En el proyecto de Presupuesto 2019 -que la oposición llama «de ajuste»- hay sin embargo subsidios que crecen. Entre ellos, a las petroleras que extraen gas no convencional del yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Percibirán $ 27.904,4 millones, un 160% más que los $ 10.738,6 millones presupuestados en 2018.
El ranking de las petroleras que más gas producen en Vaca Muerta lo encabeza YPF, con la francesa Total y la argentino-chino-británica Pan American Energy completando el podio. Luego siguen Tecpetrol, de Techint, y Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin. Más abajo aparecen CGC, de Eduardo Eurnekian, la chilena ENAP Sipetrol y la participada por YPF Pluspetrol. Completa el cuadro de las diez primeras la china Sinopec.
El incremento en los subsidios a la oferta de gas no se iguala a ningún parámetro, ni siquiera con la suba del dólar a los largo de 2018, de poco más del ciento por ciento. Mucho menos con la inflación o el valor del gas en el mercado interno, que según el secretario de Energía, Javier Iguacel, debería tender a bajar a partir de los nuevos contratos firmados entre las petroleras y las usinas eléctricas, que son grandes consumidoras de gas.
El subsidio a la producción de gas juega así un rol fundamental en la economía de las petroleras, las que además se han visto beneficiadas por la creación de un convenio laboral específico que redujo sus costos.
El esquema se completa con la autorización a exportar gas que el gobierno ya otorgó a las empresas y que se espera que comience a ejecutarse en octubre próximo. De hecho, este tema fue uno de los aspectos centrales de la venta que hizo Iguacel de Vaca Muerta ante empresarios petroleros en Houston, EE UU, dos semanas atrás.
Es decir, mientras que por un lado se subsidia la producción de gas natural «a fines de estimular su producción y cubrir las necesidades de acceso a dicho combustible», del otro se lo exportará, con lo que el subsidio a la oferta del gas redundará en un subsidio a la exportación. Mientras tanto, seguirá la importación de gas licuado, que es más caro que la producción local.
El gobierno defiende estos estímulos y se respalda en los resultados, como una mayor producción de gas natural no convencional. «En el primer semestre de 2018, la producción de gas creció en términos interanuales casi un 5% y la de petróleo un 3%. Más aún, la producción de gas no convencional está aumentando a un ritmo de 30% interanual mientras que la de petróleo no convencional lo hace a uno de 42%. Así, el primer cuatrimestre de este año fue el de mayor producción desde 2010», indica el mensaje que acompaña al proyecto de ley.
El gobierno prevé que el subsidio de 2019 resulte en un incremento de la producción de gas del 6,1%, con eje en el fluido extraido en Vaca Muerta.
El Gobierno nacional descree de los acuerdos de precios sectoriales, por eso una herramienta como Precios Cuidados se está transformando más en una estrategia de marketing para enfrentar la crisis antes que una real política activa para mitigar el costo social de una escalada inflacionaria.
Se relanzó a principio de este mes, con un total de 550 productos y el objetivo de que reciban un incremento de 3,1%.
Según la consultora del economista Eduardo Levy Yeyati -un economista no hostil al gobierno-, Elypsis, la inflación en la segunda semana de septiembre fue de 2,3%, que se suma al 3,1% registrado en la primera. Así, según su medición, en todo septiembre lleva acumulado 5,9%. “La inflación les pasó por encima, por eso no se encuentran (Precios Cuidados) en las góndolas”, sostiene el consultor en marketing, Damián Di Pace.
De acuerdo al anuncio oficial que se hizo en su momento, esta nueva versión del programa contempla “la llegada de estos precios a los negocios de proximidad” (almacenes y pequeños mercados de barrio). Tampoco en esta estrategia parece estar funcionando. “Un primer obstáculo para lograr este objetivo es que un 10% de los productos ofrecidos son marcas propias de las grandes cadenas de supermercados, por lo que no estarán en los negocios de proximidad. Con el agravante que se trata de las pocas verduras, frutas y carnes que figuran que figuran en los listados oficiales”, señala un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que lleva la firma de los economistas Isaac Rudnik y Marcelo Maqueda.
