Quienes estaban pensando en comprar un 0 km, entregando su auto usado en parte de pago, están en problemas. El salto del dólar que se produjo a partir de fines de abril -y que todavía no parece haber alcanzado su techo- alteró la relación de precios entre unos y otros.
Por la devaluación, los valores de los vehículos nuevos se dispararon, debido a la incidencia que tiene el tipo de cambio en este sector, mientras que los de segunda mano no acompañaron esa estampida, provocando que la brecha entre ambos se ampliara de manera inesperada.
Según datos del mercado, un vehículo modelo 2017 perdió casi 40% de su valor en relación a lo que cuesta su 0 km equivalente.
«La brecha entre un vehículo de un año de antigüedad respecto al nuevo es, en épocas normales, de entre 10% y 20%, según los kilómetros que tenga y su estado. Hoy es más del doble, lo que muestra que estamos viviendo un momento atípico. Estamos realmente sorprendidos por lo que está pasando en el mercado» señaló Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor.
Esto se produce con un vehículo en su primer año de vida pero empuja a los modelos anteriores que sufren una depreciación de alrededor de 10% por cada año adicional. Es cierto que la comparación se realiza contra los precios de listas pero, en realidad, la mayoría de los modelos tienen fuertes bonificaciones.
Los 0 km aumentaron en lo que va del año alrededor de 45%, aunque la mayor parte de ese incremento se produjo de forma brusca desde fines de abril. Los usados no tuvieron un incremento similar.
Al menos, así son las clasificaciones del instituto de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires: Para no ser consideraba indigente, una familia tipo necesitó en julio pasado un ingreso mínimo de $ 9.895,99. Con ese dinero, se supone, puede hacer frente a la canasta básica alimentaria. Y, para no ser pobre, requirió $ 20.216,01, lo que quiere decir que durante el mes pasado logró pagar la canasta básica total.
El grupo familiar que toma en cuenta el organismo está formado por una pareja con dos hijos de 6 y 9 años que es propietaria de su vivienda.
Hay un grupo de gente cuya familia gana entre $ 20.216 y $ 25.705 que es considerado «sector no pobre vulnerable» y quienes ganan por encima de ese monto y hasta $ 32.132 es el «sector medio frágil».
Esto significa que una familia de clase media tiene que tener ingresos por encima de $ 32.132 y hasta $ 102.822, monto por sobre el cual se considera en el grupo de «sectores acomodados».
El Gobierno informó las nuevas alícuotas que regirán para los reintegros a las exportaciones: las automotrices, reunidas en ADEFA, resignarán por este concepto $ 8227 millones.
Las doce terminales -la semana pasada se sumó Nissan a este conglomerado industrial- exportaron en 2018 por US$ 6498 millones, según datos anualizados a julio. En ese período se les devolvieron US$ 426,1 millones en reintegros a las exportaciones, mientras que con el cambio actual recibirían US$ 156,8 millones. Eso implica un ahorro de US$269,3 millones para el fisco.
La baja de alícuotas en los reintegros a las exportaciones en el sector automotor fue del 6,5% al 3,2%, en promedio.
Ese monto, además, representa, según los cálculos del Ministerio de Producción, el 49% del total de los reintegros pagados al conglomerado de manufacturas de origen industrial (MOI).
El impacto de los recortes de los reintegros a las exportaciones de las automotrices es tan significativo en la torta total de esta devolución indirecta de impuestos que el monto ahorrado en todo el conglomerado de manufacturas de origen agropecuario (MOA), por ejemplo, es apenas superior: alcanza los US$355,6 millones, según datos oficiales.
Más allá de las explicaciones y promesas del ministro de Producción, Dante Sica, hay una frase reveladora que surgió de los ejecutivos: «No es fácil explicar a las casas matrices este cambio de las reglas de juego». Marca un hecho: hoy la industria automotriz es transnacional.
Con 100 años recién cumplidos, la leche condensada es uno de los productos icónicos de la suiza Nestlé, comparable con sus chocolates o la leche en polvo. En la Argentina se elaboraba en la planta de Villanueva en Córdoba. Pero en la crisis de 2002, con ventas muy modestas, Nestlé decidió dejar de fabricar para pasar a importar las célebres latitas.
Hace un año y sin que nadie pronosticara el nivel actual del dólar, a una de sus ejecutivas, Natalia Silva junto a sus compañeros de batalla, se les ocurrió volver a producirlas pero en el epicentro de la cuenca lechera, en Firmat, en plena provincia de Santa Fe.
La otra novedad es el envase. Así acordaron la nueva línea con Tetrapack y tras una inversión de $ 28 millones la leche condensada vendrá ahora en envase de cartón.
En Argentina el consumo de leche condensada es de dos latas al año por persona y se cree que puede crecer a más del doble.
Esta noticia indica algo más que el emprendimiento de una gran empresa. Firmat está, justamente, en el centro de una zona «lechera», donde en los últimos años se ha cerrado una multitud de tambos. Porque «los números no cerraban».
Es otro caso donde las grandes empresas reemplazan a las pequeñas explotaciones rurales. La rentabilidad tiene una lógica implacable. Pero la Argentina debería tomar en cuenta el ejemplo europeo (y japonés): esos países han decidido que el beneficio de mantener una ruralidad sana es más importante que la dinámica de los mercados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda del Sindicato de Peones de Taxis contra la empresa UBER. El fallo del máximo tribunal no es sobre el fondo de la causa, pero con su resolución da por terminado el planteo del sindicato contra 33 conductores de UBER.
La denuncia fue por los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita.
El juez de instrucción, Luis Zelaya, sobreseyó a los conductores y luego esa resolución fue confirmada por la Cámara del Crimen. Tanto el magistrado de primera instancia como la Cámara sostuvieron que no había delito penal por parte de los choferes de UBER sino que se trataba de una actividad lícita.
Ahora la Corte Suprema confirma esa idea y con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, rechazó el recurso de queja presentado. El efecto es que deja firme el fallo que rechazó la denuncia.
La decisión judicial fue recibida con entusiasmo por la empresa.
El 26 de julio de 2018 el presidente Mauricio Macri y su par francés, Michel Macron, decidieron indirectamente el cierre de los Astilleros Río Santiago (ARS), hasta la década de los ’80, los mayores, mejor equipados y calificados de Sudamérica. Lo hicieron al firmar la compra para la Armada Argentina de 4 patrulleras francesas OPV de Naval Group, nuevo nombre de la constructora naval más vieja del mundo (la fundó Luis XIV en 1631).
Antes, Macri coqueteó con españoles e israelíes, pero en ningún momento él o su Ministro de Defensa, Oscar Aguad, consideraron llevar a término un plan que ya cumple 20 años dando vueltas por las cancillerías de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, y que sólo este último país viene cumpliendo. Es (era) el de equipar a todo el Cono Sur con un diseño común de patrullera, la OPV-80 del astillero alemán Fassmer. La estandarización regional de partes, componentes, respuestos, equipamiento y procedimientos de reparación de las Fassmer habría bajado el precio de construcción y asegurado muchos años de servicio de estos barcos en las cuatro marinas de guerra.
En números, Macri prefirió pagarle a Francia U$ 328 millones por 4 patrulleras “llave en mano”, en lugar de construir 5 unidades en los Astilleros Río Santiago, con el agravante de que la primera en entregarse a la Argentina, «L’Androit», ya tiene 7 años de uso en la Marina Francesa.
Es decir el presidente y Aguad evitaron pagarle al estado argentino un total de U$ 250 millones por 5 naves nuevas, y prefirieron darle U$ 78 millones más a Francia por sólo 4 unidades, todas menos modulares y polivalentes que las Fassmer. Habida cuenta de que las 4 «nuevas» patrulleras deberán vigilar 1 millón de km2 de mar, no parece que puedan cambiar mucho la situación de descontrol de pesca en nuestra Plataforma Continental. Y de tener una flota patrullera del Cono Sur, a olvidarse.
