Frente a los proyectos que impulsan la acuicultura con especies exóticas en el mar argentino, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico alertó sobre los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que causaría la actividad.
Un grupo de 23 organizaciones argentinas e internacionales agrupadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia publicó un informe para advertir sobre los graves impactos que tendría el cultivo de salmones y truchas en la costa argentina. De eso tratan las inicitivas que están siendo consideradas por el gobierno nacional y por la provincia de Tierra del Fuego.
Las agrupaciones se nuclean alrededor de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), cuyo perfil histórico ha sido «business friendly»por décadas). Entre los científicos, preside el Foro el Dr. Claudio Campagna, investigador principal en el CENPAT de Madryn, el mayor de los institutos oceanográficos del CONICET y asesor científico en biodiversidad del Proyecto Pampa Azul. En un país donde los ecologistas con consignas terminan siendo un enemigo natural de los ecólogos con doctorados, muchos de los 23 organismos y personas firmantes acreditan títulos que les vale ser escuchados. No son el activismo pago, mediático y autorreferencial de la Gran Multinacional de Salvar al Planeta, que en esta movida no aparece.
Básicamente, el Foro cuestiona la propuesta de instalar y operar centros de cultivo de salmónidos por tratarse de especies introducidas que no pertenecen naturalmente a la Argentina. Pero, citando al Indio Solari, «El futuro llegó hace rato»: en el brazo del Canal del Beagle que separa Isla Redonda de Bahía Ensenada, en pleno Parque Nacional Lapataia, 30 km. al Oeste de Ushuaia, hubo jaulones flotantes de cultivo de truchas arcoiris desde los ’90. También hay algunos a 75 km. hacia el Este de esa capital, siempre sobre la orilla argentina del Beagle, en la pequeña bahía de Puerto Almanza, frente a la ciudad chilena de Puerto Williams sobre la isla Navarino.
Allí en Almanza la gobernadora fueguina Rossana Bertone y el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, con un fondo de $ 143 millones, quieren escalar la producción artesanal a tamaño industrial con un conjunto de granjas de cultivos marinos multiespecies, «multitróficas», en la jerga. Hasta ahora, en Almanza la actividad es mínima: desde 1991, unos 30 pescadores artesanales extraen centollas, centollones, mejillones, cholgas y otros moluscos. Con la iniciativa INNOVACUA de Bertone y Barañao, presentada por la Subsecretaría de Pesca a la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y en la que tiene interés (o intereses) hasta la lejana Noruega, todo esto pasaría a escala industrial e intensiva. Habrá granjas multitróficas de salmónidos, erizos de mar, además de todas las especies enumeradas que hoy en Almanza se extraen salvajes. Lo que se quiere impedir ya sucedió: la diferencia es de escala. Pero como sabe todo científico, hay algo cualitativo en lo cuantitativo. “En base a la abundante información científica y técnica disponible, el cultivo de especies introducidas en un ecosistema tan rico y frágil como el mar patagónico representaría un error histórico que lamentaremos para siempre. Las graves implicancias ambientales de la salmonicultura, sobre todo en ecosistemas donde estas especies no son nativas, están totalmente comprobadas y son irreversibles”, sostiene el Dr. Claudio Campagna.
Lo que Campagna pronostica para el Beagle ocurrió hace décadas al Norte en aguas interiores. Empezó en los los lagos de cabecera de los arroyos cordilleranos que confluyen en esos pocos ríos capaces de cruzar la meseta patagónica rumbo al Atlántico. La siembra deliberada de truchas arcoris, para pesca deportiva, y luego las granjas de cultivo de éstas y de salmones Chinook, especies de crecimiento muy rápido y con gran demanda gastronómica, terminó con la colonización de todas estas cuencas fluviales gracias a los «prófugos». Su voraz descendencia barrió con los peces nativos, como los puyenes.
