Ocho millones de toneladas de plásticos provenientes de bolsas, botellas, envases o etiquetas llegan cada año a los mares. Esta contaminación impacta en sus ecosistemas y también en las dietas humanas, ya que diversos productos alimenticios provienen de los océanos. La sal marina es uno de ellos.
Un estudio enmarcado en el Máster Internacional en Tecnología de Alimentos (MITA; Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA)-Universidad de Parma, Italia) encontró microplásticos —fragmentos de plástico que miden menos de cinco milímetros— en las tres marcas de sal fina marina analizadas, en una concentración de entre 5 y 20 micropartículas de plástico por kilogramo de sal.
Advierten sobre la falta de normativas para regular el problema.
“Cada año, unas 8 millones de toneladas de plásticos terminan en los mares, y por la acción de los rayos solares, las olas y las temperaturas, principalmente, se fragmentan en pedazos pequeños. Las partículas de microplástico que quedan en el agua alteran los ecosistemas marinos e, incluso, podrían afectar la salud humana al ingerir productos alimentarios que provienen del mar. Un ejemplo es la sal marina que se obtiene a partir de la evaporación del agua de mar”, explicó María Ángeles Guraya, Licenciada en Nutrición de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y reciente egresada del MITA.
En este marco, Guraya evaluó la presencia y la concentración de microplásticos en distintas marcas comerciales de sal marina fina en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. “En las tres marcas que analizamos detectamos microplásticos. En el 44% de las muestras encontramos entre 0,005 y 0,02 microplásticos por gramo de sal marina. Dicho de otra forma, esto representa entre 5 y 20 micropartículas de plástico por kilo de sal marina”, resaltó.
La investigadora contó que en función de los resultados de su estudio, los argentinos estaríamos consumiendo partículas de microplásticos en sales marinas y en otros productos que las usan como insumo. “Hay que seguir investigando el problema. En otros estudios en sales marinas se encontraron concentraciones aun mayores que las de mi trabajo. La cantidad de microplásticos aumenta si tenemos en cuenta que otros alimentos de origen marino también pueden contener microplásticos, como los mariscos y los pescados”.
“Por el momento existen pocas certezas sobre los efectos de los microplásticos en la salud humana”, afirmó María Ángeles, y añadió que no se conoce en profundidad cómo actúan y se acumulan en el cuerpo, ni qué otros problemas pueden traer asociados. “La problemática relacionada con la industria plástica es relativamente nueva. Desde la mitad del siglo pasado, el material se difundió a la producción y el consumo, y aumentó su presencia en nuestras vidas”.
Además, Guraya, quien cursa el doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Litoral, señaló que a nivel global no existen normas que regulen la presencia de microplásticos en los alimentos. “El Código Alimentario Argentino determina qué requisitos deben cumplir los alimentos. Si un elemento no está incluido en sus artículos, se lo debe considerar prohibido. Como el código no menciona microplásticos, no se deberían permitir residuos plásticos ni en las sales marinas ni en ningún otro alimento”.
Para finalizar, la investigadora señaló que hay que abordar la problemática de los microplásticos desde diferentes ángulos y de manera conjunta: “Se necesitan leyes que prohíban expresamente la presencia de microplásticos en los alimentos, mejores sistemas de gestión de residuos para que los plásticos no terminen más en los océanos y políticas que estimulen su reciclado y reutilización. También es clave pensar materiales alternativos y rentables para la industria. Obviamente, la conciencia ambiental ayuda a reducir el consumo de plásticos”.
Hace una semana circuló un cuadro sobre los casos de Covid en la población escolar, que fue mencionado en la discusión entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires sobre la reapertura de clases presenciales. Va al final de esta nota.
El gráfico que encabeza y éste son más recientes.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar para hoy lunes 19 de abril las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
El presidente Alberto Fernández afirmó sobre el fallo: “Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El ministro de Justicia, Martín Soria tuiteó: “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”.
El jefe de gobierno de C.A.B.A., Horacio Rodríguez Larreta, anunció la continuidad de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, suspendidas por el decreto presidencial. Desde la Ciudad diagramaron un plan de acciones para minimizar riesgos, y de paso intentar acallar críticas.
Larreta anunció la decisión de que la educación no obligatoria, es decir, las escuelas terciarias y los centros de formación profesional, funcionen de manera virtual. “Esto representa casi el 15% del total de la matrícula educativa de la ciudad: más de 110.000 alumnos de un total de 755.000 dejarán de ir y de usar el transporte público”.
Se incorporarán “agentes de tránsito” y “concientizadores” del gobierno porteño para evitar aglomeraciones en los ingresos y egresos de los estudiantes. También pidió “no llegar en transporte público” a las escuelas y evitar “las reuniones de padres” en las puertas de los establecimientos educativos.
Más allá de los anuncios, hay incertidumbre en los padres sobre las medidas de prevención -turnos, «burbujas»-, el paro anunciado por los gremios Ctera, UTE y Ademys, y, sobre todo, la inquietud ante el incremento de los casos de covid.
El viernes pasado publicamos Las vacunas que se producen en Argentina y se envían al exterior. Pero no vienen de vuelta, que incorporaba, como señalamos, una nota de Diego Genoud.
Ayer Genoud vuelve a escribir sobre el tema, con conceptos y planteos sobre la fabricación local de vacunas contra el covid, que hemos sostenido por largo tiempo en AgendAR.
Ahora, para continuar con la endogamia, reproducimos íntegro ese artículo. Con la segunda parte, estamos completamente de acuerdo. Con la filosa primera parte… no la negamos, pero agregamos una nota precautoria y algunas sugerencias al final.
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«No hay que descartar que, en algún momento, AstraZeneca empiece a cumplir con el contrato que firmó y las vacunas que fabrica Hugo Sigman en su planta de Garín vuelvan, finalmente, a la Argentina. Pero, aún así, la salvación que el Presidente anunció el 12 de agosto del año pasado en la residencia de Olivos habrá llegado tarde para un país que cuenta más de 58 mil muertos, registra un nivel récord de contagios y ve crecer la amenaza de la falta de camas.
También para un gobierno que no pudo evitar que el anunciado arribo de la segunda ola lo encontrara inerme y lo obligara a ordenar nuevas restricciones para evitar el desborde sanitario y la falta de camas. Que las potencias globales ganaran la carrera por autoprotegerse y los grandes laboratorios encontraran en la pandemia una oportunidad formidable para maximizar sus ganancias era tristemente previsible.Pero que uno de los principales empresarios aliados del peronismo de gobierno sea el protagonista local de un operativo inexplicable daña la autoridad de Alberto Fernández y activa la indignación entre los contados detractores del dueño del Grupo Insud que habitan en la alianza oficialista. Ni en el Frente de Todos ni en el mundo de los especialistas sobran los que puedan informar sobre el paradero de las 22,4 millones de vacunas que el gobierno argentino ya pagó en un 60%.
Tal como contamos, la vacuna se está fabricando desde hace tiempo en la planta de Sigman y los envíos regulares a México se están cumpliendo, pero lo que falló -o sigue fallando- es el acceso al filtro de vidrio microparticulado para filtrar, fraccionar y envasar el principio activo que produce mAbxience. Por eso, los que tienen el privilegio de acceder al farmacéutico lo presentan casi como una víctima de un malentendido que lo supera. “Hugo no puede hacer nada porque no vende ni trae la vacuna. A él lo contrató a AstraZeneca y el gobierno contrató a los suecos”, dicen.
Sus detractores, en cambio, lo ven como el gestor de un acuerdo que lo tiene como beneficiario y reclaman que deje de exportar el principio activo que se podrá envasar en Argentina. ¿Dónde? Esa es una de las preguntas sin respuesta que parece jugar a favor de los argumentos del Grupo Insud. Algunos suponen que podría hacerse en Sinergium Biotech, la planta del Grupo Insud que también está en Garín. Pero los defensores de Sigman en el gobierno dicen que eso implicaría dejar de envasar otras vacunas como la que se aplican contra la gripe o el neumococo. La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), por su parte, no cuenta con presupuesto suficiente.
Habituado a actuar el rol de filántropo antes que el de acusado, Sigman aparece en una situación incómoda, pero no habla y descansa en la costumbre de que los demás no hablen de él. Su silencio esta vez hace ruido y provoca malestar en funcionarios de Fernández que lo defienden a grabador apagado y advierten que el hermetismo le está generando un daño inédito. Son costos insignificantes, si se comparan con el drama de las víctimas fatales que se cobra el virus en una sociedad extenuada y dividida, que busca en la polarización razones para purgar la culpa y deslindar responsabilidades.
Los cuestionamientos no parten solo de radicales como el tucumano José Cano, que se declaran víctimas de Sigman y lo responsabilizan por sus males en la política, o de la militancia del Frente de Izquierda, que pide declarar a mAbxience de utilidad pública y ordenar su expropiación, sino también de especialistas que llevan toda una vida trabajando en el tema. El investigador del CONICET y especialista en inmunología Jorge Geffner está entre los que sostienen que hay que dejar de exportar cuanto antes el principio activo que fabrica Sigman. Argumenta que lo mismo hicieron gigantes como Pfizer, Moderna y el propio AstraZeneca ante la demanda de otros países de Europa. “Frente al pico de casos que está enfrentando, India, principal productor de vacunas del mundo, dejó de exportar. Está incumpliendo sus contratos y hace bien porque primero está la vida de la gente que se está muriendo”, dice Geffner.
El especialista considera que el viaje a México -sin fecha de regreso- de los lotes con seis millones de dosis que corresponden a la Argentina es incomprensible y genera costos tan innecesarios como irremediables. Son más de 15 mil kilómetros que podrían evitarse si primara tanto la lógica como la urgencia. Por eso, afirma que el Estado debe arbitrar los mecanismos para que la distribución y fraccionamiento se haga en Argentina. Haría falta, claro, una decisión política que trascienda al mismo tiempo el gobierno de facto del mercado, el manejo de AstraZeneca y los intereses de Sigman.
Llegaron este domingo vacunas del fondo Covax de Naciones Unidas, llegará pronto el nuevo cargamento de la Sputnik y, quizás, las dos millones de dosis de Sinopharm que espera el Presidente. Tal vez Vladimir Putin logre imponerse en la disputa doméstica con las fuerzas del Kremlin que lo presionan para abastecer primero la demanda rusa. Tal vez Sabino Vaca Narvaja haya aprovechado las cartas credenciales que le recibió Xi Jinping el último jueves para conseguir que China haga una excepción con Argentina y aparte millones de vacunas del gran operativo de inmunización que se prepara para julio, cuando el Partido Comunista Chino cumpla 100 años. Tal vez los dueños del poder global entiendan en algún momento que haya llegado el momento de liberar las patentes. Tal vez se cumplan los deseos del ala peronista que apuesta al vínculo con Joe Biden y se concrete la operación global que promete Estados Unidos: completar el proceso de vacunación local que ya llegó a más de 200 millones de personas y salir a partir de junio en auxilio de países aliados con un operativo vacunas para todos, made in Washington. Gran ganador de una disputa global en la que priorizó sus intereses, el país de Biden tiene, según un informe de expertos de la universidad de Duke, un excedente de 300 millones de vacunas.
