En los próximos días comenzará la carga inicial de los elementos combustibles en el reactor de la Central Nuclear Embalse. La extensión de vida de la planta ingresa en su recta final y se prevé que la usina alcanzará criticidad a finales de diciembre, iniciando un nuevo ciclo de operación por treinta años. Culmina así con un triunfo uno de los desafíos más exigentes, y con utilidad más práctica para nuestro país, que afrontaron en los últimos años científicos y técnicos nucleares argentinos.
En Nucleoeléctrica Argentina se estima que Embalse reingresará al Sistema Interconectado Nacional en el primer trimestre de 2019. El Proyecto de Extensión de Vida de Embalse fue diseñado por el gobierno anterior y activado por el actual. Comprendió el retubado del reactor, el cambio de los generadores de vapor, el aumento de potencia y la actualización técnica de las instalaciones.
Situada en la costa sur del embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, esta central nuclear operó con alta eficiencia y seguridad durante sus primeros 30 años. Su construcción se inició en mayo de 1974, en marzo de 1983 se produjo la primera criticidad del reactor y el 20 de enero de 1984 comenzó su operación comercial.
La planta posee un reactor CANDU (Canadian Uranium Deuterium) y pertenece al tipo de centrales con tubos de presión. Utiliza uranio natural como combustible y su refrigerante y moderador es agua pesada.
En diciembre de 2015 concluyó su primer ciclo operativo, en el que generó 144.599.748 MW, equivalente a la energía eléctrica consumida por todo el país durante más de dos años y medio.
La extensión de su vida útil demandó una inversión de 2.140 millones de dólares, un poco más de un tercio del costo y del plazo que demandaría construir una central similar nueva.
La Central Embalse produce el isótopo Cobalto 60, con aplicaciones en la medicina, la investigación científica, la industria y la alimentación. La planta es una de las principales abastecedoras de este elemento en el mercado local y mundial.
En julio de 2016 Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares del país, recibió la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, para el desarrollo del Proyecto Extensión de Vida de la Central.
Los trabajos realizados
Fueron tres fases: diseño y programación del proyecto, capacitación del personal, fabricación y reemplazo de componentes, construcción de más de 8.000 metros cuadrados de instalaciones auxiliares para almacenamiento de componentes y entrenamiento del personal.
El de la Central Embalse fue el tercer reactor CANDU 6 que fue retubado y Nucleoeléctrica Argentina fue la empresa responsable de la ejecución de esta tarea. El reactor fue renovado por completo y de los trabajos participaron 650 técnicos y especialistas, y 4.200 trabajadores en la obra. Los nuevos componentes del reactor fueron fabricados por la empresa nacional CONUAR. Los requerimientos de calidad y seguridad son los establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
La tarea inminente, que se realizará durante 24 horas, los 7 días de la semana, consiste en cargar los 4.560 elementos combustibles en el núcleo del reactor, distribuidos en sus 380 canales.
Cada uno de los elementos combustibles pesa aproximadamente 23 kilos y está compuesto por 37 vainas con pastillas de dióxido de uranio natural, que producirán la fisión nuclear dentro del reactor. Esta genera el calor necesario para evaporar el agua que se encuentra dentro de los generadores de vapor y éste impulsará el turbogrupo que generará la electricidad. La planta incrementó su potencia instalada a 683 Megawats eléctricos (MWe), un 6% más que su capacidad de generación anterior.
Construcción de Embalse: el técnico coloca uno de los 380 tubos de presión dentro de su correspondiente caño de calandria. El lugar y los componentes aún están “fríos”.Perspectivas futuras
La puesta en marcha de Embalse, lamentablemente, marcará un punto de quiebre en la política nuclear argentina. Por primera vez en 12 años no habrá en marcha ningún otro proyecto para construir o ampliar una central nuclear de potencia destinada a generar electricidad.
El 13 de junio de este año, el entonces ministro de Energía, Aranguren, confirmó que que las centrales nucleares Atucha III y Atucha IV no se construirán.
Luego el gobierno dejó trascender que la cuarta central, que iba a denominar Atucha III, quedó efectivamente cancelada, pero que podría avanzarse con la quinta central, con tecnología y financiamiento de China. En AgendAR hemos condenado la nefasta costumbre de algunos gobiernos y algunas instituciones, de comprar «llave en mano» tecnología que en Argentina se domina. De todos modos, la versión actual es que la construcción se iniciaría recién en 2022, a fines del próximo gobierno.
El titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, anunció ayer que no habrá un «bono de fin de año» para los jubilados. Dijo ante la Comisión Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social: «Estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año”.
“A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor pero la realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos”, agregó.
En otro tramo, el director de la ANSeS admitió que la inflación es este año superior a lo que esperaba el Gobierno y que esto implicó que “la movilidad vaya con 6 meses de atraso”, pero aseguró que este “desfasaje se va a corregir el año que viene”.
También defendió el cambio de la fórmula de movilidad aprobado a fines de 2017. Dijo que “es buena y es mucho más directa, como la que tiene la mayoría de los países” .
Los datos oficiales marcan que, incluyendo el aumento que se dará de diciembre, en 2018 las jubilaciones y demás prestaciones de la Seguridad Social se incrementarán un 28,5%, en contraste con el 47/48% de inflación prevista para este año. Si la comparación se hace con septiembre de 2017, con el cambio de fórmula, la pérdida se eleva a 26% porque además el ajuste semestral pasó a ser trimestral, pero salteando un trimestre, el de diciembre de 2017.
Un día después de que el Banco Central hiciera su última licitación de Lebacs -que llegaron a representar un stock de 1,3 billones de pesos-, Hacienda colocó deuda por poco más de $33.600 millones a través de la licitación de dos tipos de Letras del Tesoro en pesos, ambas a 91 días, unas nuevas que ajustan por inflación, y otras ya utilizadas que brindan una tasa fija capitalizable mensual del 4%.
En la licitación se recibieron ofertas por $ 32.560 millones de las Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap) en Pesos con vencimiento 22 de febrero de 2019 (91 días de plazo) y $ 4.561 millones de las Letras del Tesoro Ajustables por CER (LeCer) en Pesos con vencimiento 22 de febrero de 2019.
Para las Lecap se adjudicó un total de $30 mil millones, con una tasa anual de 51,19%. En tanto, en las LeCer –el nuevo instrumento– se adjudicó un total de $3.698 millones (lo que representó una TNA, excluyendo CER, de 8,85%).
La última licitación de Lebacs, realizada el martes último, había dejado una expansión de unos $120.000 millones.
Se preveía que estos $ 120.000 millones serán absorbidos a partir de este miércoles y en días subsiguientes a través de la colocación de Leliq solo para bancos y financieras (cuya tasa hoy cerró en 62%), además de estas Lecap y las LeCer.
Los títulos universitarios de un país del Mercosur serán válidos también en cualquier otro de los integrantes del bloque. Así lo acordaron los ministros de Educación del Mercosur en una reunión que celebraron el pasado fin de semana en Montevideo, Uruguay.
«Sin el reconocimiento de estudios los extranjeros no pueden poner en valor los conocimientos adquiridos fuera de sus países de origen. Esto genera un doble perjuicio: es fuente de frustración personal y priva a las sociedades del potencial contenido en muchos profesionales», destacó el ministro argentino Alejandro Finocchiaro.
Precisó además este reconocimiento de títulos de grado «es uno de los pilares de la movilidad de personas al nivel regional o internacional. No puede hablarse de bloques comunes sin incorporar sistemas de reconocimiento».
El Buenos Aires Design seguirá funcionado hasta que asuma el nuevo concesionario del shopping. El gobierno acordó una UTE conformada por la Cámara de Pasteleros y la Cámara de Madereros se hagan cargo del centro en los próximos meses, bajo un permiso de uso precario
El 5 de diciembre IRSA entregará el predio a la Ciudad y a partir de jueves 6 de diciembre habrá una nueva administración. El contrato indicaba que el predio debía dejar de operar comercialmente el domingo y la empresa tenía tres meses para entregarlo al Estado.
Como adelantó LPO desde la vicejefatura de gobierno de Diego Santilli entablaron negociaciones con los dueños de locales para que un consorcio tome las riendas del shopping por los próximos 12 meses, hasta que el área de concesiones porteña elija al nuevo locatario del predio y así poder conservar los 1500 puestos de trabajo que genera.
Entre las expectativas del lado argentino -tanto el sector público como privado-, que acarrea la próxima reunión del G-20 en nuestro país, en los últimos días se sumó el rumor de que Donald Trump aterrizaría con la autorización para el ingreso de la carne vacuna argentina a Estados Unidos.
Sin embargo, desde Washignton desestimaron la posibilidad de que eso se concrete en el corto plazo. Incluso puntualizaron que no está previsto que funcionarios relacionados con esa temática acompañen a Trump en su estadía en Buenos Aires durante la cumbre del G-20.
