La Justicia ordenó a YPF informar sobre impactos ambientales en Vaca Muerta

Según publicó la ONG ambiental Fundación Argentina de Recursos Naturales (FARN) la Justicia ordenó a la petrolera brindar información respecto de sus actividades en el yacimiento hidrocarburífero ubicado en la Provincia de Neuquén. El fallo deja sin efecto toda excepción legal que pudiera impedir acceder a los datos oportunamente requeridos por FARN a la empresa.

El Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal falló a favor de FARN en el caso «Fundación Ambiente y Recursos Naturales c/ YPF SA s/Varios”. Al considerar la actividad realizada por YPF como “de interés público”, la jueza interviniente, Cecilia G. M. De Negre, dispuso en este caso la total validez, vigencia y preeminencia de la Ley Nº25.831 de Acceso a Información Pública Ambiental, que no cuenta con ninguna cláusula que restrinja a la población el acceso a la información pública sobre actividades desarrolladas por las industrias y sus posibles impactos en la salud y el ambiente.

FARN había enviado a la petrolera YPF dos pedidos de acceso a la información pública respecto de los impactos ambientales provocados por la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, Provincia de Neuquén, de acuerdo a lo establecido en las leyes 25.675 (Ley General del Ambiente), 25.831 (de Acceso a la Información Pública Ambiental – LAIPA) y 27.275 (de acceso a la Información Pública).

En ambas oportunidades, la empresa desestimó el pedido de la ONG bajo el argumento de que, por tratarse de una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública, está alcanzada por el régimen de excepciones que establece la misma Ley 27.725 y puede, por tanto, negarse a dar información. Además, por no formar parte del Estado, se consideraba eximida de la aplicación de la LAIPA. Ahora, el fallo de De Negre deja sin efecto toda excepción legal que pudiera impedir acceder a los datos oportunamente requeridos por FARN a la empresa.

Este fallo es el primero en Argentina que brinda reconocimiento y validez al Acuerdo de Escazú, pionero en América Latina y el Caribe en lo referido a proteger, promover y garantizar el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en temas ambientales, y del cual nuestro país es parte. Asimismo, se trata de uno de los primeros casos de acceso a la información vinculado a temas ambientales que involucra a una petrolera luego de que el Congreso sancionara la Ley de Acceso a la Información Pública, que crea una excepción al derecho para mantener en secreto la información referida a empresas que cotizan en bolsa.

Google nos escucha a través del celular

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Algo que era un rumor, que muchos habíamos escuchado y creído a medias, basado en las curiosas coincidencias entre conversaciones privadas y avisos publicitarios que llegaban pocos minutos después, ahora está analizado en informes y discutido en los medios: Google y Amazon espían a sus usuarios. Es decir, a todos nosotros.

La agencia de noticias Bloomberg reveló recientemente que los trabajadores de Amazon escuchan las conversaciones de los usuarios a través de Alexa, e incluso tienen acceso a datos personales de estos. Esta misma situación se ve reflejada en Google y sus productos que utilizan inteligencia artificial.

Una investigación del medio belga VTR revela que los empleados de Google escuchan las grabaciones realizadas con los altavoces inteligentes de Google Home. Y esta práctica de recopilación de audios sin que lo contemple el usuario también aparece con el asistente de Google en los celulares con Android.

El medio asegura que, tras escuchar los clips de Google junto a la fuente que se los había facilitado, un supuesto subcontratista que trabaja transcribiendo los archivos para mejorar el software de reconocimento de voz, lograron averiguar dónde se encuentra el domicilio de varios holandeses y belgas que emplean esta tecnología. La práctica no solo afecta a los usuarios europeos, ya que el informante asegura que las grabaciones también se realizan en todo el mundo, y sin que se habilite el sistema a través del famoso comando de voz «Ok Google».

¿Por qué el gigante tecnológico de Silicon Valley necesita espiar a sus usuarios? La fuente remarca que el principal objetivo es mejorar el motor de búsqueda, que sea más inteligente, por eso la necesidad de contar con lingüistas.

«Los expertos en idiomas solo revisan alrededor del 0.2% de todos los fragmentos de audio. Los fragmentos de audio no se asocian con las cuentas de usuario como parte del proceso de revisión, y los revisores están dirigidos a no transcribir conversaciones en segundo plano u otros ruidos, y solo a transcribir fragmentos de código dirigidos a Google», asegura la tecnológica estadounidense.

Como parte de su tarea, cuenta la fuente, los auditores deben anotar todas las grabaciones que llegan a sus manos. Así como los nombres y la edad que puedan tener los usuarios. De este modo, y según señala el medio VTR, miles de empleados de la empresa de Silicon Valley estarían escuchando audios continuamente sin necesidad de conectar el altavoz.

Luego estas grabaciones servirán para alimentar el algoritmo detrás del asistente por voz para celulares y el dispositivo hogareño Google Home.

​»Nos enterarnos de que uno de estos revisores de idiomas violó nuestras políticas de seguridad de datos al filtrar información confidencial de holandeses. Nuestros equipos de respuesta de seguridad y privacidad se han activado en este tema, están investigando y tomaremos medidas. Estamos realizando una revisión completa de nuestras salvaguardas este espacio para evitar que vuelva a ocurrir una conducta indebida como esta», publicaron en el blog oficial de la compañía.

«Como parte de nuestro trabajo para desarrollar tecnología del habla para más idiomas, nos asociamos con expertos en idiomas de todo el mundo que entienden los matices y los acentos de un idioma específico. Estos expertos en idiomas revisan y transcriben un pequeño conjunto de consultas para ayudarnos a comprender mejor esos idiomas. Esta es una parte crítica del proceso de creación de tecnología de voz, y es necesaria para crear productos como el Asistente de Google», siguen diciendo los voceros de Google.

A diferencia de lo que revela la investigación de VTR, Google dice que instruye a los revisores para que «no transcriban conversaciones de fondo u otros sonidos, y que solo transcriban las muestras de audio que son dirigidas a Google». También aclararon que el Asistente de Google solamente envía datos de audio a los servidores de la empresa tras detectar el comando de activación «Ok, Google»

Incertidumbre en el mercado de granos

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Argentina es uno de los grandes exportadores de granos del mundo. Pero no es formadora de precios. Nuestros productores, y las comecializadoras, siguen con atención los números de Chicago. De ahí el interés de este informe de Pablo Adreani, fundador de GuruMarket.

«Después de tres campañas con récords en producción y en rindes de soja y de maíz en Estados Unidos, hoy, la campaña 2019/2020 se erige como la campaña de la incertidumbre. Las fuertes lluvias que cayeron sobre el cinturón maicero y sojero antes y durante la siembra no solo demoraron el trabajo, sino que empujaron al Departamento de Agricultura, el USDA, a zigzaguear con sus estimaciones, como pasó con el maíz.

En su informe mensual de junio el organismo recortó en 34,29 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha de maíz, de 381,78 a 347,49 millones, por la valoración de una menor área sembrada y por la eventual caída del rinde. Pero la semana pasada, en su nuevo trabajo, le «devolvió» al cereal casi 5 millones de toneladas, al proyectar la producción en 352,44 millones, por la ponderación de una superficie implantada mayor a la considerada en junio.

La soja está sin cambios en el informe del mes pasado. El USDA mantuvo su estimado de cosecha en 112,95 millones de toneladas, contra el récord de 123,66 millones de toneladas de la campaña 2018/2019. Pero ahora, en este trabajo, luego del reporte sobre área sembrada del 28 del mes pasado donde achicó la superficie destinada a la soja de 34,24 a 32,37 millones de hectáreas, el organismo redujo abruptamente su proyección de producción de soja hasta los 104,64 mill./t.

El dato oficial quedó abajo del promedio de las proyecciones privadas, que auguraban 105,68 millones de toneladas. Para el ajuste el USDA siguió el mismo análisis cuali-cuantitativo adoptado para el maíz en junio. Calculó que por cada día de atraso en la siembra se reduce el potencial de rinde. Tan es así que en su informe ajustó su estimación sobre el rinde promedio de la soja de 33,29 a 32,62 quintales por hectárea y lo ubicó lejos de los 34,70 quintales 2018/2019. Quedará para agosto ver si -como lo hizo con el maíz- el USDA le «devuelve» algo de lo que le restó en toneladas a la soja, luego de que finalice el relevamiento de campo que los técnicos del USDA están haciendo para determinar cuál fue realmente el área cubierta con la oleaginosa.

La demostración de que el mercado espera ver datos más certeros sobre área sembrada la dieron anteayer las pizarras de Chicago que, pese al fuerte recorte de la producción hecho por el USDA, reflejaron subas de apenas un 0,5% para los precios de la oleaginosa. A la incertidumbre planteada por el clima y por el USDA, en el análisis de la soja a hay que sumar un fundamento que sigue latente y que condiciona cualquier movimiento alcista: el remanente récord de soja 2018/2019 en manos de los productores«.

La AFIP acusa a Supermercados Día de evasión previsional

La AFIP y la justicia en lo Penal Económico están investigando a la cadena de supermercados Día. La acusan de previsional, haciendo que empleados suyos figuren como emprendedores independientes a cargo de las franquicias.

En un comunicado la AFIP informó que la «hipótesis» que investigan es que en la cadena de supermercados, «en su calidad de franquiciante, designó a empleados a cargo de algunas de sus franquicias, con el único objetivo de que figuraran como los responsables de ingresar los aportes y contribuciones a la seguridad social. De este modo, Día Argentina S.A buscó evitar el cumplimiento de sus propias obligaciones, pues la deuda generada quedó a cargo de los falsos franquiciados utilizados para la maniobra».

