Ecoplas, Asociación Civil sin fines de lucro, presenta el nuevo índice de reciclado plástico. El mismo advierte que durante el año pasado se recuperaron 251.000 toneladas de plástico, en las que 241.000 toneladas son de reciclado mecánico y 10.000 toneladas como recuperación energética en hornos de cemento, dando como resultado un 26% de valorización sobre envases, embalajes y packaging plásticos.
Este volumen se ha cuadruplicado en los últimos 15 años.
Este resultado favorable, corresponde con el trabajo de capacitación y educación que Ecoplas viene desarrollado a través de sus planes educativos, amplificando el contenido científico que imparte tanto en escuelas y universidades como también a recuperadores urbanos y a la sociedad en general para promover el consumo responsable y el reciclado del plástico que, tras su separación, se puede convertir en múltiples productos: bancos de plazas, bolsas de consorcio, caños, madera plásticas, piedras plásticas, postes de viñedos, durmientes de ferrocarril, entre otros.
En este contexto, cobra más importancia una ley nacional de Gestión de Residuos de Envases o de Responsabilidad Extendida del Productor, que acompañe los desafíos que poseen los plásticos y los otros materiales que se encuentran en la corriente de residuos, a lo largo de su cadena de valor y ciclo de vida, ya que “la misma colaboraría en aumentar las tasas de reciclado y la disminución de material que es depositado en rellenos sanitarios, desperdiciando la oportunidad de que entren en la economía circular. Más aún, si consideramos que la industria plástica recicladora tiene un 60% de capacidad ociosa, por la falta de política pública y la baja separación de residuos que existe en el país”.
Para que estas cifras sigan siendo aún más significativas, hay que continuar por el camino de potenciar la economía circular, promoviendo una gestión inteligente de los residuos y el uso del recurso plástico post consumo a través de las 4R: reducción, reciclado, reutilización y recuperación mediante la revalorización del recurso.
Ayer miércoles 23, el Banco Central vendió «dólar futuro» -es decir, contratos por los que el vendedor entregará dólares a un precio fijo en una fecha determinada- por un total de 250 millones de dólares. Así, esos «precios de venta futuros» quedaron fijados al 31/10 a $60,09, al 30/11 a $64,20; al 31/12, a $76,35. El dólar a julio de 2020 se fijó en $97, pero fueron pocos los contratos a este plazo.
Debe quedar claro que Central operó para moderar las alzas en estas operaciones, que esta semana se dispararon. El dólar futuro al 31/12 había tocado un máximo de $84,30. Puede decirse que la intención fue la misma de las declaraciones de Alberto Fernández: «Estén tranquilos, porque vamos a cuidar sus ahorros y depósitos en dólares«.
Esto no significa que deban descartarse eventuales investigaciones judiciales (¿con qué criterio se decidieron los montos a vender, y a quiénes?) en un contexto donde las reservas del Central disminuyen día a día. Pero es de esperar que los jueces tengan mejores nociones de finanzas que en el anterior cambio de gobierno, cuando se sostuvo en una causa que «todo el mundo sabía que el valor «real» era el del dólar blue»).
Porque esta escalada en los precios del dólar pactados a futuro, reflejan los aumentos que se producen en el dólar «blue» y en particular en el «contado con liqui» (CCL) -que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas, como se ha explicado varias veces en AgendAR. Es lógico que los negocios pactados a futuro, como se trata de operaciones financieras, se rijan por el valor del tipo de cambio de ese mercado.
Porque el «mercado», es decir, inversores, gerentes de finanza y especuladores, evalúan que en el futuro inmediato será inevitable un desdoblamiento del mercado cambiario. Esto es, un dólar para el comercio exterior, y otro para las operaciones financieras (¿y el turismo?). Lo primero fue propuesto hace ya más de dos meses por el diputado Felipe Solá.
Esta semana ha comenzado un juicio en los tribunales de Nueva York contra la gigante ExxonMobil. La acusación es que engañó a sus accionistas sobre los riesgos vinculados al cambio climático. Uno de los indagados será su ex CEO y ex secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson.
Las audiencias en este juicio, producto de cuatro años de investigación de la fiscalía, fueron descritas como «históricas» por varios expertos en derecho ambiental, y serán seguidas de cerca por la industria petrolera y activistas ambientales. Representantes de ambos lados estuvieron presentes en la apertura de las audiencias.
Tillerson presidió Exxon desde 2006 hasta que se convirtió en secretario de Estado de Donald Trump en enero de 2017, cargo del que fue retirado por el presidente en marzo de 2018.
En su argumento inicial, el representante del fiscal general Kevin Wallace, indicó que Exxon comunicó durante varios años a sus accionistas e inversores que estaba considerando los riesgos del endurecimiento de las leyes en varios países sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
Wallace mostró en una pantalla extractos de comunicaciones a los accionistas en los que Exxon afirma utilizar un «riguroso» sistema para sus proyecciones, incluido el aumento notable de los costos de sus emisiones de carbono para 2040.
Según Wallace, la compañía hizo sin embargo estimaciones de costos más bajos para evitar la caída de sus pronósticos de rentabilidad. «Los inversores estaban preocupados por el impacto (del cambio climático) y solicitaron información» para tomar decisiones, dijo Wallace. «Exxon les dio muchas explicaciones, pero no fueron ni verdaderas ni precisas (…) los inversores ahora tienen derecho a la verdad y a ser compensados».
Las comunicaciones engañosas habrían resultado en una sobrevaluación de las acciones del grupo, y un daño a los accionistas estimado «entre 476 millones y 1.160 millones de dólares».
El abogado de Exxon, Ted Wells, rechazó las acusaciones y las calificó como «lejanas a la verdad». Además, acusó a la oficina del fiscal de «motivaciones políticas», como resultado de una campaña para golpear a Exxon perpetrada por los medios de comunicación y las organizaciones ambientales.
Well dijo que si bien el sistema de medición de riesgo climático de la compañía incluía dos métodos, eso no tenía la intención de engañar a los inversores sino de proveer distintos pronósticos. Las proyecciones de mayores costos se utilizaron para anticipar la demanda de energía a largo plazo y la evolución de los precios, mientras que las menores permitieron estimar el costo de posibles proyectos de inversión, para tomar decisiones, pero sin impacto directo en los inversores.
Los activistas ambientales, que organizaron una pequeña manifestación ante la corte de Manhattan, esperan que ExxonMobil sea sentenciado a pagar fuertes multas. Su reclamo contra la compañía se inició en 2015 con el lema «#Exxonknew» («#Exxonsabía»), alegando que Exxon ocultó deliberadamente el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente.
Un informe publicado este lunes por cinco académicos, incluidos dos de Harvard, comparó el discurso de los gigantes energéticos sobre el cambio climático con el de las tabacaleras, que durante mucho tiempo minimizaron los peligros del tabaco para la salud.
Cualquiera sea el resultado del juicio, dice Hana Vizcarra, experta en derecho ambiental de la Universidad de Harvard, los debates tendrán un impacto en cómo las grandes compañías de energía comunican sobre el riesgo climático. «Inversores y accionistas quieren más información relacionada con el clima y cómo (la regulación relacionada) afecta a las empresas», dijo. «Casi todas las compañías de petróleo y gas ahora producen informes relacionados con el clima; la cuestión es qué información debe incluirse».
Desde Japón, donde acudió este martes a la ceremonia de ascensión al trono del emperador Naruhito, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con impulsar sanciones a la Argentina en caso de una victoria de Alberto Fernández. El capitán retirado dijo que propondrá dentro del Mercosur algún tipo de penalización hacia el país, como se hizo años atrás con Paraguay cuando el mandatario Fernando Lugo fue destituido. Afirmó que su objetivo es evitar “una gran patria boliviariana y abrir el mercado para el comercio con el mundo».
El mandatario advirtió que pediría sanciones contra Argentina en caso que el gobierno de Alberto Fernández se niegue a la rebaja de tarifas y la flexibilización comercial del bloque, integrado también por Uruguay y Paraguay.
«Podemos reunirnos con Paraguay y Uruguay y tomar una decisión semejante a la que se ha tomado (contra los paraguayos) en 2012», dijo a periodistas. Y agregó: «Sabemos que el regreso del grupo del Foro de San Pablo de la mano de Cristina Kirchner puede poner en riesgo a todo el Mercosur. Y tenemos que tener una alternativa a mano», afirmó Bolsonaro.
De cara a la cumbre del Mercosur que se realizará en diciembre en la ciudad de Bento Gonçalves, estado de Río de Grande do Sul, Brasil presentó un plan de reducción de tarifas de importación y la modificación del Arancel Externo Común que rige en el bloque sudamericano.
El gobierno brasileño presentó a sus socios del Mercosur una tabla de reducción de impuestos de importación inédita. La industria sería la más afectada ya que la iniciativa indica que el impuesto de importación para el sector caerá del 13,4 al 6,4%. Fabricantes de micros y de calzados ya protestaron por la propuesta porque consideran que eso beneficiará el ingreso de productos de China, principal socio comercial de Brasil desde 2009.
En AgendAR creemos que estas afirmaciones de Bolsonaro pueden considerarse una payasada, una imitación de su admirado Trump. Sin el realismo que caracteriza al original, y sin tomar en cuenta las diferencias entre el poder de Washington y el del Planalto. En particular, es dudoso que Uruguay y Paraguay, más sectores importantes de la economía brasileña, se embarquen en la cruzada que propone.
Pero aquí hay, además de una intervención grosera en la política interna de otro país -en estos tiempos de política de gritos no es tan inusual- el intento de dictarle una política económica. Eso ya es más original.
Las entidades empresarias y gremiales argentinas deberían tomar posición. Y nuestra Cancillería, cuando tengamos una nuevamente.
El Akademik Lomonósov impresiona por su porte y por lo que tecnológicamente significa. Es una barcaza de 144 metros de eslora, 43 metros de altura y 21.500 toneladas de desplazamiento. En su interior hay dos reactores nucleares que lo convierten en la única central nuclear flotante del mundo, pero no fue la primera ni probablemente será la última.
En Pevek, el puerto de la península de Chukotka en el Lejano Oriente ruso donde lo anclaron para dar energía, se convertirá en hogar de los 342 tripulantes que en los distintos turnos se ocuparán de mantenerlo en funcionamiento. Los reactores que lleva a bordo son de 35 MW cada uno y pueden proveer de electricidad a una ciudad de 100.000 personas, lo que excede en mucho a las necesidades de la pequeña Pevek, que tiene menos de 5000 habitantes. Por eso, la energía de esta central servirá fundamentalmente para desarrollar económicamente toda la región de la península Chukokta, la más remota de Rusia. Frente al Estrecho de Behring, la península tiene frente marítimo hacia el Oceáno Ártico por el Norte, y hacia el Pacífico por el Sur.
En la recorrida por el Akademic Lomonósov, cuando estaba anclado en Múrmansk, la ciudad más grande dentro del Circulo Polar Ártico, a los periodistas invitados se nos mostró no sólo las áreas técnicas sino también el departamento del capitán, la canchita de basket y la futura pileta de natación. Ésta tiene una foto enorme de una playa con palmeras (lo que generó sonrisas entre los visitantes, habida cuenta del destino del barco).
