largo plazo de neutralidad de carbono.
La confirmación la dio el propio jefe de Estado durante una videoconferencia que mantuvo ayer con el secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Alok Sharma..
«Tenemos un compromiso real por el cuidado ambiental», sostuvo Fernández, y ratificó la disposición del Gobierno argentino para trabajar en el desarrollo de las energías renovables, a la vez que planteó que «uno de los mayores problemas que el cambio de la matriz energética supone es cómo se financia«.
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En este sentido, el mandatario expuso: «Cuando planteamos la necesidad de lograr más tiempo para el pago de la deuda es poder aplicar esos recursos, por ejemplo, para poder aplicarlos en la reforma energéticaFernández sugirió además que «para los países de renta media este es un tema que debería incorporarse a la agenda del cambio climático».
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Sharma valoró el «liderazgo» del presidente Fernández en temas ambientales y se comprometió en hacerle llegar el documento que firmarán los principales líderes mundiales para la reducción del 30% de las emisiones de gases para que sume su rúbrica.
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El 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 26) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizará entre el 1 y 12 de noviembre. Reunirá a más de 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática y cumplir con el Acuerdo de París.
Los debates se harán bajo el lema «Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático» y estará marcada por la situación mundial derivada de la Covid-19.
La COP 26 estaba originalmente programada para celebrarse entre 9 al 19 de noviembre de 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus la Mesa de la COP decidió trasladarla a las fechas citadas.
La conferencia también incluirá la 15° reunión de las partes del Protocolo de Kioto (CMP16), el 31 de octubre y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París (CMA3).
Por su parte, el Presidente invitó a Sharma, quien asumirá la presidencia de la Conferencia de las Partes 26 (COP26) en la Cumbre Anual que se desarrollará en Glasgow, al Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, que se realizará en Argentina el próximo 8 de septiembre, coorganizado con Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y en el que se abordará el trabajo que se viene realizando en la región por el cambio climático.
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Ese encuentro reunirá a representantes de Estado, sector privado, financiero, académico, organismos multilaterales de crédito y organizaciones de la sociedad civil, para pensar juntos sobre la cuestión climática, medios innovadores de implementación y medidas para mejorar la adaptación y la resiliencia en los países del continente.
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En el encuentro virtual entre Fernández y Sharma también estuvieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist.
El proyecto asegura beneficios a 20 años para las inversiones petroleras en todo el país, pero con el foco puesto en Vaca Muerta. Habrá autorización para exportaciones por un 20% de lo que aumente la producción, con la disponibilidad del 50% de esas divisas.
La Secretaría de Energía envió a la de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de Vilma Ibarra, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. Se trata de una iniciativa que incluye un régimen de promoción para las inversiones petroleras para los próximos 20 años con el objetivo de incrementar la producción petrolera en el país, sobre todo en Vaca Muerta.
Las compañías beneficiarias tendrán como beneficio, entre otros puntos, la autorización para exportaciones garantizadas por un 20% de su producción incremental con la disponibilidad del 50% de esas divisas. El restante 80% deberá ser ofrecido al mercado interno.
Fuentes oficiales también señalaron que el proyecto pdría presentarse esta semana en el Congreso para su tratamiento, y agregaron que la idea es “resolver los desafíos del sector energético, generando incentivos que impulsen la inversión, sin dejar de atender el frente fiscal, cuidando el abastecimiento interno e impulsando la soberanía energética”.
Exportaciones, dólares y actividad
El proyecto prevé “fomentar el incremento de la producción para el autoabastecimiento y multiplicar las exportaciones de hidrocarburos” y robustecer el ingreso de divisas y las reservas del Banco Central (BCRA), “incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad”.
La iniciativa pretende “dar un gran impulso al sector promocionando todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas con la industria hidrocarburífera, en especial la exploración y producción mediante técnicas de extracción convencional y no convencional”, aseguraron las mismas fuentes.
