Este año 2018 el gobierno argentino tomó una muy mala decisión en el ámbito nuclear: canceló el acuerdo con China para construir Atucha III, con tecnología probada y con la que nuestro país tiene larga experiencia, y comenzó a negociar con Beijing una nueva central, Atucha V, con tecnología completamente china y desconocida. Sobre este tema AgendAR se ha pronunciado en distintas oportunidades, por 1° vez hace casi 6 meses, aquí.
Volvemos sobre el tema porque las negociaciones siguieron avanzando, y, pese al entusiasmo de personalidades como Diego Guelar, embajador argentino en China, y otros, los términos del posible acuerdo aparecen muy perjudiciales para la capacidad tecnológica de la industria argentina. Y ya se estaría cerca de la decisión, según informa el periodista Martín Dinatale en Infobae:
«El 2 de diciembre próximo, cuando haya concluido la cumbre del G20 en Buenos Aires y los demás jefes de Estado se hayan ido, el presidente de China Xi Jinping hará una visita oficial a Mauricio Macri para abordar los temas que le interesan a su gobierno: los acuerdos por la construcción de una central nuclear, el desarrollo de inversiones en litio, el control del espacio aéreo y la continuidad de un fuerte financiamiento en swaps.
Si bien en los acuerdos que firmarán Macri y Xi hay un amplio listado de buenas intenciones y deseos mutuos, el tratado que más interesa en estos momentos a Beijing es aquel que tiene que ver con concretar cuanto antes el acuerdo para la central nuclear Atucha V en Argentina, con la firme intención de empezar a construirla en el 2022.
El tema resulta por demás sensible por un motivo irrevocable: la Argentina abandonó hace cuatro meses el proyecto de construcción de Atucha III, previsto con tecnología y aporte de Canadá y China por «problemas presupuestarios». Así, la tecnología CANDU que supo forjar la Argentina a lo largo de su historia quedó en el pasado y ahora el Gobierno optó por adoptar a futuro equipamientos completamente chinos.
A mitad de mayo pasado el canciller Jorge Faurie se reunió en Buenos Aires con su par chino Wang Yi donde se conversó el cambio de planes.
El embajador argentino en China Diego Guelar se manifestó entusiasmado sobre el proyecto de los chinos para la central nuclear Atucha V, que se iba a instalar en Neuquén pero ahora se proyecta para el complejo Lima de Zárate-Campana.
«China no tiene operaciones especulativas de corto plazo, sino que, por el contrario, todos sus proyectos en Argentina son de largo plazo. No sólo no se preocupa por la tormenta económica del corto plazo sino que sigue apostando con total confianza en el futuro», dice Guelar.
Sin embargo, su optimismo colisiona con la prudencia que (según Dinatale) hay en la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel y en ámbitos diplomáticos que manejan el tema. El acuerdo no está cerrado y se encuentra en plena etapa de negociación con Beijing.
«Vamos a ir con pie de plomo. La idea es revisar bien el contrato para que en el futuro no dependamos enteramente de la tecnología china». En la práctica, esa idea de ir con «pie de plomo» implicará para el Gobierno que la central nuclear tenga al menos un 50% de participación argentina y que toda la mano de obra sea local, repite Dinatale.
Contra lo que piensa el periodista, eso no es ir con pie de plomo ni discutirle nada a China. Es simplemente aceptar las condiciones «llave en mano» típicas de todo «comprador bobo» en el mercado nuclear: el país receptor pone la obra civil (hormigón armado y construcción no nuclear), y el país vendedor suministra los componentes metálicos, termohidráulicos, electromecánicos, electrónicos e informáticos de la central.
«Llave en mano» en la Argentina nuclear fue siempre mala palabra, porque jamás fue un comprador bobo. Ya en su primera importación nucleoeléctrica, Atucha I, en 1967, la mítica Dirección de Centrales Nucleares (DCN) de la CNEA le impuso a la alemana KWU el rediseño del circuito primario de la central. Es más, tras mucha pulseada, la planta se terminó construyendo con un 31% de componentes de industria argentina. La participación de la industria nuclear local en suministros y fundamentalmente, en montaje, fue en rampa: Embalse se hizo con un 51%, Atucha II, debido a la desaparición de SIEMENS del rubro nuclear, con un 90%.
Y está el tema del combustible. Con Atucha I ya operativa desde 1974, hacia fines de los ’80 la CNEA volvió a la carga para imponerle (es el verbo adecuado) a SIEMENS (nuevo dueño de KWU) que Atucha funcionara con elementos combustibles fabricados en Argentina. Los alemanes se enojaron: estábamos amenazando el carozo de su negocio. Amenazaron retirar las garantías. Tras dos años de negociaciones, perdieron la pulseada. Desde 1984, en Argentina TODAS las centrales nucleares funcionan con elementos combustibles argentinos, punto. Es un ahorro tremendo: en un ciclo de vida de 30 años, una nucleoeléctrica gasta en combustibles su propio valor cuando nueva. Si no se aclaran de movida los tantos con esto de quién pone el combustible, en 60 años la Hualong I nos habrá terminado costando 3 Hualong I.
Es la otra cosa en la que la Secretaría de Energía finge negociar cosas que piensa entregar sin discusión. ¿Cómo podría la Argentina tener autoabastecimiento de combustible para una central gigante de 1180 MW como la Hualong? No sólo excede la capacidad instalada de enriquecimiento de uranio de la pequeña planta de Pilcaniyeu, sino también la de Brasil, mucho mayor que la nuestra.
Eso significa que nuestra fuente privilegiada de uranio enriquecido para que la Hualong I funcione pasa a ser la República Popular China. ¿Quién se atreve en Cancillería, luego de eso, a tener un diferendo diplomático por pesca, deuda, inmigración o tasas aduaneras con un país que no sólo compra (o dejar de comprar) el grueso de la producción agropecuaria argentina, sino capaz de dejar a 4 millones de argentinos en apagón?
Con Atucha III en su versión anterior a mayo de 2018 (una Enhanced CANDU de uranio natural y 750 MW) China actuaba sólo como financista, más de 120 empresas nacionales fabricaban los componentes, NA-SA gerenciaba el montaje, la Agencia Regulatoria Nuclear (ARN) usaba criterios de seguridad redactados aquí, y la central resultante iluminaría no a 4 pero sí a 3 millones de compatriotas. Y habríamos tenido combustible para usarla 60 años sin depender de nadie.
«Nadie nos va a apurar. La Argentina no va a firmar cualquier acuerdo por presiones de China», se sinceró un alto funcionario de la Secretaría de Energía. «Se sinceró», dice Dinatale. Pero dejarse apurar parece exactamente lo que está haciendo Argentina ahora mismo: entierra una decisión tecnopolítica por el uranio natural que fue doctrina de gobiernos enormemente diferentes durante 53 años, ¿a cambio de exactamente qué?
Nuestra cancillería nos corre con el calendario: la diplomacia de ambos países quiere que el 2 de diciembre cuando se reúnan Macri y XI en Buenos Aires este todo listo para la firma del acuerdo nuclear y de otros proyectos para ratificar la «alianza estratégica integral» que tienen ambos países.
El acuerdo que se está negociando entre Beijing y Buenos Aires contempla un cómodo financiamiento de los chinos a largo plazo por los 9.000 millones de dólares que demandará la Hualongf I. «By the way», era el mismo financiamiento extremadamente blando con que se ofrecía el combo original, «Primero la CANDU, después la Hualong I».
