El Gobierno analiza dos ofrecimientos para la compra de submarinos. En AgendAR hablamos de ceguera

  • La Armada Argentina actualmente no tiene ningún submarino operativo para el control de nuestro mar. Tampoco para entrenar a los submarinistas: deben practicar en los de un país hermano, el Perú.
  • Frente a esta situación, el gobierno está evaluando ofertas francesas y alemanas -un submarino nuevo costaría entre 400 millones y 500 millones de dólares y su construcción demoraría varios años- y, en adición, la compra de uno usado a Brasil.
  • Desde AgendAR expresamos nuestra opinión, y apuntamos a una ceguera increíble de las autoridades responsables.
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Mariano de Vedia, el experto (??) de La Nación para estos temas, empieza la nota que reproducimos recordando que el ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017, con sus 44 tripulantes a bordo, a la altura del golfo San Jorge
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Ahora, tomada la decisión de avanzar en la compra de un submarino para la Armada, el Gobierno analiza dos ofertas recibidas para recuperar la capacidad operativa perdida hace cinco años, con el trágico hundimiento del ARA San Juan,
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Fuentes navales confirmaron que las propuestas de las empresas Thyssen, de Alemania, y Naval Group, de Francia, superaron ya las etapas de evaluación de la Armada y del Ministerio de Defensa e ingresaron en áreas del Ministerio de Economía y otras esferas que reportan al presidente Alberto Fernández
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Se trata de una inversión estimada entre 400 millones y 500 millones de dólares, aunque no se descarta que la negociación derive en la adquisición de más de un submarino. Sin embargo, todos son conscientes de que la profundidad de la crisis económica y social condiciona la ejecución de “una decisión estratégica”, interpretan en ámbitos navales.
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“El número deseable para cubrir la extensión completa de la plataforma marítima argentina es de cuatro submarinos, pero no debería sorprender que finalmente se opte por tres, por dos o por uno”, se sinceró una fuente consultada por este diario.
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El ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitó en julio pasado las plantas de ambas empresas –Thyssen y Naval Group- y en ese momento declaró que “si un país está sin submarinos, no cumple adecuadamente con la obligación de controlar su propio espacio marítimo”.
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Mientras la empresa Thyssen ofreció a la Argentina una versión modernizada del submarino clase 209, la compañía francesa Naval Group propuso el modelo Scorpene, que presenta una dimensión mayor. En cualquier caso, se trataría de desarrollos a largo plazo, estimados en diez años, por lo que la llegada de las embarcaciones estratégicas no sería inminente.
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“La inversión está destinada a recuperar la capacidad operativa submarina, que hoy es nula y se intenta suplir con otros medios que intervienen en el control de los espacios marítimos. Pero, hasta que la posible operación se concrete, la Argentina no puede darse el lujo de perder el adiestramiento de los marinos, que hoy se realiza en el submarino Salta –no apto para operar en aguas profundas- y en una capacitación que ofrece la Marina de Guerra de Perú”, confió un vocero naval.
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En ese cuadro de situación surge la posibilidad de que la Argentina compre adicionalmente un submarino ya usado –probablemente a Brasil- para destinarlo a la formación y el adiestramiento de sus submarinistas. En la actualidad, dos o tres oficiales y entre ocho y diez suboficiales por año se capacitan en instalaciones de la Escuela de Submarinistas del Perú, para complementar la formación teórica que reciben en la Armada Argentina.
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La premisa, se indicó, es “no perder el expertise de ir a inmersión y controlar el submarino”. El adiestramiento de los marinos es fundamental y a eso apuntaría la posibilidad de incorporar una unidad usada.
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Entre nada y algo
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“Cualquiera de las dos ofertas –la de Thyssen, que construye los submarinos clase 209, y la de Naval Group, que diseñó los Scorpene que compró Chile- cumple con los requerimientos de la Armada. Entre nada y algo, siempre algo es mucho más”, dijo un oficial naval.
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Más allá de las funciones prácticas, la puesta en el agua de submarinos constituye una potente señal con fines disuasorios en el mar. En la Armada recuerdan que una de las primeras medidas que Lula anunció al asumir como presidente de Brasil fue la construcción de un Scorpene y de una base naval.
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Llegado el momento se evaluarán las modalidades de compra más apropiadas y se verá si la Argentina opta por una transacción de Estado a Estado, o a través de un acuerdo de financiamiento con bancos.
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Según se pudo saber, más relegados quedaron otros ofrecimientos que habría recibido el gobierno de Alberto Fernández desde Rusia y China. En la Armada prefieren pisar sobre seguro y recurrir a sistemas de submarinos más familiarizados con las unidades que en su momento sirvieron a la Argentina.»

Comentario de AgendAR:

Esta nota se llevó una hora larga de análisis de la primera reunión presencial completa de este portal en dos años. La pregunta sin contestación es: ¿son o se hacen?
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Mariano de Vedia es ventrílocuo crónico y acrítico de altos oficiales que baipasean al MinDef. Su titular, el Dr. Jorge Taiana, es citado por declaraciones anteriores: es un estadista fogueado. No nos consta que al menos él esté pensando en compras llave en mano. No le da por ese lado, y además en este final de mandato el gobierno está alineado más bien en evitar que la inflación escale a híper.  
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Y no entendemos que la Armada pueda siquiera pensar en importar submarinos costeros alemanes o franceses, o unidades de segunda mano brasileñas, pero lo hace sin parar. Y eso cuando tiene en reparación inconclusa un submarino TR-1700 probablemente mejor, o al menos oceánico y no costero.
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El trabajo se discontinuó en 2017 por decisión del peor multiministro del gobierno anterior, Jorge Aguad: tras el hundimiento del ARA San Juan, del cual siempre adujo no tener arte ni parte, decidió no continuar con la reparación -ya avanzada- de último tercio de vida de su unidad gemela, el ARA Santa Cruz.
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Cuestión de coherencia: un par de años antes, como ministro de Telecomunicaciones, nos había dejado sin los satélites ARSAT 3 y 4. Cuando llegó a Defensa, nos dejó sin submarinos. We all live with no Yellow Submarine! Ni amarillo ni de ningún otro color.
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Si se terminara el trabajo en el Astillero Alte. Storni, parte del complejo CINAR, el Santa Cruz volvería a entrenar a nuestros submarinistas durante al menos 5 o 6 años más. Y podríamos dejarnos de mendigar y dar vergüenza regional mangueando «training» a los amigos y hermanos peruanos.
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¿Qué nos vienen a bardear, señores almirantes, con comprar un Scorpène (U$ 800 millones, 10 años para la entrega)? Un único sub, con tanto mar, no sirve para nada, lo dicen Uds. mismos. Y el FONDEF, que tiene que cubrir la reposición y modernización de las tres fuerzas armadas, este año logró recaudar unos U$ 500 millones. ¿Los señores almirantes piensan dejar sin renovar equipos al Ejército y la Aviación durante un año y medio? ¿Qué les pasa?
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¿Qué nos vienen a bardear con que no hay más remedio que comprarles el SB Tupí -hecho fruta- a los brasileños, y ponerle U$ 40 o 50 millones para resucitarlo un poco, cuando tienen un fierro excelente como demostró ser el Santa Cruz esperando volver al mar por mucha menos plata que ésa?
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Hay imbecilidades peores: que en la enorme nave del Storni sigan sin terminar el ARA Santiago del Estero y el ARA Santa Fe, otros dos TR-1700, y así desde 1994.
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¿Por qué obstinarse en construir estos submarinos de otro siglo y de otro milenio? Porque ya los tenemos pagados, porque resultaron excelentes y porque son oceánicos. Seguramente habría que rehacerlos de sensores, computadoras y de armamento, asuntos que han evolucionado enormemente desde los ’80.
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Pero eso se puede hacer. Los cascos de presión de estas dos naves siguen abiertos. Ergo, es factible entrar y reemplazar cantidad de sistemas y subsistemas sin tener que hacer cirugía de la brava. Y para eso hay que decirle a los muchachos de ThyssenKrupp que vengan al Storni a analizar el estado del astillero: Menem, al cerrarlo, vendió cantidad de máquinas-herramienta de precisión al costo del kg. de fierro, y no creo que hayan regresado solas.
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Resucitar el astillero en equipos ya sería toda una historia. Luego querríamos que los alemanes se sienten a la mesa de diseño con nuestros ingenieros y contadores, y decidamos qué se va, qué se queda y qué se pone en los TR-1700, y se hace un cronograma para todo, incluidos los pagos, con cargo al FONDEF.
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Lo que no hay que decirles a los de Thyssen es que les vamos a comprar un Tipo 209 cero kilómetro, porque van a decirnos que está descatalogado hace rato. ¿Un 214, entonces? Van a suspirar piadosamente: «Eso es para chicos de la OTAN, y no para todos. A los turcos, por ejemplo, nos prohibieron vendérselo. Y son OTAN».
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Fuera de ello, un solo sub no sirve de nada, y porque es costero, y sobre todo porque no tenemos la plata.
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Pero sobre todo, porque lo prioritario para la Argentina es recuperar y reequipar el astillero, y estabilizar sus recursos humanos. Estamos lejísimos de ello, pero lo básico y principal es que nuestros ingenieros navales especializados en submarinos puedan vivir de su profesión, y que vean navegando las obras que empezaron, y a los egresados de la Escuela de Submarinistas aprender su oficio a bordo de las mismas. Porque ése astillero también lo tenemos comprado desde fines de los ’70, y a Thyssenkrupp, no a la francesa Naval Group.
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¿Se puede hacer todo esto en diez años? Ante todo, ¿por qué 10 años? Porque sería el tiempo que le tomaría a Naval Group construirnos y entregarnos un Scorpene pelado de armas, es decir inútil (si se habla de sólo U$ 500 millones, es que falta el armamento).
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Las esperas son largas: así de dura es la vida de quien no fabrica nada y compra todo afuera. En esos tremendos astilleros franceses en Toulon todavía no tienen los submarinos en anaqueles de supermercado. De modo que incluso si se compran sin armas, uno no sale con la nave subida al changuito, tras pasar por la caja y dar tarjetazo.
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Si volviéramos a usar nuestro astillero (no va a suceder, al parecer nadie quiere que suceda) en 2025 podríamos tener al Santa Cruz de regreso en el mar, y en 2032 podríamos estar botando el Santiago para sus pruebas iniciales, y terminando el Santa Fe. Es decir que más o menos por la misma plata y en el mismo tiempo en que los señores almirantes estiman podrían recibir un submarino costero cero kilómetro, tendríamos tres oceánicos, dos de ellos nuevos. Y sobre todo y ante todo, tendríamos un astillero.
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¿Suena lógico? Sí, porque es lógico. Y olvídense de los franceses, salvo para dar rienda suelta a esa otra pasión argentina adjunta a la importación: el turismo militar. Olvídense de la bella Toulon, porque toda nuestra ingeniería de submarinos es alemana desde hace casi 50 años. ¿Hay que tirar todo ese capital de know-how a la basura?
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No por casualidad, es la misma pregunta que hoy enfrenta a distintos bandos del Programa Nuclear Argentino. Desde 1984, cuando terminamos solos Embalse, en Córdoba, quedó bien establecido que podemos perfectamente construir centrales nucleares de uranio natural y agua pesada tipo CANDÚ sin los canadienses (sus diseñadores).
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Hoy, se compre o no la central china Hualong-1 de uranio enriquecido, ¿hay que renunciar a que NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA) siga construyendo clones potenciados, modernizados y mejores de Embalse? Sería tirar medio siglo acumulado de know-how en uranio natural a la basura.
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Argentina (cierta Argentina) es una gran empezadora. No es muy buena terminando cosas, sin embargo. Y si termina alguna bien, fija que tratará de no repetirla.
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¿Por qué emperrarse con los TR-1700? Por todo lo dicho antes, pero sobre todo por su alcance, son submarinos oceánicos, y como tales, constituyen armas de contrabloqueo. Ayuda-memoria a los señores almirantes: los ingleses nos bloquearon 2 veces en el siglo XIX, entre 1806 y 1807, cuando el Virreinato, y luego entre 1845 y 1850 en tiempos de Rosas. El costo económico para la naciente Confederación Argentina fue enorme.
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Salvo que reinventemos un poco nuestra geografía y nuestra producción, siempre seremos un país fácil de bloquear. Con la geografía con la que este país nació y quedó, el 80% de lo que producimos sale por el Plata.
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Todos los submarinos alemanes que tuvimos han mostrado ser acústica y magnéticamente difíciles de detectar, como el viejo San Luis, un tipo 209 testeado en Malvinas por la Royal Navy, que todavía debe seguir buscándolo. Pero los TR-1700 de yapa tienen una velocidad en inmersión (26 nudos) y un alcance que los vuelve armas muy desequilibrantes, por sorpresivas. Pueden reventar un bloqueo por retaguardia, llegando al Río de la Plata, Quequén, White o San Antonio desde otros mares y por distintas rutas. Esto a los 209 viejos o viejísimos (como el Tupí) les queda fuera de capacidades, por su autonomía más acotada. Lo mismo para los Scorpène. Sin embargo le damos la razón en algo a los almirantes: poner una nueva base y un submarino en el mar es siempre un gesto asertivo, como el de Lula en 2008, cuando hizo construir su primer Scorpène, el Riachuelo, en los astilleros de Ilha de Madeira. ¿Comprar una nave «llave en mano», el industrialista Lula? Esqueça isso, carinho! Si tu misión es volver muy costoso un bloqueo naval, pensá en grande y pagá lo menos que puedas. Operá desde mar adentro con tus naves y que, como norma, rara vez se sepa adónde están. Obligá al enemigo a destinar destructores a buscarlas por medio planeta, y a temer por sus propios puertos y amarraderos, y a protejerlos. Volvete peligroso por ubicuidad, capacidades y sigilo. Es un buen modo de evitar constantes prepeos y eventuales guerras. Cierta tranquilidad diplomática: eso es lo que te darían tres TR-1700 en el mar, y difíciles de encontrar. Fierros de los ’70, pero de una ingeniería tan notable que -como lo demostró de un modo terrible el naufragio del San Juan- con la tripulación probablemente ya muerta y la nave cayendo hacia el talud continental, el casco de presión se negó a implotar hasta que llegó a los 600 metros de profundidad. Por eso los restos desprendidos del casco externo quedaron bastante agrupados alrededor del casco de presión. Con tres TR-1700 navegando de aquí a diez años, en AgendAR nos conformamos. El paso siguiente será entonces robotizar las armas de guerra naval, lo que implica multiplicarse en fierros y reducirse en tripulaciones, desarrollar redes furtivas de hidrofonía en el fondo de la Plataforma Submarina, y flotillas de drones semiautónomos, tanto de superficie como sumergidos, que multipliquen las capacidades de nuestros TR-1700. Y a eso sumarle más satélites de radar de apertura sintética, como los 2 SAOCOM que ya tenemos en vuelo, pero en banda X, de definición casi fotográfica. Mucho trabajo para INVAP y nuestros astilleros. Puedo imaginar el escepticismo del lector, y lo comparto no poco. ¿Pensar en estas cosas al borde de una híper? Es que creo que la Argentina va a seguir y hay que ver con qué industrias, con qué armas y con qué industrias de armas. Pero ojo, al Mar Negro «el futuro ya llegó hace rato», como dicen Los Redondos. Es mirando ese futuro que uno entiende la estupidez sublime de comprar un submarino nuevo. Armas carísimas y tripuladas, como los pesados tanques y los portentosos cruceros, que atravesaron más de un siglo sin perder vigencia, en la guerra de Ucrania se han vuelto tumbas móviles. Se las liquida cada vez más a distancia, y con sistemas cada vez más informatizados, autónomos y baratos. Hemos examinado con asombro esta «noticia» de un ofrecimiento francés y otro alemán. Obviamente fue fabricada por la Armada en base a ignorar un astillero y tres submarinos comprados y pagados. Bueno, finalmente los señores almirantes alguna cosa fabrican. Lo que nos preguntamos es por qué somos el único portal que contrapone propuestas industriales a tanta hueca pavada, y por qué nadie se toma siquiera la molestia de refutarnos. Volvemos a la pregunta inicial: «¿Son o se hacen?». Se contesta fácil: ambas cosas. La idea de que Argentina recobre algo de su vieja soberanía marítima no le cierra a ninguno de nuestros acreedores, y por ende tampoco a nuestra sumisa clase dirigente. Por eso, cuando pinta el tema submarinos y en AgendAR decimos «comprar no, fabricar sí», nos quedamos hablando solos, como quien menta la soga en casa del ahorcado. Y es que no se trata de cualquier casa: el verdugo es parte de la familia.

Daniel E. Arias

Hoy, 18 hs. «La industria del software y la ciberdefensa»

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El Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano del Ministerio de Defensa – CEEPADE – invita a un nuevo encuentro virtual del Ciclo de Conferencias del año 2022.

Se realiza este miércoles 16 de noviembre a las 18 horas. Compartiremos la exposición de dos destacados especialistas que disertarán sobre: “LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y LA CIBERDEFENSA»: A.S. Jorge ZACCAGNINI – Dr. Ariel VERCELLI. La presentación y apertura estará a cargo de la Dra. Nilda GARRÉ, Secretaria Ejecutiva del CEEPADE. La Mg. Sol GASTALDI, investigadora y docente de la UNDEF tendrá a su cargo la moderación de la mesa.

*Para inscribirse se deberá completar este formulario.

Ya somos 8.000 millones de personas en el mundo. India, cerca de superar a China en población

Según los modelos del UN Population Division Data Portal, la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas ayer, 15/11/2022, menos de un siglo después de que el planeta albergara solo 2 mil millones.

Este rápido crecimiento fue impulsado por los avances en la salud pública y la medicina, que permitieron que más niños sobrevivan hasta la edad adulta. Y las tasas de fecundidad se mantuvieron altas en los países de bajos ingresos. Pero el crecimiento se está desacelerando y, dentro de unas pocas décadas, la población de la Tierra comenzará a reducirse. Hoy en día, casi la mitad de la población de la Tierra vive en lugares donde la fertilidad a lo largo de la vida es inferior a 2,1 nacimientos por mujer, aproximadamente el nivel necesario para que las poblaciones con baja mortalidad dejen de crecer a largo plazo.
De aquí a 2050, más de la mitad del aumento de la población mundial se producirá en solo ocho países: la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Tanzania e India.

