San Martín «El general y la fiebre»
José de San Martín, un gran hombre y un gran militar. Hubo otros de quienes puede decirse lo mismo, en esos años en que el Imperio Español se desmoronaba y surgían nuevas naciones en medio de revoluciones y guerras civiles. Pero a él se le puede agregar algo todavía más raro: que no lo mareó ni la gloria ni el poder y que, como prometió, «nunca desenvainó su espada para derramar sangre de hermanos».
Nos dejó un ejemplo con el que nos resulta difícil medirnos. Tal vez por eso se lo ha recubierto de bronce, y nuestro artistas reflejaron más a la estatua que al hombre. Los invitamos a ver una película que trató de mostrarlo. Si tienen el tiempo, cliqueen aquí.
Huawei: «La tecnología 5G impulsará el crecimiento económico post-pandemia
La empresa china Huawei organizó Better World Summit, uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, con miles de asistentes de más de 80 países en formato online. Se debatió sobre el potencial del 5G y el rol de la economía digital en el futuro post pandemia.
En el último tiempo, la empresa china se ha convertido en una de las compañías tecnológicas más innovadoras y desarrolladas del mercado IT. Y también -seguramente a su pesar- en uno de los actores más visibles en la «Guerra Virtual» que se libra entre EE.UU. y China.
El hecho es que la compañía que hoy emplea a casi 200 mil personas en todo el mundo, ha logrado pasar exitosamente del mercado de conmutadores telefónicos a ser un referente en tecnologías disruptivas, como cloud computing, inteligencia artificial y redes 5G.
Durante el primer día de esa Cumbre el Presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, explicó cómo la sinergia entre los principales dominios tecnológicos ayudará a liberar todo el potencial de la 5G para impulsar un éxito comercial. Los participantes fueron convocados bajo el lema «explorar cómo las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden impulsar el nuevo crecimiento económico, tanto hoy como en un mundo post-pandemia.»
“Como empresa de TIC, es nuestra responsabilidad utilizar la tecnología que tenemos disponible para ayudar a contener y derrotar esta pandemia. Junto con nuestros clientes y socios comerciales, incluidos operadores y empresas de todo tipo, podemos utilizar soluciones tecnológicas para lograr un impacto positivo en nuestras comunidades“, expresó Guo.
Cuando se unen las tecnologías como 5G, informática, servicios en la nube, e inteligencia artificial, se refuerzan entre sí y crean numerosas oportunidades en los cinco dominios tecnológicos principales: conectividad, inteligencia artificial, servicios en la nube, informática, y aplicaciones industriales.
Guo enfatizó que “dado el entorno económico actual, los operadores deben centrarse en objetivos a corto y largo plazo. La manera en la que pueden maximizar el valor de sus redes es a través de un despliegue más preciso”.
Fibra óptica: inversión de $ 3.000 millones para seguir extendiendo la red en todo el país
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informa que aprobó una inversión de $ 3.000 millones para el desarrollo y extensión de capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).
Los recursos provendrán del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, con miras a “aumentar y garantizar la conectividad en todo el país”, indicó en un comunicado. La red federal conecta hoy a unas 1.300 localidades de todo el país a través de más de 33.000 kilómetros de fibra desplegada en todo el territorio nacional. Su objetivo central es “acortar la brecha digital entre los grandes centros urbanos y los pequeños pueblos, para así generar igualdad de condiciones en cuanto al acceso a Internet en toda la Argentina”. El comunicado del Enacom cita la reciente presentación del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, ante la Cámara de Diputados, en la que recordó que, en los últimos cuatro años, se agregaron menos de 4.000 kilómetros a la red existente en 2015. Cafiero confirmó en la oportunidad la decisión de “seguir aumentando el tendido de fibra óptica”. “Las posibilidades que tenemos de generar igualdad a partir de la conectividad dependen, en este caso, de una inversión por parte del Estado, ya que el mercado nunca va a llegar a las zonas donde no hay rentabilidad”, señaló ante los diputados. El Enacom puso de relieve que esa política pública “también tiene el fin, en el mediano y largo plazo, de generar empleo sostenible y virtuoso en todo el país”, dado que las empresas de telecomunicaciones y las cooperativas, en particular, son “un sector central de la economía nacional para su crecimiento sustentable y duradero”.De qué se trata el plan quinquenal del Consejo Agroindustrial Argentino
AgendAR ha seguido con mucho interés este tema desde su anuncio hace un mes La agroindustria presenta un plan. El 17 de julio se conformó el Consejo Agroindustrial Argentino, 42 cámaras, asociaciones y entidades del sector que presentaban un plan que se propone aumentar las exportaciones hasta los US$ 100.000 millones y crear 700.000 puestos de trabajo.