También tiene como objetivo promover el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.
La norma establece un régimen de promoción para la exploración y producción de petróleo, otro relacionado con la producción de gas natural con incentivos para el compromiso de abastecimiento del mercado interno por parte de las productoras, y la determinación de exportaciones garantizadas en función del incremento de la producción.
Además, habrá menores requisitos y mayores beneficios para las cuencas maduras y en declino de producción convencional y para los campos marginales.
Desde el gobierno se está haciendo una apuesta fuerte a aumentar la producción de petróleo, y el ingreso de divisas, antes que la explotación de combustibles fósiles se haga más difícil. en tanto lo gobiernos poderosos asuman el peligro del calentamiento global.
Este gráfico fue preparado con los datos del INDEC, por Daniel Schteingart, Director del Centro de Estudios CEP-XXI. Muestra el total de las exportaciones de bienes de Argentina en el mes de julio, de 1990 a 2021.
Julio de 2021 fue el segundo mes de mayores exportaciones de bienes desde por lo menos 1990, solo por detrás de julio de 2012.
Y tomando el total acumulado de los meses de enero a julio, las exportaciones de 2021 están en el mayor valor desde 2013.
La dinámica de las exportaciones nacionales no es tan luminosa como parecería indicar el gráfico: las exportaciones de bienes no son el rubro más significativo entre lo que exportamos: Y el dólar se ha continuado desvalorizando -en mucha menor proporción que el peso, claro- en estos 31 años.
Pero alcanzar a demostrar dos cosas: que la reactivación industrial es un hecho, y que las políticas vigentes permiten, estimulan ese crecimiento.
Continúa explicando Schteingart: «¿Qué explica esta fuerte mejora? Por un lado, está la mejora de precios de exportación. Los precios de nuestras exportaciones subieron 33,3% en el último año. Por otro lado, la reactivación de nuestros socios comerciales está impulsando las cantidades exportadas (+9,3% en el último año).
«También la cantidad de empresas exportadoras se recupera después de la caída de 2020. En lo que va del año exportaron 7.973 empresas, 668 más que en 2020. Comparado con 2019, el total de exportadores todavía no se recuperó del todo (-120 empresas).
Dentro de 24 días, el 13 de septiembre, finaliza la concesión de la Hidrovía, y sus trabajadores no tienen información sobre su continuidad, o no.
El Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento (SIPEDYB), que conduce Juan Carlos Schmid, anunció ayer que asistirá el próximo miércoles 25 a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, de la que participarán también la Administración General de Puertos y la empresa Hidrovía S.A. Agregó que si no obtiene “respuestas concretas para 800 trabajadores sobre el traspaso, pago de indemnizaciones, el cumplimiento del convenio y la estabilidad de nuestros compañeros, harán una medida de fuerza con cese de actividades.
“No hay señales de un escenario claro. Se acerca la fecha de finalización de la concesión en la Hidrovía Paraná-Paraguay, prevista para el 13 de septiembre, y a partir de esa fecha la Administración General de Puertos será la responsable de mantener la operatividad de dragado y balizamiento de los 1300 km de vías navegables desde Confluencia km 1.239 hasta la salida al océano”, explicó el sindicalista, que conduce también la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Schimid sostuvo que “las idas y vueltas relacionadas con esta definición hacen que los trabajadores de la empresa representados por nuestro sindicato sean sometidos a la falta de certezas sobre su relación laboral”, y resaltó que “todavía ninguna autoridad les ha manifestado cómo serán contratados en la nueva etapa, cómo se procede a su desvinculación y pago de las indemnizaciones de Ley”.
Al mismo tiempo, Schmid finalizó destacando que “la situación tiende a empeorar debido a que la bajante extraordinaria del nivel de las aguas se agravará en las próximas semanas, según el sistema de información y alertas hidrológicas del Instituto Nacional del Agua. No se debe interrumpir en ningún momento el dragado y balizamiento”.
