Decenas de organizaciones del campo, que agrupan desde productores rurales a agricultores familiares se movilizaron al Ministerio de Agroindustria para reclamar mejoras y políticas para el sector y para exigir que no se elimine el Monotributo Social Agropecuario.
La Federación Agraria Argentina (FAA), la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino y la Agrupación Grito de Alcorta, entre otras, reclamaban una «inmediata audiencia con el ministro Etchevehere y denuncian una «crítica situación» que atraviesa el sector.
«Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del Gobierno nacional, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros».
El presidente de la FAA, Omar Príncipe, denunció que en esta situación los productores «nos fundimos y el argentino cada vez paga más caro los alimentos». El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, afirmó «Hay una decepción con el gobierno que uno va notando cuando se pone a conversar con los productores. Es porque no hay una mirada hacia el sector agroindustrial«.
El recorrido del tractorazo comenzó en el Parque Lezama y culminó frente a la puerta del Ministerio, que conduce Etchevehere. El ministro dijo que «no entiende» las razones de la protesta.
En AgendAR percibimos en esta oportunidad una grieta entre las organizaciones de la actividad rural: Por ejemplo, participaron la UTT, formada por los productores más pequeños y la FAA, que reúne medianos y grandes. Así como CONINAGRO que suma productores pequeños y medios más sectores de la agroindustria.
En cambio, no estuvieron la Sociedad Rural ni Confederaciones Rurales Argentinas.
En cuanto a los reclamos comunes a los participantes, podemos destacar los siguientes:
No hay plan de mejora de los caminos rurales: la obra pública va a las rutas troncales vía PPP. Pero las cosechas se desvalorizan o pudren cuando se embarra y pone impasable la red capilar. Esto no es ajeno al cierre de 450 tambos en lo que va del año.
Ningún plan de electrificación agraria.
Ningún plan de gas agrario.
Ningún plan de organización de las producciones regionales. El estado está ausente de roles críticos que ni siquiera requieren fondos públicos: la organización de clusters y cooperativas, el abaratamiento de insumos y facilitación del transporte en las distintas ecorregiones productivas, por ejemplo.
Los insumos del agro están dolarizados, pero el 80% de las ventas son a mercado interno y en pesos.
Escuchan un discurso confuso por parte del gobierno, pero cero hechos. En la práctica, las quiebras de pequeños productores se aceleran y con ellas la concentración de la propiedad de la tierra.
Encuentran vital la continuidad del Monotributo Social Agropecuario, de los titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares
Consideran que el modelo actual favorece totalmente al gran productor para la exportación. «Por eso Etchevehere no cree que haya ningún problema».
«Créditos bancarios homicidas y ningún plan de rescate financiero de los productores golpeados por la sequía».
Piden tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil; créditos blandos a tasa subsidiada; subsidios a los insumos utilizados en la producción; implementación plena de la Ley de Emergencia Social».
También suscribieron los siguientes reclamos:
Los pequeños chacareros exigen que el Estado «garantice el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas» y reclaman la inmediata reglamentación, teniendo en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014.
Un aumento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura Familiar; la reincorporación de los trabajadores despedidos del Ministerio y el Senasa.
El Gobierno da continuidad al ajuste en el 2019 con un freno al Plan Federal de Vivienda. Había sido lanzado en 2016 y preveía fondos por $ 100.000 millones para cuatro años.
Además, el plan social Fonavi quedará exclusivamente en manos de las provincias.
El Gobierno comunicó esta semana a los empresarios de la construcción que a partir del 2019 el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) quedará exclusivamente en manos de las provincias y que discontinua el plan creado por Cambiemos para vivienda social.
«El Gobierno busca recortar $ 300.000 millones y, de acuerdo con cómo salgan las
negociaciones con las provincias va a ser el ajuste en la obra pública. Mientras tanto
adelantaron que en vivienda social hay partidas como las del Plan Federal de Viviendas que se están discontinuando».
La producción industrial cayó en junio 5,4% interanual y siete de diez ramas del sector manufacturero tuvieron resultados negativos, aunque el acumulado del primer semestre mostró una suba del 1,5%, según la consultora FIEL.
En junio, siete ramas del Índice de Producción Industrial (IPI) mostraron retroceso, especialmente la producción automotriz y de insumos químicos y plásticos por paradas de planta. También se redujo la refinación de petróleo y la producción del complejo metalmecánico.
En el acumulado del primer semestre el ranking de crecimiento fue liderado por la siderurgia, que acumuló un avance de 13,2% en comparación con el mismo periodo de 2017.
Entre enero-junio la industria automotriz mejoró 10,4% y con un crecimiento superior al promedio estuvieron la producción de minerales no metálicos (5%), alimentos y bebidas (2,3%), insumos químicos y plásticos (2,1%) y papel y celulosa (1,7%).
Por su parte, cuatro ramas tuvieron una contracción interanual en el primer semestre: insumos textiles (1,4%), cigarrillos (2,6%), petróleo procesado (3,9%) y metalmecánica (6,8%).
Cuatro millones de argentinos consumen antidepresivos a causa de cuadros de ansiedad y tristeza, según un informe elaborado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Marcelo Peretta, doctor en Farmacia y Bioquímica y Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), expresó que «la abrupta muerte de Rocío Gancedo, que sufría depresión crónica y tomaba antidepresivos, lejos de olvidarse por el paso del tiempo, debe hacernos reflexionar sobre la medicación psiquiátrica, que masiva y livianamente consumimos, cuyos efectos son difusos y sus riesgos cada vez más claros, ya que los suicidios son más frecuentes de lo que imaginamos».
Un informe brindado por el experto indica que en 2001 el Journal of Clinical Psychiatry publicó que el 0,34% de los usuarios de la droga «paroxetina» tuvieron intentos suicidas, recomendando el control y la observación continua de todos los pacientes tratados, para detectar señales de agravamiento del cuadro clínico y la posibilidad de cambios inusuales de conducta.