Aguad y Macri también prefirieron sacrificar 1200 puestos de trabajo calificado en el inmenso astillero de Ensenada, que están nuevamente a punto de cerrar. Pero la buena noticia es que con esta firma Francia se asegura 2000 puestos en Naval Group. Luis XIV sonríe.
El más famoso canciller francés, Charles de Talleyrand, conservó su puesto a través de gobiernos ríspidamente diferentes: los de la Revolución Francesa, el Consulado, el Imperio de Napoleón y la restauración monárquica. Pero en todas sus volteretas (se justificó), siempre defendió los intereses permanentes de Francia, que según Talleyrand, no son muy diferentes de los de Europa. El canciller Jorge Faurie, nuestro Talleyrand criollo, no logró la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa: nadie es perfecto. Pero su jefe acaba de compensar a Macron.
La Armada Argentina no está acostumbrada al autoequipamiento. En 1974 fue forzada a equiparse de naves nuevas y de construcción local, cuando el presidente Juan D. Perón pagó a Blöhm und Voss, de Hamburgo, por los planos y la tecnología de las corbetas alemanas Meko 140 “clase Espora”. Se construyeron 6 en los Astilleros Río Santiago, entonces llamados AFNE. Aunque las Meko están viejas, tienen un diseño modular que permite cambiar o renovar en pocos días los sistemas de armas y sensores. Todavía hoy siguen siendo los mejores barcos de combate de la Armada.
El cierre de los ARS, así como los del complejo submarinístico CINAR, colindante con Puerto Madero, se volvió agenda de los gobiernos argentinos (no de todos, de casi todos) desde la derrota de Malvinas. Es parte de las cláusulas de desarme unilateral exigidas por el Reino Unido en el Pacto de Madrid, el que posibilitó la rendición argentina, y que al parecer goza de buena salud. El presidente Raúl Alfonsín no se propuso el cierre de los ARS, pero los dejó sin plata y sin trabajo y esperó que se murieran solos. Pero tienen una propensión a resucitar. De hecho, la última Meko 140 se entregó a la Armada recién en 2004.
Más «proactiva» fue la política de su sucesor, el presidente Carlos Menem. Por una parte, intentó cerrar y privatizar el CINAR, entonces llamado Tandanor-Domecq García, para hacer un barrio paquete colindante con Puerto Madero (hubo denuncias, juicios por estafa, ningún preso). Contra los ARS fue “con todo”. El 21 de septiembre de 1992 para garantizar su rápido cierre lo hizo invadir desde el río por el Grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, pero la población y la municipalidad de Ensenada se jugaban su mayor fuente de trabajo. Más de 5000 lugareños sitiaron a los comandos dentro del astillero. Hambre no iban a pasar, dado que podían ser reabastecidos desde el río, pero incluso Menem tenía cierta aversión por el ridículo. A las 60 horas, los comandos se tuvieron que retirar.
Hubo represalias. A partir de aquel momento los ARS pasaron a ser de dominio provincial y entraron a 12 años de estado de coma y abandono, administrados (es un decir) por el gobernador Eduardo Duhalde. Vale la pena googlear las fotos de esos enormes hangares vacíos, invadidos por la vegetación, las ratas y las palomas, y a punto de derrumbe. Llenos de las enormes máquinas-herramienta que hicieron posible que allí se construyeran desde locomotoras hasta componentes para centrales nucleares. Son imágenes que están en la memoria colectiva de Ensenada.
Los ARS fueron resucitando trabajosamente a partir de 2004, con pedidos de petroleros, tanqueros, graneleros y pesqueros de países y empresas nacionales y de la región. Salieron barcos de hasta 60.000 toneladas. Pero los negocios con PDVS, la petrolera de Venezuela siempre fueron difíciles: ellos lerdos para pagar, el ARS lerdo para construir (si no te entra un dólar, resulta difícil).
Durante el período kirchnerista las esperanzas de ARS estaban muy puestas en la construcción de las OPV-80 para la Armada, pero inexplicablemente pasaron los años sin ningún pedido formal. Los planos y la tecnología ya habían sido comprados al astillero militar chileno ASMAR en 2009. Sólo había que poner uno en quilla… La última alegría de ARS es de 2014, una orden por 4 grandes remolcadores de diseño original para Abadía del Mar, un grupo privado.
Ante la cachetada del acuerdo Macri-Macron, los ARS perdieron como cliente a su viejo dueño, la Armada, y hoy –paradojas de la historia- está ofreciéndole las OPV a la Prefectura que los invadió, para reemplazo de sus viejos patrulleros “clase Mantilla”. Dado que la idea fija del gobierno nacional es el cierre, es difícil que el ofrecimiento sea aceptado por la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich.
¿Es tan polivalente esta patrullera de diseño alemán como para equipar a fuerzas marcadamente distintas, como la Armada y la Prefectura? Sí. Tiene dimensiones parecidas a las de la corbeta Meko 140 de la Armada, aunque éstas ostentan un armamento mucho más poderoso y diverso, incluyendo un cañón automático de 76 mm, 4 de 40 mm., y misiles antibuque MM-38 Éxocet.
Las velocidades se parecen un poco. La Meko está en los 27 nudos, y la OPV motorizada según la última oferta de ARS a la PNA, tendría una velocidad de persecución apenas menor (24 nudos), pero una autonomía larguísima, de 8000 millas. Y es que una patrullera no está hecha para enfrentarse con buques de guerra, sino para detener la pesca ilegal, razón por la cual su armamento se reduce a un cañón automático de 30 mm. en proa, y ametralladoras cal. 50. Lo central es que puede y debe aguantar un mes seguido en campaña, porque le sobra mar para custodiar. La OPV-80 tiene incluso un diseño “stealth”: con el oleaje brutal del Mar Argentino, que genera «clutter» en los radares no militares, los barcos chinos (los intrusos más frecuentes en la milla 201) no la podrían detectar fácilmente.
Tampoco es fácil “patotearla” tratando de embestirla entre varios pesqueros. Esa es una práctica habitual de los invasores de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina con los clase Mantilla de la PNA. La OPV-80 aún en versión Prefectura tiene mucho con qué contraatacar: carga un helicóptero de al menos 5 toneladas, con plataforma de apontaje de 240 m2 y hangar en popa, y en su flanco de babor tiene una abertura para el despliegue de hasta 2 botes semirrígidos inflables, para partidas de abordaje y captura. Y el helicóptero no sirve únicamente para someter a capitanes chinos que no quieren ser traídos de arrastrón ante un juez argentino. Con el equipamiento necesario de sonoboyas y bombas de profundidad, el helicóptero es la mejor arma antisubmarina desde los ’50.
El cierre –o intento, todavía no se sabe- de los ARS viene con cambios de titularidad sobre el Mar Argentino, que en realidad desde Chubut al sur podría llamarse Mar Español. Desde la presidencia de Menem y hasta hoy, el poder pesquero real fue la flota alturera ibérica “legal”, las firmas con planta de fileteo en tierra. No dejan infracción por cometer, e inventan nuevas. En 2006, a fuerza de sobrepesca, captura incidental, pesca de juveniles y “melliceo” o “trilliceo” de buques congeladores, los hispánicos habían vaciado de tal modo y con tanta impunidad nuestros caladeros que hubo literalmente que cerrar el mar. La merluza hubbsi había desaparecido comercialmente, y no se sabía si “rebotaría”, o cuándo. Más de 30.000 obreros en puertos patagónicos perdieron sus trabajos. Luego el mar fue recuperándose.
El Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollos Pesqueros, INIDEP, en Mar del Plata, resumió la situación en un informe de 2017: desde 1989 España es la revendedora oficial al resto de la Unión Europea de la materia prima generada por el Mar Argentino. Su control comercial y político es férreo. Inhibe toda posibilidad de las empresas locales de pescar en altura o agregar valor a la pesca criolla exportada.
Es difícil que el INIDEP vuelva a repetir opiniones tan crudas: acaba de ser nombrado por tercera vez como director Fernando Georgiadis, como en épocas de Menem y de Fernando De la Rúa. Abogado de las pesqueras españolas, Georgiadis echó de sus cargos a decenas de investigadores oceanográficos para dar ejemplo, manejó al resto con mano de hierro, y en diciembre de 2001, cuando su segunda aparición en el Instituto, fue declarado «persona no grata» por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, a pedido de las pesqueras y los académicos locales. Lo central del trabajo de Georgiadis fue hacer que el INIDEP inventara un andamiaje «científico» para darle soporte legal a las matufias que terminaron con el vaciamiento del mar. Ahora está de regreso.
Pero esto está cambiando. La más expoliadora de las firmas españolas, Arbumasa, con base operativa en Puerto Deseado, fue comprada este año por una pesquera china. De creerle al «Faro de Vigo», muy pendiente de todo lo que pasa en el Mar Argentino, ya se hicieron chinas otras pesqueras grandes y medianas, incluso en Mar del Plata: Altamare, Chiarpesca, Lan Fish, Patagonian Seafood, Ardapez, Arhepez, al compás de U$ 760 millones a fecha de julio de 2017. Y siguen los pases.
En el futuro, habrá chinos operando legalmente desde la costa, en lugar de los españoles, y chinos ilegales en la milla 201, metiéndose 50 o 60 millas de noche en la ZEE. Los ilegales forman ciudades flotantes de hasta 500 barcos. Esas armadas que de noche brillan tanto como el alumbrado público de Comodoro Rivadavia, pertenecen un 40% a China, un 20% a Corea del Sur, otro 20% a Taiwan y un 15%… a España, siempre firme. Son barcos «poteros», que con sus luces atraen y capturan más de 500 toneladas/año de calamar Illex argentinus y Loligo. Roban alrededor de U$ 1000 milones/año. Pero además, como los calamares son especies «forrajeras», de las cuales dependen indirectamente los superpredadores valiosos (como la merluza negra austral), son un desastre para el ecosistema pesquero.
La pesca «conservacionista» bajo licencia de Port Stanley, en 2017 generó U$ 228 millones, y el 75% de las capturas fueron compradas por… Sí, adivinó, España. Los «islanders» son súbditos económicos de la monarquía equivocada. Con el Brexit, los reinos borbónicos podrían ponerle tarifas aduaneras a la pesca malvinera. Si esto sucede, Stanley, pragmático, le venderá el calamar a Beijing.
Como escenario de pérdida agravada de soberanía, todo esto es de pesadilla. No sólo la Prefectura necesita los OPV-80. También la Armada. No es tarea para submarinos, como el lamentado ARA San Juan, naves que para ser silenciosas no tienen siquiera armamento de cubierta como para detener a un pesquero. Éste es un momento estúpido, si alguno no la fuera, para cerrar los Astilleros Río Santiago y perder toda la poca fuerza de negociación que nos queda sobre nuestro propio mar.
AgendAR no cree que esto sea un plan del gobierno. No cree que el gobierno tenga planes para el Mar Argentino. China sí.
Los institutos del CONICET están atravesando un momento crítico. Tanto, que 240 directores (de un total de 266) de estos institutos firmaron una carta que el pasado miércoles entregaron en la Cámara de Diputados. “El CONICET está al borde de la parálisis”, advirtieron.
El reclamo reunió a los investigadores más destacados del país. A modo de ejemplo, entre los firmantes está la directora del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), Damasia Becú, que entre sus investigadores tiene a Gabriel Rabinovich, investigador que hizo un aporte clave para el desarrollo de la inmunoterapia para tratar el cáncer.
También figura Ernesto Calvo, director del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), investigador que desarrolló los nuevos métodos de extracción de litio sin afectar el medio ambiente, una de las promesas energéticas del futuro. Y firma la carta Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL). Esta científica desarrolló una soja resistente a la sequía que espera la aprobación de ANMAT para que empiece a comercializarse: una promesa para la producción agrícola.
“A esta altura del año 2018 los institutos han recibido, a cuentagotas, cuotas presupuestarias que contienen una reducción nominal significativa respecto a los montos recibidos en 2017. Con estos presupuestos –advierte la carta- que no alcanzan para pagar servicios públicos, garantizar la limpieza y seguridad de las instalaciones ni para realizar reparaciones y mantenimiento básico de equipos científicos, los institutos no pueden subsistir”.
Este es sólo uno de los tantos problemas que enfrenta el CONICET. La carta también advierte que los salarios de los investigadores y becarios se encuentran entre los más bajos de la región: un becario postdoctoral –graduados universitarios de dedicación exclusiva- tienen un salario por debajo de los 24.000 pesos. Investigadores jóvenes, agrega la carta, perciben “salarios apenas mayores”. Y los investigadores formados se encuentran en una escala salarial “desjerarquizada”. Esto representa una gran dificultad a la hora de evitar un éxodo de científicos, que podrían conseguir un puesto en el exterior con salarios en dólares y mucho mayor poder adquisitivo. “Es imposible evitar un nuevo éxodo de investigadores altamente capacitados”, dice la carta.
Pero el problema no es únicamente salarial: “Este éxodo está estimulado también por la brusca reducción en el número de vacantes disponibles en el CONICET para nuevos investigadores y becarios”.
La reciente crisis financiera en Turquía impulsó a analistas y especuladores a practicar uno de sus deportes favoritos: pronosticar cuál es el próximo mercado emergente a ser golpeado.
La caída de la lira turca, que llegó a tocar un 30% de depreciación contra el dólar hace diez días atrás, afectó en primer lugar a las monedas de las economías emergentes más dependientes del financiamiento externo, tal el caso por ejemplo del rand sudafricano (-8%), el peso argentino y el rublo ruso (-6%), el real brasileño (-4%) y el peso mexicano (-3%).
Así, durante la semana pasada el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) registró una huida de capitales de los mercados emergentes hacia bonos del Tesoro estadounidense y otros destinos que se estiman más seguros. Un conocido fenómeno que ya tiene su etiqueta: «flight to quality» (vuelo a la calidad).
Pero ahora que los mercados ya asumieron el cimbronazo turco, las miradas de los especuladores se posan sobre la próxima ficha que esté a punto de caer. Hace varios meses que los economistas del IIF vienen alertando de los riesgos de que aparezcan varios casos como el de Turquía dentro del club emergente.
Por supuesto, en este listado Argentina ocupa uno de los lugares preponderantes. Pero no es la única que se encuentra cerca del precipicio.
• Según el informe, Ucrania, Brasil, Hungría y Egipto también están en la mira de los especuladores por sus fragilidades estructurales.
En realidad, el estudio del IIF toma en cuenta tres criterios para definir qué mercados emergentes se encuentran hoy más comprometidos frente a las turbulencias financieras internacionales: la solvencia de la deuda soberana, la capacidad de obtener financiamiento en los mercados y el riesgo cambiario.
Sin embargo, si se mira la trayectoria de la deuda, los países más comprometidos son la Argentina y Brasil, ya que va a ser difícil reducir el nivel de endeudamiento con las bajas proyecciones de crecimiento económico y del actual nivel de déficit fiscal y en cuenta corriente.
