(En AgendAR vacilamos antes de reproducir esta nota de la BBC. El riesgo de que un niño se enferme de gravedad por covid es pequeño, y la posibilidad es aterradora. Pero los datos no han sido desmentidos. Y cuantos más médicos y personal de salud sepan que es posible, se evitará que diagnósticos equivocados retrasen el tratamiento).
Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo. Y a pesar de la abundante evidencia de que la covid-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad, según cifras oficiales. Y esas cifras pueden ser mayores, de acuerdo a estudios.
Existe la idea errónea de que los niños corren cero riesgo de un contagio de coronavirus, según Fatima Marinho, quien es asesora principal de la ONG de salud Vital Strategies.
La investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad.
Entre febrero de 2020 y el 15 de marzo de 2021, la covid-19 mató al menos a 852 niños de Brasil, incluidos 518 bebés menores de un año, según cifras del Ministerio de Salud de ese país.
Pero la experta estima que más del doble de esta cantidad de niños murieron a causa de esa enfermedad dado que, señala, existe un problema grave de bajo registro debido a la falta de pruebas que reduce las cifras.
Marinho revisó el exceso de muertes por síndrome respiratorio agudo durante la pandemia y encontró que hubo al menos 10 veces más muertes que en años anteriores.
Considerando esas estimaciones sostiene que el virus mató a un aproximado de 2.060 niños menores de nueve años, incluidos 1.302 bebés.
¿Qué está pasando?
Los expertos señalan que la gran cantidad de casos de coronavirus en Brasil, el segundo en cantidad de contagios más alto del mundo, elevó la probabilidad de que bebés y niños se vean afectados.
«Por supuesto, cuantos más casos tengamos y, por ende, más hospitalizaciones, mayor será el número de muertes en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero si se controlara la pandemia, este escenario evidentemente podría minimizarse«, explica Renato. Kfouri, presidente del Departamento Científico de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría.
Una tasa de infección tan alta sobrepasó el sistema de salud de Brasil. En todo el país, el suministro de oxígeno está disminuyendo, hay escasez de medicamentos básicos y en muchas unidades de cuidados intensivos de todo el país simplemente no hay más camas.
El presidente Jair Bolsonaro todavía se opone a los encierros estrictos y se estima que la tasa de infección está siendo impulsada por la variante llamada P.1, considerada más contagiosa y posiblemente surgida en el norte de Brasil.
En marzo murió el doble de personas que en cualquier otro mes de la pandemia y la tendencia al alza continúa.
Otro problema que impulsa las altas tasas de contagios en los niños es la falta de exámenes.
Marinho dice que para los menores es usual que el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando ya están gravemente enfermos.
«Tenemos un grave problema en la detección de casos. No tenemos suficientes pruebas para la población en general, menos aún para los niños. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, hay un retraso en la atención del menor», explica.
Esto no se debe solo a que exista poca capacidad de prueba, sino también a que es más fácil pasar por alto, o diagnosticar erróneamente, los síntomas de los niños que padecen covid-19, ya que la enfermedad tiende a presentarse de manera diferente en las personas más jóvenes.
«Un niño tiene mucha más diarrea, mucho más dolor abdominal y dolor en el pecho que el visto en un cuadro clásico de covid-19. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, cuando el menor llega al hospital está en una condición grave y puede complicarse y morir», señala Marinho.
Problemas sociales
Aunque todo esto también se trata de pobreza y acceso a la atención médica.
Un estudio de 5.857 pacientes con covid-19 menores de 20 años, realizado por pediatras brasileños dirigido por la Facultad de Medicina de Sao Paulo identificó tanto las enfermedades de base como las vulnerabilidades socioeconómicas como factores de riesgo para el peor resultado en menores.
Marinho está de acuerdo en que este es un factor importante.
«Los más vulnerables son los niños afrodescendientes y los menores de familias muy pobres, ya que tienen más dificultades para acceder al auxilio. Estos son los niños con mayor riesgo de muerte», indica.
Ella dice que esto se debe a que las condiciones de vivienda hacinadas hacen que sea imposible distanciarse socialmente cuando se infectan, y porque las comunidades más pobres no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos local.
Estos niños también corren riesgo de desnutrición, lo que es «terrible para la respuesta inmunológica», afirma Marinho.
Cuando se detuvieron las subvenciones en medio de la pandemia, millones volvieron a entrar en graves problemas de subsistencia.
«Pasamos de 7 millones a 21 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en un año. Así que la gente también pasa hambre. Todo esto tiene un impacto en la mortalidad», afirma la experta.
Braian Sousa, líder de la investigación de la Universidad de Sao Paulo, dice que su estudio identifica ciertos grupos de riesgo entre los niños a los que se debe dar prioridad para la vacunación. Aunque actualmente, no hay vacunas disponibles para menores de 16 años.
La titular del juzgado N 1 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, rechazó in limine un amparo presentado por un grupo de padres para mantener las clases presenciales, en contra de las restricciones anunciadas por el gobierno nacional ante el aumento de los contagios de coronavirus.
Según detalló en su fallo la jueza Tesone, “el propio Poder Ejecutivo” porteño recurrió a la Corte Suprema porque entendió que la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad “no es competente” para resolver la cuestión de fondo.
También señaló que la Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, dictaminó ayer que el máximo tribunal es competente para resolver la disputa entre el gobierno porteño y el gobierno nacional.
“Rechazar in limine el amparo incoado con relación a la pretensión consistente en que ordene al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad”, dice la resolución firmada por Tesone.
El recurso presentado por los padres había sido patrocinado por la Defensoría Oficial y Asesoría Tutelar. Además del amparo y la denuncia por inconstitucionalidad presentados por el gobierno porteño, actualmente tramitan en la Justicia otros dos recursos presentado por la ONG Abramos las Escuelas y por el Centro de Estudios de Políticas Públicas.
SpaceX, propiedad de Elon Musk, es la empresa seleccionada por la NASA para construir un “sistema de aterrizaje humano” (HLS) que transportará astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna por primera vez desde la última misión Apolo en 1972. Este sistema no es otro que la nave espacial Starship.
La NASA anunció el viernes que la empresa aeroespacial del CEO de Tesla, había vencido a Blue Origin, de Jeff Bezos, y Dynetics, un contratista de defensa propiedad de Leidos, tras aproximadamente un año de estudios y desarrollos preliminares. SpaceX había recibido 135 millones de dólares para demostrar la viabilidad de la Starship como aterrizador lunar. Blue Origin, parte del “equipo nacional” junto a los fabricantes tradicionales Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper, había recibido 579 millones de dólares para desarrollar el módulo de aterrizaje de dos etapas Blue Moon, basado en las cápsulas Orion y Cygnus. Dynetics había recibido 253 millones de dólares para desarrollar el DHLS, un módulo de aterrizaje de una sola etapa con un diseño horizontal.
La Starship es la única de las tres propuestas de la que existen prototipos funcionales que han sido probados (con mayor o menor éxito) en las instalaciones de SpaceX al sur de Texas. La propia SpaceX financia el desarrollo de la Starship con la ambición de convertirla en una nave espacial reutilizable para vuelos dentro de la Tierra y (con una etapa Super Heavy para el lanzamiento) al espacio profundo, en particular a la Luna y a Marte.
De todos modos, como informamos aquí, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, tiene un premio consuelo: un contrato del gobierno para una misión lunar con energía nuclear. Robert Heinlein, quien escribió El hombre que vendió la Luna en 1949, debe estar sonriendo desde el más allá.
AgendAR, como otros, adelantó ayer en las redes sociales las conclusiones de este artículo porque creemos que son relevantes a las decisiones sanitarias que deben tomar las autoridades.
Lo hemos traducido y ahora ofrecemos la versión completa, porque nos parecer razonable y equilibrado. Su título en inglés es School reopening without robust COVID-19 mitigation risks accelerating the pandemic (Reabrir las escuelas sin clara mitigación del Covid-19 arriesga acelerar la pandemia).
Se trata de un asesoramiento pedido por gobierno británico, cuando éste evaluaba la reapertura de las escuelas al comienzo de marzo.
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«El 22 de febrero de 2021, el gobierno del Reino Unido anunció que las escuelas en Inglaterra reabrirían por completo el 8 de marzo de 2021. Si bien regresar a la escuela lo antes posible es imperativo para la educación, el desarrollo social y el bienestar mental y físico de los niños, no se ha hecho lo suficiente para que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y el personal.Sin mitigaciones adicionales, es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que resultará en más confinamientos, cierres de escuelas y ausentismo.
Incluso cuando se suponía que las escuelas debían estar completamente abiertas, en los puntos de alta transmisión comunitaria, el 22% de los alumnos de la escuela secundaria no asistía debido al autoaislamiento. En algunas áreas, la asistencia era tan baja como el 61%.
Los argumentos de que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y de que el riesgo general para los niños de COVID-19 es muy pequeño terminaron significando que las medidas de mitigación en las escuelas hayan recibido poca prioridad. Sin embargo, la evidencia citada por tales argumentos tiene serias limitaciones.
Los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con reducciones sustanciales a lo largo del tiempo en el número de reproducción efectiva (Rt) en muchos países (incluida Inglaterra) y períodos de tiempo. Por el contrario, los datos de la Encuesta de Infección COVID-19 2020 de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) muestran que la prevalencia de la infección entre los niños de 2 a 10 años (2%) y de 11 a 16 años (3%) aumentó por encima de la prevalencia de todos los demás grupos etarios antes de las vacaciones de Navidad de 2020.