Un pescador levanta un salmón Chinook obtenido en el Río Grande. (Fuente: Patagonian Green).
Los salmónidos traídos desde el Pacífico Norte ya se «acriollaron» hace décadas y no se irán más. Les falta sólo tener DNI. Pero en este caso puntual, nadie perdió plata. Más bien lo contrario. Hay estadounidenses que pagan hasta U$ 500/noche por «apertura de tranquera» en estancias colindantes con algún arroyo o río patagónicos, deseosos de enganchar una arcoiris de 10 o 12 kg o un Chinook aún mayor. Son frecuentes en el Río Grande.
Las especies invasivas traídas a la Argentina ganan por knock-out a las nativas, al punto de que casi todos nuestros compatriotas hoy las creen originarias. ¿Hay daño económico en ello? A veces, y puede ser grande. Los castores importados desde Canadá a Tierra del Fuego para generar una industria peletera en los años ’30 hoy son plaga: no tienen predadores ni parásitos locales, de modo que vienen devastando alegremente el bosque primario de lenga y ñire en todo el corazón de la isla. ¿Y eso a quién afecta? A bastante gente industrial.
a plata turística y maderera que generan esas forestas es importante en Tierra del Fuego. Peor aún, en un clima menos extremo, la piel del castor fueguino es mucho menos tupida que la de sus antecesores canadienses: en términos peleteros, no sirve para nada. Tampoco han servido los esfuerzos para exterminarlos.
Escapando de las recurrentes guerras entre franceses y alemanes, el industrial cervecero alsaciano Emilio Bieckert se instaló, durante la presidencia de Sarmiento, en Buenos Aires. Pero no se limitó a traerse el equipo técnico con que produjo tanta buena cerveza en los campos de Llavallol, sino también jaulas con gorriones para no extrañar tanto su pueblo de origen, Barr. Los hiperprolíficos gorriones desalojaron a los chingolos, mistoles y jilgueros autóctonos. En 1931 ya eran plaga tanto para la agricultura extensiva como para las quintas frutícolas. Se los empezó a exterminar. Pero con hasta 4 nidadas/año por pareja reproductiva, los gorriones ni se enteraron y aquí siguen. Los porteños los aprecian de un modo distraído. Los quinteros del Alto Valle del Río Negro, no.
Lo que el Foro quiere es impedir que sucedan más de estas cosas en el Canal del Beagle, pero el problema no está en la fauna sino en los métodos de cría o cultivo. Las salmoneras ya instaladas en Chile codician aguas más prístinas, con mayor flujo de corriente que disperse hacia el Atlántico la contaminación química y de materia orgánica que generan del lado oriental de los Andes, donde se acumula en aguas más cerradas.
La geografía costera chilena, con su laberinto de canales, fiordos, puertos profundos y caletas, se llenó de tal modo de jaulones de cultivo desde mediados de los ’70 que sus aguas, mucho menos circulantes que las del Beagle, perdieron su pureza inmemorial. Su biodiversidad y productividad caen por el aporte masivo de los antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas que permiten (precariamente) que salmónidos naturalmente muy migratorios sobrevivan atestados en jaulones como presos en un camión celular. En Chile se documenta hasta el cansancio la acumulación de residuos sólidos y líquidos ricos en plaguicidas en el fondo marino, y su impacto negativo sobre los mamíferos marinos y aves nativos.
El albatros de ceja es una de las especies que podrían verse afectadas.
“Las mismas empresas que pretenden instalarse en Argentina llevan treinta años operando en Chile, donde han causado un daño de enorme magnitud en un ecosistema que no sólo es único, sino que tiene un potencial extraordinario para el turismo de naturaleza. La experiencia chilena debería servir para no replicar el mismo camino en la Argentina”, argumenta Alex Muñoz, director del programa Pristine Seas de National Geographic y coautor del documento.