Más allá de las posibles exageraciones, estaban, y están, detrás de este proyecto las entidades más poderosas de la actividad agropecuaria -con la sola excepción de la Sociedad Rural- y las empresas protagonistas de la mayoría de las exportaciones argentinas.
Ya en ese momento, se habían reunido con el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Trabajo, Claudio Moroni, y el canciller Felipe Solá. También hubo encuentros con los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el referente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, Adolfo Rodríguez Saá.
Después vinieron las entrevistas con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y luego con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y hace pocos días nos enteramos de la reunión con el presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.
No se ha publicado tanto sobre el plan en sí. Y creemos que es importante que se conozca. Por eso publicamos este resumen del borrador que impulsa el CAA de un proyecto de ley en cuya redacción -se dice- habría participado Gabriel Delgado, el técnico que Alberto Fernández había propuesto para la frustrada intervención en Vicentin.
Eso sí, corresponde aclarar que el compromiso presidencial en la reunión con el CAA fue «poner el gabinete a disposición para un trabajo de coordinación para pulir un proyecto que llegue al Congreso». El debate será intenso.
¿Qué dice el borrador propuesto?
El artículo 1° crearía “el PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ALIMENTARIAS” y define sus principales cometidos: “Promover el incremento de la inversión y de la producción con destino exportación de los distintos actores que forman parte de la cadena agroindustrial y forestal, a fin de mejorar la competitividad sectorial mediante el aumento en las inversiones y el consecuente incremento en los volúmenes de producción exportados”.
En ese artículo también se definen los beneficiarios de las medidas que puedan tomarse y “atendiendo a las restricciones presupuestarias del Estado Nacional”. Solo serán estimuladas: a) las nuevas inversiones; b) las ampliaciones comprobables en la capacidad productiva de las inversiones existentes; c) la modernización de la maquinaria agrícola y los equipos de procesamiento agroindustrial d) los incrementos demostrables en los volúmenes exportados en el caso de los productos de menor valor agregado; e) los cambios en la calidad, atributos o presentación, de alimentos diferenciados con destino exportación; y f) la adopción y escalado de desarrollos tecnológicos alcanzados por el complejo científico-tecnológico público nacional en el área de alimentos y bebidas y en biotecnología; g) las inversiones en bienes y procesos en gestión ambiental que reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero en producciones animales y vegetales.
El Artículo 2º define que para lograr los objetivos planteados y otros objetivos secundarios “la Autoridad de Aplicación podrá formular planes específicos.
El Artículo 3º define con mayor precisión los campos de interés donde deberían volcarse las nuevas inversiones: Inversiones en procesamiento de productos vegetales y animales; Riego; de Contratistas en maquinaria nacional e informática; para la generación de energía en finca; conectividad rural; sistemas de seguridad; robótica, automatización y sensorización; agricultura de precisión; en consorcios que mejoren la logística, la conectividad o la administración del agua; en logística de exportación de productos procesados de origen vegetal y animal; en la adopción de desarrollos tecnológicos alcanzados por el complejo científico tecnológico público nacional.
También define que el plan “promoverá la compra de semillas fiscalizadas y de nueva genética; de bioinsumos; de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y la compra de Seguros índices o de productos derivados climáticos”.
El Artículo 4° define los beneficiarios: personas humanas y jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar aquí, que además podrán ser fideicomisos, fondos comunes de inversión, universidades nacionales, organismos provinciales y hasta sociedades del Estado, como YPF Agro a modo de ejemplo.
El Artículo 5° dispone la duración del plan hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Artículo 6º crea un Registro Nacional “en el que deberán inscribirse quienes deseen acceder a los regímenes creados por la presente Ley y las disposiciones contenidas en su reglamentación”.
El Artículo 7º define que podrán inscribirse en ese Registro “quienes realicen actividades agrícolas, agroindustriales, de producciones orgánicas y agroecológicas, pecuarias, acuícolas, pesqueras, forestales, hidrobiológicas, las empresas prestadoras de servicios para el agro y cualquiera otra comprendida en los objetivos del presente régimen”.
El Artículo 8º aclara que quienes se inscriban deberán presentar “Proyectos de Inversión y Desarrollo compatibles con los objetivos enunciados”, los que serán evaluados por un Comité de Selección.
Luego viene el capítulo de los posibles beneficios para los nuevos inversores.
El artículo 9º define que los mismos “gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta quince (15) años, contados a partir de la fecha de la aprobación del proyecto de inversión o expansión de exportaciones respectivo”.
