El mes de mayo dejó el peor registro en caída de actividad para la administración de Macri con un desplome del 5,8%. Los datos oficiales difundidos por el INDEC esta semana son preocupantes y se espera que el panorama se complique aún más en los próximos meses. En tanto, esa caída de actividad genera otros indicadores negativos.
La salud de la denominada cadena de pagos está en el día a día de la agenda de empresarios, ejecutivos, financistas y del propio gobierno que comenzó a responder con algunas herramientas, por ahora insuficientes. El estiramiento o corte en la cadena de pagos tiene muchos efectos colaterales.
No solo encarece el financiamiento, también motoriza la litigiosidad. En Córdoba, por caso, ya hay ámbitos donde se percibe el aumento de los problemas vinculados. Uno de ellos es el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, un organismo privado que se dedica a la resolución directa de controversias y reclamos societarios, contractuales y de negocios.
«Hoy hay mucho incumplimiento, casi somos un Tribunal de ejecución porque no pagan, no hay tanto conflicto de fondo. La mayoría de las causas es por el cobro de facturas, lo que habla de la cadena de pagos. Todas las nuevas causas han sido porque se ha roto la cadena de pagos”, destaca Juan Manuel Delgado, secretario del Tribunal, que también aporta un dato destacado: en comparación con el primer semestre del año pasado, este año detectaron un incremento del 30% en juicios iniciados por incumplimiento o atraso en los pagos.
¿Qué problemas son los que generan la litigiosidad y la demanda del accionar del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa? Según Delgado, las deudas contraídas en dólares son uno de los motores de las causas.
“El problema principal que tienen los que no pagan está vinculado a obligaciones que se habían contraído con un dólar a $18 que hoy están a $28. Venden en pesos y tienen que pagar en dólares, esa diferencia de cambio es lo que generó la ruptura de la cadena de pagos. Son muchas empresas en las que vemos esos casos. El problema fue que en dos meses el tipo de cambio se escapó. Muchas empresas contratan servicios de importación, se obligan en dólares, pero venden en pesos. No pueden pagar”, precisa Delgado.
Un informe del economista Joaquín Berro Madero, del Ieral de Fundación Mediterránea, consigna con datos precisos una variable para comprender el estado de la cadena de pagos: el volumen de cheques rebotados. Según el trabajo, los montos derivados de cheques rechazados vislumbran un máximo para la serie desde 2003: “Con datos hasta junio de este año, se tiene que para el acumulado del primer semestre los montos de cheques rechazados representaron el 5,6% del total compensado; un valor muy por encima del 2,78% que significaron en promedio durante el primer semestre entre 2011 y 2018”. Además, se destaca que durante los primeros seis meses del año los valores compensados mostraron un incremento de 26% contra idéntico periodo de 2017 y el total de montos rechazados creció 188% en doce meses.
La nueva cotización del dólar alteró los pronósticos para el sector del software. Se trata de una industria integrada por unas 5.000 empresas, en su mayoría (el 73%) con menos de 10 trabajadores, y todas enfocadas a un mercado globalizado. Apenas el 2% son consideradas “grandes”, con más de 200 empleados, entre las que sobresalen colosos de la talla de IBM, Accenture, Globant, Grupo Assa, Baufest y Neoris.
En 2017 exportó por US$1.700 millones y este año prevén superar los US$2.100 millones, un récord.
De confirmarse, los despachos al exterior representarían un crecimiento del 26%, pero podría ser mucho más. Ocurre que tales cifras surgen de proyecciones elaboradas por la CESSI (la cámara sectorial) en abril pasado, es decir, antes de la corrida cambiaria.
El software ya se posiciona como el cuarto rubro exportador del país, detrás del complejo agropecuario, el sector automotor y la minería.
La devaluación del peso incide sustancialmente en un negocio cuyo insumo principal es la mano de obra calificada. “El costo laboral representa entre 80 y 85% del total, según el tamaño de la empresa”, dice Adrián Anacleto, CEO de Epidata, una firma de consultoría y desarrollo cuyas exportaciones le representan el 30% de la facturación. El empresario, sin embargo, remarca que el mejor tipo de cambio es algo provisorio, ya que calculan para este año un alza salarial promedio por encima del 35%. “En perfiles muy particulares de programación, incluso mucho más”, agregó.
La industria tiene 107.000 empleados y una demanda insatisfecha crónica de perfiles técnicos muy calificados (ingenieros, técnicos y programadores) estimada en unos 13.500. “Cada año quedan 5.000 puestos sin cubrir. La principal dificultad es la escasez de talento”, resume Pablo Sametband, CEO de Baufest.
Sobre la devaluación, el empresario admite que los costos salariales (medidos en dólares) se abaratan y que mejora la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, Sametband subraya que “es una ventaja de corto plazo y poco confiable”. Y añade que esto puede durar algunos meses, a lo sumo un año. “La devaluación es un empujón, puede mejorar algunos negocios, pero el año que viene vamos a estar igual que antes”, grafica.
Varias fuentes del sector manifiestan cosas parecidas. El software evoluciona constantemente y recalienta la demanda de profesionales y expertos dentro y fuera del país, lo que repercute en los salarios. “La mano de obra está virtualmente globalizada: de Tandil a Londres, París o Berlín, es toda una inmensa red”, describe Roberto Waigmaister, CEO y fundador del grupo Assa, una multilatina del software con 26 años de trayectoria, una plantilla con 700 empleados y que vende servicios a 40 países.
Waigmaister también desconfía de la consistencia de la suba del dólar en el ecosistema de valor. “Ayuda, sí, pero con eso solo no alcanza. Antes, incluso en pleno cepo cambiario, exportábamos mucho. Se requiere un desarrollo y políticas a largo plazo y trabajar por una educación pública de excelencia, algo que nos diferenció en la región y que a pesar de todas las dificultades, perdura”.
El presidente de Accenture, Sergio Kaufman, recomienda no sacar conclusiones apresuradas. Dice que las mejores perspectivas por la devaluación podrían volcar los esfuerzos a la programación básica y sin valor agregado, insumiendo talento, un recurso escaso. Y ejemplifica con lo que ocurrió con la crisis de 2002: “La gran devaluación impulsó el boom de los call centers, una industria que finalmente cayó por falta de competitividad. Esos son los errores que no debemos cometer”, grafica.
La exportación de líneas de código, el outsourcing, es la especialidad de muchos países de Europa del Este, Vietnam y sobre todo la India, con abundancia de personal técnico a disposición. A esa actividad se la define como “sojware”, «software soja» y consiste en vender horas de programación a bajo costo, la materia de prima de la industria. Kaufman insiste en buscar la especialización y desarrollar productos para ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, publicidad digital y las industrias 4.0. “No hay que engolosinarse con los resultados inmediatos”, dijo, aludiendo a la mejora por la suba del dólar.
Aníbal Carmona, el presidente de la CESSI, grafica que la hora de programación de “sojware” cotiza a nivel global entre 18 y US$ 33. Y que en un desarrollo más elaborado para bancos, telcos, agro, comercio electrónico y entretenimiento, el valor hora sube a US$ 60. “El que no se especializa malvende su trabajo en una industria donde la falta de talento es algo estructural”, señaló el directivo.
El principal destino de la producción local son los Estados Unidos (48,6%). Más atrás aparecen Uruguay (10,2%), Chile (7,8%), México (7,3%), Perú (4,3%) y Brasil (3,1%).
Apenas cumplió un mes al frente del Ministerio de Producción y Dante Sica, economista especializado en industria y comercio exterior, repasa lo que pasó y lo que viene.¿Hasta dónde llegará la caída económica?
-En el 3° trimestre vamos a tener una desaceleración fuerte y en el cuarto podría empezar a aplanarse. Estamos saliendo ya de esta crisis cambiaria. Va a ser una desaceleración más corta que las recesiones anteriores.
-¿Por qué sería más corta esta vez ?
-Porque hay otros indicadores que siguen creciendo fuerte. Por ejemplo, turismo. Los bienes durables son los que van a tener la desaceleración mayor. Sectores como textil y calzado están viendo una desaceleración de su consumo interno, pero con el cambio de precios relativos vemos que actividades que antes tenían una tasa de expansión baja se están recuperando vía exportaciones. Lo vemos en peras, manzanas, vid. Después de diez años volvieron las exportaciones de mandarinas a Brasil. Empieza a cambiar el mapa productivo.
