En pleno ajuste en diferentes dependencias del Estado para acelerar la reducción del déficit fiscal, el Gobierno nacional incrementó el presupuesto destinado para publicidad en más de 700 millones de pesos.
Y una parte de esa cifra fue a parar de manera discrecional a manos de agencias allegadas al oficialismo, reveló el diario Crónica.
Según la investigación del periodista Mauro Federico, en la «ley de leyes» aprobada por el Congreso a fines de 2017 se «asignó al Programa ´Prensa y difusión de actos de Gobierno´ la suma de $2.396.750.346. Pero al consultar la herramienta de presupuesto abierto del Ministerio de Hacienda, se verifica que el monto actualizado vigente para ese ítem es de $3.104.194.002. O sea $708.000.000 más de lo que se votó en el Parlamento. Al ingresar al desagregado, se constata que la subcuenta a la que se le asignó ese incremento es ´Publicidad y Propaganda».
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, destacó que el Banco Central «cuenta con todo el apoyo» del Gobierno para cumplir con las metas de inflación, aunque evitó estimar en qué nivel se ubicará el costo de vida.
Al ser consultado sobre la proyección de la inflación para fin de año, el funcionario señaló que la autoridad monetaria «cuenta con todo el apoyo para el cumplimiento de sus metas».
Así, Dujovne evitó, por segunda vez en dos días, pronunciarse sobre esa proyección, al igual que en la conferencia de prensa realizada para presentar las cuentas públicas.
Tras la firma del reciente acuerdo Stand-By, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la reapertura de su oficina en la Argentina cerrada durante la gestión del kirchnerismo en el poder.
En el marco de la cumbre del G-20, cerca del organismo multilateral del crédito ratificaron que es una medida que se está considerando seriamente desde el managment (no desde el board) de la institución. Según indicaron se intentaría que esa oficina se abriera en agosto. Pero si la apertura no se logra en ese mes, igual está previsto que una delegación del FMI llegue en septiembre para la primera revisión del acuerdo que implica un crédito de USD 50.000 millones.
En el Fondo descartan que la decisión esté directamente vinculado al acuerdo firmado con la Argentina. El FMI tiene más de 80 oficinas en el mundo y es un organismo descentralizado, aunque no tanto como el Banco Mundial, sugieren. Las fuentes cercanas a Christine Lagarde estiman lo que mueve a considerar esta decisión es esencialmente poder tener «una relación más cercana y seguida con las autoridades, y actores económicos del país». Según estiman, esto no tiene nada fuera de lo común ni se trata de una cuestión peculiar.
En marzo de 2012, el FMI anunció que cerraba sus oficina en el país. Lo hizo por la persecución judicial iniciada por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien a través de una causa judicial iniciada en 2011 le pidió al organismo que explicara sus estadísticas.
Dos bebés menores de un año elevaron de tres a cinco los casos de sarampión registrados en lo que va del año en el país. Mientras se llevan adelante las tareas de investigación para determinar cómo contrajeron el virus, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta en el que llama a verificar el estado de vacunación de la población y a intensificar la vigilancia epidemiológica de cuadros sospechosos para evitar la reintroducción de la enfermedad, en el marco de un contexto global con miles de casos, brotes activos y muertes.
Hace unas semanas, la Dra. Martha Velandia, asesora regional de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), participó de una reunión de la OPS con expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú. El objetivo: analizar nuevas estrategias que permitan aumentar las coberturas de vacunación en grandes ciudades.
«El riesgo de las bajas coberturas es tener brotes importados», explicó la médica epidemióloga colombiana quien también coordinó el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en su país durante 5 años. «El mundo está abierto, uno en el que hoy estás aquí y mañana estás allá. Y la única manera de protegerse es teniendo los esquemas de vacunación al día», añadió.
Velandia compartió 6 de los principales retos pendientes para mejorar la salud preventiva en materia de infecciones en Argentina y el resto de la región.
1. Romper el estancamiento de las coberturas
En los últimos años, las coberturas se han mantenido alrededor de 90%, y estamos haciendo esfuerzos por incrementar y pasar de ese umbral. Es importante tener una vacuna «trazadora» para evaluar el grado de cobertura en la población infantil, como la tercera dosis de la vacuna triple bacteriana o DPT3, que protege contra difteria, tétanos y tos ferina (Bordetella pertussis), y se administra a los dos, cuatro y seis meses de vida, esta última en conjunto con otras vacunas como la de la polio. Al medir la DPT3, estamos asegurando que los niños han pasado por la primera y la segunda, destacó la médica, quien añadió que el cumplimiento de esa dosis también indica «cómo estamos llegando a todos» con otras vacunas incluidas en los calendarios.
Según registros oficiales, a nivel regional la DPT3 cayó de 94% en 2011 a 93% en 2012, y entre 2013 y 2016 se mantuvo más o menos estable en 90% a 91%.
• Los planes de vacunación plantean metas ‘doradas’ de 95%.2. Aumentar las coberturas en grandes ciudades
Los cambios sociodemográficos conllevan que las personas dejen las áreas rurales y vayan concentrándose en las ciudades. En el continente existe la proporción de población urbana más elevada del mundo, ya que supera a 80% y alcanza picos de 88% en el Cono Sur y 86% en Brasil.
«Esa interacción social más estrecha que tenemos en las grandes ciudades facilita la transmisión de las enfermedades si las personas no están debidamente protegidas», advirtió la Dra. Velandia.
«Si uno encuentra deficiencias en las coberturas, y aparece un virus como el sarampión, por la cercanía entre la gente podríamos tener rápidamente un brote mayor».
La situación es particularmente delicada en las comunidades urbanas carecientes, que suelen albergar a la mayor proporción de niños subinmunizados. Según la ONU para 2030, 1 de cada 4 personas en el mundo va a vivir en barrios pobres y asentamientos informales con necesidades de servicios de salud, incluyendo vacunas.
