El tema no es novedoso, en absoluto. Esta política del presidente Macri, a través del ministro Dietrich, tiene más de dos años de vigencia. Y la ha mantenido ante las críticas de la oposición, los gremios aeronáuticos y los vecinos de El Palomar, que han visto alterada su tranquilidad y -según temen- su seguridad, al convertirse esa antigua base en un aeropuerto de gran movimiento.
Pero dos medidas tomadas ayer subrayan la decisión del gobierno, en una forma que sin duda los que la cuestionan calificarán de alevosa:
El gobierno autoriza a Flybondi, una aerolínea «low cost» que opera en Argentina desde enero 2018 a tener un sindicato único en la empresa, la «Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas». Un sindicato por empresa y no por actividad, no es desconocido pero poco usual entre nosotros. Su secretario general sería Fernando Granelli, piloto de la firma.
Se le concedió a la aerolínea » ultra low cost » Jet Smart 261 rutas que conectan el interior del país y algunos puntos del exterior, por un plazo de 15 años.
Es evidente que el gobierno quiere, entre otras cosas, presionar a los gremios aeronáuticos, a los que atribuye el rojo de Aerolíneas Argentinas. Tal vez además recuerda que la primera gran batalla con los sindicatos del presidente Reagan fue con el de los controladores aéreos. Pero Macri no es Reagan ni está en su situación al comienzo del mandato del estadounidense.
Como sea, la postura de AgendAR en este tema ha estado enfocada en el problema de la seguridad. Las aerolíneas «low cost» dominan el mercado europeo, donde el altísimo número de usuarios y las cortas distancias determinan el mercado.
En un país con población relativamente baja, y que es el 8° del mundo en superficie, el temor es que las aerolíneas logren bajar los costos a costa de flexibilizar las normas. Esto ha sucedido entre nosotros.
El precio del dólar tocó ayer lunes el «piso» de la banda que establece su valor según se acordó con el F.M.I. (era $ 37,284; y se ajusta diariamente) aunque terminó en $ 37,305
Por su parte, el BCRA efectuó la subasta habitual de Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y convalidó una baja de la tasa de referencia. El monto adjudicado fue de $ 193.244 millones, a una tasa máxima adjudicada de 59,3%. Es casi un 60%…
Estos hechos se puede asimilar a la rebaja decidida por YPF en algunos combustibles del 1,2%. Son señales que tratan de mostrar una tendencia favorable. Pero son demasiado mínimas para modificar los costos, financieros y de la energía, de las empresas. Y por lo tanto de la actividad económica en general.
«Tarjetear», una costumbre de muchos argentinos hace no tanto tiempo, se ha convertido en una alternativa muy costosa. Porque cuando se paga en cuotas, el costo financiero total (la sigla C.F.T., que se lee en la liquidación), pasó a ser del 181% para los dos pagos, del 188% para los seis pagos y del 197% para los 12 pagos.
Puede llegar a multiplicar por tres el importe total a pagar (Salvo que la oferta diga «Cuotas sin interés». En ese caso, el costo financiero ya habrá sido incluido en el precio…)
La mayoría de los usuarios de tarjetas de crédito, que se han dado cuenta de esto, han cambiado sus costumbres. El presidente de uno de los gigantes del retail lo confirma: «La gente paga en efectivo, un pago con tarjeta o débito».
Cuando el ciudadano de a pie lee sobre las tasas de referencia que fija el Banco Central, puede pensar que se trata de un tema técnico, lejano a sus intereses inmediatos. No es así: está muy cerca de su bolsillo.
Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, está ahora tratando de impulsar un objetivo que el gobierno de Macri quiso lograr desde el primer momento. Como otros gobiernos antes que él: Tratar de flexibilizar las condiciones laborales argentinas. Que es una forma de decir que la mano de obra sea menos gravosa para el empleador.
