Un brote de coronavirus en China dispara 9 millones de testeos en solo 5 días

Enrique
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Un brote de coronavirus en China dispara 9 millones de testeos en solo 5 días

Las autoridades comenzaron a testear a todos los habitantes de la ciudad de Qingdao tras detectar unos 12 casos relacionados con un hospital.

Una vez más -dice La Vanguardia, desde Barcelona- China vuelve a demostrar que en la lucha contra el coronavirus el país va a una velocidad diferente al resto. Tras casi dos meses sin registrar ni un solo contagio local, la aparición de un pequeño brote en la ciudad costera de Qingdao -doce casos confirmados, la mitad de ellos asintomáticos- se va a afrontar sometiendo a la prueba de ácido nucleico a sus más de nueve millones de habitantes en tan solo cinco días.
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La espectacularidad de la medida sigue las pautas marcadas al tratar rebrotes anteriores, y con ella pretenden evitar que el foco se extienda por otras ciudades del territorio.
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El nuevo brote está ligado al Hospital Municipal de Dolencias Pectorales de Qingdao, donde normalmente son ingresados aquellas personas que, al venir a China desde el extranjero, se detecta que son enfermos de la Covid-19 durante las pruebas y cuarentena obligatoria a las que se les somete a su llegada al país.
El hospital donde se detectó el foco ha sido clausurado y los edificios en los que residen los afectados, confinados.
Por ahora, la gran mayoría de los infectados guardan relación directa con el centro de salud. Según la Comisión Municipal de Salud de Qingdao, uno de los contagiados es un taxista casado con una enfermera del hospital. Cuando el hombre acudió al centro médico, se le hizo el test de coronavirus y dio positivo, lo que provocó cierta preocupación dado que por la naturaleza de su trabajo podría haber estado en contacto con mucha más gente.
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Además de clausurar el hospital y confinar los edificios donde viven los afectados, las autoridades han lanzado una campaña de testeo masivo que se prolongará cinco días y pretende abarcar a sus más de nueve millones de habitantes.
Por ahora, las pruebas realizadas a los casi 162.000 empleados y pacientes de hospitales de la ciudad han dado negativo. Algunas imágenes y vídeos que circulan en internet mostraban a los residentes locales haciendo cola pacientemente el domingo antes de hacerse la prueba en los lugares designados a tal efecto.
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El rebrote se ha detectado justo después de que termine la conocida como “semana dorada”, uno de los periodos vacacionales más importantes del país en el que se registraron más de 600 millones de viajes internos.
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Según los datos oficiales, en todo el territorio hay poco más de 85.500 casos y 4.600 fallecidos, de los que la gran mayoría se produjeron a principios de año en Wuhan.
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Aún así, la aparición de estos brotes esporádicos demuestra lo difícil que es detener por completo su propagación, incluso en aquellos lugares en los que apuestan por la mano dura a la mínima señal de su aparición.
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Observaciones de AgendAR:
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La misma CNN reconoce aquí que los países de la región Asia-Pacífico han mostrado mucha más eficacia en el control de la pandemia que el resto del mundo. No cabe duda que esos países han aprovechado la experiencia del brote de SARS en 2003, pero también es cierto que los recursos tecnológicos de esas sociedades y gobiernos que ejercen un alto grado de control social han contribuido a su éxito. No es fácil duplicar ambas condiciones en nuestro continente, por ejemplo.

La AFIP denunció ante la Justicia por intento de fraude al proyecto solar Caucharí

Abel
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La AFIP denunció ante la Justicia por intento de fraude al proyecto solar Caucharí
La AFIP denunció ante la Justicia al proyecto de energía solar Cauchari Solar II y III de la provincia de Jujuy por tentativa de fraude a la administración pública: intentó percibir créditos fiscales que ya habían sido otorgados. Los parques son controlados por la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse). En la presentación judicial se menciona que Caucharí Solar II y III notificó a la AFIP el 6 de diciembre de 2019, por pedido de su presidente Guillermo Hoerth, la cesión a la provincia de Jujuy de créditos fiscales obtenidos por la aprobación de devoluciones encuadradas en la ley 26.190 de Fomento de Fuentes Renovables de Energía. Los contratos de cesión entre Cauchari II y III y la provincia de Jujuy habían sido celebrados el 5 de diciembre, apenas un día antes de la presentación, e involucraban reintegros ya solicitados el 21 de octubre por las sumas de $390,7 millones y $410,6 millones. La AFIP devolvió el pedido por falta de cumplimiento de formalidades exigidas para tramitar este tipo de cesiones, ya que los documentos no estaban protocolizados, eran copias simples, tachaduras sin salvar y firma de autoridades provinciales sin sello aclaratorio, entre otras cuestiones. El problema surgió cuando el organismo fiscal detectó que la efectiva devolución del crédito fiscal a Cauchari III ya se había efectivizado entre los días 2 y 3 de diciembre, orden de pago y salida de fondos. Es decir, antes de la celebración del contrato de cesión (5/12/19) y de la presentación ante AFIP (6/12/19). En lo que refiere al crédito de Cauchari Solar II, la orden de pago había sido el 9 de diciembre y los fondos se giraron al día siguiente. “Se advierte de lo expuesto, el encuadre del caso, a priori, en un delito tributario (artículo 3 Régimen Penal Tributario) –en grado de tentativa-, lo que se concluye a partir del intento de obtener de parte del organismo una disposición patrimonial no correspondida con causa en un beneficio fiscal, todo ello mediante un engaño consistente en presentar ante esta administración la notificación de la cesión de créditos fiscales cuyo cobro ya se había producido, casi en simultaneo”, afirma la AFIP en su denuncia firmada por Juan Capello, subdirector general de Coordinación Técnico Institucional y Juan Arturo Siegenthaler , subdirector general de Administración Financiera. Este tema seguramente tendrá repercusiones políticas, ya que se trata de un «proyecto de bandera» del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Se aprobó el presupuesto para la fabricación de un IA-63 Pampa III

Enrique
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Se aprobó el presupuesto para la fabricación de un IA-63 Pampa III
El Gobierno argentino avanzó con la contratación entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, FAdeA, para la fabricación de un nuevo avión de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa serie III. Mediante la Decisión Administrativa 1839/2020 se establece la orden de fabricación y los montos asignados para la misma. Respecto del presupuesto mencionado, se establecen que se asignan u$s 13.401.093 para la compra de materiales para la fabricación de la aeronave en las instalaciones de FAdeA. Para mano de obra de la tarea, se asigna una partida de $ 198.153.820. A partir de aquí, queda en la Fuerza Aérea Argentina continuar con la emisión de las órdenes de trabajo, a partir de su DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL. En FAdeA hay unas 3 unidades en fabricación del Pampa III Bloque I, en diferente grado de terminación y este presupuesto sería para finalizar con los trabajos de la unidad que debe entregarse antes de que finalice el año. Mientras tanto, FAdeA sigue trabajando en los prototipos del Pampa III bloque 2, que cuenta con ciertas modificaciones y actualizaciones, entre ellas la más importa es la incorporación del sistema de entrenamiento Embeded Virtual Avionics (EVA) de la empresa israelí Elbit Systems, que permite un entrenamiento simulado de gran realismo. EVA proporciona un conjunto de simulación completamente integrado para todas las plataformas, incluida la aviónica virtual, armas, sensores y un entorno sintético. EVA permite una visualización a todo color de entidades en vivo, virtuales y constructivas (LVC) en la pantalla del casco o en la pantalla del cockpit, creando así una experiencia de entrenamiento avanzada, personalizable y realista tanto para el aprendiz como para el instructor.

«El dólar no es un problema cultural»

Abel
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«El dólar no es un problema cultural»
El economista Emmanuel Álvarez Agis examina aquí un problema fundamental de la economía argentina, la «restricción externa». Lo hemos debatido muchas veces, en AgendAR y en otros sitios. Pero es interesante compararlo con el reciente trabajo del matemático Martín Maas, que publicamos aquí. Porque la diferencia es que Maas lo encara desde lo que el país puede exigir, legítimamente, a sus ciudadanos. Mientras que Alvarez Agis se referencia en lo que esos ciudadanos van a tratar de hacer. En este tiempo, donde entre otras cosas las transferencias de fondos son digitales e instantáneas y las capacidades del Estado nacional son las que son, nos parece que el enfoque de E.A.A. es más cercano a la realidad.

Haciendo puré verde

Se estima que el mes pasado unas 5 millones de personas sacaron un turno, fueron hasta un banco y compraron sus 200 dólares. La mayor parte de ellas, no contenta con eso, se llevó esos billetes a su casa. Y se estima que la inmensa mayoría lo hizo para hacer puré. No, no es que con esos 200 dólares compraron papa, la hirvieron, le pusieron un poco de leche e hicieron puré, sino que vendieron esos dólares en el mercado ilegal -el blue- y se hicieron con una diferencia nada desdeñable: unos $ 5.000. Pero ¿tanto lío para ganar “nada más” que $ 5.000? Bueno, tal vez si a usted le toca leer esta nota en la comodidad de su casa o departamento de 4 ambientes, en alguna zona acomodada de CABA o el norte de la provincia de Buenos Aires, la suma le podrá parecer menor. Pero si usted es una de las 4 millones de personas que se quedó sin empleo a causa de la crisis del COVID-19, $ 5.000 no son poca cosa. Máxime si se toma en cuenta que es lo mismo que puede recibir esa persona por el subsidio que el gobierno nacional decidió otorgar en el marco de pandemia. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es de $ 10.000, pero hasta el momento, el Gobierno lo otorgó 3 veces, con lo cual el beneficiario recibe un IFE aproximadamente cada 60 días, es decir, $ 5.000 por mes. Para muchos argentinos, la única alternativa para poder comer durante la pandemia fue “hacer puré”.