“La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios o los sujetos comprendidos en el presente Plan no podrán ver incrementada su carga tributaria nacional total determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional mencionado”, aclara el texto preliminar. Esa estabilidad sería aplicable al IVA y al impuesto a los Cheques “a los fines de las actividades incluidas en el presente Plan”. Pero “la estabilidad fiscal alcanza al resto de los tributos nacionales” y a “la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida de su adhesión a la presente Ley”.
El Artículo 10° dispone además una “desgravación para Impuesto a las Ganancias” si las inversiones apuntan a alguno de estos servicios o insumos: fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos biológicos, semillas autógamas fiscalizadas y contratación de seguros índice. El beneficio sería que se podrán descontar en el resultado fiscal a los fines del Impuesto a la Ganancias un porcentaje especial y adicional del 50% de las facturas correspondientes”.
El Artículo 11° establece además un Régimen Especial de amortización acelerada, a los fines del Impuesto a las Ganancias, aplicable a los bienes de capital adquiridos por los inversores, siempre que tengan que ver con los objetivos. El siguiente artículo define cómo se podrán acoger los beneficiarios a este régimen.
El Artículo 13º, en tanto, determina un marco especial para apelar al diferimiento en el caso de venta de hacienda bovina (carne o leche), ovina, porcina, caprina, equina, de camélidos, bubalina. En estos casos habrá que adherir a un Plan Ganadero provincial vigente.
El artículo 16° se mete en el asunto más ríspido de la agenda agropecuaria, las retenciones. Si las exportaciones crecen, los productos agropecuarios exportados por encima de los volúmenes anteriores, no las pagarían.
“Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2026 un Derecho de Exportación del cero por ciento (0%) a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la presente Ley y siempre que se trate de exportadores que incrementen el volumen de las mercaderías exportadas con respecto al promedio del último trienio calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo, en los términos y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación”, define ese artículo, que seguramente será muy discutido. .
Además en el Artículo 17º se determina que el gobierno “deberá establecer, para que rijan hasta el 31 de diciembre de 2026, reintegros impositivos para todas las mercaderías de exportación para consumo, comprendidas en el Anexo de posiciones arancelarias del nomenclador MERCOSUR”. Dicha devolución de impuestos debería calcularse “en base a la metodología de cálculo correspondiente y teniendo en cuenta el grado de procesamiento, en un plazo no mayor a los 60 días”.
El Artículo 18° insta al Ejecutivo a “un programa de trabajo para reducir y eficientizar los costos fobbing” para estas actividades.
El Artículo 19° define además que “las empresas beneficiarias gozarán, para cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados y afectados a los proyectos objeto de la presente Ley, de una detracción en las contribuciones patronales”. Y pone énfasis en “las empresas beneficiarias, que hubieren contratado a mujeres, personas transexuales y personas con discapacidad”.
El Artículo 20° crearía un “Régimen Nacional de Promoción de la Inversión en Bienes de Capital del Sector Agroindustrial”, el cual contempla un plan canje integral dirigido a la adquisición de maquinarias y tecnologías de procesamiento nueva/os de origen nacional. Esto, además de maquinaria agrícola, incluiría camiones, camionetas, maquinaria paras plantas de procesamiento y otros bienes de capital.
Hay otro régimen especial propuesto en el Artículo 21°. Sería el PROGRAMA DE GARANTÍAS FINANCIERAS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES, que estaría “destinado a garantizar a los beneficiarios de los estímulos que se crean por la presente Ley, un marco de previsibilidad y sostenimiento para las inversiones proyectadas y el fluido acceso al capital de trabajo requerido”. Los siguientes artículos tienen que ver con el funcionamiento de ese subprograma.
Un tercer programa se define a partir del artículo 24: Es el PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA INVERSION Y DE LAS EXPORTACIONES AGROFORESTALES. “Tendrá como cometidos primordiales promover el incremento de la inversión y de la producción con destino exportación de los distintos actores que forman parte de la cadena agroforestal”, define el proyecto. Habrá que ver como compatibiliza este capítulo con la Ley 25.080 de Promoción de los Bosques Cultivados, que está en vigencia.
Hay otro plan adicional que todavía está en veremos en este proyecto, y que apuntaría a el desarrollo de la Biotecnología en al sector de alimentos y forestal. Propondría la creación de una “Agencia Nacional de Biotecnología” y define sus misiones. También la creación de un Fondo Nacional de Promoción de la Biotecnología Nacional con partidas presupuestarias y proyectos que estimulen el despliegue de tecnologías estratégicas o de vanguardia.