Pero Sica parece ser un estudioso de Liddell Hart: «la estrategia de la aproximación indirecta». Ha empezado por fijarse metas puntuales y paulatinas, y negociarlas en cada caso: Reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, promover un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización, y habilitar cada vez más acuerdos por productividad, son los tres ejes de la acción del ministro en esta área.
Es inevitable: los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades son un atajo ante el rechazo del Congreso a los proyectos de reforma laboral que el Ejecutivo envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo probará por tercera vez, con una iniciativa más acotada: únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados.
Pero esos fracasos en el Congreso no impidieron cambios profundos en algunos sectores. La Unión Obrera Metalúrgica aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo. En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes. Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción.
Dante Sica siguió de cerca el proceso de la UOM y validó la maniobra como una salida para evitar despidos masivos. Un dato: Sica fue asesor del gremio metalúrgico durante más de diez años y conserva una aceitada relación con el secretario general Caló, y, sobre todo, con Francisco «Barba» Gutiérrez. El ministro pretende ampliar el caso de la UOM a otros sectores en los que se acumulen suspensiones y haya personal inactivo. Lo exploraría con los mecánicos de SMATA y con la industria textil.
El funcionario también desea replicar el fondo de cese laboral que se aplica en el ámbito de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
El fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la UATRE o el de los taxistas. Algunos abogados laboralistas, sin embargo, consideran que es inconstitucional, pues un convenio colectivo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización.
Otra de las ideas que el Gobierno pone seguido sobre la mesa en las negociaciones con los sindicalistas y empresarios son los acuerdos por productividad y la necesidad de reducir costos laborales. El caso testigo fue el de los petroleros, que en 2016 aceptaron eliminar las denominadas «horas taxi» (beneficios por movilidad) a cambio de dinamizar la llegada de inversiones. Se repitió hace unos meses por un pacto inédito: Petroleros aceptó restricciones al derecho a huelga para evitar conflictos que perjudiquen la productividad del yacimiento Vaca Muerta.
Como el caso de los petroleros, hubo avances en otros rubros. En los puertos, los capitanes de ultramar aceptaron hace dos años perder beneficios salariales para favorecer el tráfico de buques internacionales con tripulación argentina. En la industria láctea, se convino con el gremio de ATILRA reducir de $3000 a $1500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste fue aún mayor (de $3000 a $750) para las empresas más pequeñas.
Entre los desafíos urgentes que se trazó Sica, está convencer a Hugo Moyano de sumarse a un acuerdo para generar mayor competitividad en lo relativo al transporte de cargas y la logística. «Camioneros tiene el 93% del transporte interno. Se tiene que sentar en la mesa a negociar sí o sí», argumentan en el Gobierno. Se dio un primer paso: el flamante secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, se reunió hace dos semanas con Moyano y dos de sus hijos para recomponer el vínculo y reabrir un canal de diálogo.
En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no tienen obra social ni derechos laborales. Si el Gobierno impulsa solo el blanqueo, quedarán relegadas las iniciativas más polémicas, que preveían cambios en el cálculo de las indemnizaciones y el regreso de las pasantías como vínculo laboral. De ahí la tarea de orfebre de Dante Sica, que no quiere hablar de «reforma laboral».
Las quejas y reclamos de las organizaciones que agrupan a las empresas pequeñas y medianas argentinas, son constantes y notorias. Y por eso mismo, corren el riesgo que todos los que trabajamos en publicidad conocemos muy bien, convertirse en «ruido ambiente», algo que se da por descontado y no provoca ninguna respuesta.
Pero ahora, una fuente tan poco sentimental como el informe Doing Business 2019, del Banco Mundial, dice que las empresas pymes de la Argentina son las que más pagan impuestos y contribuciones del mundo, después de las Islas Comoras, en el sureste de África. Las pymes argentinas aportan, si cumplen con todas sus obligaciones, el equivalente del 106% de la ganancia anual.