Sobre la clase media cipaya y los empresarios garcas

A las personas que empezaron a “hacer puré” a causa de la diferencia entre la cotización del dólar oficial y el paralelo hay que sumarle, claro está, a todas las personas con capacidad de ahorrar que eligen al dólar como vehículo y también a todas las empresas que deciden dolarizar sus excedentes. El diagnóstico “cultural” ve a esas personas de diversas formas. Serían algo así como una clase media que no solo vota, sino que ahora también, “ahorra en contra de sus propios intereses”. Algunos directamente optan por diagnósticos más sintéticos: cipayos. Para el empresariado, los motes van desde “fugadores seriales” hasta “garcas”, en el mejor de los casos. Personas y empresas con mayor o menor capacidad de análisis financiero llevan en su experiencia algo que los números muestran de manera contundente: si cualquiera de ellos hubiera decidido vender 100 dólares en el 2010, por ejemplo, pasarlos a pesos y dejar esos pesos depositados en un plazo fijo tradicional, hoy tendría nada más que 50 dólares. No solo habría perdido sus dólares, sino que ese rendimiento habría estado muy por debajo de la inflación.

La consistencia interna de la tesis cultural: la alegría siempre fue brasileña

Así y todo, y a pesar de que los números le dan la razón a los compradores de dólares, no son pocas las voces que siguen insistiendo con el “problema cultural”. La tesis cultural se impone a fuerza de repetición, porque mínimamente analizada nos lleva a conclusiones ridículas. Muchas veces esta irritante tesis viene de la mano con un ejemplo no menos irritante: el de Brasil. Al parecer en Brasil no tienen este problema, porque tienen otra cultura. El brasileño no piensa en el dólar, ni siquiera sabe cuánto está el tipo de cambio. La tesis cultural dice entonces que la razón por la cual Brasil no tiene un problema con el dólar es, básicamente, porque está llena de brasileños. Y, por tanto, que Argentina tiene un problema con el dólar porque está llena de argentinos.

Un experimento para contrastar la tesis cultural

Acompáñeme usted a ver si la tesis cultural tiene algún sentido. Tratemos de realizar el siguiente experimento mental: piense en un país “serio”, donde las cosas funcionan, en el que la gente respeta los semáforos y no tira la basura en el piso, donde el transporte público da gusto y los ricos se atienden en hospitales públicos. Un país en el que los ricos pagan más impuestos que los pobres, pero los hijos de ambos se encuentran en la misma escuela pública. Piense en unos de esos países donde daría gusto vivir, tanto en lo que refiere a indicadores sociales, económicos, de igualdad, etcétera. Déjeme adivinar: pensó en los países nórdicos, ¿no? Bueno, hagamos el siguiente experimento: vamos a someter a una sociedad nórdica a las mismas condiciones que la argentina se vio sometida en muchas oportunidades con el dólar y ahí vamos a ver si los nórdicos siguen siendo tan nórdicos como dicen, qué tanto. Vamos a someter a prueba la tesis cultural: si hacemos que una sociedad nórdica se tope con una mega devaluación, una crisis cambiaria, una aceleración de la inflación, una suba del desempleo y un mega cepo, y aun así sus personas y sus empresas se siguen comportando como “nórdicos”, entonces pediremos perdón y le daremos la razón a la mayoría: el problema del dólar será cultural. Veamos.

El experimento, o cómo volver argento a un nórdico en unos pocos meses

Los países nórdicos constituyen una región geográfica y cultural que comprende cinco Estados: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Los nórdicos son conocidos entre otras cosas por sus altos estándares de vida para ser economías comparativamente pequeñas. En el año 2007, medidas por el Índice de Desarrollo Humano, esas economías se ubicaban en la siguiente posición en el ranking que lleva adelante la ONU sobre un total de 186 países: Dinamarca (8), Finlandia (10), Islandia (13), Noruega (1) y Suecia (7). Solo para tener una referencia, durante ese año Argentina se ubicó en el puesto 46. Lo primero es llevarle tranquilidad al lector: en este experimento no haremos sufrir a ningún ciudadano nórdico. El experimento ya tuvo lugar en Islandia en el 2008. En ese año, Islandia sufrió la peor crisis bancaria y cambiaria que una economía desarrollada recuerde. En los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria en los EEUU, la economía islandesa había estado impulsada por enormes ingresos de capitales extranjeros que transformaron a Islandia en la economía con el sistema financiero más grande del mundo (midiendo al sistema financiero en relación al tamaño de su economía). Ese ingreso de capitales impulsó el crecimiento de Islandia. Cuando la crisis financiera estalló en EEUU, el sistema financiero de Islandia colapsó. La corona se devaluó, subió la inflación, cayeron las reservas y aumentó el desempleo. Islandia llegó al punto de tener que estatizar la banca y acudir al FMI parar estabilizar la economía. Debido al enorme proceso de fuga de capitales (recordemos, nuevamente, que la mayor parte del crecimiento de Islandia hasta el estallido de 2008 estuvo apalancado en el ingreso de capitales desde el exterior), el FMI obligó a Islandia imponer controles muy estrictos a la salida de capitales. Un cepo, como diríamos en estas tierras. El FMI era tan consciente de la necesidad de imponer un cepo para evitar que los fondos prestados a Islandia se fueran por la canaleta de la fuga que obligó al parlamento a votar el cepo por ley. La normativa se promulgó la noche anterior el primer desembolso del FMI, como parte de un acuerdo equivalente a la mitad del PIB de Islandia. Algo así como que el FMI le hubiera prestado a Argentina en 2018 unos 250.000 millones de dólares en lugar de los 44.000 que efectivamente nos prestó.

Islandia y la involución cultural (del cepo)

Como consecuencia del cepo implementado de común acuerdo entre el FMI y el Banco Central de Islandia, los islandeses comenzaron una involución cultural: se empezaron a comportar como argentinos. Las empresas comenzaron a utilizar estrategias para eludir el cepo y evitar ingresar las divisas al país. Las empresas pesqueras llegaron al límite de operar con bandera de Islandia sin ingresar siquiera una divisa al país nórdico. Muchas otras empresas comenzaron a usar estrategias como los precios de transferencias para eludir el control de cambios. Cualquier similitud entre los pesqueros islandeses y los sojeros en Argentina no es mera coincidencia. Los empresarios islandeses comenzaban a comportarse como sus pares argentinos: fugando y garcando al Estado. Pero lo más interesante es lo que pasó con las personas. La involución cultural de los islandeses fue notable. Como consecuencia del cepo, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo creció. Para 2009, el tipo de cambio oficial cotizaba a 160 coronas por euro y el paralelo a 250 coronas por euro, una diferencia del 56%. La única forma que los islandeses tenían de acceder a divisas al tipo de cambio oficial era si acudían a un banco con un pasaje de avión, demostrando así que realmente necesitaban las divisas para poder solventar su estadía en el exterior. Si el islandés podía demostrar que tenía un pasaje para volar fuera de Islandia, entonces el banco podía venderle una cierta cantidad de divisas. La dinámica que comenzó a observarse es que una cantidad creciente de islandeses comenzaron a comprar el pasaje más barato de avión al exterior y con eso acudían a los bancos para comprar el máximo de divisas permitido. Con la diferencia que obtenían vendiendo esas divisas en el mercado paralelo, no solo podían pagar ese pasaje de avión que nunca utilizarían, sino hacerse unos buenos pesos, digo, unas buenas coronas.

La tesis que el problema del dólar es cultural es chamuyo

La economía es una ciencia porque, entre cosas, predice que, enfrentados a los mismos incentivos económicos, las personas y las empresas reaccionarán de la misma forma sin importar si son argentinos, islandeses o estadounidenses. Parafraseando libremente al maestro Aldo Ferrer, si usted trajera a un empresario alemán y lo instalara en Argentina, a los 3 meses estaría comprando dólares. Ni la clase media que ahorra en dólares es cipaya ni los empresarios que fugan divisas son garcas. Ambos grupos no son otra cosa más que racionales. El dólar no es un problema cultural sino económico. Si la economía moldea la cultura, es un problema que se lo dejamos a los marxistas. Argentina lleva ya muchos años destruyendo su moneda y en la actualidad el problema se vuelve acuciante gracias a la pandemia. Comprender que el problema no es cultural, sino económico, es el primer paso para encarar una solución tanto de corto como de largo plazo. Si el dólar fuera un problema cultural, la solución serían las palabras, hablar, componer canciones y obras de teatro que nos alejen del dólar y nos acerquen al peso. Si, en cambio, el problema es económico, la solución son números, medidas concretas de política económica: aumentar la tasa de interés, disminuir la brecha con el tipo de cambio paralelo, ofrecer opciones al ahorrista que estén a mitad de camino entre el dólar y el peso y, sobre todo, empezar a construir un programa de largo plazo que recupere al peso como moneda. Es fácil decirlo y muy pero muy difícil hacerlo, pero imposible si se parte de diagnósticos equivocados.

‘Science’ denuncia “inacción” de la FDA en la supervisión de ensayos clínicos en EE.UU.

Enrique
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‘Science’ denuncia “inacción” de la FDA en la supervisión de ensayos clínicos en EE.UU.