Dimitri Alekseenko, subjefe del directorio de la firma Rosatompara la construcción y operación de la central nuclear flotante, contó que llevó 10 años construirla, pero que las próximas se terminarán en cinco. No quiere hablar de costos hasta que los reactores se conecten a la red y comience la operación comercial.
En el Ártico y el norte de Siberia, con la escasa ventana de tiempo que dejan las temperaturas extremas para construcción terrestre convencional, toda obra es un desafío. Por eso, este desarrollo de reactores emplazados en un barco resuelve la necesidad de dar electricidad a poblaciones remotas y el costo de la primera unidad no es determinante. Todo prototipo de planta es mucho más caro que esa planta construida en serie.
El Akademik Lomonósov no es una novedad total. Estados Unidos tuvo una central nucleoeléctrica emplazada en un carguero: dio electricidad al Canal de Panamá entre 1968 y 1975. Eran otras épocas: los cuestionamientos de los grupos antinucleares occidentales fueron menores que los que hoy enfrenta este desarrollo tecnológico ruso.
Alekseenko detalló las medidas de seguridad contempladas en el diseño. Una de ellas es que la nave -en realidad una barcaza- no es autopropulsada por sus reactores, sino remolcada en todos sus desplazamientos. No se entiende bien por qué esto añade seguridad: el remolque en medio de tormentas es más azaroso que la autopropulsión. Además, la unidad está diseñada para soportar desde vientos de 200 kilómetros por hora hasta olas de 7 metros de altura.
Para la construcción se optó por un enfoque conservador, con materiales conocidos y probados tanto por los astilleros rusos como por la industria nuclear internacional. Efectivamente, los dos reactores de 35 MW responden al diseño PWR (Pressured Water Reactors), centrales de agua liviana presurizada, que salvo por el tamaño y la potencia, son conceptualmente idénticas a las que componen la mayor parte del parque nucleoeléctrico terrestre mundial, y también a las unidades de propulsión de las unidades de propulsión nuclear de las flotas militares y submarinas. Es un diseño de Westinghouse que, con muchas mejoras, viene manteniéndose desde principios de los ’50.
La vida útil del Akademik Lomonósov se prevé en 35-40 años, con mantenimientos cada 12 y recarga de combustible cada tres. Como Rosatom tiene en miras la exportación de este diseño, el combustible que usa está enriquecido a menos del 20%, específicamente, al 14,6%. En realidad, se trata de una cifra bastante alta para centrales nucleoeléctricas (cuyo combustible normalmente está enriquecido a entre el 1,8% y el 4%.). Está un poco debajo del enriquecimiento considerado tope (19,7%) para reactores de investigación, irradiación de materiales y fabricación de radioisótopos médicos e industriales.
Con este combustible, Rosatom, por razones de diseño naval, trató de ganar dos pájaros de un tiro: por un lado, redujo el tamaño de las piezas más pesadas y voluminosas de las dos PWR: los recipientes de presión que encierran los núcleos de cada unidad. Por otra parte, logró alargar el tiempo de recarga de combustible a 3 años.
Escenarios energéticos La central flotante aparece en un momento en que el panorama global del sector nuclear vuelve a ser promisorio. La energía nuclear está recuperando su protagonismo, debido al agravamiento, hoy incontestable, del calentamiento global y a la necesidad urgente de reemplazar combustibles fósiles.
Según la Agencia Internacional de Energía, dependiente de las Naciones Unidas, la nuclear es la segunda fuente de generación de electricidad sin emisión de CO2 detrás de la hidroeléctrica. El mapa es cambiante, porque China está ampliando su base nuclear (ya tiene 48 reactores) y va a superar la capacidad de generación de Estados Unidos y la Unión Europea en los próximos años. La India está construyendo nuevas centrales, de mayor potencia que la de su flota de 22, y quiere llegar a 2030 con 20 unidades más. Corea del Sur y Vietnam tienen planes de expansión nucleoeléctrica, y en Europa Central, Medio Oriente y África subsahariana debutan en este campo países que jamás tuvieron este tipo de máquinas. En todos los escenarios futuros que proyecta la agencia, la energía nuclear gana espacio dentro de la matriz global a expensas de la electricidad térmica, es decir la obtenida con combustibles fósiles (ver gráfico con las proyecciones).
Con respecto al Akademik Lomonósov, la elección de emplazamiento en Pevek se debió a algo más que la necesidad de electrificar un pueblo siberiano remoto. La Península de Chukotka es un eslabón importante del nuevo corredor marítimo del Ártico, que Rusia denomina Ruta Marítima del Norte. Situada frente a Alaska, domina el Estrecho de Behring, hasta hace poco un sitio casi enteramente muerto en términos logísticos, pero desde la deglaciación estacional cada vez más duradera del hielo flotante polar boreal, se está volviendo EL nuevo eje mundial de navegación comercial.
Es una ruta que comenzó a abrirse a la navegación por el derretimiento de los hielos del Ártico, que probablemente en 2040 habrán desaparecido totalmente durante el verano boreal. Si Rusia logra mantener abierta esta ruta durante todo el año -y hasta ahora lo viene logrando- con sus enormes rompehielos nucleares y una logística confiable, los barcos que van del Sudeste asiático a Europa la elegirán por sobre el Canal de Suez o Panamá: reducen al menos en siete días la navegación.
«La Ruta Marítima del Norte puede ser un significativo recurso económico y estratégico para Rusia», explicó Eddy Bekker, investigador del World Trade Institute de la Universidad de Berna, en Suiza. «El uso comercial por parte de las principales navieras del mundo puede generarle ingresos sustanciales al país».
Bekker es coautor de una investigación que concluye en que si para 2030 esta ruta está operativa todo el año y si Estados Unidos abre un corredor similar por el Ártico canadiense y Alaska, se reducirá en dos tercios el tráfico de barcos por el Canal de Suez y en un tercio el que atraviesa el Canal de Panamá, con un impacto fenomenal en el comercio internacional.
Más allá de esta estrategia geopolítica de mediano plazo, en poco más de dos meses, el 31 de diciembre, cuando la larga noche polar se haya asentado sobre Pevek, los dos reactores del Akademik Lomonósov comenzarán a dar luz y a proveer de agua caliente a un asentamiento humano remoto con un clima despiadado. Y el barco se convertirá en la central nuclear más septentrional del planeta.
¿En qué nos afecta, como argentinos, la posibilidad de una flota de barcazas similares al Lomonósov? Probablemente trace un límite de mercado al proyecto CAREM: en un mercado como Indonesia, con miles de islas desparramadas a lo largo de un arco de 4000 km. de mar, no es imposible que en 10 años estemos compitiendo con Rosatom: ellos ofrecerán la electrificación instantánea de islas enteras con su barcaza. Nosotros les haremos frente con una oferta de construcción terrestre aparentemente más convencional, pero con una ingeniería nuclear de base bastante más avanzada que los actuales PWRs, basada en la refrigeración convectiva y la seguridad inherente, prácticamente a prueba de los dos peores accidentes posibles: el recalentamiento catastrófico del núcleo y la fuga masiva de refrigerante. Si ésta fuera una discusión únicamente técnica, tendríamos ganada la batalla antes de su comienzo.
Ante un cliente como Indonesia, país geológicamente muy activo, los rusos podrán aducir que sus barcazas son menos vulnerables a terremotos, y nosotros les contestaremos: «Sí, claro, ¿y a tsunamis también?». El gran maremoto de Tailandia de 2004 y el de Tohoku, Japón, en 2011, terminaron con barcos en algunos casos de 10 o 20 mil toneladas arrastrados kilómetros tierra, avanzaron demoliendo edificios a su paso hasta quedar varados en medio de ciudades, a veces sobre su quilla, otras, tumbados sobre sus bordas. Si esto le sucediera a una barcaza con 70 MW nucleares a bordo, ¿cómo resistirían estructuralmente esos dos reactores a bordo? Dentro de las centrales nucleares terrestres, en cambio, el CAREM (y tal vez el NuScale estadounidense) son probablemente los dos diseños más sismorresistentes y a prueba de otras catástrofes, como inundaciones o atentados.
Pero tener como oponente a Rosatom no es una buena noticia: es la mayor exportadora mundial de centrales nucleoeléctricas (corona que en una década estará tratando de defender de China, y ambos países, de Corea). A diferencia de las cambiantes políticas nucleares del estado argentino, el estado ruso apoya monolíticamente a su empresa nuclear. Y ésta es tal vez la diferencia mayor.
Tanto apoya el estado ruso a Rosatom que la firma le ofreció un símil Lomonosov a la Argentina a sabiendas de que aquí el CAREM es «proyecto de bandera». Lo ofreció para electrificación instantánea de cualquier proyecto electrointensivo costero en la Patagonia. Más de un funcionario dedicado «al turismo nuclear» aquí se tentó. Pero comprarle a los rusos sería un doble problema: por un lado, degollaría en la cuna al CAREM. Por otro lado, ¿qué pasaría con esa barcaza que tolera oleajes de 7 metros en el Mar Argentino, donde debido a la combinación de fondos bajos, corrientes de marea, tempestades y el «shoaling», o amplificación por el fondo de ondas de tormentas lejanas, es habitual que supere los 8 y más metros?
El Mar Argentino debajo de los 40o de latitud es muy destructivo. Resulta habitual que nuestros buques oceanográficos regresen de campañas prolongadas estructuralmente demolidos por olas de hasta 12 metros, y deban pasar meses enteros en dique seco, en reconstrucción profunda. Durante las campañas bravas, a bordo se multiplican los casos de contusiones y roturas de huesos. Aún con un banco de baterías en cortocircuito, lo que suponía el peligro de una explosión de hidrógeno, en una decisión fatal, el submarino ARA San Juan debió abandonar la profundidad de snórkel (18 metros), que daba la posibilidad de ventear ese gas explosivo, y bajar a «plano de seguridad» (40 metros), para ponerse a salvo de un oleaje que lo estaba destruyendo, y tratar de arreglar el desperfecto en aguas más tranquilas. Lo cual salió muy mal. Por último, entre 2000 y 2016, las tormentas del Mar Argentino hundieron 41 barcos pesqueros, con la pérdida de 86 tripulantes. Mal lugar éste para andar llevando a la sirga, entre remolcadores, una barcaza de 21.000 toneladas con 2 centrales nucleares a bordo.
Pero el CAREM, a diferencia del Akademik Lomonósov, y gracias a la desidia de la dirigencia política argentina frente a este proyecto, hoy es sólo un prototipo experimental de 25 MW, probablemente muy distinto de la versión comercial que ya deberíamos estar construyendo. Ésta sería una central de hasta 4 módulos de 120 MW, y podría venderse en todo el rango de potencias entre la mencionada y los 480 MW, de acuerdo a la cantidad de módulos que lleve.
Para competir contra los rusos, hay dos ángulos. El primero es el de la seguridad operativa. Más allá de que el CAREM es un reactor 100% terrestre, la diferencia ingenieril más profunda entre nuestra planta y las del Lomonósov son senciellas: los reactores rusos son PWRs convencionales, con enfriamiento del núcleo por bombas, y por ende, vulnerables a un «black out» si éstas se quedan sin electricidad.