-¿Cómo va a impactar la crisis en el empleo?
-Hasta los últimos datos de mayo no habíamos visto una caída del empleo, aunque las expectativas de que siguiera la expansión en la segunda parte del año quizás son menores, especialmente en la construcción. No estamos viendo un proceso de destrucción masiva o generalizada.
-¿Cuál es el plan para apuntalar las exportaciones?
-Estamos viendo una demanda muy fuerte. Sectores que hasta el año pasado eran demandantes de medidas de protección hoy están pidiéndonos ayuda para poder exportar. La implementación del sistema de Ventanilla Unica simplificó mucho los trámites, igual que el Exporta Simple, son cada vez más utilizados. Hay sectores, como calzado, que con este tipo de cambio pueden exportar a Chile o Colombia, mercados que son desafiables por el tamaño. También se está viendo un incremento de pedidos en vinos y en oliva, y se nota el impacto de la apertura de China y Japón con las exportaciones de carne que crecieron 60%. En los últimos dos años se abrieron 65 mercados para la agroindustria. Esta mejora que ha tenido el tipo de cambio está dando un aumento del crecimiento de las exportaciones muy fuerte. Y Vaca Muerta va a ser uno de los grandes tractores de crecimiento de la economía de los próximos años. El desarrollo de esa cuenca nos va a permitir muy rápidamente volver a exportar gas y en los próximos tres o cuatro años.
Los 9 sectores que traccionarán la economía
El Ministerio de Producción viene trabajando con planes de mediano plazo para impulsar el crecimiento de nueve sectores con alto potencial para Argentina.
Textil y confección: “Tenemos un doble desafío que es dar una respuesta al sector para abordar la coyuntura y pensar también en el mediano plazo para consolidar un perfil productivo con un mayor perfil exportador”.
Calzado y marroquinería: “Necesitamos trabajar con una mirada sobre el corto plazo para atender a la coyuntura, pero también definir un perfil productivo para el sector del calzado que incorpore diseño, certificaciones de calidad e innovación para potenciar las exportaciones”.
Línea blanca: “Hay mucho por hacer en cuanto al fomento de la actividad, especialmente para los próximos meses por las altas tasas de interés que tenemos que afectarán el consumo de bienes durables”, indicó el ministro. En ese sentido, el plan es trabajar con el Banco Nación en una línea de financiamiento para la demanda de productos de alta eficiencia energética, y con el Banco de Inversión (BICE) para el financiamiento de proyectos de inversión.
Madera y muebles: “El objetivo fundamental es estimular el desarrollo del sector a partir de la promoción del diseño y la calidad en la producción de muebles”. “La Argentina tiene un potencial enorme por la extensión de los bosques nativos de alta productividad que tenemos y por la calidad de las empresas y profesionales del diseño. Los focos del trabajo de la mesa serán la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de proveedores y la incorporación de innovación y diseño en los procesos productivos”.
Autos: se busca producir 1 millón de unidades en 2023 con un 40% de integración local de autopartes y exportar al menos un 35% a destinos extra-Mercosur. Hasta ahora hay inversiones en ejecución por US$ 5.100 millones entre terminales y autopartistas. También se trabaja en la reducción de impuestos internos. A nivel exportaciones se cerró un acuerdo bilateral con Colombia para el comercio sin arancel de un cupo de 42.000 vehículos. El sector representa el 6,6% de la producción industrial y emplea a 67.746 trabajadores distribuidos en 12 terminales y más de 500 autopartistas. Con US$ 7.360 millones, las exportaciones de autos representan el 11% de las ventas externas totales de la Argentina.
Maquinaria agrícola: el plan es duplicar las inversiones para alcanzar los US$ 1.000 millones entre 2018 y 2020, con exportaciones por US$ 700 millones, el triple del nivel actual. Hay 13.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos, principalmente en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El 96% de las empresas del sector son pymes. Buscan crear 2.000 nuevos puestos de trabajo.
Energías renovables: el objetivo es mejorar la integración local en 2023 en un 50% para los equipos de energía eólica y en un 35% en promedio para todas las tecnologías. Así se crearían 9.500 empleos industriales y otros 3.000 en operación y mantenimiento para el 2023. Las empresas del sector de energía eólica tienen en ejecución inversiones por US$ 4.000 millones en el marco del Plan RenovAR. La integración promedio de componentes nacionales pasó del 11% en la ronda 1 al 37% en los proyectos adjudicados para la ronda 2 del RenovAR. Hay 5.600 trabajadores en el sector. Hacia el 2025 se esperan inversiones por US$15.000 millones.
Comercio: se trabaja en el desarrollo del pago electrónico para mejorar los niveles de formalización y reducir el costo de la administración del efectivo. A través de disposiciones del Banco Central se ampliaron las opciones para el traslado de caudales para abaratar los costos para los comercios. Y se avanzó en la implementación de la factura electrónica.
Nuevamente, el periodista Ismael Bermúdez ahonda en una noticia –publicada en AgendAR este sábado– anunciando que el Gobierno descarta los beneficios por zona geográfica en las asignaciones familiares. La medida afecta a los padres de un poco más de 400.000 chicos. Los datos surgen de la “Información Estadística” de la ANSeS (mayo 2018) que indica el número de niños alcanzados por provincia.
El decreto 702/18 elimina a partir de septiembre las «zonas diferenciales” que cobran asignaciones especiales y que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Rio Negro, Neuquény varios departamentos de Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires (Carmen de Patagones) y Salta.
Esos valores diferenciales se establecieron por ser consideradas “zonas desfavorables” o para compensar el mayor costo de vida y también con el fin de promover el desarrollo poblacional en esas provincias y regiones.
El recorte abarca la asignación por hijo, prenatal y la ayuda escolar anual. En cambio, se mantienen los montos diferenciales para el salario familiar y la ayuda escolar anual por hijo discapacitado, reconociendo así un valor diferencial por regiones que no se admite para el resto de los beneficios.
El sistema de asignaciones familiares se financia con una parte de las contribuciones patronales, que desde comienzos de este año se están reduciendo en forma progresiva en un cronograma de 5 años. Así, este recorte ayuda a compensar una parte de la reducción de las contribuciones a la Seguridad Social. Se calcula que el Estado se ahorrará unos $ 5.000 millones por año.
Gran parte del crecimiento de la producción de «shale gas» -el gas que se extrae de las rocas sedimentarias, como en la formación Vaca Muerta- se debió a una política de estímulos económicos contenidos dentro de la resolución 46, ideada por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. Esa medida, según anticipó el actual titular de la cartera, Javier Iguacel, será lo último en materia de subsidios estatales para la petroleras.
Iguacel estuvo dos días en la provincia de Neuquén para recorrer yacimientos de diferentes operadoras, como Loma Campana (YPF), Bajada del Palo (Vista Oil & Gas) y Aguada San Roque (Total, Wintershall, PAE e YPF).
En ese contexto, el funcionario anticipó que la resolución 46, que para este año fijó para el gas un valor de 7,5 dólares por millón de BTU, para decrecer en 50 centavos de la moneda norteamericana por año hasta 2021, será lo último que haga el gobierno nacional en materia de precios subsidiados a las productoras. “Los contratos que están se van a respetar, lo que estaba ingresado se evaluará y de acá para adelante no vemos necesidad de seguir con esa política”, adelantó Iguacel.
El ministerio de Energía evaluará los ocho proyectos que tiene en carpeta. Pero el subsidio a la producción no convencional no continuará.
El subsidio fue una respuesta a las tensiones en la cuenca neuquina, con el precio del crudo derrumbándose y centenares de despidos en Neuquén. Con el nuevo precio, las empresas encontraron una nueva chance en el gas.
Después del asado, la empanada es el comida que más representa a los argentinos. Junto a las pastas y la pizza es lo que más se consume en el país, según un estudio de la consultora Kantar TNS Gallup.