Si bien algunos pacientes mejoran con el uso de antidepresivos en bajas dosis y durante poco tiempo, en 2004 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió que 4% de los niños y adolescentes tratados con antidepresivos tienen riesgo de tener pensamientos y conductas suicidas.
«Desde 2006 todos los prospectos de antidepresivos incluyen la advertencia de que pueden producir ideas y actos suicidas. En Estados Unidos y en Brasil la advertencia está inclusive en el envase externo con faja negra. Los antidepresivos están entre los psicofármacos más recetados (y automedicados) dado que ansiedad y depresión son enfermedades actuales, muy de moda. En Argentina hay 4 millones de usuarios, 10% de la población», expresó Peretta.
En el trabajo realizado por SAFYB, se sostiene que el riesgo es igual con las 42 variedades disponibles en el país con las drogas básicas, lo que muestra el negocio que implica este problema de salud: Fluoxetina , Sertralina y Paroxetina.
«Quienes están tomando antidepresivos y tengan ideas suicidas deberían suspender de inmediato la medicación y consultar a su médico», explicó, de manera categórica, el especialista farmacéutico Peretta. Y agregó: «Antes que tomar medicamentos para la depresión hay que iniciar con psicoterapia, individual o grupal, y con una dieta sana y equilibrada que evite los agentes estresantes».
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tienen claro que la situación económica para muchas empresas se ha complicado en los últimos meses. Pero contra ello no pueden tomar medidas que impliquen un costo fiscal, tal cual viene la directiva desde el Ministerio de Hacienda.
Es así que los funcionarios que trabajan con Leandro Cuccioli vienen amasando nuevas medidas para tirarles una soga a los que van quedando rezagados con el pago de los impuestos. En un par de semanas se anunciará por lo menos el lanzamiento de un plan de pagos para deudas acumuladas.
El plan se sumará a los ya vigentes miniplanes que puso en marcha el organismo recaudador. En la AFIP sostienen que «vienen muy bien». La chances para ingresar a estos miniplanes vence el 31 de julio.
Se pueden tomar planes de hasta 8 cuotas y se podrán tener hasta seis miniplanes vigentes, siempre y cuando el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), una especie de mecanismo de scoring, le asigne al solicitante la mejor calificación.
En la AFIP, no obstante, suponen que las pequeñas y medianas empresas no aprovechan en su plenitud los planes de pago que el organismo les pone a disposición. Y eso se debe a que intuyen que no todas tienen sus papeles en regla, y por eso le esquivan al trámite.
El presidente Mauricio Macri les mandó un mensaje a los empresarios: «tienen que apostar a regularizarse, tienen que perderle el miedo a la AFIP».
En los primeros dos años del gobierno de Cambiemos el saldo neto de empresas (las que nacen vs. las que mueren) fue negativo: cayeron 4.787 empresas. Como forma de paliar esta situación el Ministerio de Producción está reformando el sistema de SGRs para ampliar el financiamiento disponible al sector.
Se trata de cambios estructurales al Sistema de Garantías Recíprocas (SGR) para que las PyMEs puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento. La medida les permitirá acceder a los avales en menores tiempos y con costos más bajos y simplificará la operatoria diaria de las SGRs, permitiéndoles ofrecer un servicio más ágil y eficiente.
“Queremos darle la naturaleza y el sentido por el que fueron creadas las SGRs: ser un instrumento de inclusión para las pequeñas y medianas empresas. En esto vamos a ser muy exigentes: queremos llegar a las 100.000 pymes en 2023”, resume el nuevo ministro de Producción, Dante Sica.
Los cambios se dividen en dos ejes: en primer lugar, se impondrán mayores exigencias para las SGRs (en términos de volumen de garantías otorgadas a las pymes), como condición para la desgravación impositiva y la realización de aportes por parte de los inversores en el sistema. También se simplificarán los trámites en lo que respecta al mecanismo para obtener un aval.
Ambas modificaciones -creen en el gobierno- permitirán un crecimiento exponencial del mercado de garantías en el corto y mediano plazo. Según estimaciones del Ministerio de Producción, el número de pymes con avales vigentes pasaría de 14.500 en 2018 a 50.000 en 2023. Si a esto se le suma el impacto que generaría el FOGAR (Fondo de Garantía Argentino), la cantidad de PyMEs con avales vigentes podría llegar a 100.000 en 2023.
En un informe efectuado recientemente por la agencia Bloomberg, se revela cuál es la relación entre el poder adquisitivo y el precio de la nafta en todo el mundo, y resultó que Argentina es uno de los países con más porcentuales de sueldo de requiere para llenar el tanque.
Los valores de los combustibles están aumentando en todo el mundo: alrededor de 6.1% en promedio, en los últimos tres meses. Detrás de esta suba, hay una amplia gama de factores.
El estudio, clasificó a 61 países para encontrar cuál tiene los valores más accesibles y en cuáles son más caros, en función de salarios medios.
Argentina se ubica en el puesto 27, y Venezuela es la nación con el combustible más barato del mundo (0.01 pesos). No obstante, en accesibilidad, nuestro país se posiciona entre los menos beneficiados (puesto 45), ya que actualmente los consumidores necesitan 3.48% de sus salarios de un día para abonar tan sólo un litro de nafta.
Tomando en cuenta esa relación, un chileno requiere del 2.77% de su sueldo, un brasileño un 4.62%, un estadounidense 0.46%, un canadiense 0.89%, un español necesita de 1.75%, un italiano 1.96%, y un nigeriano 8.71%.
Como consecuencia de la menor actividad económica, en mayo volvió a caer el empleo registrado, en todas sus modalidades. La novedad es que un hasta ahora sector expansivo, como el de la construcción, tuvo un freno, sumándose al mayor retroceso general.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, en mayo se perdieron 27.200 ocupaciones registradas con relación a abril, cuando también hubo una caída similar. Si se desestacionalizan los números, la merma del empleo registrado fue de 16.900, también superior al de abril. Aún así, con relación a un año atrás, con una fuerte disminución, hay 148.400 empleos más.