No hay por qué copiar los modelos de desarrollo de National Geographic, cuyo eje no es lo económico o lo social, pero tampoco el chileno. El nuestro no está tan mal. Los mamíferos y aves marinas en el Beagle argentino son parte del paisaje salvaje que vienen a comprar (por un rato) los turistas europeos y asiáticos en su recalada por la isla. Después del gas y los armaderos electrónicos (que desde 2016 arrojan personal en caída libre por la libre importación), el turismo receptivo es el negocio más expansivo, el que emplea más gente en la isla, de modo más estable y pagando mejores sueldos.
La corriente de aproximadamente 3 nudos que fluye por el Beagle desde el Pacífico al Atlántico, ¿será suficiente para dispersar los excesos de materia orgánica y pesticidas en las granjas multitróficas que se vienen a Almanza? Habrá otroas también en los espejos de agua de Punta Paraná y Punta Remolino. ¿O los residuos se acumularán en los «hotspots» de cultivo intensivo y aguas arremansadas, para mal de lobos marinos, pingüinos, albatros, cormoranes, ostreros, palomas antárticas y petreles, todos actores de lucimiento en «el show turístico del Fin del Mundo»? Estamos por descubrirlo, parece.
Los feedlots bovinos en la Argentina reciben críticas por consumir hasta 65 gramos de antibióticos por tonelada de carne. Algunas salmoneras chilenas que buscan desembarcar en la costa norte del Beagle traen antecedentes más debatibles en la materia, según la Dra. Lisbeth van der Meer, de Oceana, ONG participante del Foro. Australis Mar, Trusal SA, Salmones Aysén, Salmones Multiexport SA, gastan entre 950 y 600 gramos por tonelada de trucha o de salmón, cifras que se pudieron saber en Chile por requisitoria judicial. Si los cultivadores en fiordos chilenos (¡y noruegos!) se vienen hacia nuestras aguas, menos abrigadas y más veloces, ¿es por la mayor demanda de producto, o porque saturaron sus fiordos? ¿O por ambas cosas?
¿Y qué aportan? Puestos a elegir los fueguinos entre industrias que tendrán que convivir a palos, las preguntas son varias. Los antibióticos usados en salmonicultura son idénticos o emparentados con los que usamos los humanos. Su consumo a bajas dosis genera cepas bacterianas multirresistentes: el día que uno, que no es petrel de ceja ni pato vapor sino apenas un humano, se agarra una infecciosa bacteriana con esas cepas, a la industria farmacológica le queda poco «plan B» en su arsenal para curarla.
Pero la pregunta del millón (de los millones) en una isla que agrupa a migrantes del resto de la Argentina en búsqueda de trabajo, hoy jaqueados por una desocupación como no se veía desde los ’90, es un «¿qué aportan?» de contadores, más que de biólogos. Las ganancias del turismo en el Beagle, amén de los sueldos e impuestos generados en hotelería, gastronomía, transportes y «tours», quedan en la Argentina (por ahora). ¿Se podrá decir lo mismo de las multinacionales salmoneras? ¿Incluso de las noruegas?
En AgendAR no tenemos las respuestas. Sí las tienen los doctores Lino Barañao y Claudio Campagna. Y son totalmente diferentes. Una prudencia razonable sugiere elegir la opción que NO tiene consecuencias irreversibles.Turismo en la provincia más austral de Argentina ¿podría ser afectado por esta industria pesquera?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países ricos al que el gobierno quiere que Argentina ingrese, afirma en un informe que a partir de la década del 90 la movilidad social se estancó en nuestro país. Que menos gente en la parte inferior de la pirámide social ha podido ascender mientras los más ricos han mantenido sus fortunas. Lo grave es que tiene razón.
«Esto tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas», concluye el nuevo informe de la OCDE.
Un estudio del organismo, titulado «¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social«, afirma que, considerando los actuales niveles de desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, el niño de una familia pobre necesitaría en el promedio de los países de la OCDE por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos.