El periodista de investigación Charles Piller devela los escasos esfuerzos de la agencia reguladora de EE UU para proteger tanto a los voluntarios de los ensayos clínicos, como la integridad de los datos. Su labor de vigilancia se ha desplomado en los últimos años, en un momento en el que se espera que el organismo “opere al más alto nivel de profesionalidad y transparencia, dada su enorme responsabilidad en la evaluación y aprobación de medicamentos y vacunas contra la covid-19”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) es la encargada de supervisar la mayoría de las investigaciones clínicas en ese país. Una de sus funciones más relevantes es asegurar la integridad de los datos de los ensayos y la seguridad de los participantes en los estudios, incluyendo los actuales ensayos de vacunas y medicamentos para frenar la pandemia de la covid-19. La agencia contó con un presupuesto de 5.700 millones de dólares en 2019. Un artículo en la prestigiosa Science, de octubre 1°, 2020, titulado “Oficial Inaction” (Inacción Oficial) y firmado por Charles Piller, periodista de investigación de la revista, acusa a la FDA, entre otras cosas, de estar descuidando su labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas de los ensayos clínicos. Piller, que ha obtenido información a través de la ley Freedom of Information Act sobre la labor de la FDA en este ámbito, ha encontrado que su trabajo de supervisión durante los últimos once años ha sido “laxo, lento y opaco, incluso en los casos en los que los métodos con los que se han realizado los ensayos son considerados peligrosos o ilegales”. Además, Piller afirmó que la vigilancia que debería hacer la agencia “se ha desplomado durante el mandato de Donald Trump, aunque la tendencia a la baja ya se empezó a notar en la presidencia de Obama”. En este sentido, según sus datos, mientras que durante los primeros y últimos tres años de la Administración de Obama la agencia emitió, respectivamente, 99 y 36 cartas de advertencia por transgresiones graves en pruebas con humanos, solo envió 12 durante los primeros tres años de la presidencia de Trump. Las descalificaciones a infractores graves también “han caído en picada” bajo el actual mandatario estadounidense. Cuando la FDA descubre malas prácticas, hay establecidas varias respuestas. La más estricta puede desembocar en la interrupción de los ensayos en curso o, en casos extremos, en la inhabilitación del responsable científico. Sin embargo, según la investigación de Piller, que incluyó una revisión de casi 1.600 documentos de inspección y evaluación de ensayos, “la agencia rara vez impone sanciones. Cuando lo hace, los seguimientos son lentos o descuidados y los casos se resuelven, con frecuencia, como reclamaciones no verificadas”. Piller dice que su investigación “pone de relieve el secretismo de la FDA y los escasos esfuerzos para proteger tanto a los voluntarios de los ensayos, como la integridad de los datos de estas pruebas”. El trabajo de la agencia en este sentido “ha sido particularmente decepcionante durante la presidencia de Trump”, reitera. Hay que “tratar de asegurar que la revisión de los ensayos clínicos no se vea perjudicada por pasos en falso o por influencias políticas”, como ocurrió con la aprobación de emergencia de la hidroxicloroquina, dice Piller Todo ello, cuando “se espera que la FDA opere al más alto nivel de profesionalidad y transparencia, dada su enorme responsabilidad en la evaluación y aprobación de los medicamentos y vacunas contra la covid-19”. El reportero de Science recuerda que el organismo “ya ha tenido algunos problemas en recientes procesos de aprobación, como con la ‘politizada’ autorización de uso de emergencia de la hidroxicloroquina. Todos tenemos interés en tratar de asegurar que la revisión de los ensayos clínicos no se vea perjudicada por pasos en falso similares o por influencias políticas”, subraya. En su investigación, Piller ha constatado además que desde 2009 ha habido un total de 291 casos que la agencia ha llevado a investigación –los llamados Official Action Indicated (OAI)– pero solo 71 han tenido seguimiento y notas. El resto ha quedado en el limbo. Fallos en la protección de los voluntarios Piller pone en su artículo varios ejemplos de la dejación de funciones en su labor de supervisión y vigilancia de la FDA. Uno de los más notorios es el protagonizado por el osteópata estadounidense Michael Harris a quien la agencia investigó durante casi una década por graves errores en sus ensayos con pacientes. Los inspectores del organismo “encontraron una letanía de problemas en la empresa privada de Harris, Aspen Clinical Research, que tenía contratos en la evaluación de numerosos fármacos para tratar dolor posoperatorio, esquizofrenia pediátrica y migrañas”, entre otros. Según escribe Piller “la agencia encontró que había graves fallos en la obtención del consentimiento informado de los voluntarios del ensayo, las evaluaciones médicas fueron realizadas por personal no cualificado y Harris no informó adecuadamente de resultados anormales en las pruebas de laboratorio. Tampoco reveló que los participantes estaban tomando opiáceos, antidepresivos o antipsicóticos, lo cual podría haber sesgado los resultados y planteado riesgos de seguridad”. La FDA dijo que los registros de Aspen eran desorganizados, contradictorios y puso en duda la veracidad de los datos aportados. Esas “serias y continuas desviaciones” podrían constituir «fraude, mala conducta científica y violaciones significativas de la protección de voluntarios», según los documentos obtenidos por el periodista en FOIA. Los inspectores de la FDA advirtieron a Harris que podría ser multado, descalificado permanentemente e ir a juicio. Problemas similares y nuevos se vieron en las inspecciones en 2014, 2015 y 2019. Sin embargo, la agencia nunca le sancionó formalmente o le impuso otras penalizaciones. El organismo regulador, prosigue Piller, “nunca hizo públicos los presuntos delitos de Harris o informó a los participantes de que podrían haber sido expuestos a riesgos o incluso a la muerte. Tampoco informó a las empresas que patrocinan algunos de los ensayos que sus datos podrían estar comprometidos”. Entre tanto, “compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos han seguido contratando a Aspen. Desde 2011, han pagado a la firma millones de dólares por el trabajo en 65 ensayos. Y la empresa está ahora reclutando a gente para nueve nuevos ensayos sobre la enfermedad de Alzheimer, el autismo, la depresión y otros trastornos graves”, cuenta el autor. La investigación sobre la supervisión de los ensayos clínicos durante los últimos once años, realizada por Piller, indica que el modus operandi de la FDA con Harris y Aspen “no son una excepción sino algo habitual”. Necesidad de la presión pública Jill Fisher, científica social de la Universidad de Carolina del Norte y una de las expertas consultadas por Charles Piller, dice que “resulta preocupante que cuando una inspección de la FDA expone aparentes errores, imprudencia o fraude en un ensayo, ni la agencia ni los científicos que lo realizan estén obligados a notificar a los participantes”. Fisher dice a Piller que ese incumplimiento de la obligación de informar es una «burla”. Como mínimo, destaca, “se debe notificar a los voluntarios de un ensayo cuando la integridad del centro de investigación que dirige el estudio o de su investigador estén en entredicho”. Preguntado sobre cómo se va a ver afectada la credibilidad de la agencia estadounidense tras conocerse los detalles desvelados por él, Piller dice a SINC que “la FDA es una institución de gran importancia que cuenta con profesionales de alta integridad, profundamente comprometidos con la regulación efectiva de fármacos y dispositivos”. “Mi investigación –subraya– ha revelado graves problemas, pero la agencia merece el apoyo del público para mejorar. Y la situación actual exige de presión pública para que aumente su apertura sobre la supervisión de la investigación clínica”.

Vuelta a clases en pandemia: qué pasó con los contagios en Europa y EE.UU.