La emergencia que provocó la peor pandemia del último siglo tras una década de bajo crecimiento y dos años de una crisis descomunal como la que incubó el gobierno de Mauricio Macri no debería evitar la autocrítica. El título viral de aquel 12 de agosto de 2020, “La Argentina fabricará una vacuna contra el coronavirus”, hoy delata una apuesta urgente que salió mal. No sólo por la demora y el manejo antojadizo de AstraZeneca en medio del drama de los muertos que provoca el COVID 19, sino además por la oportunidad perdida.
La doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del CONICET, Juliana Cassataro dirige el equipo de ocho investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM/CONICET que se dedica, desde hace 10 meses, a desarrollar la primera vacuna argentina contra el coronavirus. Seleccionada entre 900 proyectos por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación del Ministerio de Ciencia, recibió en su inicio 100 mil dólares para avanzar con el proyecto, una cifra que según el periodista científico Daniel Arias debe ser lo que gasta en café el “international team” de AstraZeneca.
Más allá de la difusión de la noticia, el proyecto no contó con el respaldo que necesitaba para prosperar, entre otras cosas por lo que consigna Arias: el ANMAT responde más rápido a las multinacionales que vienen con licenciamientos previos de las agencias regulatorias de Estados Unidos y la Unión Europea.
Con una fórmula basada en proteínas recombinantes, una tecnología similar a la usada en la vacuna del Hepatitis B o el VPH, el anuncio de que mAbxience fabricaría en Garín primero y el acuerdo con el Instituto Gamaleya después sugerían que la cruzada que llevaban adelante en soledad casi no hacía falta. Histórico interlocutor de Sigman y clave como autoridad de la ANMAT que facilita las regulaciones y las aprobaciones, González García jamás les ofreció su apoyo: al contrario. Sin embargo, Cassataro y el grupo de investigadores que la acompaña decidieron seguir adelante.
El jueves último, en medio del récord de casos y unas horas después del pedido dramático de Carla Vizzotti para que la gente se quede en su casa, la doctora Cassataro, la inmunóloga Karina Pasquevich y el bioquímico Diego Álvarez, tuvieron finalmente una reunión con la ministra de Salud en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. A Vizzotti la escoltaban, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la jefa de gabinete de Salud, Sonia Tarragona, ex titular de la Fundación Mundo Sano que pertenece a la familia Sigman.
Según informó el gobierno, Cassataro contó que la vacuna recombinante adyuvada podría ser utilizada en 2022 como un refuerzo de única dosis de las vacunas actuales o como inmunización primaria. Ya en 2023, se podría contar con una vacuna de inmunización primaria de dos dosis enteramente nacional. Lo más importante no trascendió y fue lo que dijo Todesca en algún momento de la reunión: “Esto es lo que tendríamos que haber hecho el primer día”.
De ser así, tal vez, la Argentina hubiera empezado, hace casi un año, a destinar fondos para el desarrollo de una vacuna local, hubiera avanzado en las fases clínicas y se podría haber ahorrado la competencia despiadada por la compra de vacunas en un mercado hiperconcentrado.
Argentina cuenta con capacidad técnica y recursos humanos para emular desarrollos similares a los que se iniciaron en países de la región como Brasil y Cuba. El de la UNSAM/CONICET es de hecho uno de los por lo menos cuatro proyectos que ya existen en el país. Según datos de diciembre de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity, AstraZeneca recibió un financiamiento total de 2.220 millones de dólares, Novavax 1.570 millones, Curevac 1.140 millones, Johnson & Johnson 819 millones, Moderna 562 millones, Sanofi 576 millones y Pfizer 545 millones. Son cifras inalcanzables en medio de la emergencia pero no justifican la apuesta permanente por el corto plazo en un país que para los especialistas está entre 15 y 20 años atrasado con respecto a las potencias que dominan el mercado. Según investigadores que trabajan en el sector, 120 millones de dólares alcanzarían para hacer un ensayo en 30 mil personas.
Si algo obsesionó a Fernández desde que se desató la pandemia fue conseguir vacunas. Sin embargo, el aprendizaje sobre la marcha tuvo dificultades elocuentes y los primeros cortocircuitos con el ex ministro de Salud se dieron en noviembre pasado, cuando el Presidente notó que las dosis de Sigman no iban a llegar a tiempo. El amiguismo a la Ginés es bastante más que una lista de vacunados de privilegio.
Fernández salió urgido a sellar un acuerdo con Rusia, que le salió bien, pese a la campaña temeraria de la oposición que se nubló en su militancia por Pfizer. Ahora en su desesperación, Alberto mismo se despacha contra los que «no le cumplen» y genera malestar en los que hacen de nexo con Rusia y China.
Tal vez, el Plan B que muchos en el oficialismo admiten no haber tenido pasaba –y pasa– por el desarrollo local. El gobierno está preocupado por la situación sanitaria en un contexto en que, gracias a lo que ya se vacunó, baja la edad de los contagiados y los que se infectan son más jóvenes y con comorbilidades. Pero también, por su propio destino político en el año electoral.
Moraleja de un año de gobierno, en palabras de un funcionario de Fernández: el Estado no es sólo ni siempre el reverso del mercado; también es un escenario de disputa donde conviven facciones enfrentadas y está perforado, más de lo que se puede admitir, por la lógica y los intereses del sector privado.»
Observación de AgendAR:
El cuestionamiento que hace Genoud en la 1° parte de este artículo se enfrenta a la misma pregunta que nos hacíamos al final de nuestra nota anterior: ¿podemos filtrar lo que mAbxience produce a granel, para después formularlo (con un coadyuvante) y fraccionarlo?
Creemos que sí, porque exportamos vacunas a virus, básicamente contra la aftosa bovina. Y uno de los grandes compradores es China. De modo que alguien en el INTA probablemente ya tenga la respuesta a la incógnita de si existe vidrio nanotexturado para filtros en el país.
Ese material, según la información que obra en nuestro gobierno, México no lo tiene porque Trump embargó no sólo vacunas, con la ley de abastecimiento de guerra de Truman, de 1947. Embargó también tecnología de fabricación de vacunas, y entre ellas, los famosos filtros de vidrio sin los cuales el laboratorio mexicano Liomont dice no saber cómo cumplir su parte de este acuerdo.
Por suerte, somos Argentina y sin salir siquiera del partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires, tenemos, casi en vecindad de puerta, al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM (que diseñó nuevas vacunas para la aftosa), al elenco de Juliana Cassattaro, (cuya vacuna anticovid terminó su fase preclínica), al Instituto Jorge Sabato de Ciencia de Materiales, a la Fundación Argentina de Nanotecnología y al Centro Atómico Constituyentes, sede de expertos en materiales. Todos ellos en un mismo lugar.
Se nos ocurre que con semejantes equipos se puede fabricar localmente vidrio nanotexturado. Hasta podemos exportarlo a México, para que envase las cantidades del principio activo de la vacuna que no utilicemos aquí.
Entre las opciones en estudio están la de ajustar el intervalo entre la aplicación de las dosis, aumentar el número de dosis e incluso mezclar el uso de vacunas que utilizan diferentes tecnologías.
La máxima autoridad del organismo de control de enfermedades de China dijo que el país está estudiando opciones para mejorar la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, incluyendo aplicar dos vacunas con diferentes tecnologías a una misma persona.
En una conferencia, el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu, dijo ayer que la idea busca «resolver el problema de la baja eficacia de algunas vacunas» chinas contra el coronavirus.
Entre las opciones en estudio están la de ajustar el intervalo entre la aplicación de las dosis, aumentar el número de dosis e incluso mezclar el uso de vacunas que utilizan diferentes tecnologías, dijo en la conferencia en la ciudad de Chengdu.
«Está bajo consideración formal si deberíamos usar diferentes vacunas de diferentes tecnologías para el proceso de inmunización«, dijo Gao, según el diario hongkonés South China Morning Post.
Expertos de varios países han dicho que aplicar dos vacunas distintas contra el coronavirus, como se hace con otros microorganismos patógenos en un proceso llamado inmunización secuencial, puede incrementar la eficacia de las vacunas.
China ha exportado a 22 países, entre ellos Argentina, millones de dosis de vacunas elaboradas por dos laboratorios estatales
En el Reino Unido, investigadores están estudiando una posible aplicación combinada de las vacunas contra el coronavirus de los laboratorios estadounidense y alemán Pfizer-BioNTech con la de la farmacéutica anglosueca AstraZeneca.
La vacuna de Sinopharm, que se aplica en Argentina, tiene una efectividad alta, de casi el 79%, y previene en un 100% los casos moderados y graves de la enfermedad.
La vacuna de Sinovac, que se aplica en Chile y Brasil -en esté último país también se produce- tiene una efectividad baja, del 50,4%, según los estudios hechos en San Pablo.
Gao dijo que, hasta el 2 de abril, unos 34 millones de personas recibieron las dos dosis requeridas de vacunas contra el coronavirus en China y unos 65 millones recibieron la primera.
El virólogo Anthony Fauci, principal consultor médico del presidente Joe Biden y de varios presidentes anteriores -incluso de Trump, aunque cuestionó publicamente su negacionismo- afirmó que la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson debería volver a administrarse en los EE.UU.
El martes pasado Washington suspendió el uso de la vacuna de ese laboratorio para investigar los seis casos de mujeres -una de ellas fallecida- que desarrollaron coágulos sanguíneos graves asociados con bajos niveles de plaquetas tras haber recibido su inyección en Estados Unidos.
El experto, de prestigio internacional, afirmó que la vacuna debería volver a administrarse próximamente, quizás con alguna restricción.
«Creo que no iremos más allá del viernes con la extensión de esta pausa», dijo Fauci en alusión al grupo de expertos que debe reunirse para evaluar la posible conexión entre el inmunizante del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson y la formación de graves coágulos sanguíneos.
«Creo que (la vacunación) se retomará, puede que con restricciones; no estoy seguro de cuáles serán, si estarán ligadas a la edad o al sexo, o si estará simplemente acompañada de una advertencia».
Fauci recordó que los casos graves de coágulos sanguíneos eran «extraordinariamente raros» y que la pausa en la administración de la vacuna se decidió para «examinar la situación y asegurarse que disponemos de todas las informaciones posibles».
Las autoridades estadounidenses aseguraron que esta pausa no tendría un impacto importante en la inmensa campaña de vacunación nacional, ya que sus dosis representan menos del 5% de las aplicadas en el país.
Hasta el momento, en Estados Unidos se administraron 264 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. El 50,4% de los ciudadanos mayores de 18 años están parcialmente inmunizados, mientras que el 32,5% ya se encuentran totalmente vacunados, cifra que se eleva hasta el 65,9% para los mayores de 65 años.
Recibimos este comunicado del Secretariado Nacional de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear:
18 de abril de 2021 – 55º Aniversario de la APCNEAN
Se cumplen 55 años de aquel día en que científicxs, tecnólogxs y profesionales en general con una clara visión de futuro para el área nuclear se reunieron para fundar esta Asociación.
Queremos saludar a todxs lxs integrantes de esta gran comunidad y renovar nuestro compromiso con su crecimiento en beneficio de lxs trabajadores y del país.
Desde su fundación, el objetivo de la APCNEAN ha sido atender todo lo concerniente a los asuntos laborales y profesionales de la comunidad nuclear del país, y apoyar a todas aquellas actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear.
La historia de nuestra Asociación está fuertemente ligada a darle impulso a las políticas de desarrollo tecnológico autónomo, que se han manifestado durante más de 50 años, apoyando la decisión de establecer el desarrollo de reactores de potencia de uranio natural y agua pesada, habiéndose logrado en el sector nuclear la independencia en todo el ciclo relacionado con la producción de energía nuclear.