Tanto los modelos matemáticos como los datos del mundo real en preprint (con publicación arbitrada pendiente) muestran casos en aumento en aquellas regiones donde la variante SARS-CoV-2 B.1.1.7 prevalecía durante el confinamiento en noviembre de 2020 (cuando las escuelas estaban abiertas). Esto sugiere que abrir las escuelas que ahora no cuentan con medidas mitigadoras sólidas probablemente llevará a que Rt supere 1 en casi todos los escenarios.
Los datos de modelización de la Universidad de Warwick y el Imperial College de Londres sugieren que se estiman al menos 30.000 muertes más por COVID-19 en los escenarios de reapertura propuestos.
A lo largo de febrero de 2021 a pesar de que hay menos estudiantes en la escuela en este momento, el personal docente tenía un mayor riesgo de infección. Los brotes escolares recientes en el norte de Italia, donde prevalece la variante B.1.1.7, también son preocupantes.
Aunque es poco probable que el COVID-19 cause una enfermedad grave en los niños, las estimaciones de la prevalencia de los síntomas prolongados del COVID basadas en la Encuesta de Infección de la ONS sugieren que el 13% de los niños de 2 a 10 años y el 15% de los de 12 a 16 años tienen al menos un síntoma persistente 5 semanas después de dar positivo.
Dada la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo en la salud de la infección por SARS-CoV-2, no sería prudente dejar que el virus circule en los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias. Reabrir plenamente en un entorno de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardias adecuadas incurre en el riesgo de privar a muchos niños de la educación y la interacción social otra vez más, agravando las desigualdades existentes. Al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes.
Las mitigaciones de varios niveles pueden reducir sustancialmente el riesgo de transmisión dentro de las escuelas y en los hogares. En el panel resumimos un conjunto de recomendaciones que están en línea con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y se practican en muchos países. para reducir el riesgo de transmisión en las escuelas y mitigar el impacto del COVID-19 en los niños y las familias. En el apéndice se proporciona un conjunto detallado de recomendaciones y una infografía. Hacer que las escuelas sean más seguras va de la mano con la reducción de la transmisión comunitaria y es esencial para permitir que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura y permanezcan abiertas.»
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Sugerimos a los profesionales acceder al original cliqueando aquí para consultar las referencias y descargar el apéndice.
Más de una cuarta parte de la población de Chile está vacunada. Sin embargo, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha alcanzado un nivel crítico. El gobierno recibe muchas críticas.
Mucha gente pensó que la crisis del coronavirus estaba tocando a su fin en Chile: a mediados de enero, la curva de incidencia, que había aumentado abruptamente después de Navidad, se volvió horizontal y cayó hasta finales de febrero. Chile era entonces el «campeón de vacunación de América Latina» con el 18 por ciento de la población vacunada con la primera dosis. Luego aumentó la incidencia de siete días y se duplicó de 130 a 260 en cuestión de un mes.
Muchos casos severos a pesar de las vacunas
También aumentó el número de casos graves por COVID-19, y las unidades de cuidados intensivos estuvieron en una situación crítica en la segunda quincena de marzo. A fines de marzo, el número de muertes volvió a aumentar, y el Gobierno endureció las medidas de confinamiento a partir del 1 de abril. La semana siguiente decidió que la elección de la Asamblea Constituyente se pospondría cinco semanas.
Sobre todo, la gran cantidad de casos severos por COVID-19 golpeó a Chile de manera inesperada, porque la estrategia de vacunación del Gobierno era considerada una de las más consistentes y efectivas.
Una cuarta parte de la población vacunada con dos dosis
Entre tanto, más de 12 de los 19 millones de habitantes en Chile han recibido la primera dosis. Más de cinco millones, es decir, más de una cuarta parte de la población, han recibido la segunda. El Gobierno espera que el país logre la inmunidad de rebaño en junio.
El número de personas que murieron por COVID-19 también ha aumentado, de alrededor de tres por millón de habitantes en un promedio de siete días a mediados de enero, a 5,9. No obstante, el país se encuentra en una mejor posición que su vecino Perú, donde el índice de fallecidos se corresponde con el promedio sudamericano, de diez.
Críticas contra el Gobierno
Muchos critican al Gobierno. Uno de ellos es Simone Reperger, de la Fundación Friedrich Ebert en Santiago de Chile. «Desde el inicio de la estrategia de vacunación, todo en Chile se ha concentrado en la vacunación». Se descuidan otras medidas importantes como los tests, el rastreo de contactos y la preve. La actitud del Gobierno también llevó a la gente en Chile a ser más descuidada: «Debido al ranking como ‘campeón de vacunación’ y el discurso del Gobierno, los chilenos no se protegieron tanto como antes en los últimos meses de verano, en las vacaciones en enero y febrero. Hubo menos uso de barbijos, más fiestas en la playa, en bares, y centros comerciales llenos”.
A pesar de la vacunación de un cuarto de la población en Chile, los fallecimientos y casos de COVID-19 han aumentado con rapidez
El confinamiento volverá a reducir la incidencia
De momento, las fronteras y las tiendas vuelven a estar en gran parte cerradas. Además se han impuesto estrictos toques de queda.
Está permitido hacer algo de ejercicio al aire libre entre las seis y las nueve de la mañana, y en las zonas con el nivel de alerta más alto las personas solo pueden salir de sus hogares dos veces por semana para hacer diligencias esenciales.
En el nivel dos, esto solo se aplica los fines de semana. En el nivel tres, se puede acudir a restaurantes bien ventilados, hacer deporte en grupos limitados y visitar a amigos. En el nivel cuatro, se permiten grupos más grandes. Actualmente 244 de los 345 municipios chilenos se encuentran en el nivel uno y 56, en el nivel dos.
¿Es responsable de los altos contagios en el país la rápida relajación de medidas de confinamiento o la vacuna Sinovac?
Según admitió un funcionario, Sinovac solo protegería en un 50 por ciento contra el contagio. Y esta es precisamente la vacuna que han recibido el 90 por ciento de la población de Chile.
El riesgo de desarrollar coágulos por el SARS-CoV-2 es bajo. Pero 8 a 10 veces mayor que por aplicarse cualquiera de las vacunas disponibles
El riesgo de que se formen trombos a causa de la infección por Covid-19 es muchomayor que el que puede atribuirse a las vacunas contra la enfermedad, es la conclusión de un equipo de investigadores, después que el despliegue de algunas vacunas se viera interrumpido por informes sobre casos excepcionales de trombos.
Tanto AstraZeneca como Johnson & Johnson se han enfrentado a casos muy raros de trombosis de seno venoso cerebral (CVST, cerebral venous sinus thrombosis) relacionados con sus vacunas. Este miércoles, Estados Unidos suspendió el uso de la vacuna de J&J mientras se investigaba el vínculo con los trombos, y Dinamarca renunció a la vacuna de AstraZeneca por este motivo. Los organismos reguladores británicos y europeos han subrayado que los beneficios de la vacunación superan a los riesgos.
El estudio, realizado sobre 500.000 casos de Covid-19, descubrió que el CVST se produjo en una proporción de 39 personas por cada millón después del contagio. La cifra es comparable con las de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que indican que 5 de cada millón de personas declararon haber sufrido CVST tras recibir la vacuna de AstraZeneca.
Los investigadores señalaron en un estudio previo a la publicación que el riesgo de CVST era entre 8 y 10 veces mayor tras la infección por Covid-19 que con las vacunas disponibles para combatir la enfermedad.
“El riesgo de padecer un (CVST) después de la COVID-19 parece ser sustancial y significativamente mayor que después de recibir la vacuna de Oxford-AstraZeneca”, dijo a la prensa Maxime Taquet, del Departamento de Psiquiatría de Oxford.
Detalles de la investigación:
El estudio se apoya en una base de datos de salud de Estados Unidos, por lo que no ha acumulado nuevos datos sobre el riesgo de desarrollar trombos al recibir la vacuna de AstraZeneca directamente, ya que la inyección no se está distribuyendo allí.
Taquet señaló que la tasa de mortalidad por CVST era de alrededor del 20% tanto si se producía tras el contagio por Covid-19 como si se trataba de una vacuna, lo que indicaba que los trombos eran el principal factor de riesgo.
Los reguladores también habían observado niveles bajos de plaquetas en los informes sobre efectos secundarios de las vacunas, pero los investigadores dijeron que los datos eran escasos para saber si esto también ocurría en los informes sobre casos de CVST derivados de la infección.
Los investigadores destacaron que el COVID-19 está asociado a casos de trombos más frecuentes que el CVST, como los accidentes cerebrovasculares, y que en el debate reciente en torno a las vacunas se había perdido de vista lo grave que puede ser la propia enfermedad.
El equipo de investigación, que pertenece a la Universidad de Oxford, dijo que trabajó de forma independiente al equipo de la vacuna de Oxford que desarrolló la inyección de AstraZeneca.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), del gobierno de los EE.UU. acaba de cerrar un contrato con Blue Origin, la firma aeroespacial de Jeff Bezos, para avanzar con el desarrollo de una nave espacial con propulsión nuclear.
La iniciativa, que también cuenta con la participación de las firmas General Atomics y Lockheed Martin, trabajarán en el programa DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) con el objetivo de utilizar tecnología nuclear como principal sistema de energía para impulsar una nave fuera de la órbita terrestre.
Estas tres compañías comenzarán a desarrollar los diversos prototipos con propulsión nuclear con la mira puesta en 2025, cuando se realicen las primeras demostraciones de navegación con esta tecnología. La agencia de investigación y desarrollo del Pentágono señala que este sistema experimental cuenta con el potencial necesario para combinar la alta capacidad de potencia de los propulsores químicos junto a la eficiencia de los modelos eléctricos.
“Esta combinación le daría a la nave espacial una gran agilidad para realizar maniobras veloces entre la Tierra y la Luna”, dijo DARPA en un comunicado.