3. Garantizar coberturas homogéneas
Las coberturas de vacunación no solo deben ser altas cuando se toma en cuenta el promedio regional o nacional, sino que también deben ser homogéneas, enfatizó la Dra. Velandia. «Es importante tener coberturas en los municipios que también sean muy altas para evitar concentraciones de personas susceptibles en estas áreas», enfatizó. Modelos matemáticos sugieren que la presencia en una región de distritos con muy bajas tasas de vacunación aumenta más el riesgo de transmisibilidad de enfermedades como el sarampión, en comparación con una situación de cobertura moderada pero más pareja en todos los distritos.
4. Vigilar y contener enfermedades reemergentes
Recientemente, un caso de parálisis flácida en Venezuela avivó el temor de que la polio hubiera regresado a la región, pero análisis posteriores desestimaron esa posibilidad. No obstante, la OMS recomienda mantener la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas agudas que se presentan en menores de 15 años, dado que mientras persista la circulación del virus de la poliomelitis en algún lugar del mundo (Afganistán y Pakistán) persiste el riesgo de importación del virus. Por esta razón es importante garantizar coberturas homogéneas de vacunación, y evitar la presencia de bolsones de no vacunados». Otras enfermedades cuya reemergencia preocupa son la difteria (Haití y Venezuela tienen brotes activos desde fines de 2014 y junio de 2016, respectivamente) y el sarampión. Hasta el 16 de junio de este año hubo más de 1.800 casos confirmados por laboratorio en 11 países de la región, según el último Boletín Semanal de Sarampión/Rubéola de la OPS.
• «Tenemos desafíos con sarampión en los niños de un año».5. Afrontar los faltantes de vacunas
«Para los laboratorios, puede ser un desafío alcanzar las metas de disponibilidad de vacunas. Y por varias razones: puede haber una demanda inesperada de una vacuna en particular, o, simplemente, puede haber algunas que demoren más tiempo en producirse». Varios países en el mundo han sufrido la falta de la vacuna inactivada para la polio (IPV) inyectable, que en los últimos años se incorporó en los esquemas de la región junto con el reemplazo de la fórmula oral trivalente por la bivalente. Otra vacuna que tuvo mayor demanda que oferta es la de la fiebre amarilla, porque hay muy pocos laboratorios en el mundo que la producen. «Las dificultades se han ido solucionando en el paso del tiempo, pero quisiéramos tener más disponibilidades», reconoció la especialista.
6. Concientizar sobre la importancia y seguridad de las vacunas
Aunque los movimientos antivacunas no tienen en Latinoamérica la penetración que muestran en Estados Unidos o Europa, la resistencia «está incrementándose en nuestra región y eso nos tiene bastante preocupados». En Colombia, por ejemplo, la tasa de vacunación contra el virus del papiloma humano se desplomó después de supuestos efectos adversos no comprobados que motivaron demandas judiciales contra el Estado. En Brasil, la «diseminación de información sin fundamentos» se ha vinculado a la reemergencia de sarampión y tos ferina.
«Tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder no controvertir, sino presentar de manera clara a la población la importancia de la vacunación. La única enfermedad que se ha erradicado de la faz de la tierra se llama viruela, y estamos a punto de hacerlo con la polio. ¡Las vacunas realmente funcionan!»,
Pero se necesitan estrategias innovadoras: «Así como se sienta un famoso a contraindicar las vacunas, nosotros podemos tener grandes famosos hablando a favor de las vacunas. Eso nos puede ayudar mucho. La gente cree en estos campeones de la vacunación, y muchas veces nos gustaría contar con ellos para ayudarnos a hacer más promoción», señaló.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la construcción en Buenos Aires de la que será su sede más grande en Latinoamérica. La obra la diseñó el arquitecto chileno Alejandro Aravena y tendrá 3.800 metros cuadrados de espacios para oficinas.
En su cubierta tendrá un puente peatonal que conectará al barrio con el Parque Thays, desde el Centro de Exposiciones y Convenciones, y la estación Facultad de Derecho de la línea H de subte. Por su particular arquitectura, generará 6.000 metros cuadrados de espacios verdes y les ahorrará cerca de una hora de viaje a los transeúntes.
El edificio corporativo funcionará como un puente para conectar la Ciudad con el barrio.
La estructura contará con tres puntos de apoyo repartidos en diferentes zonas: al Oeste, entre el Centro de Exposiciones y la Autopista Illia (acceso desde Recoleta); al Este, próximo al edificio de Scholas (acceso desde Barrio 31); y junto a la calle Padre Mugica, que corresponde al acceso a Vialidad y Transporte. Los accesos peatonales, en ambos lados del edificio, tendrán escaleras mecánicas y ascensores.
Las obras comenzarán en enero de 2019 y se inaugurará en dos años. La construcción generará más de 1.000 empleos y una vez finalizado más de 500 personas entre mantenimiento y equipamiento, llegarán a trabajar al barrio.
La estampida de la inflación de junio al 3,7% prendió luces de alerta en el Gobierno; a tal punto, que en el transcurso de la última semana se estuvieron analizando posibles alternativas si la evolución de los precios no muestra una desaceleración en julio y agosto, y se complica cumplir con las “bandas de consulta” que estableció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El tope máximo establecido es del 32%, y hoy las proyecciones prevén que, a diciembre, la inflación rondaría el 30% como mínimo. Para cumplir con esos objetivos, el promedio de la inflación mensual en el resto del año debería ser del 2,18% según estudios privados, pero para julio ya hay pronósticos del orden del 3%.
Por eso, entre las posibles medidas bajo análisis se encuentra convocar a los formadores de precios para un acuerdo que modere los aumentos, y también eventualmente diferir la suba pendiente de tarifas de luz y gas para septiembre y octubre.
En la última semana en el Gobierno se estuvo conversando sobre posibles variantes para asegurar el cumplimiento de la proyección de inflación. Por eso, según fuentes de Hacienda, una de las alternativas es convocar a los principales formadores de precios para “consensuar los incrementos, aunque sin que llegue a ser un control o un sistema coercitivo, como se hizo en el kirchnerismo”.