En el caso de la Argentina, dicho período para salir de la franja social pobre se extiende a seis generaciones, al igual que en Chile. En el caso de Brasil ese lapso se estira a nueve generaciones, y para Colombia abarca a once.
En los países nórdicos demanda de dos a tres generaciones.
El informe grafica este estancamiento en materia social: Uno de cada tres niños con un padre que percibe bajos ingresos también tendrá bajos ingresos, mientras que para la mayoría de las otras dos terceras partes, la movilidad ascendente se limita al grupo de ingresos próximo.
SALIDAS POSIBLES
Por eso, la entidad insta a que los países establezcan políticas que brinden a todos la oportunidad de ascender, a través de un aumento de las inversiones en educación (sobre todo a temprana edad), a la salud y a la familia que «crearían condiciones más justas para los niños desfavorecidos y moderaría el impacto de las privaciones financieras en el futuro».
Entre las políticas públicas, mencionó aquellas que permiten «acceder a viviendas asequibles de buena calidad y transporte, así como una mejor planificación urbana también contribuirían a reducir las divisiones regionales y las concentraciones de hogares desfavorecidos en las ciudades».
En cuestiones fiscales, recomienda reducir la evasión de impuestos sobre herencias y donaciones, y diseñar sistemas tributarios progresivos con tasas adecuadas y exenciones reducidas mejorarían la movilidad social.
También recomendó «fortalecer las medidas de protección social y los programas de capacitación, así como vincular los derechos de protección social con los individuos, no con los empleos, ayudaría a las personas (sobre todo a quienes ganan poco) a sobrellevar la pérdida de su trabajo».
Mapa con los estados miembros de la OCDE en 2018
Frente al reciente «viernes negro», cuando se disparó el dólar y el riesgo país, y al próximo «supermartes», el gabinete económico y el Banco Central se encuentran abocados a delinear algunas medidas con el objetivo de proteger las reservas y enviar señales que calmen a los mercados.
El primer punto es clave para lograr el segundo. Ya que el nivel de reservas del Central, que cerró el viernes por debajo de los US$ 57 mil millones, empieza a preocupar por la pérdida de dólares que se ha registrado en muy poco tiempo.
Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta ahora, no llega aún a dos meses, se perdieron cerca de US$ 6 mil millones.
Se estaría tratando de cerrar muy pronto un acuerdo que permita alargar los plazos y a estirar los vencimientos de las LEBACs e instrumentar otro mecanismo de regulación de liquidez que no lleve a ese tipo de concentración de pagos, que finalmente termina haciendo presión sobre el tipo de cambio.
También se dialoga con un grupo de bancos sobre un posible acuerdo llamado “repo”, por el cual podría conseguirse un préstamo de hasta US$ 50 mil millones para engrosar las reservas, mientras en paralelo también se retoman diálogos con el Banco de Basilea para tener abiertas líneas de fondeo.
Además, la gestión anterior del Central había reactivado contactos para duplicar el swap de monedas con China, conversaciones que no se han frenado.
Las decisiones se analizarán con los técnicos del FMI –que hoy inician su visita. Pero desde las autoridades locales se piensa en endurecer algunos aspectos de la política monetaria, restringiendo los encajes y haciendo cambios en el esquema de subasta de dólares.
También se considera -con algo de vacilación- establecer restricciones a la libertad que han gozado los exportadores, especialmente en el sector cerealero, para ingresar los dólares al país producto de sus ventas al exterior.
Finalmente, un punto tal vez más delicado: lograr que el Fondo acepte flexibilizar el convenio que establece límites rígidos a cualquier intervención en el mercado cambiario, más allá de las ya autorizadas. Uno de los dogmas centrales del FMI es un tipo de cambio libre. Sin embargo, en el Central dicen que en el acuerdo está previsto que “si hay disrupción” pueden intervenir.