El plan contempla el desarrollo de un reactor termonuclear y el sistema de propulsión, a cargo de General Atomics. Una vez completada esta etapa, tanto Blue Origin como Lockheed Martin se encargarán de diseñar y desarrollar los prototipos de naves espaciales que utilizarán esta tecnología.
Historia
DARPA es la agencia que a principios de los ´80 creó Advanced Research Projects Agency Networt, ARPANET, la red de computadoras que dio origen a Internet.
Ahora, busca promover esta tecnología de propulsión para transformar el sector espacial. En la década del 60, la NASA evaluó el desarrollo de un cohete nuclear con el proyecto NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications) para misiones de largo alcance como un posible viaje a Marte. Sin embargo, la iniciativa quedó sin financiación y fue cancelada en 1973 antes de realizar un vuelo de prueba.
¿La competencia con China hará revivir el impulso que John Kennedy imprimió al programa espacial en los ’60? Al menos, los billonarios Jeff Bezos y Eton Musk tienen el ego suficiente.
En AgendAR hemos seguido la epopeya de la fabricación nacional de la vacuna de Oxford-AstraZeneca desde agosto del año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández anunció en Twitter «El laboratorio AstraZeneca y la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD confirmaron que la Argentina estará a cargo, junto con México, de la producción y distribución en toda Latinoamérica de la potencial vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford.»
En realidad, nuestra atención estaba puesta en el laboratorio mAbxience desde febrero 2020, cuando inauguró su nueva planta para producir medicamentos biosimilares.
Pero también fuimos el primer medio en cuestionar un convenio que remitía toda la producción del principio activo de la vacuna a México, sin prever un porcentaje para su envasado aquí. Imprudente, en medio de una pandemia.
Ahora, el periodista Diego Genoud ha publicado en el nuevo DiarioAR una dura denuncia. La reproducimos, y agregamos un comentario al final.
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Hugo Sigman, dueño del laboratorio que fabrica en Garin el principio activo de la vacuna de AstraZeneca
«En agosto de 202O, el empresario Hugo Sigman tuvo un rol estelar en el anuncio de fabricación de la vacuna argentina a cargo de Astrazeneca y Oxford. Pero esas dosis aún no llegaron a la población y desde una de las plantas de Sigman se produce el principio activo de la vacuna que se exporta a México. Pedidos de declarar esa empresa de utilidad pública para que se envase en el país. Reproches en el Gobierno a un empresario aliado.
Cuando el 12 de agosto del año pasado, Alberto Fernández anunció en la residencia de Olivos el acuerdo de Astrazeneca y la Universidad de Oxford para fabricar en Argentina la vacuna contra el COVID 19, Hugo Sigman se convirtió de inmediato en el nombre de la salvación.
La asociación del empresario farmacéutico que es dueño del Grupo Insud con el laboratorio sueco, la universidad británica y la Fundación Carlos Slim fue un anuncio casi milagroso, que le permitió al gobierno dar a conocer por fin una buena noticia en plena pandemia y salir de la defensiva, por unos días, con el solo combustible de la esperanza que generaba un emprendimiento privado.
La vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca tenía una pata local: el principio activo sería elaborado en la planta de 8700 metros cuadrados que la empresa biotecnológica de Sigman, mAbxience, tiene en la localidad de Garín para después ser envasada en los Laboratorios Liomont de México. Se anunciaba un piso de producción de 150 millones de dosis y un techo de 250 millones, de las cuales el país de Andrés Manuel López Obrador recibiría 77 millones y el de los Fernández 22,4 millones. Argentina tendría prioridad para acceder a bajo costo a una vacuna de máxima calidad. Eso se decía.
El Presidente hizo el anuncio junto a Ginés González García, el más entusiasta promotor de las bondades de mAbxience. Ese día, antes y después del acto oficial, el entonces ministro de Salud se mostró exultante. “Podría haber un anuncio mucho más fuerte del Presidente. Espérenlo con ansiedad porque va a ser una muy buena noticia”, “Esta vacuna viene en la delantera respecto a las demás”, “Tener la producción es una gran noticia para toda Sudamérica”, “Ojalá haya muchos Sigman”, dijo.
La jornada terminaba con 213 muertos y un nuevo récord de casos, 7.663, pero para el gobierno era un día de euforia. También para Sigman, el beneficiario de una gigantesca campaña publicitaria que no demandaba certezas sobre plazos o sobre efectividad. A la mañana siguiente, el empresario que según los últimos datos de la revista Forbes acumula una fortuna de 2000 millones de dólares junto a su esposa Silvia Gold, abandonó su cuidado perfil bajo para hablar temprano con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. “Esta fue una negociación entre privados, ningún gobierno jugó ningún papel. AstraZeneca entendió que la nuestra era la mejor fábrica”, dijo.
Fue una declaración que le restó protagonismo al Presidente, al ministro y al Estado que apostaba por la cura. El gobierno nacional pagaría 4 dólares por vacuna gracias a la subvención del multimillonario Slim, que dejaba el asunto en manos de su hijo.
Ocho meses más tarde, en el contexto de mayor urgencia y con el gobierno encerrado entre el crecimiento de los casos y la amenaza de la falta de camas, la vacuna de AstraZeneca fabricada en Argentina permanece en el estado de promesa. Según se pudo saber de dos fuentes calificadas, el presidente de la multinacional sueca en Argentina, Agustín Lamas, se reunió el martes a la noche en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud Carla Vizzotti y les dijo que no podía garantizar el envió de las 900 mil dosis que se vienen anunciando desde hace un mes.
Las 864 mil que vendrán desde Amsterdam el domingo forman parte del programa Covax de la OMS, pero no son las que produce Sigman.
Como le sucedió al Presidente y al gobierno con todos los anuncios de fechas que no se cumplieron, le pasa a los responsables del envío de 22,4 millones de dosis. Con una diferencia, en el caso de AstraZeneca no existe información oficial de la empresa y todo lo que se publica son trascendidos que nadie se anima a confirmar. Los representantes locales del laboratorio sueco que se asoció con Oxford prefirieron no dar precisiones.
En la conferencia de prensa, en la que habló de un “momento crítico” y un “sistema de salud en tensión”, Vizzotti admitió que no sabe cuándo llegarán nuevas dosis. En Casa Rosada, dicen que no tienen confirmación y en Olivos se borra la frontera que separa a la ansiedad de la desesperación. “Estaban prometidas para la segunda quincena. Pero acá es ver para creer”, afirma un funcionario que no se despega de Fernández.
Es larga la lista de anuncios que no se cumplieron. Aquel 12 de agosto, el Presidente dijo que las vacunas llegarían en el primer semestre de 2021 y pocos días después el director de mAbxience, el biólogo Esteban Corley, afirmó que en “enero o febrero” estarían en Argentina las primeras dosis. En noviembre, cuando anunció el fin del ASPO y el inicio del DISPO, Fernández afirmó: “en marzo podemos contar con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford”.
El 24 de marzo pasado, el canciller de México Marcelo Ebrard anunció que, desde la tercera semana de abril, comenzarían a distribuirse en América latina las primeras vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca. El 6 de abril, Infobae aseguró que era “inminente” la llegada al país de 4,6 millones de vacunas producidas por Oxford- AstraZeneca, con 900 mil dosis que arribarían a mediados de abril y 3,5 millones de dosis que lo harían en la primera quincena de mayo.
La historia es conocida en los círculos de entendidos. Según afirman quienes conocen el proceso local, la vacuna se está fabricando desde hace tiempo en la planta de Sigman y los envíos regulares a México se están cumpliendo. Pero el proceso se trabó en el laboratorio de Liomont debido a una medida de Donald Trump -ratificada en febrero por Joe Biden- que frena la exportación del filtro de vidrio microparticulado donde se fracciona y envasa el principio activo que produce mAbxience. La demora llevó a AstraZeneca a mudar la operatoria al laboratorio Albany Molecular Research Inc. (AMRI) de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos.
Poderoso, experimentado y de estrecha relación con los círculos del progresismo, el psiquiatra Sigman es el nombre local de lo que, hasta ahora, es una enorme decepción. Para sus defensores, la demora es producto de imponderables que exceden al dueño de Capital Intelectual, uno de los grandes empresarios que apostaron por el candidato Fernández. Para sus detractores, es una estafa imperdonable que cada día se cobra vidas evitables.
En las últimas semanas, con la segunda ola y la preocupación generalizada, Sigman se convirtió en el blanco de cuestionamientos que perforaron su habitual blindaje mediático. Recibió críticas y pedidos de explicaciones de la oposición de Juntos por el Cambio durante el informe de Carla Vizzotti en el Congreso y fue señalado por el Frente de Izquierda, que organizó una protesta frente la planta de Garín y presentó un proyecto de ley en Diputados para declarar a mAbxience de utilidad pública y sujeto a expropiación para que se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas en la Argentina.
Un grupo de científicos, sanitaristas y organizaciones ligadas a la salud le pidieron a la ministra Vizzotti que se frene la exportación del principio activo que se fabrica en Garín y que la producción nacional sea fraccionado y envasado en los laboratorios públicos y privados de Argentina, en lugar de salir hacia México sin garantía de regreso. “Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma potencialidad”, dijeron.
Hay dos elementos que generan nerviosismo en el gobierno y elevan la presión en contra de Sigman. El primero es la violenta paradoja de una empresa argentina que fabrica cada día el principio activo necesario para combatir el virus y salvar vidas, en un país que ya supera los 58 mil víctimas fatales y se reconoce sin posibilidades de seguir vacunando a su población ante la falta de certidumbre.