Tampoco están numerados todavía una serie de artículos de esta posible Ley Marco que apuntan al fortalecimiento de los organismos públicos vinculados al sector y que promueven mayores presupuestos u autonomía para la Agencia de Inversiones, la Cancillería, el Senasa y el INASE.
“Establécese la obligatoriedad de implementar una Matriz de Trazabilidad a los efectos de la identificación y trazabilidad electrónica de las producciones animales y vegetales amparadas bajo los beneficios de la presente Ley”, argumenta otro artículo todavía a medio escribir.
En el anteproyecto, uno de los artículos finales determina quién será la autoridad de aplicación del presente régimen. No sería el ministerio de Agricultura. “La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, quien dictará todas las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias».
Los Artículos 34° y 35° son de forma.
Rafael Kohanoff, 94, murió por COVID. Seguía diseñando en el INTI ayudas para adultos mayores
«Si tenés pensamientos virtuosos, alegres, eso te hace sentir bien y tu vida se extiende. Me dí cuenta que siempre trabajé en positivo, siempre tuve proyectos, amo la vida y amo a la gente» Cuando ayer llegó la noticia de su muerte, Nora Bär recordaba estas palabras suyas. Por nuestra parte, queremos tenerlo presente en su trabajo, con esta nota que escribió Enrique Garabetyan y publicamos en noviembre del año pasado. Ya tenía 94, porque cumplía años en octubre, y seguía a cargo del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI. Para sentirse orgulloso de ser compatriotas de alguien como él.
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Rafael Kohanoff es fácil de encontrar. Todos los días pasa varias horas trabajando en su atiborrada oficina del parque tecnológico del INTI: mantiene reuniones con ingenieros electrónicos, técnicos en plástico o empresarios PyME. También viaja con frecuencia a visitar escuelas técnicas de las provincias, para hablar con profesores y alumnos. O para dar charlas y hacer preguntas en centros de jubilados. Nada fuera de lo común para un empleado estatal. Claro que lo particular de este ingeniero químico, que nació en 1925 en Santiago del Estero, es que a los 94 años es el encargado de concretar y difundir los diferentes proyectos que idean desde el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad (CTSD) que funciona en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
«La idea que nos guía es simple: diseñar soluciones adecuadas para cubrir las necesidades de personas con alguna discapacidad. Hay que pensar que alrededor del 11% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual o cognitiva», contó Kohanoff. «Y muchas veces son cosas simples que no necesitan ni de electrónica sofisticada ni tienen un alto costo».
Justamente, una de las ideas más simples que popularizaron es algo que cualquier persona puede hacer en su casa: «se trata de un apoyo para que cuando alguien coloca su bastón contra una mesa éste no se «patine» y caiga al piso. Basta con unos centímetros de goma-eva y una tijera. Incluso se puede hacer usando un pedazo de goma de auto».
Claro, hacerlo no es el problema sino que la idea llegue a las miles de personas que usan bastón. Y como no es un gran negocio, es algo que no le interesa a las empresas. «Por eso pensamos que podrían hacerlo chicos de primer año de las secundarias técnicas, como parte de un trabajo práctico. Y así publicamos todos los instructivos necesarios en nuestra web, para que -inclusive- lo fabriquen los cuidadores domiciliarios de ancianos».
En ese mismo plano de tecnología simple pero adecuada pensaron la cartilla autoimprimible para ayudar a detectar problemas visuales. «Son afiches de diagnóstico que suelen estar en consultorios oftalmológicos. Pero allí concurren los que saben que tienen un problema de visión. Y muchas veces tardan años en llegar a la consulta. Esta cartilla con su instructivo puede ser usada por cualquiera, sin tener entrenamiento médico: una maestra o una mamá. Y, si detecta un problema, puede llevar al chico a un oftalmólogo en forma prematura».
Otros desarrollos tecnológicos consistieron en perfeccionar ideas simples: «recurriendo al velcro, alambres, caños de plástico, palos de escoba, platos de madera, un pedazo de goma-eva, tornillos e ingenio, diseñamos elementos que pueden ayudar a las personas de la tercera edad a tener una vida cotidiana autónoma». Así pusieron a punto dispositivos que facilitan a las personas con diferentes discapacidades el vestirse, prenderse los botones, colocarse medias y zapatos, levantarse de la cama o entrar y salir de un vehículo. Todas cosas que facilitan la vida cotidiana de los mayores, y también de sus cuidadores y familiares.
«Todo esto es clave ya que hace décadas que viene aumentando la expectativa de vida y cada vez más gente necesita llevar una vida autónoma el máximo tiempo posible», explicó Kohanoff. Y desde su Centro diseñadores textiles prepararon moldes para hacer camisas y pantalones que pueden ser usados por personas postradas, en silla de ruedas o con sondas urinarias y bolsas de colostomía.