El caso de India

En algún momento del año que viene, el llanto de un recién nacido en India marcará un momento decisivo para el país: el de superar a China y convertirse en la nación más poblada del mundo. Sin embargo, en lndia, la historia del boom demográfico son en realidad dos historias. En el norte, la población sigue en aumento, liderado por solo dos estados. En el sur, más rico, las cifras se están estabilizando y hasta disminuyen en algunas zonas. Las profundas diferencias entre estas regiones ponen al Gobierno frente a un desafío único: las consecuencias de un baby boom y el envejecimiento de la población, todo dentro de un mismo país. En India viven actualmente más de 1.390 millones de personas, cuatro veces más que en Estados Unidos y más de 20 veces más que en Gran Bretaña. En China viven 1.410 millones, pero India está en camino de ponerse en cabeza en 2023 con los 86.000 bebés que nacen en el país cada día (frente a los 49.400 de China). India puede alcanzar los 1.650 millones de personas en 2060. El crecimiento demográfico ejercerá una presión enorme sobre los recursos, la estabilidad económica y la sociedad de India, con repercusiones que se sentirán mucho más allá de sus fronteras. La disminución de recursos como el agua podría convertirse en un factor decisivo para el futuro de la población en un país que sufre fenómenos meteorológicos extremos el 80% del año y está en primera línea de la crisis climática. Un país, dos historias Hace más de un siglo que prolifera el temor de una “explosión demográfica” en India, un escenario donde el desarrollo económico no sería suficiente para sostener el peso de una población que crece de manera descontrolada y los recursos del país se verían desbordados, dejando a millones de personas en estado de inanición. La población de India creció a un ritmo considerable tras la independencia del país: pasó de 350 millones a 1.000 millones de personas entre 1947 y 1997. Pero desde los años 80 ha habido varias iniciativas para convencer a los ciudadanos sobre las ventajas de la planificación familiar, sobre todo en los entornos más pobres y marginales, que suelen tener más hijos. Como resultado, la tasa de fertilidad de India comenzó a descender más rápido de lo que preveían los escenarios fatalistas sobre la “explosión” demográfica. Pero el freno al crecimiento de la población no ha sido homogéneo en todo el país. La arraigada división entre el norte y el sur ha jugado un papel clave en la demografía, con consecuencias políticas y sociales. En la próxima década, un tercio del crecimiento demográfico de India tendrá su origen en solo dos estados del norte, Bihar y Uttar Pradesh. El deseo de tener hijos varones, que en algunas partes del país todavía se consideran mucho más deseables que las hijas, ha sido una razón clave para las mujeres del pueblo. Surta Devi, de 36 años, cuenta que tuvo seis hijos para asegurarse de que hubiera dos hombres que “continuaran el linaje”. “Solo después de dar a luz a todos mis hijos, los médicos me hablaron de la planificación familiar”. El rejuvenecimiento de la población Un reto demográfico específico, extendido por todo el país y especialmente concentrado en los estados más pobres del norte, es el del rejuvenecimiento de la población. La mediana de edad de un indio es de 29 años y el país tiene que lidiar con una población joven extensa, ambiciosa y cada vez más inquieta, en su mayoría no cualificada, para la que no hay suficientes colegios, universidades ni programas de formación. Pero, sobre todo, no hay suficientes puestos de trabajo.
Según la ONU, cada año se producen 10 millones de embarazos no deseados en India.
El aborto es legal en el país pero ha habido que esperar hasta 2022 para que fuera legal también para las mujeres solteras. Para las casadas sigue siendo un tabú y la mayoría de los abortos son practicados por los “curanderos” de los pueblos, a menudo con consecuencias para la salud a largo plazo. “La crisis a la que se enfrentará pronto el sur es la del envejecimiento poblacional”, dice Aparajita Chattopadhyay, profesora del Instituto Internacional de Ciencias de la Población. “India pronto tendrá a más del 10% de su población envejecida, lo que en nuestro contexto es una cifra gigantesca. Esto plantea problemas importantes en términos de empleo, de seguridad social, pero sobre todo en la sanidad, donde el gasto sigue siendo muy bajo y la incidencia de enfermedades como la diabetes es muy alta entre las personas mayores. Esto no se puede ignorar”.

La inflación de octubre fue del 6,3%. Interanual, llega al 88%

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El INDEC dio a conocer ayer la inflación de octubre, que reportó un alza del 6,3 por ciento, una decima por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los rubros que más impactaron fueron Comunicaciones y tarifas, y la sorpresa la dio Textiles, que mostró una baja de casi 4 puntos respecto al número del mes previo.

En los primeros diez meses del año hubo un alza acumulada del 76,6 por ciento; mientras que los precios minoristas medidos entre octubre del 2022 y mismo mes del 2021, tuvieron un incremento del 88 por ciento. Si bien se venía de dos meses de baja, del 7,4 de Guzmán pasando a un 6,7 y luego a un 6,2, en el Gobierno sostiene que el 6,3 de octubre da la chance de que el IPC del año de por debajo de los 100 puntos, número anímico. Incluso, ya hablan cerca de Massa que el indicador de noviembre tendrá «un 5 adelante». Los sectores El rubro Comunicación tuvo un incremento del 12,1 por ciento, y fue el que más subió en el mes, explicado principalmente por aumentos en los servicios de telefonía e internet. En segundo lugar se ubicó el ítem Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 7,5 por ciento, explicado fundamentalmente en luz y gas con la puesta en marcha de la segmentación tarifaria. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó en el mes una suba de 6,2 por ciento, fue el que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país, destacándose el alza de precios en verduras, tubérculos, legumbres y frutas. Durante octubre, también sobresalieron los aumentos salariales de trabajadores de casas particulares, con impacto en el ítem Equipamiento y mantenimiento del hogar, que marcó un avance de 4,9 por ciento. Por su parte, el incremento en la cuota de la medicina prepaga incidió en la división Salud, que subió 7,1 por ciento; a lo que también se sumaron peajes y combustibles, más el arrastre que dejó el alza de las tarifas del transporte público en septiembre, que impactaron sobre la división Transporte. Por categorías, en octubre el alza mensual fue liderado por productos y servicios Estacionales, con un avance del 9 por ciento, explicado en parte por las subas de verduras, tubérculos, legumbres y frutas, seguido por los Regulados, con un incremento del 7,4 por ciento; mientras que el IPC Núcleo reflejó un aumento del 5,5 por ciento. En lo que respecta de manera específica a los alimentos, el precio de la leche entera en sachet subió en octubre 17,3%, la botella de cinco litros de aceite de girasol marcó un incremento de 13%, el kilo de batata aumento 48,4% frente al mes previo y el kilo de papa reflejó una mejora del 57,6%. En el subrubro verduras y hortalizas los productos que bajaron fueron el tomate, con una merma del 18%; y la lechuga, -4,9%. Por regiones, tanto la zona delimitada por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), como la Patagonia, se ubicaron por encima de la media general con una suba de 6,6%. En línea con la media, en las provincias del Noreste argentino la inflación de octubre fue de 6,3%. Mientras que Cuyo marcó una suba de 6%, la región Pampeana, 6,1%; y los distritos del Noroeste, 62%.

Alberto Fernández anuncia que en 30 días China amplía el swap y que aumentará las importaciones

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que China ampliará el swap de monedas que tiene con nuestro país en el equivalente a 5 mil millones de dólares, que aumentará sus importaciones argentinas para compensar nuestro déficit crónico en el comercio bilateral, y que reanudará el financiamiento de las represas en Santa Cruz.

El mandatario argentino, luego de sufrir una “gastritis erosiva con signos de sangrado”, como señalo el comunicado de la Unidad Presidencial decidió mantener el encuentro previsto con el con el presidente chino Xi Jinping. La reunión se llevó a cabo en las primeras horas de este martes, hora argentina. Es que para el gobierno argentino los temas a tratar con China revisten gran importancia. La charla bilateral a la que Fernández llegó acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y por el canciller, Santiago Cafiero, entre otros miembros de su comitiva, duró 20 minutos. n las mesas que se prepararon para la reunión con la delegación china también se vio, del lado argentino, al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti; al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; a la secretaria de Energía, Flavia Royón; y a la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito.

Los temas de la reunión:

La balanza comercial con China es deficitaria para Argentina en unos 8 mil millones de dólares, según está proyectado para este año. Ante este planteo que le formularan las autoridades argentinas, el presidente XI Jinping manifestó su intención de aumentar el volumen de importaciones “sobre todo con valor agregado”, informó el ministro de Economía, Sergio Massa, al termino del encuentro. Otro de los temas conversados fue la ampliación del swap de China en 35.000 millones de yuanes -equivalentes a unos 5 mil millones de dólares, que ya fuera tratado en varias oportunidades, pero aún sin resolución. Xi Jinping manifestó que la intención es que se pueda concretar en los próximos 30 días. Massa afirmó que “estos 5 mil millones vendrán a fortalecer nuestras reservas”. También, según informo el ministro de Economía, se converso sobre la demora en los desembolsos para la continuación de las represas Cepernic y Kirchner en Santa Cruz, emprendidas con capitales chinos y que ya se encuentra en un 40% de ejecución. Hasta las 12 a.m. de hoy miércoles, hora de Beijing (2 a.m., hora argentina), ni la Cancillería china ni la agencia estatal Xinhua, han dado información sobre lo tratado.

Por una Ley de las Industrias de Defensa

Hace algunos meses el portal especializado Zona Militar publicó esta propuesta de José Javier Díaz, que nosotros reproducimos. Volvemos a hacerlo, porque nos parece que en estos momentos, cuando el gobierno se ve forzado a reducir el déficit fiscal, y la oposición promete hacerlo con más vigor si llega al gobierno, es necesario evaluar donde se vuelcan los recursos del Estado, y como pueden combinarse con la actividad privada. La formación de Díaz como Oficial de Estado Mayor se nota en el lenguaje formal y en la abundancia de siglas. Así, podrá ser de lectura difícil pero traza una hoja de ruta para la necesaria reconstrucción de las industrias de defensa, que -como insistimos en AgendAR- pueden y deben ser una de las vías principales para la incorporación de tecnología en la producción nacional. La industria argentina de defensa fue una de las mejores defensas de la industria. Puede volver a serlo. Invitamos a leer la nota con atención y debatirla. No es -y no creemos que debería ser- un plan definitivo. El objetivo es más ambicioso: instala el debate, forma conciencia.