Nuestra posición en AgendAR, que hemos sostenido a lo largo de estos meses y que ampliaremos en una nueva nota de Opinión, es que intentar solucionar los problemas de la economía argentina exclusivamente a través de mecanismos financieros es imposible. Y si éstos sólo contemplan más endeudamiento en divisas, llevan al desastre.
El CEO de Bioceres, Federico Trucco, planteó la necesidad de que en la Argentina se apruebe el uso del trigo transgénico resistente a sequía. Lo hizo en Córdoba, en el marco del Congreso de AAPRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.
Según afirmó Trucco, el trigo resistente a sequía mejora el rinde de 9 a 19%, según las regiones, y podría aportar al país 3 millones de toneladas más del cereal. en una cosecha habitual para el país. Además de la tolerancia a sequía tiene resistencia a glufosinato de amonio.
También señaló que en Bioceres están dispuestos a que el Gobierno haga un listado donde la empresa tendría que hacer inversiones para que se avance en la autorización.
El trigo resistente a sequía ya tuvo el visto bueno del Senasa y la Conabia, pero no de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.
Vale recordar que la firma ya tiene aprobada la soja tolerante a sequía, pero el país espera el visto bueno de China. Si China la aprueba, el año que viene multiplicaría entre 10.000 y 20.000 hectáreas.
La intervención del habitualmente prudente CEO de Bioceres refleja la impaciencia que los productores rurales y los sectores vinculados han ido acumulando frente a la demora, medida en años, que imponen los organismos encargados de la autorización de nuevos procedimientos, cuando han sido desarrollados por empresas nacionales. Esto ocurre, señalan, con todos los gobiernos.
La disposición de un monto no imponible para el cálculo de las contribuciones a la seguridad social;
La unificación de la alícuota a cargo de las empresas por esos conceptos,
La eliminación progresiva de la posibilidad de contabilizar parte de esos pagos a cuenta del IVA.
Estas son las tres medidas incluidas en la última ley de reforma tributaria que están vinculadas con los costos de una contratación laboral. Combinadas, esas disposiciones tienen diferentes efectos según el lugar del país en que se apliquen. Y según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el peso de las contribuciones patronales terminará, de hecho, siendo en algunos casos más elevado que el actual en lugares como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Catamarca.
Así, por ejemplo, en el caso de un sueldo bruto de $ 36.000 los cambios derivarán, en la ciudad de Buenos Aires, en una caída del costo laboral que será de 0,7 puntos porcentuales este año, de 1,4 puntos en 2019 y que llegará a 4 puntos en 2022 (las medidas se aplican en forma progresiva en cinco años). En cambio, en la ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo, el efecto combinado de todo lo dispuesto será un alza del costo de 1,3 puntos porcentuales en 2019 y de 6,8 puntos en 2022 (la comparación es con 2017).
Para salarios más elevados, el alza del costo se prevé mayor aún.
Los otros aspectos de la reforma tributaria vinculados a las contribuciones tienen consecuencias dispares según la actividad y la zona. Una modificación consiste en el camino de unificación de la alícuota pagada para financiar las prestaciones de la seguridad social. Hoy aportan 21% de las remuneraciones las empresas de servicios y 17% las del resto de las actividades. La ley dispuso que esa imposición baje o suba (según el caso) en forma gradual, hasta unificarse en 19,5% en 2022 (este año las tasas son de 20,7% y 17,5%, respectivamente)
«La reducción de contribuciones se siente con un poco más de fuerza en empresas de servicios no pymes, que pasarán gradualmente desde el 21% al 19,5% en 2022 -señala el contador Sebastián Mancuso, del Grupo GNP-. Puede resultar lógico, dado que estas empresas son, en general, mano de obra intensivas».
Pero la medida que mayormente impacta en forma diferencial es la reducción gradual, hasta su eliminación, de la posibilidad que existe en diferentes zonas del país de tomar parte de las contribuciones como pago a cuenta del IVA.