El gobierno, que está -justamente- preocupado por el grado de informalidad en la economía, y la baja en la recaudación impositiva, debe entender que con ese nivel de impuestos, nacionales, provinciales, municipales, la inmensa mayoría de las pymes simplemente no puede funcionar. Aún con el alto grado de evasión que existe, muchos negocios y talleres están cerrando.
Las ventas de juguetes para Reyes cayeron 13,5% en relación a las mismas fechas del año pasado en todo el país, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).
“Si bien es un número no deseado, es mejor que el registrado en las ventas de Navidad. Tuvieron un retroceso del 19,8%”, remarcó el presidente de la CAIJ, Matías Furió.
Es que los juguetes tienen una mayor participación en el total de los rubros que componen las ventas de Reyes (47%) respecto a Navidad (25%), señaló en un informe. Y agregó que en algunos casos, el aguinaldo y el bono de fin de año no se habían cobrado antes de Navidad y si pudieron volcarlo al gasto de Reyes.
Furió informó que Reyes explica el 30% de las ventas de fin de año y que se vendieron juguetes más económicos. El ticket promedio fue de $ 300 por juguete (solo un 25% de incremento respecto del de 2018 cuando había promediado los $ 240, aún con una inflación el año pasado de casi el 50%).
La temporada de vacaciones comenzó, para todos los argentinos que se las pueden permitir. Y el periodismo se vuelca a los destinos clásicos, en busca de notas, y también para decir que «las playas están llenas» o que «esta temporada está por debajo de las anteriores«. Es un año electoral, después de todo…
Lo cierto es que todavía es temprano para dar números significativos de la cantidad de turistas y las estadías. Lo que nos parece interesante es un cálculo que publica la periodista María del Pilar Ayuso, porque muestra uno de los problemas de la industria turística nacional:
«Viajar ida y vuelta en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata cuesta $ 4.268 para un vehículo naftero. Este cálculo tiene en cuenta el combustible que se necesitan para cubrir los 810 kilómetros ida y vuelta, más los peajes, en hora pico, en Dock Sud, Berazategui, Samborombón y Dolores.
Si el auto va completo, el tramo ida y vuelta cuesta $ 853,60 por persona y es el transporte más económico para llegar a La Feliz. Si en el auto viaja el piloto con un acompañante, el gasto es de $ 2.134 por cabeza. En ese caso, es más accesible viajar en micro.
El pasaje de ómnibus a Mar del Plata en enero se vende a partir de los $ 799 por tramo, por lo que se puede ir y volver con un presupuesto de $ 1.598. Esto es un 63% más barato que viajar solo en auto.
En cambio, ir en avión sale un 239% más que viajar en micro. El valor promedio de un pasaje para este mes que recién comienza es de $ 3.823, según el promedio de Viajala. El precio no incluye los traslados, sobretodo en la ciudad costera, en donde el aeropuerto se encuentra lejos del centro. No obstante, y a pesar de ser el medio de transporte más caro, para el que viaja solo es más económico el avión que el auto«.
Por supuesto, estas cifras varían de acuerdo a las fechas de traslado, las distintas empresas de transporte y, sobre todo, las circunstancias personales. Pensemos, por ejemplo, en el que sale de vacaciones con su familia, pero debe volver, solo, durante la semana a su trabajo o su negocio.
El dato general confiable es que el turismo al exterior se ha hecho considerablemente más caro. Y los números del endeudamiento hacen muy probable que no sea una situación pasajera.
Punta del Este seguirá siendo el escaparate. Para los que no tienen problemas de dinero, y quieren mostrar que no los tienen. Y en Brasil, para los que pueden permitirse el costo y el tiempo del viaje, encontrarán que la estadía, en la mayoría de sus destinos, es más económica que en la costa atlántica.
Porque ese es el problema de la industria turística nacional. En especial de Mar del Plata. Deben cubrir los costos de todo el año, y esperan obtener beneficio, en una temporada de vacaciones demasiado corta. Hay que tener presente que los peajes y los combustibles no son sólo gastos para los viajeros, sino que también caen sobre muchos de los insumos que necesitan.