Esta historia del sector ha permitido formar capacidades de trabajadores altamente calificados e infraestructura con enormes inversiones en CNEA, NA-SA (quién provee de energía “carbón free” a millones de argentinxs), PIAP-ENSI (quién provee el agua pesada imprescindible para nuestras centrales), Dioxitek (quién provee el elemento esencial para los combustibles nucleares), y las demás empresas asociadas al sector.
Estas capacidades han sido ampliamente confirmadas en las últimas décadas con la exitosa concreción y puesta en marcha de Atucha II, la extensión de vida de Embalse, la operación de la PIAP, el desarrollo de proyectos de producción de radioisótopos para aplicaciones médicas y el proyecto RA-10.
Además en la CNEA se ha desarrollado una gran variedad de investigaciones básicas, aplicadas, desarrollos tecnológicos y producción que cubren temas tan diversos como ciencia y tecnología de materiales, radiobiología, radioterapias de avanzada, tecnología y aplicacionesde aceleradores, energía solar, incluyendo el desarrollo de paneles solares de uso espacial, antenas satelitales, múltiples ramas de la física y la química, nanociencia y nanotecnología, robótica, geología y minería, ingeniería nuclear, combustibles nucleares, enriquecimiento de uranio, astropartículas, ensayos no destructivos, celdas de combustible e hidrógeno, solo para nombrar algunas y sin olvidar la formación de técnicxs y profesionales al mejor nivel en sus tres institutos universitarios.
También queremos mencionar a nuestra Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que vela por la seguridad y protección radiológica de nuestras instalaciones nucleares y de medicina que involucran radiaciones ionizantes.
Consideramos relevante preservar y extender estas capacidades científico-tecnológicas para mantener a la Argentina entre los países con un alto grado de autonomía en materia nuclear y con capacidades no solo para el desarrollo propio sino también como exportadores de tecnología con alto valor agregado.
No creemos contradictorio el sostenimiento de la tecnología de uranio natural y agua pesada para los reactores de potencia con el desarrollo paralelo de reactores de uranio enriquecido y el impulso entre otros de la concreción del proyecto CAREM. La incorporación de nuevas tecnologías es bienvenida en la medida en que se maximice la participación de la industria nacional y vaya aparejada de la correspondiente transferencia de tecnología. Argentina debe consolidarse como “país nuclear” y mantenerse todas las opciones abiertas, entendiendo que la energía nuclear va a jugar necesariamente un rol determinante en la transición energética y en la solución del crucial problema del cambio climático.
Por todo lo explicitado, es que bregamos por que la política nuclear sea una Política de Estado que se sostenga en el tiempo y no esté supeditada a los vaivenes de los gobiernos de turno ni a las presiones y condicionamientos de los países dominantes o de los organismos internacionales de crédito.
Nuestra Asociación es sensible a las problemáticas de nuestra sociedad, por lo que no solo se ha focalizado en los temas científico-tecnológicos del sector, sino también ha impulsado acciones en la defensa de lxs trabajadores, la defensa de los Derechos Humanos y la perspectiva de género.
En este aspecto, vemos con mucha preocupación la gran caída de los salarios y la falta de carrera laboral, que han llevado a parte de nuestrxs trabajadores a vivir con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, y que está generando una enorme sangría de trabajadores altamente capacitadxs en busca de mejores oportunidades.
Por la soberanía tecnológica y por condiciones dignas de trabajo, saludamos en este aniversario a todxs lxs trabajadores del sector.
Hace más de 30 años que científicos, y empresarios con visión, apuestan a la «economía del hidrógeno», es decir, el empleo de H2 como almacenador de energía, limpia y no contaminante. Pero ese escenario no se ha realizado todavía. Hacen falta aún algunos avances técnicos en almacenamiento, de la electricidad y del hidrógeno, para que sea competitivo con los combustibles fósiles. Pero la amenaza del calentamiento global, y de la contaminación, son motivaciones muy fuertes.
Fermín Koop, de Periodistas por el Planeta, ha preparado un informe exhaustivo sobre las posibilidades y los proyectos en este tema en toda América Latina. Y, en particular, lo que está impulsando Y-Tec, el brazo tecnológico de YPF, a la cabeza de un consorcio de empresas.
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«El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Se usa como insumo en la refinación de petróleo, la producción de amoníaco y metanol, y la fabricación de acero, con una demanda de 70 millones de toneladas por año. Pero es casi en su totalidad generado a partir de combustibles fósiles, liberando emisiones contaminantes.
Existe una alternativa. El hidrógeno verde o renovable es la gran apuesta de muchos países para aprovechar el potencial de las energías renovables, y al mismo tiempo generar un combustible limpio, que permita reemplazar a los millones de autos y camiones que hoy funcionan a nafta y gasoil.
El hidrógeno verde se obtiene a partir de la electrólisis del agua, un proceso que utiliza la electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Es por eso que si la energía utilizada se obtiene de fuentes renovables no se generarán emisiones contaminantes, que agravan el cambio climático.
Se estima que, para 2030, Europa, los Estados Unidos, China, Japón y Corea van a contar con 2,7 millones de autos particulares eléctricos a hidrógeno, que demandarán un consumo de 710.000 toneladas anuales de hidrógeno.
El 40% de esa demanda sería producida por esos países, en tanto que al 60% restante tendrían que importarlo
Es acá donde entra América Latina. La región tiene la producción de electricidad más limpia del mundo, y un enorme potencial de mantener esta posición gracias a su enorme potencial solar y eólico. Es por eso que muchos países desde Chile a Costa Rica ya están dando los primeros pasos para producir y exportar hidrógeno verde en el futuro cercano.
Esto permitiría a la región no solo acelerar su propia transición energética, sino también generar divisas para la economía, severamente afectada por la pandemia de Covid-19. Además, se podrían aprovechar los picos de alta generación de electricidad de las fuentes renovables al usar el excedente para producir hidrógeno.
“América Latina cuenta con algunos de los recursos de energía renovable más abundantes y competitivos del mundo, incluyendo hidroeléctrica, solar y eólica. Los elementos que hacen de la región un líder mundial en energías renovables pueden facilitar un ascenso similar para la producción de hidrógeno limpio en esta década”, sostiene Cecilia Aguillon, directora de la Energy Transition Initiative del Instituto de las Américas.
El proyecto de Chile
Chile cuenta con una estrategia nacional para el hidrógeno verde que apunta a convertir al país en un productor y exportador de clase mundial en menos de 20 años. El Gobierno proporcionará financiamiento, actualizará las regulaciones, estimulará la inversión y el desarrollo, y alentará a los actores públicos y privados a integrar el hidrógeno verde.
El plan del presidente Piñera tiene tres objetivos principales: producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030, estar entre los tres principales exportadores para 2040 y contar con 5GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025. El primer paso será una ronda de financiamiento de US$ 50 millones.
“El hidrógeno verde puede representar para Chile una industria tan importante como lo es el cobre actualmente”, afirma Juan Carlos Jobet, ministro de Energía de dicho país. “Tenemos tremendas ventajas competitivas para ser líderes mundiales en producción y exportación de hidrógeno verde gracias a nuestras energías renovables.”
Según la estrategia, Chile podría producir hasta 160 megatones anuales de hidrógeno verde. En sus planes de crecimiento, el Gobierno prevé que la industria local comenzaría con un mercado de US$1000 millones para aplicaciones locales en 2025 y crecería 15% al año hasta US$9000 millones en 2050, más US$24.000 millones en exportaciones
El desarrollo de la tecnología vendría en tres etapas. Primero, enfocado en el consumo interno a través de la demanda existente, por ejemplo, de refinerías. Luego, se promovería el uso del hidrógeno en el sector transporte a nivel local. Finalmente, llegaría el despliegue a gran escala de infraestructura de exportación.
Chile pasó de tener un 3% de capacidad instalada de energía renovable no convencional en 2014 a tener actualmente un 25%, aprovechando la radiación solar en el norte del país y los fuertes vientos de la Patagonia. Esto significa que ya ha cumplido su objetivo de tener el 20% de las energías renovables para 2025.
El año pasado anunció su compromiso de ser neutral en cuanto a emisiones de carbono para 2050 y prometió eliminar progresivamente todas las centrales eléctricas de carbón para 2040. Para ello espera expandir todavía más la energía solar y eólica, alineado con la estrategia de producir hidrógeno verde.
“Tenemos 70 veces más capacidad de generación de energía renovable que la que consumimos actualmente, por lo que tenemos que encontrar formas de aprovechar ese potencial, no sólo para mejorar nuestra calidad de vida, sino también para exportarlo al mundo y para generar ingresos”, advierte Jobet.
Planes piloto en América Latina
Paraguay también se ha unido al grupo de interesados en el hidrógeno al prometer una hoja de ruta con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La estrategia determinará el uso del combustible para el transporte de carga y pasajeros de larga distancia, planificando una primera planta piloto de hidrógeno.
En Colombia, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, sostuvo en noviembre que el Gobierno también está trabajando en una hoja de ruta para incentivar el hidrógeno verde. A partir de allí se avanzará en un marco regulatorio para incentivar la investigación en la temática e inversiones privadas, detalló.
“El hidrógeno verde juega una perspectiva preponderante a nivel global. Promueve seguridad energética, sostenibilidad y equidad, al tiempo que se enmarca en los cuatro ejes de la transición energética: descarbonización, descentralización, digitalización y demanda”, señala José Antonio Vargas, director de la empresa energética ENEL en Colombia.
Costa Rica dio sus primeros pasos en 2011, cuando la empresa Ad Astra Rocket y la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo crearon un centro experimental de hidrógeno. El país presentó en 2019 su estrategia de descarbonización a largo plazo, en el que propone desarrollar el hidrógeno verde para ser carbono neutral en 2050.
La Alianza Costarricense de Hidrógeno, un grupo de compañías en su mayoría privadas que representan a todos los actores presentes en la cadena de valor del hidrógeno verde (energía renovable, infraestructura de hidrógeno, distribuidores de gas, compañías de vehículos, etc.), lideran el impulso para su desarrollo.
“América Latina se beneficia de amplios recursos de energía renovable y agua, ambos ingredientes clave en la producción de hidrógeno verde. Si podemos aprovechar este potencial, podría dirigir a la región hacia la independencia energética”, concluye José Antonio Castro Nieto, científico jefe de Ad Astra Rocket en Costa Rica.
Los proyectos en marcha en Argentina y Uruguay
Uruguay también planea incentivar en los próximos años el desarrollo de la producción de hidrógeno verde con el objetivo de exportarlo. El país es líder en energías renovables en América Latina, con una matriz basada en un 98% en fuentes limpias gracias a décadas de políticas gubernamentales en esa dirección.
Para el desarrollo de la industria, el gobierno de Luis Lacalle Pou planea incentivar la llegada de empresas privadas extranjeras que inviertan en producción a cambio de la firma de contratos de provisión con el Estado. El primer paso será construir una planta piloto en Montevideo, capital del país, con capacidad para producir 900 kilos de hidrógeno por día.
El proyecto Verne, como se lo conoce internamente, requerirá de una inversión estimada de US$20 millones durante el año que llevarán los trabajos. Para esto, la petrolera nacional Ancap convocará a una licitación para adjudicar un contrato de construcción, operación y mantenimiento.