Otra de las posibilidades que se barajan, si la inflación no cede por lo menos el 1% en julio y otra cifra similar en agosto, es diferir el nivel de ajustes de tarifas que queda pendiente para este año, más precisamente, en octubre.
El Gobierno puso en la discusión con las provincias del nuevo presupuesto 2019, la propuesta de un nuevo cálculo del aumento a las jubilaciones. Se trata de la propuesta más audaz que les pudieron sugerir los funcionarios nacionales a las provincias, en las rondas de conversación que ocuparon el centro de la actividad en una semana sin reuniones de coordinación, ni grandes gabinetes.
La propuesta avanza en un formato que desindexe las jubilaciones y las desenganche de la inflación, algo que quedó contenido en la última reforma del sistema previsional, la que produjo una fórmula de actualización que sumaba a esa indexación a millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
En las conversaciones sobre una nueva fórmula, también son desacoplados de la actualización por inflación. Los delegados de las provincias escucharon esa posibilidad como la que más efectos puede tener en la reducción del gasto de la Nación. Los que representan a distritos de la oposición son más que escépticos sobre el trámite que tendría, en el Congreso, una nueva reforma previsional a la baja.
La mayoría admite entender que un sistema previsional que se actualiza por inflación es una indexación fatal de buena parte del gasto nacional, pero también reconocen que ningún partido ni dirigente —oficialista u opositor— querrá levantar la mano para una ley que repita el debate de la última reforma, que se logró por un acuerdo entre el oficialismo y el llamado peronismo racional.
Esta reforma, además, mueve toda una relojería institucional que compromete fallos de la Justicia. ¿Y si hubiera un DNU? Siempre en el nivel informal de las conversaciones de la última semana, en ese caso el oficialismo pagaría todo el costo, y la oposición racional podría ayudar mirando para otro lado. Para el Gobierno pagar el costo de una reforma así es un detalle menor después de echarse en brazos del FMI. Lo hizo por necesidad extrema de gobernabilidad, la misma que lo movió a ofrecer este camino de manera informal.
Mario Blejer es un reconocido economista que estuvo dos décadas en el FMI y trabajó en el Banco de Inglaterra. En Argentina dirigió el Banco Central en 2002.
—Tras dos meses de corrida cambiaria, ¿qué propondría para evitar una nueva disparada del dólar?
—Se puede armar una estrategia duradera de largo plazo. Existe la incertidumbre internacional, no quiero que sea una excusa, pero existe. Estuve con eminencias de política monetaria internacional. Y ante la pregunta sobre cuál es la política monetaria óptima en caso de una guerra comercial, nadie sabía qué decir. Hay una gran confusión en este momento. Hay que hacer las cosas con la menor incertidumbre posible.
—¿Instrumentaría algún control de capitales?
—No estoy en contra de poner un encaje a los capitales, pero no tienen efecto duradero, porque la gente siempre le encuentra la forma de esquivarlos.
—¿Cómo amortiguaría el traslado a precios en el corto plazo?
—Mi impresión es que, en la situación actual, hay que ir a algún acuerdo de precios y salarios de corto plazo entre los jugadores que garanticen una estabilidad de un tiempo corto y previsible. Sé que no funciona en el largo plazo, pero puede ayudar, no solo por el traslado de la devaluación a precios, sino por el impacto de las tarifas.
—¿Cómo encararía el problema del déficit fiscal?
—Creo que ese es el mayor problema de este momento. Es la fuente de los problemas pero no es fácil arreglarlo. El modelo era que el déficit se financiaba con recursos externos. Pero esos dólares dejaron de venir, se cayó el ancla del modelo. Como no tenés forma de financiarlos, vas a tener que reducirlo. No hay mucho espacio.
—¿Dónde recortaría el gasto?
—Hay un solo lugar donde se puede actuar a mediano plazo, y es bajar la evasión. Si se bajara mucho la evasión, no haría falta recortar tanto el gasto. No va a haber más remedio que cortar.
—¿Qué opina de las retenciones al agro?
—Claro, no hay más remedio que cortar, salvo que hagas lo que ellos no quieren, las retenciones. Si los exportadores de algunos productos de primera línea del agro, la soja, tienen una devaluación del 50%, ¿cuál es el daño de que le pongan una retención un poco más alta en el ejercicio? Imponer retenciones genera daños, pero son menores a no ponerlas.
—¿Qué medidas tomaría para aumentar las exportaciones e impulsar el crecimiento?
—Eso va en la dirección bastante clara de la inversión en infraestructura. Recortar el gasto en infraestructura no es una buena idea. Para crecer en forma sostenida y sustentable hace falta una economía más productiva y eficiente, y necesitás inversión en infraestructura.
El vino vive una nueva revolución en la Argentina, más vinculada esta vez a la expansión geográfica que a la explosión de una cepa insignia o a la reconversión de la industria: impulsadas por la derogación de una ley que circunscribía su producción a ciertas regiones, son cada vez más las provincias que albergan producciones vitivinícolas.
La limitación había empezado en 1934, cuando el entonces presidente Agustín P. Justo promulgó la ley nacional de vinos, que prohibió toda comercialización del vino procedente de cualquier región que no fuera Cuyo y las provincias cordilleranas. Eso desmanteló explotaciones en varios lugares, como por ejemplo Entre Ríos.
En 1998 se derogó esa ley y así fue como empezó el redescubrimiento de terroirs en gran parte del país. Hoy el mapa empieza a colorearse nuevamente con los matices de las distintas cepas y ya son 18 las provincias en las que se elabora vino, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
A Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Catamarca se sumaron Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Tucumán, San Luis, Chubut, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy y Santa Fe.
El sommelier José Iuliano dice que todas las provincias argentinas son aptas para producir vino. «El principal nicho de producción es la Cordillera de los Andes, de norte a sur. Por otro lado, descubrimos hace poco que en Buenos Aires, con condiciones diferentes, también se puede obtener un muy buen producto», explica.