La práctica ya aceptada de los días puente para crear feriados largos, ayuda. Y en la costa atlántica surgen, año a año, nuevos destinos con menos recursos pero más accesibles que La Feliz. Pero la industria turística nacional necesita un plan. El Estado debe involucrarse en serio. Porque, como pasa con otras industrias, un turismo nacional próspero es la base necesaria para que exista una infraestructura adecuada para el turismo receptivo internacional. Un peso barato no alcanza.
Un análisis de sangre podría servir en el futuro para detectar en forma temprana el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, una patología que, solo en Argentina, afecta a más de medio millón de personas. Así lo sugiere un estudio liderado por científicos del CONICET en la Fundación Instituto Leloir.
Evidencias experimentales en pacientes y en modelos animales de la enfermedad sugieren que, en el cerebro afectado, disminuye el consumo de glucosa: la fuente principal de energía para las neuronas. Los investigadores creen que esa alteración puede ser detectada en las plaquetas, uno de los componentes de la sangre involucrados en el proceso de coagulación y en la reparación de vasos.
Tal es la síntesis hecha por la doctora Laura Morelli, integrante del Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración que lidera el doctor Eduardo Castaño en la FIL.
Tal como revela la revista “Neurochemical Research”, los investigadores de la FIL y sus colaboradores comprobaron que las ratas que reflejan algunos aspectos del Alzheimer presentan, en sus plaquetas, menor actividad de una de las vías de producción de energía de las células: la respiración mitocondrial. “Sin embargo, se requieren estudios adicionales para validar su utilidad como potencial biomarcador de Alzheimer en humanos”.
Del estudio también participaron Federico Prestia (primer autor del estudio), Pablo Galeano y Pamela Martino Adami, del laboratorio de Castaño, y Claudio Cuello y Sonia Do Carmo, de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá.
La Argentina acaba de adquirir 684 MW instalados nuevos, electricidad segura de base (disponible 24×7) para más de 3 millones de consumidores en la Región Centro. Su factor de disponibilidad durante los próximos 30 años se estima en el 93%, descontando unos 25 días/año de mantenimiento, y todo por U$ 2200 millones. ¿Emisiones de carbono? Cero.
En materia de energía, ésta fue la mejor compra de la Argentina desde 2015, entre otras cosas porque se la hizo a sí misma, sin exportar dólares. La tarea de “retubar” y darle una segunda vida útil a la Central Nuclear de Embalse, Córdoba -ver la información aquí– estuvo a cargo de NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima), con una participación casi simbólica de la firma canadiense CANDU Energy, constructora original de la planta entre 1974 y 1984. En este video se puede ver un buen resumen -dos minutos- de la tarea.
El
97% del personal en obra fue argentino. Para el suministro de
componentes electrónicos, electromecánicos y específicamente
nucleares, como los tubos de calandria, los de presión o los
generadores de vapor, NA-SA movilizó alrededor de 100 empresas
argentinas de todo calibre, desde PyMES a gigantes como IMPSA y
CONUAR. El 4 de este mes, cuando terminadas las múltiples revisiones
previas de seguridad la central se puso crítica, se confirmaron
cuatro cosas:
Argentina puede sola con la ingeniería CANDÚ, y desde hace tiempo. Sabe diseñarla, fabricar todas sus partes, renovarla, mejorarla y lo más importante: hacer sus combustibles. Son dólares que no salen: quedan y se multiplican.
Su próxima central nuclear por eso mismo debería ser una CANDÚ, ya con nombre y ubicación: Atucha III. Y el producto eléctrico de esa central debería dedicarse a hacer una tercera y una cuarta también CANDÚ. Con el “cash flow” adecuado se pueden terminar en 5 años cada una, y le darían al Sistema Argentino de Interconexión un 12% de electricidad nuclear, prácticamente a prueba de apagones y libre de emisiones de carbono.