Juan Carlos Schmid, secretario general del sindicato
En diciembre de 2020, Unicef registró que casi 6 de cada 10 niñas y niños de Argentina se encontraban en situación de pobreza, de las cuales un 15,7% vivían en la pobreza extrema.
Reducción de la pobreza, desarrollo integral en las infancias, mejoras en los conocimientos y avances para la participación de los adolescentes, acceso a servicios de protección y justicia y un mayor compromiso social son cinco de los objetivos planteados por Unicef Argentina para el período que va de agosto de 2021 a diciembre 2025.
Se trata del Programa de Cooperación de Unicef Argentina que fue presentado este miércoles de manera virtual y que apunta a «imaginar un futuro mejor para los niños, las niñas y adolescentes a partir de este acontecimiento inesperado que fue la pandemia, para que puedan realizar todos sus derechos y desarrollar sus potenciales sin que ninguno se quede atrás», dijo Luisa Brumania, representante de Unicef en el país.
El Programa de Cooperación 2021-2025 fue analizado y proyectado en base a cinco ejes: pobreza, desarrollo en la primera infancia, adolescencia, violencia y compromiso social.
Con respecto a la pobreza, se espera que para 2025 las niñas, niños y adolescentes (NNyA) que viven en situación de pobreza multidimensional gocen «de un sistema de protección social y de un modelo de incentivos municipales y provinciales orientados a reducir la pobreza y garantizar sus derechos de manera integral y equitativa».
A diciembre de 2020, Unicef registró que casi 6 de cada 10 niñas y niños de Argentina se encontraban en situación de pobreza, de las cuales un 15,7% vivían en la pobreza extrema.
El segundo eje apunta a que la población de 0 a 6 años disfrute de prácticas y políticas integrales que les permitan crear las condiciones para una igualdad de oportunidades en el desarrollo integral de NNyA.
En este sentido, el organismo observó, a partir del anterior Programa de Cooperación que finalizó en 2020, que existe una cobertura insuficiente de Centros de Primera Infancia en el país dado que no asisten al 82% de niñas y niños entre 0 y 3 años, y al 59% de 3 años.
Además de servicios para la primera infancia «inclusivos, suficientes, articulados, equitativos y de calidad», Unicef buscará mejorar la nutrición de niñas y niños entre 0 y 6 años y las habilidades y recursos que tienen las familias y/o tutores para criarlos.
En base a la distribución inequitativa de oportunidades observada en los últimos cinco para adolescentes, el tercer eje apunta a que finalicen la educación secundaria, mejoren sus conocimientos, tomen decisiones fundamentadas y participen activamente en las decisiones que les conciernen.
El 54% de las y los estudiantes no finalizan la escuela secundaria
En esta línea, Unicef se comprometió a trabajar en abordar estos puntos: el 54% de las y los estudiantes no finalizan la escuela secundaria, el 13% de los nacimientos corresponden a embarazos no intencionales de mujeres adolescentes y el 78,6% de las y los adolescentes considera que hay pocos o nulos espacios para expresar sus opiniones.
Por otra parte, el cuarto eje apunta a que las NNyA vivan «en entornos más seguros y protectores» y, si están en situación de violencia o desprovistos de protección, tengan «acceso a servicios integrales de protección y justicia».
Este objetivo se desprende de que en el 60% de los hogares se usan métodos violentos asociados a la crianza y el 63% de las personas que sufren violencia sexual son menores de edad y principalmente del género femenino.
Por último, Unicef busca que la niños y adolescentes crezcan en una sociedad que los reconozca «en una mayor medida» y fortalezcan «su compromiso con el ejercicio pleno de sus derechos».
En el anterior programa, que culminó el año pasado, se observó la difusión de estereotipos sobre la infancia y adolescencia que impiden acciones efectivas, por lo que uno de los objetivos en esta materia apunta a que los medios de comunicación mejoren la difusión masiva de información veraz asociada a NNyA, además de impulsar mecanismos de participación y el «desarrollo de acciones colectivas y toma de decisiones informadas».