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Tras la sanción en 2020 de la Ley N° 27.565 que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) es necesario hacer lo propio con otra norma, tan o más relevante, a través de la cual el Estado establezca medidas para fomentar el entramado científico-tecnológico e industrial, público y privado, dedicado Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa Nacional. Introducción No caben dudas que el desarrollo de la industria bélica de las principales potencias cumplió un gran rol en materia de descubrimientos científicos y tecnológicos, inicialmente con el fin de obtener una ventaja en el campo de batalla. La evolución de la aeronáutica, la actividad espacial y nuclear son algunos de los ejemplos más evidentes de lo expresado precedentemente. Asimismo, la gran mayoría de los avances tecnológicos e industriales alcanzados primero con fines militares luego derivaron en adaptaciones y/o aplicaciones civiles, como ocurrió con los radares (para seguridad en vuelo, navegación marítima, etc.), los sonares (ecografías, búsqueda de naufragios, exploración del subsuelo marino, etc.), el desarrollo nuclear (energía eléctrica, desalinización de agua, tratamientos médicos, etc.), entre otros. Debido a que estas tecnologías requerían altas inversiones durante plazos prolongados; personal muy calificado; infraestructura, instrumentos y maquinaria especial; etc.; la Industria de Defensa fue inicialmente desarrollada, en la mayoría de los países, a través de la iniciativa gubernamental y, una vez que se habían alcanzado las bases mínimas para el surgimiento y sustentabilidad de empresas privadas, el Estado comenzaba a ceder su protagonismo. Países tan distintos en términos históricos, socioeconómicos y culturales, como Estados Unidos, Rusia, China, Francia, España, Israel, Sudáfrica, Brasil, etc., entendieron hace muchas décadas atrás que el Estado nacional debía ejercer un rol estratégico en el desarrollo de sus respectivas Industrias y Tecnologías para la Defensa, ya sea a través de empresas y organismos públicos; a través de proveedores locales de capital privado; o una combinación de empresas públicas/privadas en la medida que cada país invertía en el desarrollo de nuevos y más modernos medios para sus respectivas Fuerzas Armadas y de Seguridad. En una dinámica global donde las relaciones internacionales de un Estado, cada país influye en forma directamente proporcional a su capacidad económica, industrial y militar, sea por sí solo o asociado con otros, la Industria de Defensa es un factor más que contribuye a la autodeterminación y constituye una herramienta fundamental de la política exterior. Cualquier nación que se precie de contar con una verdadera Política de Defensa necesita disponer de una Base Industrial y Tecnológica (BIT) que le otorgue cierto nivel de autonomía en la obtención y sostenimiento de los sistemas de armas más críticos de sus Fuerzas Armadas. Una Política de Estado en materia de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción (I+D+i y P) que permita desarrollar y fabricar en serie de los sistemas de armas y otros equipos críticos para la Defensa y la Seguridad permite ganar autonomía y reducir/evitar la dependencia de otros países, aspecto sumamente importante en lo que hace a armamentos y que la Argentina sufrió en carne propia en 1982 durante la guerra de Malvinas con el embargo impuesto por los ingleses y sus aliados y que volvió a ponerse en evidencia recientemente con el veto británico para la compra de un escuadrón de cazas FA-50 a Corea del Sur para reequipar a la Fuerza Aérea Argentina. Argentina y su industria militar En los años posteriores a la l Guerra Mundial, en octubre de 1927, el Estado nacional fundó la Fábrica Militar de Aviones (FMA), la primera en su tipo de toda Latinoamérica. Luego, en 1941, creó la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM); en 1953 fundó Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE). La creación de estas tres empresas, cada una pensada para fabricar en nuestro país la mayoría de los insumos y materiales de guerra críticos para la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada -fuerzas de las cuales dependían estos polos productivos respectivamente- permitió sustituir importaciones; reducir la fuga de divisas; minimizar la dependencia de otras naciones en cuanto al autoabastecimiento de armamentos; generar miles de puestos de empleo calificados; desarrollar cientos de proveedores locales de capital privado que fueron apalancados en su crecimiento al participar de los grandes proyectos industriales que llevaban a cabo la FMA, la DGFM y AFNE; generar ingresos a partir de exportaciones de productos, insumos y sistemas de armas complejos (cohetes, aeronaves, etc.); entre otros beneficios que trajo aparejado hacer un uso estratégico del Poder de Compra del Estado, fomentando el desarrollo tecnológico e industrial argentino. A mediados del siglo pasado, las plantas productivas de la FMA, DGFM y AFNE agrupaban más de 60.000 trabajadores en forma directa y casi el doble de empleos indirectos a través de sus respectivas redes de proveedores locales. Lamentablemente, desde aquella época, en la cual el Estado nacional contaba con funcionarios que administraban con idoneidad profesional, visión de largo plazo y honestidad, se fueron sucediendo gobiernos con políticas pendulares entre un extremo donde el todo debía ser estatizado a otro donde todo debía quedar en manos de capitales privados, ya fueran locales o extranjeros, sumado a las cíclicas crisis económico-financieras, variables que confluyeron en una virtual desarticulación y pérdida de capacidades científico-tecnológicas e industriales. Así, de los más de diez mil empleados que trabajaban en la FMA en la década de 1950 se pasó a los casi 900 de la actualidad; la DGFM tenía 14 plantas en todo el país y hoy tiene sólo 5 y con apenas un 10% de los trabajadores que supo tener; mientras que AFNE fue transferido a la Provincia de Buenos Aires y ahora se denomina “Astillero Río Santiago” (ARS). Al presente, del Ministerio de Defensa dependen la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Astillero TANDANOR y el Almirante Storni (integrados en el Complejo Industrial Naval Argentino – CINAR) y Fabricaciones Militares (FM), los cuales en su conjunto representan unos 3.500 empleos en forma directa. En el sector privado, de las cientos de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que integraron la Industria de Defensa y surgieron a partir de los proyectos estratégicos que desarrollaban la FMA, AFNE y DGFM así como también de otras áreas del Estado que impulsaron con visión estratégica el desarrollo de la Aviación Civil y Comercial, de la flota y la marina mercante, etc., gran parte de ellas debió cerrar sus plantas de producción. A modo de ejemplo podemos citar los casos de RACA, CHINCUL y AERO BOERO, que fabricaban en serie helicópteros y aviones tanto para las Fuerzas Armadas como para clientes civiles, públicos o privados, locales o extranjeros. Una Ley de Producción Contar con una “Ley de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa” permitiría establecer un horizonte de previsibilidad, a largo plazo, sobre lo que el Estado nacional considera que serán sus prioridades en cuanto a fomentar el desarrollo tecnológico y productivo para fortalecer la Defensa, entendiendo a ésta como no sólo el aspecto militar/bélico sino también aquellos otros contribuyentes al Potencial Nacional y la Movilización en caso de conflicto. Entre los sectores contribuyentes a la Defensa Nacional podemos citar a las Fuerzas de Seguridad federales (Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria); la aviación civil y comercial; los ferrocarriles; puertos y vías navegables; combustibles; energía; ciencia y tecnología; industria; etc. La Ley propuesta permitiría consolidar una Base Industrial de la Defensa Argentina (BIDA) que permita no sólo satisfacer los requerimientos operativos de nuestras Fuerzas Armadas sino también de otros países. En las siguientes líneas se exponen los principales aspectos que deberían ser contemplados en la futura Ley, a saber:
Quién te ha visto y quién te ve: un Puca capturado y reconstruído, con numeración y escarapelas de la RAF, evaluado en 1983 por los británicos
  1. El actual Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) debería transformarse en “Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para la Defensa” (ANIDEF) y absorber el personal, instalaciones, maquinarias, etc., de las Direcciones Generales de Investigación y Desarrollo (DGID) de las tres FFAA. Esta integración potenciaría la sinergia técnica, fomentaría la consolidación de requerimientos operativos conjuntos, reduciría la carga administrativa y mejoraría la eficiencia presupuestaria. La conducción de la ANIDEF debería estar a cargo de un Oficial en actividad con jerarquía de General de Brigada o equivalente y ser rotativa cada dos años por su segundo de otra Fuerza Armada en virtud de la necesaria idoneidad y continuidad.
2. La Subsecretaría del Servicio Logístico de la Defensa debería transformarse en “Agencia Logística de la Defensa Argentina” (ALDA) a fin de tener mayor agilidad y eficiencia en la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y del presupuesto anual que reciben, en forma ordinaria y/o extraordinaria, el MINDEF y las FFAA para adquirir, desarrollar, mantener, modernizar y/o producir sistemas de armas y demás equipamientos. 3. El 67% de los recursos anuales disponibles a partir del FONDEF deberían asignarse a Proyectos de I+D+i, Mantenimiento, Modernización y Producción que tengan impacto directo en empresas e instituciones argentinas. 4. Debería duplicarse la cantidad de vacantes y mejorarse las condiciones laborales (salario, horas extras, etc.) de los profesionales del Régimen del Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (RPIDFA). 5. Tendrían que preverse más facilidades para contratar y abonar honorarios a personal civil y militar (retirado o en actividad), argentino y extranjero, en el sector público y privado, para ejecutar Proyectos de I+D+i y Producción. 6. Anualmente, en marzo, el MINDEF debería presentar públicamente en el Congreso Nacional los principales lineamientos del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL); los Proyectos de Adquisición, I+D+i, Mantenimiento, Modernización y Producción de las FFAA; el estado de avance de los que se encuentren en ejecución; el presupuesto asignado, imputado y ejecutado; etc. 7. El MINDEF y EMCO deberían definir los “Proyectos Estratégicos de Defensa” (PRODEF) con más impacto en la Ciencia, Industria y Capacidades Militares. 8. El MINDEF, a partir del asesoramiento del EMCO, determinaría los Proyectos de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), su priorización y asignación presupuestaria plurianual. 9. Entre los PRODEF debería priorizarse el desarrollo y producción nacional de Sensores (ópticos, radar, sonar); Aviones; Helicópteros; Drones; Vectores (cohetes y misiles); Satélites, Armamento de Infantería y Artillería; Vehículos de Combate a Ruedas; Submarinos; Buques; Uniformes; Municiones; etc. 10. Entre los PIDDEF se fomentaría dominar tecnologías sensitivas como la nuclear; aeroespacial; inteligencia artificial; telecomunicaciones; ciberdefensa; simulación; robótica; vectores; satélites; nano y biotecnologías; etc. 11. En el mes de marzo y octubre de cada año, el MINDEF y EMCO deberían realizar una exposición ante directivos de empresas, instituciones técnicas (INTI, ANAC, CNEA, CONAE, etc.), universidades, cámaras empresarias, nacionales y extranjeras, a fin de informar los aspectos más destacados de los PRODEF y PIDDEF, evaluar los mejores socios/proveedores en cada proyecto, presupuesto, plazos, requerimientos operativos generales, etc. La información técnica específica o con carácter reservado sólo será compartida cuando mediaran cláusulas de confidencialidad o se suscribiera la contratación. 12. Debería crearse una “Comisión Interministerial de Tecnología e Industria Argentina” (CITIA) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sería presidida por el Secretario de Asuntos Estratégicos de la JGM e integrada por los viceministros de Ciencia y Tecnología, Producción, Defensa, Seguridad, Economía, Energía, Transporte, Interior y Relaciones Exteriores, que tuviera a cargo la coordinación y fomento de medidas que consoliden el entramado de empresas y organismos tecnológicos y productivos -estatales y privados- que integren la BIDA, maximizando el uso estratégico del Poder de Compra del Estado a partir de la homogeneización logística, economías de escala, lobby internacional para fomentar exportaciones, etc. 13. Debería conformarse una Antena de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la Defensa (AVIDEF), integrada por personal de ALDA y del CONICET, para analizar nuevas tecnologías, aplicaciones bélicas y duales. 14. Anualmente, en el mes de marzo, el MINDEF -en coordinación con el Ministerio de Producción- debería publicar en su web oficial el “Registro de la Base Industrial de Defensa Argentina” (RBIDA), consignando datos de las empresas e instituciones -públicas y privadas- que integran la BIDA; sus productos y servicios; capacidades instaladas; empleados; facturación; clientes; etc. Deberían incorporarse las figuras de “Empresa Nacional Estratégica para la Defensa” (ENED) y “Servicios/Insumos/Productos Estratégicos” (SIPE), por las cuales serían declaradas de Interés Nacional las ENED y SIPE para asegurar su sustentabilidad y el autoabastecimiento, en tiempos de paz y guerra. Se considerarían ENED a las empresas -públicas, privadas o mixtas- de capitales argentinos y/o extranjeros con instalaciones productivas en Argentina que provean Servicios, Insumos y/o Productos resulten Estratégicos para la Defensa Nacional en base al análisis de expertos del MINDEF, EMCO y CITIA. 15. Aquellas empresas que no fueran consideradas ENED pero sí produjeran SIPE, podrían recibir los beneficios previstos en esta Ley en forma proporcional al porcentaje de su producción efectivamente orientado a la Defensa Nacional. 16. Las ENED y proveedores de SIPE no tributarían IVA ni cargas patronales los primeros diez años desde su alta en el RBIDA. Las ENED y proveedores de SIPE tendrían facilidades para pedir créditos de entidades financieras públicas y privadas, argentinas y extranjeras; para la asignación de presupuestos plurianuales (hasta 20 años) en I+D+i, Mantenimiento, Modernización y Producción; garantías de exportación; etc. 17. El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior brindarían créditos y garantías para inversiones en bienes de capital, facilitar exportaciones, etc., a las ENED y proveedoras de SIPE. Las ENED y proveedores de SIPE tendrían un canal específico para trámites aduaneros y comercio exterior, ágil en plazos y reducida carga administrativa. 18. Las importaciones (temporales o permanentes) realizadas por ENED o proveedores de SIPE para mantenimiento, modernización y/o agregado de valor para una ulterior exportación no tendrían costos impositivos ni aduaneros. 19. Las exportaciones (temporales o permanentes) de SIPE no tributarían impuestos ni retenciones de ningún tipo los primeros diez años. 20. Las ENED y proveedores de SIPE podrían exportar su producción a cualquier cliente -sea persona física, jurídica, nacional o extranjera- excepto que se trate de una organización no gubernamental o un país con sanciones/embargos dispuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si el Gobierno argentino no aprobara una exportación no impedida por la ONU debería abonar el importe del contrato a la ENED o proveedor de SIPE y recibir los SIPE. 21. Las empresas estatales ARSAT, CEATSA, INVAP, VENG, IMPSA, FAE, YPF, Y-TEC, Aerolíneas Argentinas, FAdeA, Fabricaciones Militares, Astillero Río Santiago, Almirante Storni y Tandanor, entre otras, serían consideradas ENED. 22. El Astillero Río Santiago sería conveniente que vuela a la órbita del Estado nacional y se integre al CINAR, lo cual redundaría en mejor coordinación, eficiencia presupuestaria y no duplicar capacidades productivas. 23. FAdeA, Fabricaciones Militares y los Astilleros del CINAR podrían explotar y comercializar, en el mercado doméstico y global, las capacidades tecnológicas y productivas ociosas de las Áreas de Material, Grupos Técnicos, Arsenales, Talleres y demás unidades técnicas de las FFAA. En tal caso, deberían abonar horas extras, viáticos, etc., al personal civil y militar de dichas unidades y un canon a las FFAA para amortizar el desgaste de máquinas, instalaciones, etc. 24. Las empresas privadas FixView, Redimec, Seabury, Cicaré, Prodismo, División Turbos, Aviodinámica, MBA, Ascentio, DTA, Satellogic, Astilleros BIM, SPI, Proios, Bersa, Mecatrol, Globant, Mercado Libre, entre otras, serían ENED. 25. Las ENED y proveedores de SIPE tendrían apoyo de los organismos estatales (INTI, ANAC, DGAMC, etc.) responsables de homologar y certificar SIPE; para lo cual dispondrían de la mayor diligencia administrativa a fin de realizar las pruebas y validaciones internacionales en el menor tiempo posible y tendrían exención arancelaria/tributaria para SIPE destinados a la Defensa. 26. El MINDEF, junto a los Ministerios de Producción y de Relaciones Exteriores, coordinarían esfuerzos y presupuesto para promocionar y exportar SIPE. 27. Se debería potenciar la articulación entre el Sector Académico (universidades y organismos científico-técnicos); las Empresas (públicas y privadas) y el Estado, para un uso más eficiente y estratégico del Poder de Compra gubernamental. Las contrataciones entre los actores citados precedentemente con la finalidad de desarrollar y/o producir un SIPE estarían exentas de impuestos nacionales. 28. Se fomentaría la radicación en Argentina de empresas extranjeras dedicadas a la Defensa, otorgándoles -los primeros diez años desde su inicio de actividad productiva- beneficios patronales e impositivos de hasta un 50% respecto a los previstos para las empresas estatales y privadas de capitales argentinos, cuando su producción implique al menos un 50% de agregado de valor local. El Estado, a través de sus Ministerios, Agencias o Empresas, exigiría offsets tecnológicos, industriales y/o comerciales (en ese orden) a las empresas extranjeras contratadas para proveer SIPE a fin de consolidar el dominio de tecnologías sensitivas y procesos industriales en Argentina. 29. El Estado, a través de sus Ministerios, Agencias o Empresas, podría constituir joint ventures con empresas argentinas y/o extranjeras y acordar un canon o royaltie por la venta a terceros de SIPE desarrollados y/o producidos en nuestro país; el uso de las capacidades ociosas de dependencias públicas; etc. Conclusiones La realidad demuestra que los países que más apoyaron el desarrollo de su Industria de Defensa en forma sostenida son los que poseen mayor autonomía en el autoabastecimiento de sistemas de armas críticos para sus Fuerzas Armadas. Asimismo, esos países -entre los cuales podemos citar a EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, China, Corea del Sur, Turquía, Israel- entendieron el rol estratégico que debe cumplir el gobierno nacional como “arquitecto” que planifica, orienta y apalanca, a través de una verdadera Política de Estado y su Poder de Compra, el desarrollo tecnológico e industrial, fomentando la participación del sector privado a partir de un adecuado marco jurídico. A fin de dar una idea de los números en juego, digamos que la tonelada de un auto tiene un valor próximo a 10.000 dólares, en tanto que la tonelada de un avión de combate ronda los U$S 10 millones y la de un satélite 100 millones de dólares. Durante el año 2018, España registró 400 empresas y 55.000 puestos de trabajo en su Industria de Defensa, con una facturación superior a U$S 12.000 millones, de los cuales 10.000 correspondieron a exportaciones. Estos datos permiten demostrar que la base tecnológica e industrial española no sólo creció a partir de la demanda doméstica sino que gracias al apoyo del Estado pudo convertirse gradualmente en el séptimo exportador mundial de armas, generando más puestos de empleo calificados, mayor ingreso de divisas, potenciando las capacidades militares de sus Fuerzas Armadas y la capacidad de influencia internacional de su país a partir de su rol como proveedor de armas. Es necesario destacar que los desarrollos tecnológicos para las FFAA generalmente tienen aplicaciones duales, civiles y militares, por lo que el apoyo gubernamental a la Industria de Defensa deriva en múltiples externalidades, apalancando otros sectores de la economía, con los beneficios que conlleva. Con respecto a Argentina, en el año 2004, el Estado decidió apostar al desarrollo tecnológico y productivo nacional para incorporar radares y así controlar nuestro espacio aéreo. De este modo, utilizando estratégicamente el poder de compra del Estado, INVAP comenzó a desarrollar radares de diversos tipos (primarios y secundarios, tridimensionales y meteorológicos, etc.) a partir de un contrato con el MINDEF. Casi quince años más tarde, el pasado mes de mayo, INVAP concretó la primera exportación de radares por casi U$S 50 millones. Para quien crea que las medidas planteadas en esta propuesta de Ley de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa son utópicas, basta recordar las pautas establecidas en la ley Nº 11.378 de 1926 sobre Renovación de Material Naval; la Ley N° 12.709 de 1941 que creó la Dirección General de Fabricaciones Militares; la Ley Nº 18.875 de 1970 sobre la utilización del Poder de Compra del Estado nacional; la Ley N° 19.831 de 1972 sobre Promoción de la Industria Naval; la Ley N° 27.208 de 2015 sobre Desarrollo de la Industria Satelital; la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores; entre otras normas. Entre las décadas de 1950 y 1970 la Argentina llegó a diseñar y fabricar cohetes y misiles; aviones de combate; tanques y vehículos militares; corbetas, destructores, buques de transporte y desembarco anfibio; sistemas de armas de artillería e infantería; bombas y municiones de todo tipo; logrando una autonomía casi total en materia de autoabastecimiento de armamentos y equipos para la Defensa. Los vaivenes de la política y el desinterés de la mayoría de los gobiernos, de todos los particos políticos, que se sucedieron en las últimas cuatro décadas prácticamente destruyeron el entramado de empresas e instituciones, públicas y privadas, que tanto dinero, tiempo y esfuerzo costó desarrollar para contar con una Base Industrial de la Defensa Argentina. Es responsabilidad de los funcionarios políticos, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, fomentar e implementar las medidas necesarias para brindar un horizonte que permita planificar a largo plazo, potenciando la sinergia del trabajo coordinado entre el Estado y el Sector Privado, para que volvamos a desarrollar una Industria de Defensa eficiente, innovadora y competitiva.

José Javier Díaz

Médicos argentinos probarán un tratamiento nuevo contra el Síndrome Urémico Hemolítico

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  • Es una patología que, en Argentina, afecta a 400 menores cada año y puede dejar secuelas graves o causar la muerte. 

  • Un grupo de científicos argentinos está iniciando las pruebas de Fase II de un medicamento innovador. 

EN EL FUTURO PODRÍA USARSE PARA TRATAR BROTES DE HANTAVIRUS Y DE EBOLA

¿Por qué es importante? “Esta patología es causada por la toxina Shiga producida por ciertas variantes de la bacteria Escherichia coli, que puede estar presente en agua y alimentos contaminados, típicamente la carne de hamburguesas mal cocidas. Es necesario encontrar algunasolución porque, según la OMS, “en Argentina es una patologia endémica y el nuestro es el país conmayor incidencia mundial de SUH en menores de 5 años”, dijo la doctora Vanesa Zylbermanm, actual directora técnica de Inmunova. Y agregó: “hasta ahora no existe, en el mundo, un tratamiento específico para prevenir curar esta enfermedad. Y aunque Argentina tiene el récord de casos, también suelen registrarse brotes de esta patología en otros países. Por eso pensamos que –si nuestro tratamiento funciona–, además de aprovecharlo localmente podríamos exportarlo”. Los expertos tienen previsto analizar los resultados de la Fase II a mediados de 2023 y, si todo está OK, encarar la Fase III que implicaría tratar a cuatrocientos afectados, algo que es prácticamente seguro en cuanto a fondos ya que la totalidad de estos estudios es de unos US$ 15 millones que ya tienen asegurados.
VACUNA SUH 20221112
GRAVE. En Argentina el SUH es una enfermedad endémica.
 

El paso actual del ensayo clínico es abierto y la inclusión voluntaria. Una vez finalizada esta etapa, los resultados de evolución de los pacientes tratados será comparada con los datos históricos (previos a la pandemia) de pacientes hospitalizados en los mismos centros. Con esos resultados se diseñará la Fase III, que será un estudio aleatorizado, doble ciego y con grupo control, que terminaría en el 2025.

Para Linus Spatz, cofundador y director del Laboratorio, “esta plataforma terapéutica que incluye el uso de “anticuerpos policlonales”, que hoy estamos desarrollando y estudiando contra el SUH, también tiene otras posibilidades. Ya la usamos para tratar covid-19, con buenos resultados, y pensamos que podemos adaptarla para tratar otras patologías locales, como el hantavirus que casi todos los años registra algún brote. Y creemos que podría usarse para prevenir y tratar epidemias de ébola, que hoy es un tema de salud muy grave en muchos países del norte de África”.

Enrique Garabetyan

Llegan dos modelos de taxis eléctricos «made In Argentina»

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La empresa cordobesa Volt Motors presentó los nuevos e-taxi I y e-taxi II, dos vehículos 100% eléctricos pensados para ofrecer una solución sustentable al transporte de personas.

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En el caso del e-taxi I, está pensado para transportar un conductor y un pasajero, con una carrocería de casi 3 metros de largo, una potencia de 14 Kwh (dos motores) y una autonomía inicial de 200 kilómetros.
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En el caso del e-taxi II, se trata de un modelo con un nueva plataforma de 3,5 metros de largo, un ancho de 1,6 metros y una altura de 1,8 metros, con un techo más alto y una amplia puerta trasera, ya que dos de los pasajeros ingresan por esta puerta.
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Esta unidad se presentó en formato «concept» y tiene previsto alcanzar un formato productivo de pre-serie hacia el primer trimestre de 2023 y estar disponible en el mercado a partir del segundo semestre de ese mismo año.
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Los nuevos modelos de Volt son para taxi 
Pensado para un modelo de movilidad más sustentable, el Volt está pensado para uso en el transporte de pasajeros, con un valor del e-taxi I de 4,5 millones de pesos. Por eso fue presentado en el marco del Congreso Nacional de Permisionarios de Taxis, que se realizó este fin de semanas en el Quorum Córdoba Hotel.
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«Los modelos Volt e-taxi surgen de nuestra vocación permanente de construir soluciones creativas, innovadoras y sustentables para un mercado altamente competitivo. En todo el país, en las distintas ciudades, el promedio de transporte de taxis es de 1 a 2 pasajeros, con un recorrido promedio de 3 a 10 kilómetros por viaje, con lo cual, nuestros modelos representan una solución altamente competitiva, ya que articulan las prestaciones, peso y velocidad a las verdaderas necesidades del mercado», explicó Daniel Parodi, CEO de Volt motors.
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Con la batería de litio, este modelo se destaca por la capacidad de carga lenta que permite completarla en 6/8 horas, y una de carga rápida, de 30 minutos, que permite cargar el 80% de la autonomía en un pedestal de la vía pública, y homologado para recorrer una velocidad máxima de 105 km/h.
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«Además que recorren 100 kilómetros al precio de una taza de café, por cuanto son de una rápida amortización», comentó Parodi.
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Autonomía: desde 200 km. por carga de batería.
Velocidad final: 105 km/h.
Control integral de comandos centralizado en pantalla táctil.
Manejo con un solo pedal (One Foot Drive).
Luces LED en posición y de giro y faros de LED
Capacidad máxima: Conductor + 1 pasajero o conductor + 3 pasajeros
Motorización: 14 kwh instalado en las dos ruedas traseras (dos motores).
Mínimo consumo energético, con carga 220 (enchufe convencional) y eventual carga rápida que permite cargar el 80% de la autonomía en un pedestal en la vía pública
Ahorro de hasta 90% en el costo de operación y mantenimiento respecto de vehículos operados con combustibles fósiles. Recorre 100 kilómetros al precio de una taza de café.
Frenos regenerativos (permite convertir una parte de la energía cinética del vehículo en energía eléctrica almacenable en baterías).
One foot drive (se comanda con un solo pie)