“Vemos con buenas perspectivas la posibilidad de exportar hidrógeno a empresas que están necesitando descarbonizar su matriz. Uruguay puede tener hidrógeno generado a partir de esta electricidad certificada verde y eso tiene valor para países centrales que están buscando descarbonizarse”, sostiene Omar Paganin, ministro de Energía nacional.
A pesar de sólo contar con un 8% de energías renovables, la Argentina también tiene un potencial de energía solar y eólica destacado que le permitiría proyectar la producción del hidrógeno verde. Sin embargo, todavía no se han desarrollado políticas públicas que impulsen su desarrollo.
El país cuenta con una Ley de Promoción del Hidrógeno, sancionada en 2006 pero todavía no reglamentada. La norma establece la creación del Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (Fonhidro), el cual sería financiado por el Estado, y los proyectos de hidrógeno contarían con numerosos beneficios impositivos.
Ahora bien, la ley corre riesgo de caducar a fin de 2021 de no ser reglamentada. Es por eso que el diputado Gustavo Menna presentó, en 2019, un proyecto de ley para postergar su fecha de vencimiento por 20 años y actualizar el texto, poniendo el foco en la producción de hidrógeno verde.
“El Poder Ejecutivo no la ha puesto en marcha ni le dio presupuesto. Hay una clase dirigente que no tiene una mirada estratégica y que pierde el tiempo con cuestiones menores. Hemos perdido como país la mirada de mediano y largo plazo”, detalla Menna, quien aguarda el tratamiento en comisión del proyecto.
Según el diputado, la actual capacidad de generación eléctrica verde que tiene la Argentina es suficiente para poder impulsar la industria local del hidrógeno en una primera etapa, focalizada en el transporte público. Pero, advierte que sería necesario mejorar la infraestructura para su distribución por el país.
Empresas locales han dado los primeros pasos para movilizar a la industria. Y-TEC, empresa de investigaciones tecnológicas de YPF, lanzó el consorcio H2AR junto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). El mismo trabajará en los próximos dos años en el estudio de escenarios para la producción, transporte y exportación de hidrógeno.
“El objetivo inicial será consolidar una visión común y delinear hojas de ruta en distintos campos de aplicación, que permitan identificar desafíos, impulsar iniciativas piloto conjuntas y conformar un entorno normativo y de negocios”, explica el Gerente General de Y-TEC, Santiago Sacerdote.»
Carla Finkielstein recibió el máximo honor que otorga el prestigioso Virginia Tech, por haber desarrollado el año pasado un kit de detección «robusto, sensible y especifico» para detectar el nuevo coronavirus, autorizado por la FDA.
La científica argentina Carla Finkielstein, radicada en Estados Unidos desde 1998, fue reconocida con el Premio Ut Prosim Scholar, el mayor honor que se otorga a un Profesor Universitario en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (más conocido como Virginia Tech) y que tiene el aval de las autoridades del Estado.
Fue distinguida por su trabajo para la identificación de SARS-CoV-2 con apoyo de Virginia Tech y los distritos del Departamento de Salud durante la pandemia y por el servicio brindado a la humanidad.
Finkielstein ayudó a controlar la transmisión de COVID-19 en un distrito de Virginia de 280.000 habitantes, mediante el desarrollo de un kit robusto, sensible y especifico autorizado por la FDA de Estados Unidos, con el cual se hicieron desde entonces más de 120.000 determinaciones.
“A fines de marzo de 2020 supimos por las noticias que no habría suficientes kits y el virus comenzaba a propagarse rápidamente. Era claro que en cuestión de tiempo aparecería en nuestro distrito, una zona rural con poco acceso a cuidados médicos intensivos, un escenario sociogeográfico que en ausencia de capacidad de testeo se convertiría en una ‘tormenta perfecta’”, recuerda en diálogo con la Agencia CyTA-Leloir Finkielstein, bióloga molecular porteña egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y jefa de un laboratorio especializado en el estudio del cáncer en Virginia Tech, y del Laboratorio de Diagnóstico Molecular en el Instituto de Investigación Biomédica Fralin.
“Así que, si bien no soy viróloga, pensé que estudiando cómo funcionaban los kits de PCR en tiempo real (RT-PCR) comerciales, podía desarrollar uno e incluso mejorar su sensibilidad y especificidad. Y, en una carrera contra el tiempo, lo logramos”, afirmó.
-¿Podría contar cómo era el escenario que la impulsó a desarrollar el test para COVID-19?
-Al poco tiempo de declarada la pandemia por la OMS, en Estados Unidos estaba disponible de manera limitada un kit de RT-PCR para detectar SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, desarrollado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que dependen de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Al poco tiempo de la distribución de esta primera versión del kit, se descubrió que tenía un problema de diseño y que los resultados eran sesgados. Mientras tanto, las dos compañías más importantes en Estados Unidos que centralizaban la realización de test clínicos privados en el país, se vieron saturadas por la demanda de test para COVID-19. Cuando el Departamento de Salud de nuestro distrito enviaba les enviaba las muestras para análisis, los resultados se reportaban con al menos 10 días de demora. Desde el punto de vista de salud pública, donde el objetivo es identificar a la persona infectada y aislarla lo antes posible para contener la propagación del virus, la falta de resultados rápidos y de confianza limitaba cualquier acción que el Departamento de Salud pudiera tomar para contener la pandemia en nuestra región.
-¿Cómo es la composición demográfica del distrito?
-Somos 280.000 personas, de las cuales 80.000 integramos el campus universitario, profesores, estudiantes y personal de apoyo. La mayoría del resto es población rural. Es una zona pobre del país, en su mayoría con gente mayor porque los jóvenes van a las ciudades a buscar mejores oportunidades. Digamos que, por razones políticas, socioeconómicas y geográficas, no éramos una región prioritaria para la realización de los testeos orientados al control de la transmisión del virus. Además, teníamos el problema de que nuestro distrito tiene solo 30 camas de cuidado intensivo. Un solo brote de la enfermedad en geriátricos, centros de rehabilitación o prisiones de las zona y nos quedábamos sin capacidad hospitalaria.
-¿Podría describir el test que desarrolló?
-Es un test RT-PCR, es decir, de amplificación del material genético del virus que se diferencia de otros en su versatilidad y especificidad ya que detecta varios genes del virus simultáneamente. La nueva versión del test informa la variante del virus que infecta al paciente. Arroja resultados en tres horas y no solo se emplea para controlar la transmisión de SARS-CoV-2 en nuestro distrito sino que su uso se ha expandido a 7 distritos del Estado de Virginia que en conjunto representan 1 millón de personas.
-¿Cómo fue el camino desde su diseño hasta la autorización por la FDA?
-Estudié cómo funcionaban los test comerciales de RT-PCR, elegí lo que me gustaba de cada uno y le adicioné algunas cosas que me parecía serían importantes para poder facilitar su implementación sin comprometer la sensibilidad y especificidad del ensayo. Algo que siempre tuve claro es que el desarrollo debería poder hacerse con herramientas básicas de laboratorio así no dependíamos de ningún tipo de material o químico que estuviera en falta. Suena un poco raro esto ahora pero cualquier persona que estuvo en un laboratorio durante la pandemia puede garantizar que las cosas más básicas estaban en falta. El objetivo era poder darle al Departamento de Salud resultados confiables de las muestras que nos traían a las pocas horas. Ese trabajo de cooperación permitió refinar el desarrollo de nuestro kit hasta que vimos que su desempeño era excelente.
-¿Qué tipo de dificultades enfrentaron?
-Como pasa en todos los casos, por supuesto encontramos problemas cada vez que comenzábamos algo, pero creo que ninguno de los voluntarios que se sumaron a esta idea estaba dispuesto a dejar las cosas por la mitad. Un día teníamos que empezar a probar si el test funcionaba con muestras obtenidas de pacientes con hisopos. Algo realmente trivial hasta que descubrimos que no había ni un solo hisopo (literalmente) en más de 100 millas a la redonda!!! No solo eso, del día a la noche, Estados Unidos pasó a tener falta de hisopos para colectar muestras, algo absolutamente inconcebible en condiciones normales.
-¿Cómo superaron ese problema?
-Nuestra Universidad es muy fuerte en el área de Ingeniería y desde el comienzo nuestros colegas pusieron todo a nuestra disposición. Así que pedimos que nos prestaran unas impresoras para hacer esterolitografía en 3D e imprimimos los hisopos que se necesitaban para colectar las muestras. A eso le sumamos el desarrollo de un líquido para transportar la muestra que era estable a temperatura ambiente por días a altas temperaturas y, de esa manera, el Departamento de Salud podía ir a áreas rurales en la montaña, colectar el material, y traerlo para el análisis.
-¿Qué sistema desarrollaron para la identificación de tantas muestras?
-La gente de ciencias de la computación creó varios programas que nos permitían leer códigos en los tubos que mandábamos, incorporarlos en una planilla, adicionar los resultados y combinarlo con el sistema que usaba el departamento de salud donde estaba toda la información del paciente. Así, unas pocas horas después que la muestra llegaba al laboratorio, los epidemiólogos sabían el resultado y el estado del paciente y quedaba en ellos seguir con la tarea.
-¿Cómo fue el proceso de autorización del test?
-Creo que si hubiéramos sabido de antemano todos los papeles que íbamos a tener que llenar, nadie empezaba, así que la ingenuidad fue la llave del éxito. La universidad nos ayudó muchísimo desde el comienzo. Nos solo nos dio recursos económicos y humanos para poder desarrollar el test sino que nos dio todo el apoyo legal que necesitábamos para navegar la burocracia científica que implica aplicar para la autorización de uso de nuestro test en la FDA.
-¿Qué hicieron para lograr ese objetivo?
-El proceso de aplicación requiere, como debe ser, una serie de estudios que cubren un espectro muy amplio. Desde la identificación de la cantidad mínima de partículas que pueden ser detectadas por nuestro ensayo (10 en nuestro caso) a verificar que no reacciona con otras enfermedades virales y bacterianas que producen los mismos síntomas (más de 30 enfermedades listadas). Después teníamos que probar que puede detectar todas las variantes de coronavirus que estaban circulando en el mundo, un ensayo que nos pedían que repitiésemos cada 2-3 meses. Para poder hacer todos los estudios solicitados por ese organismo, tuve ayuda de estudiantes de posdoctorado de mi laboratorio y de otros grupos. Trabajábamos toda la noche, los 7 días de la semana, cada subgrupo de nuestro equipo se encargaba de los experimentos de una parte de la aplicación. Cuando mandamos todo y pasamos a los revisores de la FDA, la celebración duró 10 minutos. Enseguida nos dijeron que antes de poder usarlo masivamente teníamos que pasar un test adicional en el cual nos mandarían muestras ciegas de todo tipo y que teníamos que reportar los resultados que obteníamos con nuestro test. Pasamos con el 100% de aciertos y por lo tanto fue autorizado.
-¿Dónde se usa su test?
-El ensayo se usa por ahora solo en Virginia simplemente porque no pedimos autorización para expandirlo a otros estados. Estábamos totalmente enfocados en tener algo funcional que nos sirviera para resolver el problema que se nos venía encima. Pedir autorización para aplicarlo en otros Estados hubiera causado un retraso en nuestra autorización.
-Además de crear el kit, pusieron en marcha un laboratorio de análisis de muestras.