Dice también que «muchos de estos empleados, al advertir la maniobra, presentaron demandas ante el fuero laboral, donde se condenó a Día por la utilización fraudulenta del contrato de franquicia para enmascarar las relaciones laborales encubiertas».

De acuerdo a ese organismo público, la evasión «supondría la falta de ingreso de aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social, por un importe que en principio supera los $ 20 millones, aunque podría ser mayor a medida que avancen las investigaciones».

A partir de la denuncia de la AFIP de 2018, esta semana el juzgado nacional en lo Penal Económico número 2 realizó diversos allanamientos en las oficinas de la cadena de supermercados.

La empresa replicó: «Ante el comunicado de prensa emitido por la AFIP, DIA Argentina S.A. informa que la empresa cumple puntualmente con todas sus obligaciones tributarias y sus actividades se ajustan a la ley. Se encuentra a disposición para aportar todas las explicaciones y elementos de prueba que sean requeridos».

«DIA Argentina S.A. es una empresa con más de 22 años en el país, emplea a casi 5000 colaboradores, cumplimentando todos los requisitos correspondientes, y fundamentalmente, trabajando para acercar el ahorro a más familias argentinas y fortaleciendo el compromiso con sus clientes y empleados», afirma la compañía.

Argentina tendrá el primer Laboratorio de Iones y Átomos Fríos de América Latina

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(Enrique Garabetyan) Esta semana, en un cuarto aislado y acondicionado contra las vibraciones, ubicado en un pasillo del Pabellón I de la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, comenzará a funcionar el corazón del primer Laboratorio de Iones y Átomos Fríos (LIAF) de América latina. Con esa instalación en marcha un equipo de media docena de científicos argentinos comenzará a realizar experimentos de física aplicada en un prometedor campo tecnológico que hoy apenas domina una veintena de países del mundo.

En la frontera de la física cuántica existen técnicas que permiten manipular iones y átomos de manera individual, uno por uno. Esta intervención de la materia resulta un área de estudio fundamental para la física contemporánea, así como sus aplicaciones en tecnologías vinculadas al procesamiento de la información y a la metrología. Y sus resultados se podrán aplicar a ideas teóricas y desarrollos concretos más que prometedores: desde poner a punto la próxima generación de relojes atómicos de super-alta precisión hasta sumar avances originales en el campo de la computación cuántica.

«Estamos más que orgullos porque, tras muchas demoras, podemos inaugurar este laboratorio que es único en la región. Es una tecnología que desarrolla Alemania, Canadá, Francia, EE.UU, y otros países similares. Y exige instrumentar técnicas avanzadas de óptica tradicional y cuántica, electrónica, física atómica y ultra-vacío. Todas combinadas para hacer trampas de iones», resumió el doctor Juan Pablo Paz, profesor del Departamento de Física y un referente internacional en el desarrollo de la computación cuántica.

«Una de las primeras cosas que haremos son experimentos relacionados con metrología: son aportes para la próxima generación de relojes atómicos «ópticos», que tendrán mayor precisión que los actuales», explicó el doctor Christian Schmiegelow, investigador del Conicet y co-responsable del Laboratorio. «Y otra línea de trabajo que tenemos es estudiar la termodinámica cuántica para ver como interaccionan unas pocas partículas y entender como funcionaría una «máquina» -un motor, por ejemplo-, hecho de un puñado de átomos».
Para poder hacer todos estos experimentos se requieren habilidades técnicas para operar las trampas electromagnéticas y los rayos láser capaces de retener y enfriar los iones. Y, también una inversión considerable. «Armar este laboratorio tomó años de justificar subsidios y superar trámites burocráticos. Hoy, solo en equipamientos, llevamos invertido casi US$ 1 millón», contaron los científicos.

Larga historia

Paz -que es un reconocido físico teórico- tuvo la idea de formar investigadores capaces de hacer física «aplicada» en 1995. Pasaron casi 25 años para que, finalmente, se pudiera poner a punto el espacio y conseguir el equipamiento y los profesionales capaces de hacer avanzar los experimentos con «simuladores» cuánticos. «No llegan a ser verdaderas computadoras cuánticas que podrían resolver cualquier algoritmo. Los simuladores que armaremos en los próximos tiempos son «prototipos» de computadoras cuánticas: más simples, pero pueden aplicarse a resolver un problema complejo, aunque específico», detalló Paz.

Lo original es que su propio trabajo profesional siempre estuvo enmarcado en la física teórica. “Siempre me gustó interactuar con expertos en experimentos. Por eso al regresar a la Argentina, en 2006, pensé como hacer ciencia experimental avanzada en mi especialidad”. Junto a un grupo de colegas armó un laboratorio de óptica cuántica.

Usábamos lásers para el procesamiento de información manipulando fotones “gemelos” entrelazados. Y pude ayudar a otros investigadores para que se especializaran en el tema en Alemania, manipulando iones “fríos”. Para 2009 ya planeábamos este espacio, algo que, finalmente, se logró en 2015”. La espera de los siguientes cuatro años se explica «por las demoras burocráticas, la devaluación que nos hizo resignar o postergar la compra de equipos y los ajustes presupuestarios que viene padeciendo la ciencia argentina».

El primer objetivo del flamante Laboratorio es capturar átomos dentro de la trampa y “bombardearlos” con láseres. «Con eso los enfriámos a 0,001 °K por encima del cero absoluto. Luego vamos a llevarlos a temperaturas más bajas, cercanas al microkelvin, en la que el átomo alcanza estados cercanos al de la menor energía».

Estos ensayos se podrán aplicar en metrología cuántica, para mejorar la precisión de los actuales relojes atómicos. En el mediano plazo apuntarán a nuevos experimentos que permitan entender mejor las bases de la computación cuántica.

Según Paz, «en el mundo estamos, todavía, a uno o dos lustros de tener una computadora cuántica “universal” efectiva. Mientras, podemos usar nuestros simuladores para resolver problemas específicos». Y el trabajo que hagan en este laboratorio argentino podrá ayudar a tener PCs cuánticas «reales» antes del 2030.

Con un premio Nobel de invitado de honor

Para el próximo jueves 18 de julio, el Departamento de Física de Exactas UBA organizó un verdadero «Jueves Cuántico». Es que para inaugurar oficialmente el Laboratorio de Iones y Átomos Fríos (LIAF) llegará a la Argentina media docena de invitados destacados del mundo de la ciencia, incluyendo al físico David Wineland, premio Nobel 2012 por sus aportes en este rubro y a Juan Ignacio Cirac, Director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania. Ambos recibirán sus doctorados «honoris causa» y brindarán sendas charlas de divulgación, pensadas para públicos no especializados, con traducción simultánea. Serán sobre dos temas que ocuparán el foco del flamante laboratorio: relojes atómicos del futuro y hacia la computación cuántica. Wineland fue el autor del primer experimento de la historia que probó que era posible desarrollar las bases de este nuevo tipo de computación, un rubro de la ciencia que promete revolucionar la criptografía, el manejo de enormes bases de datos, el machine learning y la inteligencia artificial.

Europa, después de Merkel

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Los notorios problemas de salud de la canciller alemana, Ángela Merkel, están en todos los medios. Se justifica. Gobierna Alemania desde hace 14 años, y durante 11 de ellos fue considerada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo. Pero el poder se debilita más rápido que los organismos humanos. La «centro derecha» europea -los «social cristianos»- han perdido vigencia, casi tanto como sus socios menores por muchos años, la «social democracia». Pero los partidos «soberanistas», la nueva derecha alentada por Steve Bannon, el asesor de Trump, no ha conseguido una mayoría sólida. Europa está sin rumbo.

Compartimos esta informativa nota del columnista Bernardo de Miguel, de El País.

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«Principio del fin. Angela Merkel, ha comprobado que su palabra ya no hace ley en la Unión Europea. La canciller sufrió durante la cumbre europea de principios de julio una rebelión de propios y extraños que la obligó a replantear su estrategia para los nombramientos de la nueva cúpula comunitaria. El choque se saldó con la elección de la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, como candidata a presidir la Comisión Europea.

La designación de una compañera de partido permitió a Merkel salir de la cumbre con una aparente victoria. Pero entre aliados y rivales de la canciller cundió la sensación de que Europa se ha quedado sin la líder incontestable de los últimos 14 años. E incluso la elección de Von der Leyen podría estar en peligro si Merkel no retoma el control de los suyos antes del voto de confirmación, previsto para la próxima semana del 15 de julio.

Lenta pero inexorablemente, Angela Merkel va perdiendo cuotas de poder tras varios lustros de dominio casi absoluto sobre la política de su país y de la Unión Europea. Su erosión comenzó a nivel nacional. Pero se ha extendido al resto de la Unión y esta semana ha comprobado que su poder se tambalea por momentos en la Unión Europea. La sensación de que el presidente francés, Emmanuel Macron, salió de la última cumbre como claro vencedor agrava la imagen de caída de la canciller.

«Merkel perdió durante la cumbre el control de sus propias fuerzas dentro de la Unión, los gobiernos del Partido Popular Europeo», señala una fuente diplomática presente en el edificio Europa durante los tres días que duró la cita europea para designar a la aspirante a presidente de la Comisión.

El desgaste de Merkel es tan evidente que incluso dentro de su partido se alzan voces contra la candidata designada, Ursula von der Leyen. La ministra de Defensa tiene por delante una dura campaña para lograr la mayoría necesaria en el Parlamento Europeo para aprobar su nombramiento. Y aunque el PPE la respalda oficialmente, el disgusto es tan profundo dentro del partido con el proceso de selección y con la actitud de Merkel durante el mismo que no se descartan numerosas deserciones durante una votación que será secreta. «Vienen dos semanas de tremenda tensión», reconoce una fuente del grupo popular.