La paradoja de casi cualquier central nuclear es que produce electricidad pero puede quedar en apagón, y esto puede dejar al núcleo sin refrigeración. En 3 de las centrales de Fukushima, esto implicó el derretimiento catastrófico de los núcleos y la ruptura de los recipientes de presión. Para precaverse, una central suele tener varios generadores diésel de respaldo, en general escalonados en profundidad: el 2do por si falla el primero, el 3ro por si falla el 2do, y así. En Fukushima el origen del desastre fue que el tsunami dejó el complejo de centrales sin electricidad de red, pero además anegó -e impidió el arranque- de los generadores diésel de «back up», estúpidamente situados en los niveles más bajos de los edificios.
El Lomonósov es una versión flotante de un problema similar: los generadores de respaldo están todos a bordo, lo que comprometería la refrigeración de emergencia en el caso de que la barcaza naufrague.
En cambio el CAREM se refrigera solo y pasivamente, por convección. Esta refrigeración es llamada «natural», porque no depende de sistemas activos y falibles sino de las leyes de la naturaleza: el agua fría baja y entra a refrigerar el núcleo, el agua caliente sube y genera vapor, así de simple. Esto y la estructura compacta (los generadores de vapor están encapsulados por el recipiente de presión) evita las bombas y los grandes caños presurizados. Y eso le permite al CAREM ser simultáneamente más seguro, y seguramente más barato cuando entre en producción seriada. Eso sí, es irreal subir un CAREM a un barco: la convección actúa por las variaciones de peso específico del agua fría o caliente, y por gravedad. Pero necesita de una chimenea por la que pueda ascender el agua caliente, y ésta debe conservar siempre la vertical. Una planta nucleoeléctrica marina (como las unidades de propulsión de submarinos y portaaviones nucleares) puede tratar de tener, por diseño, cierto grado de refrigeración convectiva, pero necesariamente necesita de bombeo, porque las naves rolan, guiñan y cabecean.
De modo que es difícil que podamos ofrecer jamás un CAREM flotante y sacarle ése mercado a los rusos: el de las costas desoladas, desconectadas de redes eléctricas, con oleaje moderado y a salvo de tsunamis. Pero un rápido inventario en el mapamundi muestra que éstas no son tantas. Entre tanto, pelearle otros mercados costeros al Lomonosov o similares, incluído el del Mar Argentino, ¿por qué no?
Aquí entra a tallar el lado económico. Los análisis de costos hasta el momento indicarían que un CAREM comercial de 480 MW podría llegar a U$ 5 millones por MW instalado, lo que es aproximadamente la mitad del costo, medido en iguales unidades, de una PWR de tercera generación y gran tamaño de origen europeo, ruso, coreano o chino. En el caso de los 2 PWR de un Lomonósov, por asuntos de escala, la diferencia económica a favor del CAREM podría ser aún mayor, pero toda comparación es ociosa: los rusos no dan números. Por supuesto, toda ventaja económica argentina dependería de que de aquí a 10 años se llegue a un CAREM construído en fábricas, como un avión, y que sea capaz de ser entregado «llave en mano» y funcionando al cliente a los 4 o 5 años de formulado el pedido.
Y para competir en la logística, habría que ver la situación caso por caso: los dos reactorcitos del Lomonósov viajan en una super-barcaza. Pero el CAREM está pensado para que sus componentes mayores (los recipientes de presión) puedan viajar prácticamente terminados desde fábrica a destino en barco carguero, tren o carretón rutero. Tal vez los rusos puedan darnos batalla en ciertas costas meteorológica y geológicamente tranquilas y despobladas. Por el resto, podemos dar batalla. Y a fecha de hoy seguimos teniendo una mejor propuesta que cualquiera de las de Rosatom para crear «oasis» eléctricos en medio de grandes desiertos continentales.
Sin embargo, donde los rusos inevitablemente nos matan es en compromiso. Ellos tienen una barcaza, nosotros una propuesta. La bellísima ingeniería conceptual del CAREM fue presentada por primera vez en 1984. ¡Todavía existía la Unión Soviética! La CNEA la miró con frialdad y alrededor de 1988 le cedió el proyecto a INVAP, que lo desarrolló paso a paso hasta que en 2000 empezó a hablarse de SMRs («Small Modular Reactors») en el ambiente atómico mundial, y nuestro CAREM a pintar como posible exportación interesante. Con el renacimiento nuclear argentino de 2006, la CNEA le quitó el proyecto a INVAP y creó toda una gerencia «ad hoc» para traerlo al mundo. Pero los partos de CNEA suelen ser largos y con sufrimiento. No fue una decisión fácil: en la resucitación nuclear argentina de 2006-2015, la CNEA necesitaba desesperadamente un «proyecto de bandera» para ordenar sus filas.
Pero fue una decisión de riesgo. La construcción del prototipo de 25 MW del CAREM, situada en el mismo complejo de las Atuchas I y II, se inició en 2011. Debido en parte a rediseños de ingeniería que la CNEA consideró imprescindibles y que INVAP habría descartado de plano con tal de terminar la obra en tiempo y forma, en lugar de entrar en criticidad razonablemente en 2017 o 18, el CAREM llegó a 2015 con atrasos enormes. Cuando cambió el gobierno nacional, la obra era todavía un agujero en la tierra que iba empezando a recibir coladas de hormigón.
En 2016 sobrevino un ajuste brutal de todo el sector científico y tecnológico y la Comisión Nacional de Energía Atómica perdió aproximadamente la mitad de su presupuesto, lo que impactó de lleno sobre el CAREM. Luego Juan J. Aranguren, ministro de energía (y petrolero), le quitó a la CNEA -llovido sobre mojado- la dirección de obra. A partir de ese momento los atrasos y despidos de personal en obra por falta de pago se volvieron moneda corriente. En 2019, la novedad fue que el CAREM tuvo cero pesos asignados en el Presupuesto Nacional (sic). Cunde la frustración en la Gerencia CAREM. Los sueldos de los ingenieros y reactoristas, ya bajos en 2015, hoy son ridículos. En cuanto a la obra, se para a cada rato por falta de pago a proveedores. Sólo en lo que va de 2019, la Gerencia CAREM de la CNEA perdió la mitad de sus jefes de diseño.
El estado argentino tienen que repensar profundamente qué hace con su sector nuclear. Éste es, junto con la biotecnología y el software, uno de los 3 arietes de «know-how» del país, y uno muy capaz de generar exportaciones industriales de alto valor agregado.
Competir contra Rosatom o contra cualquier otro proyecto SMR será imposible mientras nuestros proyectos nucleares queden bajo la autoridad de las petroleras, como sucedió bajo la administración macrista. Fue, literalmente, dejar al perro al cuidado de los chorizos. Para disipar dudas, 1000 MW nucleares evitan la combustión de 1600 millones de m3 de gas natural. Esta cifra explica mejor que ninguna otra por qué la Secretaría, luego Ministerio, luego Secretaría de Energía, reducto petrolero histórico, vive haciéndole perradas a la CNEA y a las empresas nucleares más o menos desde tiempos del presidente Arturo Illia.
Si la pregunta es cómo impacta la oferta del Lomonósov sobre el proyecto CAREM, las respuestas son varias: podría ser un competidor geográficamente acotado. No obstante, particularmente a la luz del desastre que hizo el gobierno con la administración del Programa Nuclear, la respuesta más verdadera es que por ahora la Argentina, el único país con un SMR compacto en construcción, viene haciendo todo lo posible por autoeliminarse de toda competencia.
El diario El Cronista informó que se habilitaría un aumento de 3% después de las elecciones, a pesar del «congelamiento» (ya descongelado una vez antes). En las empresas aducen un atraso de 17% en los precios y que pararán sus inversiones el próximo año.
Aunque el congelamiento de precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil) se extiende formalmente hasta el 13 de noviembre, el Gobierno analiza desde hace semanas el momento preciso para habilitar un nuevo aumento, tal como lo hizo a mediados de septiembre con un 4%. Así lo contaron fuentes oficiales, que advirtieron que dependerá exclusivamente de la decisión del presidente Mauricio Macri.
Era improbable que suban los combustibles poco antes de las elecciones generales, por lo que el rumor que corre en el sector es que el congelamiento caería el lunes 28 de octubre, derogación de decretos mediante. Según una empresa consultada, el Gobierno planeaba habilitar un incremento de 3% para recompensar en parte la inacción de septiembre y que no se siga acumulando un atraso en los precios, que los directivos de las petroleras ubican en un 17%.
El congelamiento de precios, dispuesto en agosto, impactó en toda la cadena petrolera y produjo incertidumbre en los ejecutivos. De hecho, hace semanas vienen señalando que la inversión caerá en 2020: en petróleo por lo que las petroleras llaman «las malas señales de la política», mientras que en gas falta capacidad de transporte y demanda local.
Mientras tanto, YPF, la compañía líder, logró instalar en la agenda sectorial el mensaje según el cual los aumentos en los combustibles no están ligados de manera directa con la inflación. Su presidente, Miguel Ángel Gutiérrez, mostró que las naftas y gasoil subieron 22% en lo que va de 2019, contra una inflación acumulada a septiembre que estimaron cercana a 39% (solo el mes pasado el índice de precios habría saltado 7,1%).
«Si de golpe incrementamos un 17% los precios, el efecto va a ser peor porque caerán fuerte las ventas», matizaron en una petrolera. En agosto, incluso, bajó por primera vez el consumo de nafta súper, la variedad más barata. La crisis ya se manifestaba en la demanda de nafta premium, que bajó a más de 20% interanual.
Por el cierre de los mercados financieros a la Argentina, el Gobierno otra vez toma préstamos del Banco Nación y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS en condiciones cuestionables.
Mediante la Resolución conjunta 68/2019 de la Secretaría de Hacienda y de Finanzas, el Gobierno solicita al Banco Nación «un financiamiento para el Tesoro Nacional por un monto de hasta treinta mil millones de pesos($ 30.000.000.000)”.
La Resolución conjunta 69/2019 dispone que el FGS de la ANSeS suscriba “a la par” Letras del Tesoro con vencimiento 17 de abril de 2020 por $ 2.000 millones. Y US$ 175.593.537 en Letras en dólares con similar vencimiento.
En los fundamentos de la Resolución se menciona el Decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019, de fines de septiembre pasado. Ese DNU estableció que hasta que hasta el 30 de abril del año que viene, organismos y entidades estatales están obligados a destinar sus excedentes a la compra de Letras del Tesoro que no tengan un plazo mayor a los 180 días.
Las fuentes consultadas por el periodista Ismael Bermúdez afirman que “las condiciones de emisión del préstamo son desfavorables debido a que se coloca a una tasa Badlar corregida que equivaldría a una tasa en torno al 66%, la cual está por debajo de las tasas activas actuales de mercado, es decir, las tasas a las cuales los bancos prestan». Y el Banco Nación tuvo «utilidades negativas» en el último período.
En cuanto al FGS, » no sólo es fuertemente perjudicado en cuanto a sus colocaciones en dólares, sino también en pesos debido a que se colocan a una tasa Badlar mas 500 puntos básicos, muy por debajo de las tasas a las cuales rinden los mismos títulos en el mercado secundario. Cabe resaltar que los títulos en el mercado secundario están afectados por la “reperfilación”, mientras que las colocaciones al FGS serían a pagar íntegramente al vencimiento estipulado”.