Desde los sectores ligados a la exportación de carne, que en los últimos tiempos vienen con un training especial en comercio exterior, fundamentalmente por las negociaciones con China y otros países asiáticos, relativizaron lo determinante que puede ser que vengan funcionarios del área agropecuaria. “Con una nota sería suficiente”, dijeron. Y recordaron que las negociaciones con Estados Unidos por este tema llevan casi tres años, prácticamente desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri.
De hecho, el mercado norteamericano está formalmente abierto desde 2015 para la carne argentina, luego de 14 años de restricciones tras el brote de aftosa que se sufrió en 2001 y que no se había informado debidamente por el Gobierno argentino.
Pero no se encuentra operativo. Desde Estados Unidos alegan la falta de cumplimiento de algunos protocolos sanitarios, particularmente cierta documentación que acredite el equipamiento e insumos correspondientes en el laboratorio oficial que Senasa tiene en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires.
Los funcionarios consultados aseguran que «está todo en regla» y que incluso hay una decena de frigoríficos argentinos que están faenando con las exigencias que plantea esta posibilidad exportadora y sus inspecciones regulares pertinentes, aunque en la práctica todavía no esté vigente.
Algunos estiman que el reposicionamiento global de la carne argentina, que en el último año volvió al top ten del mercado mundial, y ya se ubica sexto entre los principales exportadores, podría facilitar el entendimiento. Pero nadie se anima a poner una fecha concreta.
IBM anunció que acaba de concretar una inversión de 15 millones de dólares para modernizar su sede ubicada en la localidad de Martínez: según sus directivos, los fondos fueron destinados tanto para la infraestructura de servidores como en el desarrollo de nuevos servicios, con la apertura de un “Centro de Innovación Tecnológica” destinado a ofrecer soluciones en las áreas que hoy son la punta de lanza en cuestiones de tecnología: inteligencia artificial, la “Nube”, Internet de las cosas y “blockchain”, la tecnología de encriptado que se hizo conocida por su producto estrella, el bitcoin.
“Hace más de una década que comenzamos con este proyecto del campus de Martínez, basado en servicios de valor agregado, con la ventaja que supone el talento local y el huso horario, que nos permite exportar a distintas geografías”, dijo Roberto Alexander, titular de la filial.
La Asociación Bancaria dispuso paro para hoy viernes en las entidades de todo el país que no hayan abonado a sus trabajadores el aumento del 12% acordado a partir del 1 de octubre.
«No hay excusas para los bancos que no han actualizado como se establece coherentemente con el acuerdo paritario de abril, el salario a partir del 1 de octubre», señala un comunicado firmado por el titular del gremio, Sergio Palazzo.
Los bancos que no han pagado ese aumento serían el Nación, Provincia, Ciudad y Córdoba.
Roberto Pons, Licenciado en Economía Política (FCE-UBA), y apreciado formador de economistas, preparó un trabajo sobre su esfuerzo en determinar los cambios que, deliberados o no, las políticas del actual gobierno provocan en la estructura productiva de nuestro país. Y tuvo la amabilidad de permitir que se comparta con los lectores de AgendAR. Lo reproducimos en su integridad, con excepción de las notas académicas al pie que ilustran sus conceptos.
Perfil PROductivo: ¿Existe?
Es difícil responder a una pregunta que no tiene formulación en un programa expreso conocido. De hecho, no disponemos una versión clara, precisa y documentada de la estrategia de cambio productivo del PRO.
Un RELATO que no relata
Cuando FRANCISCO «PANCHO» CABRERA, entonces Ministro de la Producción, anuncia la necesidad de una reconversión industrial en cuatro categorías – naturalmente competitivas; no competitivas pero transformables; las que habría que sostener por razones estratégicas; y las que no serían viables – yo comenzaba mis clases en la Maestría en la UNTREF.
Como mi materia es “Política Industrial en el Mercosur” me pareció oportuno conseguir el programa anunciado por CABRERA. Nunca lo conseguí, ni googleando, ni consultando la página web del Ministerio ni recurriendo a amigos, funcionarios de UIA y profesores / investigadores / consultores que suelen estar ligados a las novedades de política industrial.
Poco tiempo después, en el Consejo Económico y Social de CABA, concurre ANDRÉS “ANDY” FREIRE, como Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea el nuevo modelo de empleo basado en conceptos tales como:
Replanteo de la formación educativa, especialmente la universitaria, basado en el reemplazo de las carreras tradicionales por cursos intensivos de actualización de conocimientos con ciclos cortos de enseñanza y aplicables a los cambios laborales.