Lo que pasó es que por factores estacionales y menor actividad, el total de ocupados registrados viene retrocediendo sin pausa desde diciembre de 2017, de 12.368.600 a 12.255.600: 113.000 empleos menos. En la serie desestacionalizada la caída es de 30.900.
Para junio, la Encuesta del Ministerio de Trabajo para el sector privado registrado marca un estancamiento y caída con relación a mayo en todos los sectores, en especial en la industria y en la construcción.
Con casi 465.000 trabajadores registrados, la construcción acumula dos meses consecutivos con retrocesos vinculados al recorte de la obra pública y la contracción de la obra privada.
El empleo en el sector publico aumentó en mayo en 10.800 ocupaciones, atribuido a contrataciones puntuales en la docencia universitaria, pero disminuye 4.900 personas en la serie desestacionalizada.
Se descuenta que la caída de la ocupación fue mayor en el segmento no registrado o informal.
Bruselas acaba de frenar oficialmente el optimismo que mostró el canciller Jorge Faurie la semana pasada en la ‘capital’ europea, tras varios días de negociaciones sobre el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Faurie, como sus homólogos de los países de Mercosur, dio cuenta de avances y de que las negociaciones habían acelerado. Aseguró en una conversación con medios de prensa que “a partir de finales de agosto podremos empezar a trabajar finalmente en la última parte”. El objetivo sería tener un acuerdo para principios de septiembre, antes de que dé inicio oficialmente la campaña presidencial brasileña.
Pero la Comisión Europea, responsable de las negociaciones en nombre de los 28 países de la Unión Europea, rebaja ya ese optimismo. Bruselas estima que sigue habiendo diferencias que hacen muy complicado cumplir con el calendario que adelantó Faurie. Una fuente del brazo ejecutivo de la Unión Europea dijo que “es demasiado temprano para decir cuándo se logrará un acuerdo político, pero para principios de septiembre es imposible”.
La misma fuente dijo que queda demasiado trabajo por hacer, y se refirió a que sigue sin llegarse a un acuerdo en apartados clave de la negociación como el acceso de los lácteos europeos al Mercosur, las indicaciones geográficas, las exportaciones de autos y piezas de autos de Europa a Mercosur, la importación de carne de Mercosur a Europa o la apertura que piden los europeos del mercado de servicios marítimos de los países de Mercosur.
Faurie había reconocido el viernes, tras sus negociaciones en Bruselas, que quedaban problemas en automotriz, en indicaciones geográficas, en lácteos, en reglas de origen y en el acceso de los productos agropecuarios de Mercosur a Europa. El canciller admitía esos puntos abiertos pero aseguraba que se hicieron “avances” en todos ellos y que en el caso del automotriz “está pronto a cerrarse”.
En AgendAR planteamos desde el primer momento que ese acuerdo de libre comercio, en las circunstancias actuales, es una mala idea.
Según datos del INDEC, el primer semestre el déficit de la balanza comercial acumuló US$ 5.101 millones. Pero del análisis de la serie surge un dato: el desequilibrio de junio fue el más bajo del año. Respecto al mes pasado, las exportaciones aumentaron 0,9% y las importaciones cayeron 10,8%.
No obstante, el rojo acumulado en los primeros seis meses ya casi duplica los u$s 2.616 millones de igual período del 2017.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, “en junio de 2018 las exportaciones alcanzaron US$ 5.076 millones y las importaciones US$ 5.458 millones”. De esta forma, el déficit en la balanza comercial fue de «solo» US$ 382 millones.Exportaciones
Mientras las exportaciones cayeron 1,4% respecto al mismo mes del año anterior (-u$s74 millones), los precios subieron 9,8% y las cantidades cayeron 10,2%.
En lo que hace a las exportaciones de productos primarios, cayeron de manera interanual 25,7%. Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 3% y las de manufacturas de origen industrial (MOI) 10,4%. Las exportaciones de combustibles y energía subieron 96,2%.
Una beba de 24 días acaba de convertirse en la primera del mundo en recibir un nuevo tipo de stent (el pequeño tubo de metal plegable que se coloca dentro de las arterias para mantenerlas abiertas) que, si todo sigue como se espera, crecerá junto con ella.
Se lo insertaron durante una cirugía realizada en el Hospital Pediátrico de Zurich, Suiza, para aliviar una malformación congénita en su arteria pulmonar (una estenosis o estrechamiento) que impedía el normal flujo de la sangre desde el corazón a los pulmones, donde ésta se enriquece con oxígeno. En estos casos, la presión del ventrículo derecho (la cámara que bombea sangre hacia las arterias pulmonares) se eleva a niveles que pueden dañar el músculo cardíaco.
De acuerdo con un comunicado de la compañía que desarrolló el dispositivo, el procedimiento marca el comienzo del ensayo clínico BeGrow, liderado por el cardiólogo pediátrico intervencionista Oliver Kretschmar, y que abarcará a 18 recién nacidos de Suiza, Alemania y Austria. En Europa, la estenosis de la arteria pulmonar es una patología que afecta a alrededor de 1 de cada 100 bebés.
«Actualmente, en especial para los muy pequeños, la única opción que tenemos es personalizar los stents diseñados para adultos -dijo Kretschmar, que realizó la intervención a fines de mayo-, pero el diámetro de éstos está restringido y perdemos la función. Luego, necesitamos agregar un stent de mayor diámetro, pero debido a que el tamaño del stent original está restringido, el vaso puede permanecer estrechado».
«Puse el primer stent en 1987 -cuenta Juan Carlos Parodi, el cirujano argentino que desarrolló la técnica endovascular para operar el aneurisma de aorta abdominal. El problema en los chicos era, obvio, que ellos crecen y el stent, no. Lo que hacíamos era poner los expandibles. Tengo pacientes que nacieron con la aorta muy estrecha, les colocaba un stent, y cada tres o cuatro años los redilataba, porque si no, el dispositivo hubiera migrado. No conozco en detalle este ensayo en particular, pero es una buena idea, porque si no es definitivo, por lo menos permitiría dilatar la cirugía hasta que el chico tenga 14 o 15 años, con un riesgo mucho menor. Es decir, que puede servir como solución definitiva o transitoria».