Fuentes al tanto del proceso dicen que de mAbxience ya partieron rumbo a México y Albuquerque siete lotes con el equivalente a 42 millones de dosis. Sigman le transmitió al gobierno argentino que está cumpliendo con su parte: a más tardar cada 10 días, envía un lote con el principio activo para fabricar 6 millones de dosis. Los defensores de mAbxience afirman que lo único que hace el laboratorio argentino es producir el principio activo, pero no vende ni trae la vacuna.
Sin embargo, el segundo elemento que altera al Presidente y parte de sus funcionarios es el silencio del dueño del Grupo Insud, algo que, quizás por primera vez en su historia, resulta perjudicial para su estrategia de negocios y para el gobierno que lo cuenta como aliado. En la industria afirman que AstraZeneca y mAbxience firmaron un convenio de confidencialidad que le impide al dueño del laboratorio argentino dar explicaciones sobre la demora de la vacuna que se anunció hace más de ocho meses. De acuerdo al contrato entre las partes, la comunicación está a cargo de la multinacional sueca, que tampoco brinda información al público. De cara a la sociedad que precisa vacunas ante la segunda ola, nadie explica la demora.
Una de las pocas voces que se escuchó fue la de Sonia Tarragona, la jefa de gabinete del ministerio de Salud. “Todo eso no es automático, por eso me llama la atención cuando se hace este planteo de expropiar mAbxience para quedarnos con las vacunas. Es de una simpleza que me preocupa, no se le puede dar curso a una idea semejante”, dijo en una entrevista en la que dejó expuesta la contradicción. “Se suele criticar a los más adelantados que tienen a cargo la producción de las vacunas por inocular primero a sus ciudadanos y luego, una vez que están todos protegidos, distribuirla al mundo. Pienso que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, haríamos lo mismo. Antes de sacarlas afuera atenderíamos a nuestra población”. Paradojas al margen, Tarragona no es la más indicada para hablar. Fue la mano derecha de Silvia Gold y ejerció como directora de la Fundación Mundo Sano, uno de los emprendimientos de Sigman.
Quienes conocen el razonamiento del dueño del Grupo Insud afirman que es imposible para mAbxience incumplir un contrato y ceder el principio activo que se produce en Garín para que sea envasado en laboratorios nacionales. Sin embargo, también AstraZeneca está incumpliendo un contrato con el gobierno nacional, que ya pagó el 60% de lo que cuestan las 22,4 millones de dosis, según admitió ante la Comisión de Salud de Diputados el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo.
La preocupación escaló al más alto nivel. Según afirma un importante funcionario del gobierno, el Presidente se comunicó en las últimas semanas con el accionista principal de Insud. “Hablé con Sigman y dice que no se puede” es la respuesta que Fernández ofrece a los miembros del gabinete que cuestionan al empresario. Mientras tanto, los contagios se multiplican y la espera se prolonga.»
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Observación de AgendAR:
Es curioso, pero Genoud, quien escribió este durísimo cuestionamiento, es también quien publica aquí la explicación que se repite en mensajes privados: el laboratorio mexicano, Liomont, no puede importar de EE.UU. el filtro de vidrio microparticulado necesario para fraccionar y envasar el principio activo.
Es cierto que una disposición de Trump, cuando tomó en serio la pandemia, prohibió exportar productos médicos que pudierna usarse para combatirla hasta que finalice la emergencia sanitaria. Es cierto también que el gobierno argentino ha hecho gestiones ante la administración Biden para superar esta barrera.
Pero resulta difícil aceptar que la industria farmacéutica argentina, que domina un 66% del mercado interno, y que además exporta con marca propia e incluso ajena. Muchos «Big Pharma» yanquis y europeos compran sus medicamentos biológicos, hechos por ingeniería genética, aquí en Argentina (como también lo hacen en la India y en Corea), y se los llevan fraccionados y listos para su uso. Buscan menor precio a igualdad de calidad, y si se puede, que el comprador de a pie no se entere.
Son cosas posibles en un país cuya formación de RRHH en ciencias biomédicas y biología molecular la atestiguan 3 premios Nobel e institutos de investigación de reputación mundial. Ése es el origen de nuestra industria de medicamentos biológicos, y el otro son los precios elevadísimos de la medicación biológica en EEUU, la UE y Japón.
Sea dicho de paso, mAbxience se fundó para exportar «biosimilares», es decir anticuerpos monoclonales hechos en Argentina como sustitutos de sus equivalentes hechos a precios de locura en el Hemisferio Norte. La planta fue reconvertida técnicamente en una fábrica de vacunas que usan virus recombinantes de chimpancé como «carriers» de genes del antígeno Spike del virus SARS CoV-2. Y no se necesitó ni mucha plata ni mucho esfuerzo para ello. Esto es Argentina, estimados.
Hora también de aclarar que todo el mundo habla del «principio activo» que exporta mAbxience como si se tratara de materia prima. No lo es en absoluto. Es la vacuna concentrada y envasada a granel, una solución refrigerada y estable de adenovirus del resfrío de los chimpancés cultivados aquí en biorreactores, y luego genéticamente intervenidos para privarlos de su capacidad de reproducción y para insertarles epitopes (regiones bastante invariables) del antígeno Spike del SARS CoV2. El trabajo de los laboratorios Liomont, en México, es meramente fraccionar, envasar y etiquetar, no hacer brujería. ¿Puede hacerse aquí? Sí, claro.
Hay que comer vidrio para creer que aquí no tenemos vidrio para filtrar y encapsular dosis. Aquí hay farmacológicas grandes de capital argentino que viven de ello desde los ’90, y el estado también lo hace en algunos de sus instalaciones universitarias con capacidad industrial de medicamentos biológicos. Sin ir más lejos, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, fundado por el presidente Arturo Illia en 1964, hace 51 años, hoy con exportaciones a decenas de países. Fraccionar biológicos no es una ciencia oculta. Al menos, aquí.
Por el problema jurídico, hay un antecedente muy respetable: el 3 de abril, la justicia estadounidense autorizó a su gobierno a disponer de la planta de Emergent BioSolutions de Baltimore, contratada simultáneamente por Johnson y Johnson y AstraZeneca para fabricar las vacunas de ambas multinacionales. Por una desprolijidad técnica (se mezclaron 15 millones de dosis), la firma estadounidense se queda con el 100 de la capacidad de producción, y la firma anglosueca debe irse de la planta y buscarse otro fabricante. El gobierno de Biden usó legislación de «razón de estado» acuñada durante la guerra de Corea, 70 años atrás.
El Índice de Precios al Consumidor se disparó un 4,8 por ciento en marzo 2021, el nivel más alto desde que Alberto Fernández asumió la presidencia y el mayor desde septiembre de 2019.
El aumento elevó a 13 puntos la inflación en el primer trimestre del año y a 42,6% la suba de los últimos doce meses. Los precios regulados y los alimentos fueron los principales motores del salto inflacionario.
En el primer caso, el alza llegó al 4,5% mensual y estuvo motorizada por alzas en educación (del 28,5% contra febrero), combustibles, tabaco, prepagas y transporte. En los bienes estacionales, prendas de vestir y calzados subieron 10,8%. El rubro alimentos y bebidas no alcoholicas esta vez quedó por debajo del promedio general, pero con un incremento igualmente muy alto, del 4,6%, para escalar en el primer trimestre a 13,8% y en el último año, a 44,8%.
En marzo hubo fuertes aumentos en lácteos: el queso cremoso subió 15,8%, seguido por queso sardo (13,9), leche fresca en sachet (12,0), yogur firme (10,8), leche en polvo entera (8,0) y manteca (7,0).
También se volvieron a registrar fuertes alzas en frutas y verduras, encabezadas por tomate redondo (36,8%) y lechuga (16,9). En cambio, bajaron otros productos que se había disparado anteriormente, como limón (-21,8%), batata (-10,8) y zapallo anco (-10,6).
La carne también mantuvo la tendencia alcista. El kilo de nalga trepó 8,9%, seguido por carne picada común, paleta y hamburguesas congeladas, con 8,5% en cada caso. El cuadril avanzó 6,9%, el asado un 5,5 y el pollo, un 3,9.
El punto más sensible en relación a la inflación son los aumentos de precios de los alimentos, que elevan el valor de las canastas básica y alimentaria. Como los ingresos populares no logran hacerlo en igual proporción, los índices de pobreza e indigencia reflejan una situación social cada vez más delicada.
El Gobierno anunció un paquete de medidas para intentar contener los precios de la carne vacuna y el pollo, acercar al público minorista del área metropolitana de Buenos Aires frutas, verduras y productos frescos a los valores del Mercado Central, establecer acuerdos de precios de una canasta de bienes esenciales para todo el país y controlar los costos industriales de textiles, madera, plásticos, químicos, hierro, acero, aluminio y cemento, entre otros.
También busca llegar a un acuerdo de precios para celulares, computadoras y televisores, en tanto que la Secretaría de Comercio Interior contratará 500 inspectores y pondrá en marcha el registro de precios y stock de las 1000 empresas más grandes de consumo masivo en el país.
El fuerte crecimiento de los casos de coronavirus, que superaron una vez más los 25.000 infectados, mantiene en jaque al sector productivo, desde donde afirman que alos problemas que acarrea la pandemia respecto a la producción y ventas se sumó un fuerte crecimiento de los contagios y el ausentismo después de la Semana Santa. Esto mantiene a algunos sectores al límite y también ha generado faltantes de materia prima.
“La situación es muy difícil y promovemos el cuidado individual de la gente, los proveedores y empresarios, que se cuiden y cuiden al prójimo porque si no la pandemiava a arrasar con la salud y el trabajo de los bonaerenses. Pero el contexto afecta a la producción, porque a la problemática de los exceptuados que no van a trabajar, para los que pedimos que se vacune a los que están cobrando un salario, se suma que después de Semana Santa hubo mucho contagio social, porque en las empresas no se producen casos. Hay protocolos estrictos y se cumplen”, explicó Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).