Abel
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Vuelta a clases en pandemia: qué pasó con los contagios en Europa y EE.UU.
«Acá funcionan de tres maneras: escuela regular abierta, online o híbrida, que a la vez tiene varios formatos según cuántos días vayan los chicos y cuántos se conecten por internet. En mi ciudad les repartieron notebooks a todos, y puntos de acceso a los que no tenían internet adecuado. Primaria y secundaria siguen online hasta enero de 2021. Se empieza a discutir cómo van a manejar las cosas después”. La que habla es una mujer estadounidense de 45 años, madre de mellizos de 11 y de un adolescente de 17. Vive en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos. El dónde, de todos modos, es irrelevante. En todos lados se discute lo mismo: hasta qué punto la vuelta a clases incide en la expansión del coronavirus. Cuando en Argentina la reapertura escolar es un tema candente, es interesante mirar la experiencia zanjada por países que ya pasaron la “primera ola” de Covid-19. Pero, ojo: las conclusiones regionales son tan disímiles y cambiantes que quienes esperen leer afirmaciones como “la escuela abierta aumenta los contagios” o “la escuela abierta no aumenta los contagios” sin dudas se decepcionarán frente a la inevitable y escurridiza heterogeneidad mundial. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que, en la región de las Américas, “más de medio millón de niños, niñas y adolescentes se infectaron de coronavirus y las cifras siguen aumentando”. Tomó datos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que el 28 de septiembre publicó un informe en el que analiza las consecuencias de la reapertura escolar en Estados Unidos. Ahí se consignaba “una mayor incidencia de coronavirus en adolescentes de 12 a 17 años, aproximadamente el doble que los de 5 a 11 años”. Tiene sentido, mirando las cifras de Argentina: de los más de 840.000 confirmados de coronavirus acá, los chicos de 1 a 10 años representan casi el 3%, mientras que los de 10 a 20 años, el 6,70%. Algo parecido habían mostrado investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem y del Hospital Hadassa (Israel) cuando, en un trabajo publicado a fines de septiembre marcaron que los menores de 10 años no solo contagian menos sino que esparcen el virus en menor proporción (casi la mitad) que los adolescentes. Lo interesante (y polémico) de las conclusiones israelíes es que coinciden con las de un informe reciente de España en el que, si bien reportan una suba de contagios durante la apertura escolar, la justifican con un argumento conocido: dicen que hay más casos porque se está testeando más. Volviendo al CDC, tras remarcar que la incidencia mensual de Covid-19 aumenta más entre los jóvenes estadounidenses de veintipico y advertir que por la variedad de las jurisdicción es difícil generalizar, concluyen algo tan obvio como central: “Los estudios escolares sugieren que el aprendizaje presencial puede ser seguro en comunidades con bajas tasas de transmisión de SARS-CoV2, pero podría aumentar el riesgo de transmisión en comunidades donde la transmisión ya es alta”. Francia y Bélgica Un hombre que vive en Bélgica, papá de una nena de 3 años que asiste al maternelle (jardín de maternal) compartió una sensación de alcance “continental”: “En Europa está abierta toda la escuela. Hubo cierres localizados, pero no generalizados y son muy pocos”, explicó, y dijo algo que podría esperanzar (aunque Bélgica está teniendo más o menos la mitad de casos que Argentina) (NdR: con una población 4 veces menor) “Durante el verano local se habló mucho: se decía que muchos países no habían preparado planes serios para la vuelta a clases, que iba a ser un desastre. Al final todo está abierto y no parece ser mayor problema porque nadie habla de cerrar. Se cierra alguna clase puntual o algún colegio, pero ni siquiera parece ser tema destacado en los medios”. ¿Cómo manejan la «cotidiana» escolar? “En el grupo de mi hija son 15 niños, pero podrían ser hasta 18. Hay 4 grupos de esa edad y se mezclan solo en el comedor y el patio”, contó el hombre. Es decir, arman “burbujas” de unos 60 chicos de 3 a 5 años. Aparte están los de 6 a 12 años, que “tienen otro patio, todo diferente, y otro horario de comedor”. Moviéndonos por el mapa, en Francia las clases volvieron en septiembre y, aunque el parte epidemiológico del 1 de octubre mostró que el 35% de los centros infecciosos de Covid-19 estaban condensados en escuelas y universidades, solo 14 establecimientos y 290 cursos fueron cerrados por contagios. Los sindicatos docentes no están contentos con la situación y piden enfatizar las medidas de distanciamiento y, en lo que todos consideran que es “la segunda ola de coronavirus”, bajar al 50% la asistencia de alumnos (como están haciendo ahora las universidades). En la vereda de enfrente, las autoridades educativas insisten en que el tema está más o menos controlado y que los contagios se producen fuera de los establecimientos escolares. España A un mes del inicio de las clases en España y en medio de la segunda ola de la pandemia, es más caótica la gestión de los casos detectados en las escuelas que la incidencia real de los contagios en las aulas. Según un estudio del Grupo de Investigación en Biología Computacional y Sistemas Complejos de la de la Universidad Politécnica de Cataluña, la vuelta a clases no agravó “sustancialmente” la situación de la pandemia en ese país. Sin embargo, los contagios de coronavirus en las escuelas provocaron la suspensión de más de 700 aulas, el cierre de más de 120 colegios y un rosario de huelgas de estudiantes y sindicatos docentes que reclaman medidas de seguridad para evitar los casos positivos en las escuelas. El último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica señalaba que, entre el 10 de mayo y el 13 de agosto, se notificaron más de 9.400 contagios entre menores de 15 años, el 10% del total de contagiados. A la vez, el 24 de septiembre, el Ministerio de Educación aseguraba que el 95,5% de los colegios no había registrado positivos en sus aulas y que, de las casi 390.000 clases que hay en todo el país, cerca de 3.000 estaban en cuarentena por algún caso detectado en alumnos o docentes. Italia e Inglaterra Siguiendo con esta panorámica por el Viejo Continente, el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, dijo recientemente que el número de contagiados es reducido, pero, no obstante, se determinaron cierres parciales en algunos establecimientos escolares. ¿Por qué? En realidad, la situación en Italia es controvertida: mientras el ministerio de Instrucción Pública aseguró que los porcentajes de contagios rondan cifras menores (el 0,04% de docentes y 0,022% de alumnos), los medios locales señalan vacíos en la información difundida, en especial respecto del número de hisopados hechos a miembros de la comunidad escolar. Por fin, Inglaterra abrió las escuelas en junio, temprano en comparación con otros países que esperaron al final de las vacaciones del verano boreal. Pero, 15 días después del reinicio del ciclo lectivo de septiembre, la llegada de la “segunda ola” de coronavirus obligó al cierre total o parcial de más de 360 escuelas en Inglaterra y la región de Gales. El escenario numérico es, ahí, desolador: se estima que unos 25.000 profesores de Gran Bretaña fueron forzados a abandonar las aulas y aislarse en sus casas. Todo porque faltan kits de testeo. Y por el coronavirus. (Un trabajo periodístico de Irene Hartmann en el que colaboraron Idafe Martín, Marina Artusa, Julio Argarañaz y María Laura Avignolo).

«La pandemia traerá una oleada de transtornos mentales, en especial en el personal sanitario»

Enrique
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«La pandemia traerá una oleada de transtornos mentales, en especial en el personal sanitario»

Junto con las futuras olas de contagios de la covid-19, la OMS y la ONU esperan la llegada de problemas de salud mental que impactará especialmente en el personal sanitario.

Para la salud mental del personal de salud la primera ola de la pandemia afectó como si de un atentado terrorista se tratase. La principal diferencia es que el estrés ha sido igual de intenso pero mucho más prolongado, sumado a la incertidumbre que supone una enfermedad para la que no hay tratamiento y con un pronóstico difícil de predecir. Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, realizó en el Congreso Nacional covid-19 una ponencia sobre el estado psicológico del personal sanitario durante la pandemia. Esta población ha vivido el coronavirus en primera línea, con un reconocimiento social muy bien valorado y con una carga de trabajo que los llevaba hasta la extenuación. Los factores de riesgo, los síntomas y las preocupaciones son muy diferentes a los de la población general, tal y como recoge el metanálisis publicado en el Journal of Affective Disorders del que Arango es coautor y recoge datos de más de 24.000 sanitarios en esta pandemia y en las epidemias de SARS de 2001 y MERS de 2012. ¿Qué diferencias encontramos entre los problemas de salud mental de la población general y del personal sanitario en la pandemia? Hemos tenido la oportunidad de verlas en directo en un hospital como el nuestro [Gregorio Marañón] con 8.000 trabajadores y un número importante de personas que han sufrido estrés de forma continuada, bastante intenso, que ha producido sintomatología de salud mental. Hemos puesto en marcha un programa con grupos de descarga emocional para evitar que se lleve a casa estos sentimientos y una consulta específica para el seguimiento y tratamiento del personal sanitario que ya tiene síntomas o trastornos por esta situación. “Más de un 65 % del personal sanitario muestra una preocupación por su salud mental, hasta un 40 % tiene síntomas de trastorno postraumático y más de un 30 % tienen síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño” También pudimos hacer un metanálisis y una revisión sistemática de todas las publicaciones de la literatura científica sobre el efecto psicológico que ha tenido esta pandemia en los profesionales sanitarios, y hemos visto que, a escala mundial, más de un 65 % muestra una preocupación por su salud mental, hasta un 40 % tiene síntomas de trastorno de estrés postraumático y más de un 30 % tiene síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. En el personal sanitario, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden derivar en un impacto emocional fuerte o incluso en una enfermedad mental? Es fundamental el factor estresante, que tiene dos variables fundamentales: una es la intensidad y otra es el tiempo. En el caso de la pandemia, se da un factor estresante muy intenso, como los atentados terroristas, pero que se ha prolongado durante muchísimo tiempo. Esto hace que cualquier persona pueda sufrir las consecuencias en lo que respecta a salud mental en la pandemia. Se han dado también circunstancias especiales, como personas practicando una medicina alejada de su especialidad. Nosotros hemos sufrido distanciamiento físico con los pacientes, esa falta de humanización en el trato por no tener tiempo y por el miedo a la infección… Vemos a los pacientes sufrir con ese distanciamiento de sus familiares, incluso ya fallecidos. ¿Estaban mentalmente preparados para esto? ¿Se han llegado a acostumbrar? El médico está muy acostumbrado a la alarma, a las noticias y a resignarse con que hay veces que no puede hacer nada. Pero a lo que no estamos tan acostumbrados es a enfrentarnos a un factor etiológico desconocido que no tiene tratamiento; a ser incapaces de predecir el pronóstico, que de repente haya pacientes que vayan muy mal sin saber por qué; a ver cómo se muere gente porque hay que seleccionar quién tiene acceso a recursos como una cama de UCI y quién no… Todo eso va minando el aspecto emocional de la persona y va generando sentimientos de culpa y malestar, sensación de frustración y, cuando todo eso se prolonga en el tiempo, hace que los factores de riesgo sean altos. El personal sanitario que ha tenido más problemas a la hora de tomar decisiones vitales son los que vienen de oftalmología y pediatría, no los que ya trabajaban en las UCI. Han estado desarrollando una labor para la que no tienen un entrenamiento previo. Las sociedades científicas de salud mental consideran que tarde o temprano vamos a estar ante una ola de salud mental. ¿Exactamente a qué nos referimos con esto? Eso lo dicen la OMS y la ONU, efectivamente. Nosotros sabemos por antecedentes previos que, independientemente de la pandemia, la crisis económica y el desarraigo social van a traer consecuencias en salud mental. Lo vivimos en el año 2008-2009 con la crisis económica, con un 20 % de incremento de trastornos de ansiedad, depresión… Si a eso añadimos los trastornos producidos por el propio virus en los infectados, los trastornos producidos en sus familiares —por ejemplo en aquellos que no pudieron despedirse de los fallecidos, ese duelo es complicado—, los trastornos mentales en población sanitaria y los problemas secundarios al confinamiento —y todas las derivadas que tiene, aunque no sean económicas—, todo ello hace que haya una tormenta perfecta para una oleada de trastornos mentales. Eso es algo que es fácil de predecir en función de los factores de riesgo aumentados. ¿Hay ya literatura sobre efectos psicológicos de la covid-19 en la población? Sí hay. De hecho nosotros tenemos publicado ya algún artículo. Hace dos semanas publicamos en The Lancet Psychiatry un estudio en el que hablamos de un cuadro con sintomatología depresiva en personas que se han infectado que ya están curadas. Es una especie de cansancio psíquico, de venirse abajo, de apatía, de abulia, de falta de motivación, de desgana, que puede durar semanas y meses. Es muy similar a un cuadro depresivo en estos pacientes que ya lo han pasado y quedan con esa sensación de motivación. Luego también hay pacientes que han sido afectados más gravemente, sobre todo en aquellos que han estado en la UCI, un cuadro de deterioro cognitivo, síndrome disejecutivo (problemas para planificar, pensamiento abstracto, control de comportamiento, etc.), problemas sobre todo con el lóbulo frontal… Luego, naturalmente, tenemos las consecuencias en población de la tercera edad que están en residencias de ancianos, que se están demenciando porque todo lo que les evitaba o disminuía el deterioro cognitivo era el contacto con familiares, la rehabilitación psicológica que estaban recibiendo y, como todo eso se ha parado, han estado desconectados del medio y ahora va a ser muy difícil recuperarlos. Por último, todos los problemas de salud mental en niños y adolescentes con trastornos de neurodesarrollo, discapacidad intelectual y autismo. En ellos el confinamiento ha provocado muchas situaciones de regresión. ¿Que la sociedad reconozca y aplauda el trabajo de los profesionales sanitarios y les ponga la figura de héroes, ayuda o perjudica a la carga emocional? Perjudicar no perjudica. La ayuda es relativa, cualquiera que lleva el tiempo suficiente en esto sabe que esto es un péndulo, que las cosas van y vienen y que esos aplausos, que son bien recibidos y estos puedan ser un instrumento más de politización. Los aplausos son bien recibidos, pero tampoco vamos a hacer mejor o peor nuestra tarea por ellos y probablemente esos aplausos beneficien más a otros. Con esas iniciativas, la población está más pendiente de eso que de otras cosas, como la veracidad de las noticias que reciben sobre la pandemia. ¿Cuáles serían las claves de los sistemas de salud mental para las futuras olas de la pandemia que vienen? Tenemos que flexibilizar la atención en salud mental, tenemos que acercar los recursos y hacerlos más fáciles. Tenemos que buscar alternativas a una atención primaria colapsada ya que, tradicionalmente, la atención en salud mental no funciona bien si no funciona bien la primaria. Cuando la primaria está a otra cosa, tenemos que ver si poseemos la capacidad de innovación suficiente como para que los usuarios tengan acceso a la atención psicológica. Flexibilizar toda la prescripción, flexibilizar las visitas telemáticas en psiquiatría, hacer que las personas no tengan que venir al hospital para ingresar y todos aquellos que puedan hacerlo que lo hagan en casa, hacer programas de atención domiciliaria. Tenemos que adaptarnos a unas nuevas circunstancias para no dejar atrás a los que ya tienen trastornos mentales graves (que van a ser especialmente afectados por esta pandemia) y ser capaces de dar respuesta a esos nuevos casos de trastornos mentales.