Von der Leyen se reunirá este mismo lunes con el grupo de los Verdes para intentar compensar las posibles pérdidas dentro de los grandes grupos europeístas (populares, socialistas y liberales). Pero los ecologistas, a quienes se veía proclives a apoyar al candidato conservador alemán Manfred Weber en aras de un entendimiento con Merkel en Berlín también han endurecido el tono drásticamente tras la última cumbre europea.

A pesar de todo, hay quien duda que el final de Merkel esté cerca. «La próxima semana será crucial para el futuro de Von der Leyen pero, pase lo que pase, no creo que se pueda colocar a Merkel entre las perdedoras de la última cumbre», señala Agata Gostyńska-Jakubowska, analista del Centre for European Reform.

Gostyńska-Jakubowska cree que, efectivamente, durante la negociación de los nombramientos Merkel sufrió algunos batacazos. «Pero el resultado final no es malo para ella y eso importa más que el proceso en sí mismo», añade la analista.

El optimismo es menos visible en el bando político. «Merkel solo ha ganado seis meses más de supervivencia política», pronostica una fuente de su partido en el Parlamento Europeo tras una negociación de cuatro semanas en total en que la canciller ha ido adaptando sus apuestas hasta verse completamente desbordada por los miembros de su propia formación, el Partido Popular Europeo.

Las dudas sobre Von der Leyen son un reflejo sintomático de la fragilidad de Merkel, que parece incapaz de imponer su criterio a sus propios correligionarios. El riesgo de una investidura fallida de la futura presidenta de la Comisión no es descartable. E incluso si sale adelante, gracias al apoyo de los tres grandes partidos, la dificultad de su ratificación confirma la progresiva pérdida de poder de Merkel, iniciada hace meses dentro de sus fronteras.

Primero anunció que el mandato actual (2017-2021) sería el último y no se presentaría a la reelección. Después cedió las riendas de su partido, la CDU y logró por poco pasárselas a su delfín Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK, para la prensa alemana). Pero buena parte del partido, sobre todo el ala más conservadora, desafía abiertamente la decisión de Merkel y maniobra para evitar que AKK llegue a canciller.

A pesar de la revuelta interna, Merkel había logrado hasta ahora mantener casi intacta su capacidad de influencia en Bruselas, tanto en las instituciones como entre su familia política, el Partido Popular Europeo. Pero su autoridad ha saltado por los aires durante el proceso de negociación de los nuevos altos cargos, cuatro semanas de regateo que se remataron en una larga y bronca cumbre que se prolongó durante tres días.

Merkel provocó las primeras iras tras la cumbre europea del 20 de junio, cuando el candidato principal del PPE a presidir la Comisión, Manfred Weber, fue vetado por una alianza de socialistas y liberales comandada, respectivamente, por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. La canciller regresó a Berlín como si no hubiera pasado nada, dando por finiquitadas las opciones de Weber y del resto de candidatos (el socialista Frans Timmermans y la liberal Margrethe Vestager). Pero calculó mal el impacto de su decisión.

Tanto en su partido (la CDU) como en el de Weber (los conservadores bávaros de la CSU) surgieron voces que acusaron a Merkel de no haber defendido con fuerza al candidato alemán y de haberse rendido con rapidez a una ofensiva organizada por un presidente francés que había perdido las elecciones europeas frente a Marine Le Pen y por un presidente del Gobierno español todavía en funciones.

El contrataque de Merkel para apagar las críticas tuvo aún peores consecuencias. Y en lugar de sofocar la rebelión en Berlín y en Munich la propagó a Bruselas. La canciller planteó la posibilidad de recuperar a Weber para la presidencia del Parlamento Europeo y ceder la presidencia de la Comisión Europea al candidato socialista Frans Timmermans. El tercer cargo en liza, el de alto representante de Política Exterior, podría ir a un peso ligero del PPE y la presidencia del Consejo, a un liberal.

La propuesta provocó indignación entre los líderes del PPE, tanto los que ocupan Gobiernos como entre los que se encuentran en oposición. La cumbre del partido celebrada en Bruselas el pasado domingo, unas horas antes del Consejo Europeo que debía decidir los nombramientos, se saldó con una clara desautorización a la canciller, que abandonó el encuentro antes de terminar. Dando un portazo, según algunas fuentes. Para no escuchar las críticas despiadadas, según otras. Para retomar la negociación con el resto de líderes europeas, explica la versión oficial.

La canciller, en todo caso, también salió seriamente debilitada de la tensa reunión de líderes europeos que entre el 30 de junio y el 2 de julio negoció los nombramientos de la cúpula comunitaria. Las decisiones de la cumbre han provocado una tormenta política en su país, por la falta de transparencia en los nombramientos y por no haber respetado a los candidatos de los partidos (los llamados Spitzenkandidaten). El vendaval no se ha visto amortiguado por la aparente victoria del Gobierno alemán.

Alemania se hizo con la presidencia de la Comisión Europea, por primera vez desde 1967. Y además de colocar en el puesto a una aliada como Von der Leyen, Merkel contribuyó a que otra mujer, Christine Lagarde, fuera elegida como presidenta del Banco Central Europeo. Un doblete que encaja con la reivindicación feminista que la canciller ha abrazado en la recta final de su carrera política. Pero dentro y fuera de su familia política, esos tantos de Merkel se han interpretado como una victoria pírrica. Tal vez la última».

En Argentina, la participación de la energía eólica en la demanda es del 3,1%

El despegue de las energías renovables en la Argentina se puede describir con algunas cifras: 206 son los proyectos adjudicados desde 2016; 6130,9 son los MW que generarán esos emprendimientos; 4,7 millones serán los hogares abastecidos; 7237 son los millones de dólares que llegaron como inversión al sector, y 9200 son los puestos de trabajo relacionados con la actividad. En los últimos tres años el país se posicionó como uno de los diez destinos más atractivos para invertir en la «ola verde».

A esta altura de 2019, la participación de las energías renovables en la provisión de la demanda de electricidad nacional llega a 4,8% y, si bien el avance de ese índice se aceleró en los últimos tiempos, aún se está lejos del 12% de participación que la ley 27.191 fijó como meta a cumplir al último día de 2019. En la Subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación se estima que para entonces se llegará a 8%.

La legislación estableció también el objetivo de 20% para 2025. Y pese a la distancia del dato actual con ese objetivo, se considera que hubo en los últimos años un gran salto: basta observar que entre 2002 y 2012 el porcentaje se había mantenido estancado en apenas 0,5% de la demanda eléctrica.

En la Subsecretaría se sostiene que la decisión que el tema sea política de Estado llevó a elaborar «un marco regulatorio sólido, respaldado por un sistema innovador e inédito de garantías que probó otorgar certidumbre y previsibilidad, algo indispensable para desarrollar sectores de alta intensidad de capital y largos períodos de repago».

Es importante tener en cuenta que, a pesar de todo este despliegue, hasta ahora la participación de estas energías en la provisión de la demanda eléctrica nacional ha llegado sólo al 4,8%, y es posible que alcance en el futuro cercano al 8%. La participación de cada tipo de energía en ese porcentaje es el siguiente: eólica 3,1%, hidráulica 1%, fotovoltaica 0,4% y bioenergía 0,3%, también según datos de la Subsecretaría de Energías Renovables. Todavía falta un largo camino a recorrer.

Juan Bosch, especialista en energías renovables y presidente de Saesa, empresa que comercializa gas y energía, confirma que se progresó mucho en los últimos años. «Es una buena época para hacer un balance de lo que se propuso a comienzos de 2016. Se arrancó desde muy abajo, con 180 MW instalados, mientras que Uruguay tenía 1000 y Brasil, 7000, pero hoy estamos mucho mejor».

¿Qué es ese «estar mucho mejor»? En concreto, hay 43 proyectos que ya están habilitados comercialmente (es decir, que están funcionando), que generan 1221 MW de potencia en 12 provincias argentinas y proveen de energía eléctrica a 900.000 hogares. Eso es parte de los 141 proyectos que hay en desarrollo: los 98 restantes, que agregarán 3567 MW, están en construcción (70 empezarán a funcionar antes de fin de año).

Según indican en la Subsecretaría de Energías Renovables, desde 2016 se adjudicaron 206 proyectos que, cuando estén todos en funcionamiento, generarán 6137 MW. Se trata de 64 proyectos eólicos por 3788,2 MW; 69 solares por 2029,9 MW; 59 proyectos de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280,7 MW, y 14 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por 32,1 MW.

Daniel Montamat, exsecretario de Energía, opina que 2019 será recordado como el año que marcará un quiebre con respecto a años anteriores. «Digo esto porque este año ingresan al sistema la mayoría de los proyectos del plan RenovAr 1.0 y RenovAr 1.5», argumenta el actual director del estudio Montamat & Asociados, en referencia a los programas por los cuales el Gobierno licita y adjudica obras para el abastecimiento de electricidad proveniente de fuentes renovables.

En lo que va de 2019 la participación de estas energías en la provisión de la demanda eléctrica nacional creció hasta llegar a 4,8% y es posible que se alcance el 8%. La participación de cada tipo de energía en ese porcentaje es el siguiente: eólica 3,1%, hidráulica 1%, fotovoltaica 0,4% y bioenergía 0,3%, según datos de la Subsecretaría de Energías Renovables.