Pero para Lorena Escobar, Nicolás Ibarzábal, Pablo Gestenfeld, Bernardo Neville y Mariana Jaimovich –cinco argentinos distribuidos en distintos puntos del mundo–, este plato típico se convirtió en una salida laboral que cambió sus vidas. Y si bien ninguno se dedicaba a la cocina cuando vivían en Argentina, con el repulgue encontraron el éxito.
Lorena Escobar (46) se fue a Estados Unidos a principios del 2000 porque “la plata no alcanzaba”. Hoy es dueña de María Empanada, una cadena con 3 locales en Denver y 40 empleados. Empezó con su emprendimiento hace 6 años, cuando con su marido tuvieron problemas financieros. “Tenía que ayudar y lo mejor era haciendo lo que sabía: empanadas. Empecé cocinando en mi casa, le vendía a mis amigas y así armé mi clientela”.
A los pocos meses tenía tantos pedidos que no le alcanzaba el horno familiar. Compró uno industrial y lo puso en el garage de su casa. Al año siguiente, abría su primer local. Y siguió creciendo. En la actualidad vende unas 30 mil empanadas por semana –a 36 dólares la docena– entre sus tres locales.
Entrena durante un mes a sus empleados para que aprendan a hacer el repulgue.
En Chicago Nicolás Ibarzábal comenzó con 5411 (el código para llamar desde el exterior a Buenos Aires) un foodtruck dedicado exclusivamente a la venta de empanadas. Todo empezó cuando Nicolás viajó a Estados Unidos para hacer una maestría y junto a otros dos amigos, Mariano Lanfranconi y Andrés Arlia, se les ocurrió vender este típico plato argentino. Y fueron furor.
Más al norte, en Canadá, un tucumano se hizo famoso por sus empanadas de colores, que prepara con masa de espinaca, o calabaza. Pablo Gestenfeld (42) vive hace casi 20 años en Montreal. “Trabajaba en base de datos, pero no me sentía realizado. Quería algo propio y pensé que las empanadas eran algo que el mundo debía conocer”, cuenta Gestenfeld sobre su proyecto que bautizó Pachamama.
En Inglaterra, otro tucumano, Bernardo Neville (42), empezó con su proyecto de empanadas casi por casualidad. “Por primera vez en mi vida, las hice para mi cumpleaños y me sorprendí de lo bien que salieron”, recuerda Neville. Entonces abandonó sus proyectos en exportación de carbón y limones decidido a expandir las empanadas. Mal no le fue: vende 50 mil por mes a 2 libras cada una (70+ pesos).
En Londres otro grupo de argentinos se destaca con el local “Porteña”, en el icónico Borough Market. “Nos dimos cuenta de que en Sydney hay muchos sudamericanos, pero la comida latina no estaba desarrollada”, cuenta Mariana Jaimovich sobre el proyecto que empezó con su esposo australiano hace cinco años. Ahora venden 10 mil empanadas por mes –a 5 dólares cada una– a más de cincuenta restaurantes.
“Los australianos reciben muy bien las empanadas porque les gusta probar cosas nuevas”, cuenta la argentina que prepara los típicos rellenos, pero también empezó a innovar con empanadas de canguro.
En medio de los recortes para obra pública y su impacto en la actividad económica, el Gobierno se esperanza con la idea de que una posible cosecha récord en 2019 le asegure las divisas y el dinamismo para llegar con tranquilidad a las elecciones.
Según los cálculos de los economistas, sin sequía y con inversiones, el campo podría explicar entre un punto y medio y dos del PBI, lo que implicaría entre un 60 y 80% del crecimiento estimado para el año próximo. Aunque hay cálculos conservadores que no estima en mucho más allá de un punto y medio el aumento total del PBI en 2019.
Según una encuesta del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el 72% de los productores prevé realizar inversiones en los próximos cinco años. En los próximos doce meses la tendencia es menos clara. El 50% de los medianos dice que sí, aunque solo el 32% de los grandes productores responde afirmativamente.
Algunos analistas se animan a pronosticar que un buen rendimiento del agro puede equilibrar la balanza comercial argentina durante el año que viene. “De no mediar un factor negativo, como la sequía de este año, nuestras proyecciones indican que el sector podría estar en condiciones de lograr que Argentina elimine su déficit comercial en 2019”, pronosticó el presidente del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras. El especialista añadió: “En 2018, el complejo cerealero oleaginoso va a haber exportado US$ 22.500 millones y esperamos que el año que viene, US$ 32.500 millones”.
Por su parte, Ezequiel de Freijo, economista jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural, consideró que las exportaciones de 2019 podrían superar “en ocho mil millones de dólares las de este año”, en línea con lo anunciado por el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina.
El director del Instituto de Clima y Agua del INTA, Carlos Di Bella, prefirió ser cauto: “Los pronósticos para La Pampa húmeda y gran parte del país, en materia de agua en el suelo y clima, son positivos, pero es muy pronto para asegurar una cosecha récord. Para la soja y el maíz los meses críticos son enero y febrero, por lo que habría que esperar a octubre o noviembre para tener mayores certezas”.
Más allá de que las esperanzas están depositados en el complejo oleaginoso cerealero, la recuperación de la ganadería es otra de las cartas que espera jugar el Gobierno.
En una reciente entrevista realizada por el diario PERFIL, el doctor Vicente Campenni, gerente general de INVAP, salió a aclarar el presente, y a esbozar el futuro de la compañía:
«El problema que tratamos de solucionar esta semana con el jefe de Gabinete, el ministro de Ciencia, Barañao, y el gobernador Weretilneck fue sobre el flujo de fondos cuya demora nos estaba elevando mucho los costos financieros. Pero la verdad es que fue una reunión pautada antes de que se disparara este debate tras la visita del Presidente a Bariloche».
Según Campenni, tras el acuerdo la empresa ganará previsibilidad. “A partir de agosto llegarán pagos por $ 1.050 millones que nos permitirán saldar deudas y ponernos al día”.
También dijo que espera poder volver a cancelar en un solo pago los salarios de los casi 1.400 técnicos y empleados, muchos de los cuales venían cobrando en cuotas. Y negó que vaya a haber despidos.
“Si el flujo de fondos se estabiliza como nos prometieron, con los proyectos actuales hasta es posible pensar en crecer en especialistas. Además, aunque se postergue algún tema, nuestra gente puede aplicar su know-how a otros proyectos”.
—¿Qué contratos siguen?
Se ratificó la serie de satélites Saocom y Sabia-Mar, el reactor RA10, el Carem y todo lo de medicina nuclear. En temas de seguridad los radares primarios y móviles para control de frontera y una docena de radares meteorológicos. También el desarrollo de un nuevo sistema para ayudar a los aviones en la aproximación a aeropuertos, junto con ANAC.
—¿Y cuáles se cayeron?
El Arsat 3 se pospuso, pero seguimos trabajando el tema porque pensamos que saldrá más adelante; y es una tecnología que puede ser exportable para otros satélites de comunicaciones. Y la futura central de potencia que se iba a hacer en Atucha con China, no era un contrato nuestro sino de la CNEA, y otras empresas del rubro. Los contratos con la Armada no llegaron a firmarse.
Según la empresa, el backlog (trabajos confirmados pendientes de ejecución) actual ronda los US$ 800 millones incluyendo los de clientes argentinos y de otros países. La diferencia la situación de hace unos años es que antes había más convenios nacionales y ahora cambiará esa relación.
“El objetivo que nos pusimos para los próximos tres años es lograr que alrededor del 60% de la facturación de Invap provenga de exportaciones de tecnología, y el resto, de contratos locales”.
¿De dónde podrían salir los futuros negocios?
—Es difícil de prever pero pensamos que es posible crecer con nuestro perfil de vanguardia en áreas como Internet de las Cosas, telemedicina, medicina nuclear y agronomía de precisión. También imaginamos nuevas líneas de negocios en energías renovables, con desarrollos propios. Tal vez no vamos a reinventar la rueda en ese rubro, pero sí pensamos que es posible agregar valor y transformaciones tecnológicas de nuestros expertos”.