«Son ocho dispositivos simples. Todos tienen los planos y especificaciones en la web, con instructivos completos, los materiales necesarios y como fabricarlos.
Complejidad. Claro que también desarrollaron tecnologías más complejas. Un ejemplo de los productos salido del trabajo de los equipos técnicos de este Centro es un dispositivo diseñado para hacer rehabilitación neurológica, pensado para aquellas personas que tienen que realizar ejercicios físicos en forma sistemática para recuperarse, por ejemplo, tras haber sufrido un ACV. «Con la suma del trabajo de expertos de diferentes centros del INTI, pusimos a punto un prototipo de un equipo de rehabilitación sofisticado. Ahora está siendo homologado. Pero lo importantes es que podrá ser utilizado por cualquier centro médico ya que ofrece todas las funciones básicas la rehabilitación». Lo interesante, destacó Kohanoff, es que fabricarlo nos cuesta alrededor de US$ 20.000. Y sirve para reemplazar equipos importados, con tienen prestaciones similares, pero que cuestan unos 500.000 euros».
En esa línea, Mario Aguilar, ingeniero electrónico del equipo de desarrollo del CTSD, explicó que hicieron otro aporte a la rehabilitación con equipos dedicados al «analisis» de la marcha que permite mejorar estos tratamientos. «Los que se consiguen importados usan sofisticadas cámaras digitales y un software especial. Y su precio no baja de los US$ 60.000. El que diseñamos nosotros es equivalente, pero como usa cámaras web comunes y desarrollamos nuestros propio software, el costo del prototipo no supera los $ 25.000».
Exoesqueleto para rehabilitación
Uno de los problemas de salud más comunes que deben resolver los expertos en rehabilitación es mejorar la calidad de vida de personas que sufren patologías neurológicas que afectan las movilidad de rodillas y tobillos.
«Cuando supimos de esa problemática, hace ya un lustro, junto a expertos de otros países, se armó la Red Iberoamericana de Exoesqueletos Robotizados de Bajo Costo. Expertos en robótica de esta red pusieron a punto varios prototipos. Están pensados como una herramienta de tratamiento para ser utilizados en las clínicas de rehabilitación de manera de asistir y reeducar la marcha de los pacientes que sufren este tipo de problemas».
Pero estos exoesqueletos robotizados tienen la posibilidad de ser mejorados y también poder ser empleados en cuidados de salud de pacientes con otras patologías: «por ejemplo, personas que padecieron poliomelitis o botulismo. Y algunos de estos prototipos de exoesqueletos serán evaluados y homologados en forma conjunta por expertos del INTI y médicos especialistas en rehabilitación del hospital Nestor Lencinas, en Mendoza antes de que termine el 2019», contó Kohanoff.
Cifras:
- Entre el 11 y el 15 % de la población argentina padece alguna discapacidad.
- Se calcula que hay cerca de 5 millones de personas discapacitadas.
- De esa cifra, las discapacidades motrices rondan el 50 %.
- Los problemas visuales son el 20 %.
- Los déficit auditivos son el 20 %.
- El resto son discapacidades cognitivas.
Un llamado a la responsabilidad periodística
La comisión gremial interna del diario La Nación y sus revistas subió ayer a las redes sociales el siguiente comunicado:
RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA Y ÉTICA FRENTE A LA PANDEMIA:
Frente a los riesgos que implican las concentraciones callejeras de personas en el contexto de pandemia, solicitamos a la dirección periodística del diario y a sus trabajadores y trabajadoras abstenerse de publicar notas que alienten la participación en actividades colectivas que rompan con las medidas sanitarias.
Más allá de las diversas opiniones políticas que se sostengan, los medios no pueden promover acciones que pongan en riesgo la salud y la vida de la población.
Ya superamos los 5 mil muertos y no debemos promover más decesos, nuestro imperativo ciudadano es defender la vida. Cada uno de nosotros y nosotras debe asumir esta responsabilidad como propia.
Llama poderosamente la atención que, junto a notas de un profesionalismo de excelencia, se publiquen notas que alientan al contagio cuestionando el aislamiento domiciliario y el distanciamiento social, que constituyen la única manera de cuidar la vida y la propagación del Coronavirus. No hay ninguna inclinación política o partidaria que justifique oponerse a las medidas que recomienda el consenso científico.
Como trabajadores de la comunicación debemos defender el bienestar de todos. El covid-19 no tiene ideología, para esta pandemia todos y todas somos igualmente vulnerables a sus efectos.