Pero como la Argentina no puede adelantar ni un dólar debido al estado de su deuda pública, todo esto se podría hacer con dinero efectivo (chino). ¿Qué pedirá a cambio el gobierno Beijing? «Esta es la pregunta que deambula por los pasillos del Palacio San Martín y en la Casa Rosada -dice Dinatale- Nadie se anima a responder».
La pregunta que se hace AgendAR es otra. ¿Les quedó algo por pedir a los chinos? Nos ofrecían la CANDU sólo para que compráramos la Hualong-1. Y eso para «vacunar» a la región contra la tecnología nuclear rusa, que ya vendió un reactor en Bolivia. No parecemos tan ariscos como sugiere Dinatale.
De lo que antecede, y más aún de la lectura completa del artículo de Dinatale resulta evidente una situación geopolítica compleja y multipolar. Se mencionan advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, alarmados por los recientes acuerdos de China con Brasil y por la adquisición china de una parte de la petrolera PDVSA de Venezuela, como cobro de deuda.
A eso los «alarmados» añaden (como si se tratara de los mismo) la estación espacial china en Bajada del Agrio en Neuquén, que sirve para controlar satélites (algunos de ellos militares, sin duda), y de paso también la instalación de un radiotelescopio chino en San Juan, un instrumento de uso astronómico sin utilidad bélica alguna. Quizás por no entender las diferencias tecnológicas entre sistemas tan distintos como centrales, antenas de control y telescopios, mezclan peras con empanadas con triángulos, pero blanco sobre negro, la mayoría de las fuentes de Dinatale dice tener «reservas» con la relación con China.
Menos mal: en lo nuclear, no parece. En lo general, parece estar sucediendo otra cosa. Funcionarios que trabajan históricamente en un rincón del mundo donde mandaba el Atlántico Norte, y lo hizo en forma incontestable entre 1989 y comienzos del siglo XXI, parecen asustados en la creciente multipolaridad actual. Demasiados amos con quien quedar bien.
No es la postura de AgendAR. Tenemos claro que en un mundo donde hay dos superpotencias económicas, cualquier país mediano, como Argentina, debe mantener buenas relaciones con ambas, no con una sola. En todo caso, cuál es el mandón favorito es una discusión banal de periodistas, no de gente de negocios. Hasta el impresentable pacto Roca-Runciman de los años ’30 se basó en el justificativo de comprarle a quien nos compra. EEUU ya no acepta parte de nuestro acero, tampoco de nuestro aluminio (¡y tampoco nuestros limones!), mientras la UE rechaza biodiésel. Pero China es un cliente clave de Argentina. Fuera de toda alharaca occidentalista, los intereses económicos más poderosos del país se esforzarán en que continúen las buenas relaciones actuales.
Lo que nos interesa subrayar todas las veces que debamos es que la decisión de reemplazar la probada tecnología CANDU, que iba a usarse en Atucha III, por el diseño chino Hualong-1, que no está probado en absoluto, ni siquiera en China misma, es un gravísimo error. Si se construyera primero la CANDU tan fácilmente descartada, tendríamos 6 años para juzgar si la Hualong-1 es tan buena como dice la CNNC (China National Nuclear Corporation). Era la intención original del acuerdo original de 2015, así de simple.
Y está lo del uranio enriquecido, que nos condena a depender de la provisión china. Tal vez el lector se diga: «Bueno, tal vez hasta que nosotros podamos producirlo en grandes cantidades». Lamentamos desilusionar a nuestros cancilleres y a sus periodistas: no va a ocurrir jamás. Ése es un desarrollo carísimo y que requeriría varias décadas. Pero además, debería sortear presiones diplomáticas fortísimas en contra, y no sólo por parte del Atlántico Norte, sino de la misma China.
Ninguno de los países con armas nucleares declaradas quieren que la Argentina desarrolle a gran escala su planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu, Río Negro, u otra. Mientras «Pilca» en su desolación en la estepa rionegrina sea una instalación enana y esté casi inactiva, será tolerada. Pero en una instalación grande uno puede miles de toneladas de uranio a bajo grado (entre 3 y 5%) para fogonear una central nucleoeléctrica. Sin embargo, también puede reconfigurar internamente las «cascadas» y enriquecer algunas decenas de kilogramos de uranio a más del 90%. Y eso es material físil para hacer una bomba de uranio como «Little Boy», la de Hiroshima. Muy cara y menos efectiva que la de plutonio, sin duda, pero absolutamente capaz de desestabilizar la diplomacia regional y mundial. En contra nuestra, añadimos.
La economía interna de Irán fue destruida por una década de boicots rigurosos a sus exportaciones de petróleo. Los «mullahs» y el pueblo iraníes fueron castigados porque sus plantas de enriquecimiento de uranio le parecían «demasiado grandes» a EEUU y a la UE. ¿Y a nosotros nos van a dejar desarrollar suficiente capacidad instalada para alimentar una voraz Hualong I? ¿Sólo porque no somos un país islámico? Creemos que no.
Y repetimos, para que se entienda: la participación de la industria local en el mejor de los casos significará hormigón y ladrillos, obra civil no nuclear, y no debería ser objeto de negociación alguna. Es lo habitual en compras llave en mano. A qué nueva altura del tótem del valor agregado nuclear quede situada la Argentina, desgraciadamente, no será la consecuencia de un hecho futuro. Quedará bastante fijado el 2 de diciembre por las condiciones del acuerdo que se firme: es lo que está sucediendo ahora, cuando la cancelación de Atucha III ha hecho que los técnicos de la CNEA y de Nucleoeléctrica Argentina están pensando en emigrar. Estamos bajando en el tótem.
Es muy difícil, casi quijotesco, pensar en dar marcha atrás con estas decisiones, en el marco de la crisis financiera que atenaza al gobierno. Pero podemos no mentirnos acerca de lo que estamos dejando que suceda. Es la obligación de los argentinos conscientes de la situación.
En el proyecto de Presupuesto 2019 -que la oposición llama «de ajuste»- hay sin embargo subsidios que crecen. Entre ellos, a las petroleras que extraen gas no convencional del yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Percibirán $ 27.904,4 millones, un 160% más que los $ 10.738,6 millones presupuestados en 2018.
El ranking de las petroleras que más gas producen en Vaca Muerta lo encabeza YPF, con la francesa Total y la argentino-chino-británica Pan American Energy completando el podio. Luego siguen Tecpetrol, de Techint, y Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin. Más abajo aparecen CGC, de Eduardo Eurnekian, la chilena ENAP Sipetrol y la participada por YPF Pluspetrol. Completa el cuadro de las diez primeras la china Sinopec.
El incremento en los subsidios a la oferta de gas no se iguala a ningún parámetro, ni siquiera con la suba del dólar a los largo de 2018, de poco más del ciento por ciento. Mucho menos con la inflación o el valor del gas en el mercado interno, que según el secretario de Energía, Javier Iguacel, debería tender a bajar a partir de los nuevos contratos firmados entre las petroleras y las usinas eléctricas, que son grandes consumidoras de gas.
El subsidio a la producción de gas juega así un rol fundamental en la economía de las petroleras, las que además se han visto beneficiadas por la creación de un convenio laboral específico que redujo sus costos.
El esquema se completa con la autorización a exportar gas que el gobierno ya otorgó a las empresas y que se espera que comience a ejecutarse en octubre próximo. De hecho, este tema fue uno de los aspectos centrales de la venta que hizo Iguacel de Vaca Muerta ante empresarios petroleros en Houston, EE UU, dos semanas atrás.