Un caso pionero en Buenos Aires fue el de Trapiche Costa & Pampa, una de las bodegas de Grupo Peñaflor, que elabora desde 2009 sus vinos en Chapadmalal. Ezequiel Ortego, su enólogo, cuenta que muchos países vitivinícolas tienen desde hace tiempo viñedos en la zona costera, algo que acá faltaba. «Nos estábamos perdiendo una parte de la película. Por eso nos instalamos acá, lo que además nos permite ampliar la frontera productiva», dice.
Con lluvias de 1000 milímetros anuales (cuatro veces más que en Mendoza), Costa & Pampa se convirtió en el primer viñedo secano del país (que no necesita riego artificial). «Nos sorprendió la calidad que logramos y, en este momento, tenemos a la venta pinot noir, pinot grigio, sauvignon blanc, chardonnay, albariño, riesling y gewürztraminer», detalla Ortego.
En suelo pampeano otra bodega encontró desierto extremo, soleado, ventoso, muy seco y con enormes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Eso asegura un viñedo naturalmente sano y un período de madurez gradual, prolijo, que permite generar lentamente los mejores colores, aromas y sabores en las uvas y los vinos.
Esto es apenas una muestra de la diversidad vitivinícola del país, que, como se dijo, fue cortada por ley en 1934. Ahora sí, luego de una oscura época que duró 64 años, se puede degustar malbec, merlot, cabernet sauvignon, tannat y chardonnay de Córdoba; syrah, cabernet franc, malbec y chardonnay de La Pampa; malbec y torrontés de Tucumán, y chardonnay, syrah, malbec y merlot de Entre Ríos. Estas son solo algunas de las más de 20 cepas que se producen en 18 provincias argentinas, cada una con su toque particular.
La Argentina tiene el segundo complejo industrial oleaginoso más importante del mundo: el Gran Rosario. Y aunque China tiene el primero, gran parte de sus fábricas aceiteras están inactivas. No podría ser de otro modo: toda la tierra fértil y con buen clima en China ya está bajo cultivo, o construida y habitada. Con su cosecha nacional de oleaginosas, los chinos no logran usar a pleno su enorme capacidad de molienda. Eso nos deja como primeros en los hechos.
De los tres países grandes productores y exportadores de soja, es Argentina el que tiene un perfil más claramente exportador. En nuestro país, las ventas externas de los productos sojeros equivalen al 84 % de la producción, mientras que en Brasil llegan al 69 % y en los Estados Unidos al 59 %.
La República Argentina encuentra en el actual mercado internacional, que empieza a ver la amenaza del calentamiento global, una oportunidad extraordinaria.
Porque el tipo de agricultura que se ha desarrollado en Argentina y el complejo agroindustrial llamando el Gran Rosario marcan una diferencia a favor nuestro en el mercado mundial de biocombustibles.
Según un estudio realizado por el INTA y Carbio, que AgendAR publicó ayer, el valor promedio de las emisiones de gases de efecto invernaderoen la producción de soja argentina es de 245,4 kilogramos de dióxido de carbonopor tonelada de soja (kgCO2/T de soja). Este valor será clave en la determinación de las huellas ambientales de todos los subproductos que se generan a partir de esta leguminosa en la Argentina.
Y deberán pesar en la agenda diplomática. En los últimos años, las negociaciones sobre cambio climático y las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera ocupan un lugar cada vez más relevante en el escenario internacional.
A veces cuesta dimensionar el impacto real de lo que se llama una producción agroindustrial sustentable. Pero la tenemos. Jorge Hilbert, ingeniero agrónomo, especialista en biocombustibles del INTA y uno de los responsables del estudio, ofrece estas comparaciones. Las 14 millones de toneladas de dióxido de carbono no liberadas gracias a la exportación de biodiésel argentino desde 2008 equivalen a:
Las emisiones de 4,2 millones de autos españoles en un año.
O por medir desde aquí, es como tachar las emisiones de 5 millones de automóviles argentinos en un año.
Al dióxido de carbono sustraído de la atmósfera planetaria y fijado como tejido vegetal a los árboles de 186.000 hectáreas de bosques, una superficie similar a nueve veces el área total de la Capital Federal. O casi del tamaño de toda la Región Mesopotámica argentina.
El biodiesel argentino emite 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule, un 70 % menos comparado con la normativa de la UE que establece 83,8 g CO2/MJ.
Pero atención: La diferencia no está en el biodiésel, que es (y debe ser) un producto químicamente estandarizado, más allá de su origen. Está en el ecosistema agroindustrial y portuario que lo produce. Ese ecosistema del Gran Rosario tiene la mayoría de los campos de producción en la zona llamada «Núcleo» de la Pampa Húmeda: es una región geográficamente incomparable por sus suelos, clima y acuíferos, pero además usa siembra directa, energéticamente más ahorrativa que la roturación de la tierra. El ahorro sigue con la tecnología de los complejos de «crushing», sus avanzadas plantas químicas y sus puertos bien dragados, todo a tiro en menos de 300 km de cada punto de embarque.
Todo ese conjunto es térmicamente más eficiente. Es ese combo productivo lo que produce más calorías o Joules de biodiésel con menos emisiones de C02 de máquinas agrícolas y de camiones. Ahí se mide el 70% de baja de emisiones de C02. No en el biodiésel, sí en su producción. En términos energéticos, es muy limpia.
Como apunta Hilbert: “El Gran Rosario ya ostentaba un lugar de privilegio por el grado de concentración geográfica de sus fábricas aceiteras y su capacidad de molienda. Con un total de 39,36 millones de toneladas despachadas de poroto, harina y aceite de soja en el año 2016, el Gran Rosario se convirtió en el nodo portuario exportador sojero más importante del mundo”.
El Gran Rosario es un complejo industrial único. Concentra 20 plantas con 19 terminales portuarias en 70 kilómetros sobre la ribera derecha del río Paraná; tiene una elevada capacidad teórica de procesamiento diaria de las plantas a escala individual; y, todas sumadas procesan hasta 158.750 toneladas por día. “En términos prácticos, esto es equivalente a toda la capacidad de crushing de la industria oleaginosa de Brasil”, graficó Hilbert. Pero concentrada en 70 kilómetros de costa.