Propiciar la “economía colaborativa” (UBER, AIRBNB, etc) como modelo de empleo futuro.
El “emprendedurismo” como modelo de salida laboral y estructuración productiva.
Luego a FREIRE le “evaporan” el Ministerio y deja de ser un relator del futuro PROductivo.
MICHETTI, en una entrevista en canal 9, ofreció una particular recomendación en materia laboral: “… ante el creciente desempleo que cada ciudadano se genere su fuente de ingreso, porque el mercado laboral, como se lo conoce, va a ser muy chiquito”.
De los DISCURSOS PRESIDENCIALES, especialmente en las aperturas de los períodos legislativos, no existen manifestaciones oficiales sobre líneas de acción para la reconversión económica argentina más allá de: volver al mundo, atraer inversiones extranjeras, liberar los mercados, restringir la litigiosidad laboral, eliminar impuestos sobre los ingresos empresarios, etc.
De las presencias PRESIDENCIALES en UIA, IDEA, SRA y otras, no salimos de genéricas referencias a trabajar más y reclamar menos, especialmente con referencias al “costo laboral”.
Por lo tanto, no existe un Programa verificable con un conjunto de medidas aplicadas o aplicarse que nos permita comprobar cual podría ser el resultado buscado en el CAMBIO de la MATRIZ económica argentina, por lo tanto, sólo podemos analizar el tema a partir de lo que ha ocurrido en la realidad.
Modelo PROductivo de CAMBIO implícito: o, de las realidades conducentes a la “inconduscencia” de la realidad.
Las realidades conducentes:
El “RUMBO” invariable a pesar de las “TORMENTAS”, se definiría a partir de las realidades conducentes del accionar del Gobierno:
Lo que se puede conducir se transforma en un PLAN de NEGOCIOS:
Apropiación de la renta extraordinaria monopólica de los servicios públicos con demanda cautiva con baja elasticidad precio y con margen de baja elasticidad ingreso hasta que el aumento tarifario alcance una proporción conflictiva del ingreso.
Area energía:
Liga Mayor (con potencial relación internacional y con EEUU por el shale oil): petróleo y gas. El sobre precio dolarizado en boca de pozo (en relación a los costos de explotación no explicitado ni requerido por las autoridades de aplicación) a través del “pass through” en las tarifas de gas y en el costo de los combustibles permite la acumulación de utilidades extraordinarias que pueden ser la fuente de financiamiento de Vaca Muerta y otros yacimientos no tradicions, previa remisión al exterior.
Liga Menor (amigos y socios propios): generación, transporte y distribución de servicios, siguiendo el modelo de las privatizaciones de los 90´s y aplicando el “Excel de Aranguren” (Ni más ni menos que los reclamos que fueron llevados al CIADI por CHAMBULEYRON antes de ser funcionario de este Gobierno).
Liga competitiva (amigos, socios propios y terceros especialmente provisión externa europea) generación eólica y solar sin desarrollo industrial local. O sea, venta de viento que tiene costo variable cero.
Area transporte:
Liga Mayor (propios, patria contratista, inversores financieros y posiblemente ahora con EEUU) con las PPPs y concesiones viales.
Liga Menor y competitiva (propios, fondos comunes de inversión, inversión extranjera, etc) : negocios de logística vial, aeroportuaria e hídrica.
Apropiación de la renta extraordinaria de la bicicleta financiera:
Liga Mayor (propios, bancos internacionales vinculados y fondos buitres) basados en arreglo de la deuda, nueva deuda y nuevas reestructuraciones de deuda.
Liga Menor y competitiva (propios, bancos extranjeros y locales, fondos buitres y operadores privados) el CARRY TRADE con y sin arbitraje.
Lo que no se puede conducir se transforma en una SEÑAL al MERCADO, o «SEDUCIENDO a las CORPORACIONES»:
Sectores Exportadores tradicionales de comercio internacional: exportadores agropecuarios; petroleros; mineros; por el momento. Vía quita retenciones, libertad de liquidar divisas y de transferir capitales. Más allá de un ligero esbozo de defensa del biodiesel, no habría demasiada preocupación por la agroindustria con valor agregado. De hecho, se ha disminuido las retenciones diferenciales entre la exportación de poroto de soja y la de aceite de soja.