Ayer, lunes 22, en la semana antes de las elecciones presidenciales, el dólar minorista subió 33 centavos: se vendió a un promedio de $61,33 en agencias y bancos. El dólar blue ganó $1: $67,25, según un relevamiento en cuevas de la «city». Así, la brecha con el oficial aumentó al 9,6%. El dólar «contado con liqui» (CCL) -que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas- saltó $4 (+5,9%) a $79,59 y marcó un spread de 35,7% con el oficial.
Estas brechas entre diversas cotizaciones -la más alta desde 2015, y que crece día a día- crea tensiones. El Banco Central vendió ayer 300 millones de dólares para contener el alza del dólar. Y, por supuesto, la diferencia estimula a los especuladores.
Pero esto no es lo más grave. Lo muy grave, ya lo dijimos hace 5 días y vale repetirlo, es que el precio del dólar es un factor clave en los precios de todo. Lo que los argentinos consumimos tiene un porcentaje muy alto de importado. No solamente los insumos directos -que son muchos en los productos industriales, y en los fertilizantes, herbicidas y semillas que usa el agro. También hay que tener en cuenta que en los costos del transporte se incluyen la parte de los combustibles y los repuestos que se importan.
Si tomamos en cuenta eso, la carga -siempre en divisas- de las patentes y los reaseguros es sólo un factor más. Frente a ese cuadro, las retenciones a la exportación -que seguramente serán necesarias para cubrir el déficit fiscal -el FMI ya se encargó de remarcarlo- no contendrán el precio local. Ni siquiera, el de lo que se exporta.
Entonces, la suba del dólar provoca inflación. No es un análisis teórico. Es un dato de la realidad que comprobamos todos los días los argentinos. Entonces, volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos el viernes 18, cuando comenzó esta última fase de la escalada: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar?
La respuesta es la misma: indefinidamente, si no se acierta con la política económica adecuada.
Corresponden algunas precisiones: el dólar «blue» no es el que se usa en las transacciones que realmente importan en la economía: las importaciones y las exportaciones. Ahí rige el dólar «oficial», el que se transfiere en forma abierta a través del sistema bancario. (Por eso fue un engaño o una gigantesca estupidez la afirmación que se hizo al comienzo de este gobierno: que la devaluación no iba a afectar a los precios porque «todo el mundo» ya se guiaba por el paralelo).
Ese precio «oficial», alrededor de $ 60, hoy no está «atrasado» en relación a los otros precios de la economía argentina. Los funcionarios del gobierno y los economistas de la principal oposición coinciden en eso. Y tienen razón.
Pero ése no es el único elemento que determina el precio del dólar. Están las expectativas. Basadas en una experiencia argentina de décadas, en los momentos de crisis nuestros compatriotas tratan de comprar dólares, huyen del peso porque creen que el dólar va a subir. Es decir, que el peso se va a devaluar.
Es una profecía autocumplida. El ahorrista, el especulador, el empresario que necesita cubrir los futuros costos de sus insumos, están dispuestos a pagar el dólar a un precio «caro», porque creen -se lo dice la experiencia- que los precios de todos los otros productos seguirán subiendo, y en semanas o meses el valor al que lo compró parecerá «barato».
¿Hay excepciones a esto? Sí. Se llama «overshooting», cuando el valor local de una divisa extranjera sube demasiado en relación a los otros valores de la economía y retrocede. Los que lo compraron a un precio demasiado alto sufren una pérdida.
La última vez que eso sucedió entre nosotros fue a comienzos del 2002, con la Gran Devaluación. El dólar llegó por algunas semanas a $ 4, y tuvo que bajar a $ 3, valor en el que se mantuvo por un largo tiempo. Pero eso fue consecuencia de la brutal recesión que estalló en 2001. También había sucedido algo parecido 10 años antes, en los primeros meses de 1991, cuando se iba a implantar la convertibilidad.
Nadie, o casi nadie, quiere una experiencia como aquelas: tuvieron un costo terrible para nuestro pueblo. Pero para evitarlas es necesario tener claro que el problema no es la suba del precio del dólar, sino el peso que se devalúa. Por eso insistimos: la necesidad impostergable, no sólo para poner en marcha la economía, también para gobernar la Argentina, es detener la inflación inercial desatada, en la cual el precio de todo sube porque todos los otros precios suben. Incluso el del dólar.
«Pido perdón por esta falta de visión». Así se manifestó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ayer martes a la noche, tras cinco días de masivas manifestaciones pacíficas contra su gobierno, acompañadas por escenas de violencia, saqueos, represión y disturbios en varias ciudades. (Una crónica de los hechos hasta el lunes, y las causas, fue publicada aquí).
«Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud», señaló el mandatario.
Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado «las legítimas demandas» de la ciudadanía. Entre otras medidas, planteó aumentos de 20% «en las pensiones básicas solidarias» y «en el aporte previsional solidario».
Además, dijo que se darán «aumentos adicionales a las pensiones básicas y aportes previsionales en 2021 y 2022», además de un «ingreso mínimo mensual garantizado de 350.000 pesos chilenos (490 dólares) para todos los trabajadores con jornada completa».
También anunció un aumento en los impuestos a personas que ganan más de 8 millones mensuales (11.200 dólares), con lo que el gobierno de Piñera pretende recaudar unos 160 millones de dólares.
En su discurso, indicó que van a crear una Defensoría de la Víctima «para garantizar los accesos a las personas que han sido víctimas de la delincuencia». También prometió una reducción en el número de parlamentarios y en las dietas de los funcionarios; así como bajar las contribuciones que pagan los jubilados «más vulnerables».
Hasta ayer continuaban los disturbios. Se han registrado hasta ahora 15 muertos, pero hay denuncias de más víctimas.
Mayor presupuesto, reformular su estructura administrativa e incluir a los investigadores argentinos en las actividades cotidianas del Estado son las tres ideas-fuerza que resumen hacia donde podría encaminarse la ciencia argentina tras la eventual victoria de Alberto Fernández. Quien viene recopilando y ordenando las ideas y propuestas para el sector es el economista Fernando Peirano, actual profesor en las Universidad de Quilmes y de la UBA y ex-subsecretario de Política Científica entre los años 2011 y 2015.
«Hay varios ejes para los que pensamos una reformulación: algunos ya son públicos -como volver a asignarle categoría de «Ministerio» para el sector. Y, por supuesto, debemos recomponer, en el menor tiempo posible, el poder adquisitivo de sus salarios», resumió Peirano. «Y todo eso dentro de marco de superar lo que hizo el macrismo que eligió, en estos cuatro años, una fuerte desatención simbólica, que se ejemplificó en un destrato cotidiano para los investigadores y el sistema».
Según este experto en política científica, el gobierno liderado por Mauricio Macri afectó la función CyT en tres dimensiones: «la presupuestaria, que registró un 43% de caída en los recursos. También hubo una desatención a los planes estratégicos consensuados y hasta para varias las leyes específicas».
Según Peirano, «la CyT argentina debe volver a tener planificación. Macri propuso el Plan 2030 y dejó de lado el anterior, el Plan 2020, que estaba vigente. Sin embargo el 2030 no obtuvo consenso e, incluso, recibió muchas observaciones por parte de los expertos. Asique revisar todo eso es un punto de partida una revisión profunda y armar un nuevo plan estratégico consensuado, acorde a las necesidades del país».
Para
el coordinador de los equipos de ciencia de los Fernández,
«estimamos que este gobierno le restó al sector alrededor de
US$ 500 millones, cifra que debería volver a la función CyT. Y
aunque sabemos que semejante número no se podrá recuperar de un día
para otro, es una meta que podemos proponernos alcanzar durante la
próxima gestión».
Cualquiera sea el plan a implementar, obviamente una de las claves de su éxito, o fracaso, estará en el ítem del presupuesto que cada año se le asigna a la ciencia. «Para eso pensamos en instrumentos que permitan lograr una recuperación adecuada para un sistema que, hoy, tiene una gran capacidad ociosa. Por ejemplo, sabemos que hay equipamientos y laboratorios disponibles, a los que les faltan insumos para concretar muchos experimentos. También sabemos que habrá que solucionar urgentemente problemas de mantenimiento de numerosos laboratorios».
Recursos humanos La cantidad de científicos ingresantes a la carrera del Conicet es un tema de discusión que vuelve año tras año. «Todavía tenemos que debatirlo en detalle, pero -en principio- nos parece bien la cifra que recientemente publicó el directorio del Conicet. Ellos mencionan que sería deseable que -en el próximo periodo- se sumen 650 cargos de investigadores. Ese es un piso mucho más razonable que los 450 que ingresaron en 2019″.
Y para hacer crecer la «demanda» por soluciones científicas en nuevos rubros, Peirano sugiere que «además del MinCyT otros ministerios deberían armar sus planes de investigación, con presupuesto propio, tal como ocurre en EE.UU. Por ejemplo, podría haber responsables de ciencia y tecnología en Transporte, Energía, Medio Ambiente y, por supuesto, en Salud».
Por muchos más INVAP Algo interesante que planean los equipos coordinados por Peirano es la idea de crear empresas especializas en soluciones tecnológicas bajo un modelo similar al de INVAP, al que todos definen como «muy exitoso». «Podríamos armar nuevos «INVAP» dedicados a la biotecnología, a energías alternativas, a la producción de medicamentos y la Inteligencia Artificial y el Big Data, entre otros. Este último también serviría para financiar la especialización profesional de áreas estratégicas en las que Argentina tiene faltante de profesionales como es en el desarrollo del software y las tecnologías digitales».
Para estimular la inversión de CyT por parte de la industria privada, Peirano propuso crear leyes que eximan del pago de impuestos a los equipos que se usen para hacer investigación, algo que ayudaría en forma inmediata a mejorar el poder de compra de los subsidios. «También pensamos potenciar el «Compre Argentino» y volver a poner en marcha instrumentos como el crédito fiscal para las empresas que hagan I&D, algo que fue aprobado, pero nunca fue instrumentado».
Inspirado en lo que funcionó bien en otros países, también propusieron adaptar una metodología que hoy se usa en Europa: destinar fondos para obtener objetivos específicos que le interesen al país (orientados a misiones). «Por ejemplo, la lucha contra el hambre en Argentina. Allí, equipos de científicos podrían sumarse creando nuevos productos con probióticos o mejorar la supersopa nutritiva. Y otros cientistas sociales podrían llevar el control de los resultados de estos planes».
Reformas en la Agencia para el corto y largo plazo Otro organismo que proponen recuperar es la Agencia oficial encargada de otorgar subsidios, que «hoy está prácticamente paralizada y que debería recibir aportes del presupuesto, aparte de los prestamos de organismos internacionales. «La Agencia, además, debería reformular sus procedimientos administrativos, para que responda a las necesidades de los científicos en forma ágil y menos burocrática que como lo hace hoy».
También están diseñando políticas para el mediano y largo plazo: «Para evitar lo que pasó hasta ahora, queremos una ley de presupuestos plurianuales. La idea es que en años de recesión se garantice que el CyT no sufra recortes. Y en tiempos de expansión económica que su porcentaje de crecimiento sea mayor que en el resto de presupuesto».