Corresponde señalar, sin embargo, que no todas las circunstancias de cultivo y transporte son igualmente favorables en el resto del país. Sería demasiado esperar. Una parte menor pero importante de la producción sojera argentina viene de los campos del Chaco Semiárido, o los del Oeste bonaerense o el Este pampeano, que tienen fletes ruteros larguísimos hasta llegar a algún puerto.
El estudio a que nos referimos promedió todo, lo bueno y lo malo, incluyó un análisis sobre la composición de las emisiones totales generadas por la fabricación de biodiésel de todos los orígenes del país. “Encontramos que el 48 % corresponde a la industria, 40 % a la parte agrícola y 12 % al transporte”, precisó Hilbert.
“Si los comparamos con otros países productores, los porcentajes difieren sustancialmente”, dijo Hilbert y ejemplificó: “En los Estados Unidos el 60 % del movimiento es fluvial y en Brasil la participación del ferrocarril es de aproximadamente 30 %”.
En AgendAR ya hemos señalado que si Argentina recuperase la red ferroviaria que supo tener hasta hace medio siglo, los costos de transporte de la mayor parte de su producción serían menores. Y la sustentabilidad sería mayor.
La agencia crediticia Moody´s se metió de lleno en un tema espinoso y alertó sobre cómo afectará a las provincias el acuerdo que el Gobierno rubricó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La compañía aseguró que “el acuerdo entre Argentina y el FMI es negativo en términos crediticios para las provincias, ya que tendrán que compensar la reducción prevista de las transferencias discrecionales mediante un recorte de sus gastos, lo que podría ser desafiante dado el alto ambiente inflacionario en el país y las elecciones de mediados de 2019”.
La calificadora detalló que el pacto implica reducir los envíos a las provincias argentinas en un 12% durante 2018 y un 54% durante 2019.
Entre las provincias argentinas calificadas, la agencia prevé que las más afectadas serán aquellas con una mayor proporción de transferencias discrecionales con relación a sus ingresos totales, tales como la provincia de Buenos Aires (B2, perspectiva estable), Chubut (B3, perspectiva estable), Misiones (B2, perspectiva estable) y Chaco (B2, perspectiva estable).
Un trabajo realizado por la Cámara de Comercio detectó 419 puestos callejeros ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de junio. Según el informe elaborado del Observatorio de Comercio y Servicios, esto representó una baja de 41,1% en relación a la medición de junio de 2017 y de 7,1% en relación a mayo de 2018.
La caída interanual registrada estuvo vinculada a la reducción de la venta ilegal en las avenidas Pueyrredón, Avellaneda y zona Liniers.
Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 58,6% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representaron el 14,9% del total de las cuadras afectadas, lo que sugiere que controlando una pequeña porción de territorio se lograría una reducción significativa de esta actividad ilegal.
La calle Perú concentró, en total, 78 stands, con una participación de 26% en el total detectado en avenidas y calles. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Perú al 100, donde se relevaron 59 puestos. El segundo lugar fue para Bartolomé. Mitre al 2700, con 35 stands.
RUBROS
El rubro más comercializado fue Alimentos y bebidas, que abarcó el 29,8%, seguido por Indumentaria y calzado con el 28,6% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la estación Once de Septiembre, entre las Estaciones y Plazas, y zona Once, entre las avenidas y calles.
Por otro lado, se registró una baja en los casos de piratería de 58,6% respecto a junio de 2017, al detectarse un total de 91 casos, mientras que en comparación a la medición previa no hubo variaciones. La avenida Avellaneda y la estación Retiro se posicionaron como las principales zonas de venta de productos falsificados.
El economista en jefe de FIEL Juan Luis Bour señaló que la recesión podría durar hasta marzo del año que viene y que el alza del costo de vida está más cerca del 32%.
«Hay un periodo de recesión de la economía, caída pronunciada de la actividad que va a seguir por dos o tres trimestres más. La inflación en el segundo semestre del año está más cerca del 32%», remarcó Bour.
El economista también señaló que se espera que una mejora del agro permita que la economía repunte y se mostró a favor de mantener la baja gradual de 0,5 puntos a las retenciones a la soja «porque todavía hay margen para ajustar el gasto público».
En este sentido, destacó que el Gobierno se haya enfocado en frenar las incorporaciones de nuevos empleados públicos y se mostró preocupado con que el sistema de seguridad general se lleve «la mitad del presupuesto del Estado». «El problema es que se excedió el gasto y no se sabe de dónde pagar lo prometido», cerró.
Después del éxito de la primera licitación de medicamentos para la hemofilia, en la que el Ministerio de Salud, el PAMI, el IOMA y otras obras sociales ahorraron $1500 millones, la segunda licitación -de remedios oncológicos, cuyos sobres se abrieron esta semana- también fue muy beneficiosa para el PAMI. La institución conseguiría ahorrar entre un 68% y un 69% del presupuesto destinado a esos fármacos, según los precios vigentes, lo que equivale a unos $1450 millones.
La licitación incluye una treintena de medicamentos, que equivalen a 23 drogas, y participaron 23 laboratorios, mayoritariamente nacionales, con descuentos que llegaban a un 70% menos que los precios de convenio con la entidad, según informó el PAMI.
Esas 23 drogas representan el 40% del gasto en oncología del PAMI, es decir que son de los medicamentos más consumidos por los 79.000 pacientes en tratamiento que tiene actualmente la obra social.
Los resultados de la licitación deberían conocerse en menos de 60 días y la idea es que haya tres marcas por droga. Primero se tendrá en cuenta la marca más competitiva en cuanto al descuento que presentó y, si no alcanza el stock, se recurrirá sucesivamente a la segunda o la tercera.