“La prioridad es la vida y la salud, por eso nos reunimos con la ministra de Trabajo provincial para conformar una mesa de trabajo porque nos preocupan conflictos sindicales que se desataron en fábricas del sector lácteo en la Provincia o sindicatos queimpedían entrar y salir de parques industriales porque eso atenta contra la supervivencia del sector productivo y el trabajo de los bonaerenses”, agregó el empresario platense.
En tanto, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, afirmò que “no hay líneas de producción paradas, lo que sí es notorio y problemático que hay cada vez más contagiados fuera de la industria y hace que crezca el ausentismo, porque uno se aísla y quizá implica a otros 3 o 4. Pero trabajar dentro de la industria es una salvaguarda, porque se trabaja con todos los protocolos. En nuestra empresa en particular no tuvimos un solo infectado y eso pasa en muchas fábricas de la Región”.
Para Fernando Magno, titular de Apymeco, la entidad que nuclea a las pymes constructoras de la Región, el sector sufre diferentes problemas derivados de la pandemia y la inflación. Explicó que “hay proveedores que tienen faltantes de materia prima siderúrgica que están licenciando gente porque no tienen con qué trabajar, porque faltan hierro de construcción y derivados, como chapa fina y otros. Pero también se dispararon los costos en dólares más inflación. Por ahora no hay obras ni fábricas paradas, pero si un gran ausentismo, que se incrementó después de Semana Santa que se dio por contagios sociales. Por eso la vuelta a fase 3 en la Región, y el sector vive con incertidumbre por el futuro de la continuidad laboral”.
En términos de actividad económica, el país sufrió en 2020 su peor caída desde la crisis de 2002. La economía retrocedió 10%, según el EMAE del Indec, tras los derrumbes de abril y mayo, que alcanzaron el 25% y 20% anual, respectivamente, en plena cuarentena por la pandemia.»
Este material podría ser útil para prevenir COVID-19 y fue desarrollado por una empresa marplatense, NAIROTECH, en el marco de una convocatoria para empresas de base tecnológica de la Agencia I+D+i.
Mediante el empleo de nanotecnología y con la colaboración de universidades, una empresa marplatense de base tecnológica especializada en la industria del plástico desarrolló materiales que reducen el tiempo de permanencia de microorganismos sobre superficies, incluyendo el nuevo coronavirus que causa COVID-19.
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La iniciativa fue una de las seleccionadas en la convocatoria para Empresas de Base Tecnológica (EBT) COVID-19 realizada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) , para su financiamiento a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
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“El material se puede aplicar a los productos cotidianos sin que pierdan sus propiedades originales. El objetivo también es crear espacios más seguros en ambientes de masiva circulación de personas como oficinas, escuelas, transporte público, hospitales y otros ámbitos”, indicó el ingeniero en materiales Matías Lanfranconi, socio fundador y director de Tecnología e Innovación de la empresa Nairotech Desarrollo e Investigación.
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El material desarrollado se llama Nairo.Care y contiene nanopartículas de cobre que eliminan a los patógenos. La empresa fabricó diversas formulaciones de esas nanopartículas para usar como aditivo en múltiples productos, tales como textiles, artículos de limpieza, pellets de polietileno, pinturas y plásticos de PVC.
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“Con esta gran variedad de aplicaciones se pueden conferir propiedades antimicrobianas a suavizantes de ropa, lustramuebles, juguetes, muebles de jardín, manteles, uniformes, guardapolvos y una infinidad de productos cotidianos”, destacó Lanfranconi.
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En pruebas de laboratorio, el polímero germicida mostró eliminar el 99,99% del coronavirus canino y de la bacteria Escherichia coli tras cinco minutos de exposición.
Además, un ensayo de citotoxicidad documentó su inocuidad en humanos
“Además de cuidar la salud, otra ventaja que tiene nuestro material es que evitará la necesidad de tener que sanitizarsuperficies o productos de forma continua”, señaló Rosario Enseñat, gerente de Marketing y Desarrollo de Productos de la compañía.
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Según los directivos, la compañía ahora apunta a optimizar el prototipo de material y el proceso de fabricación hasta llevarlo a escala productiva.
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“El proyecto de Nairotech responde a la necesidad específica de contar con superficies libres de microorganismos que se potenció con la pandemia y es parte de un modelo de negocios ambicioso”, indicó Laura Toledo, directora de FONARSEC, quien precisó que este tipo de iniciativas constituye una plataforma tecnológica capaz de ofrecer diversidad de productos de alto valor agregado para múltiples mercados potenciales.
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Para la realización de ensayos e investigaciones, Nairotech se asoció con el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Fundación Argentina de Nanotecnología, mientras que la gestión de la inteligencia tecnológica y propiedad intelectual estuvo a cargo de ITERA. La empresa marplatense también está asociada con Aceleradora del Litoral, un fondo que depende de la Universidad Nacional del Litoral y que potencia negocios basados en ciencia.
Es probable que las personas necesiten una tercera dosis de la vacuna de 6 a 12 meses después de su primera ronda, dice Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer.
Los datos del mundo real muestran que la vacuna Pfizer es efectiva contra una variante preocupante del coronavirus que se vio por primera vez en Sudáfrica, llamada B.1.351, dijo Bourla durante un evento de CVS Health Live publicado en Facebook ayer jueves. «La protección disminuye con el tiempo, pero aún en seis meses sigue siendo extremadamente, extremadamente alta», dijo.
Bourla dijo que queda por ver con qué frecuencia tendría que suceder una posible tercera dosis, pero “un escenario probable es que probablemente se necesite una tercera dosis en algún momento entre seis y 12 meses y luego, a partir de ahí, habrá una revacunación. Pero todo esto necesita ser confirmado».
“En las pandemias, estás tan protegido como tu vecino”, dijo Bourla. Por eso es importante que todos los países vacunen a sus ciudadanos.
Ayer, miércoles 14 de abril, fue el día en el que el gobierno nacional tuvo que aceptar que la «segunda ola» de la pandemia había llegado a la Argentina, que los contagios y las muertes crecían, y que era necesario tratar de imponer otra vez, como un año atrás, aunque esta vez sería necesariamente por un plazo más corto, restricciones a la circulación, cese de actividades no esenciales y cierre de las escuelas.
Aún sabiendo, por lógica y por experiencia, que estas restricciones no podrán ser completas, porque hay actividades que no pueden detenerse (distribución de alimentos, de combustibles,…), que una parte de la sociedad no las va a acatar, y que perjudicarán en forma grave a muchos sectores y dañarán una recuperación de la economía en curso pero irregular e incompleta.
Pero ayer a la mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había dado un informe descarnado sobre la gravedad de la situación. Y a la tarde se conocieron las cifras del día: 25.157 nuevos casos de covid y 368 muertes.
El presidente Alberto Fernández decidió pagar el costo político ante una parte numerosa de la población, cansada y harta de una pandemia que ya lleva 13 meses entre nosotros. Pero también, recuperando ante muchos otros -no menos cansados y hartos, cómo no- la autoridad que da el tomar decisiones duras que se consideran necesarias.
Así, ayer el presidente Fernández anunció por cadena nacional que, desde las 0 horas de este viernes 16, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), “la circulación nocturna será restringida de 20 a 6″. “Restringir la nocturnidad no quiere decir que en el día se puede hacer cualquier cosa”, agregó.
También “quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados”. Las actividades comerciales deberán desarrollarse entre las 9 y las 19. Todos los negocios deben cerrar a esa hora, pero las empresas gastronómicas pueden seguir funcionando, bajo la modalidad de entrega a domicilio («delivery»).
Se suspenda la presencialidad en las escuelas. Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril, se volverá a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. “Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases”.
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Al final de su exposición, el presidente recordó que estas medidas estaban destinadas al Área Metropolitana, ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde se producen la mayoría de los contagios, y que “el resto de las jurisdicciones pueden adherir a estas decisiones”, si así lo consideran.
“De acuerdo al último decreto de necesidad de urgencia que dicté en esta materia, las provincias pueden tomar todas estas medidas con prescindencia de la decisión presidencial. Espero que los gobernadores e intendentes, que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan; pero es responsabilidad de cada uno hacerlo. Vivimos en un país federal”.
“Como presidente de la Nación, preservaré la salud de todos y todas las argentinas, y en especial a los que viven en la Capital Federal porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos”.
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Como dijimos al comienzo de esta nota, en AgendAR tenemos claro, y estamos seguros que el gobierno también, que estas medidas sólo servirán para ganar tiempo, disminuyendo – si tienen éxito- el ritmo de los contagios.
Pero mientras se han vacunado ya 5.874.864 compatriotas, al menos con una dosis, y el lunes llegan 864.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Será lento -probablemente recién a fin de año la producción y distribución de vacunas empezará a acercarse a la demanda, pero esa es «la luz al final del túnel» de la pandemia.
Un estudio detectó residuos de 42 fármacos en muestras de diferentes especies ofrecidas en comercios de la capital provincial.
Una investigación analizó muestras de sábalo, pacú, trucha y salmón provenientes de supermercados y pescaderías de la ciudad de Córdoba. En el 100% de los casos detectó antibióticos (ATBs) de las familias de macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Además, en el 82% de las muestras de pacú, en el 57% de las de sábalo y de trucha, y en el 50% de las de salmón, los valores hallados excedieron el límite máximo residual de al menos un antibiótico.