Es decir, mientras que por un lado se subsidia la producción de gas natural «a fines de estimular su producción y cubrir las necesidades de acceso a dicho combustible», del otro se lo exportará, con lo que el subsidio a la oferta del gas redundará en un subsidio a la exportación. Mientras tanto, seguirá la importación de gas licuado, que es más caro que la producción local.
El gobierno defiende estos estímulos y se respalda en los resultados, como una mayor producción de gas natural no convencional. «En el primer semestre de 2018, la producción de gas creció en términos interanuales casi un 5% y la de petróleo un 3%. Más aún, la producción de gas no convencional está aumentando a un ritmo de 30% interanual mientras que la de petróleo no convencional lo hace a uno de 42%. Así, el primer cuatrimestre de este año fue el de mayor producción desde 2010», indica el mensaje que acompaña al proyecto de ley.
El gobierno prevé que el subsidio de 2019 resulte en un incremento de la producción de gas del 6,1%, con eje en el fluido extraido en Vaca Muerta.
El Gobierno nacional descree de los acuerdos de precios sectoriales, por eso una herramienta como Precios Cuidados se está transformando más en una estrategia de marketing para enfrentar la crisis antes que una real política activa para mitigar el costo social de una escalada inflacionaria.
Se relanzó a principio de este mes, con un total de 550 productos y el objetivo de que reciban un incremento de 3,1%.
Según la consultora del economista Eduardo Levy Yeyati -un economista no hostil al gobierno-, Elypsis, la inflación en la segunda semana de septiembre fue de 2,3%, que se suma al 3,1% registrado en la primera. Así, según su medición, en todo septiembre lleva acumulado 5,9%. “La inflación les pasó por encima, por eso no se encuentran (Precios Cuidados) en las góndolas”, sostiene el consultor en marketing, Damián Di Pace.
De acuerdo al anuncio oficial que se hizo en su momento, esta nueva versión del programa contempla “la llegada de estos precios a los negocios de proximidad” (almacenes y pequeños mercados de barrio). Tampoco en esta estrategia parece estar funcionando. “Un primer obstáculo para lograr este objetivo es que un 10% de los productos ofrecidos son marcas propias de las grandes cadenas de supermercados, por lo que no estarán en los negocios de proximidad. Con el agravante que se trata de las pocas verduras, frutas y carnes que figuran que figuran en los listados oficiales”, señala un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que lleva la firma de los economistas Isaac Rudnik y Marcelo Maqueda.
“Si bien los productos de almacén están mayoritariamente contenidos entre los Precios Cuidados, no están el azúcar, la polenta y la mayonesa. El pan está incluido, pero sólo en versiones envasadas, que en líneas generales tienen elevados precios, y por eso no es lo que se compra diariamente”, advierte el ISEPCi. El pan acumula un 67% de incremento y el azúcar un 25%.
Según el equipo de investigadores que conduce Levy Yeyati, el segmento ‘alimentos y bebidas’ acumula en el último mes una suba de 7%. Esto es un incremento de 125% más que el previsto para los productos protegidos por el programa oficial.
La Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), junto con las direcciones provinciales de estadística, comenzará el trabajo de campo de la 4° edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para indagar en los hábitos de alimentación, actividad física y consumo de tabaco y alcohol de la población.
A partir del lunes 24 de septiembre, 588 encuestadores del INDEC y 250 agentes de la Secretaría de Salud participarán del relevamiento que recabará información durante nueve semanas y cubrirá 49.170 viviendas de localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país.
• Todos los agentes llevarán credenciales y sus identidades se podrán comprobar a través de la página web del INDEC
La encuesta se realizará con un cuestionario digital que se aplicará en dispositivos electrónicos, lo que permitirá una gran velocidad en el procesamiento de los datos, una mejora en su calidad y consistencia, y el monitoreo en tiempo real de todo el operativo. Además, esta modalidad favorecerá la obtención de resultados preliminares, los cuales se estiman estarán disponibles a partir de diciembre.
Para Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Secretaría de Gobierno de Salud, la encuesta “tiene una relevancia sanitaria muy grande”, ya que permite el monitoreo y la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir las principales causas de muerte en el país.
• “Las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas explican el 73% de las muertes en Argentina».
De manera que esta herramienta nos permite vigilar la evolución de los factores de riesgo comunes a estas enfermedades como el tabaco, la alimentación no saludable, el consumo nocivo de alcohol y la falta de ejercicio físico”, indicó Schoj.
ANTECEDENTES. Las tres encuestas anteriores dejaron ver tendencias en la salud de la población, como la disminución del consumo de tabaco y el aumento de la obesidad y la diabetes. “Para esta encuesta, pensamos que la obesidad va a seguir aumentando, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es documentarlo”, remarcó Schoj.
El deterioro del empleo y la pérdida de poder adquisitivo, con paritarias que hasta ahora promediaron el 25% en el mejor de los casos, y una inflación proyectada para el año de más del 40%, hacen que el consumo cruja, y ya no solo en los bienes suntuarios.
Alimentos y medicamentos, lo último que se resigna a la hora de consumir, también registran la caída. La suba de precios marcará un nuevo aumento de la pobreza en el tercer y cuarto trimestre. Esta semana se conocerán las nuevas cifras del primer semestre y, con el impacto de la devaluación de abril y mayo, se prevé que volverá a rondar el 30%, como en el primer semestre de 2016.
«Las ventas de medicamentos cayeron hasta un 8%”, reconoció el empresario Alberto Alvarez Saavedra, presidente de laboratarios Gador. Con él coincidió otro de los representantes del sector, Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, que le atribuyó el cuadro a la crisis económica.
Las ventas de medicamentos se mueven a la par de la evolución del PBI, según muestra un informe de Cilfa, la Cámara de Laboratorios Farmacéuticos. En el sector explican que los medicamentos de venta libre caen más que los recetados. La producción de sustancias y productos químicos cayó un 18% interanual en julio y acumula una caída del 9,8% en lo que va del año, según los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.
También las cadenas de farmacias reconocen que cada vez se compran más medicamentos con tarjeta de crédito y en cuotas.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne incluyó en el Presupuesto 2019 una serie de cambios para los impuestos internos. Se trata del llamado “impuesto a los autos de lujo”, que por efecto de la devaluación y la inflación ya están amenazando a los modelos de gama media.
La primera modificación de la base imponible se realizará en enero y, desde ese momento, se podrán realizar ajustes trimestrales.
Los impuestos internos para los autos existen desde hace más de una década en la Argentina, pero se convirtieron en una herramienta distorsiva del mercado cuando el gobierno de Cristina Kirchner los aumentó para frenar la fuga de divisas, a comienzos de 2014.
El gobierno de Mauricio Macri prometió eliminarlos apenas asumió, pero no cumplió con esa promesa. En enero pasado, apenas se quitó la primera escala del tributo, aunque se mantuvo vigente la segunda.
Esta escala afecta a los modelos con “precio crudo” de 900 mil pesos. Es decir: antes de impuestos y comisiones de concesionarios. En la práctica, afecta a los modelos con precio de venta oficial en la zona de los 1,3 millones de pesos. Dos modelos fabricados en la Argentina, la Mercedes-Benz Vito Tourer y la Toyota SW4 ya fueron afectados por este tributo tras la fuerte devaluación y la aceleración de la inflación.