Hasta 2017 «un salario de $18.000 en Catamarca que tenía una alícuota de 17%, abonaba $3060 pero podía tomar a cuenta del IVA $1368, porque eso le permitía el decreto 814», ejemplifican los economistas Nadin Argañaraz y Daniela Cristina, del IARAF. Entonces, la alícuota efectiva de la contribución era del 9,4%. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires si la alícuota correspondiente era del 17%, en ese nivel se quedaba la tasa efectiva, porque en la jurisdicción no existe la posibilidad de tomar parte de las contribuciones como un crédito fiscal.
La eliminación de los pagos a cuenta comenzará a aplicarse gradualmente a partir de 2019.
«El sector público ya no podrá actuar de forma contracíclica cuando el sector privado tenga dificultades», señala en esa misma línea Argañaraz. El trabajo del IARAF especifica que, solo para mantener estable la proporción de ocupados respecto de la población total entre este año y 2022, entre 65% y 91% de los puestos laborales (con variaciones según la provincia) debería ser creado por empresas privadas.
El problema, plantea el informe, tendría mayor fuerza en las provincias en las que más impacta la reducción y eliminación de los pagos a cuenta.
Mientras que en la ciudad de Buenos Aires esta medida no implica ninguna baja de la carga laboral (porque hoy no pueden tomar nada de las contribuciones patronales como crédito fiscal), en provincias como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, la reducción en el costo de las cargas que implica la norma todavía vigente es de entre 7,6% y 10,75%, según consigna el informe.
Para evitar despidos ante la fuerte caída del mercado interno, la automotriz estadounidense General Motors y la conducción de SMATA Rosario acordaron un esquema de suspensiones en la planta de General Alvear, que afecta a 1.500 operarios.
En tanto, en la planta de motos Guerrero, ubicada en la localidad de San Lorenzo, se redujeron las horas de trabajo, y los empleados cobrarán, por las horas no trabajadas, el 75 % del monto correspondiente.
Hace una semana los carroceros del Gran Rosario, que conforman el principal polo de producción del país, se reunieron en la sede local de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) para denunciar que trabajaban al 20 % de su capacidad y que hay 3 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, en peligro. Tras reunirse con el ministro de Trabajo provincial y con la titular de la cartera de Producción, la semana próxima llevarán su planteo a la cartera productiva nacional.
El Informe Global 2018 sobre Excelentes Empleos, de Gallup, destacó que lo más deseado por los trabajadores es un empleo estable, en relación de dependencia. Es el que se sigue considerando como «excelente» y es el que más escasea.
En la clasificación de Gallup se lo denomina «trabajo a tiempo completo para un empleador».
En el mundo 3 mil millones de personas siguen buscando un «empleo excelente» pero solo 214 millones lo tiene.
¿Qué se considera un buen empleo? Es el que «todo el mundo quiere», asegura Jon Clifton, Global Managing Partner en Gallup. Un mínimo de 30 horas por semana y un salario pagado por un empleador.
Los datos de Gallup para la Argentina hablan de un 71% de personas sin un empleo a tiempo completo; un 22% con buenos pero no excelentes empleos y solo un 7% con excelentes empleos que elevan el compromiso y la productividad.
El informe sigue diciendo que las personas comprometidas son las que tienen un excelente empleo, con el equipamiento que necesitan y un fuerte sentido de misión y propósito derivado de ese trabajo. ¿Dónde están los estos empleos? Muchos de ellos, en las pymes.
Ellas ofrecen la mayoría de los mejores empleos disponibles aún en los países económicamente desarrollados. Los menos desarrollados tienen pocos grandes empleadores y pocas pymes. «Debido a la falta de buenos empleos en los países menos desarrollados, muchos residentes recurren a actividades de subsistencia», dice el informe.
En América latina en su conjunto el promedio de buenos empleos asciende al 26% y el de «excelentes» es igual al de Argentina en particular, el 7% .