«Los adolescentes son de los grupos más olvidados de las políticas públicas y este reconocimiento me parece altamente relevante, fundamentalmente en los tres ejes que descompone el Programa de Cooperación: educación, salud sexual y reproductiva y participación», dijo Luis Pedernera, ex presidente del Comité por los Derechos del Niño de la ONU, quien exigió al organismo monitorear cómo se está implementando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde su sanción.
La intención es construir un gasoducto que una el yacimiento con el mercado brasileño. El embajador Daniel Scioli había afirmado el año pasado: “Este es nuestro gran proyecto binacional: Brasil necesita el gas y nosotros necesitamos los mercados y las inversiones”.
BRASILIA.- El presidente Jair Bolsonaro dijo ayer jueves que Brasil está negociando con la Argentina la construcción de un gasoducto para traer gas de las reservas de Vaca Muerta, citando alternativas buscadas por el gobierno para reducir el valor del insumo.
“Estamos en negociaciones con Argentina gas de Vaca Muerta. Saldrá algún día, porque no es fácil empezar a importar gas, crear, construir ductos”, dijo Bolsonaro en su transmisión semanal en vivo en las redes sociales.
Existen conversaciones entre los dos países para la construcción del gasoducto, pero aún se busca financiamiento para un proyecto que requerirá de miles de millones de dólares.
El embajador en Brasil Daniel Scioli había adelantado el año pasado que este proyecto de construir un gasoducto estaba en la mira: “Estamos en la etapa exploratoria ahora. Existe la voluntad de ambos gobiernos de avanzar con el proyecto”. Y había dicho a la revista brasileña Valor Económico: “Este es nuestro gran proyecto binacional. Brasil necesita el gas y nosotros necesitamos los mercados y las inversiones”.
Financiar el proyecto, según ese medio brasileño, costaría unos US$ 3.700 millones para la Argentina y otros US$ 1.200 millones para Brasil.
El año pasado la compañía energética argentina SAESA adquirió la central térmica Uruguaiana, en el sur de Brasil, para generar allí una salida a una parte del gas de Vaca Muerta, que en los meses templados no tiene un comprador asegurado. El aprovisionamiento para esa usina se realizará mediante el gasoducto de Transportadora de Gas del Norte (TGN) que conecta Vaca Muerta con la Central Térmica Uruguaiana (CTU), cruzando la frontera.
El año pasado anticipamos en AgendAR «SAESA compra una central térmica en Brasil para exportar gas de Vaca Muerta». La pandemia demoró las gestiones para conseguir financiación.
Exequiel Rodríguez, investigador independiente del Conicet está contento y no es para menos: junto con su grupo del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema), de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acaba de recibir financiamiento para avanzar en la elaboración de componentes y materiales compuestos para el vehículo lanzador que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) desarrolla dentro de su proyecto de acceso al espacio.
El equipo (que también integran Juan Morán, Lucía Asaro, Pablo Montemartini, Pablo Leiva, Liliana Manfredi y Analía Tomba) resultó seleccionado en el programa de “Investigaciones orientadas para satélites” del Fonarsec (Fondo Argentino Sectorial), uno de los instrumentos con los que la Agencia I+D+i distribuye su presupuesto para la promoción de la ciencia y la tecnología en el país.
En este caso, está destinado a desarrollar los recipientes de presión que permiten almacenar el combustible, y los gases presurizantes y propelentes que se emplean durante el despegue.
“La concreción de este proyecto es un hito para nosotros y el resultado de muchos años de trabajo, estamos muy contentos –manifiesta el investigador en un comunicado del Instituto–. El financiamiento nos permitirá cambiar de escala y obtener productos que puedan emplearse directamente en los cohetes fabricados en el país”.