La capital de Tucumán vuelve a la fase 1, ante el aumento de casos de COVID-19

Abel
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La capital de Tucumán vuelve a la fase 1, ante el aumento de casos de COVID-19
El Gobierno de Tucumán anunció la vuelta a fase 1 del aislamiento social en San Miguel de Tucumán, debido al aumento de contagios de coronavirus, de acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia, dispuesto por el presidente Alberto Fernández. «La resolución de Nación dicta que Tucumán continúe con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo su territorio, a excepción de la capital que deberá cumplir con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el próximo 25 de octubre», indicó Manzur. El gobernador aseguró que «estas medidas se tomaron pensando en el bienestar de todos los tucumanos». En el último mes se produjo un incremento de casos de Covid -19 en la provincia, que acumula 473 víctimas fatales y 29.874 casos, desde el inicio de la pandemia.

La Universidad de Tandil desarrolla un mamógrafo que no utiliza rayos X

Abel
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La Universidad de Tandil desarrolla un mamógrafo que no utiliza rayos X
Un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Centro (UniCen) y del Conicet comenzaron la construcción de un mamógrafo óptico capaz de detectar quistes y tumores de mama sin utilizar los rayos X, lo que evita la radiación durante ese tipo de prácticas. Se trata del prototipo de «MamoRef», un sistema de mamografía que usa luz infrarroja y que tiene por objetivo complementar los sistemas tradicionales de diagnóstico mamario de forma segura y cómoda. El dispositivo consiste en una camilla con una ventana transparente debajo de la cual se coloca el sistema de medición y fue diseñado por el Grupo de Óptica Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UniCen, «uno de los pocos abocados al estudio de la propagación de la luz en medios biológicos tanto a nivel nacional como internacional», según explica la decana de esa unidad académica, Silvia Stipcich. De esa forma, la paciente se recuesta boca abajo en la camilla con los pechos apoyados sobre la mencionada ventana, lo que evita la compresión de la mama entre dos placas, típica de los sistemas mamográficos tradicionales. Stipcich precisó que la idea comenzó en el 2008 «con las definiciones de los principios básicos, luego se pasó a las validaciones en laboratorio y ahora al desarrollo de un prototipo clínico del mamógrafo óptico, que validará en la práctica médica lo que ya se ha probado en el laboratorio». Para ello, la Aceleradora de proyectos Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (Cites) será la que realiza la inversión que posibilita avanzar en el desarrollo de este proyecto vinculado a la tecnología de la salud. El sistema de medición consta esencialmente de dos o más láseres de diferentes longitudes de onda, una cámara CCD de alta sensibilidad y un escáner galvanométrico que permite direccionar el haz láser, de forma tal de hacer un barrido del área a estudiar. Para cada posición del láser, se toma una imagen de todo el campo con la cámara y, además, un sistema de filtros interferométricos permite la selección de longitudes de onda determinadas, útil para la determinación de las características ópticas del tejido.
El mamógrafo óptico no es invasivo, no tiene radiación ionizante y es cómodo porque no requiere compresión.
El mamógrafo óptico no es invasivo, no tiene radiación ionizante y es cómodo porque no requiere compresión.
Estadísticamente, una de cada ocho mujeres en la Argentina podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, y el 20 por ciento de ellas antes de los 40 años, aunque el 95% de esos casos son curables si son diagnosticados a tiempo. Sin embargo, los estudios mamográficos actuales sólo son indicados para mujeres mayores de 45 años debido a la nocividad de los rayos X. Por la misma razón, no se recomienda su uso frecuente para el seguimiento de la evolución de la enfermedad o tratamiento. Los investigadores sostienen que el mamógrafo óptico tiene características especiales tales como que es seguro, sin radiación ionizante, no invasivo, cómodo porque no requiere compresión, es portable y sin necesidad de infraestructura. El equipo de científicos que encabezan Pamela Pardini y Nicolás Carbone, está integrado también por Juan Pomarico, Daniela Iriarte, María Victoria Waks Serra, Héctor García, Héctor Oscar Di Rocco, Demián Vera y Mariel Bernal. Ellos forman parte de los más de 200 investigadores con que cuenta la Facultad de Ciencias Exactas y que se abocan a las temáticas vinculadas a los cuatro departamentos con los que cuenta: Matemática; Ciencias Físicas y Ambientales; Computación y Sistemas y Formación docente.