Desde la oposición se alzaron numerosas voces en defensa de la compañía. El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto consideró “lamentable” la decisión oficial. “Espero que en un tiempo no nos terminemos enterando de que haya casos de empresas extranjeras accediendo a contratos similares a los que ahora se le están cancelando al Invap”.
Por su parte, el diputado Roberto Salvarezza afirmó: “Lo de INVAP es una foto, pero la película de todo el sector de ciencia y técnica en Argentina es siniestra. El Gobierno está cancelando todos los proyectos tecnológicos, desde el plan nuclear hasta los satélites”.
Para Diego Hurtado, investigador de la Universidad de San Martín, “lo concreto es que INVAP tenía US$ 1.000 millones en contratos con el Estado que bajan a US$ 300 millones”. Y advirtió que “si no llegan los fondos comprometidos, se habla de que podría haber hasta 400 despidos”. “No hay que olvidar que son profesionales muy capacitados, que podrían emigrar a otros países”.
En AgendAR nos interesa señalar que -más allá de las comprensibles posturas de oficialistas, opositores y perjudicados, y también de los análisis sectoriales que seguiremos publicando- comprobamos que INVAP se ha convertido en una «empresa de bandera» para los argentinos. Una que simboliza nuestra capacidad de desarrollo tecnológico nacional.
La Dirección de Defensa del Consumidor difundió alertas presentadas por Fiat Chrysler y Volkswagen sobre problemas en modelos de esas marcas.
El organismo informó que se encontraron fallas en 54.310 vehículos Fiat –Argo, Mobi, Toro, Grand Siena, Strada y Fiorino, de los años 2017 a 2019, y 14.384 vehículos Jeep Renegade y Jeep Compass de los mismos años.
Fiat Chrysler alertó sobre la posibilidad de fallas en el sistema de ignición e inyección de combustible en algunos vehículos de esos modelos.
En caso de que se produzca la falla, podría ocurrir un funcionamiento irregular del motor, y en casos extremos, su apagado inesperado, comprometiendo el manejo y aumentando el riesgo de colisión «con los consecuentes daños físicos y materiales al conductor, acompañantes y terceros», dice el comunicado.
La empresa informó que los propietarios pueden realizar el servicio de reparación gratuito en concesionarios Fiat de la red oficial, previa coordinación de la visita en el teléfono 0800-777-8000, días hábiles de 9 a 18.
Volkswagen informó que algunos de los Audi 3 y Audi 4 modelo 2018 presentan problemas en el pegado de sus parabrisas. «La falla puede ocasionar desde fugas hasta desprendimientos localizados del parabrisas. Además, en caso de desprendimiento del airbag del acompañante, su función de protección puede verse disminuida».
VW cambiará, sin cargo, los parabrisas y/o lunetas de todos los vehículos afectados. Los clientes pueden dirigirse a cualquier concesionario de la red Audi o contactarse con Atención al Cliente (0800-888-2834), de lunes a viernes de 9 a 18.
También se informa que 111 VW Tiguan Allspace modelo 2018 tuvieron inconvenientes con el ensamblado del módulo de airbag (lado acompañante), el cual, en caso de accidente y activación, puede funcionar anormalmente, reduciendo el potencial de protección y aumentando el riesgo de lesiones. También se realizan los cambios en los concesionario oficiales o llamando al 0800-888-8338, de lunes a viernes de 9 a 18.
El freno registrado en la actividad económica después del primer trimestre impactó en el índice laboral de mayo, ya que durante el mes se perdieron alrededor de 27 mil ocupaciones registradas, según un informe oficial.
Sin embargo, en comparación con mayo del año pasado, existen unos 148 mil puestos más, según surge del Informe de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo.
Si se desestacionalizan las cifras, la merma del empleo registrado fue de 16.900, también superior al número verificado en abril. Otro dato relevante del informe es una fuerte caída en la expectativa de creación de empleo, que se ubicó en el peor nivel desde febrero de 2014.
Según el sondeo efectuado en junio, la cantidad de empresas que prevé tomar gente fue menor a la que manifestó que espera despedir personal.
En el sector público, durante mayo, hubo un aumento de 10.800 puestos, fundamentalmente por contrataciones puntuales en la docencia universitaria, pero disminuye 4.900 personas en la serie desestacionalizada.
Especialistas calculan que agregará 0,3 puntos en agosto, 0,2 puntos en septiembre y otro tanto en octubre. En agosto, por lo pronto, sumará un 0,3 puntos; en septiembre, un 0,2% y en la medición de octubre, sumará otro 0,2%, explicó Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Eco Go.
Hace pocos días el INDEC dio a conocer el indice de precios de junio, (subió 3,7%) que mostró el nivel más alto de los últimos dos años. Para julio, las consultoras estiman que el alza será menor: 2,8%, según estima Eco Go, debido al impacto de las subas de las naftas y de los cigarrillos, entre otros bienes y servicios.
Para agosto, todavía no hay previsiones, sobre el indicador mensual, aunque ya se computan –además del aumento del Transporte-, las subas en las prepagas que subirán sus cuotas otro 7,5%.
Hacia septiembre está previsto un aumento en la electricidad que aún no fue definido, pero estará afectado por el índice de precios mayoristas (IPIM) que ya viene dando subas altas.
Finalmente, en octubre, el índice precios incluirá también el aumento del 20% anunciado para las tarifas del gas. «Todos aumentos que van a tener su impacto en el nivel de empleo y sobre el bolsillo de los consumidores», destacó el economista de Eco Go.
Ayer, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, confirmó que desde el 15 de agosto aumentarán las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana en tres etapas, lo que representará un 30% de ajuste. Se estima que los distintos incrementos en el precio de los transportes urbanos en los últimos 12 meses superan ampliamente el 100%.
A partir de octubre, Mercado Libre tendrá un Defensor del Cliente, una figura que se creó hace menos de un mes para dar un punto de referencia a los consumidores.
Específicamente, la figura creada por la Secretaria de Comercio tiene por finalidad que los proveedores, en este caso Mercado Libre, atiendan y resuelvan los reclamos de sus consumidores dentro de un margen de tiempo que en principio no puede exceder 15 días. La decisión de Mercado Libre marca el primer caso de una empresa que elige designar a alguien en esa posición, acción que no es obligatoria.
En el sector de compras online particularmente, el grueso de las quejas dirigidas a empresas giran en torno a las demoras para la entrega de productos. Datos de abril de la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) indicaban que las «demoras en la entrega» son uno de los motivos principales por los que la gente no compra en Internet (35% de las respuestas).
«Que una empresa líder como Mercado Libre se haya adherido tan rápidamente y empiece a contar con su propio Defensor del Cliente es una muy buena señal para los consumidores tanto como para el resto de los proveedores», señaló el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.
Entre enero y junio de este año, Defensa del Consumidor relevó un total de 75.809 reclamos, con los sectores más recurrentes siendo Servicios de Comunicaciones (27%) y Servicios Financieros y Seguros (17%).
La AFIP publicó la resolución 4286 en donde indica que desde este año solo uno de los padres o tutor de un menor podrá aplicar la deducción por hijo en el Impuesto a las Ganancias cuando antes podían hacerlo los dos.
La resolución sale el mismo día en la que se publicaron otras modificaciones al régimen de asignaciones familiares y a la vez eliminó beneficios que alcanzan a quienes residen en provincias de la Patagonia y del noroeste del país.
La nueva decisión tiene incidencia ya sobre los salarios desde enero de 2018, representa un incremento de la presión tributaria para familias en donde ambos padres de personas deducibles, es decir menores a cargo o personas discapacitadas, estén alcanzados por Ganancias.
Desde ahora cuando la responsabilidad sea ejercida por los dos progenitores y ambos perciban ganancias imponibles, cada uno podrá computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 100% de dicho importe. En otro caso la deducción será computada por quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de la clase media. En la última conferencia de prensa del presidente, Mauricio Macri, dejó entrever que si bien mantendrá el esquema de baja de retenciones en contrapartida iba a ajustar más la presión fiscal a través de la AFIP y este parece ser uno paso en ese sentido.