Un pantallazo sobre la realidad «verde» de algunos países muestra que la Argentina sigue retrasada, pero, de cumplir su meta para 2025, se pondrá a tono: Chile tiene 18% de su matriz energética cubierta con renovables; China, 26%; Estados Unidos, 18%; Australia, 72%; Bélgica, 18, y Noruega, 99%.

Para llegar a la meta del 20% en 2025, harán falta por lo menos dos licitaciones más del plan RenovAr en los próximos tres años, pero antes, según apunta Montamat, se necesitaría ampliar la red de transporte, tanto en 500 kV como en 132 kV para aumentar la cantidad de nodos con capacidad disponible y favorecer la inserción de las renovables en el sistema.

El gobierno actual decidió subsidiar las instalaciones de energía eólica, en especial a partir de los planes RenovAR, y las declaraciones de sus funcionarios refirman el compromiso. Pero resulta necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales para evaluar los resultados y los costos: la capacidad instalada no es lo mismo que la energía eléctrica que se aporta a la red. La energía eólica, como la mayoría de las «renovables», no garantiza una provisión continua. A pesar que estos planes han otorgado a los beneficiarios las mejores zonas para el uso de los vientos -en particular, las llanuras patagónicas- no son regulares. La atmósfera no toma en cuenta las necesidades de los hogares ni de la industria: estas fuentes necesariamente deben ser complementadas con centrales térmicas, hidroeléctricas o nucleares.

El otro aspecto es uno que se ha señalado con insistencia en AgendAR: con mínimas excepciones, el único insumo argentino a esta industria es … el viento. Salvo algunas góndolas que se fabrican acá, casi todo el equipamiento, toda la tecnología es importada.

«Cierran 60 pymes por día»: piden la renuncia de Dante Sica

En un comunicado la Asociación de Empresarios Nacionales- ENAC – pidió la renuncia del ministro de Producción Dante Sica, denunciando que cada día cierran 60 pymes en Argentina.

Afirma en ese texto: “En las últimas horas la AFIP respaldó lo que la Asociación de Empresarios Nacionales venía afirmando desde el 6 de diciembre del 2018, que los cierres de más de 25 pymes por día se iban a ir incrementando producto de la pésima gestión del presidente Mauricio Macri y que el Congreso de la Nación debía declarar la Emergencia PYME inmediatamente”.

“El 8 de marzo ingresó a la Cámara alta un proyecto de ley de emergencia pyme respaldado por ENAC que hasta el momento duerme la siesta mientras afuera del palacio se funden más de dos pymes por hora”, cuestionaron.

“Cada día que trabaja Dante Sica, cierran 60 pymes en la Argentina. Es decir que durante el primer cuatrimestre del 2019 si consideramos los días trabajados por este Ministro ‘amigo de las corporaciones’, llevó a la quiebra a 60 empresarios y empresarias diariamente, es decir un total 5.170 pymes”, enfatizaron.

En este marco, solicitaron a Macri que “despida inmediatamente al ministro Sica” y a los senadores nacionales que aprueben en forma urgente la emergencia para las pymes: “Este es el único camino legal posible para que la AFIP suspenda los embargos a las pequeñas y medianas empresas en crisis”,

Los capítulos del proyecto de acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha subido a su página el texto, dividido en capítulos, del proyecto de acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se puede acceder a esa página cliqueando aquí. En AgendAR consideramos que, aunque el acuerdo no está vigente y faltan bastante tiempo e instancias para su aprobación, es importante saber qué es lo que ha planteado, y qué aceptó, en principio, nuestro gobierno.

Desde el ministerio se deja constancia que estos textos se publican sólo con fines informativos y pueden sufrir modificaciones adicionales como resultado del proceso de revisión legal de los mismos, sin perjuicio de no alterar los compromisos en las concesiones alcanzados en el acuerdo anunciado entre el MERCOSUR y la UE.

Los textos solo serán definitivos una vez firmado el Acuerdo, que debe ser aprobado por los 28 gobiernos de la Unión y los cuatro del Mercosur. El acuerdo será obligatorio para las Partes en virtud del derecho internacional solo después de que cada una de ellas complete los procedimientos legales internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional).

La «revolución de los aviones», el gobierno y los gremios

Esta semana se firmó entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile el “Acuerdo de Doble Vigilancia”. Este es el primer paso para poder implementar en un futuro el interchange. Esto servirá para que entre los dos entes se establezcan los pasos a seguir y los procedimientos para la habilitación de las aeronaves.

El INTERCHANGE habilita a que un operador como LATAM o JETSMART o NORWEGIAN, vuele aviones dentro del país o con tripulación argentina, pero no con la matrícula nacional.

La decisión la tomó Tomás Insausti, número uno de ANAC. Pero detrás está la decisión del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich de hacer lugar el pedido de la aerolínea que planteó la posibilidad de cerrar la ruta a Miami si no se autorizaba este uso en pool de sus aviones para sus flotas de América Latina.

El Interchange es algo que está pidiendo LATAM para reemplazar sus Boeing 767 “argentinos” que no podrán entrar a USA desde el 1º de enero, por un pool de nueve 767 que usan las filiales de Chile, Perú, Brasil y Colombia, pero que tienen matrícula chilena.

Estos aviones, si se aprueba el interchange, serán volados por las tripulaciones argentinas y tendrán la misma cantidad de personal nacional que ahora. Los impuestos que se pagan siguen siendo argentinos, lo único que cambia es la matrícula del avión.

El frente gremial mantuvo una reunión con las autoridades de transporte. Y tras la reunión sacaron un comunicado crítico: «Si bien este encuentro permitió establecer un diálogo cordial con las autoridades del Ministerio de Transporte por primera vez en más de un año y medio, a lo largo de la reunión han quedado claras las diferencias irreconciliables que nos separan con quienes llevan adelante la política aerocomercial en nuestro país. Mientras Dietrich se focaliza en las distintas formas de bajar el costo laboral para ser competitivos, desde los Sindicatos Aeronáuticos Unidos vamos a seguir defendiendo el trabajo argentino y nuestras condiciones laborales que se ven afectadas por el fracaso de la Revolución de los Aviones».

Según la UCA, la pobreza alcanza a 35% de los argentinos. Y la indigencia, al 7%

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El índice de pobreza que elabora la Universidad Católica Argentina -UCA- ha sido mal recibido por este gobierno y también por los anteriores. Es un espejo (borroso) en el que no les gusta mirarse. Por eso Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se cubre “En base a los datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, estimamos que en el primer trimestre de este año la pobreza alcanzó no menos del 35% y la indigencia poco más del 7%”.

Así, sobre la base de una población urbana de 40,5 millones, hay 14.175.000 de pobres, de los cuales casi 3 millones son indigentes. Esas cifras marcan un incremento de al menos 3 puntos – 1.200.000 personas – con relación a la medición de pobreza que, según el iNDEC, fue del 32% en el segundo semestre de 2018.

Respecto del 27,3% del primer semestre de 2018, el aumento de la pobreza sería no menor a 7,7 puntos, equivalente a 3 millones de nuevos pobres.

Salvia dice que el primer trimestre de este año habría sido el momento más difícil y complicado porque los ingresos no tuvieron un ajuste nominal en relación a valores de 2018, la suba de los precios de las canastas básicas fueron superiores a la propia inflación, continuó la fuerte recesión y aumentaron tanto las changas como las ocupaciones informales, el subempleo y empleo no registrado.

Estos datos de pobreza e indigencia son los más elevados de la década. Los picos anteriores fueron en 2001/2002, y 2008/2009 con el impacto de la crisis internacional. Cuando se analiza por regiones, Salvia explica que el conurbano bonaerense –una zona de alta concentración de población, que depende de la industria, servicios y comercio — es la de mayor impacto. Es también donde aumentó el trabajo infantil, a la vez que creció la asistencia pública en los comedores públicos, en un contexto donde la obra pública ayudó a mitigar en forma muy parcial la carencia de empleo e ingresos.

Según el INDEC, en el conurbano bonaerense la pobreza en el segundo semestre de 2008 fue del 35,9%, sumando 4.356.189 pobres. Y la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 12,3%, por encima del 10,1% del promedio nacional, con fuerte predominio juvenil: entre los varones jóvenes del 21,4% y mujeres jóvenes del 27,4%.

En base a los estudios del Observatorio de la UCA Salvia agregó: la incidencia de la pobreza por ingresos resulta más elevada entre los hogares que presentan privación en alimentación y salud, vivienda y trabajo.

A partir de 2016 tendió a incrementarse la correlación entre pobreza por ingresos y la dimensión empleo y seguridad social. Esto implicaría que si bien las condiciones desfavorables llevaron al incremento de la pobreza tanto para los que presentan déficit en esas dimensiones como para los que no, el impacto fue mucho más fuerte para los primeros que para los últimos. También el incremento de la pobreza afectó en mayor medida a los que presentan déficit en vivienda. La correlación también se incrementa entre pobreza y servicios, probablemente porque las mejoras hayan sido mayores para hogares que no se encontraron en situación de pobreza por ingresos.

El incremento de la pobreza estructural desde 2016 fue notoria particularmente en el Conurbano Bonaerense. En 2018 la pobreza estructural afectaba al 23% de los hogares y a 1 de cada 4 personas de esta región.

«Necesitamos poder despedir sin causa en industrias y comercios»

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Como ya fue señalado por muchas personas -incluso por empresarios- un empleador puede despedir sin causa, desde siempre. Sólo, está obligado a pagar una indemnización de acuerdo a la antigüedad de ese trabajador en su puesto.