“Si bien los productos de almacén están mayoritariamente contenidos entre los Precios Cuidados, no están el azúcar, la polenta y la mayonesa. El pan está incluido, pero sólo en versiones envasadas, que en líneas generales tienen elevados precios, y por eso no es lo que se compra diariamente”, advierte el ISEPCi. El pan acumula un 67% de incremento y el azúcar un 25%.
Según el equipo de investigadores que conduce Levy Yeyati, el segmento ‘alimentos y bebidas’ acumula en el último mes una suba de 7%. Esto es un incremento de 125% más que el previsto para los productos protegidos por el programa oficial.
La Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), junto con las direcciones provinciales de estadística, comenzará el trabajo de campo de la 4° edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para indagar en los hábitos de alimentación, actividad física y consumo de tabaco y alcohol de la población.
A partir del lunes 24 de septiembre, 588 encuestadores del INDEC y 250 agentes de la Secretaría de Salud participarán del relevamiento que recabará información durante nueve semanas y cubrirá 49.170 viviendas de localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país.
• Todos los agentes llevarán credenciales y sus identidades se podrán comprobar a través de la página web del INDEC
La encuesta se realizará con un cuestionario digital que se aplicará en dispositivos electrónicos, lo que permitirá una gran velocidad en el procesamiento de los datos, una mejora en su calidad y consistencia, y el monitoreo en tiempo real de todo el operativo. Además, esta modalidad favorecerá la obtención de resultados preliminares, los cuales se estiman estarán disponibles a partir de diciembre.
Para Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Secretaría de Gobierno de Salud, la encuesta “tiene una relevancia sanitaria muy grande”, ya que permite el monitoreo y la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir las principales causas de muerte en el país.
• “Las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas explican el 73% de las muertes en Argentina».
De manera que esta herramienta nos permite vigilar la evolución de los factores de riesgo comunes a estas enfermedades como el tabaco, la alimentación no saludable, el consumo nocivo de alcohol y la falta de ejercicio físico”, indicó Schoj.
ANTECEDENTES. Las tres encuestas anteriores dejaron ver tendencias en la salud de la población, como la disminución del consumo de tabaco y el aumento de la obesidad y la diabetes. “Para esta encuesta, pensamos que la obesidad va a seguir aumentando, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es documentarlo”, remarcó Schoj.
El deterioro del empleo y la pérdida de poder adquisitivo, con paritarias que hasta ahora promediaron el 25% en el mejor de los casos, y una inflación proyectada para el año de más del 40%, hacen que el consumo cruja, y ya no solo en los bienes suntuarios.
Alimentos y medicamentos, lo último que se resigna a la hora de consumir, también registran la caída. La suba de precios marcará un nuevo aumento de la pobreza en el tercer y cuarto trimestre. Esta semana se conocerán las nuevas cifras del primer semestre y, con el impacto de la devaluación de abril y mayo, se prevé que volverá a rondar el 30%, como en el primer semestre de 2016.
«Las ventas de medicamentos cayeron hasta un 8%”, reconoció el empresario Alberto Alvarez Saavedra, presidente de laboratarios Gador. Con él coincidió otro de los representantes del sector, Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, que le atribuyó el cuadro a la crisis económica.
Las ventas de medicamentos se mueven a la par de la evolución del PBI, según muestra un informe de Cilfa, la Cámara de Laboratorios Farmacéuticos. En el sector explican que los medicamentos de venta libre caen más que los recetados. La producción de sustancias y productos químicos cayó un 18% interanual en julio y acumula una caída del 9,8% en lo que va del año, según los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.
También las cadenas de farmacias reconocen que cada vez se compran más medicamentos con tarjeta de crédito y en cuotas.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne incluyó en el Presupuesto 2019 una serie de cambios para los impuestos internos. Se trata del llamado “impuesto a los autos de lujo”, que por efecto de la devaluación y la inflación ya están amenazando a los modelos de gama media.