La prestigiosa e influyente ONG estadounidense American Civil Liberties Union (ACLU) puso a prueba la tecnología de reconocimiento facial de Amazon, Rekognition. Los resultados no fueron alentadores y fortalecen el argumento de que su uso por parte de las autoridades estadounidenses es un riesgo para ciudadanos afroamericanos.
Según los resultados de la prueba realizada por ACLU, publicados en el sitio oficial de la organización, Rekognition confundió a 28 miembros del Congreso de los Estados Unidos con posibles delincuentes. La tecnología los identificó como personas que habían sido arrestadas por cometer un crimen. Dichos congresistas son tanto demócratas como republicanos, así como hombres y mujeres de todas las edades.
La mayoría de las falsas coincidencias de Rekognition fueron personas de raza negra. Para llevar a cabo la prueba, ACLU descargó 25.000 fotografías de una «fuente pública». Después publicó las fotos oficiales de los 535 miembros del Congreso estadounidense a través de Rekognition. Al pedirle al sistema de reconocimiento facial de Amazon que relacionara las imágenes con cualquiera de las fotos que se le toman a las personas que son detenidas, identificó incorrectamente a los 28 congresistas en cuestión.
«Las falsas coincidencias fueron desproporcionadamente de personas de raza negra», señaló el abogado Jacob Snow de ACLU en el post publicado este jueves en el sitio web de la organización. También detalló que el costo total por realizar la prueba fue de 12.33 dólares.
«Cotejar a personas con fotos de arrestos no es un ejercicio hipotético. Amazon está comercializando agresivamente su tecnología de vigilancia facial, presumiendo que su servicio puede identificar hasta 100 caras en una sola imagen, rastrear personas en tiempo real a través de cámaras de vigilancia y escanear imágenes de cámaras corporales», indicó Snow.
A raíz de la denuncia de un caso de violencia sexual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el jueves 21 de junio, durante el turno noche, volvió a recalcarse la importancia de la aplicación de los protocolos de género en los ámbitos universitarios y la necesidad de reforzar políticas al respecto, como la creación de áreas específicas en las facultades que traten estos temas.
Si bien cada vez existen más casas de altos estudios nacionales que tienen protocolos, aún quedan muchas que no. Son 28 las universidades públicas que cuentan con uno, frente a las 53 que hay en Argentina, según un informe de mayo de 2018 de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias.
“¿Por qué solo algunas instituciones públicas han conseguido dar pasos fundamentales contra las violencias sexistas que se despliegan en su interior en tiempos donde queda en evidencia la necesidad de que existan?”, se pregunta Noelia Figueroa, referente del espacio de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario.
“Lo que buscan los protocolos es cubrir las situaciones que se dan entre personas que pertenecen a la universidad, sean docentes, no docentes, contratados, temporales, estudiantes, donde exista alguna situación de violencia, de acoso sexual, de abuso sexual, violencia física, psicológica, agresiones verbales”, aclara la referente de Rosario. “Los hechos no tienen que ser necesariamente dentro del edificio de la facultad, sino que puede ser virtual o en otros lugares. Lo importante es que el vinculo que se genera sea personal, académico-educativo, en el marco de la universidad. En esos casos, se le brinda asesoramiento a la persona que viene a denunciar. A veces alcanza con restringir horarios para que no se crucen”, afirma. Según Figueroa, cada caso es singular, pero la idea es cuidar a quien fue víctima de una situación de violencia porque lo que sucedía en general era que las víctimas renunciaban a la carrera o dejaban de ir a la facultad porque se ponía el ojo más sobre ellas que sobre los agresores”.
Más allá de los logros, aún falta mucho por hacer, como advierte Julieta Alcoba, prosecretaria de Géneros y Políticas Feministas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. “Una de las dificultades evidentes de aplicación es el presupuesto, ya que se necesita voluntad política, acompañada de recursos que lo posibiliten. Y después suelen aparecer resistencias internas. Pero por suerte hay grupos organizados feministas que están dando la discusión que exige la aplicación de estas políticas”, explica Alcoba.
En La Plata cuentan con un programa contra la violencia de género y un protocolo aprobado en 2015. Además, a raíz de la mayor presencia en la agenda pública y mediática de las cuestiones de género, en la universidad empezaron a hacer fuerza para aplicar otras iniciativas que trabajen con la política académica, por ejemplo la creación de prosecretarias de género dentro de las facultades.
Por su parte, Julieta Martino, consejera estudiantil del Consejo Superior de la UTN, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Superior hace menos de un mes, cuenta que “la idea rectora es la prevención, capacitación y concientización de todos los sectores de la universidad, sean docentes o no docentes, graduados, para que no se llegue a aplicar una sanción.
El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ignacio Garaño, relata que en abril de 2017 se aprobó el protocolo, luego de un intenso trabajo en 2016.
“La importancia que tiene este protocolo de intervención ante situaciones de violencia machista, acoso sexual, discriminación por identidad de género y/o vivencia de la sexualidad en el marco de la Undav es fundamental como herramienta para intervenir, como universidad, ante situaciones que se ponen en agenda”, sostiene. El protocolo, agrega, “nos da una herramienta concreta, aprobada por todo el cuerpo del Consejo Superior, para llevar adelante acciones de contención frente a hechos en los que toda la comunidad universitaria considere que sus derechos están siendo vulnerados. Es un trabajo complejo”.
Hasta el año 2014, la única universidad que contaba con un protocolo específico para la prevención, atención y sanción de la violencia de género era la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén y Río Negro). Luego se sumó la Universidad Nacional de Rosario. Y les siguieron, entre otras, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, UTN, la Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Avellaneda y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
Tras más de dos años de negociaciones para poder cumplir con las exigencias, la firma santafesina San Ignacio informó que concretó la primera exportación de dulce de leche argentino con destino a Japón.
Se trata de un embarque de cuatro pallets de frasco de vidrio, que serán comercializados en las góndolas de ese país asiático. Es inevitable que se la compare con la reciente exportación de carne bovina, también primicia en ese mercado, de la que dicen con ironía «Alcanza para un asado, si no son muchos los que vienen…»
Pero desde la compañía destacaron que si bien el volumen no es importante, será «clave ver cómo se mueve, cómo rota. Debimos sortear las exigencias de un mercado muy duro en cuanto a reglamentaciones y rotulado con ítems que otros no piden».
En la actualidad, la compañía produce 10.000 toneladas al año de dulce de leche en su planta de Sauce Viejo. De ese total, exporta cerca del 15%. Gran parte de ese volumen tiene como destino la Unión Europea y Estados Unidos.
Crónica de una muerte anunciada. Ayer se enviaron 250 telegramas de despido en la empresa estatal que administra el funcionamiento (y la construcción) de las centrales nucleares, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA).
Quienes están siendo despedidos son en general especialistas en diseño y montaje de centrales. Lo que se quiere es reducir a NA-SA al carácter de «utility» como las llaman en EEUU, es decir una «operadora boba», como las llaman aquí. Sucede que esto es de una ilegalidad ripiosa: en Argentina, por criterios regulatorios de seguridad fundacionales, las centrales nucleares se consideran DISTINTAS de las térmicas convencionales, y deben ser operadas por personal capacitado no sólo para repararlas sino también para construirlas.
Esa fue la base de 60 años de operación de reactores, y luego de centrales, con un único accidente fatal (un ingeniero nuclear en 1983 en el reactor de investigación RA-2, luego rápidamente desmantelado). Eso, en un país donde el tránsito mata a 20 personas por día. Más allá de la reacción del personal despedido de NA-SA (cuyo número final podría llegar a 600 especialistas), es difícil que las autoridades regulatorias, la opinión pública, los jueces y la sociedad acepten este «achicamiento» perpetrado sobre una tradición de seguridad operativa casi perfecta.
Atuchas I y II no tendrán compañia fuera del prototipo del CAREM, cuyo presupuesto se recortó en un 20%.