El hallazgo preocupa por dos razones. Por un lado, los antimicrobianos que se aplican en psicicultura son iguales o similares a los de uso humano. Su administración frecuente e inapropiada puede afectar su efectividad en las personas, debido a que las bacterias pueden desarrollar resistencia hacia ellos.
Por otro lado, se carece de información sobre el impacto crónico y el riesgo que implica la mezcla de estas sustancias, tanto en el medio acuático como en la salud humana.
“Nuestros resultados muestran que los peces estudiados estuvieron expuestos a una amplia gama de ATBs, ya sea por contaminación ambiental y/o por tratamientos inadecuados durante la cría y producción. Pese a que –contabilizados de forma individual– ningún nivel supera la dosis diaria que una persona puede ingerir, es necesario realizar más estudios para saber su impacto en la salud”, explica Valeria Amé, directora de la investigación, profesora y directora de la Especialización en Química Ambiental.
El trabajo analizó ejemplares de dos especies nativas (sábalo y pacú) y otras dos introducidas (trucha, de un criadero local y salmón, proveniente de Chile). Todos fueron comprados en supermercados y pescaderías de la ciudad de Córdoba, en 2017 y 2018.
Hasta donde conoce el grupo de investigación, se trata del primer informe abocado a identificar una amplia variedad de antibióticos de usos veterinarios y humanos en acuacultura comercial en muestras de pescado del mercado argentino.
Criaderos de peces y contaminantes
Los antibióticos se han utilizado en la acuacultura durante más de 50 años, según indica el estudio. Una característica de estas sustancias es que entre el 30% y el 90% de ellas atraviesa el cuerpo de los peces sin ser metabolizadas y vuelven al agua, excretadas a través de la orina y las heces.
Amé explica que la administración de antimicrobianos autorizados está permitida en los criaderos de animales. De hecho, se agregan regularmente al alimento o directamente al agua. Sin embargo, los ejemplares destinados al consumo deben cumplir un determinado tiempo libres de fármacos, previo a su comercialización.
La extensión de ese lapso temporal depende de la especie, el tipo de infección y el tratamiento en particular. Si ese periodo se acorta o se administran dosis mayores a las recomendadas para acelerar los procesos, los residuos de ATBs pueden superar el límite permitido.
Otro dato a tener en cuenta es que en general los criaderos de agua dulce toman agua de ríos y arroyos cercanos. Si esos cursos de agua reciben efluentes incorrectamente procesados de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, es factible que una gran variedad de contaminantes ingresen a esos ecosistemas acuáticos y puedan acumularse en los peces. “Así, los peces de consumo pueden estar expuestos a fármacos veterinarios de forma voluntaria y a fármacos de uso para humano, involuntariamente”, agrega Amé.
Por otra parte, la contaminación con antibióticos se correlaciona fuertemente con la inducción de resistencia a múltiplesfármacos en bacterias, incluso si la concentración de contaminantes es baja.
La resistencia de estos microorganismos a los medicamentos es un problema en todo el mundo. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, junto a otras agencias e instituciones, implementó en 2015 un Control Nacional de resistencia a los antimicrobianos para asegurar el uso responsable de estos compuestos.
A su vez, el Servicio Nacional de Salud y de Calidad de Productos Agroalimentarios (Senasa) lanzó el Programa de Control de Residuos, Contaminantes e Higiene Alimentaria (Plan CREHA) para la detección de antimicrobianos en alimentos destinados al consumo humano.
Este trabajo de investigación y otros anteriores sugieren que el manejo irresponsable de antibióticos por parte de quienes se dedican a la piscicultura, así como entradas incontroladas de antibióticos en el medio acuático, pueden ocasionar efectos no deseados graves.
“Por un lado, los ATB pueden dar lugar a bacterias resistentes, aun en dosis más bajas que las permitidas actualmente en el registro de límites máximos residuales. El efecto de múltiples residuos de antibióticos, así como de otros contaminantes en tejido de peces es desconocido. Pueden ocurrir efectos sinérgicos con un efecto mayor al de cada uno de los compuestos por separado, o antagónicos con un efecto menor al de cada uno de los compuestos por separado. Estas cuestiones están desafiando nuestro conocimiento actual sobre la toxicidad de alimentos de producción intensiva para la salud humana. Para saberlo es necesario ampliar los estudios”, reconoce Amé.
En la totalidad de los casos, encontraron compuestos de las familias de macrólidos (claritromicina y roxitromicina), tetraciclinas (doxiciclina y oxitetraciclina) y fluoroquinolonas (enrofloxacina).
Los datos obtenidos en la investigación fueron contrastados con el Límite Máximo Residual (LMR) establecido por la Comisión Europea (CE), CODEX y el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Brasil. Se trata de un valor de referencia que indica el nivel máximo de residuos de antibióticos permitidos legalmente en los alimentos.
“En el Código Alimentario Argentino existen límites máximos permitidos para residuos de algunos antimicrobianos, pero no podemos encontrarlos para la mayoría de los compuestos medidos en este estudio”, comenta Amé.
El 82% de las muestras de pacú, el 57% de sábalo y de trucha, y el 50% de las de salmón,
excedieron el LMR de al menos un antibiótico.
Algunos compuestos no tienen un nivel seguro porque su sola detección ya implica un riesgo. Es el caso del cloranfenicol, furazolidona y nitrofurantoína, que se detectaron en el 41%, 22% y 4% del total de las muestras, respectivamente.
Para otros siete antibióticos detectados, todavía no se ha establecido un LMR que permita conocer a partir de qué concentración esas sustancias representan un riesgo para la población que los consume.
“Según la Organización Mundial de la Salud, cuando un antibiótico no tiene un LMR, el riesgo para la salud pública es desconocido y puede, si está presente en una concentración suficiente, representar un peligro para quienes ingieren esos productos”, explica.
“Este descubrimiento no pretende alarmar a la población, sino que brinda información valiosa que podrá ser aplicada en la generación de estrategias para el uso juicioso y adecuado de antibióticos, promoviendo la producción de alimentos seguros y buscando reducir la contaminación de los sistemas acuáticos”, agrega la investigadora.
Asimismo, aclara que, en la mayor parte de los pescados estudiados, los residuos de ATB no excedieron los LMR recomendados por autoridades reguladoras, y ningún antibiótico individual superó la ingesta diaria admitida. Sin embargo, alerta que los efectos crónicos de las mezclas de estos compuestos en la salud humana y en los sistemas acuáticos continúan siendo desconocidos.
La pandemia produjo durante 2020 desplomes de gran magnitud en el comercio internacional. La dinámica del comienzo de este año refleja una acelerada recuperación. Y el Centro de Estudios Económicos de la Cancillería ya prevé una recuperación del 30% en los envíos al exterior y ventas por u$s 70.000 millones.
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En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el plan de promoción de las exportaciones 2021 que tiene previstas una batería de 657 acciones comerciales en todo el mundo.
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El eje del plan está puesto en las acciones a desarrollar durante en el 2021: se llevarán a cabo 295 misiones comerciales, 140 ferias, 40 rondas de negocios, 60 acciones de posicionamiento y 80 talleres de oferta tecnológica, mediante la realización de capacitaciones que protagonizarán los institutos de promoción tecnológica, como el INTI, INTA y ANMAT.
El Gobierno proyecta exportaciones por u$s70.000 millones en 2021
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El principal foco estará puesto en Latinoamérica. Allí se realizarán 230 de las 657 acciones. En segundo lugar aparece Europa en donde se desarrollarán 138 iniciativas. Para América del Norte hay diagramadas 107 acciones, mientras que en Asia 73, en África 37, en Medio Oriente 21 y en Oceanía 11.
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Dentro de los complejos impulsados están las carnes, la pesca, las autopartes, la construcción, la minería, el petróleo, la metalmecánica, la maquinaria agrícola y el sector frutícola, entre otros.
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También se promocionarán actividades vinculadas a los servicios como la edición, la comunicación, el turismo, el marketing.
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“Esperamos un crecimiento importante para las exportaciones este año. Estimamos alcanzar los u$s 70.000 millones”, dijo el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Jorge Neme. En ese sentido, explicó que “los mercados se muestran más demandantes” y agregó: “Vamos a tener buenas novedades con el mercado mexicano donde aspiramos a vender carne y ya hay un compromiso de abrir el mercado, también actualizar el convenio automotor. Pero al mismo tiempo tenemos un muy buen diálogo con Estados Unidos, China y también con países de África y el mundo árabe”.
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Las acciones fueron consensuadas en el Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones que fue creado por el Ministerio el año pasado. Este órgano cuenta con la participación de más de 18 mil empresas nucleadas en 247 cámaras sectoriales. Allí se trabaja en la definición de oferta exportable, la identificación de mercados y la elaboración de acciones de promoción de comercio exterior.
Los precios del trigo, el maíz y la soja en el Mercado de Chicago nuevamente repuntaron con fuerza ayer miércoles, apuntalados esta vez por las previsiones que un frente frío en el Medio Oeste pueda perjudicar el desarrollo de la cosecha en los Estados Unidos.
La soja para mayo subía 1,7% a u$s 518,26; el maíz también para mayo ganaba un 2,9% a u$s 234,74, máximos desde junio de 2013. En tanto, el trigo para mayo trepaba un 2,8% a u$s 238,74
«La ola fría de la próxima semana plantea un riesgo de daños al trigo en algunas zonas de un tercio del sur de los Grandes Llanos de Estados Unidos; posiblemente que se queme el maíz que ya brotó en el Medio Oeste», dijo Commodity Weather Group en una nota a sus clientes.
El clima también podría hacer que algunos productores retrasen la siembra de maíz y soja, ya que los cultivos plantados en temperaturas frías podrían tener dificultades para emerger del suelo.