Esta situación permanecerá sin cambios hasta enero. Allí el Gobierno renovará el decreto de impuestos internos y subirá la base imponible, para liberar a los modelos que están “topeados”.
¿Qué ocurrirá en ese momento? El Gobierno asegura que los autos que dejarán de estar afectados por el impuesto bajarán de precio. La experiencia del pasado indica que, los modelos que estaban al límite de comenzar a tributar ese gravamen, aumentarán al elevarse el techo de 1,3 millones.
La buena noticia es que, con la modificación anunciada ayer por el equipo de Dujovne, ya no habrá que esperar un año entero hasta que se vuelva a modificar la base imponible, como ocurrirá en este 2018. Ahora se podrán implementar ajustes trimestrales.
En el fondo, el Gobierno está reconociendo una posibilidad que todo el mercado sospecha desde hace tiempo: en 2019, los autos seguirán subiendo de precio por efecto de la inflación.
Cerrar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, «para ahorrar», tanto en plata como en energía equivale a cortarse una pierna para bajar de peso, pero está firme en los planes del gobierno nacional. Esta es la conclusión que resulta de lo que se escuchó en el Congreso Nacional en una comisión que presidió el neuquino Darío Martínez.
Se acordó entre varios partidos opositores que se buscará amortiguar los efectos del cierre con previsiones presupuestarias, cuando se trate la ley en el Congreso.
Por ahora sólo hay certezas de que Nación va a comprarle a la Planta un stock de 22,7 toneladas de agua pesada para que se garantice el pago de sueldos y algunas deudas hasta fin de año. Este stock será abonado en 2 pagos, el primero se realizará la semana que viene para que se abonen los sueldos del personal, se cumpla con algunos proveedores y se nivele parte de la deuda de la PIAP, que ronda en más de 300 millones de pesos.
El origen de la deuda: al dar de baja el proyecto Atucha III, el estado canceló la compra de 600 toneladas de este líquido sin el cual las centrales de uranio natural sencillamente no funcionan. Pero además dejó de comprar agua pesada para reposición de las 34 toneladas que se gastan anualmente en las centrales de Atucha I y II y Embalse. Así las cosas, el fluido deberá importarse (a U$ 800.000 la tonelada) pese a que el país puede producirlo a U$ 600.000, ya que la PIAP «tiene escala»: es la mayor unidad del mundo en su tipo. Por eso mismo, detenerla sin que se venga abajo implica un gasto absurdo de mantenimiento.
El segundo pago para desembarazarse de la PIAP y dejarla decaer a chatarra, preferentemente sin que Neuquén «se incendie» en términos sociales se realizará en noviembre aproximadamente. Más de 600 personas, en general de calificación técnica entre alta y muy alta, pierden su trabajo.
“Aclararon que la intención es no incluir en el presupuesto del año que viene las partidas para la compra de las 100 toneladas de agua pesada porque Nación no tiene ese dinero”, afirmaron fuentes de diputados.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
Si el país no produce agua pesada para mantener las centrales nucleares deberá importarla, o perder los únicos 1756 MW del mercado eléctrico con un factor de disponibilidad cercano al 90%, y que no dependen de los bandazos del clima o del precio del petróleo: los nucleares.
El porqué a la producción argentina le conviene, y necesita, contar con la Planta Industrial de Agua Pesada fue desarrollado aquí.
Una noticia triste: el astrónomo Marcos Machado, director científico de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y uno de los héroes desconocidos para el público del sostenido esfuerzo que le dio a la Argentina el lugar que tiene entre las naciones en capacidades orbitales, ha muerto en Buenos Aires, a los 69 años.
Queremos compartir con los lectores de AgendAR las palabras que le dedica Nora Bär en La Nación.
«En 1987, una delegación de la NASA llegó a Buenos Aires para tomar contacto con un puñado de científicos que estaban intentando desarrollar un satélite made in Argentina. Entre los siete «aventureros» que darían el puntapié inicial a la actividad satelital en el país, estaba el astrónomo Marcos Machado.
Recibido en la Argentina, y formado más tarde en Francia y los Estados Unidos, donde trabajó en proyectos espaciales de la NASA, Machado, animado por una pasión y un idealismo inagotables, decidió volver al país a principios de los 90 para construir aparatos capaces de auscultar el territorio y enviar desde el espacio valiosa información para prevenir emergencias y como insumo de distintas actividades.
«Todo surgió en una cancha de fútbol del [Centro] Goddard», recordó alguna vez, con su habitual sentido del humor, el que hasta el jueves último fue director científico de la Conae: en una charla después de un partido, Mario Acuña, otro argentino que trabajaba en la NASA, le propuso hacer un satélite.
Lo que siguió fue una epopeya que combinó dosis equivalentes de pericia técnica, audacia y talento, y que a él y sus colegas les hizo vivir historias impensadas, como mantener dos trabajos porque ganaban algo más de 300 dólares mensuales o tener que dormir en la embajada argentina en Washington para ahorrar en alojamiento.
Machado tuvo tres hijos: Mercedes, Marcos y Matías. «Era tan discreto, que a veces nos enterábamos por otros de lo que lograba», recuerda Mercedes. Aunque tenía cáncer desde hace dos años, siguió yendo a su oficina como de costumbre. Y hasta participó de la última reunión de Directorio.
«Me acuerdo de que cuando lanzaron el Sputnik I, yo tenía ocho años -recordó Machado en una entrevista-. Ese día le pregunté a mi viejo, que era matemático, cuándo la Argentina iba a construir un satélite. Él me contestó ‘Lo más probable es que se lo compremos a los que saben hacerlos’. Eso me quedó grabado. Me dije que no podía ser, que teníamos que lograrlo. Para mí, fue el sueño del pibe.»
La noticia es ésta: existe una celebridad científica en ascenso, la joven doctora Verónica Flexer, electroquímica del CONICET, experta en litio. Y parece una persona potencialmente capaz de lograr que la Argentina no sucumba a una nueva “maldición del recurso” con este metal, sino que más bien gane divisas y se desarrolle. Flexer va por técnicas de explotación ahorrativas de agua por un lado, y detrás de usos industriales muy distintos de la fabricación de baterías recargables.
Si AgendAR hace un censo de tecnólogos/as con potencial de hacer más compleja y rica a nuestra economía con patentes “world class”, Flexer integra nuestra lista chica junto a Raquel Chan, la desarrolladora de la soja y el trigo HB4 resistentes a cambio climático.
El litio no es “oro blanco”, como dicen los colegas de metáfora fácil. Es el más liviano de los metales en la tabla de Mendeleiev, átomo livianito con 3 protones en el núcleo y por ende 3 electrones girando en sus cortezas externas. Uno de esos electrones es fácilmente desprendible (ionizable), como es común en los metales. Lo peculiar del litio ionizado es un combo de poca masa ligada a mucha atracción o repulsión magnética, y una relación entre conductividad y masa especial. El litio funciona como una gran aspiradora de electrones, si se lo pone de ánodo en una liviana batería moderna.
Elon Musk, el dueño de Tesla Motors (entre otras empresas) es un trillonario atípico: quiere salvar el mundo del recalentamiento. Trabaja por un abandono rápido del motor de combustión interna en favor de la tracción eléctrica (en realidad, todas las automotrices están interesadas en el asunto).