Buenos Aires financiará 55 proyectos con el Fondo de Innovación Tecnológica

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El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires financiará por hasta 303 millones de pesos (mediante la adjudicación de Aportes No Reembolsables), 55 proyectos de universidades y organismos científicos por sobre 130 presentados, que fueron seleccionados través de la subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación , en el marco de la primera convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica. La iniciativa busca promover el desarrollo de tecnologías bonaerenses que incrementen la competitividad del sector productivo (Línea Temática A), aporten al diseño e implementación de políticas públicas (Línea B), o resuelvan problemáticas de los municipios de la Provincia (Línea C). La convocatoria alcanzó a 28 instituciones beneficiarias. Estas incluyen universidades nacionales y provinciales, Centros Científico-Tecnológicos del CONICET y Centros Tecnológicos de la Comisión de Investigaciones Científicas, entre otras. El Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires promueve el acceso a la ciencia y la tecnología para todo el territorio provincial: el 60% de los 55 proyectos serán desarrollados en municipios del interior. En términos de género, se destaca que la mitad de los proyectos serán dirigidos por mujeres a la vez que el 70% cuenta con equipos de trabajo integrados en un 50% o más por mujeres. Por otra parte, en 10 casos los proyectos constituirán la oportunidad para que MiPyMEs y cooperativas den sus primeros pasos en materia de vinculación con el sistema científico-tecnológico. Los proyectos financiados tendrán un impacto multidimensional. En materia productiva se destacan el desarrollo de soluciones tecnológicas apoyadas en el uso de la nano y biotecnología (15 proyectos), la transformación digital (12 proyectos), la mejora de la competitividad de sectores estratégicos como la fabricación de equipamiento médico y el cannabis medicinal, así como el impacto en la balanza comercial (7 proyectos vinculados a la sustitución de importaciones y/o con potencial exportador). En materia de impactos sociales y ambientales se destacan 19 proyectos asociados a la mejora de la salud humana y animal y 25 proyectos con incidencia en el cuidado del ambiente. Los proyectos La Línea Temática A contará con 32 proyectos financiados. Entre estos se destacan el de la Universidad Nacional de San Martín que recibirá $8 millones para emplear nanotecnología y desarrollar junto a la empresa Elipse SRL (dedicada a la producción de aditivos para la industria plástica) un envase plástico sustentable que mejore la conservación de los alimentos y el cuidado del ambiente al reemplazar a los envases multicapas (más difíciles de reciclar). También el de la Cooperativa Cerámica Blanca, una empresa tandilense recuperada dedicada a la fabricación de piezas de vajilla de cerámica esmaltada que, junto con la Universidad Nacional del Centro, desarrollarán un proyecto por $7,6 millones para internalizar la producción de un insumo crítico (barbotina) y crear un laboratorio de calidad, que les permita reducir su tasa de rechazo de productos finales. La Línea Temática B obtendrá 14 proyectos. Entre estos se incluye el del Laboratorio de Especialidades Medicinales Provinciales N°3 y el CCT-CONICET Bahía Blanca que recibirán $4 millones para desarrollar un medicamento pediátrico en polvo para el tratamiento de infecciones resistentes que beneficiará específicamente a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. También el del Astilleros Río Santiago y la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata que recibirán $3,9 millones para desarrollar una trituradora de neumáticos fuera de uso, lo que permitirá extender su reciclaje a toda la Provincia y sustituir importaciones, generando nuevos puestos de trabajo y reaprovechando el polvo obtenido para la construcción de suelos para plazas y cargas para pavimentos asfálticos. Finalmente, la Línea C contará con 9 proyectos, entre los que se destacan el del municipio de Azul junto a la Universidad Nacional del Centro, que recibirán $3,9 millones para desarrollar un un sistema de prevención y alerta temprana de inundaciones, que brinde información actualizada y automática sobre este fenómeno, permitiendo reducir su impacto social, económico y ambiental en este municipio y otros aledaños. También el del municipio de Presidente Perón y la Universidad Nacional de La Matanza, que recibirán $3,6 millones para desarrollar un equipo para el tratamiento del agua dulce y los efluentes cloacales domiciliarios en la cuenca del Río Matanza Riachuelo, garantizando la calidad del agua que consumen las poblaciones de zonas rurales.

La CNEA al frente de tres proyectos de descarbonización energética

En un acto en el que participaron el ministro de Ciencia, la secretaria de Energía y el presidente de la Agencia I+D+i, se formalizó la financiación del FONARSEC para proyectos que avanzan en la descarbonización del sistema energético nacional. Entre las 13 propuestas presentadas, por 25 instituciones públicas y privadas, fueron adjudicados un total de 1.170 millones de pesos. No es mucha plata, pero la Argentina se juega cosas importantes en los resultados de estas investigaciones. Los tres proyectos integrados por investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica apuntan a desarrollar tecnologías para agregar valor al litio y para usar hidrógeno obtenido de combustibles tradicionales. Están muy apuntados al aquí y al ahora. Son los que siguen:

Separación isotópica de litio para usos en tecnología nuclear de alto valor agregado

Instituciones intervinientes: Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares (CNEA), INVAP SE y Nucleoeléctrica Argentina SA. Horacio Corti (GAyANN-CNEA) y Juan Agustín Blanco (GVT-CNEA) recibieron el certificado. El objetivo del proyecto es desarrollar técnicas físicas y electroquímicas de separación de los dos isótopos estables del litio, que sean ambientalmente benignas y que permitan agregar valor a las reservas que Argentina tiene en la región de la Puna, en una proporción de varios órdenes de magnitud mayor a la que tiene el carbonato de litio para fabricación de baterías.
La secretaria de Energía Flavia Royon entregó el certificado a Horacio Corti y Juan Agustín Blanco
La secretaria de Energía Flavia Royon entregó el certificado a Horacio Corti y Juan Agustín Blanco .
El litio es una familia muy extendida de isótopos, de los cuales únicamente 2 son de relevancia qúimica porque el resto son inestables y duran millonésimas de segundo. Los estables son el litio-7 y el litio-6, que en los yacimientos naturales de este metaloide hoy tan de moda vienen juntos en una proporción de 92% contra 7%. Para aplicaciones habituales como las baterías de iones de litio, o el endurecimiento de aceros o la neurofarmacología, la separación de ambos isótopos no tiene sentido alguno, de modo que se usa el cóctel que podríamos llamar «litio natural». Pero el hidróxido de litio-7 puro es útil para algo muy específico: tratamiento químico del agua del circuito primario de las centrales nucleoeléctricas refrigeradas y/o moderadas a agua, ya se trate de agua natural o de agua pesada. Disuelto en bajas cantidades, logra mantener el agua dentro de un pH de 7, casi neutro, para impedir la corrosión interna de caños, bombas y componentes del circuito primario. Pero como observa el Dr. Alberto Maroto, químico de centrales nucleares, esto se podría hacer también con hidróxido de sodio, la sencilla y vulgar soda caústica. Es baratísima en comparación, pero el átomo de sodio atrapa neutrones y eso le quitaría potencia a la reacción nuclear. Y a las centrales de uranio natural y agua pesada como las nuestras, o PHWRs, rara vez les sobran neutrones o reactividad. El litio 7, obviamente más caro por ser producto de una separación isotópica muy laboriosa, no tiene este problema. Todas las centrales de agua presurizada del mundo, sea liviana o pesada, se beneficiarían de un proceso separativo de litio-7 y litio-6 químicamente menos arduo que los actuales. Pero el hidróxido de litio 7 barato tiene mercado seguro en las Atuchas 1 y 2, así como en Embalse, y en todas las CANDÚ canadienses repartidas en 7 países y sus muchas adaptaciones indias IPHWR. Entre todas, suman el 11% del parque nucleoeléctrico mundial. De modo que hay en vista una sustitución de importaciones, y una posible exportación doble: o de hidróxido de litio 7, o de tecnología separativa. Las aplicaciones del litio-6 son más futuras: puede ser un precursor del tritio, que a su vez será materia prima de alta demanda en las centrales nucleares de fisión… cuando éstas sean una realidad comercial. Y eso técnicamente es muy peliagudo. Hace 70 años que las plantas de fusión están «apenas a 10 años de ser un éxito», definido porque logren producir más energía de la que gastan de un modo sostenido en el tiempo. De todos modos, cuando eso ocurra, y si ocurre, las centrales de fisión CANDÚ producen bastante tritio como efluente gaseoso, y probablemente sean una fuente de aprovisionamiento más directo y barato.

Desarrollo de generadores basados en pilas de combustible de óxido sólido alimentadas con hidrógeno producido a partir de combustibles tradicionales

Instituciones intervinientes: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (CNEA), Santa Fe Gas y Energías Renovables ENERFE SAPEM, y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La investigadora responsable Liliana Mogni (GAATN-CNEA) recibió el certificado. El proyecto apunta a desarrollar un prototipo de generador eléctrico tipo celda de combustible SOFC de 5 kW, que permita articular esta tecnología en el país, al menor costo posible e incorporando la mayor proporción de mano de obra y tecnología local.
Liliana Mogni (CNEA) junto al presidente de la Agencia I+D+i y representantes de las instituciones que integran el proyecto
Liliana Mogni (CNEA) junto al presidente de la Agencia I+D+i y representantes de las instituciones que integran el proyecto .
Se partirá de un prototipo importado para estudiar e identificar componentes que puedan reemplazarse o desarrollarse localmente, con el objetivo de construir en el país un segundo prototipo. Se apunta a la incorporación de 50 / 60% de tecnología nacional. Los mayores desafíos tecnológicos son desarrollar el reformador (que separa las moléculas de hidrógeno del resto químico del combustible base) y el «módulo de stacks» (el conjunto de membranas de teflón que oxidan el hidrógeno, para generar electricidad). La Dra. Mogni sigue abriendo picada en una vía química que inició el Dr. Miguel Laborde, del CONICET y la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) en 2003: convertir un combustible convencional en hidrógeno, a demanda de una celda combustible (o «pila») que lo oxida en sus membranas para obtener energía eléctrica. En lugar de un frente de llama que produce calor, como la de un motor a explosión, en este tipo de oxidación más continua y profunda lo que se busca es producir una corriente de electrones. Suena fácil pero es difícil. Laborde y el CONICET en 2003 vendieron en U$ 300.000 su tecnología a Navantia, astillero militar español que estaba tratando de lograr una fuente de potencia silenciosa e independiente de la atmósfera (AIP, por Athmosphere Indepent Power). Esta unidad se emplearía en los nuevos submarinos de ataque S-80 españoles. Para no revelar su identidad, Navantia compró el «paquete tecnológico» argentino a través de la multinacional de ingeniería Abengoa, que jamás reveló su destino. La transferencia de tecnología criolla y la reinversión de las ganancias en mejorar de equipamiento y sueldos los laboratorios de la FIUBA, de modo que no se diluyeran en la contabilidad general de la Nación, fueron administrados por la Fundación Innova-T del CONICET.   La idea de Navantia era usar alcohol vegetal como combustible convencional de las plantas AIP, y no por ecologismo. Pasa que a diferencia del metanol, el etanol no es tóxico (algo importante a bordo de barcos herméticos como los subs). Tiene un punto de evaporación más alto y no necesita condiciones especiales de temperatura o presión para almacenarse en forma líquida. Los españoles aprendieron sobre la marcha que se necesita un «reforming» inicial que genere hidrógeno de una pureza muy alta, libre de casi toda contaminación de monóxido de carbono, porque éste desactiva rápidamente las membranas de las pilas combustibles. Obviamente, de esto no dijeron ni mu. El problema debe ser peliagudo, porque 18 años más tarde el primer S-80 español, el Isaac Peral, salió al mar con sus plantas de potencia diésel-eléctricas, pero todavía sin pilas AIP. Los 5 kW de la pila eléctrica a hidrógeno que trata de desarrollar la Dra. Mogni no dan para submarinos AIP, sino para herramientas o aplicaciones portátiles de iluminación, taller o cocina en sitios sin electricidad. Pero a no confundirse. Si las cosas salen bien a pequeña escala (y en investigación aplicada nunca hay garantía), el paso siguiente podría ser una pila de 60 u 80 kW, capaz de mover un automóvil chico, como dijo Laborde en 2004 en «La Nación». En ese caso, se estaría en el mejor de los mundos en términos automotrices: el auto sería eléctrico, pero a diferencia de los Tesla de Elon Musk (y de sus muchos imitadores), no tiene una pila pesada, cara y que tras 20 o 30 minutos de recarga te da a lo sumo te da 200 o 300 km. de autonomía. Todas estas cifras empeoran con las bajas temperaturas ambientes, además. En cambio un auto a alcohol vegetal uno lo recarga a la misma velocidad con la que llena hoy un tanque de nafta. In your face, Elon! Cualquiera de nuestras más de 5000 estaciones de servicio argentas es fácil de reconvertir a alcohol: sólo hay que agregar otro tanque subterráneo y otra manguera de expendio. La logística nacional del alcohol sería mejor que la de los combustibles líquidos actuales, aunque se haría con el mismo tipo de camiones. Sólo que las destilerías de petróleo se concentran casi todas en la región central del país. En cambio, se podría producir alcohol en cualquier lugar de nuestra geografía donde haya cultivos o talas de bosques implantados. La diferencia conceptual con los autos de Musk, en estos tiempos de desastre climático global causado por la acumulación de dióxido de carbono fósil en la atmósfera, es que el etanol es un combustible verde, sale de la fotosíntesis. No hace falta producirlo desde el maíz, como los EEUU: eso es priorizar a los autos sobre la gente. Pero es fácil obtenerlo por procesos enzimáticos y térmicos a partir de bagazos, rastrojos, aserrín y otros descartes vegetales, requechos que la Argentina produce a patadas. El «reforming» del etanol a hidrógeno y la oxidación de éste en una pila produce electricidad serían procesos continuos a bordo del auto, con el primero a demanda del segundo. Y los únicos efluentes serían vapor de agua y dióxido de carbono. Pero ojo, es carbono verde, del que ya estaba en circulación en la biosfera. El alcohol vegetal no añade carbono fósil a la atmósfera. En el fondo, es un asunto contable o de denominación de origen, según se lo quiera ver. Gran diferencia, entonces, con los autos «full electric»: son tan verdes como la red eléctrica en la que recargan baterías. En Suecia, son recontra-verdes, porque el 80% de la electricidad es hidroeléctrica, nuclear y eólica. Pero si la electricidad de red viene en un 70% u 80% de la quema de combustibles fósiles, como en EEUU o la Argentina (y en casi todo el planeta), esos autos son contaminantes. La virtud de los autos «full electric» por ahora es dejarte en una estación «Superchager», esperando una o dos horas que recarguen los que llegaron antes a la cola. Y una vez recargado el auto, contaminar igual… pero en otro lado, donde están las centrales térmicas que alimentan la red. No parece un modo de salvar al mundo, si ésa era la intención. Una pila como la de la Dra. Mogni sólo pide hidrógeno muy puro y membranas de teflón que resistan el «envenenamiento» con monóxido de carbono suficiente tiempo antes de recambiarlas. Ese molesto gas es difícil de erradicar de casi todo proceso de rectificación.  Benjamin Franklin lo hubiera calificado como más inevitable aún que la muerte y los impuestos. Si no, preguntarle a Navantia. La fuente primaria de ese hidrógeno de la pila de la Dra. Mogni puede ser cualquier otro combustible líquido fósil convencional, desde el gas natural al licuado, o a la nafta o al gasoil. Pero, a diferencia del etanol, el «reforming» de estos líquidos sí emite carbono fósil a la atmósfera. Por ende, no tienen demasiado sentido ecológico salvo éste: es termodinámicamente imposible que una pila o «fuel cell» sea mucho más eficiente que un motor de explosión, prácticamente el doble. Pero justamente por la destrucción de nuestro viejo sistema ferroviario y su reemplazo por camiones mucho menos eficientes que los trenes, hay que ver la cantidad de gasoil que hoy se gasta para en mover gasoil (y naftas) por nuestras rutas. Hay que irse a las ciudades chicas de la Patagonia con un autito diésel y estar esperando varios días, con el tanque medio vacío, la llegada del camión de gasoil para poder salir de ese lugar y llegar a la siguiente estación de servicio, distante tal vez 400 km. Es un modo práctico de entender nuestro problema. Una plantita electroquímica que me permita duplicar el kilometraje por litro de un naftero o un gasolero es de todos modos algo bastante ecológico comparado con los motores de hoy. Y si ese combustible fuera alcohol, que se fabrica casi en cualquier lado, olvidate del desabastecimiento de gasoil como el que reina en el Hemisferio Norte. En el último par de meses, ha destruído la logística de la distribución de alimentos a los supermercados. ¡Anaqueles arrasados en EEUU! Pensando en todo ello, mucha suerte a Mogni.

Desarrollo tecnológico para la producción nacional de electrolito para baterías de litio “ElectroLitAr”

Instituciones intervinientes: Gerencia Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CNEA), YPF Tecnología SA, CLORAR Ingeniería SA y el Centro de Química Inorgánica CEQUINOR-CONICET. Daniel Brasnarof y Ana Bohé, quienes participan de este proyecto por la CNEA, asistieron a la ceremonia de manera remota desde el Centro Tecnológico Pilcaniyeu. La propuesta es desarrollar la producción nacional de electrolito para baterías de ion-litio a partir de la síntesis de la sal hexafluorofosfato de litio (LiPF6) y la formulación de la preparación de soluciones específicas para tal fin.
El decano de la FIUBA, Alejandro Martínez, entregó el certificado a representantes del proyecto EletrolitAR
El decano de la FIUBA, Alejandro Martínez, entregó el certificado a representantes del proyecto EletrolitAR .
El proyecto incluye la síntesis de LiPF6 a escala laboratorio (1-10 gramos) y el posterior desarrollo en una escala de 500-1000 gramos, finalizando con el diseño conceptual de una planta de producción de aproximadamente 2 toneladas anuales.» El desarrollo de Brasnarof y Bohé apunta a un nicho exclusivo de mercado dentro del mucho mayor de las pilas recargables a iones de litio de uso masivo. Me refiero a baterías de muy alto desempeño, con mayor «densidad eléctrica», rapidez de recarga y mayor precio. Fabricar su electrolito es un modo tecnológicamente inteligente de salir del modelo actual de negocios de la minería de litio. Este modelo es una condena autoperpetuada a vender naturaleza cruda barata para importar manufacturas caras. El precio del carbonato de litio muy puro hoy llega a los U$ 28.000 la tonelada, pero es apenas una fracción del precio de la tonelada de baterías recargables convencionales que uno encuentra en los supermercados. Y ésas las importamos. Este modelo de negocios, que parece continuar nuestra tradición del siglo XIX de exportar cueros e importar zapatos, tendrá sin embargo una vida probablemente más corta. Durará hasta que aparezcan pilas mejores o más baratas que las de ion de litio -decenas de países están buscando alternativas electroquímicas- y entonces reine de pronto la desocupación en nuestros salares del NOA. Cuyas provincias clave deberán lidiar entonces, y ya sin regalías entrantes, con los evidentes pasivos ambientales y sociales. La mejor de las suertes para Brasnarof y Bohé.

