El gobierno de Alberto Fernández confirmó el regreso del plan Conectar Igualdad, el programa de incorporación de notebooks educativas que fue lanzado durante la gestión de Cristina Kirchner y que superó las 5 millones de unidades entregadas a lo largo del ciclo, el cual se había iniciado allá por 2010.
«Estamos terminando de trabajar en el proyecto, al que ya se sumaron 20 empresas con la idea de producir computadoras portátiles con contenido nacional». Con estas palabras Carlos Scimone, gerente de CAMOCA -entidad que nuclea a fabricantes y distribuidores de artículos electrónicos-, confirmó el avance del gobierno de Alberto Fernández para reactivar esta iniciativa que fuera dada de baja por el macrismo.
«Ya tuvimos reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que dirige Matías Kulfas, y también estamos en diálogo con la cartera de Educación, a cargo de Nicolás Trotta», agregó el directivo, y aclaró que el plan no solo cuenta con el aval de los funcionarios, sino que incluye las propuestas planteadas a nivel oficial.
«El diálogo está encaminado. La idea es seguir puliendo detalles en los próximos encuentros que mantendremos en enero», aclaró Scimone. La noticia del regreso de Conectar Igualdad fue confirmada por el propio Trotta, quien afirmó que ya estaban «trabajando para relanzar un plan de contenidos en todas las escuelas».
«En un contexto de desigualdad, el Estado empezará distribuyendo libros y computadoras en los lugares en que más se necesitan«, afirmó el funcionario.
Según el directivo de CAMOCA, uno de los pedidos especiales formulados por los funcionarios del Gobierno es que la iniciativa tenga impacto positivo y concreto en el empleo, tal como había sucedido durante la primera edición del programa, antes de que la gestión de Macri lo desactive.
Para la administración de Alberto Fernández, esa variable es decisiva. Por eso se la estableció como condición indispensable para que prospere cualquier tipo de proyecto. En ese sentido, aseguró Scimone, las 20 empresas que participan ya confirmaron que crearán nuevas fuentes de trabajo para responder a la mayor demanda de portátiles.
«El compromiso que están asumiendo las firmas, por pedido de las autoridades, es sumar 1.000 puestos de trabajo solo durante el primer año en que esté operativo», detalló, para luego agregar que «la cifra podría ser más alta a futuro».
En la Argentina, la fabricación de notebooks en general llegó a dar empleo a 7.500 personas de manera directa y a 20.000 de modo indirecto, de acuerdo con cifras provistas por CAMOCA. «De ese total, el plan Conectar Igualdad llegó a representar el 60%, así que tuvo un impacto muy importante al generar un ecosistema industrial en el país», planteó.
Exo, Newsan, BGH, PC Arts, Grupo Nucleo, Coradir, Novatech Solutions y Stylus fueron algunos de los jugadores que formaron parte de la primera edición de la iniciativa impulsada por el kirchnerismo. En los buenos años, se llegaron a producir y repartir más de 1,2 millones de equipos como parte de este programa educativo.
Sin embargo, el proyecto sufrió un revés en 2017, durante la gestión de Macri, cuando se entregaron poco más de 250.000 equipos y con menor contenido local. Ese cambio se enmarcó en la estrategia que el macrismo buscó imprimirle al negocio informático en general, que consistió en impulsar la competencia importada y desalentar la producción nacional, con el objetivo de abaratarles a los consumidores el acceso a la tecnología.
Para ello, durante la gestión del entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, se redujeron a cero los aranceles para la entrada de equipos terminados. «Tras la llegada del macrismo y un sorprendente cambio de política para esta industria, los resultados fueron catastróficos, con caída abrupta de la actividad y el empleo», recordaron desde CAMOCA.
En efecto: en 2013 se produjeron más de 2,1 millones de equipos. Esta cifra se alcanzó sumando las notebooks con sello «Hecho en Tierra del Fuego», las incluidas en el programa oficial y también las que se comercializaron por fuera de dicha iniciativa.
