El concepto de «teletrabajo» hoy está muy presente en las conversaciones y, bastante menos, en la realidad de los argentinos. Pero en AgendAR creemos que la pandemia ha acelerado un proceso que irá creciendo con el tiempo en muchas actividades. En la educación, en trabajos administrativos y profesionales… Pero en la práctica todavía deben superarse muchos obstáculos. Esta nota reciente de Sebastián Davidovsky recopila estudios realistas sobre el tema:
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«La cuarentena -el aislamiento obligatorio- obliga a explorar, como nunca antes, la posibilidad de realizar los trabajos a distancia. Hacer «home office» o teletrabajar . Sin embargo, esta modalidad no es accesible en todos los casos. Hoy, ni siquiera en la mayoría. Eso lo dejan en claro dos estudios de abril que hicieron un análisis para entender cuáles son las condiciones para trabajar a distancia en el país.
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Tanto el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) coinciden que apenas poco más de un cuarto de los empleos pueden hacerse de igual manera en una modalidad que evite ir a la oficina tradicional. En el gobierno manejan números similares.
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En «Oportunidades y Límites del Teletrabajo», de Cippec, Ramiro Albrieu , el autor, explica que en la Argentina, sin el aislamiento social obligatorio, trabajaban desde su casa el 8 % de los asalariados e independientes. Y que solo el 3 % de las empresas brindaban posibilidades de teletrabajo.
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El potencial de realizarlo, depende de estos dos factores fundamentales: que las compañías transformen su aparato productivo, y que a la vez los empleados tengan la disponibilidad en su casa. Aún así el potencial de hacer «home office» es limitado: solo alcanzaría a menos de un tercio de la población. Por ejemplo: según CIPPEC en el 40 % de los trabajos es crítica la presencia física y «no tiene forma de hacerse remota», describe.
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Por su parte, el del CEDLAS, de la Universidas Nacional de La Plata («El Impacto Asimétrico de la Cuarentena») realizado por Cristian Bonavida Foschiatti y Leonardo Gasparini , manifiesta que «solo el 26% de los ocupados podría continuar sus actividades laborales desde el hogar. El 74% restante de los trabajadores está actualmente empleado en ocupaciones en principio incompatibles con esta modalidad». Y agrega: «Las ocupaciones menos compatibles con el teletrabajo están caracterizadas por una mayor proporción de trabajadores informales y cuentapropistas, con niveles de educación, calificación y salarios más bajos».
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Por región
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es donde se registra el índice más alto de potencial de teletrabajo: casi la mitad de los ocupados puede realizar su trabajo en la esfera digital. En términos de magnitud destaca el aglomerado de partidos del gran Buenos Aires: allí, de un total de casi 4,5 millones de trabajadores, unos 3,8 millones realizan ocupaciones que requieren sí o sí la interacción física, analiza el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
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Oficina hogareña para algunos
Ambos estudios señalan ventajas estructurales para que algunos sectores se queden en su casa trabajando. A más ingresos, por caso, mayores posibilidades. «Como es de esperar, la distribución por grupos de ingreso es asimétrica: para el decil más alto (de mayores ingresos), aproximadamente uno de cada dos trabajos puede ser realizados desde el hogar, mientras que para el decil más bajo es uno de cada diez«, señala Cippec. «Continuar desarrollando el trabajo desde el hogar es muy diverso entre ocupaciones y no es viable para la mayoría de la población ocupada», describe el texto de Foschiatti y Gasparini (Cedlas). Y agrega, en sintonía con Albrieu: «trabajadores en promedio mejor remunerados presentan mayor posibilidad de evitar interrumpir involuntariamente su actividad laboral».
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Según las actividades
El teletrabajo no es para cualquier actividad. Algunos sectores tienen mayor potencial, como los sectores de Actividades Financieras y Seguros, Información y Comunicación, Enseñanza, Científicas y Técnicas (60%), explica Cippec. «En contraste, las ramas donde las actividades no son fácilmente trasladadas al mundo virtual son: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, Industria Manufacturera,Transporte y Almacenamiento, Actividades administrativas y Servicios de Apoyo, y por supuesto, Construcción y Personal Doméstico», señala Albrieu en su texto.»
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Abandonada, la PIAP se va deteriorando a la intemperie desde 2018
La Argentina sin agua pesada funcionará mal. Las tres centrales nucleares argentinas producían apenas el 5% del consumo eléctrico, pero eso durante la larga recesión macrista y con poco consumo. Dueña entonces de sólo 2 centrales, una de ellas minúscula (Atucha I), durante la primera reactivación económica del presidente Raúl Alfonsín, la CNEA generaba hasta 15% de la electricidad circulante.
Si con la población actual la industria nacional resucitara como lo hizo a partir de 2003, necesitaríamos mínimamente duplicar nuestra capacidad nuclear instalada para no vivir entre apagones. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2015 era lo que se iba a añadir a las máquinas hoy en poder de Nucleoeléctrica Argentina SA, NA-SA: dos plantas más, una CANDÚ nacional con agua pesada de 660 megavatios y una Hualong-1 china de 1160. Resultaba lo mínimo necesario para que no se apagara la luz debido al crecimiento demográfico, aunque el consumo industrial se venía amesetando.