Según figura en el acto de apertura cargado en la web de la institución, las empresas que participaron fueron Biosidus, Bagó, Novartis, Monte Verde, Eriochem, Tuteur, Gobbi Novag, Laboratorio Internacional Argentino, Laboratorios Richmond, Sanofi-Aventis, Microsules Argentina, Laboratorios IMA, Astrazeneca, Celnova argentina, Laboratorios Aspen, Laboratorio Varifarma, Finadiet, Biotechno Pharma, Laboratorio LKM, Laboratorios Federales Argentinos, Laboratorio Kemex, GP-Pharm y Glenmark Generics.
La próxima licitación incluirá 36 drogas de alto costo y, además del PAMI, participarán el Ministerio de Salud de la Nación, el de la provincia de Buenos Aires y el porteño, el IOMA, la obra social de la ciudad de Buenos Aires (Obsba), el gobierno de Santa Fe y la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa).
El FMI recomendó al Gobierno frenar la baja de retenciones a la soja y vender tierras. Y así el debate por un eventual freno al esquema gradual de rebaja de retenciones a las exportaciones de soja (iniciado en enero, del 0,5% mensual) reflotó durante esta semana.
Fue tras conocerse el viernes anterior un reporte del staff técnico del FMI, que coronó un universo amplio de economistas que sugieren cobrar derechos de exportación para amortiguar el impacto de la devaluación en los precios y las arcas fiscales.
Ese informe elevado al directorio del organismo recomendó suspender el cronograma y mantener en 25,5% esa alícuota en 2019, en caso de que sea necesario, para poder cumplir con la meta de déficit fiscal.
Cálculos de economistas reflejan que esa medida no tendría un impacto significativo en la recaudación, y que para cosechar por esta vía un monto que se aproxime al ajuste que debe aplicar el Gobierno para cumplir con la meta fiscal comprometida al FMI en 2019 la alícuota de la retención a la soja debería elevarse a 35% e imponer derechos de exportación de 10% al trigo y maíz.
El presidente Mauricio Macri reafirmó esta semana en conferencia de prensa que no cree “que las retenciones sean un impuesto inteligente y generen futuro”, pero varios referentes de la oposición se pronunciaron a favor de congelar la baja de retenciones, e incluso una parte del radicalismo.
Melisa Sala, de LCG, relativizó el impacto recaudatorio. Proyectó que “de mantenerse el esquema actual de baja progresiva, la recaudación de derechos de exportación al complejo sojero rondaría US$ 3.300 millones en 2019”, mientras que “frenar la baja de la alícuota en 25,5% implicaría recaudar aproximadamente US$ 860 millones adicionales”.
Alternativa. Federico Furiase, de ala consultora Eco Go planteó que “lo que movería el amperímetro es un escenario alternativo donde las retenciones a la soja subieran a 35% y se instalara 10% para maíz y trigo, con lo cual la recaudación ascendería a 1,2% del PBI, unos $ 216 mil millones, casi el ajuste que hay que hacer para 2019 para cumplir con la meta de déficit fiscal comprometida al FMI del 1,3% del PBI”.
El Gobierno nacional firmó los dos primeros contratos de fideicomisos para financiar los proyectos viales «PPP» (de participación público-privada). El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue este viernes a la Quinta de Olivos, con el presidente Mauricio Macri, para rubricarlos.
En total se trata de seis concesiones. Las dos primeras que se firmaron son el corredor A, operado por Paolini, Vial Agro y una constructora italiana. En la oferta económica, indicaron que podían hacer la obra por US$ 1.002 millones y fue la propuesta elegida.
Se espera que haya alguna precisión sobre los financistas de estas obras. Según el presidente Mauricio Macri, los constructores deben hacerla con su dinero y las cobrarán una vez finalizadas.
En AgendAR analizamos este sistema «Participación pública-privada» cuando se anunció la primera licitación, aquí.
Mientras la compañía Facebook aún no recuperar su atropellada reputación tras el escándalo de privacidad auspiciado por Cambridge Analytica, la extinta firma londinense que accedió a los datos de más de 87 millones de usuarios de la red social para crear publicidad bien segmentada que influyó en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, en favor de Donald Trump la acecha otro escándalo. Y van…
Ahora, en una medida desesperada por evitarlo la compañía de Mark Zuckerberg ha suspendido los vínculos con una organización llamada Crimson Hexagon, con sede en Boston, luego de que el Wall Street Journal (WSJ) reveló las conexiones y negocios que tenía esta institución «sin fines de lucro» con el Kremlin, con el gobierno turco y con el propio gobierno estadounidense.
Crimson Hexagon no tiene problemas en revelar en su sitio web que posee acceso instantáneo al mayor volumen de archivos de texto e imágenes no estructuradas a través de fuentes de datos sociales públicas en Internet y de empresas. Pues bien, todo indica que esta organización recopiló y analizó datos de usuarios de Facebook en nombre de los clientes.Facebook permitió filtrar datos de más de 3 millones de usuarios
Según el WSJ, lo que representa para Facebook esta noticia es que los vínculos entre el Gobierno de EE.UU y Crimson Hexagon infringen las políticas de la red social.
Gracias a un cálculo realizado por el INTA y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Argentina puede certificar que para producir casi todo el biocombustible que exporta se emite un 70% menos de gases de invernadero que el máximo que permite la Unión Europea.
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles. Para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo de dióxido de carbono (CO2).
Homologar una producción es uno de los mayores desafíos para las próximas décadas. El estudio que llevaron adelante el INTA y CARBIO, le permite a la Argentina certificar que producir casi la totalidad del biocombustible que exporta a la Unión Europea es sustentable. Porque en el proceso productivo se emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
Las emisiones totales de cada país son calculadas mediante una metodología preacordada llamada “Directrices para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite una cuantificación del total emitido, así como detectar los sectores con mayor impacto dentro de la economía.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que para producir el biocombustible argentino se emiten 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule de energía térmica contenida en el producto. En fórmula: 26 g CO2/MJ. Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino: ¡un 70% menos de lo que permite y se permite Europa!
Jorge Hilbert, referente en biocombustibles del INTA, señaló que “para obtener un valor único del biodiesel argentino fue necesario considerar los paquetes tecnológicos utilizados en la producción de soja, sumado a los valores de la industria que transforma el grano”.