Otros casos menos complicados son los de Egipto, donde la deuda es elevada pero con tendencia a la baja (esto ayuda a reducir la vulnerabilidad fiscal del país), y Arabia Saudita, cuyo nivel de endeudamiento crece de manera significativa, pero desde un nivel inicial bajo.
La opinión de AgendAR sobre este tema es que, sin duda, la crisis en Turquía fue uno de los factores que causaron los temblores del peso argentino en la semana anterior. Como los de otras monedas de países «emergentes». Pero el motivo estructural de la devaluación de alrededor del 50% que sufrió nuestra moneda este año ha sido, es, el déficit de la balanza de pagos.
Simplicando (mucho) pero sin desviarnos de la realidad: los ingresos genuinos por las exportaciones no alcanzan para pagar por las importaciones necesarias más los intereses de la deuda externa. Y los prestamistas externos se han vuelto renuentes a seguir prestándonos. Salvo, por ahora, el F.M.I.
“En el primer cuatrimestre de 2018, el consumo privado creció a buen ritmo”, dice Ecolatina. En rigor, las ventas de bienes durables y turismo en el exterior batían récord mientras que el consumo masivo se recuperaba.
Sin embargo el escenario cambió drásticamente en el bimestre mayo-junio: “el gasto en bienes durables y turismo emisivo, que trepaba a tasas chinas, pasó a caer fuertemente, y el consumo masivo volvió a descender”, afirman desde la consultora.
¿Qué pasará con el consumo en lo que resta del año? Las expectativas para el segundo semestre no son alentadoras.
“La pérdida de ingreso real de las familias (salarios, prestaciones sociales y empleo) más la elevada tasa de interés, generarán una contracción del consumo privado en la segunda mitad del año. Además, esperamos una significativa reducción del consumo público (que sólo representa 15% del consumo agregado) para cumplir con las restrictivas metas fiscales acordadas con el FMI. Por ende, el principal componente de la demanda interna presentará una caída significativa”, dicen, sin vueltas.
El salario real cayó 1% en el primer semestre principalmente por el salario del sector público (-2,3%). Producto de la aceleración inflacionaria, la tendencia se profundizará en la segunda mitad del año provocando pérdidas cercanas al 7% (lideradas por el sector público y, en menor medida, los trabajadores informales).
En un reciente reporte de El Economista se hace un cálculo sobre el peso que han adquirido las tarifas a los servicios públicos (se concentra en gas y electricidad) sobre los presupuestos de los hogares.
“Para analizar este efecto, simulamos la evolución del gasto en facturas energéticas de un hogar del área metropolitana con consumos razonables (300kw/h mensuales en electricidad y 100m3 en gas). Luego deflactamos la serie por inflación para llevar ese gasto a pesos de hoy. La simulación nos muestra que este hogar hipotético pagaba en 2003 una factura mensual de energía del orden de los $1500 (en ‘plata de hoy’). Por cortesía del congelamiento tarifario, el presupuesto que los hogares debían destinar a la energía se fue reduciendo hasta representar apenas $300 mensuales por ambos conceptos en la fase final de la gestión kirchnerista.
El ajuste tarifario ejecutado por el macrismo hizo subir muy rápidamente el monto de estas facturas por encima de los $3.000 mensuales. Nótese que el gasto actual de los hogares en energía duplica al de 2003 en términos reales, básicamente, porque hoy la generación de esa energía es mucho más cara en dólares que hace 15 años”.
En términos más llanos, “hasta 2015 la energía era un ítem prácticamente despreciable en el presupuesto de los hogares y, en menos de tres años, su peso creció muy rápidamente hasta convertirse en un renglón muy significativo”.
Pasó de representar menos del 1% del salario promedio hasta más del 10% en la actualidad.
La empresa española Hispamar, sigue creciendo en los «cielos abiertos» (unilateralmente) de Argentina. Esta noticia la confirma Sergio Chaves, director de Negocios para América del Sur de la compañía.
Hispamar Satélites (Hispamar) está ubicada en Río de Janeiro, Brasil y es una filial del Group Hispasat, operador español de satélites para telecomunicaciones.
Según Chaves: «Es un momento de mucha competencia, en el que hay muchos satélites nuevos. Hispamar lanzó tres en menos de dos años y, pese a la crisis que viven Argentina y Brasil en materia económica, está comenzando a repuntar el mercado de satélites”.
La expansión de Hispamar en Sudamérica ha sido notable. El 64,9% de los ingresos de la firma de telecomunicaciones satelitales española viene de la región. No se trata de poca plata: en 2016, eran 228 millones de euros.
En la Argentina, el lobby de Hispasat, ejercido desde principios de 2016 a través del difunto Ministerio de Telecomunicaciones y con la firma de Oscar Aguad, empezó haciendo suspender indefinidamente el ARSAT-3 de la empresa estatal argentina ARSAT SA, que le hacía una incipiente competencia con sus satélites 1 y 2 dentro del territorio nacional.
Luego aquel Ministerio libró autorizaciones a satélites españoles que ya venían operando sobre la Argentina ilegalmente y sin licencia. Primero los blanqueó, y acto seguido penalizó a Hispasat con una multa de U$ 75.000 por años de operación ilegal y millonaria en desmedro de ARSAT SA. Con esto, el total de aparatos Hispasat que cobra por operar en Argentina se elevó a 4 y el grupo español va por más.
En los hechos, la perjudicada ARSAT con sus dos satélites iniciales apenas llegó a tener el control del 20% del mercado nacional en 2015, pero sus planes eran construir 6 más, de ancho de banda cada vez mayor, y de proyección continental: el ARSAT-2, aunque es un aparato pequeño, puede dar servicios en las Tres Américas. Los españoles decidieron extirpar la amenaza a tiempo: con comienzos en 2014, ARSAT SA había vuelto a la Argentina, fuera de EEUU, el único país en el continente americano capaz de diseñar, construir y operar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Era el octavo y no bienvenido miembro a un grupo muy chico de 7 países donde trabajan unas 20 empresas a cargo de una mundial de aproximadamente 460 satélites.
Más allá del perjuicio para la Argentina en pagar a un proveedor español por servicios que podría estar dando y cobrando el estado nacional, hay otros sectores perjudicados. En primer lugar, la empresa barilochense INVAP, constructura de los satélites de ARSAT, que tras haber expandido sus equipos humanos y técnicos para diseñar e integrar un total de 8 satélites, según establecía la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, se quedó con U$ 300 millones invertidos e incobrables. La ley fue simplemente ignorada, no hizo falta voltearla.
Hay otros perjudicados directos: la población rural dispersa y agrupada, entre 5 y 7 millones de argentinos a los que ARSAT se proponía darles conectividad satelital gratis, particularmente en banda Ka, muy apta para internet satelital, como forma de fortalecer las economías regionales. Obviamente Hispasat e Hispamar carecen de todo propósito similar.
Los españoles no están solos: desde que asumió el presidente Mauricio Macri se autorizó la operación de 23 nuevos satélites extranjeros sobre territorio argentino sin contraprestación, mayormente operados por la sociedad belga SES. Sólo este año solamente, el Ministerio de Modernización autorizó 9 aparatos.
Esto significa que se viene concediendo a empresas del Primer Mundo «derechos de iluminación» del territorio argentino sin que los países así beneficiados estén obligados a abrir sus cielos a los servicios satelitales de ARSAT SA. La contraprestación es la práctica habitual y legal entre países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
En Argentina, la empresa Hispamar tiene operativo el satélite Amazonas 5 y existe la posibilidad de ampliar servicios, confirmó Chaves.