La Red de Centros de Formacion de la CGERA ha preparado, con el auspicio de su entidad madre y de la CEPBA, bajo la dirección del Dr. Guillermo Siro, «EMPLEO 2020», un proyecto para una política de empleo. Invitamos a acceder al texto (12 carillas) cliqueando aquí, y reproducimos abajo la Introducción, donde se señala que las estadísticas y registros actuales de empleo son imcompletos, y la necesidad de coordinar los esfuerzos de distintas entidades para obtener el cuadro de situación adecuado.
ooooo
Toda política de empleo virtuoso y sustentable debe estar basada en la producción, el desarrollo regional, el trabajo decente y la construcción de una sociedad justa y con futuro. Los desequilibrios regionales han sido y son una de las principales causas del deterioro del trabajo y la producción argentina. Y la desvinculación de las políticas de empleo con las realidades productivas regionales presentes y futuras han deteriorado tanto la calidad del empleo como las cadenas de valor sectoriales, en las cuales el trabajo argentino debe ser el factor que promueva la competitividad a través de la transformación de nuestros recursos naturales y la incorporación de valor agregado, entendido éste como la conjunción de identidad cultural, raíces , innovación y tecnología.
El diseño de cualquier política pública requiere un adecuado diagnóstico que permita conocer el estado de situación, problemáticas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lamentablemente, la información disponible acerca de la estructura productiva nacional es anticuada, incompleta e insuficiente para la toma de decisiones tanto en el sector privado como en el público. Esta falencia es notable en dos niveles fundamentales: por un lado, no se dispone de bases de datos actualizadas de empleo y de empresas que permitan construir conocimiento práctico sobre la estructura y la dinámica del aparato productivo.
Por otro lado, y quizá como consecuencia de la falta de datos básicos, existe una notable escasez de estudios teóricos y empíricos desde una perspectiva que contemple el conjunto de los sectores. Estas debilidades informativas impiden todo intento de planificación y diseño de políticas y cursos de acción eficaces. Dicho fenómeno afecta al conjunto de políticas públicas destinadas a acompañar o dirigir el desarrollo de la estructura productiva argentina y al conjunto de acciones de la iniciativa privada (empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.) que buscan una inserción consciente en eltejido productivo nacional. En otras palabras, sin contar con un adecuado registro actualizado de datos básicos sobre la producción y sin estudios elaborados sistemáticamente con base en ese registro que desarrollen nuevos conocimientos sobre la estructura productiva, no podrá avanzarse en el entendimiento concreto de la misma, ni en la praxis (teoría para la acción) del desarrollo.
Los casos donde puede apreciarse la importancia de lo dicho anteriormente son abundantes en casi todas las áreas de intervención pública. Tomando el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para ejemplificar las carencias informativas, puede observarse que el fenómeno excede incluso a nuestro país. Aún con diferencias significativas entre los países de la región, las políticas pymes tienen en común una baja prioridad dentro de las acciones de gobierno y una llamativa falta de disponibilidad de instrumentos apropiados, incluso para alcanzar modestos objetivos de política. Sin embargo, y paradójicamente, las pymes representan en la gran mayoría de los países, el sector con mayor porcentaje en la generación de empleo y en la democratización y diversificación de las economías. En el caso puntual de la Argentina, se estima que más del 70% del empleo privado depende de las pequeñas y medianas empresas.
Prácticamente en todos los países de la región, la información elaborada por los organismos encargados de recolectar los datos estadísticos se basa en criterios que definen los tamaños de las empresas según la cantidad de ocupados. Por el contrario, las instituciones encargadas de diseñar e implementar las políticas de apoyo identifican a sus beneficiarios según criterios que se basan en la facturación de las empresas. De esta manera, resulta incompatible la comparación de los resultados obtenidos aplicando una u otra definición (según cantidad de ocupados o según facturación).
Este primer diagnóstico sobre la situación económica y social de la Argentina y en particular de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta de la necesidad de encarar un PLAN que permita favorecer el desarrollo económico a partir de lograr el aprovechamiento de las oportunidades que brindan los mercados internacionales y nacionales por parte de las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo. Para que dicho plan sea eficiente y pueda lograr aumentos de competitividad -que impactarían en el empleo y en la disminución de la desigualdad- debe integrar las carteras ministeriales vinculadas a la producción y el trabajo, a la vez que las organizaciones y actores sociales involucrados.
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO REGIONAL:
De lo dicho precedentemente surge la necesidad de crear un ente tripartito (Estado, trabajadores, empresarios), que cumpla los siguientes objetivos: ● Recoger la demanda y problemáticas en términos de empleo. ● Homogeneizar los criterios a partir de los cuales se segmente y categorice al sector pyme, buscando asimismo que dichos criterios respondan a la heterogeneidad del mismo. ● Identificar y relevar cadenas de valor, su situación y demandas.
Dicho trabajo debe ser articulado de forma conjunta entre los Ministerios de Trabajo, Producción, Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo Social a través de Consejos Consultivos Sectoriales por actividad y sector, a fin de planificar y ejecutar políticas y acciones de promoción del empleo en el corto y mediano plazo en las diferentes regiones de nuestra República. De igual modo deben conformarse a tales efectos, espacios de articulación con los actores sociales involucrados: organizaciones de pymes, gremios, universidades nacionales, institutos tecnológicos, …
En AgendAR habíamos mencionado los «movimientos anti vacunación» que han aparecido en Europa y en algunas comunidades en los EE.UU. Y, detrás del dato periodístico, había un poco de sorna argenta «¡Estos gringos…!». Nuestra preocupación, avalada por sociedades médicas muy serias, era la deficiencia en la provisión de algunas vacunas por parte del Estado. Pero ahora la advertencia sobre estas actitudes la hace una autoridad sanitaria de nuestra provincia de Santa Fe.
«Las objeciones a vacunarse aparecen cada vez más en consultorios y vacunatorios. Si bien la tendencia es difícil de cuantificar, «con diferentes argumentos, la prevalencia de estas actitudes es cada vez más mayor«, admitió la coordinadora de vacunación de la región sur santafesina, Soledad Guerrero. La resistencia no es sólo de los pacientes, sino incluso de profesionales.
«La inoculación es una herramienta fundamental para evitar la reintroducción de una enfermedad a una región», señaló la especialista y puso como claro ejemplo el actual brote de sarampión.
Es más, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, recordó que «en 2010, luego de brote de gripe A, no alcanzaban las vacunas»; sin embargo, desde entonces el número de personas que se colocan la dosis cada temporada descendió drásticamente, incluso entre quienes la tienen indicada por ser población de riesgo.
«Cuando disminuye el miedo, cae la vacunación«, aseguró Uboldi ayer tras presentar una nueva propuesta para captar a la población adolescente.
La información en redes sociales, posturas filosóficas y religiosas, argumentos poco científicos, efectos adversos, el querer «evitar elementos extraños al organismo» y el pensar que «vivir en un ambiente saludable» es suficiente, son algunas de las posturas que tanto Guerrero como Uboldi admitieron que se escuchan cada vez más, incluso cuando se trata de dosis del calendario oficial y por tanto, obligatorias.
La ministra aclaró que «Argentina no tiene, como sucede en Europa, fuertes movimientos antivacunas, grupos muy fundamentalistas y generalmente de un alto nivel educativo y socioeconómico», y rescató «el vínculo de confianza que hay en la población que se relaciona con los centros de salud».
Lo que sí apuntó como un factor a atender es «la incorporación a partir de 2000 de muchas vacunas al calendario, como la del rotavirus y el neumococo, lo que diversificó el panorama de vacunas a nivel nacional y en un corto período de tiempo hizo que la población no pudiera asimilarlas».
Baja cobertura «La información en las redes sociales tiene tremendo alcance y muchas veces es irreal«, señaló Guerrero y apuntó que en algunos casos genera «niveles de coberturas muy bajos».
«Sabemos que a medida que el niño se aleja de los controles habituales que corresponden a un niño sano, cae el nivel de cobertura y es durante el primer año de vida cuando se logran los mejores resultados; pero eso decae más al momento de los refuerzos, ingreso escolar y peor aún a los 11, y en los adultos sanos», detalló.
Para graficarlo, puso como ejemplo la indicación de vacunarse contra la gripe A para los grupos de riesgo, lo que incluye pacientes crónicos, menores de dos años, puérperas y embarazadas. «A nivel nacional y en Santa Fe, se logró en las embarazadas una cobertura de apenas el 65 por ciento, un indicador muy bajo», explicó; y a eso se sumó el informe de la propia ministra de Salud.
«El 85 por ciento de los pacientes fallecidos o internados con gripe A fueron personas que tenían uno o más factores de riesgo y pese a eso, no se habían vacunado», dijo.
El miedo a enfermarse Para Uboldi, «la percepción del riesgo a enfermarse» marca la adhesión a las vacunas. «Al año siguiente del brote de gripe, no alcanzaban las dosis; del mismo modo que casi no hay resistencia a la vacuna contra el meningococo, porque es una enfermedad que genera conmoción entre los padres y comunidades educativas cuando hay un caso», señaló. Sin embargo, indicaron que los nichos de resistencia no están sólo en la población, sino también en profesionales. «A muchos especialistas hubo que convencerlos de vacunar a las embarazadas», añadió Uboldi. Guerrero aclaró que «las buenas coberturas son la herramienta para evitar la reintroducción de enfermedades» y agregó: «La muestra de ello es el brote de sarampión, eliminado en 2016 y que sin embargo, se reintrodujo. Ante la conectividad actual que permite estar en Japón en apenas horas, las vacunas son la principal herramienta de protección».
Mercado Libre, la empresa argentina de mayor cotización bursátil, tiene proyectado comenzar a vender online productos de consumo masivo -como si fuera un supermercado- en Argentina y Brasil el próximo año, dijo el director de Marketing de la empresa Sean Summers a la agencia Bloomberg, en el marco del 55º Coloquio de IDEA, en Mar del Plata.
La empresa de e-commerce ya vende este tipo de productos en México y planea expandir el área a la Argentina y Brasil, una decisión que está relacionada con el ritmo de crecimiento del centro de distribución de Buenos Aires.
En este momento, la compañía fundada por Marcos Galperín está operando un depósito de 35.000 metros cuadrados sobre una superficie total de 65.000 metros cuadrados. “Estaremos completamente operativos para fines de 2019”, dijo Summers a Bloomberg.
En México, la empresa lanzó la categoría «Supermercado Libre» en un plan piloto a fines de 2018 y oficialmente en abril pasado. Allí, la empresa dice que se puede adquirir «todo lo que se necesita para la vida cotidiana», como alimentos y bebidas no perecederos, productos para bebés, cuidado personal, mascotas y limpieza para el hogar. Son unos 20.000 ítems.
Aunque tiene planeado expandir su producción para incluir productos de consumo, Summers aclaró que Mercado Libre no tiene planes de vender comida para llevar. Todo aparece como si Mercado Libre se estuviera preparando para una ofensiva de Amazon.