«Destripar» a NA-SA para el gobierno era inevitable desde que en marzo desestimó la oferta china por la central Atucha III. AgendAR lo advirtió desde el principio: Cancelar Atucha III cancela parte del presente y el futuro de la Argentina. Esa oferta de una central de ingeniería canadiense perfectamente conocida aquí (CANDU) permitía que más de U$ 4900 millones del costo total (U$ 7000 millones) se hicieran con componentes fabricados localmente, y que la obra se erigiera bajo control de NA-SA, con una participación total de 129 grandes, medianas y pequeñas empresas argentinas de distintas ingenierías, y un pico de ocupación de 7000 puestos de trabajo. La financiación era un regalo: 75% china, a un interés del 4% anual y con 8 años de gracia desde la conexión efectiva de la central a la red eléctrica: literalmente se pagaba sola.
Esta carnada china traía un anzuelo. Era la compra en similares términos financieros pero «llave en mano», de una central Hualong I, máquina idéntica a la unidad #5 que está por terminarse en el complejo nuclear de Fuqing, China. La firma nuclear más fuerte del gigante asiático, la CNNC (China National Nuclear Corporation) ya le vendió 5 similares a Pakistán, tiene 8 bajo un estudio regulatorio mucho más minucioso y agotador en el Reino Unido, y quiere a toda costa mostrarla funcionando en Argentina, para luego venderla en al resto de la región. El ajedrez de la CNNC es bastante sencillo: necesita superar con una planta nucleoeléctrica a su competidor más fuerte: ROSATOM, de Rusia, que ya hizo pie en Bolivia con un equipo muy distinto, un reactor de fabricación de radiosótopos.
Por descender de centrales francesas de generación II muy probadas desde los años ’80, a la Hualong I se le supone una seguridad operativa incluso mayor. Es generación III, un diseño post-Fukushima, con más seguridad pasiva. Pero en el mundo de los hechos todavía tiene que demostrarla funcionando.
Ésta fue una de las causas por las que en 2017 la provincia de Río Negro rechazó su instalación POR LEY, ya que es una central muy grande de una ingeniería muy nueva para el país. Pero fundamentalmente -aunque nadie lo dijo- le dijo «no» a algo que no era una propuesta del gobierno nacional sino una imposición, y no venía acompañada de ningún proyecto industrial electrointensivo en territorio provincial (química, acero, aluminio, vidrio, papel, etc). Hacer de banco de pruebas de una tecnología desconocida para venderle electricidad y generar empleo en la distante Buenos Aires no es exactamente una propuesta federal. Aún así, se sabe que el gobierno, cuya política es más gerencial que realmente política, volverá a la carga en Río Negro. No es improbable que empiece con un pedido del intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para derogar la ley «por inconstitucional».
Al dejar la CANDU de lado y pasar directamente a la Hualong I, el gobierno tuvo la extraña originalidad de escupir la carnada para clavarse mejor el anzuelo, conducta rara incluso entre los peces: no suelen tener vocación de pescados. Pero está escrito: durante la celebración del G20, los presidentes Mauricio Macri y Xi-Jingping rubricarán el acuerdo por la Hualong I, y apuestan a que luego serán muchas.
Sólo que «llave en mano» excede el significado que la expresión tuvo hasta el momento en el mundo nucleoeléctrico. En la acepción tradicional, el país proveedor se ocupaba de la «isla nuclear», fabricar y montar el conjunto de componentes que rodean el núcleo de la planta, lo refrigeran y utilizan su calor, además de (en general) la turbina de vapor. El país receptor, en cambio, se reservaba la obra civil: hormigón armado y edificios auxiliares.
El Programa Nuclear Argentino tiene el orgullo de no haber comprado JAMÁS en estas condiciones: desde 1969 en más, intervino en Atucha I, Embalse y Atucha II con cantidades crecientes de trabajo en la «isla nuclear» de cada máquina (el 31, el 60 y el 71% respectivamente), y negoció duramente y ganó en lo principal: la transferencia de la tecnología y el autosuministro de combustibles.
Toda compra atómica argentina formó parte de una rampa ascendente de formación de recursos humanos y de planta industrial pública y privada. No por nada hoy somos un exportador nuclear, el #1 mundial en reactores, y el primero del planeta en tener en construcción una central nucleoeléctrica «mini», o SNPP («Small Nuclear Power Plants»), el proyecto CAREM. Los SNPPs serán probablemente el nicho de mercado de mayor crecimiento relativo a partir de 2030.
A contramano de todo esto, la enorme Hualong I (1180 MW) llega a la Argentina 100% fabricada en China, y con un contingente de centenares de ingenieros, técnicos y obreros chinos para armarla. ¿Se entiende quiénes reemplazarán a los hoy despedidos de NA-SA?AgendAR ha recibido la información de que HASTA LAS BOLSAS DE CEMENTO para la obra civil vienen de China. Nuevamente, repasemos nuestra historia: la construcción de la primera central nuclear argentina, Atucha I, decidida en 1969, la República Federal Alemana tuvo que fumarse un 31% de participación local o le dábamos el negocio a Canadá. Desde ahí en más, todo el crecimiento nucleoeléctrico implicó una «argentinización» creciente. Hubo empresas grandes de ingeniería que llegaron a tener su propia división nuclear, como Techint, o empresas mixtas con la CNEA, como Pérez Companc. Este giro de 180 grados nos lleva a un lugar de república bananera, donde en términos tecnológicos, industriales y de capacitación, no estuvimos jamás.
El gobierno deja colgadas a las empresas que ya participaron exitosamente en la difícil terminación de Atucha I y II. Se habían preparado para Atucha III. Formaron sus propios planteles de expertos nucleares. Estaban a la espera. ¿Cuántos despidos hubo/habrá en ese sector? Los empresarios argentinos suelen sufrir en silencio: nunca fue buena idea pelearse con el gobierno.
Tampoco parece una solución callarse. A los despidos en NA-SA hay que sumar otros en la provincia patagónica de Neuquén: 1000 personas más a la calle, entre químicos, ingenieros, técnicos, trabajadores calificados y unos 600 contratados en la PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada. Fue diseñada en los ’80 para un programa de 2400 MW nucleares con 4 centrales CANDU similares a Embalse, que no se cumplió, pero al que se podría estar llegando en 2021 de haberse empezado la construcción de Atucha III en 2016.
Por su historia lejana, la PIAP hoy es la mayor unidad mundial de producción de este insumo, valuado entre U$ 600 mil y U$ 800 mil, la tonelada. En un mundo con 49 centrales de agua pesada en 6 países, ninguno de los cuales puede abastecerse por sí mismo al 100% en ese insumo, ¿es lícito cerrar la PIAP? Por lo pronto, nos obligará a importar hasta U$ 34 millones/año de algo que ya producimos. Y que hemos exportado.
Es el precio inaceptable a pagar por una discontinuación brusca de la línea centrales de uranio natural moderado con agua pesada, que desde 1984 permite que CONUAR (empresa mixta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Pérez Companc) abastezca en forma autónoma los 1744 megavatios nucleares instalados en el país, las centrales de mayor confiabilidad y disponibilidad del parque eléctrico argentino.
«Autónoma» significa que podemos tener roces de política exterior con quien sea, por ejemplo, los frecuentemente originados por los muchos pesqueros chinos ilegales en la milla 201 del Mar Argentino, sin que nos apaguen la luz.
«Autónomía en combustibles» significa, además, ahorro. Una planta nucleoeléctrica de generación II, como la mayor parte de las 450 hoy activas en el planeta, está diseñada para una primera vida útil de entre 30 y 35 años. En ese lapso, las estadísticas indican que el combustible consumido equivale en dinero al costo de la central comprada nueva. Una Hualong I con combustible chino, cuya primera vida útil llega 60 años, nos habrá costado 2 centrales idénticas más en dólares transferidos a China. ¿A qué nivel de atraso y despilfarro estamos descendiendo?
Era inevitable que el Programa Nuclear Argentino fuera pasando a uranio enriquecido moderado por agua natural: ese tipo de centrales, llamadas genéricamente PWR («Pressured Water Reactor»), tienen mejor quemado. Eso, en plata, no significa en absoluto que sean más económicas que las que tenemos, toas PHWR, «Pressured Heavy Water Reactors», con uranio natural y agua pesada). Pero ese pasaje se iba a hacer paso a paso, si se tenían perspectivas de mejorar y aumentar la capacidad de enriquecimiento local en la pequeña planta de Pilcaniyeu, Río Negro para ir llegando a una nueva autonomía, esta vez en combustibles enriquecidos a «grado central», entre el 3 y el 5%.