Ninguno de nosotros y nosotras es invulnerable a la muerte.»
Comisión Gremial Interna diario y revistas La Nación / SiPreBA
Un Consejo Nacional que debe expresar una política de Estado para las Malvinas y el Atlántico Sur
La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que ya había sido aprobado por el Senado -en ambos niveles por unanimidad- creando un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La noticia apareció en todos los medios, pero sin demasiado énfasis, ni tampoco repercusión, aunque es uno de los temas que había sido anunciado por el presidente Fernández en su discurso de apertura del Congreso el 1° de marzo. Es posible que muchos hayan asumido que era otro gesto simbólico, en un tema importante para los argentinos pero que no se ve posibilidades de avances en el futuro cercano.
No es así, al menos en la intención. Se trata de elaborar una «política de Estado», algo de lo que se habla mucho y se ve poco. Una política que no dependa del gobierno que esté en el poder en ese momento sino que se perciba, y sea, una política permanente de la Nación.
Facundo Rodríguez, docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Servicio Exterior, lo explica en esta columna que publicó hace algunos días:
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«La Cuestión Malvinas es el conflicto de política exterior más antiguo e importante de la República Argentina. En los 187 años que lleva la disputa de soberanía, se han avanzado distintas opciones para solucionar la controversia, sin que ninguna haya dado resultados.f Argentina ha intentado desde el ofrecimiento del arbitraje internacional, una opción rechazada sistemáticamente por el Reino Unido, hasta encarar la negociación bilateral de conformidad a lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un camino que recorrió durante más de 50 años, aunque sólo durante 17 pudo abordar, y sin éxito, el punto central de la disputa: la soberanía. La relación con el Reino Unido atravesó varias etapas, a veces tan cambiantes y contradictorias como la vida política argentina misma. Así, los distintos gobiernos han endurecido o ablandado la posición dependiendo el color político de turno. Esto, sin dudas, ha generado hasta ahora debilidad en la posición argentina. Debilidad que se evidencia en la relación bilateral que, ante el accionar pendular de la política nacional invita al gobierno británico a mantener su intransigencia hasta que un gobierno nacional con una vocación soberana menos firme -y dispuesto a “remover los obstáculos”- llegue al poder, sino que también se hace presente ante las demás naciones que ven en el fluctuante accionar argentino una dificultad para fortalecer los tan necesarios apoyos. Sin embargo, el 23 de julio pasado ha marcado un nuevo hito en la larga historia de la disputa. Por primera vez se ha establecido, por medio de una ley aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la piedra basal para el establecimiento de una verdadera política de Estado en torno a la Cuestión Malvinas. Es un claro ejemplo de la madurez y de la voluntad del pueblo argentino, y la dirigencia política nacional, para poder dar aquellos debates y consensuar las estrategias a corto, mediano y largo plazo, que nos permitirán avanzar de forma coherente y coordinada en la búsqueda de la solución de la disputa de soberanía, sin importar el color político de turno. Similar ejemplo han avanzado aquellas naciones que han procurado la búsqueda de la solución de sus diferendos internacionales; Chile, Bolivia, la República de Mauricio, son ejemplos de ello. La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, con participación del Ejecutivo nacional, los bloques parlamentarios, los veteranos de la guerra de 1982, el mundo académico, especialistas en derecho internacional y la provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S. (a la cual pertenecen las Islas), generarán la masa crítica que adopte definiciones de envergadura en la Cuestión Malvinas. Esta iniciativa no resolverá per se la disputa de soberanía, pero es un paso esencial hacia ese objetivo. La certeza de que la Cuestión Malvinas se ha convertido, por fin, en una política de Estado consagrada por todo el pueblo argentino será el puntapié para romper la inercia y enfrentar el objetivo central e irrenunciable de la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.»En la Ciudad de Buenos Aires la contaminación atmosférica volvió a niveles pre cuarentena
La contaminación del aire es uno de los principales problemas que disminuyen la calidad de vida de la población en las grandes ciudades. Por eso, el monitoreo es permanente.
En CABA, al establecerse en marzo la cuarentena por el COVID, los niveles de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas menores a 10 micrones bajaron hasta un 70% su concentración. Sin embargo, poco duró aquel azul profundo en el cielo: a mediados de mayo, el tránsito vehicular aumentó y la contaminación volvió a los valores ‘normales’. Leonardo Serio, investigador de la FAUBA, analiza la calidad del aire de la ciudad y advierte sobre la necesidad de contar con más y mejores mediciones.
