«El cambio climático es una discusión profundamente económica. Parte de muchísimas desigualdades y si lo ponés en términos globales, los países más ricos son los que contribuyeron históricamente más a la emisión de gases de efecto invernadero y lo siguen haciendo», sostiene la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.
La funcionaria hace estas afirmaciones a 9 días del cierre de la COP27, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, Egipto, del 6 al 18 de noviembre. Ella encabezó las negociaciones en representación de nuestro país. Allí expuso el reclamo argentino por los u$s 185 mil millones que deberá invertir hasta 2030 para mitigar los perjuicios causados por el cambio climático
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El encuentro más importante sobre cambio climático fue convocado en el marco de una creciente crisis energética, concentraciones récord de gases de efecto invernadero y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, con las cada vez más lejanas metas establecidas en el histórico Acuerdo de París de 2015. La pregunta inevitable es ¿sirvió de algo?
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«Es un saldo en tablas. Encontramos avances considerables en una agenda que la Argentina y el sur global venían empujando, pero esperábamos mucho más correlato entre el discurso de los países desarrollados y las acciones que implementan ya que hay mucha brecha sobre el financiamiento», afirmó Nicolini.
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«Argentina perdió en los últimos 20 años más de 24 mil millones de dólares con lasoja y el maíz por eventos relacionados a la crisis climática».
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En ese sentido, la funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que las medidas contra el aumento de la temperatura a nivel global «son solo ambiciones si no tenes los medios de implementación para poder avanzar, te dejan un sabor amargo».
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En la reunión climática de Naciones Unidas, en la que casi 200 países participaron de las discusiones, abordaron la problemática de las pérdidas y daños ocasionados por los impactos del cambio climático, lo que derivó en que por primera vez en la historia se incluya, gracias al empuje de los países del sur, la creación de un fondo de ayuda para las naciones en vías de desarrollo, del que no se precisaron aún los detalles.
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«Es un reclamo que se venía pidiendo hace mucho tiempo y del que no había ni siquiera un atisbo de incluirlo en las negociaciones pasadas. Es positivo este fondo destinado a países en vías de desarrollo, que son los más afectados del cambio climático, pero todavía no hay precisiones sobre cómo se va a financiar, de cuánto va a ser o a quién va a estar dirigido en particular», aseveró Nicolini y explicó que «Argentina está entre los países que menos contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y que más impactos tiene».
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La Secretaria Nicolini opinó que «sería necio negar las consecuencias que ya estamos viviendo con el cambio climático» y precisó que Argentina perdió en los últimos 20 años más de 24 mil millones de dólares con la soja y el maíz por eventos relacionados a la crisis climática.
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En la COP 27 volvió a discutirse la meta establecida en el Acuerdo de Paris de no superar 1,5°C de calentamiento global para mediados de siglo, donde una vez más se mostraron las divergencias entre los países sobre cómo implementar la transición energética que deje progresivamente los combustibles fósiles.
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«Hay una diferencia sobre los medios de implementación, si queremos reducir las emisiones un 45% para 2030 tiene que haber un correlato financiero y económico para hacer esas transiciones, sobre todo para los países en vías de desarrollo que no tienen los medios para dar esas transformaciones en las matrices productivas, energéticas y de infraestructura», aseguró Nicolini.
La secretaria de Cambio Climático destacó que en el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 2030 de Argentina «actualizamos la meta el año pasado y la hicimos un 30% más ambiciosa de lo que se planteó en 2016, al nivel de países desarrollados».
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«Buscamos no exceder las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030 y nos hemos comprometido con nuestra estrategia a largo plazo de alcanzar la carbono- neutralidad para 2050″, aseguró.
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Según Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Monitoreo de Medidas de Mitigación, en Argentina el 50,7% de las emisiones se producen por el sector de la energía, sobre todo por la generación eléctrica y el transporte, mientras que los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra explican el 39,1%, seguido por procesos industriales y uso de productos con 5,7% y residuos con 4,5%.
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Las discusiones sobre el cambio climático volverán a retomarse en la COP 28, que se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre del año que viene en Emiratos Árabes Unidos.
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«Nacen un 34% menos de chicos de los que nacían hace cinco años. Es histórico, es totalmente revolucionario, no pasó nunca en la historia», dice Rafael Rofman, demógrafo y economista que trabajó en el Banco Mundial, y aseguró que «antes nacían unos 750.000 niños por año y ahora nacen 500.000», según los datos de Renaper y ANSES que cruzó el profesional.