«Las temperaturas de EEUU no encajan en la categoría ‘severa’, pero la ola de frío actual mantiene bajo el entusiasmo por la siembra temprana de maíz y soja, con condiciones que parecen secas pero frías durante los próximos siete a 10 días o más», dijo Matt Zeller, director de información de mercado de StoneX, en una nota a clientes.
Los expertos predicen una racha seca en las próximas semanas en el continente europeo. El déficit de agua ya está presente en áreas productoras de trigo de primavera en el norte de Estados Unidos, dijo la consultora francesa Agritel en una nota.
«El clima en Francia es seguido de cerca», sostuvo Agritel. «Las previsiones meteorológicas para las próximas semanas apuntan a un riesgo de déficit hídrico, lo que se suma a la firmeza de los precios, incluida la cosecha 2021».
El importante diario de negocios Financial Times publicó hace pocas horas que Brasil buscaba mil millones de dólares «al contado» («up front«) para la preservación de la Amazonia. Y que su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirmaba que el gobierno de Bolsonaro ha hecho bastante para merecer los fondos.
No todos están de acuerdo. En la Unión Europea las críticas al presidente brasileño son abiertas, el presidente francés Macron lo ha denostado en público. Y el ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Sveinung Rotevatn, dijo ayer que Brasil debe demostrar que puede reducir la deforestación en el Amazonas antes de que Noruega reanude los pagos en apoyo de la preservación de la selva tropical.
El país escandinavo trabajó estrechamente con Brasil para proteger el ecosistema entre 2008 y 2018, enviando 1.200 millones de dólares al Fondo Amazónico, que paga a Brasil para prevenir, vigilar y combatir la deforestación. Noruega ha sido el mayor donante a la causa.
Pero la destrucción de la selva tropical ha aumentado desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero de 2019, debilitando la aplicación de la ley y pidiendo el desarrollo de la región, además de cambiar la gobernanza del fondo.
Aun así, Brasil había solicitado a principios de este mes 1.000 millones de dólares de ayuda en un periodo de 12 meses a países como Estados Unidos y Noruega para ayudar a reducir la deforestación entre un 30% y un 40%.
Oslo, que en 2019 congeló fondos por más de 5.000 millones de coronas noruegas (585 millones de dólares), dijo que las conversaciones con Brasil están en curso. «Las condiciones para una puesta a disposición de estos fondos es que la deforestación disminuya sustancialmente y que se llegue a un acuerdo sobre la estructura de gobernanza del Fondo Amazónico», advirtió el ministro noruego.
Este tema está en los medios por el estilo desafiante y pintoresco del presidente Bolsonaro. Pero en Argentina debemos mirarlo más allá de las anécdotas. La Unión Europea y Estados Unidos, con la administración Biden, están resueltos a convertir la lucha con la deforestación y, en general, contra las emisiones de carbono, en uno de los temas claves de política internacional.
Y nuestro país es el octavo en extensión del planeta. No nos dejarán ser indiferentes al problema. Ni limitarnos a declaraciones «políticamente correctas».
Hoy, miércoles 14 de abril, la ministra de Salud, Dra. Carla Vizzotti, dirigió un mensaje en, como señaló, «el momento más crítico de la pandemia». En él vuelca todo lo que el gobierno sabe y tiene previsto hacer en este momento. Vale la pena escucharlo
Dentro de pocos días, el 30 de abril, opera el vencimiento de la concesión en virtud de la cual la «Hidrovía» del Río Paraná es administrada por un ente privado sin control estatal. Esto pone en discusión su futuro (y el de nuestro país). ¿Debe continuar así? ¿o el Estado debe asumir su manejo?
El economista Horacio Rovelli, ex Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, ha publicado una criteriosa (si no neutral) nota sobre las posturas en torno la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La reproducimos y agregamos una noticia reciente.
La Administración General de Puerto gobernaba en forma centralizada todos los puertos marítimos y fluviales hasta que en el año 1992 la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093 y, la disolución de esa Empresa del Estado mediante decreto 817/92, hace que el sistema nacional centralizado se atomice en múltiples organizaciones provinciales.
La ley 24.093 sostiene que la actividad portuaria no es ni un acto de gobierno ni corresponde ser insertada en el derecho público, sino que es propia y esencialmente una actividad productiva. A su vez, en esta ley se descentraliza la actividad de habilitación y gestión portuaria a las Provincias, que generó una proliferación de puertos privados para sacar la producción de granos en el litoral, facilitando parte de la cadena logística a los grandes exportadores los cuales son todos dueños de terminales portuarias y/o tienen la concesión de su administración.
I) El 28 de agosto de 2020 se creó la “Administradora Federal Hidrovía S.E.”, integrada por el Estado Nacional con una participación del 51 % del capital social y un 49 % por 7 provincias: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Y en los considerando de ese acuerdo se afirmaba que la Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía navegable natural conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que constituye un cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de la exportación nacional, menos costoso y ambientalmente más sustentable. Su desarrollo será fundamental para mejorar la competitividad internacional de los productos argentinos, y su ampliación permitirá integrar a la región con los puertos que se ubican aguas arriba de la ciudad de Santa Fe.
A su vez, el Consejo Federal tendrá carácter consultivo y estará integrado por el Ministerio de Transporte, las provincias, entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos. Además, el organismo impulsará la creación de una Sociedad del Estado que establecerá la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias a la Hidrovía.
II) Sin embargo el 26 de noviembre de 2020 se publica el Decreto 949/2020, por medio del cual el presidente Alberto Fernández delega en el Ministro de Transportes la facultad del llamado a licitación pública nacional e internacional por medio del régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520 para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico, a riesgo empresario y sin aval del Estado”. (Síntesis textual publicada en infoleg). Tal decisión, pone de manifiesto la voluntad de volver a licitar esa vía navegable, que estuviera en manos de Hidrovía S.A. desde el año 1995, consorcio integrado por EMEPA S.A. y la empresa Jean de Nul, que procedió a la explotación de esa vía navegable.
El Decreto 949/2020 por un lado le da toda la administración de la licitación de la mal llamada “Hidrovía del Paraná” al Ministerio de Transporte de la Nación, desconociendo los acuerdo arribados en agosto 2020 con las 7 provincias que tienen puertos sobre el Paraná y, por otra parte, propone el uso del Canal Punta Indio hacia Montevideo y el dragado del brazo Paraná Bravo, por lo que la puerta de entrada y salida es por ese puerto o por el de Nueva Palmira en la República Oriental del Uruguay, perdiendo la Argentina su soberanía cuando tiene una de las más amplias extensiones de costa del mundo.
LAS DOS POSTURAS PRINCIPALES
1)POSTURA DE DEFENSA DEL ACUERDO DEL 28/08/2020 CREACION DEL CONSEJO FEDERALY LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL ESTADO QUE EJERZA LA ADMINISTRACIÓN, EL CONTROL Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS A LA HIDROVÍA
La misma está encabezada por el Senador Jorge Taiana quien presentÓ un Pedido de Informe en el Senado de la Nación, el 1 de febrero de 2021, en que solicita que se invite al ministro de Transporte Mario Meoni, para que informe sobre «todo lo relacionado con la concesión de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización de la Vía Navegable Troncal» que surca las aguas del Paraná y del Río de la Plata, y además solicitó al Congreso la conformación de una comisión bicameral de seguimiento.
Adhieren Julio Cesar Urien (que lidera el Grupo Bolivar), les ex Subsecretarios de Puertos y Vías Navegables del kirchnerismo: Jorge Metz y Horacio Tettamanti, Mempo Giardinelli, entre otros, quienes por un lado exigen que se hagan las obras sobre el Canal Magdalena que permitiría solo emplear puertos argentinos. Y segundo, proponen en el marco del Artículo 40 de la Constitución Nacional[2] que se realice junto a las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o las elecciones nacionales del corriente año 2021, un REFERENDUM VINCULANTE por la creación de una Sociedad del Estado que establecerá la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias en el Paraná o, en cambio, si se vuelve a licitar como lo propone el Decreto 949/2020.
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2) POSTURA DE LOS QUE PROPONEN QUE SE LICITE NUEVAMENTE LA HIDROVIA DEL PARANA Y QUE DEFIENDEN Y PROPICIAN EL DECRETO 949/2020
El Decreto 949/20 diluye el poder del Consejo Federal de la Hidrovía. En el nuevo esquema, el Consejo Federal de la Hidrovía estará presidido por el Ministro Meoni y, aunque lo integrarán las siete provincias -además de funcionarios de Interior y Desarrollo Productivo-, funcionará como un espacio de coordinación que solo brindará asesoramiento, no administra. El poder real estará en la Unidad Ejecutora temporaria que definirá quién o quienes se quedarán con dicha administración. En la Unidad Ejecutora planteada por el Ministerio de Transporte no hay espacio para los representantes provinciales. Según refieren, estará encabezada por Pablo Barbieri, un abogado especializado en derecho comercial que fue asesor de la Secretaría de Deportes e integra el Tribunal de Ética de la AFA.
Los funcionarios de Ministerio de Transporte que trabajan en el tema aseguran que el Canal Magdalena se licitará y sugieren que EMEPA no seguirá y la reemplazará otra empresa nacional que hará las tareas de balizamiento. Dicen, además, que “para darle transparencia a la licitación participará la OCDE”. No es extraño. El negocio del mayor peaje del país tiene interesados poderosos. Además de Jan de Nul – que quiere continuar, aunque sea sin Romero – son de la partida las compañías holandesas Boskalis, Dredging y Van Hool, y también el holding chino Shanghai Dredging Company.