La primera modificación de la base imponible se realizará en enero y, desde ese momento, se podrán realizar ajustes trimestrales.
Los impuestos internos para los autos existen desde hace más de una década en la Argentina, pero se convirtieron en una herramienta distorsiva del mercado cuando el gobierno de Cristina Kirchner los aumentó para frenar la fuga de divisas, a comienzos de 2014.
El gobierno de Mauricio Macri prometió eliminarlos apenas asumió, pero no cumplió con esa promesa. En enero pasado, apenas se quitó la primera escala del tributo, aunque se mantuvo vigente la segunda.
Esta escala afecta a los modelos con “precio crudo” de 900 mil pesos. Es decir: antes de impuestos y comisiones de concesionarios. En la práctica, afecta a los modelos con precio de venta oficial en la zona de los 1,3 millones de pesos. Dos modelos fabricados en la Argentina, la Mercedes-Benz Vito Tourer y la Toyota SW4 ya fueron afectados por este tributo tras la fuerte devaluación y la aceleración de la inflación.
Esta situación permanecerá sin cambios hasta enero. Allí el Gobierno renovará el decreto de impuestos internos y subirá la base imponible, para liberar a los modelos que están “topeados”.
¿Qué ocurrirá en ese momento? El Gobierno asegura que los autos que dejarán de estar afectados por el impuesto bajarán de precio. La experiencia del pasado indica que, los modelos que estaban al límite de comenzar a tributar ese gravamen, aumentarán al elevarse el techo de 1,3 millones.
La buena noticia es que, con la modificación anunciada ayer por el equipo de Dujovne, ya no habrá que esperar un año entero hasta que se vuelva a modificar la base imponible, como ocurrirá en este 2018. Ahora se podrán implementar ajustes trimestrales.
En el fondo, el Gobierno está reconociendo una posibilidad que todo el mercado sospecha desde hace tiempo: en 2019, los autos seguirán subiendo de precio por efecto de la inflación.
Cerrar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, «para ahorrar», tanto en plata como en energía equivale a cortarse una pierna para bajar de peso, pero está firme en los planes del gobierno nacional. Esta es la conclusión que resulta de lo que se escuchó en el Congreso Nacional en una comisión que presidió el neuquino Darío Martínez.
Se acordó entre varios partidos opositores que se buscará amortiguar los efectos del cierre con previsiones presupuestarias, cuando se trate la ley en el Congreso.
Por ahora sólo hay certezas de que Nación va a comprarle a la Planta un stock de 22,7 toneladas de agua pesada para que se garantice el pago de sueldos y algunas deudas hasta fin de año. Este stock será abonado en 2 pagos, el primero se realizará la semana que viene para que se abonen los sueldos del personal, se cumpla con algunos proveedores y se nivele parte de la deuda de la PIAP, que ronda en más de 300 millones de pesos.
El origen de la deuda: al dar de baja el proyecto Atucha III, el estado canceló la compra de 600 toneladas de este líquido sin el cual las centrales de uranio natural sencillamente no funcionan. Pero además dejó de comprar agua pesada para reposición de las 34 toneladas que se gastan anualmente en las centrales de Atucha I y II y Embalse. Así las cosas, el fluido deberá importarse (a U$ 800.000 la tonelada) pese a que el país puede producirlo a U$ 600.000, ya que la PIAP «tiene escala»: es la mayor unidad del mundo en su tipo. Por eso mismo, detenerla sin que se venga abajo implica un gasto absurdo de mantenimiento.
El segundo pago para desembarazarse de la PIAP y dejarla decaer a chatarra, preferentemente sin que Neuquén «se incendie» en términos sociales se realizará en noviembre aproximadamente. Más de 600 personas, en general de calificación técnica entre alta y muy alta, pierden su trabajo.