Sin embargo, para 2018, solo salieron de las líneas de producción 218.600 portátiles, con el detalle de que ninguna provino del polo electrónico fueguino, donde los empresarios dieron de baja esa categoría ante la imposibilidad de competir frente a lo importado.
Con el programa Conectar Igualdad desactivado y aranceles al 0% que alentaban las importaciones, las empresas no tuvieron más remedio que achicar personal.
«Exo llegó a tener 460 empleados, y cuando se desactivó la línea de portátiles bajó a apenas 150. PC Arts contaba con 960 puestos y luego redujo su plantilla a menos de 200», enumeró Scimone.
Los volúmenes del proyecto
¿A qué volumen de equipos aspiran a llegar las empresas, en función de las reuniones mantenidas con funcionarios de Alberto Fernández? Según detalló el gerente de CAMOCA, «lo que se estuvo analizando es avanzar con un número más pequeño que en la primera edición». En ese sentido reveló que se está dialogando para ir hacia un esquema menor a las 500.000 unidades anuales. Es decir, que el alcance del programa sería de poco menos de la mitad del primer Conectar Igualdad en su año pico.
Concretamente, «apuntamos a un máximo de 300.000 equipos en la primera etapa, con un piso no menor a los 200.000».
«No pretendemos volver a los volúmenes que se manejaban durante el 2013 o 2014, cuando se superó el millón de portátiles. Sabemos que la realidad económica actual es muy diferente», planteó el directivo.
Algo de esto ya había sido adelantado por la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, quien si bien confirmó que el objetivo es volver a impulsar la iniciativa, advirtió que se trata de «una época de restricciones económicas».
Además, la funcionaria señaló que el plan oficial se complementará con el uso de celulares. Es decir, que en la era de Alberto Fernández será «multiplataforma«, a diferencia de lo que ocurría cinco años atrás.
En cuanto a las características de los equipos, Scimone mencionó que «pasaron cuatro años y en ese tiempo la tecnología varió mucho». En ese sentido, las empresas que buscan sumarse prometieron dispositivos «más livianos y rápidos» y a un precio hasta un 25% más bajo, en dólares, que los últimos distribuidos en el marco de esta iniciativa.
Ahora bien, ¿están en condiciones las empresas para responder a un volumen tan importante como este, luego de haberse desactivado todas las líneas de producción?
Según Scimone, «el tiempo de reacción de la industria puede ser inmediato, porque los ‘fierros’ están disponibles. El equipamiento está, casi no se perdió capacidad instalada, solo hay que volver a ponerlo en funcionamiento».
Según el relevamiento de CAMOCA, de las 12 máquinas destinadas a fabricar plaquetas que llegaron a operar en Argentina, solo se vendieron dos al exterior, más precisamente a los Estados Unidos. «Hay nueve entre Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias que están apagadas y una en Tierra del Fuego activa pero que se usa para producir sistemas de audio», graficó el experto.
«La razón por la cual no se desarmó toda esa estructura es porque son equipos que van de los u$s2,5 millones a los u$s4 millones y al venderlos como usados pierden casi la mitad de su valor original. Por eso muchos empresarios prefirieron quedarse con máquinas apagadas y esperar una nueva oportunidad, que es la que aparece ahora», agregó.
Según Scimone, en la Argentina también hay seis equipos para fabricar memorias RAM, de las cuales solo una está en producción. En paralelo, de las 14 líneas de ensamble que llegaron a estar habilitadas, hoy funcionan dos. «Los fierros están y al personal en 30 días lo podés tener preparado para trabajar. Así que poner todo en funcionamiento es rápido», acotó.
En cuanto a las condiciones especiales que requiere el sector para operar, desde CAMOCA indicaron: «No necesitamos subvenciones ni beneficios para ser competitivos. Lo único que solicitamos es que el Arancel Externo Común para la importación de notebooks regrese al 16% y que componentes que no se fabrican aquí puedan ingresar al 0%».
Además, consideró importante que el programa se acompañe con una «ley respaldatoria», para que las empresas «sigan funcionando, más allá de la coyuntura, porque vamos a hacer una importante inversión y es fundamental contar con respaldo a largo plazo».