Un estudio hecho por ESET, una compañía especializada en la temática de la seguridad digital, recopiló información de ejecutivos, técnicos y gerentes de más de 2500 empresas de 15 países de América Latina. Y elaboró el ESET Security Report 2018; un informe que presenta un resumen del estado de la seguridad para las empresas de la región.
• Uno de los datos más llamativos que dejó el informe es que el 25% de las PyMEs que participaron del estudio aseguraron no tener una solución antivirus.
• Por otro lado, el 53% de las PyMEs aseguraron que el ransomware (un programa dañino que restringe el acceso a memorias de la propia PC, obligando a pagar un rescate al extorsionador), junto con el malware y las vulnerabilidades, representan las principales preocupaciones en materia de seguridad.
En el caso del ransomware, la preocupación aumentó un 10% en relación a 2016 y un 15% aseguró haber sido víctima de esta amenaza durante 2017. Sin embargo, un dato destacado es que pese a ser una de las principales preocupaciones, se redujo la implementación de soluciones de protección para servidores de correo cuando el principal vector de propagación es a través del mail.
Asimismo, el estudio devela que también se redujo la utilización de soluciones de backup con respecto al 2016 y el 74% de los que realizan backup no clasifican su información. “Teniendo en cuenta que uno de las principales formas de ransomware es cifrando los archivos, resulta fundamental contar con una buena solución de backup y clasificar bien la información. De lo contrario, el daño puede resultar crítico.”, mencionó Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.
En la reciente reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, fue entrevistado. Y habló de tendencias de negocios.
—¿Hacia dónde va el grupo?¿Se reorienta hacia las nuevas tecnologías?
—No sé si algo le dice que mi oficina y la de mis socios siguen estando en la sede del diario. Los medios son nuestra esencia. En los últimos años hemos invertido mucho en contenidos y en tecnología, tanto en el diario como en el canal y en la radio. Y sobre todo en cómo llevarlos a las nuevas plataformas de manera sustentable. Tenemos allí incluso mucha más audiencia que en los medios tradicionales.
El empresario recordó que el primer paso del grupo fue dar el servicio de TV por cable. “Eso evolucionó con la masificación de Internet. Y luego se le sumó la movilidad. Para nosotros fue un paso natural”.
• “La conectividad es uno de los factores que más contribuyen a la competitividad de un país.
Magnetto destacó que “la banda ancha no sólo es un insumo crítico para los negocios digitales. Es esencial para los servicios, el comercio, las finanzas, el turismo. También para la industria: la tecnología y la conectividad que requieren hoy los sectores primarios están fuera de discusión. Desde el monitoreo del clima en los cultivos hasta el análisis en tiempo real de los yacimientos. Lo mismo sucede con las manufacturas: la robótica y el modelo industrial 4.0 son hoy moneda corriente. Al igual que la inteligencia artificial y el big data”.
Hacia el futuro señaló que “la movilidad sigue expandiéndose. Con un peso creciente del streaming y los nuevos consumos derivados de la Internet de las Cosas”.
Por este motivo, se requiere “una ampliación exponencial de la capacidad y velocidad de transmisión de datos. La inversión en este plano tiene la urgencia y el volumen de otras, como la energética o la logística. En los últimos 20 años, la inversión en telecomunicaciones ha estado por debajo de lo que requiere el desarrollo económico del país”.
• Argentina tiene una penetración de banda ancha fija del 60% de los hogares y una velocidad promedio de 19 megas.
Como referencia mencionó que el promedio de la República Checa es de 40 megas; el de Polonia, 47, y el de Nueva Zelanda, 76.
“En banda ancha móvil, las desigualdades territoriales y de velocidad exigen aceleración del despliegue de antenas y disponibilidad de espectro. Todo esto requiere de fuertes decisiones de inversión. Y a su vez se necesita escala, que puede derivarse de la dimensión global de las empresas o bien de su consolidación local. Esta fue la lógica de la fusión de Telecom y Cablevisión.
Sigue la misma línea que se está transitando en el mundo. Y nos permite estar ejecutando hoy un programa de US$5.000 millones de inversión que de otro modo no hubiera sido posible. Es lo que hace falta para ir hacia una red fijo-móvil que permita brindar cuádruple play, que es lo que demandan los consumidores y las empresas”.
Los ministros de Producción, Ambiente y Energía de Santa Fe, Tucumán, Salta y Córdoba, formaron la Liga Bioenergética de Provincias. Tras la suspensión por 6 meses de la baja de retenciones a la harina y el aceite de soja, se reunieron el viernes en la ciudad de Córdoba para articular una defensa estratégica de la producción de biodiesel y bioetanol.
El gobierno nacional -que necesita con desesperación más ingresos, pero no quería romper la promesa de Macri de bajar las rentenciones a la soja- tomó el peor camino desde el punto de vista del complejo agroindustrial: castigó a la harina y a los biocombustibles.
En AgendAR el problema y las potencialidad de ese complejo fue analizado con profundidad aquí.
Como sea, la consecuencia inmediata de esta medida fue negativa: la soja experimentó una baja en el mercado internacional. Era previsible: Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja, y esto lanzará al mercado más poroto sin procesar.
En nuestro país, reaccionaron las provincias. La iniciativa partió de la secretaria de Estado de la Energía santafesina, Verónica Geese, rescatando una idea que fue planteada cinco años atrás por la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
El anfitrión fue el ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; además de Geese, se sumaron el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, más otros funcionarios de esas provincias.
Participaron también los que forman parte de la cadena de producción e industrialización de los biocombustibles: representantes de Cámaras de Empresas PyME Regionales Elaboradoras del Biocombustible CEPREB, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara Argentina de Industria Sucro Alcoholera, la Cámara de Bioetanol de Maíz y de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO).
Todos ellos están de acuerdo que los biocombustibles son un tema estratégico y con un potencial incalculable en la Argentina.
Las bioenergías son más sustentables, tienen un impacto social y económico positivo, y son menos agresivas con el ambiente y la salud, que las energías fósiles derivadas del petróleo. Ese triple impacto, ambiental, social y económico, que se derrama en las economías regionales, es el que la Liga busca sostener y potenciar. Porque también significa para el país una enorme oportunidad en un mundo en el que lo sustentable marca estrategias comerciales entre países y regiones.
“Argentina se debe aún la discusión de una estrategia a largo plazo en bioenergías, otorgando la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para que las inversiones se realicen, para que la industria sea aún más competitiva. Esta Liga se propone aportar a esa estrategia», explicó Geese.
«Seguramente hay más actores, invitaremos a más provincias, porque el consenso debe ser la base para una estrategia a largo plazo en un tema tan importante como la energía. Así se logran políticas estables, algo que Argentina necesita para ser exitosa“.
Así, la Liga de Bioenergías se inicia con la tarea de generar un Acuerdo de puntos en común que firmarán sus integrantes, y con un pedido de audiencia conjunta al ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel.
En un tema que está tanto en los medios como el escándalo de corrupción en la obra pública que estalló en agosto en Argentina, es de esperar que también se hable de las empresas involucradas. Pero hay dos enfoques distintos y contradictorios.
Por un lado, se señala un hecho evidente: estas denuncias castigaron el valor de grandes compañías argentinas que cotizan en bolsa. Sus controlantes y los inversores en sus acciones perdieron dinero.
Desde el 31 de julio, un día antes de que estallara el escándalo hasta el viernes pasado al mediodía, 22 empresas del Merval perdieron US$ 8857 millones en capitalización bursátil. Eso representa una pérdida del 18% en comparación con el día anterior a las revelaciones.
La suma anterior no incluye a la petrolera Petrobras ni a la siderúrgica Tenaris debido a que, según los especialistas en temas financieros, están menos afectadas que el resto por el «riesgo argentino» y tienen una parte sustancial de sus negocios fuera del país. Eso alcanza incluso a la última de las empresas, que forma parte del Grupo Techint, cuyos ejecutivos declararon en la Justicia en el marco de la investigación y reconocieron haber entregado fondos a funcionarios del gobierno anterior.