NA-SA está para dichos trotes y también para mayores: hay 47 CANDU operativas en el mundo, sin contar las 19 imitaciones de la India. Casi todas están cercanas al fin de su primera vida útil de 30 años. De las 3 que hicieron “prolongación de vida útil” Embalse fue el caso “de libro”: la reconstrucción más completa (porque incluyó los generadores de vapor) y la más ajustada en tiempo y forma. Haciéndola corta, NA-SA tiene 44 centrales en el mundo a las que les ofrecer el mismo servicio, probablemente asociándose con los canadienses, pero hay más candidatos. Es un mercado inmenso de obras, componentes y asesorías.
Timbres a tocar para estas exportaciones de “know how” argento hay en Ontario, en Nueva Delhi, en Seúl y en Beijing, donde el desempeño de NA-SA con Embalse dejó una impresión excelente. Y hay otro timbre enorme en la India.
Imposible
no subrayar la diferencia con las nuevas plantas surgidas del ya
feneciente programa RenovAr, en las que la contribución nacional fue
ínfima. Es el caso de parques enteros de turbinas eólicas,
sistemas electromecánica y aerodinámicamente muy complejos, donde,
en el mejor de los casos, alguna metalmecánica argentina puso “el
componente bobo”, es decir la torre de acero. Sólo falto importar
el viento.
En
contraste, si la mayor proveedora mundial de turbinas eólicas quiere
venderle una imponente Vestas V-150 al estado nordestino de Ceará,
Brasil, debe fabricar cada una de sus 8500 componentes allí,
incluidas las enormes aspas de 77,30 metros de largo. Eso, dicho por
el gobierno estadual de esa región pobre. Los daneses sólo juegan
de diseñadores, capitalistas y asesores, y aunque la electricidad la
cobran cara, generan una torta de trabajo calificado y/o experto
local.
Consideradas
como plata que entra o sale, las centrales de RenovAr son deuda
externa con el Banco Mundial de garante, y su famoso tribunal (el
CIADI) en caso de défault. Eso sin mencionar que el MW/h que paga el
consumidor argento de electricidad eólica es el doble de caro que el
que produce Embalse, el factor de disponibilidad anda entre la mitad
y un tercio, según la planta considerada, y la vida útil total de
un equipo eólico, 20 años en lugar de los 60 de una planta CANDU.
Los
molinos, contra lo que se cree, emiten dióxido de carbono: requieren
de alguna central térmica en “parada caliente”, como respaldo,
lista para salir a entregar potencia en caso de que el viento
–recurso no sólo intermitente sino también impredecible- se
caiga.
Los
planes del gobierno de llegar a una tajada de un 20% de renovables en
la torta de consumo eléctrico en 2025 están lejos de cumplirse: la
cifra se viene atascando en un 2,4%, en parte por el creciente
“riesgo país”: empresas que ganaron las rondas hoy se niegan a
poner los dólares. Pero a partir de marzo de este año, cuando
llegue escalonadamente al 100% de su potencia, Embalse sola estará
supliendo el 3% de la demanda. Y sin “respaldo caliente”, porque
funcionará el 93% del año sin importar la meteorología.
Una
última reflexión: el “retubado” de Embalse fue modélico, dicho
por CANDU Energy. Sin embargo, debería haberse terminado a
principios de 2018. Se atrasó un año entero porque el entonces
flamante gobierno del ingeniero Mauricio Macri, en su honestidad
ínclita, prefirió dejar en “brown out” todo un año adicional a
la Región Centro, y hacer una auditoría total del programa nuclear
según venía desde 2015.
Fue
como darle una campaña de salud infantil al rey Herodes. La
retubación de Embalse sobrevivió porque desde 2015 ya estaban todos
los componentes fabricados y acopiados, y los contratos de obra
firmados con pesos pesados de la ingeniería como Pérez Companc. No
es fácil chocar con todos esos.