Recibirán 15 millones de pesos,pero ese es solo el comienzo de un camino que se había desandado y que hoy vuelve a retomarse. “El proyecto se había aprobado hace alrededor de tres años, pero nunca habían aparecido los fondos –cuenta Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la CONAE–. Pero vamos a tener contratos particulares de desarrollo con Intema que, de acuerdo con los planes de trabajo que vayamos desarrollando, estoy seguro que van a superar esa cifra, porque son trabajos que requieren de mucha mano de obra, de mucha investigación, tiempos prolongados”.
Los materiales compuestos son los que se exigen en muchas partes del vehículo lanzador, cuyo desarrollo está en manos de la Conae y su empresa de alta tecnología VengSA. Se llama así a los formados por dos componentes principales, explica Kulichevsky, uno que es el que otorga resistencia (en general, son fibras de carbono embebidas en un polímero). Esto permite generar materiales muy fuertes, mucho más que los metales, pero diez veces más livianos. Son cruciales para la actividad espacial, pero hay que diseñarlos y fabricarlos artesanalmente.
“Hay que saber muy bien cómo uno superponer capas para lograr las propiedades que necesita –destaca el director de la Conae–. Los materiales se hacen ad hoc para cada pieza. Todo esa investigación es la que ahora va a estar haciendo la gente del Intema”.
Los primeros prototipos que obtuvieron los investigadores marplatenses fueron desarrollados con materiales de muy bajo peso basados en fibras de carbono y nanocompuestos poliméricos. El diseño mecánico se obtuvo empleando métodos basados en algoritmos genéticos, un tipo particular de inteligencia artificial. Pero luego habrá que investigar otras estructuras para la cúpula del lanzador, donde irá ubicado el satélite que se desee poner en órbita. Tanques y cúpula son totalmente distintos, y cada uno requiere de su investigación, su desarrollo, sus ensayos para que se comporten como se espera.
Así, paso a paso, la Conae está rearmando el entramado de pymes, centros de investigación, y otras instituciones de ciencia y tecnología que participaban en el proyecto y que hoy hay que reconstruir. “La falta de continuidad es un gran problema –dice Kulichevsky–. Las empresas y los institutos de investigación no pueden quedarse esperando a que uno retome. Entonces desarman lo que tienen hecho para dedicarse a otra cosa. Hay que volver a remar parte del camino que ya se había hecho”.
Pero no todo fue tiempo perdido. Los científicos no se quedaron de brazos cruzados e invirtieron estos años en desarrollar mejores soluciones de ingeniería. “El objetivo final, que es tener un vehículo lanzador quepueda colocar en órbitas bajas satélites de hasta 750 kg,sigue siendo el mismo –destaca Kulichevsky–. Pero la tecnología no se detiene y seguimos aprendiendo, capacitándonos para entender algunos procesos que nos van a permitir tener un modelo óptimo”.
En este momento, intentan rearmar el cronograma y evaluando las capacidades de las empresas que colaboran, no solo en dinero, sino en recursos humanos para volver a sumarlas. También se reanudó la alianza con la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), cuya Facultad de Ingeniería siempre tuvo una participación destacada en este proyecto.
“Estamos trabajando en algunas mejoras de los vehículos experimentales (VEx) y esperamos que en el segundo semestre del año próximo podremos hacer un nuevo vuelo con un vehículo experimental. Tenemos que seguir trabajando con los sistemas de separación, pero también volver a poner en funcionamiento todas las capacidades de infraestructura que teníamos en Pipinas, que estos años se fueron deteriorando”.
El Tronador había sido pensado como un vehículo de navegación autónoma; es decir, que una vez programado busca su órbita. Está siendo íntegramente diseñado y producido en el país, un desafío mayúsculo si se tiene en cuenta que no hay información disponible sobre los procesos de construcción.