En el «top five» de acciones perdedoras en los últimos días se encuentran las de Banco Macro (31,9%), Grupo Financiero Supervielle (30,1%), Transportadora de Gas del Norte (27%), Metrogas (26,4%) y Pampa Energía (25,5%).
Las entidades bancarias afirman que la caída de sus títulos se debe a la situación económica general y no al «cuaderno-gate». Y algunos analistas dicen que el impacto económico del escándalo habría sido menor si no existiera incertidumbre financiera.
Las empresas gasíferas, si bien no están aún en el centro de la polémica, forman parte de un sector que está bajo investigación. Metrogas y Transportadora de Gas del Norte (se encarga del transporte de gas en las zonas centro y norte del país) anotaron pérdidas por encima del 20% desde el último día de julio.
La construcción de gasoductos está bajo sospecha desde hace años en la Argentina. La saga inaugural de esas dudas comenzó con el caso Skanska, a mediados de la década pasada, y se renovó en los últimos días con la detención del empresario Carlos Mundín, presidente de BTU, una empresa que creció de la mano de esa clase de proyectos.
E incluso se sugiere que podrían iniciarse juicios a las empresas locales en los tribunales internacionales por responsabilidades eventuales, en caso que los directivos de las compañías sean encontrados culpables de haber obtenido ventajas ilícitas, «arrepentidos» o no.
En cambio, en otro medio se señala que las compañías cuyos directivos están indagados o se declararon «arrepentidos», tienen contratos activos con el Estado nacional, las provincias o alguna obra pública en ciernes.
Las compañías salpicadas por los cuadernos están presentes entre los consorcios ganadores de los PPP viales, gasoductos, programas de energía eléctrica y renovables, o concesiones. El Gobierno considera que, mientras no se demuestre la existencia de delitos en esos contratos, no hay razones para removerlos. Distingue entre empresarios «corruptos» de las empresas que encabezan, generadoras de empleo.
El arrepentido Gabriel Romero -que declaró haber pagado una coima de US$ 600.000 por un decreto- todavía conserva la concesión de la Hidrovía, pese a que el ministerio de Transporte y la legisladora Elisa «Lilita» Carrió vienen observando esa vía navegable, porque le endilgan encarecer el comercio exterior. También posee Ferrovías, que opera la línea de tren Belgrano Norte.
Aldo Roggio afirmó que ex funcionarios kirchneristas le pedían un 5% de los subsidios que cobraban sus empresas. En esa época, tenía injerencia en las líneas de trenes. Ahora, el empresario cordobés (que renunció a sus empresas) controla Metrovías, la concesionaria del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Se anotó para seguir en este negocio, que está a punto de licitarse. Aquí también se encarga de recolección de residuos en algunos barrios. En Córdoba, posee la concesión de Aguas Cordobesas.
Aunque desde el Gobierno buscan una forma de apartarla, Electroingeniería encabeza el grupo asignado para construir dos represas en Santa Cruz. La compañía posee el financiamiento chino. El Poder Ejecutivo busca una salida elegante para no ofuscar al gigante oriental. Jorge Neyra, de Electroingeniería, también es arrepentido.
Eduardo Eurnekian está en el consorcio que ganó dos PPP viales. Su sobrino, Hugo Eurnekian, fue a Comodoro Py a detallar «aportes de campaña». Corporación América, de esa familia, posee la concesión Aeropuertos Argentina 2000, que administra las estaciones aéreas del país. También postulante por el subte porteño, otra empresa de Eurnekian -Compañía General de Combustibles (CGC)– está inscripta en una disposición del ministerio de Energía que apuntaba a estimular la producción de gas «no convencional». Lo hace en la cuenca Austral y, de esa forma, es beneficiario de la resolución 46. Las empresas cobran un diferencial sobre el precio de mercado del gas por extraer gas no convencional.
Luis Betnaza, de Techint, también fue a Comodoro Py a dar su versión. Tuvo que negociar para salvar a los trabajadores de Sidor, la siderúrgica que le expropiaban en Venezuela, según manifestó. Tecpetrol, de ese holding, también está registrada en la resolución 46 del ministerio de Energía y percibe dinero por aumentar la producción de gas en el país. La compañía es experta en gasoductos, y tiene distintas obras de esa naturaleza en varias provincias. Algunas están en la provincia de Buenos Aires.
Armando Losón es otro de los «arrepentidos». Su holding Albanesi viene construyendo centrales eléctricas, cuyo principal cliente es Cammesa, la administradora estatal del sistema. Losón renunció a su puesto de director y «ninguna persona jurídica del grupo ha sido sometida a proceso», se excusa la compañía.
Cammesa convocó, en 2016, a una licitación de generación térmica para enfrentar los problemas de abastecimiento de electricidad. Uno de los jugadores no tradicionales que allí apareció fue MSU. Su titular, Manuel Santos Uribelarrea, admitió haber hecho pagos al ex secretario Roberto Baratta, porque fue «apretado». MSU desarrolló tres plantas de 150 MW de potencia cada una.
Alejandro Ivanissevich (360Energy) confesó que le pagó $ 500.000 a Baratta. Según su testimonio, fue una contribución a la campaña electoral. Su firma es una de las mayores jugadores en «energías renovables». No solo desarrolla múltiples proyectos asignados por la administración actual, sino que arrancó en los tiempos de Julio De Vido como ministro de Planificación.Isolux -donde lideraba el arrepentido Juan Carlos De Goycochea-participó junto con Iecsa -de Angelo Calcaterra, que está en la misma condición- de la finalización de dos centrales térmicas desarrolladas por la ex Enarsa. Esas centrales ya fueron puestas a la venta por Iecsa, la reemplazante de Enarsa. Los españoles además también son parte de la usina de Río Turbio.
En AgendAR opinamos que el efecto indiscutible de estas denuncias es que los bancos internacionales no estarán dispuestos a dar créditos a las empresas locales involucradas en una causa judicial de estas características. Y que los inversores extranjeros sólo tomarán en cuenta que en Argentina hay «un escándalo mayor de corrupción en la construcción», como lo describió recién la agencia Reuters, y lo verán como una razón más para no invertir aquí.
Luego que la compañía estatal YPF aplicara su último aumento, el segundo en apenas dos semanas, desde el sector empresario no descartan que en septiembre haya un nuevo retoque en los surtidores.
“Probablemente. Estamos ante una sucesión de aumentos realmente grande. Los combustibles han aumentado 9 veces en lo que va del año, con lo cual estamos marcando un récord”, explicó este lunes Raúl Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles.
Castellanos agregó que en el sector viven “ante la incertidumbre de cuál va a ser el punto de equilibrio. Los combustibles tienen un atraso en el precio luego del aumento del petróleo y del dólar«.
Por último, adjudicó las diferencias de precios entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior a una “política comercial” de las empresas y no a una cuestión de costos.
“No tiene que ver con los costos, no existe un justificativo. Es algo que no es nuevo, que es de varios años. Son diferencias importantes”.
Datos del Banco Central a julio pasado indican que el monto total de cheques rechazados por falta de fondos alcanzó a cerca de $ 4.600 millones, equivalente al 1,2% de a cantidad de documentos que pasaron por la cámara compensadora.
En julio de 2017, los cheques sin fondos habían representado 0,8% del total, lo cual indica que el nivel de incumplimiento trepó 50% en un año.
La cifra sobre el total del sistema, no obstante, sigue siendo relativamente baja. Durante ese mismo período de comparación, el monto de dinero que pasó por clearing subió 28%, algo menos que la inflación.