Lo que el Sr. Crivelli, y otros, pretenden es despedir sin pagar nada. En eso se muestra como típico de una patronal parasitaria, que no aporta innovación y no acepta riesgos. Que no tiene problema en convivir con la corrupción, pero está dispuesto a «arrepentirse» si un juez o un fiscal le insinúan que así se libra de las consecuencias.

La economía capitalista no es una actividad «sin fines de lucro». Es inevitable que el empresario quiera aumentar sus ganancias; si no, no es empresario. Pero aquí se muestra ceguera con el interés propio. Un empresario que exporta al mercado global, puede despreocuparse de sus trabajadores: no son sus clientes, o lo son en una parte ínfima. Pero la construcción necesita de un mercado interno próspero. La Argentina no será una gran Punta del Este, donde vendrán extranjeros a comprar sus departamentos para las vacaciones.

APCNEAN DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA LA DESTRUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AGUA PESADA

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AgendAR ha informado sobre este tema a lo largo de un año. Ahora, los científicos y técnicos de la actividad nuclear en Argentina -porque su tarea, su vocación, está en juego- sienten que se ha llegado a un límite.

«La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Actividad Nuclear (APCNEAN) y ATE CNEA ya se han pronunciado en varias oportunidades sobre este tema pero no pueden callar una vez más frente a la destrucción que se está llevando a cabo en este mismo momento.

La Planta Industrial de Agua Pesada (la PIAP) de Arroyito, Neuquén, una de las inversiones más grandes en la historia de la tecnología de nuestro país, del orden de los mil millones de dólares de los fines de los 80 y principios de los 90, es la planta de producción de agua pesada más grande del mundo, con posibilidades de exportación concretadas en el pasado y hoy insuficientemente exploradas.

Durante el tiempo que este gobierno sostuvo la misma política que el anterior en relación a la construcción de la cuarta central CANDU (que utiliza la tecnología de agua pesada y uranio natural para la cual tenemos todo lo necesario en nuestro país después de décadas de grandes inversiones públicas y privadas) se invirtieron unos 800 millones de pesos para poner la PIAP en condiciones para la producción requerida por esa central, como elemento esencial y constitutivo. ¿Quién se hace cargo de estas acciones irresponsables y de este despilfarro? ¿El Sr. Subsecretario de Energía Nuclear, que se ufana tanto de sus ahorros y de sus eficiencias, se hará cargo?

La pérdida de la PIAP nos cerrará para siempre el camino para continuar con la exitosa línea tecnológica que la Argentina tan dedicada y cuidadosamente construyó. No dudamos en calificar esta acción como de lesa patria.

El agua pesada también, y en primer lugar, es necesaria para reponer la que se consume en nuestras tres centrales. El stock actualmente disponible está muy lejos de cubrir las necesidades del país para toda la vida útil de las mismas (según nuestros datos hay para no más de dos o tres años!), con lo cual nos veremos en la situación de tener que importar, gastando divisas que no tenemos y pagar el precio que se le ocurra a los muy pocos proveedores que quedan. Además es necesaria para proveer a los reactores de investigación y producción de radioisótopos que el país exporta. Y esto sin mencionar la gran variedad de usos médicos e industriales menores pero muy relevantes.

Como elemento adicional vale la pena mencionar que el deuterio (el hidrógeno pesado que es el elemento determinante del agua pesada) que la PIAP extrae del agua natural podría convertirse en uno de los combustibles más importantes para el futuro de la humanidad. Este elemento es el que se “quemará” en los reactores de fusión termonuclear del futuro. Este es el segundo método para obtener energía nuclear, después de la fisión del uranio, solo que prácticamente no genera residuos radiactivos y es inagotable.

Hoy en día se está llevando a cabo el experimento más grande de la historia de la fusión termonuclear controlada a través de una cooperación internacional llamada ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). La Argentina podría participar aportando deuterio y tecnología (algo que ya está intentando a través de empresas del sector nuclear).

Hace algunas semanas representantes de APCNEAN y ATE mantuvimos una de tantas reuniones con el subsecretario de energía nuclear. Ante nuestra denuncia y reclamo nos aseguró que el gobierno preservaría la PIAP. La realidad, triste y dramáticamente, lo está desmintiendo. Una más de tantas promesas incumplidas.

De una planta de más de 400 trabajadores solo quedan hoy en día bastante menos de 300 y sigue diezmándose la plantilla de personal con un programa de retiro concertado. A través de este perverso mecanismo, utilizado en el pasado por todos los gobiernos neoliberales, se está desvinculando a los trabajadores más calificados sin los cuales no es posible preservar la PIAP en condiciones mínimamente aceptables. Esto habla, de una manera indubitable, de las verdaderas intenciones del gobierno.

Como ya ha ocurrido en otras aciagas circunstancias de nuestra vida como país se destruye capital intelectual malgastando recursos que debe pagar todo el pueblo argentino. Este estrago incalificable solo puede ser comprendido en el marco de elementos espúreos de presión sobre nuestro país consentido por las actuales autoridades. La decisión de terminar con esta línea tecnológica fue tomada inmediatamente después de firmar el acuerdo con el FMI. La conclusión es inevitable: en esta oportunidad se está consumando algo que fue intentado muchas veces en el pasado. Cerrarle a nuestro país la posibilidad de ser autosuficiente en materia de energía nuclear. Parecería que sólo las grandes potencias y algunos de sus fieles aliados tienen el derecho a esto.

La recomposición de los planteles de trabajadores altamente calificados será una tarea muy difícil y ardua. Y la reconstrucción de la PIAP una tarea costosa. Pero seguramente habrá gente talentosa y patriota dispuesta a participar de esta tarea.

La APCNEAN y ATE CNEA están empeñadas en lograr que este despropósito se revierta en el menor plazo posible por parte de un nuevo gobierno que retome la senda del desarrollo nuclear autónomo».

Secretariado Nacional APCNEAN

ATE CNEA Buenos Aires

La otra «pulseada» de Trump: con India

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Hace un mes, AgendAR informaba Se extiende la «guerra comercial». India impone aranceles a productos de EE.UU. El asunto no se quedó ahí, por supuesto. Compartimos este informado artículo de Héctor Rubini, del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. Conocer las reglas de juego en estas «pulseadas» puede ser útil a un futuro gobierno argentino que se decida a proteger su industria, como Donald Trump lo hace con la suya (pero no le entusiasma que lo hagan otros).

«Una vez más, el presidente Donald Trump utilizó Twitter para anunciar el próximo capítulo de las prácticas proteccionistas de su administración. Este martes 9 “avisó” que los nuevos aranceles del Gobierno de India sobre 28 productos importados desde EE.UU. no son “aceptables”.

Si bien significa apenas un aumento en los ingresos aduaneros indios de poco más de U$S 215 millones, es una represalia frente a la eliminación de preferencias arancelarias para exportaciones de India a EE.UU. por U$S 6.300 millones desde el pasado 5 de junio. Previamente, en el mes de marzo la administración Trump aplicó aranceles de 25% al acero de origen indio y 10% a las importaciones de aluminio de la India. Pero el Gobierno de Narendra Modi había decidido en febrero aplicar un arancel de 50% a la importación de motocicletas estadounidenses.

El Gobierno de EE.UU. se apresta ahora a iniciar una ronda de negociaciones bilaterales por varios motivos: a) como bien lo señalan los funcionarios de Trump, es cierto que India tiene un largo recorrido y experiencia con la aplicación de altos aranceles y en su opinión deberían bajarlos si no quieren que Washington opte por nuevas medidas proteccionistas, b) el comercio bilateral de bienes y servicios arrojó en 2018 un déficit de U$S 24.200 millones para Estados Unidos, explicado en su mayor parte por el déficit en el comercio bilateral de bienes que en 2018 fue de U$S 21.300 millones, c) la decisión de India ha sido leída como una burla por la Casa Blanca, ya que a fines de esta semana está llegando a Nueva Delhi una misión del Gobierno de EE.UU. para discutir los aranceles aplicados por ambos gobiernos y la eliminación de las citadas preferencias arancelarias para la India.

Las perspectivas sobre esta ronda negociadora son en extremo inciertas. El “America First” del presidente Trump es no negociable frente a ningún país. Pero India no es cualquier mercado, y no es de dejarse llevar por delante.

De hecho, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), ambos países están embarcados en varias disputas. India ha iniciado 11 casos contra los Estados Unidos, y el gobierno estadounidense 8 contra la India. El pasado 27 de junio un panel de la OMC emitió una resolución a favor de un reclamo de la India contra exigencias de contenido nacional y subsidios para la industria de energía solar de 8 gobiernos estaduales de EE.UU.: California, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana y Washington. Según la OMC dichas exigencias eran discriminatorias y violatorias de las normas del GATT. Si bien las medidas en cuestión son transitorias y en poco tiempo quedarán sin efecto, es un antecedente del clima poco amigable que se percibe entre ambos gobiernos, si bien los presidentes Modi y Trump se reunieron durante el reciente encuentro del G-20 en Osaka.

La disputa sobre los aranceles de este año no va a ser fácil de resolver, si bien podría esperarse cierta tregua como la ensayada por Trump con China en las últimas dos reuniones del G-20, en Japón y en Argentina. Según Washington, los aranceles que viene aplicando la India desde junio del año pasado son discriminatorios, por tanto inconsistentes con el GATT, y otorgan a las importaciones de origen estadounidense un tratamiento menos favorable que a las de otros países en el sistema indio de concesiones arancelarias. El argumento del gobierno de la India es que son aranceles aplicados en el marco del Acuerdo de Salvaguardas de la OMC, pero los funcionarios de Washington sostienen que han sido decisiones en el marco de la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, y no salvaguardas.