-Sí. Hacia fines del verano era claro que el número de infectados crecía en nuestro estado y que el Ministerio de Salud de Virginia no tendría capacidad para hacer el test a todos sus ciudadanos. Fue entonces cuando este organismo llamó a un concurso para establecer una red de laboratorios de análisis, nos presentamos y fuimos uno de los 3 laboratorios seleccionados. Nuestro laboratorio cubre ahora un tercio de todo el territorio estatal. Analizamos cerca de 2000 muestras por día. No solo ayudamos a controlar la transmisión del coronavirus en nuestro campus y en nuestro distrito, sino también en otros distritos. Por esta razón, el Estado de Virginia puso a nuestra disposición un sistema de transporte (combis) con refrigeradores para traer las muestras desde lugares que están a varias horas de distancia de nuestro laboratorio. A las 6 AM comenzamos a analizar las muestras y para las 5 PM están reportados todos los resultados. Ahora nuestros kits se emplean para controlar la propagación en una población de un millón de personas distribuidas en varios distritos del sudoeste de Virginia.
-¿Qué peso tuvo su formación en Argentina en el desarrollo del kit?
-Creo que cada una de las etapas científicas que experimenté en mi carrera ha contribuido en diferente forma. Claramente, la excelente formación que otorgan las universidades públicas de nuestro país, en particular la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y mi experiencia doctoral en la Facultad de Medicina de la UBA se ven reflejadas en cada paso del proceso que he desarrollado. También mucho del trabajo de investigación que hacemos en nuestro laboratorio tuvo un impacto importante en ciertos aspectos del desarrollo. Creo que es posible desarrollar este tipo de tecnologías que se necesitan en situaciones extremas cuando alguien tiene una experiencia profesional multidisciplinaria como es mi caso. Pero hay algo más importante, realmente creo que solamente una persona latinoamericana puede ingeniárselas para hacer mucho, para resolver con poco. Los latinos somos gente muy especial, lástima que no nos damos cuenta.
(En AgendAR vacilamos antes de reproducir esta nota de la BBC. El riesgo de que un niño se enferme de gravedad por covid es pequeño, y la posibilidad es aterradora. Pero los datos no han sido desmentidos. Y cuantos más médicos y personal de salud sepan que es posible, se evitará que diagnósticos equivocados retrasen el tratamiento).
Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo. Y a pesar de la abundante evidencia de que la covid-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad, según cifras oficiales. Y esas cifras pueden ser mayores, de acuerdo a estudios.
Existe la idea errónea de que los niños corren cero riesgo de un contagio de coronavirus, según Fatima Marinho, quien es asesora principal de la ONG de salud Vital Strategies.
La investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad.
Entre febrero de 2020 y el 15 de marzo de 2021, la covid-19 mató al menos a 852 niños de Brasil, incluidos 518 bebés menores de un año, según cifras del Ministerio de Salud de ese país.
Pero la experta estima que más del doble de esta cantidad de niños murieron a causa de esa enfermedad dado que, señala, existe un problema grave de bajo registro debido a la falta de pruebas que reduce las cifras.
Marinho revisó el exceso de muertes por síndrome respiratorio agudo durante la pandemia y encontró que hubo al menos 10 veces más muertes que en años anteriores.
Considerando esas estimaciones sostiene que el virus mató a un aproximado de 2.060 niños menores de nueve años, incluidos 1.302 bebés.
¿Qué está pasando?
Los expertos señalan que la gran cantidad de casos de coronavirus en Brasil, el segundo en cantidad de contagios más alto del mundo, elevó la probabilidad de que bebés y niños se vean afectados.
«Por supuesto, cuantos más casos tengamos y, por ende, más hospitalizaciones, mayor será el número de muertes en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero si se controlara la pandemia, este escenario evidentemente podría minimizarse«, explica Renato. Kfouri, presidente del Departamento Científico de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría.
Una tasa de infección tan alta sobrepasó el sistema de salud de Brasil. En todo el país, el suministro de oxígeno está disminuyendo, hay escasez de medicamentos básicos y en muchas unidades de cuidados intensivos de todo el país simplemente no hay más camas.
El presidente Jair Bolsonaro todavía se opone a los encierros estrictos y se estima que la tasa de infección está siendo impulsada por la variante llamada P.1, considerada más contagiosa y posiblemente surgida en el norte de Brasil.
En marzo murió el doble de personas que en cualquier otro mes de la pandemia y la tendencia al alza continúa.
Otro problema que impulsa las altas tasas de contagios en los niños es la falta de exámenes.
Marinho dice que para los menores es usual que el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando ya están gravemente enfermos.
«Tenemos un grave problema en la detección de casos. No tenemos suficientes pruebas para la población en general, menos aún para los niños. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, hay un retraso en la atención del menor», explica.
Esto no se debe solo a que exista poca capacidad de prueba, sino también a que es más fácil pasar por alto, o diagnosticar erróneamente, los síntomas de los niños que padecen covid-19, ya que la enfermedad tiende a presentarse de manera diferente en las personas más jóvenes.
«Un niño tiene mucha más diarrea, mucho más dolor abdominal y dolor en el pecho que el visto en un cuadro clásico de covid-19. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, cuando el menor llega al hospital está en una condición grave y puede complicarse y morir», señala Marinho.
Problemas sociales
Aunque todo esto también se trata de pobreza y acceso a la atención médica.
Un estudio de 5.857 pacientes con covid-19 menores de 20 años, realizado por pediatras brasileños dirigido por la Facultad de Medicina de Sao Paulo identificó tanto las enfermedades de base como las vulnerabilidades socioeconómicas como factores de riesgo para el peor resultado en menores.
Marinho está de acuerdo en que este es un factor importante.
«Los más vulnerables son los niños afrodescendientes y los menores de familias muy pobres, ya que tienen más dificultades para acceder al auxilio. Estos son los niños con mayor riesgo de muerte», indica.
Ella dice que esto se debe a que las condiciones de vivienda hacinadas hacen que sea imposible distanciarse socialmente cuando se infectan, y porque las comunidades más pobres no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos local.
Estos niños también corren riesgo de desnutrición, lo que es «terrible para la respuesta inmunológica», afirma Marinho.
Cuando se detuvieron las subvenciones en medio de la pandemia, millones volvieron a entrar en graves problemas de subsistencia.
«Pasamos de 7 millones a 21 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en un año. Así que la gente también pasa hambre. Todo esto tiene un impacto en la mortalidad», afirma la experta.
Braian Sousa, líder de la investigación de la Universidad de Sao Paulo, dice que su estudio identifica ciertos grupos de riesgo entre los niños a los que se debe dar prioridad para la vacunación. Aunque actualmente, no hay vacunas disponibles para menores de 16 años.
La titular del juzgado N 1 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, rechazó in limine un amparo presentado por un grupo de padres para mantener las clases presenciales, en contra de las restricciones anunciadas por el gobierno nacional ante el aumento de los contagios de coronavirus.
Según detalló en su fallo la jueza Tesone, “el propio Poder Ejecutivo” porteño recurrió a la Corte Suprema porque entendió que la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad “no es competente” para resolver la cuestión de fondo.
También señaló que la Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, dictaminó ayer que el máximo tribunal es competente para resolver la disputa entre el gobierno porteño y el gobierno nacional.
“Rechazar in limine el amparo incoado con relación a la pretensión consistente en que ordene al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad”, dice la resolución firmada por Tesone.
El recurso presentado por los padres había sido patrocinado por la Defensoría Oficial y Asesoría Tutelar. Además del amparo y la denuncia por inconstitucionalidad presentados por el gobierno porteño, actualmente tramitan en la Justicia otros dos recursos presentado por la ONG Abramos las Escuelas y por el Centro de Estudios de Políticas Públicas.
SpaceX, propiedad de Elon Musk, es la empresa seleccionada por la NASA para construir un “sistema de aterrizaje humano” (HLS) que transportará astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna por primera vez desde la última misión Apolo en 1972. Este sistema no es otro que la nave espacial Starship.
La NASA anunció el viernes que la empresa aeroespacial del CEO de Tesla, había vencido a Blue Origin, de Jeff Bezos, y Dynetics, un contratista de defensa propiedad de Leidos, tras aproximadamente un año de estudios y desarrollos preliminares. SpaceX había recibido 135 millones de dólares para demostrar la viabilidad de la Starship como aterrizador lunar. Blue Origin, parte del “equipo nacional” junto a los fabricantes tradicionales Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper, había recibido 579 millones de dólares para desarrollar el módulo de aterrizaje de dos etapas Blue Moon, basado en las cápsulas Orion y Cygnus. Dynetics había recibido 253 millones de dólares para desarrollar el DHLS, un módulo de aterrizaje de una sola etapa con un diseño horizontal.
La Starship es la única de las tres propuestas de la que existen prototipos funcionales que han sido probados (con mayor o menor éxito) en las instalaciones de SpaceX al sur de Texas. La propia SpaceX financia el desarrollo de la Starship con la ambición de convertirla en una nave espacial reutilizable para vuelos dentro de la Tierra y (con una etapa Super Heavy para el lanzamiento) al espacio profundo, en particular a la Luna y a Marte.
De todos modos, como informamos aquí, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, tiene un premio consuelo: un contrato del gobierno para una misión lunar con energía nuclear. Robert Heinlein, quien escribió El hombre que vendió la Luna en 1949, debe estar sonriendo desde el más allá.
AgendAR, como otros, adelantó ayer en las redes sociales las conclusiones de este artículo porque creemos que son relevantes a las decisiones sanitarias que deben tomar las autoridades.
Lo hemos traducido y ahora ofrecemos la versión completa, porque nos parecer razonable y equilibrado. Su título en inglés es School reopening without robust COVID-19 mitigation risks accelerating the pandemic (Reabrir las escuelas sin clara mitigación del Covid-19 arriesga acelerar la pandemia).
Se trata de un asesoramiento pedido por gobierno británico, cuando éste evaluaba la reapertura de las escuelas al comienzo de marzo.
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«El 22 de febrero de 2021, el gobierno del Reino Unido anunció que las escuelas en Inglaterra reabrirían por completo el 8 de marzo de 2021. Si bien regresar a la escuela lo antes posible es imperativo para la educación, el desarrollo social y el bienestar mental y físico de los niños, no se ha hecho lo suficiente para que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y el personal.Sin mitigaciones adicionales, es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que resultará en más confinamientos, cierres de escuelas y ausentismo.
Incluso cuando se suponía que las escuelas debían estar completamente abiertas, en los puntos de alta transmisión comunitaria, el 22% de los alumnos de la escuela secundaria no asistía debido al autoaislamiento. En algunas áreas, la asistencia era tan baja como el 61%.
Los argumentos de que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y de que el riesgo general para los niños de COVID-19 es muy pequeño terminaron significando que las medidas de mitigación en las escuelas hayan recibido poca prioridad. Sin embargo, la evidencia citada por tales argumentos tiene serias limitaciones.
Los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con reducciones sustanciales a lo largo del tiempo en el número de reproducción efectiva (Rt) en muchos países (incluida Inglaterra) y períodos de tiempo. Por el contrario, los datos de la Encuesta de Infección COVID-19 2020 de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) muestran que la prevalencia de la infección entre los niños de 2 a 10 años (2%) y de 11 a 16 años (3%) aumentó por encima de la prevalencia de todos los demás grupos etarios antes de las vacaciones de Navidad de 2020.