El modelo económico chileno, heredado en sus líneas generales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue aceptado luego por las fuerzas políticas principales de ese país, y elogiado por muchos extranjeros. Es cierto que proporcionó estabilidad y crecimiento económico modesto pero sostenido a lo largo de varias décadas. En 2019, con una inflación de 2% anual, se estimaba que el crecimiento alcanzaría al 2,5%, de los más altos en una región en crisis. Pero los indicadores sociales -salud, educación y jubilaciones- dejaban afuera a gran parte de la población.
En Chile se estaban incubando tensiones profundas, que este viernes empezaron a estallar. Reproducimos la crónica -hasta ahora- de estos días de furia, y detallamos algunos factores que en la mirada de analistas chilenos jugaron en esta crisis.
El conflicto se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del subte en 30 pesos chilenos, hasta un máximo de 830 pesos (US$ 1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el subte, levantando los molinetes para ingresar sin pagar. La situación fue agravándose a partir de este viernes 18, cuando la violencia tomó las calles de la capital, Santiago, con la quema de diversas estaciones de subte y de ómnibus, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes ordenaron un toque de queda la tarde del sábado.
Pero el despliegue de militares armados y de dispositivos de los carabineros no logró frenar la furia de los manifestantes en varias ciudades de Chile. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado la suspensión del alza en la tarifa del subte, afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente». Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los manifestantes. El domingo, Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local hasta las 6:00 del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes. Además, ayer lunes se suspendieron las clases en Concepción y en 43 comunas de Santiago.
Poco después, también se anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no se apaciguaron.
Piñera anunció por TV el domingo que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible». El gobierno chileno confirmó ayer lunes la muerte de al menos 11 personas durante las protestas.
A qué se atribuye el estallido
1. La desigualdad. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del subte es solo la «punta» de los problemas que aquejan a los chilenos. La palabra «desigualdad» se ha apoderado del debate en estos últimos días. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$ 423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$ 562) al mes.
Con este salario, se alega que un alza en el pasaje es insoportable. Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro. Así, hay familias de bajos recursos que tienen que gastar casi un 30% de su sueldo en transporte.
Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que «este es un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes. La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas», agrega. Para Bellolio, el alza en el pasaje del subte se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que ver con las jubilaciones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado. (Las AFJP que implantó Cavallo estaban inspiradas en el sistema chileno).
Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. «Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas jubilaciones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre».
2. Los errores de Sebastián Piñera. Tanto la oposición como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones. «No hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y se demostró una falta de empatía con los problemas de la gente». De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el subte más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el aumento.
Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de «delincuentes» en repetidas ocasiones. «Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y palos, mientras la política permanece ciega, sorda y muda», dice el periodista Daniel Matamala en una columna a La Tercera. En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones del subte— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.
3. La decepción con la dirigencia política en general. La oposición tampoco se ha librado de las críticas: se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras. Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad. El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que está terminando con la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.
Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta «furia». «Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanzas. Hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas», dice Matamala. Además, es importante recordar que Piñera antes fue reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro. Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.
Estudiantes chilenos
4. La rebelión estudiantil. Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes. La primera «evasión masiva» fue el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este establecimiento fundado en 1813 ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses. Sus quejas tienen que ver con la «falta de recursos» en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases. Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, los desmanes ocurridos en los últimos días en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación «que se manifiesta cada vez con mayor intensidad». «No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes».
Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada «revolución pingüina» (por el uniforme de los estudiantes secundarios), ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación. Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también generó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.
El Pacífico ya no lo es
Crisis en Ecuador: masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Disolución del Congreso en Perú. Y en Chile una parte de la juventud se revuelve contra la fragmentación social y la falta de horizontes. Hace solo unas semanas, tras las crisis en Perú y Ecuador, se decía que Chile era un «oasis» dentro de América Latina. Ahora, la situación ha cambiado abruptamente y nadie sabe si la furia va a detenerse.
(La primera parte de este artículo está aquí.Y la segunda, aquí)
En materia de motorización, el MET (Modelo de Ensayo Tecnológico) que se rompió -y arreglaremos como tantas otras cosas que se rompieron en estos años- no es en absoluto el que llevará el prototipo del clase II.
Para ése drone “El Mago” Oreste Berta, el preparador de motores de la Escuadra Torino, pergeñó un bóxer aeronáutico con 4 cilindros en oposición de 180º parecido al de los automóviles japoneses Subaru: en banco de pruebas daba 90 HP. La idea es no tener que comprar el Rótax 914 que usa el Vigía 2B de la FAA, fierro excelente pero caro y ajeno. Por lo demás, la idea, nunca seremos lo suficientemente aburridores y repetitivos, es generar trabajo calificado en este país y no en otros, y que la repuestería sea propia y se pague en pesos, porque de otro modo a la primer “hiper” el avioncito se queda juntando polvo en un hangar. Por todo ello, que SARA vuele con Berta. No es imposible que el drone clase 2 más habitual sea bimotor: se necesita potencia para enfrentar vientos como los del Sudoeste en la Patagonia y no terminar «arriado» mar adentro, sin poder volver a tierra, como alguna vez casi le pasó a Antoine de Saint Exupéry cuando era piloto de la Aeroposta, allá en los años ’30. Y máxime en un vehiculo sensible al viento por su baja masa y su gran superficie alar.
El SARA clase III, más ambicioso, encapsulado en un diseño “stealth” por ahora tentativo, tendrá 2 motores turboprop, los mismos Pratt & Whitney canadienses con que FAdeA intentó remotorizar el viejo y confiable IA-63 Pucará: como fueron un éxito mundial, se consiguen en todos lados y nunca faltan repuestos. Lo ideal sería conseguir la licencia para fabricarlo aquí. No sería fácil.
El blanco aéreo de alta velocidad, BAAV, es un jet. No logró salir de su etapa de ingeniería preliminar. Y es que tal vez el MinDef apostó mal: a diferencia de la de INVAP, la otrora envidiable capacidad tecnológica de Fabricaciones Militares no sobrevivió al menemismo, ni pudo reconstruirse después. La propulsión de esta máquina de 900 km/hora tal vez empiece con un turbojet en miniatura y luego pase a un turbofan más eficiente. Pero son sólo especulaciones.
El BAAV sería un desafío técnico enorme incluso para INVAP. Y diplomático también, para cualquier gobierno que intente un “revival” profundo de la industria criolla de defensa. Según el sistema de guiado y la carga útil que lleve, el BAAV es un vehículo transónico al cual tirarle cohetazos antiaéreos, como indica su nombre. Pero reconfigurado con otra carga útil, se vuelve un misil crucero de propulsión a chorro. Poca alegría en Londres y Port Stanley.
Hay que tener mucha audacia para formularse semejante proyecto en la Argentina postmalvinera del desarme unilateral. Con Macri presidente, los vicecancilleres Foradori y Duncan restablecieron rápidamente el marco diplomático noventista de los Acuerdos de Madrid de 1990. En ellos, el canciller Guido Di Tella se comprometió con Londres a desactivar toda capacidad argentina de autodefensa: cerrar el Área de Materiales Córdoba (actual FAdeA), el de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) y su misil Cóndor II, los astilleros militares TANDANOR y Domecq García, la considerable capacidad de construcción civil y militar de los Astilleros Río Santiago y el enorme y diseminado complejo industrial de Fabricaciones Militares, con sus 17 fábricas. Y siguen los ejemplos. Tal cual lo pactado, Menem lo hizo.
Bomba inteligente guidada Dardo II C de la FAA en exposición. Otro proyecto no terminado, y van…
El centralismo de INVAP del que se queja Zona Militar lo impuso el MinDef justamente para que la cúpula de la FAA no hiciera lo de siempre: desarrollar sistemas incompletos hasta que, ante el paso de los años, todo lo que se haya logrado, sea bueno o malo, quede obsoleto y/o inútil. Entonces una camándula de brigadieres y comodoros impondrá una importación llave en mano para taponarlo. Sucedió desde siempre.
Es el trasfondo del fracaso del caza Pulqui II, el de los transportes livianos Huanquero y Guaraní II, el del ala volante de transporte pesado Naranjero, y ahora la del Pucará y la del Pampa. Cada una de estas historias truncas AgendAR las analizó aquí,aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Todo se repite, una y otra vez. Las cúpulas aeronáuticas luchan contra la que fue su propia fábrica, llena de gente valiosa y cuya capacidad se obstina en no morir. Pero lo que quiere la Nomenklatura es importar cosas.
El 30 de Mayo de 2016, el periodista Carlos de La Vega, de la revista TSS de la Universidad Nacional de San Martín, arrimó esta explicación:
“Las adquisiciones en el exterior pueden traer múltiples beneficios para los militares. El primero y más inmediato son los largos viajes de estadía en el país proveedor para “supervisar la compra o capacitarse en su uso”, para los que se cobran viáticos diarios en dólares que implican importantes ingresos por encima de los salarios. También está la posibilidad del cambio laboral de quienes han sido oficiales, que pasan a ser empleados de los proveedores, como en el caso de Reta (Jorge Mario Reta, brigadier RE, secretario general de la FAA a fecha de su retiro en 2011). Y, por último, el más oscuro: los retornos ilegales que las grandes multinacionales de la industria militar están habituadas a pagar. También hay una cuestión ideológica en juego: una parte significativa de la oficialidad de las Fuerzas Armadas argentinas es hostil a los desarrollos nacionales. Las Fuerzas Armadas poseen personal muy valioso, sobre todo en los niveles medios y bajos de la jerarquía, tanto en oficiales como en suboficiales, pero no suelen ser quienes llegan al alto mando”.
Esta visión del problema coincide con la de otro analista muy afilado: Alejandro Artopoulos, de la Universidad de San Andrés. En el caso del SARA, De la Vega, arrastrado probablemente por la frustración entonces muy en carne viva (el artículo es de 2016), encierra al Ejército y la Armada en la misma bolsa que a la Aviación. Creemos que se equivoca: “los verdes” y “los azules” rompieron con su larga tradición importadora y se subieron al proyecto SARA con entusiasmo.
Tiene su explicación: Ejército y Marina viven desde 1983 en una creciente inopia técnica de tanques que no arrancan y barcos que se hunden en puerto. Sus componentes aéreos siempre fueron modestos, incluso en tiempos de vacas gordas (hasta el ’83). Y así vegetaron 27 años hasta que de pronto sobreviene, intempestivo, el proyecto SARA y les regala literalmente el cielo.
Tal vez por haber sido dueña oficial del mismo, la Aviación vivió chirriando “non stop” contra el SARA hasta 2015. Sus representantes ponían “palos en la hélice” con exigencias técnicas descabelladas, que además cambiaban cada 2 años, con cada rotación de jefatura de su Dirección General de Investigación y Desarrollo. Y es que según venía avanzando la tecnología de INVAP, era evidente que este programa la terminaría privando de su derecho, celestial en todo sentido, a importar.
No alcanzó con los 12 ripiosos pero interesantes años del kirchnerismo para recuperar lo perdido en industria de defensa desde 1989. Pero tampoco alcanzaron 4 años de macrismo para hacer quebrar a INVAP. Para su desdicha, la firma barilochense está condenada a ser la semilla de la reconstrucción de nuestra antigua, relativa, problemática pero notable autonomía industrial en armamento. Esa industria, iniciada por la Fábrica Militar de Aviones y seguida por Fabricaciones Militares, fue “spin-off” indiscutible de la sustitución de importaciones y la educación técnica pública. Como tal fue única en Sudamérica hasta bien entrados los ’70. Y en la Argentina se consideró intocable, vaca sagrada, desde los años ’20 hasta 1989.