Si las negociaciones fracasan, es probable que en pocas semanas el Gobierno de EE.UU. solicite a la OMC constituir un panel para que se expida en la cuestión. Algo que no marcará el fin de la escalada de medidas proteccionistas, represalias y contrarrepresalias bilaterales que recién parece estar en sus inicios. Por otra parte, el futuro de una nueva disputa en el marco de la OMC, como el de los paneles ya iniciados, está ingresando en un terreno incierto sobre el cual hasta ahora el G-20 no ha definido nada. El Órgano de Apelaciones para resolver diferencias debería estar integrado por siete miembros, pero al cese del mandato de varios de ellos en los últimos años no se han designado reemplazantes. Actualmente tiene tres miembros. En el caso de dos de ellos, Ujal Singh Bhatia, de la India, y Thomas Graham, de EE.UU., su mandato también vence en diciembre de 2019 mientras que el del tercero, el chino Hong Zhao, termina en noviembre de 2020.

El problema práctico que se avecina no es trivial: si no se nombran nuevos miembros, con una sola persona a cargo dicho órgano no puede funcionar. Escenario más que favorable para que Washington generalice la aplicación de restricciones comerciales a varios otros países aparte de China, India, la Unión Europea y otros. Esto puede permitirle a Trump lograr la reelección, pero a costa de una reducción futura del volumen del comercio y del crecimiento económico mundial.

Un riesgo que no debe minimizarse, y que seguirá provocando réplicas en otros gobiernos que tarde o temprano van a poner en riesgo no sólo la utilidad práctica de los órganos de la OMC para resolver disputas comerciales, sino la estabilidad macroeconómica de la mayoría de los países del mundo, especialmente la de los menos desarrollados. En ese sentido, habrá que prestar atención al conflicto entre EE.UU. y la India. Probablemente sea este, y no la guerra comercial con China, el que defina los futuros pasos del proteccionismo agresivo de Trump y de las inevitables réplicas del resto del mundo».

Moody´s no cree en los «veranitos»

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Hay una contradicción aparente. El precio del dólar se está manteniendo estable, con cierta tendencia a la baja, por dos meses. Los capitales especulativos -el «carry trade»- están entrando ahora mismo a Argentina en un nivel -se ha estimado- de 2.000 millones de dólares. (Lo segundo es una de las causas de lo primero). Y una de las calificadoras de riesgo más conocidas -Moody´s- cambia la calificación crediticia de Argentina de «estable» a «negativa«. Igual, los bonos del Estado argentino siguen siendo B2.

Los motivos para esta decisión de Moody´s son, según informa, «la mayor incertidumbre respecto de la implementación continua de políticas que, al abordar los desequilibrios fundamentales de Argentina, restablecen el acceso confiable a los mercados internacionales de capital y contienen el riesgo de mayores daños en los choques cambiarios«.

Dujovne, Sandleris, … Macri, tienen ahora una preocupación más. Que estas dudas de Moody´s no contagien a esos capitales especulativos que han estado llegando y que precipiten esos «choques cambiarios» que prevé la calificadora. Por supuesto, la preocupación termina siendo no sólo de ellos, sino de todos nosotros, los argentinos.

Reklus: el fabricante de autos clásicos que cambió la vida de Todd, un pueblo bonaerense

Manejan herramientas, toman mediciones, colocan piezas, pulen carrocerías y ensayan resultados. Son diez artesanos alrededor de un BMW 507 Roadster, en pleno proceso de construcción. Ninguno de ellos supera los 25 años y trabajan sobre la réplica de un auto cuyo diseño original se remonta a 1956, incluso antes de que nacieran sus propios padres.

Estamos en Todd, un pueblito de 750 habitantes, a 170 kilómetros del Obelisco. Ahí se instaló hace cuatro años Reklus, el fabricante de autos artesanales que decidió alejarse de la gran ciudad, para crecer en tamaño y cambiarle la vida a esta pequeña localidad del partido de Arrecifes.

En Arrecifes -la famosa “Cuna de Campeones” que vio surgir a los Froilán González, Di Palma y Canapino– hay muchos equipos y talleres de autos de competición, pero Reklus participa en una carrera muy diferente: ganar el mercado internacional de recreaciones de autos clásicos.

Se trata de una especialidad con muchos nombres consagrados en la Argentina, donde se destaca Pur Sang: la firma de Leónidas Anadón, que exporta desde Paraná (Entre Ríos) a todo el mundo diversas réplicas artesanales de Bugatti y Alfa Romeo, con valores promedio de 250 mil dólares la unidad.

Reklus fue fundada en 2005 con el mismo objetivo. Su creador, Gustavo “Pini” Mancardo, se radicó originalmente en un taller de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, pero en 2015 decidió instalarse en Todd para poder expandirse. “Y, de paso, alejarme de la locura de la ciudad”, contó Mancardo.

El equipo de Mancardo está compuesto por diez jóvenes artesanos nacidos en los alrededores de Todd, aunque tampoco falta el entrañable inmigrante venezolano, de alegre tonada caribeña. También le da trabajo a tapiceros, carpinteros y otros oficios de la zona. Las carrocerías se fabrican en aluminio y se instalan sobre chasis tubulares.

La especialidad de Reklus son las recreaciones de autos sport europeos de los años ’50 y 60, como BMW 507 Roadster, Maserati 300S y Alfa Romeo ATL. Se trabaja a un ritmo de ocho autos al año. Cada encargo –vendido por adelantado- demanda hasta 3.000 horas/hombre.

En Todd se fabrica el chasis, la carrocería y los interiores. Se instala la mecánica y la transmisión. Cuando el vehículo está completo, se lo prueba en el Autódromo de Arrecifes y parte rumbo al país de su dueño, que puede estar en Europa, Estados Unidos o Asia.

Pini Mancardo cuenta que muy pocos autos de Reklus quedan en el país. Son vehículos que se usan para manejar en circuitos y es difícil patentarlos. “La nueva Ley de Autos Artesanales no sirve en nuestro caso, porque está pensada para autos fabricadas en pequeñas series. En el caso de Reklus, cada auto que fabricamos es único y con especificaciones a pedido del cliente”, explicó Mancardo.

Por eso, su principal destino es la exportación. La fuente de trabajo automotriz que nunca había imaginado el pueblo de Todd.

César Lerena denuncia «Un instituto oficial colabora con los ingleses en Malvinas»

El Dr. César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado, experto en Atlántico Sur y Pesca, y actualmente asesor en el Senado de la Nación, ha publicado otras veces en AgendAR -por ejemplo, aquí y aquí– sobre temas de su especialidad. Ahora nos ha hecho llegar una grave denuncia, que debe ser esclarecida.

«Me he ocupado durante décadas de defender la tarea de la investigación pesquera y, con ello, a los científicos y técnicos del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; ahora, una cosa es hacer investigación independiente y otra, tener un Instituto intervenido que responde a las consignas insustentables del Ejecutivo y colaborar con el invasor británico en Malvinas.

Seré preciso para evitar malos entendidos: colaborar con el invasor, es acordar con éste la investigación conjunta de los recursos pesqueros argentinos en el Atlántico Sur, fuera y dentro de la arbitraria y prepotente Zona de Exclusión Británica, aportándole al Reino Unido el buque de investigación argentino Victor Angelescu y los científicos del INIDEP, formados y perfeccionados por el Estado Nacional, acercándole a estos ocupas, toda la información pesquera necesaria para que los ingleses sigan sosteniéndose en Malvinas, ratificando, lo que el Director británico de Recursos Pesqueros John Barton manifestaba el 14 de marzo de 2012: «Sin las Licencias de Pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas» y, ello es así, porque el 75% de los recursos económicos de las Islas provienen de la pesca.

Nada más evidente que los hechos: ni durante, ni una vez concluida esta «investigación conjunta» los buques pesqueros argentinos podrán ingresar a la zona de exclusión impuesta por los ingleses y, por el contrario, lo harán los cientos de buques extranjeros que pescan con licencia ilegal británica.

El INIDEP no puede prestar información a los administradores ilegales de Malvinas y a través de éstos a los buques extranjeros que depredan nuestros recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva o fuera de ella, sobre las especies migratorias o asociadas, extrayendo más de un millón de toneladas anuales que provocan un desequilibrio biológico en el Atlántico Sur y  compiten con productos de origen argentino en los mercados internacionales con las empresas radicadas en el continente argentino.

Y, aún más, no puede prestarse información al enemigo porque lo prohíbe la Constitución Nacional, la Ley de Defensa Nacional y, desde lo específico, la ley 24.922. Puede resultar un poco duro utilizar la palabra enemigo para referirse al invasor británico, pero, parece la más adecuada para definir a «alguien que resulta contrario o antagónico a uno mismo o a lo propio» y porque «la enemistad surge por un desacuerdo extremo e intolerante entre ambos países» que ya lleva 186 años y, que en la confrontación de 1982 por recuperar el territorio nacional murieron 629 argentinos y quedaron más de mil heridos.

Y, aunque la voluntad general sea caminar hacia una amistad entre los pueblos, las condiciones para hacerlo deben ser de equilibrio entre las partes y no la cesión total e incondicional por parte de Argentina, mientras Gran Bretaña se niega sistemáticamente a negociar la soberanía de Malvinas, a pesar de que las Naciones Unidas y toda la comunidad internacional se lo reclame.

El Art. 119º de la Constitución Nacional precisa: «La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro…».

Por otra parte, la Ley de Defensa Nacional establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional, y tiene la finalidad de «garantizar de modo permanente, la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación…» y esa defensa abarca, no solo los espacios continentales, sino las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos, así como el Sector Antártico Argentino y, ello constituye un derecho y un deber para todos los argentinos (Ley 23.554 art. 2º, 5º y 6º y Ley 15.385).