Eso iba a requerir de inversiones importantes, del aseguramiento de un proveedor confiable de uranio enriquecido (quizás Brasil) durante la transición. También de una reconversión de la PIAP en Neuquén para dedicar hasta el 35% de la capacidad de la mayor productora mundial de agua pesada a producir un segundo producto: urea, el fertilizante básico de la agricultura (la Argentina es importadora grave). Esa sola adaptación implicaba añadir $ 800 millones de dólares de tecnología nueva a la PIAP. Pero a ojo de productor agrícola y de estadista, habría valido la pena para independizar al campo argentino. El mismo que anteayer nos obsequió un «tractorazo», porque está atosigado por los costos en dólares de sus insumos principales. Y a la cabeza de ellos, los fertilizantes nitrogenados.
La planta de agua pesada en Arroyito (Fuente: U238 Gustavo Barbarán). Podría además fabricar fertilizantes.
Todo eso, la posibilidad de una transición ordenada, lenta y nacional al uranio enriquecido, acaba de sacrificarse. El gobierno dice optar por lo más barato. Para la dirigencia petrolera del Ministerio de Energía, ayer el Ing. Juan J. Aranguren, hoy el ing. Javier Iguacel, destruir la tradición tecnológica que nos llevó a formar parte del NSP (Nuclear Suppliers Group, el club mundial de exportadores nucleares) e incluso a dirigirlo, eso es barato. Sacrificar los recursos humanos que permitieron que INVAP, la firma barilochense de tecnología nuclear y espacial, se volviera el más respetado y agresivo exportador de pequeños reactores nucleares de investigación, no importa. Es barato.
Al Programa Nuclear Argentino, un negocio de tecnología, los petroleros lo entienden como un enchufe. Es decir, no lo entienden. Salvo con el bolsillo: saben que la capacidad nucleoeléctrica instalada en el país impidió la venta o importación de mucho petróleo y mucho gas desde 1974, cuando Atucha I entró en línea. El átomo les es competencia.
La historia de tropelías, zancadillas y perradas cometidas desde 1967 por la entonces Secretaría de Energía, eterno nido petrolero, contra el Programa Nuclear da para escribir libros, pero hoy que la Secretaría se volvió Ministerio, le está escribiendo el epitafio. Si hoy el gobierno destripa NA-SA, ¿qué no hará mañana con la CNEA? Iguacel y el sociólogo Julián Gadano, que la dirige, ya adelantaron su parecer al respecto: menos gente «para estar en la punta de la innovación y el desarrollo». Más telegramas. Los gremios nucleares, profesionales, técnicos y trabajadores, hoy se juegan la vida.
Que la CNEA, que durante sus primeros y mejores 33 años dependió directamente del Poder Ejecutivo Nacional, hoy esté subsumida en el tótem estatal por debajo del rango de una subsecretaría, dirigida por petroleros y como remate presidida por un sociólogo en lugar de un ingeniero nuclear, da una medida exacta de cuánto la valora el gobierno.
Hoy hay 250 familias con un trabajador nuclear. Generalmente, era el que ponía comida en la mesa. Ayer se quedaron sin sustento. Habrá miles más. No es sólo una suma de tragedias sociales, es una tragedia nacional en recursos humanos. El personal técnico de NA-SA con el mejor cruce de calificación y edad buscará su horizonte fuera del país. No les faltará trabajo.
Solamente en Inglaterra las autoridades regulatorias están estudiando la construcción de 8 centrales nuevas (entre ellas las Hualong I). Hacen competir a oferentes chinos, franceses y japoneses con ofertas de generación III, y no se casan con nadie. Para nuestros profesionales nucleares más aventureros y proclives a vivir en otras culturas, sumando Medio y Extremo Oriente más Rusia hay 50 nuevas plantas nucleares en construcción, 150 unidades más bajo pedido, y 300 más en estudio.
En ese contexto, el personal calificado nuclear argentino vale oro: si va hasta Ezeiza o Pajas Blancas en taxi, luego deja el país viajando en «business». No es la primera vez que un intento de decapitar los recursos humanos argentinos en la materia fuerza su emigración: en momentos de los ’90, la CNEA perdía hasta 3 ingenieros, químicos o físicos nucleares por mes. Pero la demanda mundial de expertos hoy puede llevar a la evaporación rápida de una dirigencia atómica forjada contra viento y marea a lo largo de 70 años. No es algo que preocupe al gobierno: los nucleares, por formación y vocación, suelen no comer vidrio y están destinados a entorpecer relaciones excesivamente carnales con China o con quien fuere. Por ejemplo, aduciendo lo obvio; una Hualong I con «fuelling» chino a los 60 años de inaugurada nos habrá costado 2 Hualong más. Es la diferencia entre U$ 9000 y U$ 27.000 millones. Los «ahorros» del gobierno no son cuentas de almacenero: los almaceneros que siguen en el negocio, emplean mejor la aritmética.
Los echados hoy de NA-SA son en su mayoría gente calificada y de planta permanente. El gobierno deberá pagar grandes indemnizaciones o afrontar el costo de no hacerlo. Pero está por verse con una respuesta social sencillamente desconocida. Ya es un indicio la ola de repudio mediático frente a las declaraciones del presidente Macri en Bariloche, cuando dijo livianamente que los contratos rescindidos a INVAP desde 2016 (por u$ 700 millones) fueron firmados en el «tiempo de la magia» pero que se acabó la plata, situación que hoy obliga a la firma barilochense a pagar los sueldos en cuotas.
Hasta el periodismo de vista más gorda le salió con los tapones de punta: después de su seguidilla de triunfos en Australia, Holanda, Arabia Saudita y Bolivia, INVAP ya adquirió status «de bandera»: es la firma de tecnología emblemática del país. Es nuestro David en en mundo lleno de Goliats tecnológicos. Es lo que podríamos ser.
El jueves a la noche, el gobierno reculó en chancletas. Al parecer, le restituirá a INVAP contratos caídos por U$ 300 millones, de un total inicial de U$ 700 millones. La misma noche en que se decidió que INVAP sobreviva, se dictaminó que NA-SA muera, al menos como hoy la conocemos.
Y volviendo a las Atuchas y a Embalse, donde se espera una segunda andanada de telegramas de despido: si se empieza a erosionar una tradición de seguridad nuclear que ya dura 60 años, ¿la gente vecina lo entenderá, lo aceptará? El gremio Luz y Fuerza Zona Paraná ya convocó a un paro por tiempo indeterminado. ¿Qué harán UPCN, ATE, la Asociación de Profesionales de CNEA y otros gremios que se entrecruzan en el Programa Nuclear? ¿Qué harán los intendentes del cinturón Campana-Zárate, ya golpeado por la desocupación metalúrgica? ¿Qué harán los habitantes de ese lugar? La afrenta es transversal, múltiple, compleja, afecta a todos.
Manifestación por la PIAP en la ruta 22, altura puente de Arroyito.
La CNEA abrió sus puertas en 1950, cuando era verdaderamente «una comisión»: su personal cabía en un aula. En 1955 presentó al mundo 12 nuevos radioisótopos descubiertos aquí (hoy ya son 20), en 1958 inauguró el primer reactor nuclear sudamericano de construcción 100% nacional, y en 1969 pasó de una etapa académica a otra plenamente industrial, al iniciar las obras de Atucha I. Hoy además capturó el 35% del mercado de radioisótopos medicinales, y va por más. Pero hay amenaza de regresar a la etapa académica, y con los huesos rotos.
Existe una decisión de ajuste, pedida durante décadas por las agencias internacionales de crédito y hoy también enteramente funcional a China. Implica desmantelar todo lo que se pueda el desarrollo nuclear independiente de Argentina: 70 años de logros incomparables para ninguna otra rama del conocimiento y la industria nacionales, salvo quizás en el campo de las biociencias.
Resta saber si los técnicos, científicos, empresarios y trabajadores del sector, y nuestros compatriotas con interés en el futuro argentino lo permitirán.