Carlos Aráoz: «¿Quién y cómo decide nuestro futuro combustible nuclear?» – II

Abel
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Carlos Aráoz: «¿Quién y cómo decide nuestro futuro combustible nuclear?» – II
(La primera parte de este artículo está aquí) Nuestro país no puede aún producir uranio enriquecido como para alimentar siquiera una sola central nuclear, incluso de poca potencia. Obviamente, tampoco para la Hualong-1, de 1140 MW eléctricos. Desde el punto de vista político, si asumimos que no debemos perder la independencia nucleoenergética  durante las próximas cinco décadas, la selección de una central importada como la Hualong-1 tiene que ir acompañada del análisis de seguridad de suministro del uranio enriquecido. ¿Se está llevando a cabo? ¿Se ha propuesto a Brasil, que actualmente provee el uranio enriquecido para el prototipo de la central CAREM 25? En el caso de otra central CANDU como Embalse, que por no necesitar de uranio enriquecido sino natural tiene múltiples ventajas, deberíamos conservar en operación la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) de Arroyito, Neuquén, aún sin venta asegurada de su producto por algunos años, salvo alguna posible exportación que disminuiría el aporte del presupuesto. Tener la PIAP operativa nos habilita a construir nuevas centrales CANDU con industria propia y financiación externa, o con financiación propia cuando la tengamos. Las alternativas CANDU y Hualong-1 deberían considerarse desde el punto de vista de política nuclear como soluciones transitorias que se toman dadas las circunstancias que vive nuestro país, ya que actualmente invertimos en el CAREM como solución nacional para la futura generación nucleoeléctrica de largo plazo. Cabe una pregunta: si no se hubiera atrasado tanto el proyecto CAREM, si ahora estuviéramos terminando su modelo comercial, de 125 MW eléctricos por módulo y 500 MW totales listos para conectar a la red, con la obra ya para inauguración en Río Negro (para lo cual esta central está aprobada por la constitución local)… ¿compraríamos en el futuro una gran central extranjera, a igual costo por MW eléctrico? Es la condición para que el CAREM comercial sea exportable. ¿Importaríamos otra central, si ofreciera un menor plazo de instalación y también menor la inversión para igual potencia? El CAREM, si lo consideramos  un proyecto de inversión, no es posible sin exportación. Si nos movemos con rapidez y eficiencia tenemos buenas chances de tomar un porcentaje del mercado creciente de países en desarrollo que buscan, como nosotros, una componente no contaminante para su parque de generación, máxima participación  de  ingeniería e industria local y “seguridad inherente”. Podemos armar ofertas muy competitivas. El análisis del mercado y de las condiciones que debería cumplir nuestra oferta debería comenzarse a la brevedad, porque determinarán los requisitos para la reingeniería del prototipo actual en construcción. Alternativas para encarar el proyecto CAREM se comentarán en un próximo artículo. Obra del CAREM 25, con el edificio de turbinas en primer plano, en el predio de las Atuchas, a orillas del Paraná de las Palmas. Otro tema que merece decisiones de política nuclear y sus inversiones son los reactores de investigación. En este renglón, la CNEA construyó su propio reactor RA-1 en 1958, fabricando además las placas de combustible, con uranio enriquecido al 90% provisto por EEUU. El resto del aparato era íntegramenta nacional. Un año antes, Brasil había comprado un equipo similar, pero “llave en mano”. La CNEA continuó con reactores crecientemente mayores en potencia y capacidades, como el RA3, el primero en fabricar radioisótopos médicos e industriales en la región, y en 1978 exportó el RP-0 a Perú. La posta de la exportación de este tipo de plantas la tomó luego INVAP, que ganó varias licitaciones internacionales (el reactor RP-10 peruano, el Nur argelino, el ETRR-22 egipcio, el OPAL australiano, el PALLAS holandés (en fase de diseño), y un reactor sin nombre oficial ya inaugurado en Arabia Saudita. Actualmente el dúo CNEA e INVAP construyen el RA-10, la planta de mayor potencia y capacidades de esta historia, productora de radioisótopos para uso local y exportación pero también excelente para investigación en ciencia de materiales y formación de ingenieros y físicos nucleares. Está en construcción avanzada en el Centro Atómico Ezeiza, donde suplantará al RA-3. Se ha acordado con Brasil la construcción de un reactor muy similar, el RBM o Reactor Brasileño Multipropósito, en Aramar, Iperó, estado de San Pablo. La planta hará que Brasil, hoy importador, se vuelva un exportador importante en radiofármacos de diagnóstico y terapia para cardiología, oncología, hematología y neurología. A través de los años la CNEA, con sus reactores nucleares, generó una cantidad considerable de contratos para la industria nacional en obras civiles, ingeniería, metalmecánica, eléctrica y electrónica. Terminado el RA-10, encara crecer aún más en el negocio de exportación de radiofármacos y radioisótopos industriales, así como en servicios de irradiación. El actual mercado para elementos combustibles de reactores de investigación es importante y estamos capacitados para fabricar muchos modelos diferentes. Es así porque desde 1958 tenemos capacidad de diseño, desarrollo de la tecnología y fabricación local. También estamos en condiciones de ofrecer mejoras técnicas en reactores de otros, como rediseño para utilizar combustible del máximo enriquecimiento permitido hoy por el Organismo Internacional de Energía Atómica (20%), aumentos de potencia y de capacidades de irradiación, y añadido de capacidades científicas y de producción. Es algo que hemos hecho repetidas veces con nuestro RA-3, y también con otros reactores en la región y en Medio Oriente. Si la CNEA con el CAREM llega a ser competitiva en centrales de potencia, es porque desde 1958 hasta hoy logró transformar al país en un exportador prestigioso de reactores de investigación y producción.

Carlos Aráoz

Ex gerente de Combustibles y Ex gerente de Tecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Los costos invisibles de la vacuna contra el coronavirus

Abel
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Los costos invisibles de la vacuna contra el coronavirus

Ante la necesidad de contar con vacunas apenas estén disponibles para enfrentar la pandemia y frente a la presión de las farmacéuticas proveedoras, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto de ley que cede soberanía y exime de responsabilidades a la industria, para otorgar herramientas jurídicas que faciliten las compras públicas de estos insumos.

Agencia TSS – Con 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, durante una sesión extraordinaria, el miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19”, que ofrece una “prórroga de la jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero” e indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones. Es decir, que exime de responsabilidad a los laboratorios y permite que los posibles juicios vinculados con contratos impulsados en el marco de la pandemia para la adquisición de vacunas para la COVID-19 se realicen bajo leyes extranjeras. “Son los requisitos que la industria farmacéuticas impone y es responsabilidad del Ministerio de Salud llevar adelante estas contrataciones”, reconoció durante el debate el diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de Diputados e impulsor de este proyecto, que había sido elaborado y aprobado por unanimidad en 48 horas durante la sesión de la semana pasada. Tras la media sanción, el proyecto ahora debe ser tratado en la Cámara de Senadores.  De ser aprobado, deberá ser sea ratificado por el presidente Alberto Fernández. “Este proyecto de ley permite que el Estado incorpore, dentro de los contratos con las farmacéuticas, específicamente para la compra de vacunas para COVID, la capacidad de demandar al Estado en el arbitraje en el caso de que haya pérdidas, especialmente pensando que estas vacunas todavía no están probadas. Cuando se descubra que alguna de estas vacunas no cumple con los efectos beneficiosos que supuestamente iban a tener y los Estados cancelen la contratación, las farmacéuticas van a tener la capacidad de demandar a los Estados por finalizar el contrato de compra”, dijo la investigadora del CONICET y especialista en relaciones internacionales Luciana Ghiotto, y aclaró que este mecanismo de solución de controversias se utiliza generalmente para la inversión pública, “pero acá se están cubriendo para la compra pública de vacunas y, según lo que se dijo la semana pasada en la Comisión de Salud, las farmacéuticas lo están exigiendo en muchos países, como en el caso de Perú”. Según datos de OPS/OMS, al 2 de octubre de 2020 existen 193 posibles vacunas en fases de estudio preclínico y ya hay 42 en distintas etapas de investigación clínica. Entre ellas, hay diez más avanzadas, que ya están en la tercera fase de investigación, la última antes de poder ser aprobada para salir al mercado, que busca evaluar la eficacia y la seguridad de la inoculación. “Normalmente, se necesitan de tres a cinco años de investigación para el desarrollo de vacunas, pero esto no va a ocurrir ahora, por eso los laboratorio requieren regulaciones especiales, por posibles juicios o complicaciones. Tenemos que otorgar una dosis de confianza absoluta, al Ministerio (de Salud) en este caso, para la industria farmacéutica”, consideró el diputado Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, y sostuvo que “el país tiene que plantearse hacer convenios y preconvenios con todos los países del mundo. Tenemos que abrir el juego porque no vamos a depender de un solo proveedor”. La Argentina ya estableció alianzas y acuerdos para poder acceder a vacunas una vez que se confirme que son seguras y eficaces. En este sentido, por ejemplo, estableció un acuerdo de fabricación de la vacuna que Astra Zeneca está desarrollando junto con la Universidad de Oxford, algo que hará a través del trabajo conjunto entre al laboratorio argentino mAbxience, del grupo Insud (que fabricará la sustancia activa de la potencial vacuna), y el laboratorio mexicano Liomont (que completará el proceso de acabado y empaquetado). Además, se hizo un convenio con Pfizer, que desde agosto está realizando pruebas clínicas de su vacuna en 4500 personas, lo que no le garantiza al país prioridad en el acceso pero podría facilitarlo, y ANMAT aprobó la realización de ensayos clínicos de tercera fase de la vacuna desarrollada por el laboratorio Sinopharm Group, de China, para lo cual se asoció a nivel local con el Laboratorio Elea Phoenix, que entre sus accionistas incluye a Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud. La Argentina también se inscribió en Covax, una iniciativa impulsada por la Alianza de Vacunas (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI), que busca garantizar un acceso global equitativo a vacunas para COVID-19, a través de la entrega de 2.000 millones de dosis hasta fines del 2021 mediante donaciones de países con mayores ingresos a otros de ingresos bajos. “La Argentina participa en este fondo mundial que busca facilitar el acceso a las vacunas por parte de los países con más dificultades, pero eso no será suficiente y se prevé que la mayoría de las vacunas provenga de contratos bilaterales con las empresas”, afirmó Yedlin durante la sesión. Otra de las demandas de los potenciales proveedores de vacunas es que haya “cláusulas de confidencialidad sobre cómo está elaborada la vacuna: la industria quiere protegerse en ese sentido, en un mercado que ya es competitivo”, agregó el diputado. “Este proyecto lo tenemos que hacer porque si hay algo que no está demostrando el mundo es solidaridad. Muchos países tendrán dificultades para acceder, lo veremos en los próximos meses y quizás la Argentina sea uno de ellos”, lamentó el diputado justicialista por la provincia de Buenos Aires Eduardo Bucca durante la sesión, y recordó que hay países (por ejemplo, Brasil) que ya adquirieron millones de dosis sin tener evidencia científica sobre el funcionamiento y la eficacia de esas vacunas. Además, a diferencia de lo que ocurrió con la pandemia por H1N1, que era estacional, COVID-19 demostró que se propaga en cualquier estación del año, lo que generará una demanda continua de vacunas. “Una de las preocupaciones centrales que podría suscitarse como consecuencia de este proyecto de ley de cesión de soberanía es que las empresas, ante la comodidad de poder ser juzgadas en la jurisdicción de su conveniencia y en un marco de eximición de responsabilidad civil, dejen de lado la rigurosidad de los ensayos clínicos y terminen vendiéndonos una tecnología inapropiada, poco segura y con muy baja efectividad”, dijo la abogada especializada en derechos de propiedad intelectual Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP. Pérdida de soberanía
Luciana Ghiotto
“La Argentina ya tiene una vasta experiencia en ceder soberanía legal yendo a estos tribunales privados de justicia, porque es el país más demandado a nivel global: tiene 63 demandas y ha tenido que pagar mas de 8000 millones de dólares en estas demandas que presentan las empresas. El país ya sabe cómo funciona el sistema y, sin embargo, está aceptando, y parece que es una orden del Poder Ejecutivo, porque el Ministerio de Salud está trabajando con esto y el Frente de Todos está apoyando esta iniciativa desde la Comisión de Salud en Diputados”, dijo Ghiotto, que es parte de La Plataforma América Latina Mejor Sin TLC, desde donde están elaborando un rechazo a este proyecto. “La renuncia a la inmunidad soberana es una barbaridad, porque se reconoce que si hay que reclamar el laboratorio dice dónde se hace el juicio. Pero, además, no está claro quién se hará cargo si hay fallas o consecuencias secundarias en la aplicación de vacunas que se están acelerando y que los mismos científicos advierten que pueden tener problemas”, cuestionó Romina del Plá, del Frente de izquierda y los Trabajadores, que junto con Nicolás del Caño, del PTS Frente de izquierda Buenos Aires, fueron casi los únicos representantes que se opusieron a este proyecto. “No hay nada más negado por esta ley que la soberanía sanitaria. No se está votando una ley de producción nacional ni de promoción a la industria, sino para que los laboratorios multinacionales, que están haciendo un negocio fenomenal previo incluso a tener la vacuna, tengan todos los reaseguros para no hacerse cargo de pagos de indemnizaciones ni controlar los procesos previos a la comercialización”, destacó la diputada. A pesar de esto, la mayoría de los y las legisladoras aceptaron avanzar con este proyecto, del que se cuestionaron los artículos 8 y 9, ya que fueron modificados luego de haber sido aprobado el proyecto inicial en la Comisión de Salud. “Veo con precaución las modificaciones que se introdujeron ayer a la orden del día del tratamiento, firmada por todos los integrantes de la comisión, entre ellas el artículo 8, que modifica el registro de vacunas autorizadas por ANMAT (establece que las vacunas deben ser presentadas a ese organismo y autorizadas por el Ministerio de Salud en un plazo máximo de 30 días), y el artículo 9, que autoriza la vía rápida para las vacunas, algo que se autorizó en varios países pero se debe garantizar la evidencia científica y bioética, así como comprobar su seguridad y eficacia”, sostuvo la diputada Graciela Ocaña, del Bloque PRO Buenos Aires. “En el contexto actual se está generando una situación de aguas revueltas en la que las farmacéuticas, por estar muy asociadas con la esperanza de poder encontrar herramientas para poder frenar la pandemia, están utilizando esta arquitectura jurídica internacional a su favor”, afirmó Ghiotto, y advirtió que esto es un problema en un país como la Argentina, adonde no hubo una revisión de sus tratados bilaterales de inversión ni un balance sobre las 63 demandas de inversores que fueron posibilitadas mediante este mecanismo. “Es una deuda grande de esta democracia porque no revisa este mecanismo que genera una pérdida de soberanía y duplica espacios judiciales hacia una instancia judicial extraterritorial y privada”, concluyó Ghiotto.