Sectores internacionalizados en cadenas de valor global: alimenticios, limpieza y perfumería, petroquímico, automotriz y otros de consumo masivo. A través de liberación de precios, bajas de impuestos específicos, liberación transferencia de dividendos y otros (un modelo OCDE). Más destrucción de la economía PYME´s que facilitaría la mayor concentración y desnacionalización de estos sectores.
Sector financiero local e internacional: transfiriendo ganancias vía tasa de interés, (aunque los bancos oficiales y públicos se quedarán con las carteras sucias: UVA, LEBACS, créditos a PYMEs). Los otros bancos podrían quedar con altos encajes remunerados que podrían ser “re-estructurados” por lo tanto las altas utilidades contables podrían no ser convalidadas con ganancias disponibles. Esta situación y la aplicación de las normas NIIF sobre ajuste por inflación explicarían las variaciones de cotizaciones en el exterior. Si se produjera una “cuasi centralización de depósitos” (vía una mayor tasa de encajes) podría servir para la orientación del crédito vía liberación dirigida por el BCRA; pero, sólo los bancos extranjeros estarían en condiciones de tener su propia política de expansión del multiplicador de créditos (según su mejor conveniencia) con capital propio disponible o traído de las casas matrices.
Lo que no se puede conducir ni sirven de señal al mercado se AJUSTA, o sea DESATENCION / DESTRUCCION.
PYMES
EMPLEO – POBREZA – CONSUMO INTERNO
PRODUCCIONES REGIONALES
OBRAS SOCIALES-PAMI-ANSESS
PRESUPUESTO EDUCATIVO-SALUD-CIENCIA Y TECNICA
El acuerdo con el FMI consolida los puntos de interés del Gobierno en forma explícita o “mexicaneando” como hizo Caputo con los primeros u$s 15.000 millones del Fondo.
La proclamada “lucha contra la inflación” se utiliza para disciplinar el punto 3, lo que se AJUSTA.
En definitiva es un Estado que interviene fuertemente para la transferencia de ingresos y riquezas hacia los puntos 1 y 2 a partir no solo de lo detraído a los sectores populares sino también de los sectores productivos no seleccionados o asociados. El Presupuesto Público es consistente con este replanteo distributivo.
Se alcanzaría una “primarización de la estructura económica” y un traslado de las decisiones económicas / financieras a actores internacionalizados fuera del país. No habría mayor concentración en las decisiones que un país endeudado que tiene el monitoreo institucional del FMI y la movilidad de los capitales de los centros internacionales financieros.
Todo estaría cerrando con los siguientes números:
Tasa de desempleo: entre el 15 al 20 % (alrededor 17% valores período final de Menem y final De la Rua)
Ingreso per capita en dólares: u$s 7/8000 (caída del 30% del nivel actual)
Salario real promedio: caída del 30% en relación al 2015
Deuda EXTERNA en relación con PBI: 1.40/1.50
Las “inconducencias” de la REALIDAD
Desequilibrio Macro 2018/19: Alta inflación manifestada (y una potencial “espiralización” reprimida) con fuerte recesión e incipiente atraso cambiario. Balanza de Pagos altamente deficitaria: cuenta corriente deficitaria, cuenta comercial dudosamente superavitaria y fuertes vencimientos de servicio deuda externa (capital + intereses) sujetos sus pagos a desembolsos FMI. Déficit fiscal y cuasifiscal con alta incidencia sobre PBI (en baja) y un dudoso equilibrio déficit primario más que superado por el déficit financiero. En otros términos, la macro está desorganizada, los márgenes de maniobra sin error son pocos, el Gobierno cedió el uso de los instrumentos de la política económica al FMI. Esto implicaría más tiempos de transición entre una posición de equilibrio inestable pre-existente y otra posición de equilibrio futuro esperado a partir de los cambios en los “fundamentals” de la economía.
Agregados oferta y demanda: Caída de demanda interna del 10/15% (especialmente bienes durables y consumo masivo), caída o estancamiento de la inversión interna (¿podrán remontar las PPPs?) y exportaciones primarias sujetas al vaivén precios internacionales, no parecen ser suficientes estímulos para incrementar la oferta.
Clima de negocios: Enrarecido internacionalmente y localmente (presión social y política por las elecciones)
El resultado alcanzado en la REALIDAD: ¿buscado, deseado, desviado o errático en relación al RUMBO?
Si existe una lectura seria en los “Macri boys” es “La doctrina del shock” de Naomí Klein.
Posiblemente el resultado alcanzado estuviera en el método de “crear una super crisis imaginaria a partir de corregibles desajustes macroeconómicos heredados” que además le venía al dedillo de su Plan de Negocios en la toma del poder político y económico.