Independiente de quién realice las tareas de dragado y balizamiento, lo cierto es que las organizaciones empresarias enviaron una carta al ministro de Transporte, Mario Meoni, firmada por la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Argentina del Acero, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carsfe, Sociedad Rural de Rosario, Centro de Navegación, Cámara Naviera Argentina, Centro Marítimo Rosario, Foro Regional Rosario y Cámara de Exportadores (Cera) solicitando que se licite nuevamente la Hidrovía del Paraná. Solicitaron que la transición sea lo más breve posible con el propósito de “llevar adelante una licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado”.
No quieren que esos 5 meses el cobro del peaje quede en manos estatales, o asegurarse por lo menos que no se extienda más que ese plazo de transición. Incluso, ofrecen sus propios estudios privados sobre la necesidad de obras, estudios que debería encarar el estado antes de re licitar.
“No hay que romper lo que funcionó. Si no sería un retroceso ponernos a discutir cosas que ya han funcionado y ha sido beneficioso. Si resistió desde 1995 a todos los cimbronazos que tuvo la economía argentina”, asegura Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario.
«Esta es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado», asegura Gustavo Idígoras, quien dirige la Cámara de Exportadores de Cereales, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Concejo Agroindustrial Argentino.
El presidente la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, quien en un reciente seminario sobre Hidrovía en la Cámara de Diputados de Santa Fe afirmó: “El concesionario debe ser quien cobre el peaje y no el Estado, (porque) sabemos lo que sucede después”.
Carlos Vaccaro, director ejecutivo de la Cámara del Acero y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuestiono la intención de que el Estado intervenga asegurando que “no hay razón para cambiar algo que funcionó exitosamente 25 años”
El sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento que dirige Juan Carlos Smith, guarda silencio. Su prioridad es que no se pierdan las fuentes de trabajo, que actualmente paga buenos salarios.
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Por su parte, el informado periodista Nicolás Deza publicó ayer en El Grito del Sur una noticia terminante:
El Ministerio de Transporte de la Nación propondrá extender la concesión del mantenimiento del Sistema de Navegación Troncal del Paraná, mejor conocido como Hidrovía Paraná-Paraguay.
La decisión podría darse a conocer en la próxima reunión del Consejo Federal Hidrovía, a menos de cuatro días del vencimiento de la concesión actual.
La prórroga implica que Hidrovía S.A. seguirá al frente de las tareas de dragado y balizamiento del canal navegable, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. La concesión vence el próximo 30 de abril, tan solo cuatro días después de la próxima reunión del Consejo Federal Hidrovía, en la que comenzará la discusión por el pliego de la futura licitación.
Hidrovía S.A. es un consorcio conformado por la dragadora belga Jan de Nuly la empresa nacional de balizamiento Emepa. Llevan a cabo en Argentina las tareas de señalización y remoción de tierras en el lecho del río Paraná desde 1995, año en que ganaron la licitación internacional lanzada bajo la presidencia de Carlos Menem.
Con el llamado a licitación quedará sepultada cualquier posibilidad de que el Estado se haga cargo del mantenimiento de la Hidrovía. Es que ofertas no van a faltar: es un negocio estable, estimado en 300 millones de dólares por año. La reunión del Consejo Federal del lunes 26 de abril será el puntapié para la discusión de los pliegos de la licitación con las provincias.
El partido sigue abierto hasta que se produzca el llamado a licitación, aunque el Gobierno parece haber desistido de la idea de crear una empresa estatal para el mantenimiento de la hidrovía. En agosto el presidente Alberto Fernández, el ministro de Transporte Mario Meoni y los gobernadores de las provincias del litoral suscribieron el Acuerdo Federal de la Hidrovía, por el cual se propuso la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado.
Esa posibilidad comenzó a naufragar en noviembre con el decreto 949/2000, que facultó al Ministerio de Transporte para que realice el llamado y adjudicación del dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía. El decreto nada dice sobre la administradora federal. Además mantiene el régimen de concesión de obra pública por peaje “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, un lineamento central del sistema actual.
Las multinacionales agroexportadoras confían en que el sistema se mantenga en manos privadas y sin grandes cambios. Tienen sus razones: ni el Estado ni ninguna empresa nacional tiene las dragas necesarias como para asumir y continuar con las operaciones de dragado en el corto plazo. La discontinuidad de esas operaciones es particularmente peligrosa para la economía nacional por los niveles de aguas bajas que el Paraná viene registrando desde hace un año.
Un cambio significativo que sí podría introducir el Poder Ejecutivo es una mayor fiscalización sobre el comercio de granos. La Unidad de Información Financiera (UIF) está participando de las comisiones de trabajo creadas en el Consejo Federal Hidrovía, el organismo que brindará asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión.
La UIF publicó este lunes las propuestas finales presentadas en tres comisiones. En la Comisión de Planificación Estratégica y Económica, el organismo postuló la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados o ilegales, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque.
Según la UIF, “más del 70% de las exportaciones circulan por esta vía y más del 55/60% de las pertenecientes al sector agroindustrial, también circulan por allí. O sea, que lo que decurre por el Corredor Litoral va a tener incidencia sobre cuestiones centrales del sistema económico financiero y social argentino”.
Si bien la mayor parte del comercio, las transacciones y el tráfico se desarrollan de forma lícita, también “se han desplegado distintas maniobras vinculadas con el contrabando de alimentos, por ejemplo granos o aceites; con el contrabando de armas, de drogas y con la trata de personas, y además con las implicancias respecto a la evasión impositiva”.
Por la la Hidrovia Paraná-Paraguay sale más del 80% de las exportaciones del país, según el Ministerio de Transporte. Cerca del 70% de los granos producidos en el país son embarcados en los puertos del Gran Rosario. Menos del 10% es despachado en otros puertos sobre las costas del Paraná, como Zárate, Ramallo y San Pedro. Lo que resta sale por los puertos cerealeros en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Tal como indicaba la primera fase del estudio que publicamos el 5 de marzo, la vacuna Sputnik V genera una muy buena respuesta inmune tras la aplicación de la primera dosis: es la conclusión del informe final de la primera etapa de un estudio, liderado por investigadores del Instituto Leloir y del CONICET y realizado bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
El “paper” demostró que el 94% de las personas que recibieron una sola dosis de la vacuna producen anticuerpos específicos para el coronavirus. Además las personas previamente infectadas que recibieron solo una dosis producen cinco veces más anticuerpos que quienes completaron el esquema de dos dosis sin antecedente de COVID-19.
Del trabajo participaron 288 individuos, y el detalle muestra que el 96% de las personas menores de 60 años tienen anticuerpos a los 21 días de la primera aplicación.
En los mayores, esa tasa es del 89%. Y dos inmunizaciones generan anticuerpos en el 100% de los vacunados, según concluyó la primera etapa de un estudio longitudinal de la Plataforma de Estudios Serológicos de la Provincia de Buenos Aires.
Apoyos para el estudio
La investigación contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en siete hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires: Evita, Fiorito, Rossi, San Juan de Dios, San Martín, San Roque y El Cruce.
El trabajo también reveló que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna Sputnik V es 4,6 veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.
“La vacuna Sputnik V da una respuesta inmune robusta en gran parte de los vacunados. Si analizamos al grupo con previa exposición al virus que se incluyó en el análisis, no se observó un aumento significativo en el título de anticuerpos al aplicar la segunda dosis, sugiriendo que esta población no recibiría un beneficio adicional al recibir una segunda dosis”, afirmó la líder del estudio, Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del CONICET.
Para llegar a esos resultados, los investigadores tomaron muestras de plasma de los voluntarios del personal de salud del subsector público de la Provincia de Buenos Aires antes de la vacunación (nivel basal), a los 21 días de la primera dosis y a los 21 días de la segunda.
Los detalles del trabajo científico
Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 en el grupo con previa infección mostró una media geométrica de título de anticuerpos de 9850, un valor elevado que refleja cuántas veces se puede diluir el anticuerpo y aun detectar su actividad. El otro grupo, sin previa infección, mostró un valor medio de 244.
Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 244 a 2150, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron diferencias significativas en los anticuerpos después de una o dos dosis.
“Estos resultados indican que la infección previa genera memoria inmunológica y que la reactivación del sistema inmune frente a una dosis de vacuna Sputnik V da lugar a niveles de anticuerpos muy superiores a la desarrollada después de dos dosis en personas que no se enfrentaron con el virus previamente”, puntualizó Jorge Geffner, miembro del equipo que hizo el estudio e investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende del CONICET y la UBA.
SE CONTINUARÁ EVALUANDO LA INMUNIDAD DE LOS VACUNADOS A LOS 4, 6 Y 12 MESES DE LA PRIMERA DOSIS
Cabe destacar que este estudio incluyó por primera vez un estándar internacional de anticuerpos contra el nuevo coronavirus recientemente generado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este permite cuantificar el nivel de anticuerpos con la misma regla en distintas partes del mundo, facilitando la comparación de resultados obtenidos en distintos laboratorios que emplean diferentes tecnologías y vacunas.
“Este trabajo es un aporte muy importante no solo a nivel local, sino a nivel mundial, ya que no había estudios hasta el momento con la vacuna Sputnik V que evalúen los niveles de respuesta inmune de individuos vacunados con una o dos dosis con o sin exposición previa a SARS-CoV-2”, resumió Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
“Los resultados finales de este primer trabajo de la plataforma demuestran la importancia de generar evidencia local de manera interdisciplinaria entre hospitales públicos e instituciones de investigación para la toma de decisiones”, precisó Marina Pifano, asesora en biotecnología del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Gamarnik señaló que “los datos obtenidos en el presente trabajo son una muestra de la importancia del trabajo conjunto entre científicos, profesionales de la salud y autoridades para generar información que acompañe la toma de decisiones en nuestro país”.