“Aclararon que la intención es no incluir en el presupuesto del año que viene las partidas para la compra de las 100 toneladas de agua pesada porque Nación no tiene ese dinero”, afirmaron fuentes de diputados.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
Si el país no produce agua pesada para mantener las centrales nucleares deberá importarla, o perder los únicos 1756 MW del mercado eléctrico con un factor de disponibilidad cercano al 90%, y que no dependen de los bandazos del clima o del precio del petróleo: los nucleares.
El porqué a la producción argentina le conviene, y necesita, contar con la Planta Industrial de Agua Pesada fue desarrollado aquí.
Una noticia triste: el astrónomo Marcos Machado, director científico de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y uno de los héroes desconocidos para el público del sostenido esfuerzo que le dio a la Argentina el lugar que tiene entre las naciones en capacidades orbitales, ha muerto en Buenos Aires, a los 69 años.
Queremos compartir con los lectores de AgendAR las palabras que le dedica Nora Bär en La Nación.
«En 1987, una delegación de la NASA llegó a Buenos Aires para tomar contacto con un puñado de científicos que estaban intentando desarrollar un satélite made in Argentina. Entre los siete «aventureros» que darían el puntapié inicial a la actividad satelital en el país, estaba el astrónomo Marcos Machado.
Recibido en la Argentina, y formado más tarde en Francia y los Estados Unidos, donde trabajó en proyectos espaciales de la NASA, Machado, animado por una pasión y un idealismo inagotables, decidió volver al país a principios de los 90 para construir aparatos capaces de auscultar el territorio y enviar desde el espacio valiosa información para prevenir emergencias y como insumo de distintas actividades.
«Todo surgió en una cancha de fútbol del [Centro] Goddard», recordó alguna vez, con su habitual sentido del humor, el que hasta el jueves último fue director científico de la Conae: en una charla después de un partido, Mario Acuña, otro argentino que trabajaba en la NASA, le propuso hacer un satélite.
Lo que siguió fue una epopeya que combinó dosis equivalentes de pericia técnica, audacia y talento, y que a él y sus colegas les hizo vivir historias impensadas, como mantener dos trabajos porque ganaban algo más de 300 dólares mensuales o tener que dormir en la embajada argentina en Washington para ahorrar en alojamiento.
Machado tuvo tres hijos: Mercedes, Marcos y Matías. «Era tan discreto, que a veces nos enterábamos por otros de lo que lograba», recuerda Mercedes. Aunque tenía cáncer desde hace dos años, siguió yendo a su oficina como de costumbre. Y hasta participó de la última reunión de Directorio.
«Me acuerdo de que cuando lanzaron el Sputnik I, yo tenía ocho años -recordó Machado en una entrevista-. Ese día le pregunté a mi viejo, que era matemático, cuándo la Argentina iba a construir un satélite. Él me contestó ‘Lo más probable es que se lo compremos a los que saben hacerlos’. Eso me quedó grabado. Me dije que no podía ser, que teníamos que lograrlo. Para mí, fue el sueño del pibe.»
La noticia es ésta: existe una celebridad científica en ascenso, la joven doctora Verónica Flexer, electroquímica del CONICET, experta en litio. Y parece una persona potencialmente capaz de lograr que la Argentina no sucumba a una nueva “maldición del recurso” con este metal, sino que más bien gane divisas y se desarrolle. Flexer va por técnicas de explotación ahorrativas de agua por un lado, y detrás de usos industriales muy distintos de la fabricación de baterías recargables.
Si AgendAR hace un censo de tecnólogos/as con potencial de hacer más compleja y rica a nuestra economía con patentes “world class”, Flexer integra nuestra lista chica junto a Raquel Chan, la desarrolladora de la soja y el trigo HB4 resistentes a cambio climático.