También podríamos pensar que sólo hubo un error de cálculo para jugar la permanencia política: Endeudarse para no ajustar y ahora ajustar para pagar la deuda.
Hasta que punto estaba todo “fríamente calculado”, como diría el Chapulín o cuánto hay de impericia o imprevisión o hasta que punto forma “parte intrínseca del modelo de cambio” no tiene importancia. Las intenciones son de la esfera del juicio moral o jurídico, la política parte de los resultados a la vista.
Si el RUMBO es “primarizar” la economía, extranjerizar los centros de decisión económica, básicamente por los acreedores financieros internacionales, y apostar a la mayor concentración de la estructura productiva, podríamos afirmar que lo están logrando.
Si la pregunta es del orden “conmigo o sinmigo” la respuesta es más dudosa; posiblemente es sin MACRI. ¿Quién será el Príncipe? ¿Alguien de CAMBIEMOS”? ¿Algún peronista federal? ¿Un Bolsonaro argentino?
Lo importante es preguntarse y contestarse las siguientes preguntas:
¿En el esquema actual y su potencial trayectoria inercial quién gana y quién pierde?
¿Qué actores locales e internacionales están en una u otra lista y cuáles son sus intereses en juego?
¿Quiénes tienen espalda para “bancar” la transición sin colapso económico-financiero y sin conflictos sociales extremos?
¿Apostarán a un resultado electoral incierto o esperaran resultados de encuestas de último momento?
Responderse a esas preguntas y operar en consecuencia implicaría definir una estrategia de alianzas y de acuerdos de mutua conveniencia para ser viable cualquier RUMBO posterior, pero, al mismo tiempo debemos entender al electorado en sus requerimientos esenciales.También ayudará a reconocer por donde “explotará la actual situación”, único indicio de la probabilidad de “cuál será el momento de la explosión”. Si la hubiera.
En nuestro país ha crecido silenciosamente, a lo largo del tiempo y en forma no coordinada, una red de laboratorios públicos. Los «dueños» de estas instituciones sin fines de lucro o sociedades del Estado son las provincias, los municipios, las universidades o las Fuerzas Armadas. Para esta red, el medicamento es un bien social.
A 3000 kilómetros del centro porteño, la primera producción local de 1,8 millones de comprimidos de un antiviral para tratar el VIH está lista para salir de una planta estatal de Tierra del Fuego.
Cinco camiones refrigerados recorren todo el año las rutas hasta Córdoba para transportar plasma sanguíneo y obtener hemoderivados en otro de los 34 laboratorios públicos del país. Cada año, ahí se elaboran sin costo para los usuarios 350 millones de unidades de fármacos, sueros y vacunas para hospitales y centros de salud. Y esta red está atrayendo cada vez más atención.
Entre los principales compradores del sistema sanitario, se encuentran el PAMI, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, los ministerios de Salud provinciales, la obra social bonaerense IOMA y otros proveedores de servicios médicos similares de todo el país.
Los productos que se elaboran en esta red de laboratorios públicos muchas veces son los que la industria discontinua, como los fármacos para la tuberculosis, los antídotos para venenos o la vacuna contra la rabia humana, o que el sector privado los cotiza a muy alto costo, como las terapias destinadas al alivio del dolor en los pacientes con cáncer.
En la coordinación de la producción los asiste la Administración Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). «La población no los paga de su bolsillo», amplían ante la consulta.
El Laboratorio de Hemoderivados Presidente Illia de la Universidad Nacional de Córdoba creció desde 1964 hasta procesar anualmente 170 toneladas de plasma sanguíneo de cuatro países. Este año, la demanda creció un 15% por sobre lo proyectado.
«Aunque estemos en el siglo XXI, esto es un trueque. No hay un solo peso de por medio», cuenta Pascual Fidelio, director ejecutivo de Hemoderivados. «Recibimos el plasma de centros de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y les devolvemos los productos equivalentes que necesitan. Es un sistema de intercambio que es único en el mundo, donde funcionan unas 80 plantas que producen hemoderivados. Solo 20 tienen control o manejo estatal. Pero la nuestra es la única universitaria», indica.
Con tres líneas de elaboración de cuatro millones de unidades (derivados de plasma humano, genéricos inyectables de pequeño volumen y derivados de tejido humano), el laboratorio es autosustentable: los ingresos para los sueldos de los 305 empleados, el mantenimiento de las plantas y el sistema de transporte de los productos, y la ampliación de la institución proviene de la participación en licitaciones o compras directas de los fármacos o insumos producidos con el remanente de cada intercambio con los bancos de sangre.