Daniel E. Arias

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El acto de entrega fue encabezado por el ministro de Ciencia, Daniel Filmus y la secretaria de Energía Flavia Royon, y se desarrolló de manera presencial y virtual desde la FIUBA. También participaron el presidente de la Agencia I+D+i Fernando Peirano, la directora nacional del FONARSEC Laura Toledo, la directora Nacional de Proyectos Estratégicos de MinCyT Érica Carrizo y el decano de esa casa de altos estudios Alejandro Martínez. El gerente general de la CNEA Daniel Bianchi acompañó a los investigadores de manera presencial, mientras que la presidenta Adriana Serquis, como así también otras autoridades y representantes de los proyectos seleccionados, participaron de manera remota. Lo de la presencia remota es algo a lo que hay que acostumbrarse ya no por comodidad o por el virus SARS CoV2, sino por el costo de los combustibles líquidos. Afecta directamente el costo de los pasajes aéreos.

“La industria de los videojuegos en Argentina está creciendo muchísimo”

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Luciano Musella, de 28 años, es uno de los fundadores de Whiteboard Games,  la empresa que firmó el primer convenio en Latinoamérica con la alemana Gameforge, líder en la industria de los videojuegos.

En diálogo con APU Stream, el programa de la Agencia Paco Urondo (sale los sábados de 11 a 13 hs por el canal de Youtube de Gelatina), Musella repasó el lanzamiento de su primer videojuego — I see red— y las reuniones que tuvo con “Wado” de Pedro, ministro del Interior de la Nación, y con el embajador de Alemania. Agencia Paco Urondo: Contános un poco lo que hacen en Whiteboard Games.  Luciano Musella: Nos dedicamos a realizar juegos tradicionales para computadora. Nuestro primer juego fue “I see red”, que es de acción y venganza. Como si fuera de antaño, es de esos en los que cuando morís tenés que empezar de nuevo. Las partidas son cortas y, en cada caso, todo cambia para que no sea aburrido. APU: ¿Qué acuerdo firmaron con la alemana Gameforge y qué importancia tiene? L.M: Es un acuerdo de publicación, que lo lleva a tiendas y jugadores, como si fuera una editorial. Fue la primera alianza entre una compañía de videojuegos argentina y una de Alemania. De eso resultaron dos reuniones en Casa Rosada, con Wado de Pedro y el embajador Ulrich Sante, para conocer nuestra historia pero también para ver cómo mejorar la situación. El plan es afianzar y hacer más fluidas las relaciones entre ambos países en materia de tecnología para favorecer ese tipo de acuerdos. APU: ¿Cuál es el potencial de nuestro país en la industria de videojuegos? L.M: Estamos en un alce muy importante, creciendo muchísimo. Hace un par de años era casi inexistente. Ahora hay un montón de casos de empresas exitosas y lugares donde uno puede estudiar. El Programa Potenciar es el primer paso donde el gobierno se mete a apoyarnos, no sólo mediática sino económicamente. Es fantástico porque va a ayudar que un montón de otros juegos puedan producirse y salgan a la venta. APU: ¿Cómo viene siendo la recepción del juego? L.M: En general fue positiva. A mucha gente le gustó la estética, que es en blanco, negro y rojo, de ahí el nombre, y nos puso muy contentos. También es importante lo negativo para que uno pueda crecer como diseñador. Hay planes de actualizaciones en lo inmediato para seguir mejorando en base a los comentarios. Por otro lado, en un futuro más lejano, analizar lo que los jugadores realmente quieren en materia de contenido para dárselo, algo que lleva más tiempo. En el pico máximo de producción, porque siempre fue cambiante, éramos 18 personas trabajando en el juego y fueron tres años de trabajo. APU: ¿Cómo se tomaron el tema de la piratería? L.M: Fue extraño. Un amigo me avisó que estaban pirateando el juego en una página y me pasó el link. Había gente comentando que les gustaba y yo puse que, cuando era más chico, también lo hacía, que no iba a juzgar y les dejé una clave para que lo puedan tener gratuitamente. Eso explotó, porque era un director regalando el juego. En lugar de piratearlo, la gente empezó a comprarlo, tuvo el efecto contrario, hasta el dueño de la página estuvo dispuesto a ayudar. APU: ¿Cuándo arrancó tu vínculo con los videojuegos? L.M: En mi vida estuvieron siempre. A los tres años me compraron un Sega Genesis y después seguí. Luego descubrí que no sólo podía jugar sino también estudiar, en una carrera que se llama diseño y programación de videojuegos en la Facultad Da Vinci, en Balvanera. En la escuela no era particularmente un buen estudiante, por lo que me sorprendí a mí mismo durante la carrera, me entusiasmé mucho. Una vez finalizada, conseguí una salida laboral, fundando mi empresa a partir de un inversor de tecnología en Mar del Plata, la aceleradora Neutrón.

Biden y Xi, reunidos por primera vez como Presidentes de las dos Grandes Potencias

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No prevemos que de esta reunión surjan cambios dramáticos. Si no se parecen en nada más, tanto Xi como Biden son veteranos expertos en el manejo del poder, y saben que los «cambios dramáticos» a menudo terminan mal. Pero son, actualmente, los dos hombres más poderosos del mundo en términos materiales, y vale la pena repasar los temas que tienen sobre la mesa. Reproducimos el análisis, razonablemente desapasionado, de la CNN. Hasta hoy, la agencia oficial china Xinhua no ha hablado sobre este tema. Bali, Indonesia (CNN) — Cuando Joe Biden y Xi Jinping se conocieron por primera vez hace más de 10 años, Estados Unidos y China habían tenido acercamientos durante tres décadas a pesar de sus diferencias. “La trayectoria de la relación no es más que positiva, y es abrumadoramente de interés mutuo para nuestros dos países”, dijo Biden en 2011 cuando, en el rol de vicepresidente, visitó Beijing para construir una relación personal con el entonces líder en espera de China. Sentado junto a Xi en un hotel de Beijing, Biden habló en una sala de líderes empresariales chinos y estadounidenses sobre su “gran optimismo sobre los próximos 30 años” para las relaciones bilaterales y elogió a Xi por ser “directo”. “Solo los amigos y los iguales pueden servirse unos a otros siendo directos y honestos con ellos”, dijo. Este lunes, los dos líderes se reunirán para otro intercambio honesto en Bali, Indonesia, al margen de la cumbre del Grupo de los 20. Pero es poco probable que el estado de ánimo en la habitación sea tan agradable como el entorno circundante.
La positividad y el optimismo de hace una década han sido reemplazados por la desconfianza y la hostilidad mutuas. Cuando Biden regresó a la Casa Blanca como presidente, se encontró con una relación entre Estados Unidos y China en su peor forma en décadas, con tensiones en el comercio, la tecnología, la geopolítica y la ideología.

Xi Jinping y Joe Biden se encuentran en Beijing en 2011. (Crédito: Xinhua/Redux)

La próxima reunión, el primer encuentro en persona entre Biden y Xi desde que el presidente de Estados Unidos asumió el cargo, llega en un momento crucial para ambos líderes. Al haber consolidado aún más su poder en el Congreso del Partido Comunista del mes pasado, Xi se dirige a la reunión como el líder chino más fuerte desde Mao Zedong. Mientras tanto, Biden llegó a Asia luego de un desempeño mejor al esperado de su partido en las elecciones intermedias de EE. UU., y se prevé que los demócratas mantengan el Senado en una gran victoria. Cuando se le preguntó este domingo si los resultados le permitieron enfrentar el cara a cara de este lunes con una mano más fuerte, Biden expresó confianza. “Sé que estoy llegando más fuerte”, dijo a los periodistas. Hay mucho en juego en su tan esperado encuentro. En un mundo que se tambalea por la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia de covid-19 y la devastación del cambio climático, las dos grandes potencias deben trabajar juntas más que nunca para infundir estabilidad, en lugar de generar tensiones más profundas a lo largo de las fisuras geopolíticas. Pero las expectativas para la reunión son bajas. Encerrados en una rivalidad entre grandes potencias cada vez más intensa, EE.UU. y China no están de acuerdo en casi todos los temas importantes, desde Taiwán, la guerra en Ucrania, Corea del Norte, la transferencia de tecnología hasta la configuración del orden mundial. Quizás el único terreno común real que comparten las dos partes antes de la reunión son sus esperanzas limitadas de lo que podría salir de ella. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo este jueves que Biden quiere usar las conversaciones para “construir un piso” para la relación, en otras palabras, para evitar que caiga libremente en un conflicto abierto. El objetivo principal de la reunión no es llegar a acuerdos (los dos líderes no publicarán ninguna declaración conjunta después), sino obtener una mejor comprensión de las prioridades de cada uno y reducir los conceptos erróneos, según el funcionario estadounidense. El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, reforzó el mensaje este sábado a los periodistas2 a bordo del Air Force One, y señaló que es poco probable que la reunión resulte en avances importantes o cambios dramáticos en la relación. Las esperanzas de un reinicio con Washington son igualmente bajas en Beijing. Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Renmin, dijo que sería una “expectativa enorme” creer que la reunión puede conducir a una mejora duradera y significativa en las relaciones bilaterales. “Dado que China y Estados Unidos se encuentran en un estado de rivalidad y confrontación casi total, no hay muchas posibilidades de anticipar que los principales problemas puedan aclararse realmente”, dijo Shi.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con el líder de China, Xi Jinping, cinco veces por teléfono o videollamada desde que asumió el cargo en enero de 2020. (Crédito: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

En el centro de su divergencia está cómo las dos naciones ven los motivos de cada uno, y cuán perjudiciales son estos objetivos para sus propios intereses. “Los chinos creen que el objetivo de Estados Unidos es mantener a China bajo control para que podamos contenerla. Y Estados Unidos cree que el objetivo de China es hacer que el mundo sea más seguro para los estados autoritarios, expulsar a Estados Unidos de Asia y debilitar su sistema de alianzas”, señaló Scott Kennedy, asesor principal en economía y negocios chinos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en Washington. Cada lado culpa al otro por completo por el estado de la relación y cada uno cree que les está yendo mejor que al otro en la situación, indicó Kennedy, quien recientemente regresó de una visita de una semana a China, una rara oportunidad en los últimos años debido a restricciones fronterizas cero-covid de China. “Los chinos creen que están ganando, los estadounidenses creen que están ganando y, por lo tanto, están dispuestos a asumir estos costos. Y piensan que es muy poco probable que la otra parte haga cambios significativos”, afirmó Kennedy. “Todas esas cosas reducen la probabilidad de ajustes significativos”. Pero los expertos dicen que el hecho mismo de que los dos líderes estén teniendo una conversación cara a cara es en sí mismo es un desarrollo positivo. Mantener el diálogo abierto es crucial para reducir los riesgos de malentendidos y errores de cálculo, especialmente cuando las sospechas son profundas y las tensiones son altas. La comunicación directa es aún más importante dado que Xi acaba de asegurar un tercer mandato que rompe las normas con un control del poder más estricto que nunca, y la posibilidad de gobernar de por vida. “No hay nadie más en su sistema que realmente pueda comunicarse con autoridad aparte de Xi Jinping”, dijo el asesor de seguridad nacional Sullivan.

«Líneas rojas»

Este miércoles, Biden dijo en una conferencia de prensa que quiere “exponer cuáles son nuestras líneas rojas” cuando se siente con Xi, pero los expertos dicen que eso podría no ser tan sencillo como parece. “Me encantaría ser una mosca en la pared para ver esa conversación porque no creo que Estados Unidos o China hayan sido muy precisos sobre cuáles son sus líneas rojas. Y tampoco creo que ninguno de los dos haya sido muy claro sobre las recompensas positivas que la otra parte obtendría si se mantuviera dentro de esas líneas rojas”, dijo Kennedy, de CSIS. Para Beijing, ninguna línea roja es más clara o más crucial que su reclamo sobre Taiwán, una democracia autónoma que el Partido Comunista Chino nunca ha controlado. Xi considera que la “reunificación” con la isla es un tema clave sin resolver en el camino de China hacia el “gran rejuvenecimiento”, una visión radical que prometió lograr para 2049. Y quizás ningún presidente estadounidense haya enojado más a Beijing por Taiwán en las últimas décadas que Biden, quien ha dicho, en cuatro ocasiones distintas, que Estados Unidos defenderá la isla en caso de una invasión china. Cada vez, sus asistentes se apresuraron a retractarse de sus comentarios y negaron cualquier cambio en la política de «Una China» de Estados Unidos. Bajo la política de “Una China”, Washington reconoce la posición de Beijing de que Taiwán es parte de China, pero nunca ha aceptado su reclamo de soberanía sobre la isla. Estados Unidos proporciona armas defensivas a Taiwán, pero se ha mantenido deliberadamente vago sobre si intervendría militarmente si China ataca la isla, una política conocida como “ambigüedad estratégica”.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante su visita a Taipei este agosto. (Crédito: Handout/Getty Images)

China ha acusado repetidamente a Estados Unidos de “jugar con fuego” y de vaciar la política de “una sola China”. La ira de Beijing llegó a un punto de ebullición en agosto, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, hizo caso omiso de sus severas advertencias y aterrizó en Taipei para una visita de alto perfil. China respondió lanzando ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán que formaron un bloqueo efectivo; también detuvo el diálogo con Estados Unidos en una serie de áreas, desde militar, cambio climático y delincuencia transfronteriza hasta tráfico de drogas. Ahora que los dos líderes están sentados en la misma sala, como resultado de semanas de intensas discusiones entre las dos partes, se espera que Taiwán encabece su agenda. Pero en una señal de lo polémico del tema, ya se han intercambiado críticas. Biden ha dicho que no haría «concesiones fundamentales» a Xi, y Sullivan ha anunciado planes para informar a Taiwán sobre las conversaciones con el objetivo de que Taipei se sienta «seguro y cómodo» con el apoyo de Estados Unidos. Ese plan provocó la condena inmediata de Beijing. “Es de naturaleza atroz. China se opone firmemente a ello”, dijo este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, poco después de que el ministerio confirmara que Xi se reuniría con Biden en el G20.

La fuerza de cohetes del Ejército Popular de Liberación de China realiza pruebas de misiles en las aguas frente a la costa este de Taiwán el 4 de agosto. (Crédito: Eastern Theatre Command/Handout/Reuters)

“El problema con China es que no les gusta reunirse e intercambiar puntos de vista, simplemente repiten los puntos de conversación. Xi Jinping no es muy creativo en la forma en que interactúa con sus homólogos”, afirmó Jean-Pierre Cabestan, profesor de ciencias políticas en la Universidad Bautista de Hong Kong. Otros temas clave en la agenda incluyen la guerra de Rusia en Ucrania, otro punto importante de tensión, así como áreas en las que Estados Unidos espera cooperar con China, como las continuas provocaciones de Corea del Norte y el cambio climático. Shi, el experto en chino de la Universidad Renmin, ve poco espacio para avances en estos temas. “Sobre el tema de Ucrania, China ya ha dejado clara su posición muchas veces. No cambiará simplemente por las conversaciones con el presidente de Estados Unidos. Sobre Corea del Norte, desde marzo del año pasado, China ya dejó de tratar la desnuclearización de Corea del Norte como un elemento fundamental de su política peninsular de Corea”, dijo. Tampoco es más optimista su evaluación de la cooperación climática. “China y EE.UU. pueden encontrar muchos intereses comunes en esto, pero cuando se trata de cómo lidiar específicamente con el cambio climático, siempre conduce al antagonismo en las políticas y la rivalidad por la ideología y la influencia global”, explicó Shi. Los expertos en Estados Unidos y China dicen que algunos avances en una mayor comunicación y acceso entre los dos países ya se considerarán un resultado positivo, como la restauración de las conversaciones militares y climáticas suspendidas. “Esperemos que la reunión pueda usarse para algo más que ventilar quejas mutuas”, dijo Patricia Kim, experta en China de la Institución Brookings. “Por ejemplo, una declaración conjunta de Biden y Xi de que se oponen a la amenaza o el uso de armas nucleares en Ucrania y en la península de Corea, así como un guiño para reiniciar los intercambios a nivel de trabajo en áreas de interés común como el cambio climático y la lucha contra los estupefacientes sería prometedor”.

Relación personal

Durante la década de su relación, Biden y Xi han pasado decenas de horas juntos en Estados Unidos y China. Durante el viaje de Biden para conocerse a China en 2011, los dos líderes compartieron una maratón de reuniones y comidas en Beijing y la ciudad suroccidental de Chengdu. También hicieron un viaje a lo profundo de las verdes montañas de la provincia de Sichuan para visitar una escuela secundaria rural reconstruida después de un terremoto mortal. Al año siguiente, Xi realizó una visita recíproca a Estados Unidos por invitación de Biden, quien invitó a su homólogo chino a cenar en su residencia después de una serie de reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. Biden también voló a Los Ángeles para encontrarse con Xi en la última etapa de su viaje. Sus encuentros en persona continuaron después de que Xi asumiera el poder en 2012. La última vez que se vieron cara a cara fue en 2015, durante la primera visita de estado de Xi a Estados Unidos como líder máximo de China. A medida que las relaciones entre sus países se desplomaron, la dinámica que alguna vez fue amistosa entre los dos líderes también cambió.

Xi Jinping y Joe Biden, acompañados de sus traductores, en Chengdu, China, en 2011. (Crédito: Peter Parks/AFP/Getty Images)

Xi es un intransigente ideológico que cree en el regreso de China al centro del escenario mundial y es escéptico, algunos dirían hostil, hacia Estados Unidos. Biden, mientras tanto, se ha cansado cada vez más del giro autoritario de China bajo Xi, y ha enmarcado la rivalidad entre los dos países como una batalla entre la autocracia y la democracia. El verano pasado, Biden rechazó públicamente ser descrito como un “viejo amigo” de Xi. «Vamos a dejar algo claro. Nos conocemos bien; no somos viejos amigos. Es puro negocio”, dijo en ese momento. Dada la creciente división, la brecha de dos años desde su última reunión en persona es un tiempo extremadamente largo, señaló Kennedy. “Una conversación al margen de una cumbre multilateral sigue siendo insuficiente para discutir a fondo todos los temas clave que enfrentan los países. Y, con suerte, las dos partes facilitarán una mayor discusión sobre estos temas por parte de muchas partes de los dos.