Tendrá dos «etapas». La primera es la que lo impulsa algo más de los primeros dos minutos de vuelo hasta que logra vencer la fuerza de gravedad. Ésta llega hasta los 100 km de altura, se desprende y cae al océano. Con el 10% restante, la segunda etapa sigue hasta inyectar el satélite en la órbita predeterminada. Completo, medirá algo más de 30 metros de altura por dos metros y medio de diámetro y pesará 7000 kilos.
Para Diego Hurtado de Mendoza, historiador de la ciencia y actual secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, «la CONAE fue la institución más golpeada en el ranking de recortes presupuestarios entre 2016 y 2019 –asegura–. Batió récords con una disminución del 70%. Pero el proyecto Tronador volvió a ser prioritario y tiene su financiamiento asegurado. En este momento, hay todo un plan de obras de infraestructura vinculado con la base de lanzamiento en Puerto Belgrano y ya tenemos todo un cronograma que retoma la serie VEx”.
“Estamos volviendo después de un parate muy importante. Tras cuatro años hay recursos –coincide Marcos Actis, ingeniero espacial y vicepresidente del área institucional de la UNLP–. Por suerte, el personal mantuvo los equipos. Pero perdimos mucha gente que uno tarda años en preparar. Chicos que estaban porque eran parte de un proyecto que era un sueño en la Argentina. Hoy tenemos la promesa de que se va a mantener la financiación. Y este es un nicho que deberíamos aprovechar: Bahía Blanca (donde se estaba construyendo la base) es un punto estratégico para lanzar sobre el mar y alcanzar órbitas polares, que son las que se están utilizando para satélites de baja altura. La Argentina podría brindar servicios para toda América latina. La única forma de salir de la pobreza es con valor agregado y desarrollo tecnológico”.
En una serie de tweets el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Roberto Salvarezza anunció un nuevo régimen jubilatorio para un sector de trabajadores del Conicet.
Salvarezza informó que «el gobierno nacional resolvió que los profesionales y técnicos de la carrera de apoyo del CONICET sean incluidos dentro del régimen previsional especial para investigadores científicos«.
«Desde la reglamentación de la Ley 22.929 en 1983, las y los trabajadores que llevaban a cargo tareas de Apoyo a la Investigación y el Desarrollo en el ámbito del CONICET se encontraban excluidos del régimen jubilatorio del personal científico».
«Con el dictado de la resolución MTEySS 478/2021, se homologa ahora en ese régimen previsional a los profesionales y técnicos de la carrera de apoyo de CONICET, reconociendo así el papel de dichos agentes en la producción científica y tecnológica y en su transferencia a la sociedad«.
«A través del trabajo conjunto realizado entre el Ministerio de Trabajo, la ANSES y El MinCyt se logró solucionar una demanda histórica del sistema científico argentino. La resolución citada equipara al personal comprendido en las categorías de Profesional Principal; Profesional Adjunto; Profesional Asistente, Técnico Principal y Técnico Asociado de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONICET al personal de las categorías de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de la Ley N° 20.464, a los efectos de su inclusión en el Régimen Especial de la Ley N° 22.929, sus modificatorias y el Decreto 160/05″.
«Quiero destacar el rol que tuvieron las senadoras nacionales Sapag y Larraburu para llegar a la resolución de esta situación. Desde el ámbito legislativo trabajaron con las distintas agrupaciones de CPA para poner por escrito un proyecto de Ley que recoja estas reivindicaciones. El proyecto de ley para que los CPA formaran parte del régimen jubilatorio de los investigadores científicos había sido presentado por Cristina Kirchner en diciembre de 2015 pero no había llegado a aprobarse».
Los estadounidenses que recibieron los fármacos de Pfizer y Moderna podrán recibir la llamada dosis de refuerzo ocho meses después de la segunda.
El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrecerá una tercera dosis contra el coronavirus a toda su población a partir de septiembre. El argumento ofrecido es que la protección que brindan esas vacunas disminuye «con el tiempo» y ante el avance de la variante Delta.