«La Niña» seca la probabilidad de lluvia de dólares

Abel
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«La Niña» seca la probabilidad de lluvia de dólares

Las lluvias y las temperaturas no sólo configuran los factores meteorológicos clave que observan los productores a la hora de sembrar, pulverizar y cosechar. También constituyen indicadores esenciales para pronosticar el clima de negocios que reinará a lo largo de una campaña agrícola.

(La Niña es un fenómeno que forma parte de un ciclo global del clima. Este ciclo tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño y una fase fría, precisamente conocida como La Niña. Ahora estamos en ésta, y en nuestra región significa menos lluvias). Con la medida de reducir en tres puntos porcentuales los derechos de exportación a la soja, el Gobierno esperaba que se precipiten las ventas de la mercadería que aún queda guardada en los silobolsas. Las estimaciones difieren, pero otorgan a ese stock acumulado un valor de entre siete mil y 10 mil millones de dólares. Ni siquiera hace falta una lluvia verde: si sólo goteara al menos un tercio de eso, ya sería un gran alivio para el estrés que vive el Banco Central por la sequía de reservas. Sin embargo, la oferta no tienta a los productores, y menos si es por apenas un mes: los tipos de cambio alternativos, tanto en sus opciones formales como informales, se siguen devaluando y eso provoca que prefieran mantenerse resguardados en los granos de soja, valorizados en moneda “dura”.

Pronósticos

Es más: lejos de despejarse, el horizonte para el Gobierno se llenó de nubarrones de tormenta, con los agricultores ofuscados por el retorno del diferencial de retenciones entre el poroto y los subproductos de la oleaginosa. Además, esta medida llega en un momento inoportuno, con la cabeza y el corazón de los productores enfocados en otro tema que los preocupa más que el debate sobre si vender o no la soja que tienen almacenada: la sequía que viene azotando a gran parte del país desde el otoño y que podría prolongarse durante la campaña estival, debido a la llegada del fenómeno La Niña. La Niña se queda hasta enero y obligará al maíz y a la soja a convivir con ella En una industria que produce con el suelo, pero mirando al cielo, todo está interrelacionado. Las malas perspectivas climáticas inevitablemente afectan el clima de negocios: como las hojas de los cultivos cuando sufren estrés hídrico, los productores se encartuchan aún más en su estrategia de esperar para movilizar ventas más allá de compromisos ineludibles.

Visiones

En un artículo de opinión en el que analiza cuál podría ser la probable liquidación de divisas en el último trimestre del año, Marianela De Emilio, técnica del Inta Las Rosas (Santa Fe) señala que en una campaña 2020/21 que comenzó muy complicada por la falta de lluvias, la reserva de granos es la moneda de cambio que podría ayudar a amortiguar una eventual faltante futura. Es un factor más que incide para que sea poco probable una aceleración de ventas, tal como esperan en la Casa Rosada. El analista económico Salvador Di Stéfano no duda: “El productor se va a sentar arriba de la mercadería”. Desde su punto de vista, una mala perspectiva de lluvias es un factor más que se suma a un anzuelo con poca carnada: “Bajar las retenciones tres puntos, con el dólar con una devaluación en carry, no invita a vender”, agrega.
  • La falta de lluvias le recortó 3,5 millones de toneladas al trigo
Para el consultor de empresas agropecuarias, Teo Zorraquin, el efecto que genera un año Niña es repensar la inversión en tecnología y ser más conservador, lo que significa diferir alguna inversión que podía llegar a efectuarse en una circunstancia normal. “El año Niña, en la cabeza del que produce, está asociado a ‘voy a ser más cauto’, ‘cuidar más mi caja y mis gastos’, porque probablemente el año que viene tenga un panorama más duro”, opina. Y completa: “Si el año fuera bueno, quizá la gente vendería para gastar un poco más, incluso en cuestiones que no tienen que ver de manera directa con la producción. De todos modos, aun si viniera un año Niño, difícilmente hoy alguien vendería granos para pasarse a pesos”. Tal vez la conciencia de esto haya influido para que el gobierno se decidiese a aprobar la variedad de trigo transgénico resistente a la sequía. Pero eso no soluciona el problema actual.

FAdeA presentó nuevamente el Pampa III a la Fuerza Aérea Paraguaya

Abel
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FAdeA presentó nuevamente el Pampa III a la Fuerza Aérea Paraguaya
Por medio de una videoconferencia realizada en el miércoles 8, la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» en conjunto con el Ministerio de Defensa, presentaron nuevamente al IA-63 Pampa III ante autoridades de la Fuerza Aérea Paraguaya. La exposición de FAdeA es un nuevo antecedente a las intenciones que mantiene la fábrica cordobesa por encontrar un cliente extranjero para el Pampa III. Cabe recordar que se estuvo muy cerca de alcanzar ese hito con la venta a Guatemala, negociación que resultó fallida debido a cuestiones internas del país centroamericano. En cuanto al interés por parte de Paraguay, los últimos antecedentes se pueden rastrear al inicio del 2017, con la visita realizada a FAdeA y a la IV Brigada Aérea por parte del por el entonces Ministro de Defensa Nacional del Paraguay, Dr. Diógenes Martínez, en compañía con el Viceministro para las Fuerzas Armadas, Gral. de Brigada Gerardo Maldonado Gómez. Las autoridades paraguayas pudieron apreciar en primera persona la línea de producción del Pampa III así como la actividad operacional de los Pampa II-40 en Mendoza. Las intenciones argentinas se mantuvieron en el tiempo, esta vez en mayo de 2018, con la visita a territorio paraguayo de una comitiva encabezada por el MinDef argentino, la cual contó con la participación de FAdeA e INVAP. La equipo argentino fue recibido por autoridades paraguayas, con el objetivo de presentar oficialmente una propuesta técnico-comercial. Los siguientes contactos tuvieron lugar en el 2019, cuando en abril se volvió a presentar un Propuesta Técnico-Comercial de ante las nuevas autoridades Paraguayas del Ministerio de Defensa, Jefe de Gabinete y Fuerza Aérea. El siguiente contacto tuvo lugar en Base Aérea Militar de Resistencia, Chaco, en junio de 2019. De acuerdo a fuentes consultadas, el requerimiento paraguayo sería por seis IA-63 Pampa III para cubrir el nicho de ataque ligero y control de de espacio aéreo, misiones que actualmente son realizadas por los Embraer EMB-312 Tucano. Pese a que el presupuesto de la Fuerza Aérea Paraguaya es acotado, las negociaciones comerciales apuntan a que los pagos de un posible contrato de adquisición puedan realizarse con compensaciones en otros rubros. En los últimos años FAdeA ha mantenido un constante interés por concretar una venta del denominado Pampa Internacional, esfuerzo conjunto que ha incluido a Cancillería y otros ministerios, y que se ha traducido en negociaciones (con distinto grado de alcance) con Bolivia, México, Perú, Guatemala y Egipto. Estas posibles ventas formaron parte de la proyecciones realizadas en 2019, en las cuales se tenía previsto la fabricación de hasta 18 unidades para clientes latinoamericanos y 78 de la versión Pampa AZ.