«Además de buenos empleos, el ideal es crear excelentes empleos, que permitan a los individuos aprovechar al máximo su tiempo y su talento. Esto fomenta el compromiso, que lleva en promedio a un 17% más de productividad», concluye el informe.
Según escribe Vicente Donato, de la Fundación Observatorio Pyme, «nuestras pymes son débiles y desde hace años casi no generan nuevos puestos de trabajo, cuando en todo el mundo este segmento es el creador de empleo por excelencia.
«Las comparaciones internacionales muestran que la participación de las pymes argentinas en el empleo total está todavía al menos 10 puntos por debajo de los estándares de los países de alto nivel de ingresos, según la clasificación del Banco Mundial. Sin embargo, seguimos retrocediendo. Mientras en Estados Unidos entre 2007 y 2016 las empresas formales de menos de 50 empleados crearon el 53% de los puestos de trabajo, en la Argentina durante el mismo período las empresas formales de la misma dimensión crearon solo el 22%».
Un graduado de Ingeniería en Informática de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) desarrolló un sistema de realidad aumentada para personas no videntes llamado Visión Eco Reflectiva Sobre Objetos (VERSO). Es un dispositivo de ecolocación, el modo de discernir el entorno de murciélagos y delfines a partir de ecos, rebotes de sonido. Está compuesto por un casco de alrededor de 2 kg. y un par de auriculares que capturan los ecos el entorno y lo transforman en chasquidos. Con el debido entrenamiento, estos permiten determinar la distancia entre el oyente y los objetos, y el ángulo de los mismos respecto de los ejes de la cabeza. De ese modo, el usuario obtiene una suerte de imagen sónica tridimensional de sus alrededores.
La expresión «Realidad Aumentada» es particularmente correcta, porque los humanos tenemos naturalmente cierta capacidad de ecolocación, no entrenada y no usada por los videntes debido a que dependemos básicamente de nuestros ojos para navegar el entorno. Pero se ha comprobado que muchos ciegos ecolocalizan, a veces pasivamente (escuchando el rebote de los sonidos ambientales en los objetos), y otras activamente, generando chasquidos con la boca o los dedos.
El ingeniero y creador Javier Lucio manifestó que “el proyecto se dio a luz en 2017, con la inauguración del Polo Tecnológico de la UNLaM, luego de tres años de trabajo y pruebas”. El dispositivo es un prototipo cuyo futuro inmediato es volverse diez prototipos, pero diminutos y desagregados. La electrónica estaría en una riñonera, y los auriculares de emisión y captación de ecos, en unos anteojos de no más de 100 gramos.
VERSO, explica el joven de Ituzaingó “trata de mejorar la calidad de vida a la mayor cantidad de personas”, habida cuenta de que “construye, en el cerebro, un entorno tridimensional que le permite ampliar el campo de desarrollo y movimiento, y, por ende, no queda supeditado al paso del bastón”. La definición volumétrica del entorno que da VERSO en su modelo actual es notable: en una escalera, el usuario logra discernir los escalones.
Asimismo, Lucio destacó que la UNLaM lo ayudó a exhibir su invento, que fue ganador de la Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico otorgado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Además, agradeció el acompañamiento del cuerpo docente durante la carrera y en cada iniciativa de los alumnos.
“La persona no vidente necesita de 18 horas de entrenamiento para tener una noción del sistema de audio”, explicó el creador. VERSO, dice: “no sustituye al bastón, pero ayuda bastante”.
Mientras el tsunami del cuaderno parece aún no encontrar su punto más alto, el Gobierno busca moderar sus efectos sobre una economía que ya tiene serios problemas, y que depende en gran medida de la obra pública para sostener un piso de actividad.
Por eso el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, encabezó una reunió con los principales bancos para darles la «tranquilidad» que los proyectos de obra pública continuarán sin alteraciones.