Finalmente, la Ley 24.922 solo habilita al INIDEP a cooperar con organismos nacionales y provinciales (Art. 11º) y, por lo tanto, no está autorizada a hacerlo a terceros países y mucho menos suministrarle información que, en todos los casos, debe ser evaluada previamente por el gobierno nacional (Art. 13º).

Al mismo tiempo el Reino Unido está impidiendo al INIDEP establecer el Rendimiento Máximo Sostenible Anual (Art. 12º) de todo el Atlántico Sur, porque no tiene acceso directo y cierto de las capturas extranjeras y no puede relevar todo el territorio marítimo nacional y, por lo tanto, los invasores británicos incumplen con los art. 17º a 27º de la citada ley, depredando el recurso y provocando «excesos en la explotación y efectos dañosos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico».

Y en lugar de proteger los derechos preferentes de la Nación en la condición de Estado Ribereño (Art. 22º) el INIDEP realiza tareas conjuntas con el Reino Unido para conocer los recursos naturales argentinos del área de influencia de Malvinas, colocando en un plano de igualdad a Gran Bretaña, como si se tratara de otro Estado Ribereño, sin una disputa territorial, quebrantando todas las Res. de las N.U. relativas a la explotación de los recursos naturales de los países ocupados.

El Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO precisa: «Los Estados deberían adoptar las medidas de conservación, ordenación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Éstas, deberían basarse en los datos científicos y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos, promoviendo una utilización óptima y su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras». Ello no es posible, mientras los ocupantes británicos exploten ilegalmente los recursos, a través de licencias pesqueras, consolidando esta actividad construyendo puertos con la colaboración de empresas españolas, otorgando licencias y, constituyendo, incluso, sociedades con empresas pesqueras de esta nacionalidad.

En este estado, la Argentina no puede prestar cooperación alguna, porque no solo está poniendo en juego los derechos territoriales y las toneladas que capturan ilegalmente los buques extranjeros habitados por Gran Bretaña, sino que a la luz del reciente Acuerdo de la Unión Europea-MERCOUR estaría aceptando que esas capturas sean tratados como originarias de los Buques de Bandera (los que no son de los Estados Ribereños), según las Reglas de Origen Sección A del citado Acuerdo.

En el momento, que, con motivo del Brexit, Gran Bretaña y con ello Malvinas, como territorio de Ultramar de la U.E., perderán los beneficios arancelarios de pertenecer a la Unión Europea y el MERCOSUR firma un Acuerdo al respecto, el gobierno argentino, colabora con invasores de Malvinas a mantener su economía y comercio.

Desde la creación del INIDEP pocos directores reunieron los requisitos de la ley. Muchos fueron delegados del Subsecretario, en otros casos éste asumió la función y, en ocasiones, se intervino. La presente es una de ellas; pero, los investigadores del INIDEP siempre estuvieron indicándole a los Subsecretarios de turno los límites de la sobreexplotación. Así ocurrió con los Acuerdos Marco con la URSS-Bulgaria, con el de la Unión Europea, con el charteo de calamar o con el festival de permisos de merluza de entonces o del langostino de hoy. Nunca ocurrió que se pusiese el INIDEP al servicio extranjero y mucho menos de quienes ocupan en forma prepotente 1,6 millones de km2 de nuestro territorio marítimo e insular y otorgan licencias pesqueras por 25 años.

Raramente, el Interventor, que pone el INIDEP al servicio de los británicos, es un Almirante retirado de la Armada, que parece conocer muy poco de soberanía nacional y mucho menos de pesca, a juzgar por el rol que cumple a pie juntillas. Su intervención en el Senado de la Nación, el pasado 18 de junio de 2019 es una prueba de ello:

Marcelo Lobbosco, de él se trata, subrayó en esa reunión que el INIDEP «abarca la totalidad de la problemática del Mar Argentino, por ende, tratamos cuestiones que son también comunes a otros países», dejando poco claro a qué otros países se refería, porque, en el Mar Argentino, hay una sola Zona Común, que es la acordada por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973 con la República Oriental del Uruguay, no habiendo cuestiones comunes en el Canal del Beagle ni en el llamado “Mar de la Zona Austral”, derivadas del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile, firmado en 1984. No creemos que Lobbosco, incluya dentro de esos países al Reino Unido, aunque es verdaderamente temerario en su informe cuando dice: «hicimos prospecciones -o tenemos previsto hacerlas- dentro de la Zona Económica Exclusiva o, mejor, autotitulada “exclusiva” por los ingleses» al referirse al Mar Argentino que rodea a las Malvinas.

No es, ni una “Zona Económica Inglesa” ni una “Zona Exclusiva Inglesa”. Este Interventor le da legitimidad a la Proclama Nº 4 de 1986 del Gobernador Inglés ilegítimo en Malvinas, que estableció una Zona de Exclusión Pesquera denominada «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías (FICZ)», un arbitraria área de exclusión que, luego se ampliaría, a los límites establecidos por la CONVEMAR y, en la que -como hemos dicho- está prohibida al ingreso de los buques pesqueros argentinos, pero, que el responsable del INIDEP insiste en prestarle servicios a los ingleses, a través de este «Acuerdo de Conservación Conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur» firmado el 28 de noviembre de 1990, destinado a evaluar la situación de los recursos pesqueros desde la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur (Latitud 60ºS), es decir, no solo en la FICZ, sino frente a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida, consolidando la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur y Océano Austral.

Llama la atención que, teniendo a su cargo la totalidad de la problemática marítima no haya sido convocado el INIDEP a la hora de licitar las áreas de exploración de hidrocarburos offshore, para el impacto sísmico y físico sobre las áreas sensibles de los recursos, a pesar de que «es necesario una prospección antes, durante y después» y, como bien refieren los investigadores del INIDEP si bien «existe innumerable bibliografía, no es aplicable directamente a nuestros recursos». Aunque el Sr. Lobbosco, entienda, vaya a saber con que conocimiento académico, que estas acciones «afectan de forma diferente según la especie” (sic) (¿?).

También que la Intervención no haya elaborado un informe relativo al daño ecológico que producen las capturas ilegales en el mar argentino por parte de buques extranjeros y, sugerido al Poder Ejecutivo Nacional, las medidas técnicas necesarias para erradicar estas extracciones ilegales de buques españoles, chinos, coreanos etc. con o sin licencia británica. Tal es el desorden, que, en el caso de los cuatro stocks de calamar, del mar argentino, el más importante el del Sur, que los investigadores del INIDEP sostienen que «es el que se comparte con Malvinas (con los británicos en la ZEE Argentina) y, para manejarlo, se necesitan saber todas las capturas. No puede haber un manejo exitoso si desconocemos cuánto se pesca; mucho más cuando afuera se está pescando más que adentro. Si acá hay 70 barcos, afuera hay 300, entonces, todo está muy desbalanceado».
Por otra parte, cuando varios asesores, en esa misma reunión, le preguntaron al Interventor, cuál proyecto de renovación de la flota le parecía más adecuado, en atención a que alguno preveía otorgar cuotas de pesca como incentivo, respondió, que «esos temas, al igual que la sobreexplotación de los recursos no le atañen al INIDEP sino a la subsecretaría», desconociendo, que el Rendimiento Máximo Sostenible de las Capturas le corresponde al Instituto a su cargo, al igual que la determinación anual de especies excedentarias y otras cuestiones relativas a la disposición de los recursos; por cierto, opiniones que fueron contradichas por la Directora Nacional de Investigaciones del INIDEP, que al respecto dijo: «Nosotros elevamos todas las recomendaciones a la autoridad de aplicación y, esta es la que concede las cuotas a la flota, es decir que esta está limitada por la cifra que el INIDEP recomienda. Nosotros somos los responsables de decir: se puede pescar esto».

Al tiempo que dejaba claro el propio Lobbosco, que menos del 20% de los buques pesqueros llevan observadores y aceptaba en silencio que «estamos frente a una reducción de personal; un día de barco sale diez mil dólares, con lo cual, imagínense (los asesores de los Senadores) que a veces no se cuenta con los recursos como para hacer las campañas de todos los recursos y de todos los datos que se necesitarían».

Pero lo alucinante estaba por llegar, el Asesor del Senado disparó la pregunta clave (a modo de anzuelo) sobre el calamar Illex argentinus, el que da sustento a los británicos en Malvinas:
 
“…(transcripción oficial del Senado)
 
-ASESOR: ¿Para el manejo adecuado del calamar estiman necesario un 40% de escape de las capturas para asegurar que la próxima generación de también se exitosa, no es así?
-INVESTIGADOR: SI.
-ASESOR: Pero hablaste también de 300 buques que están pescando afuera, de otra nacionalidad, ¿ese 40% por ciento se escapa también?
-INVESTIGADOR: NO, el 40% de nosotros. Nosotros indicamos: «corresponde cerrar la pesquería porque detectamos que ya estamos en el 40 por ciento de escape. ¿Quién cierra la pesquería? La Argentina»
-LOBBOSCO: Claro.
-INVESTIGADOR: Afuera los 300 siguen pescando. Esta es una pesquería totalmente desregulada. Nada de lo que podamos hacer nosotros acá… Y para el recurso es totalmente negativo, por supuesto.
-LOBBOSCO: Siguen pescando…                                                 …”
 
Un aire de asombro y desolación envolvió a los presentes.             
 