Musk suele angustiarse por la escasez “de litio fácil”. Lo sabe fundamental no sólo para sus autos eléctricos, sino para volver almacenables y “de base”, es decir disponibles 24horas los 7 días, los recursos energéticos intermitentes como el viento o el sol. Para ello, ha desarrollado baterías del tamaño de containers. Como sea, quiere mucho litio y ya, y China, que está llena de autos Tesla y personajes como Musk, compra y compra.
Puede ser que la revolución del litio se termine antes que este metal porque surjan baterías mejores o más baratas. Si hay una “ventana de oportunidad” para explotar el “litio fácil” de Argentina, ignoramos si se cerrará, o cómo, o cuando. Remitiéndose a antecedentes, la Edad de Piedra no se terminó por falta de piedras. ¿Pasará lo mismo?
El litio abunda en la corteza terrestre e incluso en el agua de mar, pero en concentraciones tan bajas que la extracción tendría costos energéticos absurdos. En contraposición, la escueta hidrología del NOA, con sus cuencas hídricas endorreicas, se encarga de lavar las sales de litio de rocas subterráneas de alta montaña, transportarlas pendiente abajo por los acuíferos y hacerlo aparecer en la superficie en rutilantes, desolados lagos de salmuera. Someros y corrosivos, los salares tapizan el fondo de algunos valles extensos en la Puna argentina, entre otros sitios. Allí el litio muestra su cara blanquísima, mezclado con otras sales interesantes: por lo común, potasio, y en algunos salares, “tierras raras”. Y ahí es donde talla nuestra doctora Verónica Flexer.
La tecnología de explotación actual es prehistórica: se cavan ringlas de piletones a pico y pala en la costra seca que recubre el salar hasta que aparece la salmuera unos pocos centímetros debajo. En otros casos se construyen piletones con marcos de metal y plástico grueso, «pelopinchos» gigantes de manzanas enteras de superficie. Luego se deja que el solazo puneño, el viento y la baja presión atmosférica del altiplano vayan evaporando el agua. Eso sabe tomar hasta un par de años. Todo es lento en esos paisajes inmensos.
Ahora, parafraseando a Fouché, vender litio sin valor agregado no es sólo un crimen: es un error. La rampa económica del litio argentino empieza cuando deja el país desde Catamarca, Salta o Jujuy, y en cantidades crecientes: hoy es el 17% del consumo mundial.
Pero Jujuy solita quiere producir 55 millones de toneladas, es decir el 22%, y próximamente. Y es que una tonelada de carbonato cuesta U$ 6000 FOB en el puerto más a tiro, pero con ella pueden hacerse 100 enormes baterías de ésas que usan los autos Tesla para lograr 500 km. de autonomía sin recargar. Tales baterías cuestan U$ 20.000 por unidad, así que ya subida a 100 Teslas, esa tonelada de litio vale U$ 2 millones.
“¡Hagamos baterías, Mendieta!”, escribiría el Negro Fontanarrosa, si estuviera aún entre nosotros. Pero en plan de discutir con el criollismo de un Inodoro Pereyra, lo que hace valer al litio es el “know how”, no el material en sí. Según Flexer, cualquiera de sus investigadores sabría construir una batería, pero no así de buena. En Jujuy se harán baterías, en cantidades simbólicas. Ese tren de la electroquímica ya nos dejó en el andén, y no solo a nosotros sino a Europa. Hay miles de tecnólogos/as de ojos rasgados mejorando constantemente las pilas recargables de litio en las universidades y empresas de China, Japón y sus vecinos: estamos fuera de esa carrera.
La deshidratación de los piletones, sin embargo, acelera el exiguo flujo de agua de los acuíferos que van recargando los lagos con salmuera. Los paisanos que vivan en los sitios altos, donde el agua subterránea todavía es potable, en caso de explotación intensa en los salares “aguas abajo” pueden quedarse con los aljibes secos. “Pueden” es un decir. Está sucediendo y hay lío. Silenciado, como suele ocurrir en el NOA.
Pero hay otras carreras, otros nichos de mercado más a nuestro alcance para industrializar el litio en el país, sugirió Flexer el 18 de septiembre en un buen reportaje de Yasmín González Blanco. Uno de ellos está en nuestra industria nuclear: los isótopos puros llamados litio-6 y litio-7 se usan en reactores nucleares para impedir la corrosión. Valen U$ 2000 el gramo.
El raro aspecto que toma el litio tras ponerle valor en fábricas chinas y luego en Tesla Motors.
Flexer no da la cotización por kilogramo porque no existe: nadie ha visto o producido todavía un kilogramo de litio-6 puro. El que quiera hacerlo, deberá desarrollar antes un proceso de enriquecimiento isotópico de final incierto, como era en los años ’40 el de purificación de agua pesada a partir de agua de canilla. Hoy la Argentina vende agua pesada entre U$ 600.000 y U$ 800.000 la tonelada. Esa rareza se ha vuelto un commodity caro con un nicho de mercado nuclear, pero mundial. ¿Podemos construir otro nicho así para isótopos pesados de litio?
Flexer también habla de reactivos puros de litio, pero sin mencionar un “target” industrial preciso, aunque algo tiene “in mente”. Como buena tecnóloga, no trabaja para el “paper” sino para la patente, así que no suele mostrar sus cartas antes de tiempo.
Y cambiando de tema totalmente, Flexer añade que hay modos ahorrativos en agua para llegar a las decenas de miles de toneladas que demanda China. Suponemos que quiere que esos procesos sean más expeditivos y con ciclo de agua cerrado o bastante cerrado. En parte, para respetar los acuíferos de los que vive la población puneña.
Tales nichos tecnológicos y tales modos de explotación son el tema del CIDMEJU (Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía), que en 2012, fue presentado por Nora Bär en La Nación. En aquel momento “El Centro del Litio”, como se lo llama por brevedad, era realmente breve: se reducía a Flexer y 5 tesistas. Ha crecido: hoy tiene 17 científicos, depende de la Universidad de Jujuy y el CONICET y los medios buscan a su jefa, aunque ésta parece evadirlos bien. Encontrar buenas fotos de Verónica Flexer se hace difícil.
El 19, es decir al día siguiente de la aparición de Flexer en “El Cronista” y desde “Ámbito Financiero”, el titular de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), Ing. Carlos Oehler, le dijo a la periodista Verónica Arbeleche que (sic) “los estudios hidrológicos demuestran que la situación está equilibrada, pese a las quejas de los lugareños”. Ah, ¿entonces había quejas?
JEMSE existe desde 2011 y se reparte en varias áreas, pero en lo central es copropietario con un 8,5% de acciones en Sales de Jujuy, el operador del proyecto de litio en Olaroz. Su función es cobrar (poco). Añadió Oehler que el año pasado las regalías mineras le dieron a Jujuy $ 52 millones. Subrayamos: pesos. A valores de 2017, fueron U$ 3 millones. El valor de 150 baterías de Tesla Motors. “Wow!”, como dicen que suele exclamar Elon Musk.
El mercado mundial tiene tracción: en 2016 compró un 13,5% más carbonato de litio que en 2015, y sigue en rampa. Oeheler sugiere soluciones para las quejas de los lugareños: “…una suerte de necesario acuerdo con quienes son los titulares superficiarios de todos los yacimientos…”, en sus palabras. Los titulares en su provincia, son EXAR SA y Sales de Jujuy. EXAR, según el funcionario, va a invertir U$ 420 millones en una planta jujeña.