«El futuro ya no es lo que era». Una mirada desde 2008

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Joan Cwaik, autor y divulgador, especialista en tecnologías emergentes escribió esta columna. Nos parece que aporta una mirada distinta sobre nuestro presente. «La crisis de las hipotecas subprime de 2008 coincidió con un momento de profundos cambios tecnológicos que por momentos olvidamos. Intentemos situarnos por un rato en esa lejana y oscura época. Había unos extraños aparatos para reproducir música que se llamaban MP3, también existía un incómodo sistema de entretenimiento on demand que te obligaba a salir de tu casa, alquilar una película y pagarla. Y por supuesto volver a pagar cuando te olvidabas de devolverla a las 24 o 48 horas… ¿Cómo te llevabas la película a tu casa? Claro, qué iluso, me olvidé de aclararlo: las películas, como muchas otras cosas, venían en DVDs. Los teléfonos, por su parte, eran bastante rudimentarios. En ese momento estaba en auge el BlackBerry, pero, si querías hablar un poco más, ya tenías que recurrir en la computadora a un sistema arcaico conocido como MSN Messenger, cuya consecuencia es que mucha gente de mi generación hoy continúa teniendo casillas de correo de hotmail.com. Pero el punto es que, en 2008, cuando la crisis comenzó a generar una visión más negativa del futuro, estaban empezando a existir, o a volverse masivas, muchas de las tecnologías que hoy utilizamos todos los días. El 31 de octubre de 2008, solo unas horas después de la caída de Lehman Brothers que provocaría una crisis casi sin parangón, Satoshi Nakamoto –el seudónimo utilizado por la persona o las personas detrás de la tecnología bitcoin– publicó el primer whitepaper de Bitcoin, proponiendo un sistema que permitiría superar la necesidad de intermediarios como los bancos y las instituciones financieras para facilitar y auditar las transacciones. Buen timing. Pero no solo cripto. WhatsApp, Twitter o Facebook. En muchos de los casos, estas tecnologías permitieron amplificar los mensajes de las protestas, y sirvieron como base para el surgimiento de nuevos tipos de líderes y activistas, pero también se volvieron blanco de críticas y en algunos casos fueron identificadas como una de las causas de los conflictos. Para el ensayista indio Pankaj Mishra, la historia occidental nos demuestra que la modernidad siempre estuvo asociada al desorden y los conflictos. Desde la Primera Revolución Industrial, el mundo asistió a un espiral de turbulencias, revoluciones y guerras a gran escala: La Revolución Francesa, las revoluciones de 1848, la Primera y Segunda Guerra Mundial, o el nazismo, entre otros. Pero para Mishra, que estas dos situaciones –la Primera Revolución Industrial y la explosión de conflictos civiles, bélicos e internacionales– se dieran al mismo tiempo no es por mera casualidad. Más bien existe un cierto efecto de causalidad entre una y otra. El autor indio se refiere al presente como un momento de salvaje violencia que “los futuros historiadores bien podrían ver como el comienzo de la tercera –la más larga y extraña– de todas las guerras del mundo: una guerra civil global”. Muy fuerte. Como podemos ver, canciones, literatura, columnas de opinión, ensayos y frases hechas como que todo tiempo pasado fue mejor fueron creando en los últimos años un sentido común negativo sobre el presente. Efectivamente vivimos en un tiempo extraño, en el cual podemos hacer una vacuna para una pandemia en menos de un año, pero más de trescientos millones de personas alrededor del mundo sufren de depresión. ¿Realmente estamos ante el peor momento de la humanidad? No soy historiador, ni tampoco pretendo hacer historiografía, pero me animaría a afirmar que debe haber habido tiempos peores. O que, en realidad, no estamos tan mal como creemos.»

Massa lanzó Precios Justos. «1.788 productos que van a tener el mismo precio hasta febrero»

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El ministro de Economía encabezó el lanzamiento del programa que apunta a disminuir la inflación, con un acuerdo que promete mantener casi 1.800 productos distintos con el mismo precio hasta febrero. Massa invitó a otras empresas a que participen del acuerdo.

«Es mentira que es magia bajar la inflación», resaltó el titular del Palacio de Hacienda y afirmó que la resolución del problema vendrá de la mano de «política fiscal ordenada, acumulación de reserva y trabajo coordinado». Según Massa, el programa Precios Justos le permitirá al Estado «recorrer un sendero a la baja en lo que más impacta en la vida de los argentinos que es la inflación». El ministro señaló que este nuevo acuerdo voluntario de precios que se extenderá hasta el 28 de febrero próximo, «resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación» ya que la misma –afirmó- «se resuelve con política fiscal ordenada, con acumulación de reservas y trabajo coordinado con las cadenas de insumo difundido». En el acto de lanzamiento, desarrollado en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro instó a las empresas de consumo masivo que no firmaron el acuerdo a que lo hagan para «no perder el mercado», ya que consideró que los consumidores se volcarán a los productos del mismo. Según detalló el secretario de Comercio, Matías Tombolini, 102 empresas han manifestado su adhesión hasta el momento y anticipó que serán 114 al cierre de hoy y 125 para la semana que viene. «Hay 1.788 productos que forman parte de la canasta de Precios Justos que van a tener el mismo precio hasta febrero», precisó el funcionario refiriéndose al grupo de productos que se mantendrá sin modificaciones en sus valores. Por su parte, las empresas que ingresen al programa sólo podrán aumentar hasta un 4% mensual al resto de sus productos, abarcando así a otros 30.000, según señaló Massa.

Controles

La resolución dispone un esquema de control mediante el cual cada empresa deberá informar de forma mensual entre los días 1 y 10, el volumen total provisto a los supermercados de cada uno de los productos con precios fijos a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.

Por su parte, en caso de que las empresas no puedan proveer el producto por causas ajenas a las mismas, deberán informarlo a las 72 horas de tomar conocimiento de dichas causa y comercializar, en su lugar, algún producto sustituto y equivalente. En cuanto a los supermercados, también deberán informar bajo el mismo esquema los volúmenes solicitados al proveedor y los efectivamente recibidos.

Al igual que en otros programas gubernamentales, los productos que formen parte del programa estarán señalizados en las góndolas, folletería y plataformas digitales con el nombre “Precios Justos”, al igual que en las puertas de ingreso de los locales adheridos.

Las empresas caerán en una infracción en el caso de no ofertar los productos, no identificar con la señalética a, al menos, el 80% de los mismos; o en el caso que establezcan alguna restricción al número de venta por consumidor o grupo familiar. También caerán en un incumplimiento si no responden “en tiempo y forma a los requerimientos de información”.

Multas a comercios

La Secretaría de Comercio anunció además que firmará convenios con las intendencias para fiscalizar los precios en los supermercados y transferirá a las autoridades locales “el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito”.

Alfredo Sainz apuntó en La Nación que se espera que este paso en particular no pierda su esencia y se convierta en una fuente más de recaudación municipal, como sucedió en su momento con las tasas que cobran algunas intendencias, las multas de tránsito en el interior del país o las grúas de CABA.

La app Precios Justos, que sirve para ubicar los productos y controlar, se puede descargar aquí.

¿Inseguridad en las Atuchas? Respuesta a Runza y Rivas en «Clarín»

LO QUE MATA ES LA “EMANACIÓN RADIOACTIVO”

Un máster en Defensa, Ricardo Runza, y un politólogo licenciado, Eduardo Rivas, publicaron el 5 de este mes en la página editorial de Clarín que en el AMBA hay peligro de accidente nuclear. La causa: prácticas de seguridad en deterioro de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) en el predio de las Atuchas 1 y 2. «Vamos a brillar, mi amor», como dicen los Redondos. Sostienen ambos editorialistas: “Sólo en este año ha habido tres señales que indican que la seguridad en este complejo se ha degradado. Un incendio de un barraca, un muerto electrocutado y recientemente ´un problema detectado en la turbina, localizada en un edificio ajeno al reactor´ de Atucha II, según el Presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez.” Según Runza y Rivas, estas cosas se ignoran por secretismo militar de NA-SA, firma donde (sic) nadie saca los pies del plato para no perder privilegios: “En el 2022, NA-SA tiene 3009 empleados, con sueldos de las autoridades superiores de $ 866.000, con 150 empleados que cobran entre esa cifra y $ 680.000, con un bono extra (que se cobra en enero) atado a la generación anual de energía y los 16 sueldos por año que contempla el convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza”, escriben. Sobre esto de los sueldos, volveré. Sumando peras de aquí y naranjas lejanas, los autores nos recuerdan el peligro de desastre nuclear de la central ucraniana de Zaporiya, envuelta hoy en una guerra, y aprovechan para rendir homenaje, con peculiar gramática, no a su país pero sí al menos a un argentino: “Mientras esto sucede en el mundo, en este pobre gueto que se ha convertido la Argentina, todo resulta lejano. La cuestión nuclear gira sobre otro eje. Solo por la acción del embajador Rafael Grossi quien es el Presidente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), el país cuenta con un rol significativo en el escenario internacional, pero éste no es producto de un Estado sino por un individuo, que ocupa un cargo relevante para todas las potencias del mundo, por sus propios méritos personales. No por una decisión de la elite política argentina, hoy entretenida en sus propias ambiciones”. Aquí paro la pelota. La agencia vienesa en los países hispanoparlantes se llama OIEA, no AIEA. Pero además Runza y Rivas llaman a Grossi “presidente” del OIEA (no hay ninguno, es el secretario general) y a su propio país, “este pobre gueto”. No creo que estos autores sean especialmente antisemitas. Pero con 107 muertos en atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA,  para insultar simultáneamente en una sola frase brutal a la colectividad judía y a su propio país hay que tener el cuero muy grueso, y en el caso de un politólogo, no muchas luces en su “business” específico. Planeta Clarín, por su parte, ya no pide respeto comunitario o credenciales técnicas, ni le teme a nadie o a nada. Ni siquiera a la gramática y la ortografía. De otro modo algún corrector –Clarín echó a casi todos, además de a la mitad de sus periodistas- habría impedido que se publicara, en tinta sobre papel, que en Zaporiya “el riesgo de emanación radiactivo (sic) emerge con fuerza”. O que Nucleoeléctrica se escriba Nuecleoeléctrtica (sic). El viejo GDA (Gran Diario Argentino) se menemizó. En contenido y forma. Aclaro que desde la entrada en línea de Atucha 1 en 1974, el complejo no generó accidentes nucleares ni radiológicos, aunque desde el ’86 no pasa año sin que algunos ecologistas libres de toda noción de ingeniería y operación de centrales no le prometan al AMBA un Chernobyl (o dos). Ojo, jamás llamaría ecologistas a R&R, Runza y Rivas. Tampoco técnicos. Aquel RBMK 1000 soviético que fue Chernobyl-4 es bien distinto de nuestras Atucha 1 y 2. Costó alrededor de U$ 200 por kilovatio instalado. Atucha 1 en cambio costó U$ 1.800, y la mitad fue a sistemas de seguridad, cifras en dólares de 1986. Y no sumo las decenas de mejoras de disponibilidad y seguridad que le hicieron la CNEA y después NA-SA a esa máquina a lo largo de décadas. Atucha 1 se eligió por licitación en 1968, tiempos del general (y presidente) Juan C. Onganía, anticomunista rabioso. En aquel concurso el RBMK no habría podido participar «por denominación de origen». Pero de haber podido el CALIN (Comité de Licenciamiento de la CNEA, precursor de la actual ARN) habría bochado la oferta por venir destripada simultáneamente de tres sistemas pasivos de seguridad: * el recipiente de presión, * el edificio acorazado de contención, * y el uso de grafito como opción de moderador, en lugar de agua, o agua pesada, para el caso de las Atuchas. El grafito, una vez incendiado, no se apaga (ver Windscale y Chernobyl). El agua, en cambio, no se incendia. Hablando de incendios, el de un galpón de materiales de construcción y telas, cuantimás alejado del edificio del reactor, no es un accidente nuclear ni radiológico. Una electrocución fatal en un playón de conexiones es algo muchísimo peor, sin duda, pero tampoco un asunto nuclear o radiológico. Esta última desgracia es horriblemente frecuente en la industria de distribución eléctrica, pero –gran diferencia- en un predio nuclear un accidente fatal, incluso por resbalón y caída, tiene prensa asegurada. Y justamente como la mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo, NA-SA comunicó ambos accidentes sobre el pucho en cada ocasión, y aclaró que no son nucleares ni radiológicos. Eso debería ser evidente para un experto en Defensa. Vea, magister, no hay “emanación radioactivo”. Pero una turbina que vibra y te obliga a poner la central Atucha II en “parada fría” tampoco es un accidente. Estimados, no es siquiera un incidente operativo. Se detiene la turbina para que no se dañe porque cuesta una ponchada de plata, mientras viene gente del proveedor (Siemens) para revisarla. La turbina no es un componente de seguridad, está lejos de la “isla nuclear” o SSS, o Steam Supply System, aislada del resto de la central por múltiples barreras físicas y por distancia. Es parecida a las muchas turbinas de vapor del centenar largo de centrales de gas natural que hay en nuestro país, que a veces hay que parar por vibraciones. Todo esto también fue comunicado al toque. Por ello, cuando R&R dicen que “NA-SA es una empresa con los defectos de las empresas estatales argentinas pero sobre la cual no se le ha posado la lupa con el rigor como se trata el caso de Aerolíneas Argentinas. Aquí el secreto prima. Parece vivir en tiempos de dictadura. Nada sale de ella”, están hablando huevadas. Lo hacen también cuando relatan, con una sintaxis asaz chueca incluso para el GDA, cómo Rafael Grossi llegó a la cumbre del OIEA, “pero éste (¿este qué?) no es producto de un Estado sino por un individuo, que ocupa un cargo relevante para todas las potencias del mundo, por sus propios méritos personales. No por una decisión de la elite política argentina”. Si Grossi los leyó (¡y si los entendió!), debe estar furioso: ese currículum lo pinta como un paracaidista. Miren, Rafael Grossi no nació de un repollo sino de un estado. Lo conozco desde que era un veinteañero brillante que empezaba su carrera en la DIGAN (Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme de la Cancillería). Esa oficina la fundó en democracia el embajador Adolfo “Chinchín” Saracho para que el Palacio San Martín ayudara a la CNEA y a INVAP a vender tecnología nuclear argentina al mundo, pero pisando –en lo posible- pocos juanetes. No es fácil, aún si uno baila bien. La CNEA había hecho su primera exportación grande a Perú en 1978, los reactores de investigación y producción de radioisótopos RP-0 y RP-10, para furia de EEUU, que en represalia nos cortó el suministro de uranio altamente enriquecido. Eso iba a dejar parado incluso el reactor RA-3 de Ezeiza, que abastece de radioisótopos de uso oncológico y cardíaco a todo el Cono Sur. No les invadas su autodenominado «patio trasero” a los autodenominados americanos.

Rafael Grossi con cara de astucia y saber del asunto nuclear. Y sabe.

Saracho dejó la DIGAN en 1988 y, con una idea fija, rumbeó de embajador a Turquía, país al que entusiasmó en asociarse con INVAP para producir la central compacta CAREM «en vaquita». La idea era venderla de a decenas al menos a 20 países clientes de la considerable industria turca. Este tucumano, Chinchín, sí que bailaba. Imposible que no pisara algunos juanetes. El negocio del CAREM con Turquía podría habernos ganado  muchos miles de millones de dólares y un cambio enorme de perfil de país. Pero los difuntos Carlos Menem y Guido Di Tella cajonearon todo, a pedido de cierto organismo que no quiero llamar por su nombre, pero empieza con “State” y termina con “Department”. Es difícil que la Argentina nuclear logre dar pie con átomo sin que a estos muchachos les duelan los juanetes y griten “foul”: tienen los pies muy largos. Mientras Grossi, diplomático formado un año entero en temas atómicos por la CNEA e INVAP, como todos los “Saracho boys” de aquella DIGAN de los ‘80, iba abriéndose paso ascendente en la jerarquía del OIEA en Viena, INVAP fue haciéndolo en el mercado mundial de los reactores multipropósito. Las dos cosas ocurrieron juntas, y la primera habría sido muy difícil sin la segunda. Estos reactores de INVAP se diseñan a medida del cliente y en general incluyen instalaciones de investigación en materiales, para formación de recursos humanos y para producir radioisótopos, con más de algunos de estos ítems y menos de los otros, según cada comprador. Los reactores multipropósito cuestan algunos centenares de millones de dólares y son un nicho: el mercado atómico más fuerte y el que garantiza continuidad de pedidos es el de las centrales de potencia, máquinas que sólo producen electricidad. Y dentro de las máquinas de potencia, hoy parece prometedor el nicho de las SMR, las centrales chicas modulares por diseño, como el CAREM. Y como observan con acidez Runza y Rivas, esta centralita de potencia nuestra sigue muy incompleta. Pero nuestra trayectoria en reactores multipropósito ha sido bastante triunfal. Ganándoles en todas las licitaciones a EEUU, Francia, Canadá, la URSS, (luego Rusia), China y Corea, siempre por calidad de oferta y jamás por precio o financiación, INVAP, estimados Runza y Rivas, la firma criolla INVAP le vendió reactores a Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita, amén de plantas de radioisótopos a Cuba y la India. Mejor empresa del mundo en lo suyo, de lo cual Uds. parecen no tener idea. Y estatal además (¡como Aerolíneas!), cosa que quizás los desconcierta. El estado no les gusta. Al menos, el argentino. A todo esto Grossi tomó la dirección del Nuclear Suppliers Group (NSG) para que el OIEA, en las áreas grises de una tecnología que nació dual y de mal modo en 1945, tuviera una lista de componentes, materiales y servicios de venta permitida y otra de venta prohibida, todo actualizado a tiempo real. Esto implica negociaciones infinitas por artículos industriales muy poco nucleares, pero en general es bueno para el mundo y también para nuestro país. Olvidate de dirigir el NSG si no representás a un país con una oferta nuclear potente. Y resulta que entre 1978 y la actualidad, la Argentina se transformó en más que eso. Y dado el carácter dual de lo nuclear, un magister en Defensa seguro que eso lo sabe bien. Bueno, uno creería. La diplomacia nuclear nació antes que Grossi y que la DIGAN de Saracho, estimables R&R. Nació con la propia CNEA, en 1950. Por default curricular de la Cancillería, hasta que no apareció esta dirección, la CNEA debió encargarse de su propia diplomacia ante el OIEA, las Naciones Unidas y la multitud de organismos multilaterales relacionados con lo atómico. Y no podía no hacerlo, porque siempre fuimos un poco sorprendentes. En las sesiones científicas inaugurales del OIEA, en 1957, la delegación de la CNEA presentó de golpe 13 radioisótopos nuevos descubiertos aquí, el país del trigo, el gotán y los bifes de chorizo. Fue como entrar a la fiesta atómica en alpargatas, pero llevando del brazo a Marilyn Monroe. ¿Entienden qué burradas que escribieron? En el OIEA somos un país nuclear fundacionalmente exitoso, no un individuo superdotado para la diplomacia. Grossi llegó a Viena afianzándose en argentinos ya muy afincados en el organismo, sólidos como roca en lo técnico y diplomático: el capitán (RE) Roberto Ornstein en tratados de salvaguardias, el Dr. Dan Beninson y el ing. Abel González en radioprotección, todos gambeteadores, firuleteros y con pique, muy Maradonas y Messis en lo suyo. Como terminó por serlo, y por su talento personal, el propio Rafael. Pero hay mucho experto criollo en el funcionariado nuclear de las Naciones Unidas: allá por los ’80, los argentos eran el mayor grupo nacional dentro del equipo volante de inspectores de instalaciones atómicas del organismo. ¿Se enteran? Ya estrella en ascenso, Grossi pasó a dirigir las negociaciones del desarme nuclear de Irán, y tras años de trabajo agotador logró un acuerdo en 2015, el JCPOA... que el presidente Trump deshizo al toque de un codazo. Pero aquel prestigio a Grossi no se lo saca nadie, y con él ganó las elecciones para dirigir el OIEA a fines de 2019. ¿Ahora les cae la ficha, R&R? Nada de esto habría sucedido sin el estado argentino, o sin el apoyo de la élite política argentina. Al menos, de la no colaboracionista. Lectores: R&R eluden esas clasificaciones porque, según saben de tecnología, historia, diplomacia nuclear y redacción, no dan para élite. Al magister en Defensa lo define mejor su trabajo contra INVAP, cuando esta firma quedó en 2002 al frente de la radarización del espacio aéreo argentino. Los lobbistas de Raytheon, Thompson, Indra (y siguen las firmas) estaban furiosos con INVAP, pero se jodieron solitas. Al estrangularse unas a otras en juicios interminables por acusaciones de coima, sólo lograron hacer fracasar dos licitaciones consecutivas, la de Menem y la de De la Rúa. INVAP fue el modo en que el presidente Eduardo Duhalde salió del laberinto técnico y por necesidad: con el dólar alto, el país estaba colapsado de turistas en avión y había que radarizar a escape las rutas y terminales o comprarse incidentes y accidentes aéreos. La primer propuesta de radar 2D de aeropuerto de INVAP, el INKAN, cotizó a 1/3 de las ofertas anteriores de los oferentes de la OTAN, para iguales prestaciones. Pero, entrevistado en algunas monografías sobre radarización que debían presentar mis alumnos en los Talleres Federales de Periodismo Científico de 2007, Runza objetaba a INVAP como una empresa sin definición tecnológica, advenediza en el campo del control aeroespacial. Mi primer conocimiento de sus ideas, no de su persona, fue ése. Y al menos en 2002, Runza habría tenido razón. En 2007, ya no. Hoy INVAP (que también es estatal) tiene radarizadas las rutas aéreas y los aeropuertos del país, unificó con un diseño argentino el caos técnico anterior a 2014 de los radares de alerta de tormentas del Sistema Meteorológico Nacional, y viene desplegando sus unidades militares de alerta temprana, móviles y fijas, en fronteras, costas, camiones, vehículos todoterreno, naves y aeronaves. En materia militar le puso el radar 2D al rompehielos ARA Irízar, además ya tiene un prototipo de radar de apertura sintética volando en un Pucará Fénix de la Fuerza Aérea: ése es nuestro primer y minúsculo AWACS de bajo presupuesto. Habrá más. Y en 2021 y tras mucho penar en un mercado mundial muy caníbal, INVAP logró su primera exportación (dos radares 3D a Nigeria).