Acompañado por el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, y al secretario de Participación Público Privada, José Luis Morea, el titular de Transporte se dirigió a un auditorio integrado por los representantes de los bancos HSBS, ICBC, BICE, Citi, UBS, Banco Mayorista, Santander, Itaú, Supervielle, Banco Francés y Banco Galicia.
Según fuentes que participaron de la reunión, Dietrich enfatizó que desde 2015 «cambió la forma de hacer obra pública en la Argentina; cambiaron las reglas de juego y los procesos licitatorios». En ese sentido, recordó que antes los pliegos de las licitaciones se compraban y hoy son gratuitos de acceso libre y anónimo, por lo que nadie sabe quién se presenta. En ese sentido, desde el Ministerio de Transporte dicen que «con la transparencia hemos logrado multiplicar la concurrencia a la obra, y la mayor competencia ha generado mejores precios y menos gasto para el estado. Hacer una autopista en 2015 valía el doble de lo que vale ahora».
Y se hizo hincapié en la necesidad de que los bancos se comprometan con la continuidad del financiamiento de los PPP porque «una empresa no es solamente quien la dirige sino también son sus operarios, sus ingenieros; tenemos una responsabilidad con la gente que trabaja en las obras».
Fuentes ministeriales explicaron además que se han acelerado los pagos de la obra pública, lo que significó en julio una inyección de caja al sector de la construcción. Además, para sostener y monitorear la obra pública, continúa la mesa de trabajo intersectorial que «tenemos cada dos o tres meses con la UOCRA y la CAC dónde se evalúa el avance de las obras y el empleo», remarcaron.
Por otro lado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Mario Quintana, se reunieron con la cúpula de la CGT: Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, con el mismo objetivo.
Según el Ministerio de Transporte para fin de año habrá obras de autopistas finalizadas y en ejecución por unos 2800 kms, lo que representa la misma cantidad que las que se hicieron en los últimos 65 años.
La maquinaria agrícola es el termómetro más fiel para medir la temperatura de negocios en el agro. Los datos que arrojó el segundo trimestre son una muestra cabal del impacto que dejó la peor sequía en 50 años. Y no sólo la sequía.
Según el informe de ventas que trimestralmente elabora el INDEC, entre abril y junio las unidades vendidas se derrumbaron hasta 52 % en relación al mismo período del año pasado, como fue el caso de las cosechadoras.
Se comercializaron 27,9% menos tractores,
23,6% menos implementos (pulverizadoras, tolvas, etc)
20,5% menos sembradoras.
El desplome del segundo trimestre hizo que la maquinaria agrícola cerrara la primera mitad de año con una facturación de 13.603,4 millones de pesos, apenas 3% superior a la del primer semestre de 2017; es decir, que el sector perdió por goleada contra la inflación.
Como no todo depende del clima, AgendAR reitera que mucho daño se habría evitado si el Ministerio de Agroindustria no se hubiera permitido tiempos geológicos para dar la autorización de uso de las semillas HB4 resistentes a sequía en soja y trigo. ¿Cuánto se perdió que no debería haberse perdido?
Bioceres hizo el cálculo: “En los últimos cinco años, la producción promedio de Argentina en soja es de 55 millones de toneladas. En la última campaña se perdieron 16 millones por la sequía, de las cuales con el evento se podría haber recuperado 4,5 millones de toneladas (un 26%)”.
“En trigo, con el evento se podría haber recuperado más de 2 millones de toneladas”, dijo Ignacio Crippa, de Indear, la empresa de I&D de Bioceres. Añadió que en términos económicos el impacto del gen podría haber llegado a los casi 2000 millones de dólares entre ambos cultivos.
Y además, se perdieron ventas de máquinas agrícolas, y hubo empresas cerradas y alguna que otra nacional y con más de 70 años comprada por capitales externos.
La autorización para uso del trigo HB4 sigue pendiente.
Mapa con los estados miembros de la OCDE en 2018 