En esta situación, el Sr. Interventor del INIDEP Almirante Marcelo Lobbosco sigue colaborando para que los británicos puedan asegurarse la llegada del Calamar a Malvinas y el sostenimiento de los usurpadores ingleses».

Dr. César Augusto Lerena

Hacienda ya vendió u$s 3.420 millones, un tercio de los dólares autorizados por el FMI

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Algo que conviene aclarar: como es el Banco Central el que concreta la operación (aunque los dólares son del Tesoro), cierta confusión surgió desde que el 29 de abril el FMI autorizó a la autoridad monetaria a intervenir en el mercado de cambios, aún cuando el dólar estuviera por debajo del techo de la desdibujada zona de no intervención.

Desde esa fecha y hasta ahora la autoridad monetaria no vendió ni compró en el mercado de contado, algo que notaron en la plaza pero que además fue confirmado por fuentes del Banco Central. Lo hizo en el de futuros, con los márgenes previstos en el acuerdo con el Fondo. El acuerdo vigente permite al BCRA tener una posición vendida de u$s 1600 millones en julio, de u$s 1300 millones en agosto y de u$s 1000 millones en septiembre. De hecho, uno de los puntos que estuvieron pidiendo algunos funcionarios es la posibilidad de mayor intervención, para tener más respaldo ante una posible corrida cambiaria, con la mayor presión en el dólar a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. Esto último ya fue comentado en AgendAR.

Recordemos que el 15 de abril el dólar estaba a unos $ 42,60 y, una semana más tarde, llegó a los $ 47. Fue en ese momento en el que FMI accedió a modificar la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios, un giro inesperado un tiempo antes.

En abril se volcaron unos u$s 600 millones; en mayo, u$s 1320 millones; en junio, u$s 1080 millones y, en lo que va de julio, u$s 420 millones. Y se continuará por esta vía hasta llegar en unos meses a los u$s 9600 millones.

La demanda de energía eléctrica y gas sigue cayendo

La utilización de servicios públicos -energía eléctrica, gas y agua, en particular- tuvo su peor caída anual y lleva 12 meses en rojo. A pesar de números positivos en algunas actividades, la economía todavía está en recesión.

El Indicador Sintético de Servicios Públicos que difundió ayer el INDEC indicó una caída de 5,8% en abril último en la medición interanual, la contracción más alta del año. Así, acumula doce meses de caída continua. También tuvo una baja del 0,7% en abril en comparación con marzo, en la serie desestacionalizada.

De acuerdo a los datos oficiales, la demanda de energía eléctrica, gas y agua fue una de las más golpeadas, ya que registró una caída del 9,5%, síntoma de que la recesión industrial aún persiste.

La recolección de residuos tuvo una contracción de 12,3% y fue la más afectada, un indicador de la retracción del consumo. Por su parte, el transporte de pasajeros registró una caída interanual de 4,7% y una suba de 6,8% para el transporte de carga; los vehículos pasantes pagos por peajes se contrajeron 11,4%; el servicio de correo postal tuvo una caída de 7,4%; el sector de telefonía registró un descenso de 3,4%.

El uso de servicios públicos no mostró números positivos en abril tampoco en la medición mensual desestacionalizada, a diferencia de otros indicadores sectoriales. Respecto de marzo, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una caída de 0,7%; en la recolección de residuos hubo una reducción de 1,6%; el sector transporte registró una contracción de 3,9% en el transporte de pasajeros y una suba de 2,8% en el transporte de carga; los pagos por peajes consignaron una variación negativa de 0,6%; el servicio de correos tuvo una suba de 0,8%; finalmente, elservicio de telefonía registró una variación positiva de 0,1%.

«En el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe estamos administrando miseria»

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En el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe funcionan el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), uno de los dieciocho que forman parte del CCT Santa Fe. Ulises Sedran es doctor en Ingeniería Química e investigador superior del CONICET. Es director del CCT y también del INCAPE. De él reproducimos este reportaje:

Como a muchos otros institutos del CONICET, el año pasado el INCAPE solo recibió el 40% del presupuesto para gastos de funcionamiento. Hace poco hubo anuncios por parte del Gobierno para paliar la situación. ¿Tuvieron noticias sobre esa decisión?

No, el monto que recibimos el año pasado, que era un 40% de lo recibido en 2017, quedó así. Por otro lado, el CONICET había pedido en 2018 un “presupuesto de base cero”. A cada uno de sus institutos les pidió un presupuesto donde se explique cuánto necesita para poder funcionar. En nuestra zona, todos los institutos se tomaron muy en serio el trabajo y produjeron un presupuesto de base cero, por lo que para este 2019 esperábamos que nos respondieran en base a eso. Y si bien han mejorado la asignación, no es la que elaboramos. Al menos, ya se han entregado las dos cuotas correspondientes a este año, que equivale al 40% del presupuesto total. Esto marca una diferencia con respecto al año pasado pero estamos lejos de estar funcionando como debemos.

¿En qué aspectos los ha afectado más la falta de recursos?

En todas las áreas de nuestra actividad. Aparte del problema con los gastos de funcionamiento, cada grupo de investigación tiene que concursar sus subsidios, muchos de los cuales fueron interrumpidos. Por un lado, está el programa del CONICET, llamado PIP (Programa de Investigación Plurianual), que en algunos casos llevan tres años sin entregar un solo peso. Y por otro, la fuerza de financiación más grande es la de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT, de la Secretaría de Ciencia), con sus PICT. Ahí el panorama es muy variado. Por ejemplo, los de 2016 han recibido algo, a valores de ese año. Los de 2017 todavía no recibieron nada. Y los de 2018 creo que lo iban a recibir ahora. A esto se suma el problema de la reducción en becarios, investigadores y personal de administración y servicios. También la falta de presupuesto para equipamiento, ya que la mayoría son equipos importados y muchos son adquiridos con programas compartidos: la Secretaría pone una parte y exige una contraparte del CONICET. Hace unos años, el CONICET canceló todas las contrapartes, con lo cual se cayeron los contratos.

¿Les ha pasado de no poder pagar servicios básicos?

Con respecto a eso, el panorama es distinto según el lugar. Incluso, dentro de nuestro CCT, tenemos situaciones distintas. De los 18 institutos, 16 tienen una suerte de presupuesto centralizado para sus gastos de energía y agua. Pero no es el caso de todos. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Diamante, hay un instituto de nuestro CCT que tiene que arreglárselas solo. En ese caso, el CCT tuvo que salir en auxilio porque no podía pagar la luz.

¿Tienen investigadores y becarios que se hayan ido por no poder ingresar a carrera o porque el salario no les alcanza?

Quienes más sufren esta situación, en general, son los jóvenes, que naturalmente buscan nuevas perspectivas. En cuanto a investigadores que se hayan ido afuera, no me consta que tengamos. En el período 2000-2003 sí era notable la cantidad de investigadores que se iban. Pero cada vez se reducen más las posibilidades. En la nueva convocatoria, otra vez hay 450 vacantes, de las cuales solo 300 van al CONICET. Con los becarios la situación es más crítica: terminan el doctorado y ni siquiera tienen la oportunidad de entrar al sistema. Además, los salarios en general son reducidos, no pueden competir con la industria. La cuestión vocacional es muy fuerte pero de ningún modo eso justifica que tengan que pasar por la situación que están viviendo.

¿Cómo vienen llevando la falta de presupuesto para equipamiento?

La promesa de CONICET para equipamiento son 300 millones. Creo que de los anuncios que se hicieron es el único que puede llegar a significar un alivio porque permitiría la obtención de aquellos equipos que ya habían sido concursados, subsidiados y en algunos casos licitados, pero quedaron paralizados. En nuestra región tenemos un equipo muy importante, el microscopio electrónico de barrido, que está en esa instancia, por lo que esperamos y necesitamos que esa promesa se concrete.

Usted comenzó a trabajar en el CONICET en la década del ‘80, por lo que atravesó diversos períodos de crisis. Desde su experiencia, ¿cuál diría que fue la época más crítica que atravesó la institución?

Todo el recorrido fue así (dibuja con la mano curvas ascendentes y descendentes). La situación actual es gravísima. Las consecuencias que puede tener esta situación, si no se intenta cambiarla, van a ser muy difíciles de revertir. Los recursos humanos formados con esfuerzo durante años que se están perdiendo no solo destruyen la carrera del profesional, sino también al proyecto y a la institución. Pero recuerdo otras épocas muy malas. La crisis de 1989 afectó a todo el país, pero en 1987 el CONICET había estado muy mal. Había un proyecto concreto de disolución del organismo y de pasar a todos los investigadores a las universidades. Y después tuvimos la crisis de 2001. Esto se resuelve estableciendo a la ciencia como política de Estado, eso te permite prever, programar, avanzar. Pero estamos lejos de eso. Esta crisis nos encuentra, al menos, con una estructura edilicia mejor. Este edificio en el que estamos, por ejemplo, tiene apenas cuatro años.

¿En algún momento pensó en irse?

En 1987 yo ya estaba en la carrera pero era joven y me quería ir. Estaba muy preocupado por la situación. Pero no hablo de irme al extranjero: me quería ir del sistema porque tenía una familia, dos hijos y no llegaba a fin de mes. Esta es la situación de muchos hoy. La diferencia es que en las otras crisis yo era investigador y en esta caso soy directivo de un instituto y del CCT. A los colegas, la frase que les dije fue: “Estamos administrando miseria”.

De la época anterior, en la que hubo un financiamiento sostenido para ciencia, ¿qué faltaba mejorar?

Consolidarla como política de Estado. Este tipo de actividad no puede depender de la visión del Gobierno. Por eso estamos como estamos ahora.