Un Pucará con un minúsculo “pod” de radar SAR de INVAP bajo el fuselaje. Parece una bomba sin aletas, pero adentro del carenado hay una pantalla de barrido lateral que puede sacar imágenes casi fotográficas de lo que hay en el aire, suelo y mar a distancias considerables, sin importar si que sea de noche, de día, o llueva o brille el sol.

Nada de esto le hace gracia a Su Graciosa Majestad, contra la cual en 1982 fuimos a guerra con cazas de ataque sin radar, y por ende imposibilitados de operar con muy mala meteorología o de noche. Allá en las islas se estaba bajo la guía de un único y vetusto Westinghouse AN/TPS-43 de vigilancia aérea en Puerto Argentino. Que por ser de origen OTAN, la Task Force a veces interfería, bloqueaba o engañaba sin sudar la camiseta. Y aún así les hundimos 6 barcos. Más de un mercachifle frustrado de chatarra militar gringa y otras viudas de la OTAN, con y sin gorra, se tragan con lágrimas esa piedrita: hoy tenemos algunos buenos radares propios. No todos los necesarios, por supuesto. Hay incluso un par realmente revolucionario: los de apertura sintética (SAR) en órbita en los dos satélites SAOCOM de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Y sumando el debe y el haber, en dos décadas nos volvimos un modesto oferente en el mercado mundial de radares. No se debe confiar mucho en la grandeza argentina, pero menos aún en la modestia. No sólo el chiquitaje de la mentada alianza militar atlántica tomó nota de nuestros radares, sino el águila en la cima de ese tótem. Y el magister Runza, claro está. Según destrata hoy a NA-SA, el enojo contra el átomo al parecer le dura. Y con buena razón: INVAP nació de la CNEA, y nuclear.

La presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, con el blindaje térmico del CAREM en IMPSA, Mendoza, antes de la llegada del componente a obra, en Lima, provincia de Buenos Aires.

Entiendo que él y Rivas desprecien, casi de pasada, al CAREM como un proyecto eterno. Y tienen toda la razón, R&R, lo es. El CAREM se presentó por primera vez en 1984. Pero ya conté cómo nuestro presidente más genuflexo destruyó una “joint venture” INVAP-TAEK para venderlo “urbi et orbi”. Me falta relatar lo que hizo después nuestro presidente más mamerto. En 1998 la CNEA tuvo presupuesto y una ley para construir el CAREM (la 25160). Pero entre 2000 y 2002 el ingeniero Jorge Lapeña, presidente de la CNEA impuesto por Fernando de la Rúa, agotó esa partida pidiendo sucesivos estudios de factibilidad del reactor. Como los informes siempre eran elogiosos, pedía otros. En 2002 dejó su cargo tras haberse patinado entero el modesto fondo de construcción del CAREM fijado por la ley en consultorías sucesivas, eso sí, todas favorables. Misión cumplida. Los eximo de contarles otras penurias y zancadillas. La obra del CAREM se inició con la excavación de cimientos recién en 2011, pero en 2016 el presidente Mauricio Macri, esa síntesis semiparlante de Menem y De la Rúa, la paró a su propio modo: al toque de asumir puso a la CNEA a pan y agua al reducir a la mitad los fondos de 2015 y dejarlos clavados en pesos. Y en 2018 dejó directamente sin un mango la obra del CAREM. De suyo, esta centralita tiene tres dificultades técnicas considerables todavía a resolver en su prototipo de 32 megavatios: el diseño muy innovador y complejo de sus 12 generadores de vapor, el del recipiente de presión y el de las barras de control. Tanta novedad toda junta nos dará bastante trabajo. Pero si hasta ahora el CAREM es un proyecto eterno no es por falta de “cocina” técnica sino porque le sobran enemigos externos e internos, y de yapa, grandotes. R&R, siempre hay lugar en la cola (de los otros). Si la imitación es el mejor homenaje, el CAREM tiene ya cinco homenajes en EEUU, Corea y otros países rápidos de cascos que prácticamente lo fotocopiaron gratis. El peligroso en serio (para nosotros) es sin duda NuScale, un clon estadounidense interesantísimo del CAREM: viene con un embale institucional, financiero y comercial que da miedo. NuScale tiene todo: aprobaciones regulatorias, subsidios federales, financistas privados, laboratorios nacionales, “siting” inicial en el de Idaho, constructuras poderosas asociadas y una cancillería competente que le logró más de una decena de memorandos de entendimiento de posibles compradores internacionales. NuScale tiene hasta resuelta la venta futura de la electricidad del prototipo a UAMPS, la red de cooperativas de Utah, Arizona, California, Idaho, Nevada, New Mexico y Wyoming. Lo que no tienen es una obra. Físicamente, NuScale no existe. Nuestro CAREM, al menos, volvió a avanzar bastante desde agosto de 2021, su obra civil es un laberinto impenetrable de varillas de acero y murallas ciclópeas de concreto ultradenso. Se lo puede recorrer y tocar. La obra hierve de actividad. Y no es imposible que debido a tan excesiva materialidad, para los autodenominados americanos, los que quizás dan miedo (al menos, un poco) seamos nosotros. Conviene matarnos mientras somos chiquitos. En eso estuvieron siempre, pero somos bastante resistentes. Una larga serie de sabandijas y de brutos sacó a la CNEA de su dependencia fundacional de Presidencia de la Nación en 1994, y del centro gravitatorio del Programa Nuclear Argentino desde entonces. El papel más relevante hoy le cayó a NA-SA, por défault antes que por voluntad. Sucede que esa firma factura. No cuelga de un presupuesto que te sostiene como la soga al ahorcado, el problema de la CNEA desde 1982.

En 2021 el CAREM volvió a avanzar en obra civil: algunas paredes de recintos auxiliares pero muy reforzadas en varillas de acero, a espera de recibir hasta 6 tipos distintos de hormigonado, según densidad y fluidez. El edificio de contención es circular, parcialmente subterráneo y de una solidez apabullante.

Aunque a NA-SA le pagan sólo a U$ 46 el MW/h, eso le da caja y fondos de obra. La experiencia de obra se la dio la historia. Desde 2021 la empresa recuperó la dirigencia que terminó Atucha II, abandonada 27 años, contra viento, marea y pronósticos fúnebres de “expertos”. También logró retomar al menos 150 de los 200 ingenieros nucleares que entre 2014 y 2018 le dieron 30 años más de vida a la central nuclear cordobesa de Embalse, y que Macri echó a la calle a pocos días de reinagurada la máquina… no fueran a repetir la hazaña. Dije que volvería sobre el tema de los sueldos. Entiendo que a R&R y al GDA les parezca mal pagar salarios de entre U$ 3000 y 2300 (a dólar “blue”) a los ingenieros a cargo de algo más de 1000 megavatios nucleares cercanos al AMBA. Es que formar ingenieros atómicos insume 10 años de academia, mínimo, sin contar años de posgrados locales o en el exterior, y de experiencia de obra. Ingenieros nucleares, no nos sobran. No le sobran al mundo. En el Hemisferio Norte, por cargos equivalentes a los que Uds. denuncian, indignados, en la Unidad de Gestión de NA-SA, se paga el doble y el triple, según país. Y esos ingenieros nucleares fuera de Argentina saben que no los premiarán con un despido colectivo tras una obra exitosa, y precisamente debido a que fue exitosa. Si con la feroz demanda mundial de hoy los ingenieros atómicos de NA-SA se van en tropel a EEUU o a la UE, como hace añares sucede con los de CNEA, que ganan muy mal… ¿Uds. duermen sin frazada, estimados? ¿A 119 km. de las Atuchas? ¿No los intimida la perspectiva de un “emanación radioactivo” oriundo de “Nuecleoeléctrtica” que deje patas para arriba a “este pobre gueto”? Hoy la CNEA le dio la obra civil del CAREM a NA-SA, para que salga rápido. Y NA-SA a su vez administra otros dos asuntos: uno, es el de la cuarta central, la Hualong-1 de la China National Nuclear Corporation. Como es venta “llave en mano” y máquina de uranio enriquecido, me entusiasma poco. Pero al Sr. Anthony Blinken, hoy al frente del State Department, La Hualong-1 lo entusiasma mucho menos: ese fierro viene de China. Y a EEUU una planta nuclear de ese origen en Argentina, país donde la Gran Democracia del Norte no logra vender ningún fierro nuclear desde los ‘50, le resultaría una derrota icónica. Pero además la actual dirección de NA-SA se niega a ser una simple operadora boba de centrales alemanas, canadienses o chinas: con el regreso de José Luis Antúnez volvió al rol de diseñadora-constructora, y su objetivo más profundo es poner no una sino varias máquinas de uranio natural y tubos de presión (como Embalse) en nuestro país. De operadora boba a diseñadora hay esa diferencia conceptual, la que separa a choferes de constructores de autos. El fierro con el que sueña NA-SA se parecería mucho a Embalse, que es una CANDÚ 6 canadiense. Pero tendría muchas innovaciones y mejoras criollas, algunas de las cuales se incorporaron entre 2014 y 2018 a la segunda vida de Embalse. Otras implicarían rediseño desde fojas cero.

José Luis Antúnez, el hombre que terminó Atucha II, hoy a cargo de NA-SA. Su objetivo: construir muchas centrales como Embalse, pero argentinas. No le faltan opositores.

La tecnología CANDU de base la tenemos comprada desde 1974: Embalse la terminó la CNEA sin canadienses, porque se piraron del contrato, el combustible se hace aquí en CONUAR (que exporta componentes al programa nuclear de la India) y somos dueños de la PIAP en Neuquén, hoy la mayor planta de agua pesada del mundo. Se juntan medio siglo de aprendizaje tecnológico y de inversión en RRHH y planta para uranio natural. Para hacer clones Nac & Pop de Embalse, tenemos la mesa servida. Pero hay quienes quieren patear la mesa, justamente por bien servida. EEUU militó contra las CANDÚ desde tiempos de Henry Kissinger: no quiere un mercado de agua pesada, sustancia que consideran proliferante. Tampoco quiere países inmunes a extorsiones por apagón nuclear si no hacés lo que te mandan. ¿O acaso en 1978 EEUU no nos dejó sin uranio enriquecido -algo que no producimos- por el crimen de venderle dos reactores a Perú? Como a toda la generación del viejo Jorge Sabato, para centrales de potencia nos sigue gustando el uranio natural. No nos pueden dejar sin combustible: lo hacemos nosotros. Y con las CANDU, también el 85% de los componentes. Y también el agua pesada.   Por algo los autodenominados americanos ya lograron, por presión y/o rosca, muchos atrasos y cierres de la PIAP, y tras haber intimidado y patoteado desde 1974 a la clientela natural de la candiense AECL para que no le compren más (si lo sabremos), aquella firma estatal canadiense, creadora de 49 CANDU en 7 países, vendió su división de centrales de potencia a Lavalin, una firma de construcción, en 2011: años y años sin ventas. No creo que hayan descorchado champagne secretamente sólo los autodenominados americanos: también los rusos y los chinos. Quedan 4 países donde las CANDÚ son una opción viva porque en su geología no sobra el uranio, pero estas maravillosas plantas canadienses pueden quemar también torio, 4 veces más abundante en la corteza terrestre. Pueden incluso usar las veces que quieras cócteles de torio y uranio reciclado. Tres de esos países son China, Corea e India, y éste último es el más activo. La India tiene un diseño CANDÚ propio y 16 centrales operativas, 7 en construcción y 8 planificadas. El cuarto país con pretensiones CANDÚ vuelve a ser Argentina, desde agosto de 2021, y desde entonces NA-SA amarroca cada chirolita que gana para diseñar los componentes de su quinta central. Que si Tata Dios nos guiña un ojo, no será europea, yanqui o china. India a su CANDÚ la llama IPHWR (Indian Pressured Heavy Water Reactor). Antúnez al modelo argentino lo llama “Proyecto Nacional”. Más cortito. Ahora juguemos al TEG diplomático, lector. Si Ud. fuera el mentado Tony Blinken y tuviera que eliminar el CAREM como competidor del NuScale, y de paso y cañazo sepultar de una maldita vez –al menos en Occidente- la tecnología CANDÚ, ¿no basurearía a NA-SA inventando problemas de seguridad nuclear? ¿Y no echaría mano para ello de un diario propenso a operetas de prensa? ¿Y de “expertos” locales? Sí, concuerdo, debe haberlos mejores.

Daniel E. Arias

Revisitamos «El estado, el capitalismo y la innovación. El pensamiento de Mariana Mazzucato»

Su reciente visita a Argentina y a Chile nos hizo revisar nuestros archivos. Esta nota la publicamos el 31 de diciembre de 2019. Ahora, casi 3 años y una pandemia después, encontramos que sus conceptos son aún más actuales:

Mariana Mazzucato es una economista nacida en Roma que​ es profesora de Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London y el RM Phillips Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex. Es decir, tiene todas las credenciales académicas que otorgan respetabilidad.

A pesar de eso, sostiene teorías chocantes al pensamiento económico «correcto». Dice que el Estado es un actor necesario en la innovación capitalista. Y que el papel de los bancos en la creación de valor está sobreestimado. Esta crítica de uno de sus libros, publicada este mes, permite una visión de su pensamiento menos superficial que las habituales notas periodísticas. Recomendamos leerla con tiempo, no para aceptar sus ideas a libro cerrado. Para debatirlas.

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«Hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora, y hay otro tipo que no tiene este efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado trabajo productivo: y el segundo, trabajo improductivo» (Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776)

«Los bárbaros barones del oro; ellos no encontraron el oro, no extrajeron el oro, no molieron el oro, sino que por medios de alguna rara alquimia todo el oro les pertenecía» (Bill Haywood, fundador del primer sindicato industrial de Estados Unidos, 1929)

«Entre 1975 y 2017 el producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos se triplicó: pasó de 5,49 a 17,29 billones de dólares. Durante ese periodo la productividad creció alrededor del 60%; sin embargo, desde 1979 los sueldos por hora reales de la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses se han estancado o reducido. En otras palabras, durante cerca de cuatro décadas una pequeña élite se ha apoderado de casi todas las ganancias de una economía en expansión». ¿Es porque son miembros de la sociedad particularmente productivos?»

Así arranca Mariana Mazzucato, catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres (UCL), el prefacio de su última obra: El valor de las cosas.

Autora de un sugerente y esclarecedor libro sobre el papel del Estado y las instituciones públicas en la creación de valor y el desarrollo económico en las economías occidentales, El Estado emprendedor, Mazzucato pone su atención, en su nuevo trabajo, en la distorsión que ha supuesto la imposición de una narrativa acerca de la creación de valor, así como en los criterios seguidos para su cuantificación e inclusión en las cuentas nacionales como parámetros representativos de los niveles de renta y bienestar de nuestras sociedades.

Mazzucato considera que se necesita una narrativa alternativa acerca de quién creó la riqueza, en primer lugar, y quién la extrajo, generalmente en su beneficio, posteriormente, Un proceso: la captura o extracción de rentas que bien podría describirse así: los tomadores se imponen a los hacedores y el capitalismo «depredador» al capitalismo «productivo», gracias a lo cual el 1% ha accedido al poder por encima del 99% restante.

En su tentativa de encontrar las bases en las que sustentar una teoría del «valor» que desvele correctamente los mecanismos de su creación y los agentes económicos, sociales e institucionales implicados, así como sus beneficiarios últimos, realiza una incursión histórica, desde los economistas preclásicos hasta la denominada revolución marginalista de la segunda mitad del siglo XIX. Una visión panorámica en la que sintetiza las aportaciones más relevantes a la teoría del valor que ocupa cerca de la mitad del libro, sin novedades interpretativas relevantes, que encuentra su justificación en la necesidad de establecer un anclaje en la teoría del valor-trabajo formulada por los principales economistas del clasicismo económico (Smith, Ricardo y Marx), prevalente hasta la revolución marginalista (Walras, Jevons y Menger) y la sistematización posterior de Pareto y Marshall, que contribuyeron a imponer en el pensamiento económico triunfante una teoría expresiva del valor de carácter subjetivo y desvinculado del coste del factor trabajo, por la que la utilidad marginal y la escasez determinan los precios y el tamaño del mercado. El precio sería, en última instancia, la medida del valor.