Hoy la jefatura aeronáutica está tratando de erradicar toda resurgencia del SARA con un clásico “programa tapón”. Aún si se logra cancelar sin juicios este pedido, nada asegura que si gana la fórmula Fernández X 2 alcancen 4 años para hacer avanzar el sistema SARA hasta una clase III en vuelo, desplegada y ofrecida. Habrá que pisar el acelerador.
Pero no se puede no intentarlo. Aunque cause poca alegría en Port Stanley, Londres, General Atomics, Elbit y la cúpula de la FAA.
Un estudio muestra que cuatro de cada diez afiliados al PAMI toman ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y/o hipnóticos. La proporción es tres veces más alta en mujeres.
«Es la primera vez que podemos cuantificar la magnitud del problema», dice el psiquiatra Julián Bustin, autor principal del estudio, asesor de la secretaría general técnico médica del PAMI y jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría del INECO (el Instituto de Neurología Cognitiva).
Para los autores del estudio, los resultados muestran niveles de prescripción de psicofármacos «sorprendentemente elevados» y «alarmantes». Y ponen de relieve la necesidad de concientizar tanto a los médicos de cabecera como a los pacientes y sus familiares respecto de los riesgos de esta conducta.
El estudio fue publicado en la revista especializada Vertex y se basó en el análisis de la base de datos del PAMI sobre los mayores de 60 años que recibieron prescripciones por receta electrónica en consultas ambulatorias durante 2016.
Los resultados «deben generar una señal de alerta», manifiestan los autores. El 30% de los afiliados (1.298.425 personas) recibieron al menos una indicación de ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico o hipnótico, y de ese total las dos terceras partes (908.227) la recibieron en tres o más ocasiones. La práctica mostró ser más habitual en pacientes mujeres (75% versus 25% de hombres) y en los mayores de 75 años. Si se incluyen las recetas manuales, se calcula que 4 de cada 10 jubilados toman estos medicamentos por lo menos una vez al año.
Pero lo que causó más preocupación es que el 67% de los psicofármacos resultaron ser benzodiazepinas: una familia de fármacos ansiolíticos e hipnóticos.
«Ningún medicamento es inocuo, y está altamente demostrado que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de somnolencia, caídas y deterioro cognitivo en el largo plazo -enfatiza Bustin-. Además, causan cierta dependencia, se necesitan cada vez dosis más altas (para producir el efecto) y producen síndrome de abstinencia cuando dejan de tomar se. Solo deberían usarse durante no más de dos semanas, para casos específicos de insomnio y ansiedad».
Una de las dificultades es la naturalización y banalización del consumo. «Muchos pacientes están tan acostumbrados a que formen parte de su vida que no los cuentan como medicamentos», sostiene la médica clínica María Noble, directora del curso de atención primaria de la Sociedad Argentina de Medicina Interna, integrante de la iniciativa Inter-Especialidades y también asesora del PAMI. «Es similar a lo que ocurre con las aspirinas».
Las benzodiazepinas se indican por cuenta propia, se adoptan casi como fetiches y se convidan a familiares y amigos. En un reciente artículo en El País Semanal, el escritor español Juan José Millás (73) cuenta que para tratar un súbito ataque de ansiedad decidió tomarse Orfidal (lorazepam) antes de salir de casa, el mismo fármaco que usa «para dormir, desde hace años». Días atrás se conoció el caso de un joven profesor de inglés argentino detenido en Omán durante cuatro días porque la policía en el aeropuerto le encontró un blíster de Rivotril (clonazepam): «Me lo había dado mi mamá porque me veía un poco deprimido después de una ruptura amorosa», explicó.
En los Estados Unidos, donde las prescripciones de estos fármacos crecieron un 67% entre 1996 y 2013, algunos expertos ya anticipan una epidemia de adicción a estos fármacos más seria y aterrorizante que la crisis de opioides. Y también culpan a las compañías farmacéuticas por sus campañas engañosas de marketing.
Alternativas En su libro El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría (Paidós, 2018), el psiquiatra de Ineco y la Fundación Favaloro Marcelo Cetkovich argumenta que una de las razones que propicia el abuso de ansiolíticos, a menudo sin supervisión médica adecuada, «es la extraordinaria eficacia de estos medicamentos, aunque no están desprovistos de efectos indeseables».
Pero también operan otros factores. Bustin sospecha que «muchas veces, los profesionales creen que la relación médico-paciente se va a ver afectada» si rehúsan indicar esos fármacos o proponen su discontinuación. Noble agrega que otros pacientes se asustan cuando intentan dejarlos de golpe y experimentan insomnio de rebote y otros síntomas de la abstinencia.
Para Gerardo Fridman, un doctor en Farmacia de la UBA que constató que el alza del consumo de psicofármacos en el nordeste argentino triplicó el ritmo de crecimiento poblacional entre 2004 y 2013, el mal uso de las benzodiazepinas se debe en gran parte a su indicación por médicos que no son especialistas. «Yo nunca vi la receta de un psiquiatra con un antihipertensivo, un hipoglucemiante, un antiartrósico, un anticonceptivo o un antiprostático. Pero sí veo traumatólogos, cardiólogos, endocrinólogos, ginecólogos y hasta oftalmólogos que prescriben clonazepam o alprazolam como si nada», afirma desde la farmacia donde trabaja en la ciudad de Corrientes.
¿Cuál es la salida? Según Bustin, «la forma de resolver el problema es que la población general y los profesionales conozcan los beneficios y los efectos adversos de estos medicamentos. Y empezar el tratamiento solo cuando hay indicaciones claras».
El farmacólogo Gerardo Fridman afirma que el consumo de psicofármacos crece aceleradamente. La suspensión después del uso prolongado debe hacerse de forma gradual, para evitar la abstinencia. «Es un camino lento que requiere tiempo y cercanía», afirma María Noble, de la Sociedad Argentina de Medicina Interna. Los médicos también aconsejan probar estrategias alternativas para manejar el insomnio y la ansiedad, desde la higiene del sueño (por ejemplo, evitar comidas abundantes, cafeína o ejercicios antes de irse a acostar) hasta el yoga o la meditación.
El escrutinio provisional oficial, con más del 80% de los votos contados, indicaba una victoria de Evo Morales, que no alcanzaba para evitar una segunda vuelta con el ex presidente Carlos Mesa, algo inédito en Bolivia.
Cuando se suspendió el conteo, Morales, con 14 años en el poder, obtenía un 45,28% de los votos frente al 38,6% de Mesa, un periodista e historiador de 66 años que ya gobernó entre 2003 y 2005.
Pero al reanudarse el recuento, con el 95,23% de los votos escrutados, el nuevo resultado preliminar daba a Evo el 46,86% de los votos y a Mesa, el 36,72%. Con una diferencia mayor al 10% entre ambos (10,14%), no corresponde el balotaje, según la legislación boliviana.
La suspensión del conteo rápido motivó enérgicas protestas de la OEA, y del candidato opositor, que denunció manipulación por parte del gobierno y llamó a una movilización.
Los resultados definitivos recién se conocerán dentro de siete días. Este desarrollo no varía la situación de los otros candidatos, absorbidos por la polarización.
En tercer lugar se ubicó el pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, de origen coreano, con 8,7% de los votos, por encima de Óscar Ortiz -con un estilo «a lo Bolsonaro»- a quien durante la campaña las encuestas proyectaban en tercer lugar pero que solo obtiene 4,3%, según estos primeros resultados.
Corresponde señalar que en la primera versión de esta noticia, con las cifras anteriores, destacábamos que faltaba computar mucho voto rural que, muy favorable a Morales.
De todos modos, frente a esta situación es probable, lamentablemente, que Bolivia no consiga evitar un problema común a nuestros países. Una sociedad dividida en dos sectores amargamente opuestos, que no reconocen la legitimidad del otro.
Mesa hizo una campaña centrada en el «voto útil» y en la necesidad de evitar que Morales se perpetúe en el poder.
Por su parte, Morales convocó en su cierre de campaña y desde las redes sociales: “Con el hermano Álvaro (el vicepresidente García Linera) pedimos cinco años más para aprovechar nuestra experiencia, terminar las grandes obras en petroquímica, hierro y litio y bajar la extrema pobreza a menos del 5 %”. “Mi sueño es que Bolivia siga siendo primera en crecimiento económico en Sudamérica. No me abandonen”.
Otro elemento en la campaña del actual presidente fueron las referencias a la crisis argentina y las comparaciones entre Mesa y Macri.
A los cómputos oficiales del escrutinio se puede acceder cliqueando aquí.
El escrutinio provisional oficial, con más del 80% de los votos contados, indicaba una victoria de Evo Morales, que no alcanzaba para evitar una segunda vuelta con el ex presidente Carlos Mesa, algo inédito en Bolivia.
Cuando se suspendió el conteo, Morales, con 14 años en el poder, obtenía un 45,28% de los votos frente al 38,6% de Mesa, un periodista e historiador de 66 años que ya gobernó entre 2003 y 2005.
Pero al reanudarse el recuento, con el 95,23% de los votos escrutados, el nuevo resultado preliminar daba a Evo el 46,86% de los votos y a Mesa, el 36,72%. Con una diferencia mayor al 10% entre ambos (10,14%), no corresponde el balotaje, según la legislación boliviana.
La suspensión del conteo rápido motivó enérgicas protestas de la OEA, y del candidato opositor, que denunció manipulación por parte del gobierno y llamó a una movilización.
Los resultados definitivos recién se conocerán dentro de siete días. Este desarrollo no varía la situación de los otros candidatos, absorbidos por la polarización.
En tercer lugar se ubicó el pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, de origen coreano, con 8,7% de los votos, por encima de Óscar Ortiz -con un estilo «a lo Bolsonaro»- a quien durante la campaña las encuestas proyectaban en tercer lugar pero que solo obtiene 4,3%, según estos primeros resultados.
Corresponde señalar que en la primera versión de esta noticia, con las cifras anteriores, destacábamos que faltaba computar mucho voto rural que, muy favorable a Morales.
De todos modos, frente a esta situación es probable, lamentablemente, que Bolivia no consiga evitar un problema común a nuestros países. Una sociedad dividida en dos sectores amargamente opuestos, que no reconocen la legitimidad del otro.
Mesa hizo una campaña centrada en el «voto útil» y en la necesidad de evitar que Morales se perpetúe en el poder.
Por su parte, Morales convocó en su cierre de campaña y desde las redes sociales: “Con el hermano Álvaro (el vicepresidente García Linera) pedimos cinco años más para aprovechar nuestra experiencia, terminar las grandes obras en petroquímica, hierro y litio y bajar la extrema pobreza a menos del 5 %”. “Mi sueño es que Bolivia siga siendo primera en crecimiento económico en Sudamérica. No me abandonen”.
Otro elemento en la campaña del actual presidente fueron las referencias a la crisis argentina y las comparaciones entre Mesa y Macri.