El litio no es “oro blanco”, como dicen los colegas de metáfora fácil. Es el más liviano de los metales en la tabla de Mendeleiev, átomo livianito con 3 protones en el núcleo y por ende 3 electrones girando en sus cortezas externas. Uno de esos electrones es fácilmente desprendible (ionizable), como es común en los metales. Lo peculiar del litio ionizado es un combo de poca masa ligada a mucha atracción o repulsión magnética, y una relación entre conductividad y masa especial. El litio funciona como una gran aspiradora de electrones, si se lo pone de ánodo en una liviana batería moderna.
Elon Musk, el dueño de Tesla Motors (entre otras empresas) es un trillonario atípico: quiere salvar el mundo del recalentamiento. Trabaja por un abandono rápido del motor de combustión interna en favor de la tracción eléctrica (en realidad, todas las automotrices están interesadas en el asunto).
Musk suele angustiarse por la escasez “de litio fácil”. Lo sabe fundamental no sólo para sus autos eléctricos, sino para volver almacenables y “de base”, es decir disponibles 24horas los 7 días, los recursos energéticos intermitentes como el viento o el sol. Para ello, ha desarrollado baterías del tamaño de containers. Como sea, quiere mucho litio y ya, y China, que está llena de autos Tesla y personajes como Musk, compra y compra.
Puede ser que la revolución del litio se termine antes que este metal porque surjan baterías mejores o más baratas. Si hay una “ventana de oportunidad” para explotar el “litio fácil” de Argentina, ignoramos si se cerrará, o cómo, o cuando. Remitiéndose a antecedentes, la Edad de Piedra no se terminó por falta de piedras. ¿Pasará lo mismo?
El litio abunda en la corteza terrestre e incluso en el agua de mar, pero en concentraciones tan bajas que la extracción tendría costos energéticos absurdos. En contraposición, la escueta hidrología del NOA, con sus cuencas hídricas endorreicas, se encarga de lavar las sales de litio de rocas subterráneas de alta montaña, transportarlas pendiente abajo por los acuíferos y hacerlo aparecer en la superficie en rutilantes, desolados lagos de salmuera. Someros y corrosivos, los salares tapizan el fondo de algunos valles extensos en la Puna argentina, entre otros sitios. Allí el litio muestra su cara blanquísima, mezclado con otras sales interesantes: por lo común, potasio, y en algunos salares, “tierras raras”. Y ahí es donde talla nuestra doctora Verónica Flexer.
La tecnología de explotación actual es prehistórica: se cavan ringlas de piletones a pico y pala en la costra seca que recubre el salar hasta que aparece la salmuera unos pocos centímetros debajo. En otros casos se construyen piletones con marcos de metal y plástico grueso, «pelopinchos» gigantes de manzanas enteras de superficie. Luego se deja que el solazo puneño, el viento y la baja presión atmosférica del altiplano vayan evaporando el agua. Eso sabe tomar hasta un par de años. Todo es lento en esos paisajes inmensos.
Ahora, parafraseando a Fouché, vender litio sin valor agregado no es sólo un crimen: es un error. La rampa económica del litio argentino empieza cuando deja el país desde Catamarca, Salta o Jujuy, y en cantidades crecientes: hoy es el 17% del consumo mundial.
Pero Jujuy solita quiere producir 55 millones de toneladas, es decir el 22%, y próximamente. Y es que una tonelada de carbonato cuesta U$ 6000 FOB en el puerto más a tiro, pero con ella pueden hacerse 100 enormes baterías de ésas que usan los autos Tesla para lograr 500 km. de autonomía sin recargar. Tales baterías cuestan U$ 20.000 por unidad, así que ya subida a 100 Teslas, esa tonelada de litio vale U$ 2 millones.
“¡Hagamos baterías, Mendieta!”, escribiría el Negro Fontanarrosa, si estuviera aún entre nosotros. Pero en plan de discutir con el criollismo de un Inodoro Pereyra, lo que hace valer al litio es el “know how”, no el material en sí. Según Flexer, cualquiera de sus investigadores sabría construir una batería, pero no así de buena. En Jujuy se harán baterías, en cantidades simbólicas. Ese tren de la electroquímica ya nos dejó en el andén, y no solo a nosotros sino a Europa. Hay miles de tecnólogos/as de ojos rasgados mejorando constantemente las pilas recargables de litio en las universidades y empresas de China, Japón y sus vecinos: estamos fuera de esa carrera.