Tanto los modelos matemáticos como los datos del mundo real en preprint (con publicación arbitrada pendiente) muestran casos en aumento en aquellas regiones donde la variante SARS-CoV-2 B.1.1.7 prevalecía durante el confinamiento en noviembre de 2020 (cuando las escuelas estaban abiertas). Esto sugiere que abrir las escuelas que ahora no cuentan con medidas mitigadoras sólidas probablemente llevará a que Rt supere 1 en casi todos los escenarios.
Los datos de modelización de la Universidad de Warwick y el Imperial College de Londres sugieren que se estiman al menos 30.000 muertes más por COVID-19 en los escenarios de reapertura propuestos.
A lo largo de febrero de 2021 a pesar de que hay menos estudiantes en la escuela en este momento, el personal docente tenía un mayor riesgo de infección. Los brotes escolares recientes en el norte de Italia, donde prevalece la variante B.1.1.7, también son preocupantes.
Aunque es poco probable que el COVID-19 cause una enfermedad grave en los niños, las estimaciones de la prevalencia de los síntomas prolongados del COVID basadas en la Encuesta de Infección de la ONS sugieren que el 13% de los niños de 2 a 10 años y el 15% de los de 12 a 16 años tienen al menos un síntoma persistente 5 semanas después de dar positivo.
Dada la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo en la salud de la infección por SARS-CoV-2, no sería prudente dejar que el virus circule en los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias. Reabrir plenamente en un entorno de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardias adecuadas incurre en el riesgo de privar a muchos niños de la educación y la interacción social otra vez más, agravando las desigualdades existentes. Al contribuir a una alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes.
Las mitigaciones de varios niveles pueden reducir sustancialmente el riesgo de transmisión dentro de las escuelas y en los hogares. En el panel resumimos un conjunto de recomendaciones que están en línea con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y se practican en muchos países. para reducir el riesgo de transmisión en las escuelas y mitigar el impacto del COVID-19 en los niños y las familias. En el apéndice se proporciona un conjunto detallado de recomendaciones y una infografía. Hacer que las escuelas sean más seguras va de la mano con la reducción de la transmisión comunitaria y es esencial para permitir que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura y permanezcan abiertas.»
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Sugerimos a los profesionales acceder al original cliqueando aquí para consultar las referencias y descargar el apéndice.
Más de una cuarta parte de la población de Chile está vacunada. Sin embargo, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha alcanzado un nivel crítico. El gobierno recibe muchas críticas.
Mucha gente pensó que la crisis del coronavirus estaba tocando a su fin en Chile: a mediados de enero, la curva de incidencia, que había aumentado abruptamente después de Navidad, se volvió horizontal y cayó hasta finales de febrero. Chile era entonces el «campeón de vacunación de América Latina» con el 18 por ciento de la población vacunada con la primera dosis. Luego aumentó la incidencia de siete días y se duplicó de 130 a 260 en cuestión de un mes.
Muchos casos severos a pesar de las vacunas
También aumentó el número de casos graves por COVID-19, y las unidades de cuidados intensivos estuvieron en una situación crítica en la segunda quincena de marzo. A fines de marzo, el número de muertes volvió a aumentar, y el Gobierno endureció las medidas de confinamiento a partir del 1 de abril. La semana siguiente decidió que la elección de la Asamblea Constituyente se pospondría cinco semanas.
Sobre todo, la gran cantidad de casos severos por COVID-19 golpeó a Chile de manera inesperada, porque la estrategia de vacunación del Gobierno era considerada una de las más consistentes y efectivas.
Una cuarta parte de la población vacunada con dos dosis
Entre tanto, más de 12 de los 19 millones de habitantes en Chile han recibido la primera dosis. Más de cinco millones, es decir, más de una cuarta parte de la población, han recibido la segunda. El Gobierno espera que el país logre la inmunidad de rebaño en junio.
El número de personas que murieron por COVID-19 también ha aumentado, de alrededor de tres por millón de habitantes en un promedio de siete días a mediados de enero, a 5,9. No obstante, el país se encuentra en una mejor posición que su vecino Perú, donde el índice de fallecidos se corresponde con el promedio sudamericano, de diez.
Críticas contra el Gobierno
Muchos critican al Gobierno. Uno de ellos es Simone Reperger, de la Fundación Friedrich Ebert en Santiago de Chile. «Desde el inicio de la estrategia de vacunación, todo en Chile se ha concentrado en la vacunación». Se descuidan otras medidas importantes como los tests, el rastreo de contactos y la preve. La actitud del Gobierno también llevó a la gente en Chile a ser más descuidada: «Debido al ranking como ‘campeón de vacunación’ y el discurso del Gobierno, los chilenos no se protegieron tanto como antes en los últimos meses de verano, en las vacaciones en enero y febrero. Hubo menos uso de barbijos, más fiestas en la playa, en bares, y centros comerciales llenos”.
A pesar de la vacunación de un cuarto de la población en Chile, los fallecimientos y casos de COVID-19 han aumentado con rapidez
El confinamiento volverá a reducir la incidencia
De momento, las fronteras y las tiendas vuelven a estar en gran parte cerradas. Además se han impuesto estrictos toques de queda.
Está permitido hacer algo de ejercicio al aire libre entre las seis y las nueve de la mañana, y en las zonas con el nivel de alerta más alto las personas solo pueden salir de sus hogares dos veces por semana para hacer diligencias esenciales.
En el nivel dos, esto solo se aplica los fines de semana. En el nivel tres, se puede acudir a restaurantes bien ventilados, hacer deporte en grupos limitados y visitar a amigos. En el nivel cuatro, se permiten grupos más grandes. Actualmente 244 de los 345 municipios chilenos se encuentran en el nivel uno y 56, en el nivel dos.
¿Es responsable de los altos contagios en el país la rápida relajación de medidas de confinamiento o la vacuna Sinovac?
Según admitió un funcionario, Sinovac solo protegería en un 50 por ciento contra el contagio. Y esta es precisamente la vacuna que han recibido el 90 por ciento de la población de Chile.
El riesgo de desarrollar coágulos por el SARS-CoV-2 es bajo. Pero 8 a 10 veces mayor que por aplicarse cualquiera de las vacunas disponibles
El riesgo de que se formen trombos a causa de la infección por Covid-19 es muchomayor que el que puede atribuirse a las vacunas contra la enfermedad, es la conclusión de un equipo de investigadores, después que el despliegue de algunas vacunas se viera interrumpido por informes sobre casos excepcionales de trombos.
Tanto AstraZeneca como Johnson & Johnson se han enfrentado a casos muy raros de trombosis de seno venoso cerebral (CVST, cerebral venous sinus thrombosis) relacionados con sus vacunas. Este miércoles, Estados Unidos suspendió el uso de la vacuna de J&J mientras se investigaba el vínculo con los trombos, y Dinamarca renunció a la vacuna de AstraZeneca por este motivo. Los organismos reguladores británicos y europeos han subrayado que los beneficios de la vacunación superan a los riesgos.
El estudio, realizado sobre 500.000 casos de Covid-19, descubrió que el CVST se produjo en una proporción de 39 personas por cada millón después del contagio. La cifra es comparable con las de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que indican que 5 de cada millón de personas declararon haber sufrido CVST tras recibir la vacuna de AstraZeneca.
Los investigadores señalaron en un estudio previo a la publicación que el riesgo de CVST era entre 8 y 10 veces mayor tras la infección por Covid-19 que con las vacunas disponibles para combatir la enfermedad.
“El riesgo de padecer un (CVST) después de la COVID-19 parece ser sustancial y significativamente mayor que después de recibir la vacuna de Oxford-AstraZeneca”, dijo a la prensa Maxime Taquet, del Departamento de Psiquiatría de Oxford.
Detalles de la investigación:
El estudio se apoya en una base de datos de salud de Estados Unidos, por lo que no ha acumulado nuevos datos sobre el riesgo de desarrollar trombos al recibir la vacuna de AstraZeneca directamente, ya que la inyección no se está distribuyendo allí.
Taquet señaló que la tasa de mortalidad por CVST era de alrededor del 20% tanto si se producía tras el contagio por Covid-19 como si se trataba de una vacuna, lo que indicaba que los trombos eran el principal factor de riesgo.
Los reguladores también habían observado niveles bajos de plaquetas en los informes sobre efectos secundarios de las vacunas, pero los investigadores dijeron que los datos eran escasos para saber si esto también ocurría en los informes sobre casos de CVST derivados de la infección.
Los investigadores destacaron que el COVID-19 está asociado a casos de trombos más frecuentes que el CVST, como los accidentes cerebrovasculares, y que en el debate reciente en torno a las vacunas se había perdido de vista lo grave que puede ser la propia enfermedad.
El equipo de investigación, que pertenece a la Universidad de Oxford, dijo que trabajó de forma independiente al equipo de la vacuna de Oxford que desarrolló la inyección de AstraZeneca.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), del gobierno de los EE.UU. acaba de cerrar un contrato con Blue Origin, la firma aeroespacial de Jeff Bezos, para avanzar con el desarrollo de una nave espacial con propulsión nuclear.
La iniciativa, que también cuenta con la participación de las firmas General Atomics y Lockheed Martin, trabajarán en el programa DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) con el objetivo de utilizar tecnología nuclear como principal sistema de energía para impulsar una nave fuera de la órbita terrestre.
Estas tres compañías comenzarán a desarrollar los diversos prototipos con propulsión nuclear con la mira puesta en 2025, cuando se realicen las primeras demostraciones de navegación con esta tecnología. La agencia de investigación y desarrollo del Pentágono señala que este sistema experimental cuenta con el potencial necesario para combinar la alta capacidad de potencia de los propulsores químicos junto a la eficiencia de los modelos eléctricos.
“Esta combinación le daría a la nave espacial una gran agilidad para realizar maniobras veloces entre la Tierra y la Luna”, dijo DARPA en un comunicado.
El plan contempla el desarrollo de un reactor termonuclear y el sistema de propulsión, a cargo de General Atomics. Una vez completada esta etapa, tanto Blue Origin como Lockheed Martin se encargarán de diseñar y desarrollar los prototipos de naves espaciales que utilizarán esta tecnología.
Historia
DARPA es la agencia que a principios de los ´80 creó Advanced Research Projects Agency Networt, ARPANET, la red de computadoras que dio origen a Internet.
Ahora, busca promover esta tecnología de propulsión para transformar el sector espacial. En la década del 60, la NASA evaluó el desarrollo de un cohete nuclear con el proyecto NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications) para misiones de largo alcance como un posible viaje a Marte. Sin embargo, la iniciativa quedó sin financiación y fue cancelada en 1973 antes de realizar un vuelo de prueba.
¿La competencia con China hará revivir el impulso que John Kennedy imprimió al programa espacial en los ’60? Al menos, los billonarios Jeff Bezos y Eton Musk tienen el ego suficiente.
En AgendAR hemos seguido la epopeya de la fabricación nacional de la vacuna de Oxford-AstraZeneca desde agosto del año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández anunció en Twitter «El laboratorio AstraZeneca y la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD confirmaron que la Argentina estará a cargo, junto con México, de la producción y distribución en toda Latinoamérica de la potencial vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford.»
En realidad, nuestra atención estaba puesta en el laboratorio mAbxience desde febrero 2020, cuando inauguró su nueva planta para producir medicamentos biosimilares.