“Con los resultados que obtuvimos podemos certificar y demostrar que los sistemas productivos de los biocombustibles argentinos cumplen con los criterios de sustentabilidad establecidos por la comunidad internacional”.
“El sistema de Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa de Cereales nos permite obtener con precisión las emisiones en soja por regiones tecnológicas homogéneas e identificar el perfil tecnológico del productor, con un alto nivel de detalle”, expresó Hilbert quien añadió: “Un convenio recientemente firmado con esta entidad nos permitirá expandir este tipo de estudios a otros cultivos extensivos”.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: “Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa”.
De igual modo, Balbín resaltó el trabajo de articulación realizado junto con las empresas productoras de biocombustible a escala industrial, que integran la CARBIO. “El conocimiento obtenido tiene un alto impacto en todo el sistema productivo y, además, nos permitirá posicionar al país en mercados que valoran la sostenibilidad de los procesos”, reflexionó.
Una de las principales ventajas del sistema de producción argentino es la siembra directa.
Según Víctor Castro, director ejecutivo de CARBIO, “el estudio nos permite comprobar que nuestro sistema de producción es eficiente en la reducción de emisiones. Si bien los principales países consumidores de biocombustibles son Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea, creemos que esto puede ser un disparador para acceder a otros mercados más chicos y que poseen otras características como Canadá”.
Una de las principales ventajas del sistema de producción argentino es la siembra directa, “un sistema que permite un ahorro de hasta el 40 % en el uso de combustible y reduce la cantidad de labores en el suelo. Además, la mayor concentración de producción de soja está en una zona de aproximadamente 300 kilómetros a la redonda».
“Conocer en detalle cómo producimos nos permitirá calcular con precisión las emisiones de GEI que derivan de sistemas productivos y podremos homologar en el ámbito internacional que nuestra industria es sustentable”.
Pues la minuciosidad del estudio contempla el cálculo de todas las empresas que exportan, el origen de los insumos, el transporte y los valores de molienda. “Con toda esta información, pudimos establecer que el valor promedio en la reducción total de las emisiones llega al 70 %”, aseguró el Director Ejecutivo de CARBIO.
En uno de cada cuatro hogares del país vive al menos una persona con algún tipo de dificultad. El dato surge de los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre Personas con Discapacidad presentado por el Indec.
En la última encuesta nacional de 2003/2004 la relación era de uno cada cinco. El nuevo informe también arrojó que el 10,2% -es decir, más de 3.500.000 argentinos de seis años y más– presenta algún tipo de dificultad. Y la incidencia crece con la edad, sobre todo entre las mujeres.
Si se promedia la situación en todo el país, el 25,3% de los hogares tienen al menos una persona con dificultad. Al dividirlo por regiones señalan que Cuyo cuenta con el porcentaje más alto (28,7%) mientras que en la Patagonia figura el más bajo (22,1%). En todos los casos, se contempló a poblaciones de localidades de más de 5.000 habitantes.
Durante el relevamiento, el 59% de los mayores de 6 o más declararon experimentar una sola dificultad. En tanto, el 30,5% dijo tener dos dificultades o más. El 10,5% restante sostuvo que no presentaba ninguna dificultad aunque, sin embargo, contaba con un certificado de discapacidad vigente.
La dificultad más prevalente es la motora. Sin embargo, en el análisis que se realiza por edad se evidencia que entre los niños y preadolescentes de 6 y los 14 años predominan los casos de dificultades mentales-cognitivas (48.3%). Es decir de problemas de habla, comunicación, aprendizaje y entendimiento.
Pocos de los que manifestaron tener algún tipo de dificultad cuentan con un certificado vigente. Seis de cada diez no lo tienen y un 9,5% de los que sí lo hicieron, no lo utilizan. En tanto, los que cuentan con dicha credencial y la usan dijeron que les sirve, principalmente, para viajar gratis en el transporte público, para la cobertura integral de medicación y para prestaciones de rehabilitación y educativas.
En esta misma línea, Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del Indec, contó que si bien había un dato del Censo 2010 sobre el tema, no era del todo preciso. «Por eso es tan importante este estudio que suma detalles que no se medían desde la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2003/2004”.
Para Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “tener datos siempre es significativo aunque el tema es después ver qué se hace con eso”. “Hay que pasar a la acción, tomar medidas concretar para evitar las principales barreras a las que se enfrentan a diario”, sostuvo Molero sobre ciertas trabas culturales y materiales.
La autoridad monetaria sostuvo en su último informe de política monetaria, conocido en la noche de este jueves, que el tercer trimestre del año será un poco mejor. Lograda una mayor estabilidad en el mercado cambiario a partir de una decisiva reacción de política monetaria, el BCRA considera en su escenario base que la inflación comienza a moderarse en julio y el tercer trimestre arroja un valor cercano al 2% mensual promedio.
En ese sendero, el IPC de julio sería el más alto del trimestre, esperándose entonces un descenso más pronunciado en agosto y septiembre. Así, se espera para los tres meses una inflación del 6%, contra el 8,5% que se acumuló entre abril y junio.
(La matemática indica que una inflación de 2% mensual equivale a una inflación anual de 26,82% ¿Se lo habrán dicho al Presidente?)
De todas maneras, ese sendero descendente que proyecta el BCRA no significa, como ya advirtió el organismo que conduce Luis Caputo en los otros días, un relajamiento de la política monetaria.
“Aunque el Banco Central anticipa un escenario de inflación moderándose a partir del tercer trimestre, se estima la necesidad de mantenerse el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación y la inflación esperada se alineen con la meta del 17% en diciembre de 2019″.
Caputo reiteró que el régimen de metas de inflación será reforzado por un control más estricto de agregados monetarios. “Subimos los encajes mínimos, establecimos que las tasas de interés relevantes de corto plazo sean consistentes con esta nueva contracción monetaria y seguiremos monitoreando los agregados monetarios para que no haya ninguna fuente potencial de suba de inflación en el sistema, pero la tasa de interés y las metas inflacionarias seguirán siendo la principal guía de política monetaria”. Aunque al mismo tiempo, reconoció que en épocas de alta inflación y volatilidad financiera, “es tal vez demasiado exigirle a las tasas que por si solas cumplan ese rol”.