La deshidratación de los piletones, sin embargo, acelera el exiguo flujo de agua de los acuíferos que van recargando los lagos con salmuera. Los paisanos que vivan en los sitios altos, donde el agua subterránea todavía es potable, en caso de explotación intensa en los salares “aguas abajo” pueden quedarse con los aljibes secos. “Pueden” es un decir. Está sucediendo y hay lío. Silenciado, como suele ocurrir en el NOA.
Pero hay otras carreras, otros nichos de mercado más a nuestro alcance para industrializar el litio en el país, sugirió Flexer el 18 de septiembre en un buen reportaje de Yasmín González Blanco. Uno de ellos está en nuestra industria nuclear: los isótopos puros llamados litio-6 y litio-7 se usan en reactores nucleares para impedir la corrosión. Valen U$ 2000 el gramo.
El raro aspecto que toma el litio tras ponerle valor en fábricas chinas y luego en Tesla Motors.
Flexer no da la cotización por kilogramo porque no existe: nadie ha visto o producido todavía un kilogramo de litio-6 puro. El que quiera hacerlo, deberá desarrollar antes un proceso de enriquecimiento isotópico de final incierto, como era en los años ’40 el de purificación de agua pesada a partir de agua de canilla. Hoy la Argentina vende agua pesada entre U$ 600.000 y U$ 800.000 la tonelada. Esa rareza se ha vuelto un commodity caro con un nicho de mercado nuclear, pero mundial. ¿Podemos construir otro nicho así para isótopos pesados de litio?
Flexer también habla de reactivos puros de litio, pero sin mencionar un “target” industrial preciso, aunque algo tiene “in mente”. Como buena tecnóloga, no trabaja para el “paper” sino para la patente, así que no suele mostrar sus cartas antes de tiempo.
Y cambiando de tema totalmente, Flexer añade que hay modos ahorrativos en agua para llegar a las decenas de miles de toneladas que demanda China. Suponemos que quiere que esos procesos sean más expeditivos y con ciclo de agua cerrado o bastante cerrado. En parte, para respetar los acuíferos de los que vive la población puneña.
Tales nichos tecnológicos y tales modos de explotación son el tema del CIDMEJU (Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía), que en 2012, fue presentado por Nora Bär en La Nación. En aquel momento “El Centro del Litio”, como se lo llama por brevedad, era realmente breve: se reducía a Flexer y 5 tesistas. Ha crecido: hoy tiene 17 científicos, depende de la Universidad de Jujuy y el CONICET y los medios buscan a su jefa, aunque ésta parece evadirlos bien. Encontrar buenas fotos de Verónica Flexer se hace difícil.
El 19, es decir al día siguiente de la aparición de Flexer en “El Cronista” y desde “Ámbito Financiero”, el titular de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), Ing. Carlos Oehler, le dijo a la periodista Verónica Arbeleche que (sic) “los estudios hidrológicos demuestran que la situación está equilibrada, pese a las quejas de los lugareños”. Ah, ¿entonces había quejas?
JEMSE existe desde 2011 y se reparte en varias áreas, pero en lo central es copropietario con un 8,5% de acciones en Sales de Jujuy, el operador del proyecto de litio en Olaroz. Su función es cobrar (poco). Añadió Oehler que el año pasado las regalías mineras le dieron a Jujuy $ 52 millones. Subrayamos: pesos. A valores de 2017, fueron U$ 3 millones. El valor de 150 baterías de Tesla Motors. “Wow!”, como dicen que suele exclamar Elon Musk.