Pero también fuimos el primer medio en cuestionar un convenio que remitía toda la producción del principio activo de la vacuna a México, sin prever un porcentaje para su envasado aquí. Imprudente, en medio de una pandemia.
Ahora, el periodista Diego Genoud ha publicado en el nuevo DiarioAR una dura denuncia. La reproducimos, y agregamos un comentario al final.
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Hugo Sigman, dueño del laboratorio que fabrica en Garin el principio activo de la vacuna de AstraZeneca
«En agosto de 202O, el empresario Hugo Sigman tuvo un rol estelar en el anuncio de fabricación de la vacuna argentina a cargo de Astrazeneca y Oxford. Pero esas dosis aún no llegaron a la población y desde una de las plantas de Sigman se produce el principio activo de la vacuna que se exporta a México. Pedidos de declarar esa empresa de utilidad pública para que se envase en el país. Reproches en el Gobierno a un empresario aliado.
Cuando el 12 de agosto del año pasado, Alberto Fernández anunció en la residencia de Olivos el acuerdo de Astrazeneca y la Universidad de Oxford para fabricar en Argentina la vacuna contra el COVID 19, Hugo Sigman se convirtió de inmediato en el nombre de la salvación.
La asociación del empresario farmacéutico que es dueño del Grupo Insud con el laboratorio sueco, la universidad británica y la Fundación Carlos Slim fue un anuncio casi milagroso, que le permitió al gobierno dar a conocer por fin una buena noticia en plena pandemia y salir de la defensiva, por unos días, con el solo combustible de la esperanza que generaba un emprendimiento privado.
La vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca tenía una pata local: el principio activo sería elaborado en la planta de 8700 metros cuadrados que la empresa biotecnológica de Sigman, mAbxience, tiene en la localidad de Garín para después ser envasada en los Laboratorios Liomont de México. Se anunciaba un piso de producción de 150 millones de dosis y un techo de 250 millones, de las cuales el país de Andrés Manuel López Obrador recibiría 77 millones y el de los Fernández 22,4 millones. Argentina tendría prioridad para acceder a bajo costo a una vacuna de máxima calidad. Eso se decía.
El Presidente hizo el anuncio junto a Ginés González García, el más entusiasta promotor de las bondades de mAbxience. Ese día, antes y después del acto oficial, el entonces ministro de Salud se mostró exultante. “Podría haber un anuncio mucho más fuerte del Presidente. Espérenlo con ansiedad porque va a ser una muy buena noticia”, “Esta vacuna viene en la delantera respecto a las demás”, “Tener la producción es una gran noticia para toda Sudamérica”, “Ojalá haya muchos Sigman”, dijo.
La jornada terminaba con 213 muertos y un nuevo récord de casos, 7.663, pero para el gobierno era un día de euforia. También para Sigman, el beneficiario de una gigantesca campaña publicitaria que no demandaba certezas sobre plazos o sobre efectividad. A la mañana siguiente, el empresario que según los últimos datos de la revista Forbes acumula una fortuna de 2000 millones de dólares junto a su esposa Silvia Gold, abandonó su cuidado perfil bajo para hablar temprano con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. “Esta fue una negociación entre privados, ningún gobierno jugó ningún papel. AstraZeneca entendió que la nuestra era la mejor fábrica”, dijo.
Fue una declaración que le restó protagonismo al Presidente, al ministro y al Estado que apostaba por la cura. El gobierno nacional pagaría 4 dólares por vacuna gracias a la subvención del multimillonario Slim, que dejaba el asunto en manos de su hijo.
Ocho meses más tarde, en el contexto de mayor urgencia y con el gobierno encerrado entre el crecimiento de los casos y la amenaza de la falta de camas, la vacuna de AstraZeneca fabricada en Argentina permanece en el estado de promesa. Según se pudo saber de dos fuentes calificadas, el presidente de la multinacional sueca en Argentina, Agustín Lamas, se reunió el martes a la noche en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud Carla Vizzotti y les dijo que no podía garantizar el envió de las 900 mil dosis que se vienen anunciando desde hace un mes.
Las 864 mil que vendrán desde Amsterdam el domingo forman parte del programa Covax de la OMS, pero no son las que produce Sigman.
Como le sucedió al Presidente y al gobierno con todos los anuncios de fechas que no se cumplieron, le pasa a los responsables del envío de 22,4 millones de dosis. Con una diferencia, en el caso de AstraZeneca no existe información oficial de la empresa y todo lo que se publica son trascendidos que nadie se anima a confirmar. Los representantes locales del laboratorio sueco que se asoció con Oxford prefirieron no dar precisiones.
En la conferencia de prensa, en la que habló de un “momento crítico” y un “sistema de salud en tensión”, Vizzotti admitió que no sabe cuándo llegarán nuevas dosis. En Casa Rosada, dicen que no tienen confirmación y en Olivos se borra la frontera que separa a la ansiedad de la desesperación. “Estaban prometidas para la segunda quincena. Pero acá es ver para creer”, afirma un funcionario que no se despega de Fernández.
Es larga la lista de anuncios que no se cumplieron. Aquel 12 de agosto, el Presidente dijo que las vacunas llegarían en el primer semestre de 2021 y pocos días después el director de mAbxience, el biólogo Esteban Corley, afirmó que en “enero o febrero” estarían en Argentina las primeras dosis. En noviembre, cuando anunció el fin del ASPO y el inicio del DISPO, Fernández afirmó: “en marzo podemos contar con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford”.
El 24 de marzo pasado, el canciller de México Marcelo Ebrard anunció que, desde la tercera semana de abril, comenzarían a distribuirse en América latina las primeras vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca. El 6 de abril, Infobae aseguró que era “inminente” la llegada al país de 4,6 millones de vacunas producidas por Oxford- AstraZeneca, con 900 mil dosis que arribarían a mediados de abril y 3,5 millones de dosis que lo harían en la primera quincena de mayo.
La historia es conocida en los círculos de entendidos. Según afirman quienes conocen el proceso local, la vacuna se está fabricando desde hace tiempo en la planta de Sigman y los envíos regulares a México se están cumpliendo. Pero el proceso se trabó en el laboratorio de Liomont debido a una medida de Donald Trump -ratificada en febrero por Joe Biden- que frena la exportación del filtro de vidrio microparticulado donde se fracciona y envasa el principio activo que produce mAbxience. La demora llevó a AstraZeneca a mudar la operatoria al laboratorio Albany Molecular Research Inc. (AMRI) de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos.
Poderoso, experimentado y de estrecha relación con los círculos del progresismo, el psiquiatra Sigman es el nombre local de lo que, hasta ahora, es una enorme decepción. Para sus defensores, la demora es producto de imponderables que exceden al dueño de Capital Intelectual, uno de los grandes empresarios que apostaron por el candidato Fernández. Para sus detractores, es una estafa imperdonable que cada día se cobra vidas evitables.
En las últimas semanas, con la segunda ola y la preocupación generalizada, Sigman se convirtió en el blanco de cuestionamientos que perforaron su habitual blindaje mediático. Recibió críticas y pedidos de explicaciones de la oposición de Juntos por el Cambio durante el informe de Carla Vizzotti en el Congreso y fue señalado por el Frente de Izquierda, que organizó una protesta frente la planta de Garín y presentó un proyecto de ley en Diputados para declarar a mAbxience de utilidad pública y sujeto a expropiación para que se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas en la Argentina.
Un grupo de científicos, sanitaristas y organizaciones ligadas a la salud le pidieron a la ministra Vizzotti que se frene la exportación del principio activo que se fabrica en Garín y que la producción nacional sea fraccionado y envasado en los laboratorios públicos y privados de Argentina, en lugar de salir hacia México sin garantía de regreso. “Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma potencialidad”, dijeron.
Hay dos elementos que generan nerviosismo en el gobierno y elevan la presión en contra de Sigman. El primero es la violenta paradoja de una empresa argentina que fabrica cada día el principio activo necesario para combatir el virus y salvar vidas, en un país que ya supera los 58 mil víctimas fatales y se reconoce sin posibilidades de seguir vacunando a su población ante la falta de certidumbre.
Fuentes al tanto del proceso dicen que de mAbxience ya partieron rumbo a México y Albuquerque siete lotes con el equivalente a 42 millones de dosis. Sigman le transmitió al gobierno argentino que está cumpliendo con su parte: a más tardar cada 10 días, envía un lote con el principio activo para fabricar 6 millones de dosis. Los defensores de mAbxience afirman que lo único que hace el laboratorio argentino es producir el principio activo, pero no vende ni trae la vacuna.
Sin embargo, el segundo elemento que altera al Presidente y parte de sus funcionarios es el silencio del dueño del Grupo Insud, algo que, quizás por primera vez en su historia, resulta perjudicial para su estrategia de negocios y para el gobierno que lo cuenta como aliado. En la industria afirman que AstraZeneca y mAbxience firmaron un convenio de confidencialidad que le impide al dueño del laboratorio argentino dar explicaciones sobre la demora de la vacuna que se anunció hace más de ocho meses. De acuerdo al contrato entre las partes, la comunicación está a cargo de la multinacional sueca, que tampoco brinda información al público. De cara a la sociedad que precisa vacunas ante la segunda ola, nadie explica la demora.
Una de las pocas voces que se escuchó fue la de Sonia Tarragona, la jefa de gabinete del ministerio de Salud. “Todo eso no es automático, por eso me llama la atención cuando se hace este planteo de expropiar mAbxience para quedarnos con las vacunas. Es de una simpleza que me preocupa, no se le puede dar curso a una idea semejante”, dijo en una entrevista en la que dejó expuesta la contradicción. “Se suele criticar a los más adelantados que tienen a cargo la producción de las vacunas por inocular primero a sus ciudadanos y luego, una vez que están todos protegidos, distribuirla al mundo. Pienso que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, haríamos lo mismo. Antes de sacarlas afuera atenderíamos a nuestra población”. Paradojas al margen, Tarragona no es la más indicada para hablar. Fue la mano derecha de Silvia Gold y ejerció como directora de la Fundación Mundo Sano, uno de los emprendimientos de Sigman.
Quienes conocen el razonamiento del dueño del Grupo Insud afirman que es imposible para mAbxience incumplir un contrato y ceder el principio activo que se produce en Garín para que sea envasado en laboratorios nacionales. Sin embargo, también AstraZeneca está incumpliendo un contrato con el gobierno nacional, que ya pagó el 60% de lo que cuestan las 22,4 millones de dosis, según admitió ante la Comisión de Salud de Diputados el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo.
La preocupación escaló al más alto nivel. Según afirma un importante funcionario del gobierno, el Presidente se comunicó en las últimas semanas con el accionista principal de Insud. “Hablé con Sigman y dice que no se puede” es la respuesta que Fernández ofrece a los miembros del gabinete que cuestionan al empresario. Mientras tanto, los contagios se multiplican y la espera se prolonga.»
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Observación de AgendAR:
Es curioso, pero Genoud, quien escribió este durísimo cuestionamiento, es también quien publica aquí la explicación que se repite en mensajes privados: el laboratorio mexicano, Liomont, no puede importar de EE.UU. el filtro de vidrio microparticulado necesario para fraccionar y envasar el principio activo.
Es cierto que una disposición de Trump, cuando tomó en serio la pandemia, prohibió exportar productos médicos que pudierna usarse para combatirla hasta que finalice la emergencia sanitaria. Es cierto también que el gobierno argentino ha hecho gestiones ante la administración Biden para superar esta barrera.