6. Concientizar sobre la importancia y seguridad de las vacunas
Aunque los movimientos antivacunas no tienen en Latinoamérica la penetración que muestran en Estados Unidos o Europa, la resistencia «está incrementándose en nuestra región y eso nos tiene bastante preocupados». En Colombia, por ejemplo, la tasa de vacunación contra el virus del papiloma humano se desplomó después de supuestos efectos adversos no comprobados que motivaron demandas judiciales contra el Estado. En Brasil, la «diseminación de información sin fundamentos» se ha vinculado a la reemergencia de sarampión y tos ferina.
«Tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder no controvertir, sino presentar de manera clara a la población la importancia de la vacunación. La única enfermedad que se ha erradicado de la faz de la tierra se llama viruela, y estamos a punto de hacerlo con la polio. ¡Las vacunas realmente funcionan!»,
Pero se necesitan estrategias innovadoras: «Así como se sienta un famoso a contraindicar las vacunas, nosotros podemos tener grandes famosos hablando a favor de las vacunas. Eso nos puede ayudar mucho. La gente cree en estos campeones de la vacunación, y muchas veces nos gustaría contar con ellos para ayudarnos a hacer más promoción», señaló. 
Las obras comenzarán en enero de 2019 y se inaugurará en dos años. La construcción generará más de 1.000 empleos y una vez finalizado más de 500 personas entre mantenimiento y equipamiento, llegarán a trabajar al barrio. 
El biodiesel argentino emite 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule, un 70 % menos comparado con la normativa de la UE que establece 83,8 g CO2/MJ.
Pero atención: La diferencia no está en el biodiésel, que es (y debe ser) un producto químicamente estandarizado, más allá de su origen. Está en el ecosistema agroindustrial y portuario que lo produce. Ese ecosistema del Gran Rosario tiene la mayoría de los campos de producción en la zona llamada «Núcleo» de la Pampa Húmeda: es una región geográficamente incomparable por sus suelos, clima y acuíferos, pero además usa siembra directa, energéticamente más ahorrativa que la roturación de la tierra. El ahorro sigue con la tecnología de los complejos de «crushing», sus avanzadas plantas químicas y sus puertos bien dragados, todo a tiro en menos de 300 km de cada punto de embarque.
Todo ese conjunto es térmicamente más eficiente. Es ese combo productivo lo que produce más calorías o Joules de biodiésel con menos emisiones de C02 de máquinas agrícolas y de camiones. Ahí se mide el 70% de baja de emisiones de C02. No en el biodiésel, sí en su producción. En términos energéticos, es muy limpia.
Como apunta Hilbert: “El Gran Rosario ya ostentaba un lugar de privilegio por el grado de concentración geográfica de sus fábricas aceiteras y su capacidad de molienda. Con un total de 39,36 millones de toneladas despachadas de poroto, harina y aceite de soja en el año 2016, el Gran Rosario se convirtió en el nodo portuario exportador sojero más importante del mundo”.
El Gran Rosario es un complejo industrial único. Concentra 20 plantas con 19 terminales portuarias en 70 kilómetros sobre la ribera derecha del río Paraná; tiene una elevada capacidad teórica de procesamiento diaria de las plantas a escala individual; y, todas sumadas procesan hasta 158.750 toneladas por día. “En términos prácticos, esto es equivalente a toda la capacidad de crushing de la industria oleaginosa de Brasil”, graficó Hilbert. Pero concentrada en 70 kilómetros de costa.
Corresponde señalar, sin embargo, que no todas las circunstancias de cultivo y transporte son igualmente favorables en el resto del país. Sería demasiado esperar. Una parte menor pero importante de la producción sojera argentina viene de los campos del Chaco Semiárido, o los del Oeste bonaerense o el Este pampeano, que tienen fletes ruteros larguísimos hasta llegar a algún puerto.
El estudio a que nos referimos promedió todo, lo bueno y lo malo, incluyó un análisis sobre la composición de las emisiones totales generadas por la fabricación de biodiésel de todos los orígenes del país. “Encontramos que el 48 % corresponde a la industria, 40 % a la parte agrícola y 12 % al transporte”, precisó Hilbert.
“Si los comparamos con otros países productores, los porcentajes difieren sustancialmente”, dijo Hilbert y ejemplificó: “En los Estados Unidos el 60 % del movimiento es fluvial y en Brasil la participación del ferrocarril es de aproximadamente 30 %”.
En AgendAR ya hemos señalado que si Argentina recuperase la red ferroviaria que supo tener hasta hace medio siglo, los costos de transporte de la mayor parte de su producción serían menores. Y la sustentabilidad sería mayor.
La dificultad más prevalente es la motora. Sin embargo, en el análisis que se realiza por edad se evidencia que entre los niños y preadolescentes de 6 y los 14 años predominan los casos de dificultades mentales-cognitivas (48.3%). Es decir de problemas de habla, comunicación, aprendizaje y entendimiento.
Pocos de los que manifestaron tener algún tipo de dificultad cuentan con un certificado vigente. Seis de cada diez no lo tienen y un 9,5% de los que sí lo hicieron, no lo utilizan. En tanto, los que cuentan con dicha credencial y la usan dijeron que les sirve, principalmente, para viajar gratis en el transporte público, para la cobertura integral de medicación y para prestaciones de rehabilitación y educativas.
En esta misma línea, Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del Indec, contó que si bien había un dato del Censo 2010 sobre el tema, no era del todo preciso. «Por eso es tan importante este estudio que suma detalles que no se medían desde la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2003/2004”.
Para Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “tener datos siempre es significativo aunque el tema es después ver qué se hace con eso”. “Hay que pasar a la acción, tomar medidas concretar para evitar las principales barreras a las que se enfrentan a diario”, sostuvo Molero sobre ciertas trabas culturales y materiales. 