El Gobierno elevó el piso y bajó el techo para acceder al cobro de las asignaciones familiares y eliminó los beneficios que en ese concepto alcanzaban a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas en provincias del norte.
Según escribió el especialista Ismael Bermúdez, «con la eliminación de las zonas diferenciales, a partir de septiembre se reduce hasta un 75% la asignación familiar prenatal y por hijo de los trabajadores en relación de dependencia de varias provincias y regiones del país. Puede representar hasta $ 1.892 mensuales menos por cada hijo. También se elimina la ayuda escolar anual diferencial».
Las «zonas diferenciales” que cobran asignaciones de montos mayores, y que ahora desaparecen, son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y varios departamentos de Formosa, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires y Salta.
La medida salió por decreto, comenzará a regir a partir de septiembre y fue presentada con el objetivo de aumentar la recaudación por aportes de empleadores, aunque implicará un ajuste en el gasto social.
Los valores diferenciales se establecieron por ser consideradas “zonas desfavorables” y también con el fin de promover el desarrollo poblacional de esas provincias y regiones, muchas de ellas fronterizas.
El salario familiar por hijo varía según el ingreso del trabajador y/o del grupo familiar. Por ejemplo, para los salarios más bajos la asignación por hijo es de $ 1.578 pero puede alcanzar los $ 3.407 en determinadas provincias o regiones. Al unificarse en $ 1.578, se reduce en un 54% el monto del beneficio.
En el siguiente nivel de ingreso, el salario por hijo es de $ 640 pero el valor diferencial puede alcanzar los $ 2.532. La diferencia es de $ 1.892, un 75% menos. Y en los ingresos más altos, hasta el nuevo tope de $ 83.917 mensuales, el salario por hijo se unifica en $ 328, un 75% menos que los $ 1.286 de valor diferencial máximo.
“El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener”, dijo Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS.
“Había una distorsión. Es lo mismo un chico de La Matanza que uno de Tucumán o del Sur. La mayor pobreza la tenemos en el conurbano bonaerense y en el norte”, aseguró Triaca en el mismo sentido.
En el marco de la aceleración de la reducción del déficit acordada con el FMI, el Gobierno había asegurado que la contención social quedaría al margen del ajuste. Este será el primer recorte en ese ámbito, aunque en la Casa Rosada evitaron dar cifras del ahorro que implicarán las medidas: “Lo vamos a saber en 60 días, ahora estamos cruzando los datos con la AFIP y es probable que no sea significativo, porque en muchos casos van a pasar a la AUH y la idea es seguir ampliando el universo de beneficiarios”.
Como anticipamos ayer, el Gobierno decidió aumentar las tarifas de los viajes en colectivos y trenes del área metropolitana. A partir del próximo 15 de agosto (lo que tarda modificar los valores en la red SUBE), el boleto mínimo de colectivo subirá de $ 10 a $ 13, a razón de $ 1 por mes, en agosto, septiembre y octubre. En las líneas de trenes, también habrá tres aumentos, que van de 50 centavos a 75 centavos, según la línea.
Las subas en el transporte colectivo comenzaron en febrero pasado. Dejó de valer $ 6 para tener dos aumentos más y llegar a $ 10 en junio, hasta 3 kilómetros. A partir de octubre, ese mismo viaje saldrá $13, un 30% más.
Las distancias de 3 a 6 kilómetros subirán $1,25 cada vez y pasarán de los $10,50 actuales a $11,75 en agosto, $13 en septiembre y $14,25 en octubre, lo que representa un 35,7% de suba.
En tanto, los boletos de 6 a 12 kilómetros costarán $15 dentro de tres meses, un 39,5% más que los $10,75 actuales. Los de 12 a 27 kilómetros saldrán $15,75, un aumento del 40% con respecto al precio actual ($11,25).
Finalmente, las distancias que excedan los 27 kilómetros subirán también un 40% y pasarán de $11,75 a $16,50.
Para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será de 45 centavos cada vez durante esos tres meses.
Para los trenes, habrá diferencias. Las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre tendrán aumentos de 75 centavos en agosto y septiembre y de 50 centavos en octubre. Así, dentro de 3 meses el boleto mínimo pasará de $6,75 a $8,75, una suba del 30%.
Las líneas Belgrano Sur, Roca y Urquiza aumentarán 75 centavos cada vez en esos 3 meses. El mínimo para las primeras dos pasará de $3,25 a $5,5 (69%) y, para la última, de $3,5 a $5,75 (64,2%).
Finalmente, el Belgrano Norte aumentará 50 centavos cada vez en los próximos tres meses y el mínimo pasará de $3,25 a $4,75, una suba del 46%.
El aumento de los combustibles y la devaluación del peso provocan lo que el ministro Dietrich llamó una «adecuación». El caso es que el gobierno no tiene fondos para aumentar los subsidios, no puede endeudarse más, y no quiere o no se atreve a aumentar impuestos. Por encima de los que ya recauda.
El hecho es que estos aumentos -aunque no son mayores a los precios que ya se cobran en otras urbes argentinas- afectan sobre todo a un sector numerosísimo de la población, el de menores ingresos, que usa todos los días el transporte público para trasladarse a su trabajo en el Gran Buenos Aires o en la Capital. Como sucede con los alimentos, son los aumentos que golpean en especial a los más vulnerables.
Las Pymes que realicen su primera exportación con la plataforma Exporta Simple tendrán 100% bonificado el envío de hasta 100 kilos a través de Raico y DHL. Los couriers participan con un descuento del 80% de la tarifa y el Estado, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, bonifica el 20% restante.
Según indicó el Gobierno, desde su lanzamiento, más de 218 empresas hicieron unas 1100 operaciones de exportación usando Exporta Simple. Para 54 de ellas fue su primera exportación. El monto total ya superó los US$ 3,7 millones. El promedio de cada exportación fue de US$ 3.800.
Exporta Simple permite exportar a través de couriers y correos simplemente cargando los datos de la operación en un portal web, 100% online y puerta a puerta, sin tener que recurrir a intermediarios.
“Estamos bonificando el costo de envío de mil exportaciones porque los argentinos necesitamos que las PyMEs empiecen a mirar las oportunidades que les ofrece el mundo y se animen a exportar”, dijo el ministro de Producción, Dante Sica, en un comunicado.
Para exportar por esta plataforma, hay que habilitar el servicio de Exporta Simple desde la página de AFIP. Luego, hay que loguearse en exportasimple.gob.ar con el cuit y clave fiscal nivel 3 (no es necesario estar registrado como exportador).
Luego de completá los datos de la pyme y de su cliente, se carga la descripción del producto que se va a exportar y se crean los bultos del envío. Se cotiza el servicio y se selecciona la opción “tu primer envío gratis”. Luego, el emprendedor debe contactarse con el operador postal que seleccionó para que retire la mercadería y la lleve a destino.
El presidente de Accenture, Sergio Kaufman, recomienda no sacar conclusiones apresuradas. Dice que las mejores perspectivas por la devaluación podrían volcar los esfuerzos a la programación básica y sin valor agregado, insumiendo talento, un recurso escaso. Y ejemplifica con lo que ocurrió con la crisis de 2002: “La gran devaluación impulsó el boom de los call centers, una industria que finalmente cayó por falta de competitividad. Esos son los errores que no debemos cometer”, grafica.
La exportación de líneas de código, el outsourcing, es la especialidad de muchos países de Europa del Este, Vietnam y sobre todo la India, con abundancia de personal técnico a disposición. A esa actividad se la define como “sojware”, «software soja» y consiste en vender horas de programación a bajo costo, la materia de prima de la industria. Kaufman insiste en buscar la especialización y desarrollar productos para ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, publicidad digital y las industrias 4.0. “No hay que engolosinarse con los resultados inmediatos”, dijo, aludiendo a la mejora por la suba del dólar.
Aníbal Carmona, el presidente de la CESSI, grafica que la hora de programación de “sojware” cotiza a nivel global entre 18 y US$ 33. Y que en un desarrollo más elaborado para bancos, telcos, agro, comercio electrónico y entretenimiento, el valor hora sube a US$ 60. “El que no se especializa malvende su trabajo en una industria donde la falta de talento es algo estructural”, señaló el directivo.