Pero resulta difícil aceptar que la industria farmacéutica argentina, que domina un 66% del mercado interno, y que además exporta con marca propia e incluso ajena. Muchos «Big Pharma» yanquis y europeos compran sus medicamentos biológicos, hechos por ingeniería genética, aquí en Argentina (como también lo hacen en la India y en Corea), y se los llevan fraccionados y listos para su uso. Buscan menor precio a igualdad de calidad, y si se puede, que el comprador de a pie no se entere.
Son cosas posibles en un país cuya formación de RRHH en ciencias biomédicas y biología molecular la atestiguan 3 premios Nobel e institutos de investigación de reputación mundial. Ése es el origen de nuestra industria de medicamentos biológicos, y el otro son los precios elevadísimos de la medicación biológica en EEUU, la UE y Japón.
Sea dicho de paso, mAbxience se fundó para exportar «biosimilares», es decir anticuerpos monoclonales hechos en Argentina como sustitutos de sus equivalentes hechos a precios de locura en el Hemisferio Norte. La planta fue reconvertida técnicamente en una fábrica de vacunas que usan virus recombinantes de chimpancé como «carriers» de genes del antígeno Spike del virus SARS CoV-2. Y no se necesitó ni mucha plata ni mucho esfuerzo para ello. Esto es Argentina, estimados.
Hora también de aclarar que todo el mundo habla del «principio activo» que exporta mAbxience como si se tratara de materia prima. No lo es en absoluto. Es la vacuna concentrada y envasada a granel, una solución refrigerada y estable de adenovirus del resfrío de los chimpancés cultivados aquí en biorreactores, y luego genéticamente intervenidos para privarlos de su capacidad de reproducción y para insertarles epitopes (regiones bastante invariables) del antígeno Spike del SARS CoV2. El trabajo de los laboratorios Liomont, en México, es meramente fraccionar, envasar y etiquetar, no hacer brujería. ¿Puede hacerse aquí? Sí, claro.
Hay que comer vidrio para creer que aquí no tenemos vidrio para filtrar y encapsular dosis. Aquí hay farmacológicas grandes de capital argentino que viven de ello desde los ’90, y el estado también lo hace en algunos de sus instalaciones universitarias con capacidad industrial de medicamentos biológicos. Sin ir más lejos, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, fundado por el presidente Arturo Illia en 1964, hace 51 años, hoy con exportaciones a decenas de países. Fraccionar biológicos no es una ciencia oculta. Al menos, aquí.
Por el problema jurídico, hay un antecedente muy respetable: el 3 de abril, la justicia estadounidense autorizó a su gobierno a disponer de la planta de Emergent BioSolutions de Baltimore, contratada simultáneamente por Johnson y Johnson y AstraZeneca para fabricar las vacunas de ambas multinacionales. Por una desprolijidad técnica (se mezclaron 15 millones de dosis), la firma estadounidense se queda con el 100 de la capacidad de producción, y la firma anglosueca debe irse de la planta y buscarse otro fabricante. El gobierno de Biden usó legislación de «razón de estado» acuñada durante la guerra de Corea, 70 años atrás.
El Índice de Precios al Consumidor se disparó un 4,8 por ciento en marzo 2021, el nivel más alto desde que Alberto Fernández asumió la presidencia y el mayor desde septiembre de 2019.
El aumento elevó a 13 puntos la inflación en el primer trimestre del año y a 42,6% la suba de los últimos doce meses. Los precios regulados y los alimentos fueron los principales motores del salto inflacionario.
En el primer caso, el alza llegó al 4,5% mensual y estuvo motorizada por alzas en educación (del 28,5% contra febrero), combustibles, tabaco, prepagas y transporte. En los bienes estacionales, prendas de vestir y calzados subieron 10,8%. El rubro alimentos y bebidas no alcoholicas esta vez quedó por debajo del promedio general, pero con un incremento igualmente muy alto, del 4,6%, para escalar en el primer trimestre a 13,8% y en el último año, a 44,8%.
En marzo hubo fuertes aumentos en lácteos: el queso cremoso subió 15,8%, seguido por queso sardo (13,9), leche fresca en sachet (12,0), yogur firme (10,8), leche en polvo entera (8,0) y manteca (7,0).
También se volvieron a registrar fuertes alzas en frutas y verduras, encabezadas por tomate redondo (36,8%) y lechuga (16,9). En cambio, bajaron otros productos que se había disparado anteriormente, como limón (-21,8%), batata (-10,8) y zapallo anco (-10,6).
La carne también mantuvo la tendencia alcista. El kilo de nalga trepó 8,9%, seguido por carne picada común, paleta y hamburguesas congeladas, con 8,5% en cada caso. El cuadril avanzó 6,9%, el asado un 5,5 y el pollo, un 3,9.
El punto más sensible en relación a la inflación son los aumentos de precios de los alimentos, que elevan el valor de las canastas básica y alimentaria. Como los ingresos populares no logran hacerlo en igual proporción, los índices de pobreza e indigencia reflejan una situación social cada vez más delicada.
El Gobierno anunció un paquete de medidas para intentar contener los precios de la carne vacuna y el pollo, acercar al público minorista del área metropolitana de Buenos Aires frutas, verduras y productos frescos a los valores del Mercado Central, establecer acuerdos de precios de una canasta de bienes esenciales para todo el país y controlar los costos industriales de textiles, madera, plásticos, químicos, hierro, acero, aluminio y cemento, entre otros.
También busca llegar a un acuerdo de precios para celulares, computadoras y televisores, en tanto que la Secretaría de Comercio Interior contratará 500 inspectores y pondrá en marcha el registro de precios y stock de las 1000 empresas más grandes de consumo masivo en el país.
El fuerte crecimiento de los casos de coronavirus, que superaron una vez más los 25.000 infectados, mantiene en jaque al sector productivo, desde donde afirman que alos problemas que acarrea la pandemia respecto a la producción y ventas se sumó un fuerte crecimiento de los contagios y el ausentismo después de la Semana Santa. Esto mantiene a algunos sectores al límite y también ha generado faltantes de materia prima.
“La situación es muy difícil y promovemos el cuidado individual de la gente, los proveedores y empresarios, que se cuiden y cuiden al prójimo porque si no la pandemiava a arrasar con la salud y el trabajo de los bonaerenses. Pero el contexto afecta a la producción, porque a la problemática de los exceptuados que no van a trabajar, para los que pedimos que se vacune a los que están cobrando un salario, se suma que después de Semana Santa hubo mucho contagio social, porque en las empresas no se producen casos. Hay protocolos estrictos y se cumplen”, explicó Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).
“La prioridad es la vida y la salud, por eso nos reunimos con la ministra de Trabajo provincial para conformar una mesa de trabajo porque nos preocupan conflictos sindicales que se desataron en fábricas del sector lácteo en la Provincia o sindicatos queimpedían entrar y salir de parques industriales porque eso atenta contra la supervivencia del sector productivo y el trabajo de los bonaerenses”, agregó el empresario platense.
En tanto, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, afirmò que “no hay líneas de producción paradas, lo que sí es notorio y problemático que hay cada vez más contagiados fuera de la industria y hace que crezca el ausentismo, porque uno se aísla y quizá implica a otros 3 o 4. Pero trabajar dentro de la industria es una salvaguarda, porque se trabaja con todos los protocolos. En nuestra empresa en particular no tuvimos un solo infectado y eso pasa en muchas fábricas de la Región”.
Para Fernando Magno, titular de Apymeco, la entidad que nuclea a las pymes constructoras de la Región, el sector sufre diferentes problemas derivados de la pandemia y la inflación. Explicó que “hay proveedores que tienen faltantes de materia prima siderúrgica que están licenciando gente porque no tienen con qué trabajar, porque faltan hierro de construcción y derivados, como chapa fina y otros. Pero también se dispararon los costos en dólares más inflación. Por ahora no hay obras ni fábricas paradas, pero si un gran ausentismo, que se incrementó después de Semana Santa que se dio por contagios sociales. Por eso la vuelta a fase 3 en la Región, y el sector vive con incertidumbre por el futuro de la continuidad laboral”.
En términos de actividad económica, el país sufrió en 2020 su peor caída desde la crisis de 2002. La economía retrocedió 10%, según el EMAE del Indec, tras los derrumbes de abril y mayo, que alcanzaron el 25% y 20% anual, respectivamente, en plena cuarentena por la pandemia.»
Este material podría ser útil para prevenir COVID-19 y fue desarrollado por una empresa marplatense, NAIROTECH, en el marco de una convocatoria para empresas de base tecnológica de la Agencia I+D+i.
Mediante el empleo de nanotecnología y con la colaboración de universidades, una empresa marplatense de base tecnológica especializada en la industria del plástico desarrolló materiales que reducen el tiempo de permanencia de microorganismos sobre superficies, incluyendo el nuevo coronavirus que causa COVID-19.
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La iniciativa fue una de las seleccionadas en la convocatoria para Empresas de Base Tecnológica (EBT) COVID-19 realizada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) , para su financiamiento a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
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“El material se puede aplicar a los productos cotidianos sin que pierdan sus propiedades originales. El objetivo también es crear espacios más seguros en ambientes de masiva circulación de personas como oficinas, escuelas, transporte público, hospitales y otros ámbitos”, indicó el ingeniero en materiales Matías Lanfranconi, socio fundador y director de Tecnología e Innovación de la empresa Nairotech Desarrollo e Investigación.
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El material desarrollado se llama Nairo.Care y contiene nanopartículas de cobre que eliminan a los patógenos. La empresa fabricó diversas formulaciones de esas nanopartículas para usar como aditivo en múltiples productos, tales como textiles, artículos de limpieza, pellets de polietileno, pinturas y plásticos de PVC.
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“Con esta gran variedad de aplicaciones se pueden conferir propiedades antimicrobianas a suavizantes de ropa, lustramuebles, juguetes, muebles de jardín, manteles, uniformes, guardapolvos y una infinidad de productos cotidianos”, destacó Lanfranconi.
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En pruebas de laboratorio, el polímero germicida mostró eliminar el 99,99% del coronavirus canino y de la bacteria Escherichia coli tras cinco minutos de exposición.
Además, un ensayo de citotoxicidad documentó su inocuidad en humanos
“Además de cuidar la salud, otra ventaja que tiene nuestro material es que evitará la necesidad de tener que sanitizarsuperficies o productos de forma continua”, señaló Rosario Enseñat, gerente de Marketing y Desarrollo de Productos de la compañía.
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Según los directivos, la compañía ahora apunta a optimizar el prototipo de material y el proceso de fabricación hasta llevarlo a escala productiva.
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“El proyecto de Nairotech responde a la necesidad específica de contar con superficies libres de microorganismos que se potenció con la pandemia y es parte de un modelo de negocios ambicioso”, indicó Laura Toledo, directora de FONARSEC, quien precisó que este tipo de iniciativas constituye una plataforma tecnológica capaz de ofrecer diversidad de productos de alto valor agregado para múltiples mercados potenciales.
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Para la realización de ensayos e investigaciones, Nairotech se asoció con el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Fundación Argentina de Nanotecnología, mientras que la gestión de la inteligencia tecnológica y propiedad intelectual estuvo a cargo de ITERA. La empresa marplatense también está asociada con Aceleradora del Litoral, un fondo que depende de la Universidad Nacional del Litoral y que potencia negocios basados en ciencia.