“La idea fue estudiar la calidad del aire en CABA antes y después de instaurada la cuarentena por el COVID. Para esto comparé el período del 1 de marzo al 31 de mayo de este año con el mismo período del 2019. Como indicadores tomé tres contaminantes que en altas concentraciones pueden ser nocivos para la salud, como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y las partículas sólidas menores a 10 micrones. Estos datos surgieron de las mediciones periódicas que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Leonardo Serio, docente de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la FAUBA.
Los resultados de Serio pusieron en evidencia que en los primeros diez días de la cuarentena ocurrió una caída notable de la concentración de los tres contaminantes, en comparación con los niveles ‘normales’. La disminución fue del 70% en los óxidos de nitrógeno, del 30% en el monóxido de carbono y del 40% en el material particulado. Esto se mantuvo los últimos 10 días de marzo y todo abril, salvo para los óxidos de nitrógeno, que luego achicaron la diferencia al 40%.
“Lo llamativo es que este fenómeno sólo duró hasta el final de abril. A partir de mayo, la concentración de los tres contaminantes volvió a los valores normales pre-cuarentena, lo cual tiene que ver directamente con el aumento de la circulación de vehículos en la ciudad. Al principio de la cuarentena estaba clarísimo que había mucho menos movimiento. En ese momento, desde el balcón de mi departamento podía ver la avenida como si fuera un domingo permanente, con muy pocos autos. Pero al arrancar mayo, prácticamente hubo un aumento muy importante del tránsito en la ciudad”, sostuvo.
Buen aire en la Reina del Plata
El nivel de contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires es —según Serio— mucho más bajo que en otras grandes ciudades de América Latina como México y San Pablo, algo que se explica en parte por su ubicación geográfica. Otras —como Santiago de Chile y Bogotá—, a pesar de ser más pequeñas tienen problemas graves de polución. Por su condición geográfica, éstas tienen menos posibilidades de que el aire se mezcle y se ‘limpie’. A juicio del docente, y a la luz de la comparación, el aire de CABA está ‘bastante bien’. “La concentración de cada contaminante en el aire se contrasta con los límites máximos admisibles que establecen la Ley 1356/2004, el Decreto 198/06 y los niveles guía de la OMS. Cuando analizamos el período 2016-2018, encontramos que el nivel máximo de monóxido de carbono en la Ciudad de Buenos Aires fue 3,3 partes por millón, un valor muy inferior al límite máximo admitido por el país y por la OMS, que en ambos casos es 9 partes por millón. Apenas la tercera parte”, destacó Serio.Estos resultados están publicados en «Agronomía & Ambiente» la revista científica de FAUBAAdemás de afectar la salud de las personas, los óxidos de nitrógeno también corroen materiales y afectan la capa de ozono. En este marco, el investigador puntualizó que la concentración de estos óxidos en el aire para los tres años en estudio presentó valores medios anuales entre 16 y 20 partes por billón. Esto demuestra que el nivel de este contaminante en CABA se encuentra en menos de la mitad del límite máximo que admite la legislación nacional —que es 53 partes por billón—, aunque se acerca al nivel guía de la OMS, que es 21 partes por billón. En cuanto al material particulado de menos de 10 micrones, que genera complicaciones respiratorias, Serio especificó: “Las concentraciones medias anuales de este contaminante estuvieron entre 24 y 30 microgramos por m3. Aunque son inferiores al límite máximo admitido por la Argentina —50 μg/m3—, algunos días se supera el límite de 20 μg/m3 que recomienda la OMS”. Las partículas menores a 10 micrones incluyen algunas de origen natural, como el polen, las sales marinas o las cenizas volcánicas, y otras típica de zonas urbanas, originadas en el tránsito vehicular, como el hollín de los escapes o el material que levanta la fricción entre los neumáticos y el pavimento. “Entre 2016 y 2018 vimos un efecto marcado de los fines de semana, cuando la concentración de estos contaminantes en el macrocentro es mucho menor, mientras que durante los días laborales se distinguen dos picos, uno a la mañana y otro al final de la tarde y comienzo de la noche”.