Tal vez la firma garantice, según usos y costumbres habituales de las mineras, términos simétricos de negociación para alcanzar el “necesario acuerdo” con la población rural dispersa de la Puna, que no tiene dinero, organización o “manija”. Con la tecnología evaporativa actual, bastaría que “los lugareños” se abstengan de beber agua, y lo mismo sus animales. También pueden acordar igualitariamente las partes en que llueva más. Pero preferiblemente sobre las cabeceras de los acuíferos y no sobre los salares, porque retardaría la deshidratación del carbonato. Hay que ser minucioso a la hora de redactar contratos sociales y climáticos.
Victoria Flexer es doctorada en electroquímica en la UBA, luego trabajó en el CNRS (el equivalente francés del CONICET, pero con plata), luego en la Queensland University de Australia, luego en la de Ghent (o Gante), en Bélgica. Volvió a la Argentina todavía con pinta de jovencita y hoy dirige el CIDMEJU, que también fundó. Chica pila, como quien dice.
Aún si Flexer no logra una vía para enriquecer litio-6 y 7, con que desarrolle un proceso menos neolítico para concentrar materia prima nos cosecharía un Santo Grial. Eso podría generarle a Jujuy otras regalías por patentes, mejores que lo poco que cobra por vender naturaleza cruda. También podría evitarle a la provincia conflictos con su población rural dispersa. Y también lograr que la industria automotriz no tenga que esperar tanto para obtener el carbonato de litio para sus autos eléctricos.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, hizo algunos adelantos sobre el nuevo acuerdo con el F.M.I. en un encuentro que tuvo lugar el jueves con economistas y representantes de fondos comunes de inversión y de sociedades de Bolsa. Ahí afirmó que el gobierno y los técnicos del Fondo avanzaron en la semana en una negociación por la que, además del adelanto de desembolsos ya previstos, ampliaría el programa original de US$ 50 mil millones con una inyección extra de entre US$ 15 y 20 mil millones.
Hay otra novedad: también se pondrá fin al régimen de metas de inflación como mecanismo para contener la suba de precios, y se focalizará en el control de agregados monetarios. Esto significa que se medirá la expansión de dinero, fijando metas de base monetaria (circulante más depósitos bancarios).
Después del encuentro, también trascendió que se habría logrado acordar con el FMI dejar de lado el régimen de flotación libre para el dólar por un nuevo esquema que con emplaría una banda cambiaria. Se fijaría un piso de entre $ 32 y $ 36, y un techo de $ 40 a $ 44, en el que se permitirá que el dólar oscile. El Banco Central intervendría cuando perforara ese mínimo o superara el tope, para lo cual el FMI daría mayor flexibilidad para usar reservas para controlar el tipo de cambio.
Sobre este aspecto, AgendAR fijó su posición ayer aquí.
La prestación social que hoy se asigna a quienes tienen cumplidos 65 años y no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, tendría desde 2019 un acceso restringido.
Según el proyecto de presupuesto presentado en el Congreso, el Ministerio de Hacienda busca que la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sea incompatible con cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia. Esta condición actualmente no existe, porque la prestación surgió con la consigna (entre otras) de ser útil para quienes, al tener aportes pero no en cantidad suficiente, puedan acceder temporalmente al cobro y, a la vez, ir reuniendo los requisitos para después solicitar el beneficio de jubilación completo.
La PUAM, una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo (hoy es de $ 6.909), fue creada a mediados de 2016 por la ley 27.260. Para acceder a su cobro se fijaron los requisitos de tener 65 años como mínimo (igual edad para varones y mujeres), y de ser argentino natural, por opción o naturalizado (en este último caso, con una residencia legal mínima en el país de diez años) o ser extranjero con residencia legal mínima acreditada de 20 años.
La propuesta oficial, que tiende a contener las erogaciones del sector público en prestaciones sociales, se suma a otra referida a reducir los montos adicionales que cobran los pasivos incluidos en el sistema que viven en la Patagonia.
Actualmente se aplica un diferencial por el cual los montos que rigen para el resto del país se multiplican por 1,4 para quienes residen en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones. La propuesta es bajar ese coeficiente a 1,20 para los haberes «que no superen dos veces el haber mínimo».
Otro de los temas, el que probablemente tenga más peso para los egresos del Estado, que se quiere impulsar en el corto plazo es el “principio de sustitutividad” de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador.
La idea del Gobierno es que ese porcentaje tenga un “techo” de aproximadamente el 60%. El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario.
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
Adrián Tróccoli, titular del estudio que lleva su apellido, explicó que “el principal problema de este cambio está dado en los cuentapropistas que tienen ingresos reducidos o eventuales”.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil. Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Resta por verse si la “mini reforma” jubilatoria logrará ser aprobada o, en cambio, sus contenidos provocarán rechazo en el Congreso.
Omar Príncipe, en la presidencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) desde fines de 2014, deja su puesto. Llega el mendocino Carlos Achetoni, un productor ligado a las economías regionales con una postura más dialoguista y de menos confrontación con el Gobierno nacional.
La Federación Agraria, fundada en 1912 después de la legendaria protesta rural, «el Grito de Alcorta», agrupa a pequeños y medianos productores agropecuarios de todo el país. Con la conducción anterior, se había distinguido por sus críticas muy duras hacia el gobierno de Mauricio Macri.
Frente a los recientes anuncios oficiales, Príncipe dijo en declaraciones a la prensa “Se condena otra vez a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI”.
La elección de Acheroni fue una sorpresa para el periodismo y muchos asociados. Se daba por segura la reelección de Príncipe. Pero parte de los delegados que lo apoyaban cambiaron de postura en las negociaciones previas. Príncipe declinó su candidatura, y la lista única de Achetoni obtuvo el 88% de los sufragios. El 12% restante votó en blanco.
Según se dijo en Rosario, el nuevo presidente tuvo el apoyo de los delegados radicales vinculados a Ernesto Sanz y de los afines al PRO que se referencian en el senador y ruralista Alfredo De Angeli, de Entre Ríos.
La nueva conducción afirmó: «Vamos a trabajar por una Federación Agraria fuerte y unida. En cuanto a la situación de los productores, debemos entender que si bien hay mejores perspectivas para exportar, se invierte en la producción con insumos dolarizados y el pequeño productor, que es el eslabón más débil, tiene complicaciones.
Tenemos por delante el enorme desafío de agotar todas las instancias de diálogo con los gobernantes. Seremos críticos cuando haya errores, como los tenemos todos. Pero no críticos para generar una desestabilización, sino para que puedan tener la posibilidad de corregir y buscar soluciones”.
También hizo alusión a las diferencias que tiene la FAA con el gobierno nacional en temas como las producciones regionales, el Fondo Sojero y la Ley de Semillas. Pero insistió en la búsqueda del diálogo con el gobierno y la necesidad de trabajar juntos con las otras organizaciones rurales, en la Mesa de Enlace.
El INDEC informa que en el segundo trimestre de este año, con un 4,2% de caída en la economía, la actividad financiera tuvo un espectacular crecimiento del 8,7%. Retrocedieron el agro, la pesca, la industria, el comercio, transporte y comunicaciones y hoteles y restaurantes, pero volvió creció con fuerza el rubro “intermediación financiera”.
Es el sector que incluye los bancos, entidades de tarjetas de crédito, casas de cambio, agentes de Bolsa, cooperativas de crédito, compañías de seguros y demás agentes financieros.