Una familia tipo -un matrimonio y dos menores- necesitó en junio $19.601,79 para no ser considerada pobre, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este es el valor que alcanzó la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y servicios mínimos, y cuyo valor marca el límite de la línea de pobreza.
En junio aumentó un 4,1% con respecto al mes anterior (algo más que la inflación general).
En tanto, para que esa misma familia tipo no sea considerada indigente, debió contar con un ingreso mínimo de $8.246,71 en el mes. Este es el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye la comida para cubrir las necesidades alimenticias mínimas de ese grupo familiar.
El gobierno de Bolivia advirtió que quiere aumentar el precio del gas que exporta hacia la Argentina ya que no está dispuesto a «rifar» su principal recurso natural.
«Nuestro gas tiene un precio», aseveró el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Sánchez. Agregó que ese país tiene capacidad para incrementar las ventas de ese producto.
Sánchez indicó que hubo propuestas «no oficiales» desde Argentina para aumentar el suministro, pero sin concretar precios y con unas condiciones que Bolivia considera desfavorables. Recalcó que el gas que Argentina importa de Chile le cuesta unos diez dólares por millón de BTU (equivale a 27,8 metros cúbicos), mientras que el precio de Bolivia es de poco más de seis dólares.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene un contrato de suministro con Energética Argentina S.A. (IEASA).
El Gobierno boliviano sostiene que su gas producido es el más competitivo de la región, frente al extraído en la propia Argentina o el que exporta Chile. Argentina ya importó en 2016 y 2017 gas chileno, además del que importa regularmente de Bolivia.
Todo esto ya ha sido tema varias veces en la última década. Bolivia, naturalmente, quiere conseguir el mejor precio posible para su recurso energético. Y el gas no es tan fácil de exportar a grandes distancias como el petróleo. En realidad, es muy difícil. Los gasoductos son obras muy caras, máxime cuando tienen que trasponer grandes obstáculos geográficos, como áreas inundables y cordilleras.
De todos modos es llamativo que se plantee un mes después que se anunciara que Argentina volverá a exportar gas a Chile antes de fin de año, sin compromiso de reimportación. En la década de los ’90, nuestro país fue un importante proveedor de gas para la industria chilena, y le vendía gas a U$ 2 dólares el BTU (las empresas chilenas lo revendían luego a U$ 18 el BTU).
El suministro a Chile se interrumpió cuando los excedentes gasíferos de Argentina resultaron mucho menores a lo que se había previsto en la década anterior, con demasiado optimismo. O con una razonable falta de pesimismo, tal vez: en épocas de Alfonsín, cuando se terminó de evaluar, perforar y poner en línea el yacimiento de Loma de la Lata, en Neuquén, las proyecciones de consumo con un crecimiento anual de entre el 5 y el 6% del PBI daban que teníamos gas para 60 años. ¿A quién se le iba a ocurrir, antes de 1989, que se terminaría exportando nuestro gas para generar ganancias de un 900% en divisas, y además trabajo… en Chile?
En los ’90, Loma de la Lata se agotó rapidísimamente, entre la demanda chilena y una nueva demanda interna: las centrales termoeléctricas a gas de ciclos combinados, muy eficientes y bastante baratas y rápidas de instalar. La provincialización de los hidrocarburos y la liberalización del mercado eléctrico frenaron bruscamente las obras eléctricas de mayor envergadura e inversión inicial inherentemente alta: las hidroeléctricas y las nucleares. Por consiguiente, en la Argentina la electricidad empezó a fabricarse mayormente a gas por primera vez en la historia. Eso generó otra novedad: los apagones eléctricos largos y a repetición, pese a que en teoría la recesión de los ’90 debería haber aplanado el consumo eléctrico.
La despresurización de Loma de la Lata no tuvo remedio: era imposible que apareciera otro yacimiento equivalente cuando no había nadie buscándolo. La interrupción del suministro a Chile generó disputas diplomáticas importantes. Eso no reactivó la búsqueda: la cantidad de pozos de exploración fue bajando en picada, y también la producción. Pero las petroleras desde los ’90 quedaron libres de todo compromiso de inversión, y siguen con contratos de varias décadas con las provincias, que en general se renuevan a libro cerrado. Y si ganaron buena planta exportando gas argentino, también la ganan importando GNL de Medio y Extremo Oriente. ¡Y de Chile, país sin gas, que mayormente importa GNL asiático!
Bolivia y Chile son malos vecinos desde la Guerra del Pacífico, cuando el país transandino se quedó con la provincia boliviana de Antofagasta y Bolivia se transformó en un país mediterráneo, sin salida al Pacífico. El toque de silbato de Evo Morales ante la Argentina es clarísimo: no tiene ninguna voluntad de vendernos gas a U$ 6 el BTU para que nosotros se lo revendamos a Chile más barato que el precio a que este país tan costero consigue GNL asiático.
Bolivia no piensa «rifar» nada. En materia de vecinos, sabe con qué bueyes ara.
Un sistema de “comederos inteligentes” diseñado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) obtuvo la medalla de oro que otorga el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria (CITA) en su certamen anual.
Se trata de un proyecto de ganadería de precisión elaborado en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Anguil (La Pampa), donde trabaja el coordinador del Programa Nacional de Producción de Carne del Inta, Aníbal Pordomingo; y que antes ganó en la categoría “Sistemas de Automatización” de origen nacional.
Según indicó Inta Informa, “el desarrollo permite evaluar el consumo individual y el comportamiento de cada animal perteneciente a un rodeo determinado. Se basa en la automatización, el desarrollo y la optimización de comederos, para el monitoreo de la alimentación del ganado ovino y bovino y es adaptable a otro tipo de producciones”.
Entre otros beneficios, el sistema provee de información precisa y hace posible, entre varias aplicaciones, seleccionar los individuos más eficientes desde el punto de vista de la conversión del alimento a carne.