Su modelo de trabajo inspira al Laboratorio del Fin del Mundo, de la provincia de Tierra del Fuego, que es el más «joven» de la red: se creó por ley el año pasado y está habilitado por la Anmat.
Por un convenio de transferencia de tecnología con la farmacéutica Bristol-Myers Squibb, desde Ushuaia hablan con orgullo de su primera producción el mes pasado: 1,8 millones de comprimidos del antirretroviral atazanavir 300 mg para los beneficiarios del Programa Nacional de HIV/sida.
Faltan las firmas que autoricen el traslado a Buenos Aires de los 60.000 frascos de Suravir, el «antirretroviral del sur». «Pasamos todas las evaluaciones para asegurar que a los usuarios les llegará un producto en idénticas condiciones del que venía de los Estados Unidos», dice su presidente, Carlos López. «En los próximos 12-18 meses vamos a pasar a otra etapa productiva y, luego, a producción completa desde el componente activo hasta el comprimido, además de nuevos desarrollos que ya tenemos en agenda».
Sus 25 empleados son ingenieros químicos, farmacéuticos y contadores fueguinos, de entre 27 y 32 años. El compromiso asumido habla de una provisión de 6 millones de píldoras, unos 16.000 tratamientos antirretrovirales anuales. «El Estado visualiza que la producción de medicamentos por laboratorios públicos es estratégica: da un cierto grado de independencia en la producción, el acceso y la investigación», agrega López.
En el Laboratorio del Fin del Mundo, por ejemplo, proyectan calificar con normas de la autoridad regulatoria de los Estados Unidos en los próximos dos años, mientras que la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profarse) aspira a proveerle sus productos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
«Los productos son seguros y eficaces. Es poder abastecer el consumo de las provincias con los productos que necesitan», comenta Marne Livigni, gerente general del Profarse, donde el 72% de los 32 empleados son profesionales.
Además de otros 25 medicamentos, incluidas combinaciones y dosis de uso pediátrico, el laboratorio rionegrino está desarrollando nifurtimox para el Chagas. En esta línea, Laboratorios Chaqueños, en Resistencia, está trabajando con una empresa privada en un kit diagnóstico de Chagas neonatal.
«El laboratorio público tiene una veta social que le permite ocuparse de las enfermedades desatendidas o medicamentos huérfanos que no son rentables para la industria», afirma Livigni.
Desde Santa Fe, la planta abastece la demanda de los pacientes en más de 7900 centros de salud y hospitales del país a alrededor de un 30% menos del precio más bajo en el mercado para las mismas drogas. Con capacidad de elaborar 120 millones de unidades por año de unos 36 productos en comprimidos, líquidos o cremas, proveen al sistema público desde antihipertensivos, analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos hasta opioides para el alivio del dolor en pacientes oncológicos.
También gestionan las compras del Ministerio de Salud provincial. Desde 2008, sus productos llegan a otras provincias, una expansión con intermitencias más asociadas con la política que con la voluntad de mejorar el acceso a las medicinas. Dos de sus clientes son el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional del Cáncer para adquirir analgésicos para el alivio del dolor, entre un tercio y la mitad menos de lo que cotiza el sector privado en las licitaciones.
«La producción pública tiene que tener tres criterios de producción: la epidemiológica, para elaborar lo que más se consume en el sistema de salud; la sanitaria, para hacer lo que no hace nadie y garantizar el acceso, y el económico, porque el presupuesto es finito.
«No debe ser competencia de la privada», detalla Duilio Fragnani, director del Instituto Biológico de la provincia de Buenos Aires, que depende de la cartera sanitaria provincial. Lo que se elabora en sus tres plantas benefician a unos cuatro millones de bonaerenses sin cobertura, además de usuarios de otras provincias. Este año producirán más de 50 millones de unidades de distintos productos, incluida la vacuna BCG para pacientes con cáncer de vejiga, un millón de dosis de vacuna antirrábica animal y más de 100.000 dosis de uso humano, que esperan duplicar. Salta también producirá la vacuna antirrábica.
Fragnani anticipó: «Un producto que estamos desarrollando y cuesta $800 en el mercado tendrá un costo de $50, una diferencia enorme. En la metformina para la diabetes no es tan grande, pero en salud pública, $1 menos en 40 millones de dosis son $40.000.000 para cubrir los medicamentos de alto costo».