Esto implica el revés mayor -por el peso del país que lo lleva adelante- para el pedido de la Organización Mundial de Salud (OMS) de donar esas vacunas a los países que tienen más dificultades en acceder a ellas.
Este refuerzo estará disponible desde el 20 de septiembre para los estadounidenses que fueron inoculados con los fármacos de Pfizer y Moderna y que recibieron la segunda dosis hace al menos ocho meses.
Un comunicado conjunto de altos funcionarios, entre ellos el asesor principal de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, afirma: «Los datos disponibles muestran claramente que la protección contra la infección por SARS-CoV-2 comienza a declinar con el tiempo después de las primeras dosis de la vacuna».
Para avanzar con esta decisión se necesita la autorización oficial por parte de la Agencia Federal de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), algo que se descuenta que ocurra en los próximos días, y una recomendación de un comité asesor de vacunas de los CDC.
Quienes hayan recibido el inmunizante monodosis de Johnson & Johnson podrían sumarse a esta medida, aunque las autoridades indicaron que necesitan evaluar más datos antes de hacer una recomendación formal.
«La protección actual contra los casos graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y la muerte podrían disminuir en los próximos meses, especialmente para las personas con mayor riesgo o las vacunadas durante la primera fase de la campaña de vacunación inicial», argumentaron los expertos.
«Sumado al predominio de la variante Delta, estamos comenzando a ver evidencia de una protección reducida contra los casos leves y moderados de la enfermedad» afirmaron, con el aval del presidente de Joe Biden de avanzar con esta decisión.
Los primeros que podrán beneficiarse de este refuerzo serán los adultos mayores y trabajadores de salud, las primeras categorías de la población en ser vacunadas en Estados Unidos, que se sumarán así a los inmunodeprimidos que ya recibieron una nueva inyección.
Estados Unidos ya administró cerca de 358 millones de dosis, casi cinco veces más que todo el continente africano, que aplicó hasta aquí unas 78 millones, de acuerdo con los últimos datos oficiales.
El primer país del mundo en poner en marcha una tercera dosis fue Israel. Francia y Alemania ya anunciaron que darán una inyección de refuerzo a partir de septiembre a «personas mayores y vulnerables». Uruguay, Chile, República Dominicana y Ecuador ya anunciaron planes o ya empezaron a administrar este refuerzo en sus campañas contra el coronavirus.
Cabe señalar que en Estados Unidos se han alzado voces cuestionando esta medida, como puede leerse en publicaciones científicas: «La decisión de la administración Biden de comenzar a autorizar terceras dosis de la vacuna Covid-19 en septiembre está siendo recibida con desconcierto, preocupación e incluso enojo por parte de varios inmunólogos, vacunólogos y personas inmersas en la forma normal en que se toman tales decisiones.Muchos desafiaron rotundamente la necesidad de dosis de refuerzo en este momento. Otros cuestionaron la moralidad de administrar terceras inyecciones a los estadounidenses cuando la mayoría de la gente en el planeta no ha recibido una. Y a algunos les preocupaba que se hubiera tomado una decisión antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos dictaminara la necesidad de un refuerzo o que un comité asesor clave de vacunas hubiera evaluado los datos, generalmente la forma en que se establece la política de vacunas«.
Comentario de AgendAR:
No tenemos dudas que las objeciones están bien fundadas. Aún con un criterio de egoísmo nacional lúcido, vacunar a la mayor parte de la población del planeta hace más por derrotar la pandemia, y así reducir las posibilidades de contagio para todos, que dar una tercera dosis a sus propios ciudadanos.
Pero la lucidez no es una característica necesaria de las decisiones políticas, y sí el cortoplacismo. Es importante que tengamos claro, entonces, que el covid probablemente se volverá endémico, y será necesario contar con vacunas producidas en Argentina. Y que también serán exportables.