Después de la recesión de 2016 ya venía creciendo a tasas muy superiores a las del conjunto de la economía. Pero en el segundo trimestre, de abril a junio, no solo no acompañó el desplome de la actividad sino que se expandió como no lo hizo en el período positivo anterior.
Con la corrida cambiaria y el feroz encarecimiento del crédito, los sectores vinculados a la producción retrocedieron y se acrecentó la incidencia financiera en el tamaño y valor de la economía.
Hay un peligro también para las mismas entidades financieras en este desarrollo: los niveles de interés tan altos, unidos a la retracción general de la actividad, pueden redundar en breve plazo en un deterioro de las carteras de préstamos, por una mayor tasa de mora o de incobrabilidad.
Se están produciendo cambios acelerados en las formas usuales de distribución de los artículos del consumo masivo. Un estudio reciente de la consultora Nielsen sobre comercio electrónico en 30 países, entre ellos la Argentina, encontró que las ventas en línea de los productos que se compran en los supermercados crecen cinco veces más rápido que las ventas presenciales de este mismo tipo de productos.
Para el 2020 -faltan sólo 15 meses- el comercio electrónico mundial tendrá -en este rubro- un valor de más de US$ 400.000 millones , de los cuales US$ 68.708 millones provendrán de Latinoamérica. En esta proyección, las compras por la web abarcarán entre el 10% y el 12% de participación del mercado, según ese estudio.
En Argentina, «el canal on line está en pleno desarrollo. Creció el 97,6% en el último año porque parte de valores muy bajos», dice Maximiliano Narducci, account manager de Nielsen Argentina. El monto de las ventas de los supermercados on line fue de $ 1.082 millones en el último año.
«Hoy la venta on line en supermercados, representa el 1,9% en los meses en los que se realizan eventos importantes como «Cibermonday» o el «Blackfriday». Sería como la mejor sucursal que tiene cada cadena. «Por eso hoy el sector le está prestando mucha atención y está poniendo muchas fichas al desarrollo del canal».
Las ventas más fuertes on line son las de Coto y Jumbo. Carrefour, que vende (on line) sólo electrodomésticos y productos que no sean alimentos, tiene planes para incorporar otros rubros a su canal de e-commerce. Otro desarrollo importante es el «pick up» en la tienda, que está potenciando Walmart. Y Disco, la marcar de Cencosud, tiene un servicio similar que se llama «Disco al auto». «Lo cierto es que todas las cadenas están pensando en incursionar en alianzas, con firmas de delivery como Mercadoni, Glovo o Rappi».
En AgendAR nos extendimos en este tema en «Los locales a la calle y las redes sociales: ¿rivales o socios?«.
«En el marco del paro general anunciado para el próximo martes 25 de septiembre, ANSES informa que, quienes tenían asignada esa fecha de cobro, tendrán depositados sus haberes el lunes 24«.
En una repartición clave del Estado nacional, por los fondos que maneja -el mayor egreso del Presupuesto, después de los intereses de la deuda-, pero sobre todo por extenderse por todo el territorio nacional, en contacto cotidiano con el bloque de votos más importante, decidieron tomar nota del alcance del paro dispuesto por los gremios. Es una señal significativa.
El Gobierno autorizó a la low cost de bandera chilena Sky Airline S.A. a explotar nuevos servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en la ruta Santiago de Chile – Buenos Aires
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Con la Resolución 669/2018, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicó que «la empresa operará sus servicios de conformidad con las autorizaciones, las designaciones y las asignaciones de frecuencias efectuadas por el Gobierno de su país y con estricta sujeción a lo acordado en el marco bilateral aplicable en materia de transporte aéreo, así como también a las leyes y demás normas nacionales e internacionales vigentes y a las condiciones de reciprocidad de tratamiento por parte de las autoridades de Chile para con las empresas de bandera argentina que soliciten similares servicios».
Los empleados públicos y jubilados de la provincia de Misiones recibirán un bono de fin de año de 4.000 pesos que se pagará entre octubre y diciembre. El anuncio fue realizado por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien denominó al pago extra como “Bono Anticipo a las Fiestas”.
Desde el Gobierno provincial dijeron que la medida se adoptó como un paliativo más de la crisis por la que atraviesa el país tras la fuerte devaluación del peso.
El bono alcanzará a trabajadores activos y jubilados de la provincia, pero dejará afuera a los funcionarios políticos de alto rango y también a directivos de entes descentralizados. De acuerdo con el cronograma difundido, se abonará mil pesos en octubre, idéntica suma en noviembre y en el último mes del año se percibirán los 2.000 pesos restantes. En el caso de los docentes, deberán contar con un mínimo de once horas cátedra, y en caso de tener menos, recibirán dos cuotas de 380 pesos y una última de 760 pesos.
“Aunque la cifra que anunciamos no soluciona los problemas, es una ayuda y una manera de estar cerca de las familias misioneras, cuando más necesitan de un Estado presente”, sostuvo el gobernador.
El viernes 21 de septiembre la plaza financiera en Buenos Aires -y también los medios masivos, porque en tiempos de crisis el casino de las tasas y el dólar es un tema popular- estuvieron inundados de versiones.
El dato clave es que después de las «tormentas cambiarias» de estos cuatro meses, después de una devaluación del peso del 50%, el gobierno Macri está decidido a descartar el dogma de “flotación libre”. A pesar que en el primer acuerdo con el F.M.I., firmado en junio cuando todavía Sturzengger presidía el Central, se decía que «estamos comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado».
Es que «el mercado» le propinó golpes muy duros a la confianza en la gestión de este gobierno. Nos referimos a la confianza de los agentes económicos, especialmente los fondos de inversión. (Los pequeños y medianos empresarios, para no hablar del resto de la población, se la habían perdido antes).
Una de las versiones más extendidas, tomada por Clarín y Cronista, afirma que la decisión es trabajar con bandas de flotación, es decir, estableciendo un piso y un techo dentro del cual podrá oscilar el precio del dólar. Superado el techo o perforado el piso, el Central intervendría para hacerlo volver.
Se habla de una banda cambiaria amplia y difusa: un techo que va de los 40 a los 44 pesos y un piso de entre 32 y 36 pesos. Si el dólar supera el techo, el Central vendería divisas, si perfora el piso, saldría a comprar.
Según Clarín, el actual titular del Central, Luis Caputo, lo habría consensuado con el FMI. Aunque no estaría en los textos del acuerdo que se anunciará la semana próxima. Y aunque el Fondo no simpatiza con este mecanismo.
Pero no es la única versión. Otra, que reproduce Ámbito, dice que se piensa en el «crawling peg»: una devaluación progresiva y controlada que lleva adelante el Banco Central. En rigor, una serie de devaluaciones progresivas anunciadas previamente, evitando dar saltos bruscos en el valor de la divisa. La idea es «anclar» las expectativas.
Un sistema como éste, con el nombre familiar de «tablita», fue aplicado en los ´70 por Martínez de Hoz. Terminó mal, con una devaluación masiva. También, sin el anuncio previo, fue aplicado por Kicillof en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, pero en ese momento había restricciones al movimiento de capitales que son blasfemia para el gobierno Macri. Y para el Fondo. Además, el objetivo en ese momento no era fijar expectativas sino moderar la inflación.