Así, lo que el modelo ganaba en versatilidad lo perdía en la falta de capacidad para medir lo que Smith llamaba «la riqueza de las naciones»: la producción total de una economía en términos de valor.

Mazzucato se ve en la necesidad de explicitar qué entiende por los conceptos de creación y extracción de valor. Por «creación de valor» se refiere al modo en el que las diferentes clases de recursos (humanos, físicos e intangibles) interactúan con el fin de producir nuevos bienes y servicios. Por el contrario, «extracción de valor» supondría que las actividades se centrarían únicamente en mover recursos y productos ya existentes y en ganar de manera desproporcionada con su comercio posterior.

Su objetivo de crear una economía más justa en la que la prosperidad se comparta de una manera más amplia y que, por lo tanto, sea más sostenible lo vincula no solamente a una política progresista de gravar la riqueza, sino a lograr una nueva narrativa, una nueva interpretación y un amplio debate acerca de la creación de riqueza. Y, para ello, echa mano del pensamiento clásico, que partía de una distinción clara entre el «trabajo productivo» y el «improductivo» y una visión ricardiana de la teoría del valor-trabajo que rescata, al tiempo que la reinterpreta con Marx y que considera más adecuada que la teoría neoclásica o marginalista para profundizar en la cuestión del «valor» en la economía globalizada actual.

La innovación en el sector financiero y la industria farmacéutica

Para Mazzucato, el extraordinario crecimiento del sector financiero, con ser preocupante, no lo es tanto como el intenso proceso de financiarización del conjunto de la economía.

El término «banca en la sombra» acuñado en 2007, describe un conjunto de instituciones bancarias o parabancarias que realizan actividades similares a las de la banca y que generan una amplísima red de diferentes intermediarios financieros, no sometidos a una regulación tan estricta como los bancos y que, surgidos de la nada, se expanden allí donde los bancos han sido condenados a contraerse. Como se caracterizan, en general, por ser «finanzas impacientes» que buscan retornos elevados a corto plazo, su comportamiento puede afectar a la capacidad productiva de la economía y a su potencial para la innovación.

Un fenómeno de nuestro tiempo, pero no inusual. Ya Winston Churchill, en 1925, siendo ministro de Hacienda y al observar la manera en que estaban cambiando las finanzas, afirmó que «prefería ver las finanzas menos orgullosas y a la industria más satisfecha».

«La intermediación financiera -el coste de los servicios financieros- constituye una forma de extracción de valor cuya escala reside en la relación entre lo que cobran las finanzas y el riesgo que realmente asumen» (pág. 215).

Así, la denominada gestión de cobros se ha convertido en una de las carácterísticas que definen el capitalismo moderno, y su reforma, no imposible, a través del establecimiento de una tasa a las transacciones financieras -aún no implantado- podría facilitar la reasignación hacia las inversiones a largo plazo en vez de los sustanciosos, aunque no creadores de valor, intercambios rápidos de un milisegundo.

El concepto de innovación es central en el análisis de Mazzucato.

Existe un acuerdo general sobre el papel de los cambios tecnológicos y organizativos como fuente principal de crecimiento y de creación de riqueza a largo plazo. Pero, para la autora, la innovación exige para su proceso de creación la presencia de tres carácterísticas: su carácter acumulativo, la incertidumbre que la preside y su carácter colectivo.

Es acumulativa, y en muchos casos el resultado de una inversión preexistente y en gran medida, fruto de inversiones a largo plazo que se realizaron a través de los años.

Es incierta. Con un alto grado de fracaso, y en general puede requerir mucho tiempo desde la concepción de la idea hasta su realización y comercialización. Con frecuencia pueden pasar décadas,

Y es colectiva. Como la autora desarrolló en su aclamado El Estado emprendedor, las ayudas públicas de Estados Unidos se encuentran detrás de innovaciones como el i-Phone, Siri, el GPS o la pantalla táctil, y supusieron ingentes cantidades de dinero gastado por el Departamento de Defensa de EE. UU., su armada, la CIA o la DARPA (Agencia de Proyectos de Inversión Avanzada de Defensa).

En el sector farmaceútico, la investigación muestra que el origen en los avances de dos terceras partes de los medicamentos más innovadores (nuevas identidades moleculares con calificación prioritaria) se remonta a la financiación de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Una de las formas de extraer valor o «extracción de valor patentada» se realiza a través de la instrumentalización de patentes, herramientas asociadas como los copyrights y las marcas registradas, que han pasado de ser mecanismos para estimular la innovación a medios utilizados para su bloqueo. Lo exponía así The Economist (08-10-2015): «Se supone que las patentes propagan el conocimiento al obligar a sus propietarios a exponer su innovación para que todo el mundo la vea (?). En lugar de eso, el sistema ha creado una ecología parasitaria de trols y detentadores de patentes defensivas que bloquean la innovación, o la entorpecen a menos que puedan hacerse con una parte del botín».

Un fenómeno de extracción de valor que es posible que no encuentre un ámbito más representativo que en el del precio de los medicamentos.

Un caso reciente ilustra cómo las patentes conducen al monopolio.

En 2014 el gigante farmaceútico GILEAD sacó al mercado un nuevo tratamiento para el virus de la hepatitis C llamado Sovaldi, que supuso un avance notable respecto a las terapias existentes contra esta enfermedad que afecta a 3 millones de personas en EE. UU. y a 15 millones en Europa. En el mismo año, GILEAD lanzó una versión mejorada de Sovaldi conocida como Harvoni. Un tratamiento de 3 meses cuesta 84.000 dólares (mil dólares por pastilla) en el caso de Sovaldi y 94.000 dólares en el de Harvoni.

¿Cómo justifica la industria el cobro de estos precios que son centenares de veces más altos que los costes de producción?

Una línea de defensa tradicional de la industria consistió en justificar los precios por el enorme gasto en la investigación previa hasta la comercialización del producto, pero la realidad es muy distinta: los gastos en investigación básica en la industria farmaceútica son, en general, muy bajos en comparación con los beneficios que genera. También es muy bajo el gasto en marketing, y con frecuencia menos de lo que dedican a subir a corto plazo el precio de las acciones, las opciones sobre acciones y el pago a los ejecutivos.

Además, la financiación que da paso a la innovación farmaceútica definida en términos generales como nuevas entidades moleculares procede, fundamentalmente, de laboratorios financiados con dinero público.

La industria farmaceútica concentra cada vez más el gasto en I+D en la fase de desarrollo menos arriesgada y en los «medicamentos equiparables» que solo presentan ligeras variaciones de los productos existentes.

En el caso de Sovaldi y Harvoni se calcula que los inversores privados no gastaron más (y quizás menos) de 300 millones de dólares en I+D durante una década. En los primeros seis meses de 2015 los dos medicamentos generaron alrededor de 9.400 millones de dólares en ventas (y 45.000 millones de dólares en los tres primeros años desde su lanzamiento entre 2014 y 2016).

Una realidad incontestable que obligó a modificar la línea de defensa de la industria y a utilizar un argumento alternativo: los precios son proporcionales al «valor intrínseco de los medicamentos». El «valor» se sitúa como el referente fundamental del precio.

John LaMattina, antiguo vicepresidente de Pffeizer fue más explícito que nadie. En 2014, en un artículo publicado en la revista Forbes con el titular «Los políticos no deberían cuestionar el coste de los medicamentos, sino su valor», mantuvo que el precio debería vincularse con el valor que el medicamento aporta en términos de salvar vidas, mitigar el dolor y reducir los costes sanitarios generales, y, al hablar del medicamento Soliris, de la farmaceútica Alexion, utilizado para tratar una forma poco común de anemia y trastornos renales, con un precio de 440.000 dólares/año por paciente, argumentó que el precio no tenía ninguna relación con los costes de I+D necesarios para sacar el medicamento al mercado.

Un análisis básico y ortodoxo de la elasticidad de demanda ( es decir, la sensibilidad de los consumidores a los cambios de precios, dependiendo de la carácterística de los bienes), en el caso de algo que se necesita para sobrevivir, combinado con una situación de monopolio de los productores protegidos por patentes, es decir, una combinación de demanda rígida y monopolio da como resultado unos precios exorbitantes en los medicamentos especializados.

El capitalismo de plataforma

Se suele describir con este nombre la nueva forma en la que se producen, comparten y se entregan bienes y servicios; una forma más horizontal en la que los consumidores interactúan entre sí sin o con una mínima intervención de las instituciones tradicionales.

En este marco funciona la denominada economía colaborativa, reduciendo las fricciones entre los dos lados del mercado, conectando eficientemente a compradores y vendedores y a clientes potenciales con anunciantes.

La búsqueda de economías de escala (basadas en el tamaño de la red) y de economías de alcance (basadas en el abanico de servicios distintos) propicia que «el tamaño y crecimiento de las empresas más representativas no parece tener límite. Los efectos de red que se extienden por los mercados online añaden una carácterística importante: cuando una empresa establece su liderazgo en un mercado, su dominio aumenta y se perpetua automáticamente»( pág. 300).

Seis empresas (Facebook, Google, AOL, Yahoo, Twitter y Amazon) constituyen alrededor de un 53% del mercado publicitario digital (solo Google y Facebook representan el 39%).

Esta posición dominante implica que los gigantes digitales pueden imponer sus condiciones a los usuarios y a las empresas que son sus clientes, que no tienen opciones de cambio si no se sienten satisfechos, pues como dice Evgeny Morozov » no hay una segunda Amazon al que puedan irse».

Un problema a futuro, porque el auge de la «economía colaborativa» probablemente extenderá el intercambio de mercado a nuevas áreas, en las que las dinámicas de dominación mercantil parecen preparadas para perpetuarse a si mismas.

De una mirada ingenua sobre Google se podría inferir que proporciona servicios gratuitos a sus usuarios. La realidad es que son los usuarios quienes aportan a Google los inputs necesarios para su proceso de producción: nuestros datos personales son la materia prima con la que se configura el big data.

Google obtiene el grueso de sus beneficios de la venta a otras empresas de sus espacios publicitarios y de los datos de los usuarios: «Si algo es gratis online, tú no eres el consumidor, eres el producto».

Los modelos de negocio de Facebook y de Google se basan en la mercantilización de los datos personales, transformando por medio de la alquimia de un mercado bilateral, nuestras amistades, intereses, creencias y preferencias en propuestas vendibles. La llamada economía colaborativa se basa en la misma idea.

Parece comprensible, como sostiene Morozov, entonces, que, «en lugar de pagar nosotros a Amazon una tarifa por utilizar sus capacidades en inteligencia artificial -construida con nuestros datos-, debería exigírsele a Amazon que nos pague a nosotros».

Mazzucato ha descrito en su último libro un mundo inquietante, en el que el relato en torno a la creación de valor pertenece a las grandes y poderosas empresas , auténticos monopolios sin regulación en el mundo digital que a través del dominio ideológico establecen que el precio determina el valor y que los mercados representan el único mecanismo para estipular el precio.

La expresividad y contundencia de los ejemplos que representan esta denuncia deberían, sin embargo, completarse en dos direcciones: una, a través de un análisis empírico de un mayor número de empresas y sectores, y otra tratando de extender lo que fundamentalmente constituye un análisis del Estado y del sector público en EE. UU., con agencias e instituciones con un reconocido planteamiento estratégico, a otros territorios y ámbitos geográficos con un menor nivel de desarrollo y prácticas consuetudinarias muy diferentes respecto a la acción pública, sin olvidar la presencia perniciosa de la incompetencia o la corrupción que con excesiva frecuencia les acompaña.

Mazzucato ha realizado un trabajo sugerente que nos obliga a revisar en profundidad el análisis y nuestra propia consideración, a veces errónea por simplista, del papel de los gigantes digitales y del uso del big data en la configuración de nuestra sociedad y que nos desvela la importancia y la necesidad -en línea con Piketty- de contribuir al debate ideológico en busca de una sociedad más justa e igualitaria.

140 millones de hectáreas en Argentina afectadas por sequía. 7 millones en forma muy severa

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El registro acumulado de lluvias en la Zona Núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las sequías más intensas.

La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías identificó en su última reunión 140 millones de hectáreas en sequía en Argentina, de las cuales más de 7 millones se encuentran en categoría de afectación severa. En esta última categoría, fueron identificadas las tres provincias donde la situación es más grave, de acuerdo al informe de la Mesa Nacional de Monitoreo: Buenos Aires (44 partidos), Santa Fe (4) y Entre Ríos (5). Respecto de las precipitaciones, en septiembre, octubre y lo que va de noviembre “se acentuó la falta de lluvias en el centro-este del país agravando los impactos de la sequía, especialmente en la zona núcleo”. Asimismo, el análisis destacó que “el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las más intensas sequías que haya afectado a la región”. Además, de acuerdo al informe, los índices de humedad del suelo muestran condiciones de sequía extrema en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. A su vez, desde la Mesa Nacional explicaron que “la condición actual de los cultivos, tanto extensivos como intensivos, en el norte de Buenos Aires se encuentra afectada, de manera tal que se esperan rendimientos muy por debajo del promedio histórico, e incluso pérdidas totales y reducción del área sembrada”. En esa línea, adelantaron que resulta probable “que el trigo que se sembró en el área con sequía severa actual tenga rindes muy bajos o no se coseche y que el maíz llegue al inicio de su periodo crítico a sequía con reservas escasas o deficitarias”. “Se reporta también afectación en la actividad ganadera; es esperable que en muchos casos no se pueda sembrar y esta superficie pase eventualmente a soja o maíz tardío”, concluyeron.

Tandanor botó el nuevo buque hidrográfico ARA Petrel

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El ministro de Defensa, Jorge Taiana, acompañado por su par de Salud, Carla Vizzotti, y el presidente del astillero Tandanor, Miguel Tudino, presidió el acto de botadura del nuevo buque Hidrográfica ARA “Petrel”, diseñada y construida íntegramente en esta empresa estatal, que así celebró 143° aniversario de creación. El 10 de noviembre de 1879 el presidente Nicolás Avellaneda puso en funcionamiento los Talleres Navales de Marina para el mantenimiento de los buques de la Armada Nacional Argentina. Con distintos nombres y en general la misma finalidad, siguieron en su lugar en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, pese al intento, sucedido en 1994, de expropiar las instalaciones para construir un barrio caro con vista al río. Desde 2006, junto con el vecino astillero de submarinos Alte. Storni, ambos gigantescos talleres forman el complejo CINAR. Varias empresas nacionales, como REDIMEC, llevaron a cabo a la instalación de los equipos del buque. La empresa de Tandil, cuyo mercado habitual es el aeronáutico, en este caso llevó a cabo la instalación de las respectivas consolas del puente de mando de buque hidrográfico, como de los montajes de diferentes antenas y sensores. La foto permite ver un puente muy moderno, un «full glass», prácticamente sin instrumentación analógica.
Consola en el ARA Petrel

Investigan retrasar la sintomatología y transcurso del Alzheimer hereditario

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Una red internacional de especialistas que estudian esta enfermedad llevará adelante ensayos en la provincia de Chaco, en una comunidad donde se registran casos frecuentes.

La enfermedad de Alzheimer hereditaria, que causa pérdida de la memoria y demencia en personas entre los 30 y 50 años, puede «retrasar su sintomatología y transcurso» a partir de un tratamiento de prevención que será implementado en Argentina en los próximos meses, convirtiéndose en «el primer país en empezar este tratamiento en América Central y del Sur». La variante de Alzheimer denominada autosómica dominante (ADAD), es un subtipo poco frecuente que suele producir pérdida de memoria y demencia entre los 30 y los 50 años de edad y afecta a menos del 1% de la población total de personas con Alzheimer, indicó la Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN) red internacional de investigación sobre esta enfermedad. Sin embargo, a partir de este subtipo se descubrió que la enfermedad produce cambios en el cerebro que ocurren años antes de la detección actual de sus síntomas clínicos, motivo por el cual los investigadores de la DIAN desarrollaron un tratamiento que actúa antes de las primeras manifestaciones de la enfermedad. El doctor en medicina Randall Bateman, director de DIAN, afirmó que esta enfermedad compromete partes del cerebro relacionadas con «la memoria, la resolución de problemas, también afecta las habilidades parcialmente que en los últimos años se van alterando de manera continua pero progresiva». En 2019, se identificó en Argentina a varias personas con ADAD en una comunidad de la provincia de Chaco, las cuales fueron invitadas a participar en una investigación sobre esta enfermedad, cuyos resultados se cree que «pueden extrapolarse a la variante esporádica más común de Alzheimer», indicó Fleni, organización que se encuentra trabajando junto a DIAN. Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva de Fleni, explicó que «cuando una persona tiene este tipo de Alzheimer, el 50% de la descendencia tiene probabilidades de tenerlo también», y agregó que en el caso de Chaco «para la cantidad de personas que tienen la enfermedad, la incidencia es alta». Por este motivo, la investigación en comunidades estratégicas como en Chaco «permiten estudiar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, posibilita estudiar lo presintomático, es un modelo que te permite llegar mucho antes», sostuvo Allegri. Y añadió que esto posibilita «actuar con los ensayos farmacológicos antes de que aparezca la sintomatología». De este modo, Argentina que se convertirá en «el primer país en empezar en América Central y del Sur este modelo de prevención», señaló Randall Bateman, quien agregó que tiene expectativa en que «esto puede retrasar la enfermedad y el transcurso». Asimismo, la prueba que se realizará en Chaco para evaluar el tratamiento se compone de «dos drogas que actúan sobre las dos vías neuropatológicas que tiene la enfermedad. Este es el primer ensayo que va a actuar sobre las dos cosas», señaló Bateman. Y agregó que «las personas con esta mutación genética y la sintomatología a los 30 años, a partir del tratamiento pueden empezar a tenerla a los 40, a los 50 o incluso más tarde». Por último, el experto señaló que «cualquier familia del país puede contactarse para el tratamiento con Fleni, ya que no tiene costos en los estudios ni en los tratamientos de este tipo de enfermedad».

La Agencia I+D+i llama a crear nuevas Empresas de Base Tecnológica (EBT) y a consolidar las que existen

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La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico Y la Innovación (Agencia I+D+i), a través de la Dirección Nacional del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) convoca a la presentación de proyectos para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica.

Se busca construir capacidades nacionales en sectores de alta demanda y rápido crecimiento. Para acceder a la página de EBT 2022 – Creación y Fortalecimiento, cliquear aquí.