La cantidad de empresas que en mayo decía tener su cadena de pagos cortada era de apenas del 6,5%, mientras que en junio trepó a 15,5. En julio el dato mejoró en apenas 1 punto.
La agenda de los emisarios del presidente Mauricio Macri en Nueva York, que regresaron el viernes al país, tuvo una sola consigna: transmitir que las políticas económicas terminarán siendo sostenibles y que no hay riesgo de otro default de la deuda.
Para llevar calma sobre esos temas viajaron el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero; y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, quienes escoltaron al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Las espadas económicas transmitieron un mensaje en todas sus reuniones: los dólares para el año que viene están asegurados.
Según se pudo reconstruir, la mano derecha de Luis Caputo en el Central, Cañonero, un ex banquero del Deutsche Bank, confirmó lo que algunos medios habían adelantado: pedirán que el Fondo Monetario Internacional (FMI) les gire el dinero para afrontar los vencimientos de deuda del 2019 en caso de que los mercados sigan cerrados.
«Cañonero explicó que el acuerdo con el Fondo se puede ampliar o acelerar. Esto es, que el Gobierno podría solicitar el adelanto del dinero o incluso que le acerquen más plata de los US$ 50.000 millones que consiguieron inicialmente. Pero destacó que solo es un ´plan B´que tienen guardado en caso que se complique el escenario global», detalló uno de los asistentes a esas reuniones con funcionarios argentinos.
Se reafirman así las expectativas que tiene la administración de Cambiemos sobre el FMI. No sólo el organismo de crédito cambió su punto de vista al permitir que usen sus dólares para financiar el desarme de las Lebac, y que se deje de lado la meta de reservas mínimas, sino que estaría dispuesto a más para mantener en pelea al Gobierno de cara a las elecciones.
Si bien fue una buena noticia para los fondos de inversión, varios de ellos siguen desconfiados de la estrategia oficial. «Las presentaciones fueron un tanto flojas. No está claro que puedan atacar el tema fiscal y menos en un año electoral», dijo un banquero que participó de las reuniones.
Las ventas por el Día del Niño cayeron 3,3% interanual, informó CAME. Por otro lado, la Noche de las Jugueterías tuvo un alto impacto, sobre todo en Capital Federal y el ticket promedio fue de $655, lo que los altos precios de los juguetes hacían previsible.
El mal resultado se dio “en línea con la tendencia general del consumo”.
“La canasta de juguetes, la Noche de las Jugueterías y, en el caso de CABA, la promoción de 50% off durante el jueves con la tarjeta del Banco Ciudad fueron de mucha utilidad para sostener la venta”, explicó Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Si bien la propuesta se extendió a todo el país, en el caso puntual de la Ciudad, tuvo un alto impacto y ayudó a que el despacho de estos creciera 1,5 % frente al Día del Niño anterior.
El ticket promedio se ubicó este año en $ 655, 19% por encima del 2017, “dando cuenta que las familias se volcaron a regalos de menor valor, tomando en cuenta la inflación”, dijo CAME. Esto se notó en todos los rubros.
Los tambos, y toda la industria láctea en problemas, puede haber recibido en estos días una gran noticia: es posible lograr más producción de una leche más sana y con menores costos. Los datos a hoy:
Los animales rumiantes como las vacas, las ovejas y las cabras conviven en su tracto digestivo con una altísima diversidad de bacterias. Si se las estimula adecuadamente, algunas de ellas pueden generar compuestos de alto valor nutritivo que elevan la producción y la calidad de la leche.
¿Cuál es ese estímulo? Con una simple modificación de la dieta tradicional de los tambos, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, lograron:
que las ovejas produjeran 24% más de leche enriquecida en ácidos grasos omega 3 y otros insaturados, fundamentales para la buena alimentación humana.
“Las dietas más comunes en los tambos ovinos son a base de pasto y de grano de maíz como suplemento energético. Nosotros probamos un suplemento menos frecuente, la cascarilla de soja, un residuo de la industria aceitera. Comparamos ambas dietas y vimos que las ovejas que recibieron cascarilla de soja produjeron un 24% más de leche por día y que esa leche estaba muy enriquecida en ácidos grasos omega 3 y otros poliinsaturados. Además, tenía cantidades interesantes del compuesto llamado CLA (Conjugated Linoleic Fatty Acid), un promotor de la pérdida de peso en humanos. Entre otras funciones, estos compuestos ayudan a bajar el colesterol y a combatir afecciones cardíacas”, dijo Florencia Miccoli, docente de la cátedra de Bovinos de Carne de la FAUBA.
Miccoli, quien también es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, señaló que a esos ácidos grasos tan valiosos se los denomina productos nutracéuticos, un término originado en las palabras ‘nutrición’ y ‘farmacéutica’, y que hace referencia a compuestos benéficos para salud humana.
“Los animales pueden consumir estos nutracéuticos con la dieta o generarlos naturalmente en el rumen —como sucede con el CLA— por medio del proceso de biohidrogenación; de cualquier manera, el destino final es la leche. Para ser exactos, quienes realizan este proceso no son los animales en sí, sino algunas bacterias que habitan en el rumen y forman parte de la inmensa comunidad de microorganismos llamada microbioma”, agregó.
La investigadora resaltó la importancia de que el rumen esté habitado por una gran diversidad de microorganismos capaces de cumplir diferentes funciones.
“Con las técnicas de microbiología clásica, como el cultivo in vitro de bacterias, sólo conocíamos el 1% de la flora digestiva. Hoy, con técnicas moleculares como las de Next Generation Sequencing sabemos ‘con nombre y apellido’ qué bacterias o grupos de bacterias que viven en el rumen y en qué procesos bioquímicos están actuando. Y con esta información podemos ajustar las dietas para producir los distintos nutracéuticos que queremos incorporar a la leche”.
“El rumen es una ‘máquina metabólica’ fascinante. Allí, las bacterias aportan numerosos genes que brindan la capacidad de degradar sustancias muy variadas. Cuando manipulamos la dieta hacemos que algunos de esos genes particulares se ‘activen’ y comiencen a producir las sustancias que deseamos. En parte, es lo que logramos al incorporar las cascarillas de soja a la ración: un cambio en la comunidad bacteriana del rumen y una leche con calidad más saludable”, explicó Miccoli, y añadió que el manejo de la nutrición para lograr que se activen o silencien genes para logar productos específicos se llama nutrigenómica y que es una tendencia actual de la investigación en producción lechera.
La investigadora comentó que los resultados que presentó en el congreso muestran que las dos bacterias están vinculadas al proceso de biohidrogenación y a la producción de CLA, un nutracéutico de especial interés. Este trabajo interesó en particular a los investigadores de países europeos donde ya se usa cascarilla de soja en tambos ovinos para fabricar quesos ricos en ácidos grasos omega 3.
Productos diferenciados
Miccoli afirmó que hoy, a nivel mundial se está profundizando en la nutrigenómica para generar diferentes productos según las preferencias de los consumidores. “Aunque los rumiantes poseen metabolismos parecidos, tal vez deberíamos empezar a pensar en cómo se distinguen por tener distintas especies de bacterias y diferente estructura de la comunidad microbiana en sus tractos digestivos. De esta manera se obtendrán leches y subproductos de diversas calidades. Es probable que pronto se elaboren dietas para generar productos específicos, con sellos propios de cada animal”.