Al respecto de la tecnología de los comederos inteligentes, Juan Balbin, presidente del INTA, aseguró que significa poder empezar a medir los índices de conversión y, a través de marcadores moleculares, se podrían establecer los parámetros que los determinan. “Creo que vamos a revolucionar sistemas de selección en toda la ecuación ganadera en los próximos años”, destacó.
“Esto nos puede posicionar a nivel internacional en un concepto extremadamente innovador que pasa desde mejorar la conversión, hasta bajar la huella de carbono y bajar el concepto de emisiones”, pronosticó.
En un nuevo capítulo de la (débil) pulseada comercial que libra la Argentina con los Estados Unidos, el Gobierno reclamará al secretario de Agricultura norteamericano, Sonny Perdue, que defina en forma inmediata la apertura del mercado de su país para la carne argentina.
Perdue llegará este viernes a Buenos Aires en el marco de la cumbre de secretarios de Agricultura del G20 y mantendrá una reunión privada con su par Miguel Etchevehere, quien le pedirá que la administración de Donald Trump habilite cuanto antes una normativa para que Washington levante las trabas que desde marzo del 2001 hasta ahora impuso a la Argentina para el ingreso de carnes.
Etchevehere será anfitrión de la cumbre de ministros de Agricultura del G20 este viernes y en paralelo a esa agenda mantendrá reuniones bilaterales con 15 funcionarios. Entre estos encuentros se estima que uno de las más relevantes será el que mantendrá con Perdue.
Según confirmaron fuentes calificadas del Gobierno, Etchevehere le pedirá a Perdue que haya una «reciprocidad comercial» en el ámbito de la agricultura entre Washington y Buenos Aires, teniendo en cuenta que en abril pasado la administración de Mauricio Macri aprobó el ingreso de carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos por primera vez desde 1992. Estados Unidos elogió esta decisión, aunque aún no se concreta en los hechos ya que faltan avales del Senasa.
La noticia nuclear del año debería ser la compra a la CNNC (China National Nuclear Corporation) de una central china de potencia, una novísima Hualong I de 1180 MW, la misma que fue rechazada por la movilización general de la población rionegrina (sobre esto, fijamos posición aquí), y cuya construcción se iniciaría en 2022. Ésta debería ser LA noticia. No lo es, porque es una operación “llave en mano”.
La noticia real, para la Argentina, es la suspensión definitiva de Atucha III, una central CANDU6 totalmente diferente, de uranio natural y agua pesada, en lugar de uranio enriquecido y agua pesada, y con un 70% de participación de industria nacional. Si tomamos en cuenta que la decisión del uranio natural viene desde 1967, porque es un combustible que podemos fabricar nosotros, desde un punto de vista soberano se trata de una necrológica.
En 1971, el Ministro de Economía Aldo Ferrer sacó la ley de “Compre Nacional” para forzar, entre otras cosas, que la primer central nuclear comprada por Argentina, Atucha I, tuviera un 31% de componentes nacionales, incluso en instrumentación y electromecánica. Los indignados alemanes de la KWU (luego SIEMENS) se tuvieron que fumar eso, y que les cambiáramos la ingeniería básica propuesta inicialmente, y finalmente que el combustible se hiciera en Argentina. Lo que fuera, con tal de que no adquiriéramos Atucha I de los canadienses. Lejos del modelo brasileño «llave en mano» de entonces, éramos el único país sudamericano con un programa nuclear autónomo, compradores horribles, si los hay. De esos que usan a un oferente contra otro.
Embalse, una CANDU canadiense instalada más tarde en Córdoba, llegó a un 60% en valor de componentes y servicios locales. Con Atucha II, se llegó al 71%. De modo que con la Hualong I no se puede decir que volvimos al casillero 1. Inauguramos el 0, total novedad en nuestra historia nuclear.
La Comisión Nacional de Energía Atómica, corazón del programa nuclear, con esto queda literalmente pintada en la pared. También 129 empresas argentinas que construyeron Atucha II.
Construcción de Atucha II (Gta NA-SA)
En una síntesis apretada, la Hualong I se compra “llave en mano”, lo que deja afuera (o muy afuera) a esas exactamente 129 empresas argentinas de distintas ingenierías que, bajo la dirección de NA-SA y contra todo pronóstico, terminaron Atucha II en 2011, y que la pusieron en marcha en 2014.
En la lista hay firmas privadas gigantescas, como DYCASA, TECHINT, IMPSA, PÉREZ COMPANC, hay estatales como la citada NA-SA, INVAP, CONUAR, DIOXITEK, hay 121 privadas medianas como CRUMA (estructuras metálicas, puentes, pasarelas) o TERMIPOL (esclusas, cerramientos especiales, anti-explosión e incluso anti-misil). Todas ellas están evaluando lucros cesantes desde marzo, cuando tras dos años de ideas y venidas, el hoy ex ministro de energía, ing. Juan J. Aranguren, les comunicó que se suspendía Atucha III para no endeudar al país.
Hay 400 ingenieros en todas estas empresas que “sacaron chapa de nucleares” en obra, hay 5000 personas que elevaron su nivel de calificación con el aprendizaje de técnicas avanzadas de inspección de integridad de componentes, de soldadura de aleaciones raras, de transporte y montaje de precisión de componentes descomunales, como el recipiente de presión (975 toneladas) o enormes pero delicados, como los generadores de vapor. Hay obreros calificados que se hicieron técnicos, hay técnicos que se hicieron casi ingenieros. Hay (hubo) una tremenda generación de recursos humanos.