El mercado mundial tiene tracción: en 2016 compró un 13,5% más carbonato de litio que en 2015, y sigue en rampa. Oeheler sugiere soluciones para las quejas de los lugareños: “…una suerte de necesario acuerdo con quienes son los titulares superficiarios de todos los yacimientos…”, en sus palabras. Los titulares en su provincia, son EXAR SA y Sales de Jujuy. EXAR, según el funcionario, va a invertir U$ 420 millones en una planta jujeña.
Tal vez la firma garantice, según usos y costumbres habituales de las mineras, términos simétricos de negociación para alcanzar el “necesario acuerdo” con la población rural dispersa de la Puna, que no tiene dinero, organización o “manija”. Con la tecnología evaporativa actual, bastaría que “los lugareños” se abstengan de beber agua, y lo mismo sus animales. También pueden acordar igualitariamente las partes en que llueva más. Pero preferiblemente sobre las cabeceras de los acuíferos y no sobre los salares, porque retardaría la deshidratación del carbonato. Hay que ser minucioso a la hora de redactar contratos sociales y climáticos.
Victoria Flexer es doctorada en electroquímica en la UBA, luego trabajó en el CNRS (el equivalente francés del CONICET, pero con plata), luego en la Queensland University de Australia, luego en la de Ghent (o Gante), en Bélgica. Volvió a la Argentina todavía con pinta de jovencita y hoy dirige el CIDMEJU, que también fundó. Chica pila, como quien dice.
Aún si Flexer no logra una vía para enriquecer litio-6 y 7, con que desarrolle un proceso menos neolítico para concentrar materia prima nos cosecharía un Santo Grial. Eso podría generarle a Jujuy otras regalías por patentes, mejores que lo poco que cobra por vender naturaleza cruda. También podría evitarle a la provincia conflictos con su población rural dispersa. Y también lograr que la industria automotriz no tenga que esperar tanto para obtener el carbonato de litio para sus autos eléctricos.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, hizo algunos adelantos sobre el nuevo acuerdo con el F.M.I. en un encuentro que tuvo lugar el jueves con economistas y representantes de fondos comunes de inversión y de sociedades de Bolsa. Ahí afirmó que el gobierno y los técnicos del Fondo avanzaron en la semana en una negociación por la que, además del adelanto de desembolsos ya previstos, ampliaría el programa original de US$ 50 mil millones con una inyección extra de entre US$ 15 y 20 mil millones.
Hay otra novedad: también se pondrá fin al régimen de metas de inflación como mecanismo para contener la suba de precios, y se focalizará en el control de agregados monetarios. Esto significa que se medirá la expansión de dinero, fijando metas de base monetaria (circulante más depósitos bancarios).
Después del encuentro, también trascendió que se habría logrado acordar con el FMI dejar de lado el régimen de flotación libre para el dólar por un nuevo esquema que con emplaría una banda cambiaria. Se fijaría un piso de entre $ 32 y $ 36, y un techo de $ 40 a $ 44, en el que se permitirá que el dólar oscile. El Banco Central intervendría cuando perforara ese mínimo o superara el tope, para lo cual el FMI daría mayor flexibilidad para usar reservas para controlar el tipo de cambio.
Sobre este aspecto, AgendAR fijó su posición ayer aquí.
La prestación social que hoy se asigna a quienes tienen cumplidos 65 años y no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, tendría desde 2019 un acceso restringido.
Según el proyecto de presupuesto presentado en el Congreso, el Ministerio de Hacienda busca que la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sea incompatible con cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia. Esta condición actualmente no existe, porque la prestación surgió con la consigna (entre otras) de ser útil para quienes, al tener aportes pero no en cantidad suficiente, puedan acceder temporalmente al cobro y, a la vez, ir reuniendo los requisitos para después solicitar el beneficio de jubilación completo.
La PUAM, una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo (hoy es de $ 6.909), fue creada a mediados de 2016 por la ley 27.260. Para acceder a su cobro se fijaron los requisitos de tener 65 años como mínimo (igual edad para varones y mujeres), y de ser argentino natural, por opción o naturalizado (en este último caso, con una residencia legal mínima en el país de diez años) o ser extranjero con residencia legal mínima acreditada de 20 años.