Pero
Atucha III CANDU fue dada de baja en mayo de 2018, “porque las
centrales de uranio natural son el Ford Falcon”, como dijo un
funcionario de la flamante Subsecretaría de Energía Nuclear. Y la
4ta central nuclear (una Hualong-1 china de uranio enriquecido, “lo
moderno”, según el mismo funcionario) fue suspendida “sine die”
a pedido de los EEUU durante el G-20. La Gran Democracia del Norte
desde 1981 no logra venderle una central estadounidense ni a los
EEUU, pero de todos modos no quiere fierros nucleares chinos en su
“backyard” sudamericano.
Señor@s, somos Argentina.
Hacemos goles en tiempo de descuento. Esta historia no termina aquí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó de lado su posición negativa ante China para asumir una posición más condescendiente. Se reunió con un emisario del gobierno chino y le comunicó su intención de ampliar las relaciones bilaterales y comerciales. Este giro del mandatario, adoptado pocas horas después de asumir el poder, está directamente relacionado con las necesidades económicas del país y de las millonarias compras de productos brasileños que realiza Beijing.
Bolsonaro recibió en el Palacio de Planalto a Ji Bingxuan, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y enviado especial del presidente Xi Jinping para su asunción. Allí el mandatario brasileño manifestó su “intención de ampliar las relaciones bilaterales con China, independientemente del cambio en el contexto político brasileño y del escenario económico mundial”.
Durante la campaña electoral Bolsonaro había sido muy crítico con China, al que consideraba un país comunista con demasiadas ambiciones. No sólo acusó a Beijing de querer “comprar Brasil”, sino también de actuar como un “predador que quiere dominar sectores cruciales de la economía” del gigante sudamericano. Por eso, sostenía, no se debía permitir a las empresas chinas comprar tierras en Brasil o controlar industrias fundamentales.
Este miércoles, durante el encuentro con Ji Bingxuan, Bolsonaro tuvo otra actitud. Destacó la “importancia de diversificar la pauta comercial” bilateral y la necesidad de “ampliar las áreas de cooperación entre ambos países”.
China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009, cuando desplazó de ese puesto a EE.UU. El año pasado, Brasil exportó 47.490 millones de dólares a territorio chino e importó 27.320 millones de dólares del país asiático, con lo que terminó 2017 con un superávit de 20.170 millones de dólares. La facturación china saltó del 23% en 2017 al 27,8% en 2018.
Beijing es un gran comprador de soja y mineral de hierro. Y hay un dato importante a futuro. La guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump contra China está llevando a la potencia asiática a aumentar significativamente las compras en Brasil.
Las compañías privadas y estatales chinas también se han convertido en los últimos años en la principal fuente de inversión en suelo brasileño. Según datos del Consejo Empresarial Brasil-China, las empresas chinas invirtieron en Brasil el año pasado 20.900 millones de dólares.
En este contexto, las palabras de Bolsonaro durante la campaña electoral cayeron muy mal en China. De hecho se planificaron inmediatamente dos reuniones entre diplomáticos chino y algunos de los principales asesores de Bolsonaro.
Uno de ellos fue el actual ministro de Economía, Paulo Guedes, quien debatió la importancia de conservar este vínculo económico. Y parece haber dado sus frutos ya que ahora el mandatario brasileño decidió profundizar las relaciones bilaterales.
El giro en la visión de China no sería el único; también apareció un inconveniente respecto a la promesa hecha a Israel. A principios de noviembre Bolsonaro confirmó que iba a trasladar la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, alineándose así con EE.UU. Sin embargo, el tema comenzó a demorarse.
Ayer, la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, explicó las causas. La decisión había provocado un hondo malestar en la Liga de Países Arabes, que le compra a Brasil US$ 13.600 millones en carnes, especialmente de productos avícolas. Un escollo diplomático que, tal vez, la economía se encargará de resolver.