El cannabis también atrajo la atención de los profesionales del LIF, que complementa su cartera de productos con el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario, donde se proyecta desarrollar formulaciones pediátricas y para adultos mayores que faltan en el país de un centenar de medicamentos.
Otras iniciativas incluyen la producción local a mitad de precio de la solución Wisconsin para el transporte de órganos para trasplantes o la vacuna contra la fiebre amarilla en laboratorios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán, a través de un convenio de transferencia de la tecnología de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil.
La Anlap ya firmó tres convenios con los principales clientes del sistema sanitario local. Uno rige desde julio del año pasado para proveerle medicamentos esenciales (antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, entre otros) a la CUS Medicamentos y los programas nacionales para pacientes con VIH-sida y tuberculosis.
Otro, de septiembre pasado, es para suministrarles terapias a los cuatro hospitales del PAMI (César Milstein, de la ciudad de Buenos Aires; Bernardo Houssay, de Mar del Plata, y dos de Rosario). Y el más reciente es del mes pasado con el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que agrupa a las 24 obras sociales provinciales.
«Hay mucho interés en las provincias para trabajar con la producción pública y se consultan entre sí modalidades de convenio de suministro. Y ya hay laboratorios privados interesados en transferir tecnología para la producción pública de medicamentos», dice Adolfo Sánchez de León, que preside la Anlap desde hace dos años.
Si existe alguna competencia, sería con los laboratorios privados nacionales que producen genéricos de uso hospitalario. Pero la idea es concentrarse en los medicamentos huérfanos o discontinuados, que no son rentables para la industria. «En la producción pública no hay un precio, sino un costo mínimo y el precio es según los volúmenes, los fletes, entre otros costos considerados», explica Sánchez de León.
Varios aún serían los desafíos. «Primero -opina Fidelio- es seguir mejorando la calidad, las instalaciones, la eficacia terapéutica, además de innovar y desarrollar, pero sin el error de sobreforzar el sistema para satisfacer la demanda. Lo otro es mantener una relación armoniosa con el Estado: cuando hay crisis y devaluaciones, los presupuestos se achican».
Fragnani anticipó: «Un producto que estamos desarrollando y cuesta $800 en el mercado tendrá un costo de $50, una diferencia enorme. En la metformina para la diabetes no es tan grande, pero en salud pública, $1 menos en 40 millones de dosis son $40.000.000 para cubrir los medicamentos de alto costo».
El cannabis también atrajo la atención de los profesionales del LIF, que complementa su cartera de productos con el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario, donde se proyecta desarrollar formulaciones pediátricas y para adultos mayores que faltan en el país de un centenar de medicamentos.
Otras iniciativas incluyen la producción local a mitad de precio de la solución Wisconsin para el transporte de órganos para trasplantes o la vacuna contra la fiebre amarilla en laboratorios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán, a través de un convenio de transferencia de la tecnología de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil.
La Anlap ya firmó tres convenios con los principales clientes del sistema sanitario local. Uno rige desde julio del año pasado para proveerle medicamentos esenciales (antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, entre otros) a la CUS Medicamentos y los programas nacionales para pacientes con VIH-sida y tuberculosis.
Otro, de septiembre pasado, es para suministrarles terapias a los cuatro hospitales del PAMI (César Milstein, de la ciudad de Buenos Aires; Bernardo Houssay, de Mar del Plata, y dos de Rosario). Y el más reciente es del mes pasado con el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que agrupa a las 24 obras sociales provinciales.
«Hay mucho interés en las provincias para trabajar con la producción pública y se consultan entre sí modalidades de convenio de suministro. Y ya hay laboratorios privados interesados en transferir tecnología para la producción pública de medicamentos», dice Adolfo Sánchez de León, que preside la Anlap desde hace dos años.
Si existe alguna competencia, sería con los laboratorios privados nacionales que producen genéricos de uso hospitalario. Pero la idea es concentrarse en los medicamentos huérfanos o discontinuados, que no son rentables para la industria. «En la producción pública no hay un precio, sino un costo mínimo y el precio es según los volúmenes, los fletes, entre otros costos considerados», explica Sánchez de León.
Varios aún serían los desafíos. «Primero -opina Fidelio- es seguir mejorando la calidad, las instalaciones, la eficacia terapéutica, además de innovar y desarrollar, pero sin el error de sobreforzar el sistema para satisfacer la demanda. Lo otro es mantener una relación armoniosa con el Estado: cuando hay crisis y devaluaciones, los presupuestos se achican».