Mediciones insuficientes
Leonardo Serio comentó a «Sobre La Tierra» que desde hace 10 años el GCBA mide continuamente la calidad de aire en tres lugares de la ciudad, con estaciones automáticas que se ajustan a los estándares internacionales de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. Estos puntos de monitoreo están ubicados en los barrios de Caballito, San Nicolás y La Boca. Desde 2018, se sumó una cuarta estación en Villa Soldati. “Esta cantidad de estaciones sería insuficiente si nos comparamos con otras ciudades grandes de América Latina. Por ejemplo, Santiago de Chile tiene una red con 13 estaciones de medición, Bogotá también tiene 13 y México posee más de 20. Además, no sólo es cuestión de cantidad, en CABA no tenemos registros oficiales de mediciones de material particulado menor a 2,5 micrones, que es el más perjudicial para la salud, ni tampoco se publican datos de ozono o de dióxido de azufre”, aseguró. Actualmente, la tecnología brinda alternativas para aumentar la información sobre la calidad del aire que respiramos. Serio señaló que a través de sensores remotos —como las imágenes satelitales MODIS— se podría estimar la concentración de aerosoles atmosféricos en toda CABA. Y una segunda opción es usar modelos de simulación en combinación con inventarios de emisiones, que permitirían visualizar los niveles y la distribución espacial de los contaminantes. “Sin embargo, el nuevo paradigma en el monitoreo de la calidad del aire en espacios urbanos son las redes de sensores de bajo costo. Con estos dispositivos se podría ampliar la red de medición hacia otros barrios, principalmente a aquellos los que, mediante los métodos alternativos que mencioné antes, ya se detectaron focos de mayor concentración de contaminantes atmosféricos”, concluyó el investigador.Un estudio científico chino sugiere que los pacientes recuperados mantienen anticuerpos durante 6 meses
Científicos de la Universidad Huazhong afirmaron que los “datos indican una inmunidad humoral sostenida en pacientes de Covid-19 sintomáticos y recuperados, lo que sugiere una inmunidad prolongada”.
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Los especialistas llegaron a esta conclusión a través de una investigación llevada a cabo en 349 pacientes de Covid-19 durante un período de seis meses, un trabajo que fue explicado en un artículo publicado en el repositorio de artículos científicos medRxiv que aún no fue sometido a revisión por parte de otros investigadores.
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Según el texto, los científicos “cuantificaron en distintos momentos subtipos de las inmunoglobinas M (IgM) y G (IgG), dos de los cinco anticuerpos que el organismo fabrica para defenderse de patógenos y que están vinculados al SARS-CoV-2, coronavirus que causa la Covid”.
Según el informe el 70 % de los pacientes sintomáticos mantiene anticuerpos neutralizantes durante al menos seis meses.
“Los primeros anticuerpos que el cuerpo genera frente al coronavirus son los IgM y después los IgG, y se sabe que los niveles de IgM caen significativamente antes que el segundo tipo de inmunoglobinas”, precisó el documento.
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Tras finalizar el seguimiento de seis meses a estos más de 300 pacientes, “los índices de positividad de los anticuerpos neutralizantes todavía estaban por encima del 70 por ciento; en concreto, en los niveles de las inmunoglobinas IgG”.
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Las respuestas de IgG específicas para el SARS-CoV-2 fueron “muy similares a las respuestas de los anticuerpos contra muchos otros virus: un pico de actividad unas semanas después de la infección, seguido de una fase de contracción varias semanas y, finalmente, una respuesta de anticuerpos estabilizada que podría ser detectada por lo menos durante seis meses”, precisó el estudio.
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“En conjunto, nuestros datos indican una inmunidad humoral sostenida en pacientes de Covid-19 sintomáticos y recuperados, lo que sugiere una inmunidad prolongada”, concluyen los autores.
Nota de AgendAR: más allá de los anticuerpos IgM de corta vida y los IgG normalmente más duraderos, la inmunidad a largo plazo es celular: reside en los linfocitos T llamados «de memoria». Son muy pocos pero decisivos: viven en estado de pre-activación contra la reaparición de los antígenos del patógeno que causó la enfermedad, o con el cual se elaboró la vacuna.
Lo que hacen esos linfocitos «de memoria» cuando detectan re-infección es organizar una respuesta rápida y masiva del sistema inmune en pleno: activan los linfocitos B específicamente dedicados a fabricar anticuerpos contra ese invasor, y por otro a los linfocitos T-8 o NK, «natural killers», que destruyen las células propias que han sido colonizadas por el virus.
Es perfectamente posible que esta inmunidad celular latente contra el SARS CoV-2 se prolongue años, aún sin anticuerpos circulantes. Pero eso es una especulación que todavía debe probarse.
«El cuello de botella no son las camas sino enfermeras, kinesiólogos y médicos intensivistas»
Rodrigo Quiroga, docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador asistente en el CONICET, acerca esta advertencia. Debemos tenerla en cuenta.
Por favor tómense dos minutos para escucharlo al Dr. Arnaldo Dubin.
— Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) August 14, 2020
"El cuello de botella del sistema no son las camas sino enfermeras, kinesiólogos y médicos intensivistas".
"La única posibilidad de evitar el colapso del sistema es que los casos no sigan creciendo". pic.twitter.com/BSGETBuXWB