Todas estas organizaciones y personas a principios de 2016 se aprestaban a construir una central CANDU6, máquina que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conoce a fondo, y por ende también NA-SA: casi un clon de Embalse, pero con 100 MW más y el doble de vida útil (60 años). China y Canadá ponían el 30% de componentes y servicios, y del resto nos ocupábamos nosotros. ¿Financiación? China cubría el 75% del costo, que a fines de U$ 2015 se estimaba en U$ 7000 millones.Y China daba 8 años de gracia desde la conexión a la red eléctrica para empezar los pagos. Si los U$ 150 mil millones de deuda nueva tomados por este gobierno fueran de este tipo, en lugar de no saber cómo fondear tanta emisión de títulos impagables, hoy no sabríamos de dónde sacar ingenieros y técnicos para construir nueva infraestructura. Como tipo de crisis, sería mejor que tener que festejar (es un decir) que el FMI nos ha dado uno de sus célebres salvavidas de plomo. Una oferta como la de Atucha III sucede poco: es un cisne negro. Pero le retorcieron el cuello, pobre animal.
Una CANDU6 de 700 MW literalmente gratis. Tal fue la suculenta carnada que la CNNC le puso a la Argentina para que aceptara la compra de otra central muy distinta, de uranio enriquecido, la Hualong I, una tecnología disruptiva para toda nuestra historia nuclear anterior. Y el sentido de la carnada era evitar que ROSATOM, la empresa nucleoeléctrica rusa, que ya vendió un reactor chico en Bolivia, hiciera pie aquí (y luego en Sudamérica) con una máquina VVER de 1200 MW. A probable paridad técnica con China, la desventaja rusa fue doble: ROSATOM no puede darte una central de regalo, y menos que menos una CANDU. No las conocen.
Tan disruptivo para Argentina es éste pasaje sin transición desde el uranio natural al enriquecido que deja al borde del cierre la PIAP, o Planta Industrial de Agua Pesada contigua a la central hidroeléctrica de Arroyito, Neuquén. Una lástima: es la mayor fábrica del planeta de este insumo usado por 49 centrales en todo el mundo, y cuyo precio está entre los U$ 700 mil y U$ 800 mil la tonelada. 1000 trabajos a perderse, ahí. Y una instalación que a fecha de hoy costaría U$ 900 millones.
La Hualong I, de generación III, está llena de sistemas de seguridad pasiva y es probablemente una muy buena máquina. Teniendo en cuenta su linaje (las excelentes APR francesas de generación II), sólo se le pueden suponer virtudes, porque no se le conocen defectos.
Y sería imposible que se le conozcan porque hay una sola completa en el mundo, a punto de iniciar operaciones comerciales en 2019: la 5ta unidad del gran complejo de centrales de Fuqing, provincia costera de Fujiang. La CNNC y el gobierno chino han decidido hacer de esa central su “caballito de batalla” en infraestructura propia y en exportación, de modo que hay 4 más en obra en El Reino del Medio, 2 en Fangjiashan y 2 en Fangchenggang. Pakistán pidió 5. Otro reino más chico y cauteloso, el llamado Reino Unido, estudia adquirir 8.
Hablar de cautela es casi un “understatement” británico. El ONR (Office for Nuclear Regulation) se tomará hasta 2021 para estudiar la ingeniería; dada su aprobación, transcurrirán algunos años de discusión para que otros organismos del gobierno negocien con CNNC la participación de la industria nuclear inglesa. Mientras tanto, los 600 expertos de la ONR estudiarán las distintas Hualong I que irán entrando en servicio en China y Pakistán y podrán juzgar su desempeño ya no por su linaje técnico o sobre documentación, sino sobre bases experimentales preliminares más sólidas. Porque como dicen los filósofos empíricos martinfierristas en Bradwell, sobre la desembocadura del río Blackwater, en Essex: “Pa’ conocer un rengo/hay que verlo caminar”. (Bradwell sería el próximo emplazamiento de 2 Hualong I).
Pero tales aparatos bien podría ser de otra marca. Y es que la ONR, viene evaluando sin apuro la seguridad de otros diseños de generación III: el EPR francés de ARÉVA, el CANDU ACR 1000 y el GE-Hitachi. La ONR aprobó el AP-1000 de Westinghouse (el “Cadillac” de las centrales nucleoeléctricas)… justo el día en que Westinghouse quebró.
En Washington aquello no gustó, pero los británicos para estas cosas tienen la famosa “flema inglesa”, o una paciencia china según quién mire. “Llave en mano” y “Llame ya”, con una central poco probada, por ahora es cosa de pakistaníes… y de argentinos, nos venimos a enterar anteayer.
La construcción de Atucha I, en la década del ´70. La CNEA forzó a la proveedora alemana KWU a profundos cambios de diseño y a una participación local con un 31% de componentes y de obra.
Las 129 empresas privadas que entre 2006 y 2011 terminaron Atucha II (una obra imposible e innecesaria, según la entonces oposición, hoy gobierno), en 2022 “mirarán pasar el tren nuclear chino” cuando la Hualong I llegue en cajas, cajones y cajitas, como un meccano, junto con muchos centenares de expertos chinos para ensamblar las piezas. Algunas de tales firmas argentinas estarán peleando por conseguir algo de obra civil no nuclear: armar encofrados, poner fierros, volcar cemento, construir oficinas, las migajas.
Nuestros 400 ingenieros nucleares nuevos se irán a hacer otras cosas. En 2014, cuando entró en línea Atucha II, solían tener autos nuevos y como norma, hablan bien inglés, de modo que tienen la opción de manejar para Uber aquí, o bien de tomarse un Uber hasta Ezeiza. Con 8 centrales (de alguna marca) a construir, sobrará trabajo en Inglaterra. También en Pakistán, China, Corea y la India, para los muy audaces. Aquí se inicia otro derrumbe de recursos humanos nucleares como el de los ’90.
Como dice Infobae del 23 de julio: “La decisión fue cerrada entre la Cancillería y las autoridades de Beijing. Según confirmaron cuatro fuentes calificadas del Gobierno y la diplomacia china, el acuerdo alcanzado resultó beneficioso para ambas partes por una simple cuestión: la Central Atucha III era un proyecto de China compartido con tecnología de Canadá».