La demanda eléctrica domiciliaria es fluctuante y parte de ella puede cubrirse con energías intermitentes como el viento y el sol. Pero una industria trabajando a 3 turnos -como la tuvimos hasta hace muy poco- necesita potencia firme 24×7. Eso se puede cubrir con hidroelectricidad, aunque el único gran río argentino sin represar es el Santa Cruz. Está muy lejano de los centros de consumo y el transporte de electricidad a más de 1000 km. es carísimo.
Bajante del Paraná de 2020, la mayor de los últimos 50 años, combo de cambio climático y agua retenida por represas brasileñas
Dos ríos represados, descomunalmente más caudalosos y cercanos al consumo, el Paraná y el Uruguay, se han vuelto menos confiables: el cambio climático hoy exacerba sus bajantes por sequía. Peor aún, cuando eso sucede, algunos de los 40 represamientos brasileños en las altas cuencas de ambos ríos “encanutan” el agua, y Yacyretá y Salto Grande no pueden sostener su producción de diseño. Si hasta frente a los puertos sojeros del Gran Rosario hoy brotan islas arenosas: el Paraná exhibe sus fondos. Se vuelve caminable.
Un hipotético renacimiento industrial argentino se podría cubrir con gas y petróleo, pero a costa de inversiones fenomenales en exploración, y de una contaminación de agua y suelo insostenible en los yacimientos neuquinos de “fracking”. A eso, añadirle otra polución aérea aún de peor impacto para la salud pública en las 5 megalópolis argentinas vecinas de las centrales termoeléctricas de las que nos fuimos llenando.
Vaca Muerta ganaría plata con el barril de crudo a U$ 120, como antes de la crisis de Lehman Brothers en 2008. Pero con el actual montaje perverso según el cual YPF explora (lo arriesgado y caro) y las multis extraen y cobran, el asado del bovino difunto se lo comen afuera. Con el barril a precio negativo todo ese circo se desmorona solo. Y hoy nos deja de regalo una provincia contaminada hasta el caracú y buscando empleo, y un Programa Nuclear nuevamente malherido. Muy malherido.
Nuestras tres centrales nucleares consumen entre 26 y 30 toneladas/año de sus inventarios de agua pesada, y hay que reponerlas. Cuando se acabe el stock nacional, habrá que importarlos aceptando cualquier precio, y sin seguridad alguna de conseguirlos. Lo dicho, es un insumo dual.
Muy otro era el panorama a fines de 2015. Atucha III CANDU, proyecto nacional y propio de la que hasta mayo de 2018 parecía destinada a ser nuestra cuarta central nuclear, iba a necesitar una carga inicial de 600 toneladas. Eso suponía más de 4 años de trabajo de la PIAP, contando interrupciones de mantenimiento.
Si al Programa Nuclear se le sumaban las extensiones de vida útil de Atucha I, la de Atucha II, amén de reposiciones y de proyectos de exportación en reactores propios o por pedido directo, la PIAP tenía entonces al menos una década de trabajo planificado por delante. Si se le añadía también la demanda potencial de países que hoy están construyendo nuevas centrales nucleares de uranio natural, como la India, ahí empezamos a hablar de décadas de trabajo para la PIAP, en plural. Y de reinvertir en ampliación. Y de ganar mucha plata.
Qué lejos, qué atrás, nos quedó aquel futuro. De fuentes de trabajo calificado que se evaporaron, ni hablar. Atucha III CANDU era una central cuyos diseños y cuyos componentes iban a ser un un 80% de fabricación nacional. Su construcción y montaje en Lima, a la vera del Paraná de las Palmas, iba a generar un pico de obra con 7000 puestos directos en el cinturón industrial Zárate-Campana, mucha demanda de ingenieros y técnicos especializados.
Esta obra iba a crear a su vez decenas de miles de puestos indirectos en las 140 empresas contratistas, mayormente metalúrgicas, electromecánicas, electrónicas, informáticas, de montaje y de construcción calificadas. ¿De dónde salen estas cifras? Estrictamente, de lo que sucedió entre 2006 y 2014 con la terminación de Atucha II, y de la extensión de vida útil de Embalse entre 2014 y 2018. Eso es lo que se destruyó entre 2018 y 2019, además de la PIAP.
Ahora en cambio lo que tiene por delante la CNEA, como prioridad, es un trabajo dificilísimo de reconstrucción de planta y de recursos humanos, devastados por el sociólogo Gadano y el ingeniero Bisauta. ¿Y alguien se atrevió a proponer a este último para dirigir la CNEA? ¿En la Secretaría de Energía no distinguen terapistas intensivos de sepultureros?
En la CNEA sí. Y se plantaron.
La PIAP, vista nocturna. Se entiende por qué en Neuquén la llaman “El transatlántico”. 