“En la Argentina tenemos mucho para crecer en cuanto al consumo de leche de oveja. Nuestra experiencia en la Feria del Productor al Consumidor en la FAUBA demostró que la gente tiene un gran interés en estos productos lácteos” (F. Miccoli). Foto: health.clevelandclinic.orgEL NEGOCIO DE LOS QUESOS GOURMET
«En Europa, por ejemplo, Italia, Francia y España generan productos diferenciados en lo que es queso de cabra y, sobre todo, de oveja. La gente los prefiere y paga precios más altos si tienen el sello de ‘más saludables’. También es cierto que allí los productores están mucho más cerca de los investigadores, quizás porque la ciencia encontró la forma para llegar mejor”, reflexionó.
“En nuestro país, a nivel experimental se trabaja haciendo una cantidad de análisis que demoran mucho hasta que se implementan en los tambos comerciales. Sin embargo, en algunos ya se están probando diferentes dietas y suplementos apuntando a evaluar la calidad de leche, con énfasis en propiedades nutracéuticas. Trabajan con nutricionistas que van cambiando los suplementos y estudiando las distintas calidades de leche, sobre todo la composición de ácidos grasos”.
Por último, la investigadora recalcó que en la Argentina aún no se paga más por la calidad diferenciada, aunque, añadió, “sería muy interesante que, en el futuro, el mercado pague más por productos lácteos de mayor calidad. Como los productores siempre buscan mejorar sus resultados económicos, sería muy bueno ofrecer estos productos más sanos y nutritivos. Tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro país; sobre todo, difundir esto para que los consumidores puedan elegir”.
Los lácteos de cabra y oveja en la Argentina son, de por sí, productos «premium» y no resulta imposible que su público pague la diferencia si piensa que está comprando años extra de salud cardiovascular.
La pregunta del millón, que queda planteada, es si se podrá repetir esta movida de la cascarilla de soja con las vacas, un mercado lácteo más vulgar. Una holando «Fórmula Uno» rinde 18 litros/día en sus mejores años. Si con un desecho rural barato en la dieta se pudiera aumentar esta cifra, y además con un producto saludable y ubicuo…
Las velocidades se parecen un poco. La Meko está en los 27 nudos, y la OPV motorizada según la última oferta de ARS a la PNA, tendría una velocidad de persecución apenas menor (24 nudos), pero una autonomía larguísima, de 8000 millas. Y es que una patrullera no está hecha para enfrentarse con buques de guerra, sino para detener la pesca ilegal, razón por la cual su armamento se reduce a un cañón automático de 30 mm. en proa, y ametralladoras cal. 50. Lo central es que puede y debe aguantar un mes seguido en campaña, porque le sobra mar para custodiar. La OPV-80 tiene incluso un diseño “stealth”: con el oleaje brutal del Mar Argentino, que genera «clutter» en los radares no militares, los barcos chinos (los intrusos más frecuentes en la milla 201) no la podrían detectar fácilmente.
Tampoco es fácil “patotearla” tratando de embestirla entre varios pesqueros. Esa es una práctica habitual de los invasores de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina con los clase Mantilla de la PNA. La OPV-80 aún en versión Prefectura tiene mucho con qué contraatacar: carga un helicóptero de al menos 5 toneladas, con plataforma de apontaje de 240 m2 y hangar en popa, y en su flanco de babor tiene una abertura para el despliegue de hasta 2 botes semirrígidos inflables, para partidas de abordaje y captura. Y el helicóptero no sirve únicamente para someter a capitanes chinos que no quieren ser traídos de arrastrón ante un juez argentino. Con el equipamiento necesario de sonoboyas y bombas de profundidad, el helicóptero es la mejor arma antisubmarina desde los ’50.
El cierre –o intento, todavía no se sabe- de los ARS viene con cambios de titularidad sobre el Mar Argentino, que en realidad desde Chubut al sur podría llamarse Mar Español. Desde la presidencia de Menem y hasta hoy, el poder pesquero real fue la flota alturera ibérica “legal”, las firmas con planta de fileteo en tierra. No dejan infracción por cometer, e inventan nuevas. En 2006, a fuerza de sobrepesca, captura incidental, pesca de juveniles y “melliceo” o “trilliceo” de buques congeladores, los hispánicos habían vaciado de tal modo y con tanta impunidad nuestros caladeros que hubo literalmente que cerrar el mar. La merluza hubbsi había desaparecido comercialmente, y no se sabía si “rebotaría”, o cuándo. Más de 30.000 obreros en puertos patagónicos perdieron sus trabajos. Luego el mar fue recuperándose.
El Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollos Pesqueros, INIDEP, en Mar del Plata, resumió la situación en un informe de 2017: desde 1989 España es la revendedora oficial al resto de la Unión Europea de la materia prima generada por el Mar Argentino. Su control comercial y político es férreo. Inhibe toda posibilidad de las empresas locales de pescar en altura o agregar valor a la pesca criolla exportada.
Es difícil que el INIDEP vuelva a repetir opiniones tan crudas: acaba de ser nombrado por tercera vez como director Fernando Georgiadis, como en épocas de Menem y de Fernando De la Rúa. Abogado de las pesqueras españolas, Georgiadis echó de sus cargos a decenas de investigadores oceanográficos para dar ejemplo, manejó al resto con mano de hierro, y en diciembre de 2001, cuando su segunda aparición en el Instituto, fue declarado «persona no grata» por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, a pedido de las pesqueras y los académicos locales. Lo central del trabajo de Georgiadis fue hacer que el INIDEP inventara un andamiaje «científico» para darle soporte legal a las matufias que terminaron con el vaciamiento del mar. Ahora está de regreso.
Pero esto está cambiando. La más expoliadora de las firmas españolas, Arbumasa, con base operativa en Puerto Deseado, fue comprada este año por una pesquera china. De creerle al «Faro de Vigo», muy pendiente de todo lo que pasa en el Mar Argentino, ya se hicieron chinas otras pesqueras grandes y medianas, incluso en Mar del Plata: Altamare, Chiarpesca, Lan Fish, Patagonian Seafood, Ardapez, Arhepez, al compás de U$ 760 millones a fecha de julio de 2017. Y siguen los pases.
En el futuro, habrá chinos operando legalmente desde la costa, en lugar de los españoles, y chinos ilegales en la milla 201, metiéndose 50 o 60 millas de noche en la ZEE. Los ilegales forman ciudades flotantes de hasta 500 barcos. Esas armadas que de noche brillan tanto como el alumbrado público de Comodoro Rivadavia, pertenecen un 40% a China, un 20% a Corea del Sur, otro 20% a Taiwan y un 15%… a España, siempre firme. Son barcos «poteros», que con sus luces atraen y capturan más de 500 toneladas/año de calamar Illex argentinus y Loligo. Roban alrededor de U$ 1000 milones/año. Pero además, como los calamares son especies «forrajeras», de las cuales dependen indirectamente los superpredadores valiosos (como la merluza negra austral), son un desastre para el ecosistema pesquero.
La pesca «conservacionista» bajo licencia de Port Stanley, en 2017 generó U$ 228 millones, y el 75% de las capturas fueron compradas por… Sí, adivinó, España. Los «islanders» son súbditos económicos de la monarquía equivocada. Con el Brexit, los reinos borbónicos podrían ponerle tarifas aduaneras a la pesca malvinera. Si esto sucede, Stanley, pragmático, le venderá el calamar a Beijing.
Como escenario de pérdida agravada de soberanía, todo esto es de pesadilla. No sólo la Prefectura necesita los OPV-80. También la Armada. No es tarea para submarinos, como el lamentado ARA San Juan, naves que para ser silenciosas no tienen siquiera armamento de cubierta como para detener a un pesquero. Éste es un momento estúpido, si alguno no la fuera, para cerrar los Astilleros Río Santiago y perder toda la poca fuerza de negociación que nos queda sobre nuestro propio mar.
AgendAR no cree que esto sea un plan del gobierno. No cree que el gobierno tenga planes para el Mar Argentino. China sí.