«Se alcanzó una solución que complace a los chinos y a la Argentina porque ratifica la asociación estratégica integral de ambos países. Y si bien China iba a financiar la construcción de Atucha III, el país tenía en su presupuesto un programa de endeudamiento inicial por USD 9.000 millones que ahora no lo tendrá», explicó en su momento un funcionario que trabajó arduamente en las negociaciones secretas con Beijing.”
Una central que se compra “llave en mano” viene con suministro de combustible por parte del fabricante, lo que para la Argentina, independiente en «fuelling» desde 1984, implica otro retroceso en soberanía (y van…). Dejar este negocio en manos de la CNNC es comprar una deuda extra a pagar durante los 60 años de la primera vida útil de la Hualong I. Lo del combustible aumenta de manera imposible de calcular el precio final de U$ 9000 millones de la máquina. Lo cambia de aquí a la China.
La próxima central nucleoeléctrica criolla por ahora todo el mundo la llamará Hualong I. No tiene un toponímico argentino que la designe, porque tras el rechazo (hecho ley) de Río Negro, no es improbable que las provincias candidatas a recibirla exijan industrias electrointensivas (vidrio, aluminio, papel, química, acero, fabricación de gases industriales) a pie de central, algo que no está en el ADN de este gobierno. Y es que fungir de banco de pruebas con una central de 1180 MW para iluminar la distante Reina del Plata no parece un negocio de gran federalismo.
El gobierno que surja en 2019 encontrará todo firmado y legalmente abrochado, y deberá bailar con esa música.
Nada gusta tanto a un magnate chino como contemplar las carpas doradas que nadan, indolentes, en la paz del estanque de su jardín privado. Pero en términos etológicos, la Argentina les ha resultado un pez extraño: acaba de escupir la carnada para poder clavarse mejor el anzuelo. “Hay alegría en el cielo”, como dicen en Beijing, por esta pequeña contribución criolla a espantar la recesión… en China.
Todo esto sucede en un contexto alarmante: el nuevo ministro de Energía, el ing. Javier Iguacel, tan petrolero como su antecesor Aranguren, anuncia recortes en el sector de ingeniería de construcción de NA-SA, la empresa que construyó Atucha II y que la compra “llave en mano” de la Hualong amenaza dejar afuera de juego. Iguacel quiere que NA-SA sea una simple “utility”, es decir una operadora boba de centrales. Para un petrolero puro y duro, una central nuclear es un enchufe.
El problema es que no lo es, y la decapitación de diseñadores que programa Iguacel resulta ilegal. En Argentina, por disposiciones regulatorias muy rígidas, quien opera un reactor o una central nuclear debe saber cómo construirla. Eso explica 60 años de operación de ambos tipos de plantas prácticamente sin accidentes. Iguacel argumenta que para construir alcanza con INVAP, la emblemática empresa barilochense. Debe ser un entusiasmo muy personal el suyo, porque desde 2016 su gobierno le provocó a INVAP una caída del 94% de sus ingresos a fuerza de rescindirle contratos y de pisarle pagos. Cualquier malpensado opinaría que la quiere cerrar.
La posibilidad de otro ofertón de financiamiento y participación industrial argentina como el de Atucha III no se repetirá. ¿Para qué un magnate chino perdería plata en tentar con carnadas a un pez tan enamorado del anzuelo?
Un desarrollo tecnológico argentino de vanguardia liderado por la empresa La.Te Andes en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa Endeavour Ingeniería, hizo posible que nuestro país cuente con el segundo equipamiento en el mundo apto para medir el paleomagnetismo de rocas con sensores superconductores.
El equipamiento capaz de hacerlo se denomina magnetómetro criogénico y hasta el momento, el único fabricante en el mundo se encontraba en California, Estados Unidos.
El Paleomagnetismo es el estudio del campo magnético terrestre registrado por las rocas en el momento de su formación o durante procesos geológicos posteriores. Poder medirlo es vital para la industria petrolera, ya que arroja información clave sobre la formación del petróleo y la trampa geológica que lo contiene, reduciendo los riesgos de inversión.
“El magnetómetro criogénico es un instrumento que permite determinar cómo era el vector cuando se formó la roca, es decir, dónde estaba el polo norte o polo sur en el momento en que la misma se formó. Tiene altísima tecnología y electrónica muy sofisticada”, explica Roberto Hernández, presidente de La.Te Andes.
Además, agrega: “El proyecto Cri.Ar nos convierte en la segunda fábrica de este tipo de tecnología en el mundo y nos va a permitir generar una estructura de servicios de alta velocidad por la estructura de robotización alcanzada. El equipo procesa una muestra cada tres minutos, es decir que la volumetría de análisis está a la altura de la que demanda la industria del petróleo”.
En efecto, el Cri.Ar -que ya se encuentra en fase operativa– cuenta con capacidades similares o superiores a los magnetómetros comerciales, a una fracción del costo. En términos técnicos, el equipo permite la obtención de información relativa a tiempo de la deformación, orientación de coronas, cuantificación de rotaciones, ubicación cronoestratigráfica de perfiles sedimentarios y tasas de sedimentación.
Los doctores del CONICET con asiento en la CNEA, Julio Guimpel, Mariano Gomez Berisso, Víctor Correa, Pablo Pedrazini, y Marcelo Vasquez Mansilla formaron parte del equipo que desarrolló la innovación. La conceptualización del diseño, la programación de un software para el control del magnetómetro, y la definición de mecánica y electrónica, son sólo algunas cuestiones que tuvieron que resolver junto a personal de La.Te Andes y Endeavour Ingeniería.
El investigador principal Julio Guimpel, director del proyecto, comenta: “Siempre es desafiante enfrentarse con el diseño de un equipo nuevo. En este caso, que tuviera el condimento de que fuera necesario para una empresa que está haciendo prospección, lo que a su vez significó hacer un desarrollo que sea productivo para el país, fue muy motivador”.