Rofman precisó que la cantidad de niños nacidos por cada madre está hoy «entre las más bajas de Latinoamérica» y ejemplificó que «en 1950 la tasa era de 3,3 niños por mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4, mientras que desde 2015 empezó a bajar cada vez más rápido y en 2020 estamos en 1,55».
Uno de los datos que explica este descenso marcado del número de nacimientos en Argentina en los últimos años es la acelerada baja de un 55% de los embarazos adolescentes.
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La iniciativa, que generó mucho interés en la comisión de Industria 4.0 de CADIEEL, recibió financiamiento del programa FONTAR, de la Agencia I+D+i (en el cual invirtió unos 28 millones de pesos ACUMAR, 31 millones de pesos de la Agencia y unos 5 millones repartidos entre tres empresas que forman parte de CADIEEL).
Estas firmas se asociaron con la Universidad Nacional de Almirante Brown para desarrollar sensores capaces de tomar y analizar muestras de agua cada 30 segundos en aspectos el caudal del efluente, su temperatura, su Ph, su conductividad eléctrica y la presencia de oxígeno disuelto. El sistema de monitoreo, del cual inicialmente se fabricaron nueve equipos, también es capaz de enviar alertas de que ha sido abierto para evitar la manipulación de su electrónica por personas no autorizadas.
Las muestras son guardadas y refrigeradas para comparaciones y análisis posteriores, además de que deben servir como prueba en caso de que se necesite realizar sanciones. Los resultados de este monitoreo son enviados por un módulo 3G/4G o por un módulo LORA 1 a la central de visualización de ACUMAR, que monitorea si los valores están dentro de los parámetros establecidos.
La información recibida también se guarda como respaldo y permite hacer un análisis general de la cuenca, así como también hacer comparaciones históricas y cruzar la información con la proveniente de las centrales meteorológicas, por ejemplo. Además de los sensores que se instalarán en las cámaras de inspección en forma fija, también se ha diseñado un prototipo de laboratorio móvil. “El 80% de la contaminación industrial en el Riachuelo proviene de entre 20 y 30 empresas, por lo que el universo es bastante acotado para controlar y el objetivo es contar con herramientas para hacer esos controles”, dijo Matías Parra, coordinador de CyT de ACUMAR.
Los sensores tienen tienen un sistema por el cual compensan automáticamente los datos en base a la temperatura y otros parámetros de calibración propios. De todas formas, como parte del proyecto, se realiza un mantenimiento periódico ya que las condiciones a la que están expuestas es muy hostil. En las pruebas que se hicieron se pudo ver que todos lo componentes quedan recubiertos de una capa negruzca a los pocos días de estar expuestos a los efluentes.
“Todos los dispositivos electrónicos que tenemos que usar para mediciones de esta clase deben estar dentro de gabinetes que soporten cosas como ácidos, hidrocarburos, rayos UV y cualquier otro elemento que pueda agredir la electrónica. Eso está contemplado y obviamente eso en el Riachuelo es terrible, el metal se va recubriendo como de una capa de empavonado de color negruzco”, explicó Sergio Vicente, de la empresa Comsi, una de las empresas participantes del proyecto.
“El dispositivo que toma muestras de manera automática incluye una rutina de limpieza de los conductos antes de tomar una nueva, para garantizar que si esa muestra después la vas a usar para sancionar o para motorizar a un mejor tratamiento del efluente tenés que estar seguro que sea real, que sea una muestra que refleje la realidad”, explicó Leonardo Botrugno, de Adra Electrónica, otra de las empresas del consorcio.
Los sensores son importados, pero toda la electrónica de control y comunicación fue diseñada y fabricada por este consorcio de empresas, al igual que el software y firmware. La transmisión de los datos está encriptada y si el personal de la empresa quiere conocer los datos que esta tomando el dispositivo deben ir a verlos en la página web de ACUMAR.
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Otra de las líneas de trabajo será asesorar a los investigadores. “Podemos asistir en el diseño detallado de estudios observacionales que busquen sumar evidencia sobre los efectos terapéuticos del cannabis en diversas patologías, mensurando su eficacia, sus posibles efectos adversos, las dosis necesarias, etc.”, explicó Kochen, quien también es neuróloga y trabaja el tema con sus pacientes desde hace ya muchos años.
Finalmente, otro de los objetivos de Cannabis Conicet es aumentar la capacitación de recursos humanos especializados. De hecho, ya tiene en marcha, junto a la UNAJ, la segunda edición de una diplomatura específica sobre esta temática, actividad académica que registró casi cuatro mil inscriptos para menos de un centenar de vacantes.