La propuesta oficial, que tiende a contener las erogaciones del sector público en prestaciones sociales, se suma a otra referida a reducir los montos adicionales que cobran los pasivos incluidos en el sistema que viven en la Patagonia.
Actualmente se aplica un diferencial por el cual los montos que rigen para el resto del país se multiplican por 1,4 para quienes residen en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones. La propuesta es bajar ese coeficiente a 1,20 para los haberes «que no superen dos veces el haber mínimo».
Otro de los temas, el que probablemente tenga más peso para los egresos del Estado, que se quiere impulsar en el corto plazo es el “principio de sustitutividad” de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador.
La idea del Gobierno es que ese porcentaje tenga un “techo” de aproximadamente el 60%. El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario.
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
Adrián Tróccoli, titular del estudio que lleva su apellido, explicó que “el principal problema de este cambio está dado en los cuentapropistas que tienen ingresos reducidos o eventuales”.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil. Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Resta por verse si la “mini reforma” jubilatoria logrará ser aprobada o, en cambio, sus contenidos provocarán rechazo en el Congreso.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
La tecnología de explotación actual es prehistórica: se cavan ringlas de piletones a pico y pala en la costra seca que recubre el salar hasta que aparece la salmuera unos pocos centímetros debajo. En otros casos se construyen piletones con marcos de metal y plástico grueso, «pelopinchos» gigantes de manzanas enteras de superficie. Luego se deja que el solazo puneño, el viento y la baja presión atmosférica del altiplano vayan evaporando el agua. Eso sabe tomar hasta un par de años. Todo es lento en esos paisajes inmensos.
Ahora, parafraseando a Fouché, vender litio sin valor agregado no es sólo un crimen: es un error. La rampa económica del litio argentino empieza cuando deja el país desde Catamarca, Salta o Jujuy, y en cantidades crecientes: hoy es el 17% del consumo mundial.
Pero Jujuy solita quiere producir 55 millones de toneladas, es decir el 22%, y próximamente. Y es que una tonelada de carbonato cuesta U$ 6000 FOB en el puerto más a tiro, pero con ella pueden hacerse 100 enormes baterías de ésas que usan los autos Tesla para lograr 500 km. de autonomía sin recargar. Tales baterías cuestan U$ 20.000 por unidad, así que ya subida a 100 Teslas, esa tonelada de litio vale U$ 2 millones.
“¡Hagamos baterías, Mendieta!”, escribiría el Negro Fontanarrosa, si estuviera aún entre nosotros. Pero en plan de discutir con el criollismo de un Inodoro Pereyra, lo que hace valer al litio es el “know how”, no el material en sí. Según Flexer, cualquiera de sus investigadores sabría construir una batería, pero no así de buena. En Jujuy se harán baterías, en cantidades simbólicas. Ese tren de la electroquímica ya nos dejó en el andén, y no solo a nosotros sino a Europa. Hay miles de tecnólogos/as de ojos rasgados mejorando constantemente las pilas recargables de litio en las universidades y empresas de China, Japón y sus vecinos: estamos fuera de esa carrera.
La deshidratación de los piletones, sin embargo, acelera el exiguo flujo de agua de los acuíferos que van recargando los lagos con salmuera. Los paisanos que vivan en los sitios altos, donde el agua subterránea todavía es potable, en caso de explotación intensa en los salares “aguas abajo” pueden quedarse con los aljibes secos. “Pueden” es un decir. Está sucediendo y hay lío. Silenciado, como suele ocurrir en el NOA.
Pero hay otras carreras, otros nichos de mercado más a nuestro alcance para industrializar el litio en el país, sugirió Flexer el 18 de septiembre en un buen reportaje de Yasmín González Blanco. Uno de ellos está en nuestra industria nuclear: los isótopos puros llamados litio-6 y litio-7 se usan en reactores nucleares para impedir la corrosión. Valen U$ 2000 el gramo.