“Nosotros producimos conocimiento pero también es necesario poner en valor ese conocimiento en provisión de servicios o en bienes de naturaleza tecnológica. En este caso, se trata de un nicho único porque no hay compañías que hagan lo mismo; es un aparato que no se encuentra disponible en el mercado”, agrega Gomez Berisso, investigador independiente que integra Laboratorio de Bajas Temperaturas en la CNEA, y que puntualmente estuvo involucrado en la parte mecánica y criogénica del equipo.
Tener en nuestro país un magnetómetro criogénico es el resultado de la sinergia entre empresas decididas a apostar al crecimiento de la industria a partir de la innovación, y del apoyo de instituciones científicas como el CONICET y la CNEA, que promueven el avance tecnológico del país, el desarrollo de la economía nacional y el mejoramiento de la calidad de vida.
“El proyecto CRI.AR fue un proceso de un año, gracias a que hay más de cincuenta años de desarrollo científico es estos temas en nuestro país. Encontramos una oportunidad en la industria y las capacidades de poder abordarla conjuntamente con el sistema científico nacional”, sostiene el presidente de La.Te Andes.
“En este proyecto de alta complejidad era clave la complementariedad y formar grupos interdisciplinarios que manejen diversos conocimientos”, agrega Nicolás Hernández, socio gerente en la empresa Endeavour Ingeniería, quien tomó el rol de coordinador general del proyecto.
“Argentina tiene un potencial científico y tecnológico enorme y capacidades que lo diferencian de otros países. Solo falta explotarlo. Este proyecto es un intento de hacerlo”, añade.
Una empresa fruto de la unión público-privada
La.Te Andes es una empresa mixta privado-pública de base tecnológica localizada en la provincia de Salta, integrada por la empresa GEOMAP S.A. (51%) y el CONICET (49%). Cuenta además con la colaboración de otras instituciones del sistema científico tecnológico nacional y del exterior.
Desde su conformación, la empresa se ha constituido en un núcleo tecnológico productivo de innovación para el desarrollo energético y científico aplicado, buscando cuantificar la variable tiempo, fundamental en el impacto económico en la evaluación de emprendimientos hidrocarburíferos, entre otros, tanto en etapa de exploración como de desarrollo. Entre sus objetivos están la elaboración y ejecución de proyectos estratégicos de base tecnológica orientados a resolver problemáticas sensibles en la valoración de georecursos (hidrocarburos, yacimientos minerales, geotermia, entre otros).
Tal como pasó en 2016, este año terminará en una infrecuente divergencia en la performance relativa fabril-comercial de la industria automotriz local: bajan los patentamientos al tiempo que la producción está aumentando.
El mercado interno había alcanzado un récord histórico en patentamientos en el primer semestre. Pero en junio hubo un punto de inflexión. Las proyecciones de ventas en los meses venideros muestran caídas.
Mientras tanto el plano externo continúa siendo el principal motor sectorial y luce con mayor solidez, merced a la diversificación de destinos de exportación, la recuperación en la demanda brasileña -este año participaría en las exportaciones en torno del 70%, junto con las perspectivas de maduración de proyectos de inversión.
Hoy se verifica que la industria local está diseñada más para un esquema de producir para exportar que para las ventas domésticas. A pesar de la altísima proporción de insumos importados, que hace que sea deficitaria en divisas para la Argentina.
Esa disociación se evidencia en el clima del sector. En las concesionarias hay preocupación por la caída de las ventas y ya en algunas se habla de reducir estructuras para no seguir perdiendo plata. La fuerte expansión del mercado interno de los últimos dos años tuvo su correlato en materia laboral. Hoy hay que replantear la situación.
En tanto, en las fábricas se tiene los ojos puestos en lo que sucede en Brasil y cómo será el mercado regional en los próximos años. Hay más optimismo. Tanto es así que ya están pensando en las próximas inversiones aun cuando todavía no terminaron de concretar los últimos anuncios.
Por ejemplo, Volkswagen, la marca líder desde hace años en la Argentina, confirmó el año pasado el desembolso de u$s 650 millones para el proyecto Tarek, el nuevo SUV que fabricará en la planta de General Pacheco.
Durante junio 1.114.000 clientes compraron dólares billete por U$S 3.803 millones. “Representó un aumento de 30.000 clientes respecto a lo observado en mayo”, mes en que el número de compradores había aumentado en 250.000 personas con relación a abril, según el Balance Cambiarlo del Banco Central.
En mayo, las compras de billetes habían totalizado US$ 5.003 millones y fueron realizadas por 1.080.000 clientes. Así, en sólo dos meses suman U$S 8.806 millones, un indicador de la salida y dolarización de ahorros al compás de la devaluación del peso .
De la información desagregada surge que “el 39% de las compras de billetes (unos US$ 1.480 millones) fueron realizadas por importes de hasta US$ 10.000 mensuales por cliente”, en tanto “la compra promedio por cliente del mes resultó en US$ 3.413, registrando una disminución de 26% respecto a lo observado el mes previo”.
Por su parte, agrega el informe del BCRA. “las transferencias brutas al exterior sin informar el destino final totalizaron US$ 1.705 millones, y a diferencia de lo observado en las compras de billetes, las mismas fueron efectuadas por unos 2.700 clientes que se concentraron, como es habitual, en los estratos superiores de monto. Los clientes con compras mensuales superiores a US$ 2 millones representaron casi el 80% del total de compras brutas de divisas”.
El Gobierno «se encuentra en un proceso de revisión» del reintegro del IVA para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de programas sociales para las compras con tarjeta de débito de la cuenta de la Seguridad Social.
Ante una consulta realizada por el periodista Ismael Bermúdez, de Clarin, desde el ministerio de Hacienda justificaron que el tope de $ 300 no fue actualizado porque “el monto promedio de reintegro es sustancialmente menor a estos topes, y por ello no se aplica en la práctica en la mayoría de los casos”.
No obstante, indicaron que el beneficio se está revisando «para aumentar su cobertura, su utilización» y, en última instancia, su eficacia como herramienta de combate contra la pobreza. En el marco de esta revisión, y dado que los topes no se aplican en la gran mayoría de los casos, no se avanzó en su actualización”, sostuvieron.