Como fabricante nuestros satélites, INVAP estaba en la mejor situación para diseñar un sistema de drones. Los satélites deben hacer casi todo solos, allá lejos en el espacio, y con una electrónica muy liviana: llevar un kilogramo de carga útil a órbita baja sale desde U$ 1700 a U$ 14.600 según el vehículo usado. Un drone no es un avioncito autopilotado capaz de despegar, navegar de A a B y volver, y aterrizar. Eso lo puede hacer desde los ’90 cualquier avión de línea, donde los pilotos humanos están cada vez más de “back up”, para evitar el pánico de los pasajeros. Un sistema drone es una red informática con sensores y actuadores a distancia. Y estos tienen que poder llevar a cabo en forma semiautónoma y sigilosa una misión compleja de patrulla, vigilancia, espionaje o ataque, e incluso pasar de una a otra en un mismo vuelo.
Los satélites polares heliosincrónicos de observación terrestre que usa la CONAE son semiautónomos porque operan en soledad por fuerza. Dado su particular tipo de órbita, pasan la mayor parte de su tiempo de vuelo fuera del alcance de la Estación Terrena Córdoba en Falda del Carmen. Eso significa que en los 10 minutos que dura un fulminante tránsito matutino de Sur a Norte deben «bajar» montañas de información ultracomprimida a la ETC, y recibir de ésta órdenes complejas, que suben también muy compactadas.
En el caso de los drones militares, las comunicaciones son comprimidas, pero además encriptadas e intermitentes, lo que evita –o intenta evitar- que delaten su posición o sean interferidos o hackeados.
Con sus enormes alas y materiales ultralivianos, los drones grandes, de clase III, parecen lentos planeadores motorizados (motoveleros, en la jerga), pero, como los satélites, son robots muy autónomos. Sólo operan a control remoto cuando no están en cielos hostiles, o cuando viajan armados y deben pasar de modo de vigilancia a modo de ataque.
Ahí es donde pinta un humano con un joystick en el “loop” de control. Gracias al uso de otros drones para retransmisión, o al de satélites geoestacionarios a 35.786 km. de altura, un/a operador/a aprieta ese botón y deja en blanco las pantallas de los radares enemigos, aprieta otro y lo deja sin celulares o sin GPS, y si el oponente es realmente malísimo, “lo pinta” con un láser infrarrojo y le suelta un misilazo que busca el reflejo. Pero lo raro de esta época es que el “piloto” puede estar a miles de kilómetros de distancia del teatro de operaciones.
Dado que Argentina es el único país del Hemisferio Sur que quiso y pudo construir sus propios satélites geoestacionarios, ahora el lector tal vez comprende mejor por qué el gobierno de Macri suspendió los ARSAT 3, 4, 5, 6, 7 y 8, planificados desde 2015 y privó a aquella empresa estatal de su sentido fundacional. Y con ello casi provocó la quiebra de INVAP, ya que estaba. Inevitable preguntarse cuál era el blanco principal y cuál “el de oportunidad”.
Tener sólo 2 ARSAT en el cielo de todos modos da capacidades para avanzar a drones clase III sin tener que alquilar un canal en un satélite ajeno, a U$ 1000 por hora y con plena seguridad de ser espiado. Dicho esto, los SARA Clase III todavía son especificaciones y planos, y así seguirán hasta tanto el MinDef vuelva a trabajar para su país y se retome el programa. Pero su carozo funcional, las cargas útiles y equipos de telecomunicaciones, ya existen porque no difieren mucho de las que llevaron y llevan nuestros satélites.
Estos SARA medio descomunales tienen, por especificación, 230 kg. de carga útil, cámara estabilizada, apuntador laser, 24 horas de autonomía de vuelo, 1000 km. de rango operativo, 14.000 metros de techo y comunicaciones satelitales. En capacidades, aunque no en pinta, equivalen a los míticos Raptor de General Atomics o a los Hermes 450 de Elbit. La diferencia es que son nuestros.
La cámara estabilizada infrarroja, pancromática y telescópica PLATES testeada en un Orion de la Armada, en 2007. Está preparada para resistir viento, bajas temperaturas y atmósfera salina.
La carga útil más desarrollada es la cámara estabilizada PLATES, desarrollada por INVAP en 2004 para los aviones de patrulla marina Orion de la Armada y adaptada para el Pucará por FixView. Este “pod” cuelga ventral en el morro, funciona en infrarrojo (para visión nocturna), pero también da imágenes en alta definición en el espectro visible. Cuando algo merece mayor examen, es capaz de amplificar telescópicamente más de 20 veces una imagen sin “pixelarla”. Lo que para el Orion significó búsqueda y rescate, para “el Puca” y los drones clase II y III es eso mismo, y además operatividad diurna y nocturna.
Hay 2 tipos de radares para los SARA. Uno es un radar sencillo de corto alcance, parecido al RASIT de infantería, un probable “co-pasajero” de una cámara PLATES en un clase II. El más ambicioso es un SAR de apertura sintética como el del satélite SAOCOM-1A, pero compacto y en banda X en un vehículo de clase III.
Nuevamente, para mostrar que el SARA no está en el mismo planeta que el Vigía 2B, la dificultad de subir un radar SAR a un drone no sólo se mide por los kilogramos de peso sino por el producto de ese dispositivo medido en gigabytes. Un radar SAR genera gigabytes de información, que deben comprimirse a megabytes a bordo para su transmisión. En este proceso sustractivo de información redundante, ¿cómo hacer para que no desaparezca el blanco? Es el riesgo de tirar al bebé con el agua en que se lo bañó. Por eso las comunicaciones del satélite SAOCOM 1A fueron un desafío, pero INVAP tenía dominado ese problema antes de terminado el siglo XX. En el SARA clase III, el alcance de este radar SAR estaría en los 200 km. en 360º alrededor del avioncito.
Los satélites GEO de comunicaciones ARSAT, a 35.786 km. de altura, permiten avanzar con los SARA clase III.
El error del MinDef kirchnerista en esta historia fue haber oficializado el contrato global del SARA 4 años tarde, en 2014, cuando el MET clase II ya estaba volando. Luego los tiempos políticos no dieron para completar el resto del programa, y llegó el macrismo a cancelar todo. El eterno problema de muchos gobiernos en Sudamérica: creerse eternos.
Segunda parte: mejor depender de Bariloche
que San Diego o Haifa
En 2010 el MinDef ya tenía a FAdeA, literalmente, una fábrica recuperada, y pensaba usarla en serio. Mandó una delegación a Bariloche a tratar de entusiasmar a INVAP de subirse al proyecto SARA, esperaba una recepción fría. INVAP estaba hasta las manos, tapada de otros pedidos en parte originados por el Ejército y la Armada.
“Lo que no nos imaginábamos –confiesa una fuente reservada- era que en ese directorio de INVAP vos tirás una piedra, rebota en un aviador civil y le pega a un piloto de planeadores. Son más enfermos de la aeronáutica que nosotros. Aquella primera reunión fue como poner un fósforo prendido en un tanque de nafta”.
Desde entonces mediaron varios avances y una gran derrota. Cuando renazca –si renace- el programa SARA, habrá que ir certificando sobre la marcha cada prototipo que se alcance a construir ante la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC). El organismo estará ante un desafío de licenciamiento importante: jamás en su corta vida tuvo que homologar robots aéreos obligados a compartir cielos con aviones comerciales. Se sabe: todo muy bien hasta que un avión de línea se lleva puesto un drone y mueren civiles.
Este dilema de país periférico se repite, con otros actores, en industrias cuyos productos necesitan atravesar procesos de licenciamiento del estado, como la nuclear, la farmacológica o la de cultivos recombinantes. ¿O no hace más de una década que vaya a saber qué lobby impide que el Ministerio de Agricultura licencie el trigo HB4, un transgénico con genes de girasol resistentes a la sequía? Fue desarrollado por Bioceres, pero pasan los gobiernos y las pérdidas por sequía. Y ahí sigue el HB4, sin licenciar.
El lobby en contra del SARA apretará con que un Raptor de General Atomics, firma con base en San Diego, California, o un Hermes 450 de Elbit, con sede en Haifa, ya licenciaron esos sistemas en bocha de países ‘serios’ (porque son de la OCDE). Y aquí, entre colonizados mentales, esa argumentación paga, porque el primer deber de un burócrata es protegerse.
Pero eso es anticiparse demasiado. La revista Zona Militar sí parece convencida de que el SARA resucita, y de que el proyecto tendrá que lidiar una vez más con la hostilidad de la cúpula aeronáutica (por la que parece tomar partido). Y lidiar, deberá hacerlo, con ésta o la siguiente jefatura, da lo mismo. No alcanza con decapitar la actual porque rebrotará sistémicamente su inquina a la tecnología argentina. Tiene raíces históricas ya viejas en multinacionales y embajadas.
La compra del Hermes 450, si ocurre antes del relevo del macrismo, no cierra ni a palos. Por el dinero que menciona Zona Militar (hoy serían unos U$ 30 millones a cambio oficial) lo único que se lleva el comprador es un par de drones clase III, el paquete de comunicaciones satelitales y la estación terrena de control: nada que cambie en absoluto el actual estado de indefensión aérea nacional.
Más bien lo agrava: compra dependencia. Los drones no son aviones resistentes. Son plataformas que aguantan, con buena suerte, dos años antes de romperse y empezar a pedir repuestos a lo grande. Si un jet de línea tiene 10 millones de horas de vuelo sin novedades entre falla y falla, un drone de gran calidad (un Raptor o un Hermes) a lo sumo dan 3100 horas. De modo que esa compra nos condena a volvernos el hijo pavote de una firma que por ahora es un proveedor bueno, Elbit. Un sistema de drones importados, de ellos o de quien sea resulta un excelente “programa tapón”: garantiza gran sequía de plata que de otro modo podría ir a desarrollo propio.
“El de los drones es idéntico al modelo de negocios de Nesspresso. Te hago precio en la cafetera y te tengo comprándome capsulitas el resto de tu vida”, dice otra fuente (ésta, reservadísima) de aquel MinDef proargentino.
“Para el caso –sigue esa fuente- cuando nos cayó la ficha decidimos que para ir adelante con el SARA necesitábamos a INVAP. Si vamos a vivir comprando repuestos y actualizaciones, mejor desarrollar industria nacional. Si FAdeA fabrica drones y se vuelve tecnológicamente dependiente, mejor que lo sea de Bariloche que de San Diego o Haifa”.
(Continuará)
Daniel E. Arias
Un humano como referencia para mostrar las formas y tamaños relativos de 2 robots: los SARA clase II y III. La envergadura del 2do está en los 16 metros.
En AgendAR somos escépticos sobre si es posible exponer en forma clara y coherente las medidas de un posible gobierno -no hablemos de la filosofía que las anima- en el formato elegido para estas exposiciones televisadas de los candidatos.
En cuanto al debate en sí, hay distintas opiniones en el equipo: están quienes consideran que sirve para que los televidentes pueden conocer más de quienes aspiran a gobernarlos, y los que creen que es otra moda, de las que el cholulismo argentino se apasiona cuando las ve en el exterior.
Como sea, cada uno debe formarse su propia opinión, si ya no lo han visto, o quieren repasar fragmentos. Les acercamos la versión más completa -y con menos propaganda- que encontramos.