La información (incompleta) que tenemos en AgendAR sobre los planes oficiales nos inclina a creer que establecer bandas de flotación para el dólar es la medida que se está estudiando en el gobierno. Es lógico, de todos modos: una tasa de devaluación anunciada anticipadamente informa a todos los especuladores del planeta cuánto podrán ganar en Argentina en moneda dura. La función del FMI es garantizar a los acreedores externos que pueden recuperar sus capitales, pero no está interesado en extender esa garantía a todos los que decidan beneficiarse. Ni siquiera el Fondo tiene recursos suficientes.
Ahora, nos sentimos obligados a advertir que establecer bandas de flotación para el dólar es -en estas condiciones, con esta política económica- el camino, corto, para llegar otra vez a un «dólar barato» y después, a otra crisis cambiaria.
Esto ya ha sido demostrado en forma repetida durante el último medio siglo de historia argentina. Una devaluación importante provoca un cambio en los precios relativos que favorece a las actividades que pueden exportar y disminuye las importaciones (más por la recesión que provoca que por otros motivos). Además de licuar, en forma relativa, los gastos del Estado en sueldos y jubilaciones, que son en pesos.
Pero… la inflación sigue, erosionando esa «ventaja» cambiaria. La recesión disminuye algo el «pass through» a los precios internos, pero no lo suficiente ni por mucho tiempo en un país complejo y diverso como Argentina. No baja lo bastante el consumo de la clase que cuenta con altos ingresos y la muy numerosa clase media acomodada. Y además el año que viene, en tres meses, es un año electoral…
En realidad, los plazos pueden ser mucho más cortos. Impulsados por el «veranito» de calma cambiaria que provocó la aparente voluntad del F.M.I. de aumentar su apoyo, en la última semana ingresaron al país 930 millones de dólares para comprar las letras en pesos que emitió el Tesoro, como informó ayer AgendAR. Nuevamente, la afluencia de capitales especulativos, como sucedió en los dos primeros años de este gobierno. Ya sabemos como terminó, en este mismo año.
La única forma realista de controlar el alza del dólar es controlar la inflación. La inflación que ya existía y que las alquimias financieras del gobierno Macri han acentuado. Y, nuevamente, la única forma realista de controlar la inflación es, además de una política económica prudente, vencer la inercia inflacionaria -«todo aumenta porque todo ha aumentado»- con un acuerdo en el que se comprometan las grandes empresas formadoras de precios, los trabajadores y el Estado.
Cualquier medida que ignore esto es un ejercicio en futilidad.
Una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores que vive en Capital Federal necesitó ingresos mensuales por $ 20.937 para no ser considerada pobre en agosto, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
Estas cifras corresponden al valor de la Canasta Básica Total (CBT) y significaron un incremento del 3,5% con respecto a julio, cuando la CBT arrojó un costo de $20.216.
Estos valores corresponden a una familia tipo de dos adultos económicamente activos y propietarios de vivienda, con dos hijos menores de edad. La canasta básica muestra el costo para adquirir los alimentos básicos para vivir y acceso a servicios mínimos.
La canasta de indigencia fue de $10.252, el costo estimado para la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Mercado Libre avanza hacia el negocio financiero. La firma fundada por Marcos Galperin, que nació como un sitio de comercio electrónico, sumó a su menú de opciones la posibilidad de invertir los fondos alojados en su billetera digital y obtener una renta por ese capital.
La propuesta, creada en alianza con el Banco Industrial (Bind), permite a los usuarios de Mercado Pago, la herramienta de pagos digitales de la empresa, utilizar el dinero disponible en su cuenta y asignarlo a un fondo que, según anunciaron desde la empresa, genera un rendimiento anualizado del 39,4%.
«Apuntamos a los usuarios que tienen poca experiencia de inversión», dijo Osvaldo Giménez, vicepresidente senior de Mercado Pago, quien detalló que el instrumento, habilitado hace algunos días, ya administra una inversión de $100 millones, con un promedio de $6500 por usuario.
– La plataforma es similar a un fondo común de inversión.
El dinero de cada usuario alojado en Mercado Pago se asigna en un fondo bajo custodia del Bind, compuesto por cauciones, plazos fijos y títulos públicos de corto plazo. «Son instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez», dicen en la empresa, que administra junto al Bind la composición del fondo, que fue habilitado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El fee de este servicio es de un 2%, que se distribuye entre ambas empresas, y ya está descontado de la ganancia que recibe el usuario.
Con este servicio, Mercado Libre busca generar una alternativa de inversión que compite pero también se integra con el sistema bancario. El usuario puede depositar dinero en efectivo o con su tarjeta desde el banco a la plataforma de Mercado Pago, con acreditación inmediata, o hacer el rescate inverso, en un proceso que demora un día hábil.
La Argentina es el primer país en el que la empresa presenta su herramienta para invertir, aunque el plan es expandirlo a otros países de la región.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
La tecnología de explotación actual es prehistórica: se cavan ringlas de piletones a pico y pala en la costra seca que recubre el salar hasta que aparece la salmuera unos pocos centímetros debajo. En otros casos se construyen piletones con marcos de metal y plástico grueso, «pelopinchos» gigantes de manzanas enteras de superficie. Luego se deja que el solazo puneño, el viento y la baja presión atmosférica del altiplano vayan evaporando el agua. Eso sabe tomar hasta un par de años. Todo es lento en esos paisajes inmensos.
Ahora, parafraseando a Fouché, vender litio sin valor agregado no es sólo un crimen: es un error. La rampa económica del litio argentino empieza cuando deja el país desde Catamarca, Salta o Jujuy, y en cantidades crecientes: hoy es el 17% del consumo mundial.
Pero Jujuy solita quiere producir 55 millones de toneladas, es decir el 22%, y próximamente. Y es que una tonelada de carbonato cuesta U$ 6000 FOB en el puerto más a tiro, pero con ella pueden hacerse 100 enormes baterías de ésas que usan los autos Tesla para lograr 500 km. de autonomía sin recargar. Tales baterías cuestan U$ 20.000 por unidad, así que ya subida a 100 Teslas, esa tonelada de litio vale U$ 2 millones.
“¡Hagamos baterías, Mendieta!”, escribiría el Negro Fontanarrosa, si estuviera aún entre nosotros. Pero en plan de discutir con el criollismo de un Inodoro Pereyra, lo que hace valer al litio es el “know how”, no el material en sí. Según Flexer, cualquiera de sus investigadores sabría construir una batería, pero no así de buena. En Jujuy se harán baterías, en cantidades simbólicas. Ese tren de la electroquímica ya nos dejó en el andén, y no solo a nosotros sino a Europa. Hay miles de tecnólogos/as de ojos rasgados mejorando constantemente las pilas recargables de litio en las universidades y empresas de China, Japón y sus vecinos: estamos fuera de esa carrera.
La deshidratación de los piletones, sin embargo, acelera el exiguo flujo de agua de los acuíferos que van recargando los lagos con salmuera. Los paisanos que vivan en los sitios altos, donde el agua subterránea todavía es potable, en caso de explotación intensa en los salares “aguas abajo” pueden quedarse con los aljibes secos. “Pueden” es un decir. Está sucediendo y hay lío. Silenciado, como suele ocurrir en el NOA.
Pero hay otras carreras, otros nichos de mercado más a nuestro alcance para industrializar el litio en el país, sugirió Flexer el 18 de septiembre en un buen reportaje de Yasmín González Blanco. Uno de ellos está en nuestra industria nuclear: los isótopos puros llamados litio-6 y litio-7 se usan en reactores nucleares para impedir la corrosión. Valen U$ 2000 el gramo.