Vacuna china: ya se aplicó la 1° dosis en Argentina a 500 voluntarios

Abel
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Vacuna china: ya se aplicó la 1° dosis en Argentina a 500 voluntarios
La Fundación Huésped anunció que ya se aplicaron las primeras 500 dosis de una de las vacunas preventivas del Sars-Cov-2 desarrollada en China, en un estudio de fase III que llevan adelante esta entidad junto a Vacunar para probar su eficacia para prevenir el coronavirus. La investigación incluirá 3.000 personas voluntarias mayores de 18 años, que por su historia clínica y examen físico tengan un buen estado de salud.} Se trata de un estudio aleatorizado (recibir la vacuna o el placebo -una sustancia inerte- dependerá del azar), de doble enmascaramiento (ni la persona voluntaria ni el equipo investigador saben si recibió la vacuna o el placebo), en grupos paralelos para evaluar la inmunogenicidad (la capacidad de activar el sistema inmune) y la seguridad de una vacuna inactivada. La vacuna fue desarrollada por el CNBG (China National Biotech Group) en colaboración con el BIBP (Instituto de productos Biológicos de Beijing). El BIBP es un instituto precalificado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), es el principal fabricante de vacunas de China y el único que cuenta con la aprobación regulatoria de Bioseguridad Nivel 3 para la fabricación de vacunas a base de cultivo de virus. El patrocinador del estudio en Argentina son los Laboratorios Elea-Phoenix, una empresa de capitales nacionales fundada en el año 1939 que desde sus comienzos se ha dedicado a la Investigación y Desarrollo de terapias para la salud humana. Este jueves 8 el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García mantuvo una reunión con representantes de la Embajada China en Argentina, para evaluar los progresos de las pruebas de fase III de la vacuna de Sinopharm. Vale señalar que en Brasil se está probando otra vacuna china, la de Sinovac, de la que Bolsonaro habría comprado 46 millones de dosis. El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de Fundación Huésped y por ANMAT. Aquellas personas interesadas en participar pueden inscribirse aquí.

Porqué no se cumple la cuarentena que dispuso el gobierno

Enrique
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Porqué no se cumple la cuarentena que dispuso el gobierno
«¿Por qué, a pesar de que todo el mundo conoce los riesgos del coronavirus, la cuarentena no se cumple? Aunque algunos insisten en reducir la explicación a una lectura política del tipo oficialistas-cumplidores contra opositores-transgresores, los autores de esta nota sostienen que hay razones más variadas y complejas. Tras una investigación que incluyó entrevistas, revisión de medios de comunicación y análisis de redes sociales, identifican motivos como la importancia de la proximidad en la economía moral de los argentinos, la creencia en lo sobrenatural y la “estadística por mano propia”, entre otras posibles explicaciones. En las agendas públicas dominantes en el ámbito internacional una epidemia era inesperada, y la pandemia de Covid-19 que se desató a principios de 2020 resulta ahora inesperadamente larga. Pandemia y política se han imbricado de forma inescindible, porque el episodio sanitario ha pasado a ser una dimensión estructural de nuestro presente que desborda a líderes y sociedades de casi todo el mundo. En un contexto en el que casi todas las respuestas se revelarían si no insuficientes, por lo menos controversiales, el gobierno argentino encaró una política de prevención temprana que fue masivamente apoyada, y que parecía propiciar tanto la oportunidad del retorno del Estado por los fueros de la salud pública, como la superación de la grieta en términos de la guerra contra el enemigo invisible. Sin embargo, la cuarentena, que estaba en el centro de la estrategia de prevención, se reveló insostenible en el tiempo, y la consecuencia ha sido que las políticas de prevención quedaron expuestas a las líneas de fractura que organizan el conflicto político de los últimos quince años entre las izquierdas posneoliberales y las derechas radicalizadas. La cuarentena quedó, como todo lo demás, atada a la grieta. El resultado es la deslegitimación, hasta límites insospechables, de las intervenciones estatales y del valor de la democracia.

Cuestiones previas

Antes de avanzar en propuestas para superar esta situación, es preciso elaborar el duelo de la cuarentena. El confinamiento fue concebido idealmente como una norma respetable y respetada, destinada al cumplimiento de todos los habitantes. Sin embargo, el “quedate en casa”, recibido inicialmente con una amplia aprobación, terminó demostrando que no se puede mantener en el tiempo. Cabe preguntarse: ¿a qué se debió que, pasado un tiempo, una parte importante de la población no hiciera caso a la norma? O tal vez la interrogación debería ser más osada: ¿Por qué habrían de obedecerle caso? Las posibles respuestas revelan menos la existencia de una población negacionista, que las dificultades de las condiciones de cumplimiento, que ahora conocemos mejor. Para avanzar en este punto nos valdremos de algunos argumentos sociológicos que nos permitan discernir qué vectores operan en la formación del comportamiento de los ciudadanos y el uso que hacen de la normativa estatal. Nos interesa, en particular, acercarnos a las razones por las que las personas no siguen las disposiciones del Estado y, con ese fin, nos apoyaremos en dos premisas que nos permiten interpretar el material empírico recogido en observaciones, entrevistas y seguimientos de la prensa y las redes sociales. La primera: los comportamientos de los ciudadanos tienen en el Estado tan solo una de las fuentes de normativización, y no necesariamente la más determinante. Además del Estado, hay que considerar el peso de otras creencias, uno de cuyos rasgos es la tendencia a desconocer o reinterpretar las normas sanitarias que formulan las autoridades. La segunda premisa es que las personas no se comportan como “idiotas sanitarios” cuando toman riesgos o desafían de manera extrema las normas establecidas. Cuando incurren en estas transgresiones, hacen algo más que rechazar una regla: pueden utilizar esas y otras normas para incluirlas en un vasto repertorio formado por percepciones complejas y contradictorias que ellas mismas elaboran para plantearse sus fines y expresar adhesiones a un orden simbólico. Es una manera de construir “microcomunidad” o de comunicar sus posiciones políticas. Por eso, es necesario reparar en lo que subyace a ciertos comportamientos “epidemiológicamente incorrectos”. Ignorar esta lógica puede aglutinar negativamente a conjuntos de personas que no tienen por qué estar necesariamente unidas, personas que se oponen a la cuarentena por motivos diferentes. El realismo sociológico es un muy buen principio de la acción política.

Aceptar a medias, transgredir a medias

La vida cotidiana, sus espacios materiales y los lazos primarios no son ajenos en la acción ni a las expectativas: la sensibilidad de los actores sociales se forja desde ahí, se expresa desde esa configuración íntima que es la sede de una actividad moral que preside las acciones económicas, sociales y políticas. Hay todavía un sentimiento transversal a bandos políticos y estratos sociales que estuvo presente hasta agosto; tal vez hoy esté más debilitado, pero no agotado. Ocurre que estamos ante algo más grande que los gobiernos: la recuperación de niveles de vida previos a la pandemia es dura, de largo plazo, y necesariamente registrará altibajos. Se imponen ajustes en el consumo, en las expectativas, en los planes de vida; es decir que para distintos estratos sociales asoma como una realidad la circunstancia de perder ingresos. Las personas ven aflorar la crisis en sus vidas y asumen que no les queda otra alternativa que gestionarla. Es desde esta sede moral que se estructuran y plantean diversas lógicas, que combinan la aceptación de las políticas sanitarias y la necesidad o posibilidad de transgredirlas, superarlas o cuestionarlas. Como parte de esa gestión se encuentra la salida irremediable de la casa para resolver los apremios económicos. La adhesión a un proyecto colectivo de sanidad tiene límites en el aguijón de la necesidad. Y no solo nos referimos a necesidades “objetivas” que demuestran ser apremiantes, que se acumulan y se potencian. También entendemos que ese contexto nutre de valores y sentimientos la demanda de las personas por aperturas o las rupturas más o menos controladas del aislamiento basadas en el deber de sustentar a la familia. Y también pueden ser la base para un reclamo de “libertad” cuando esos sentimientos son desconocidos o minimizados por el Estado. Aquí es necesario abrazar una complejidad: si bien se valoran las herramientas estatales que permiten amortiguar la caída económica, también se rechazan como muestras de indolencia ciertas afirmaciones del gobierno que parecen suponer que con ayudas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) está todo solucionado. Hay que reparar en el efecto trágico que para muchas personas, que hasta ahora contaban con una situación de autosuficiencia y desdeñaban a quienes “viven de subsidios”, implica convertirse en beneficiarias del Estado.

Creencias y normativa estatal

Las creencias no son afirmaciones que pretendan valer más allá de cualquier circunstancia. Pero en algunos casos esas creencias tienen más prestigio y valor simbólico que la información oficial. Al menos cuatro tipos de creencias inciden en el modo de rechazar parcial o totalmente la cuarentena y en la modulación de los cuidados en general. La economía moral de la proximidad. Desde este punto de vista, distanciarse físicamente significa poner entre uno y otro una distancia moral, una enemistad, una duda, tal vez una acusación. Algo así como: “¿Pero qué pensás, que estoy enfermo, pensás que te voy a contagiar? ¿Que fui imprudente pero no me lo decís?”. El distanciamiento social es vivido como si fuese una desfraternización, una quiebra de una economía moral de la proximidad que funciona de forma inversa a los imperativos sanitarios. La protección sobrenatural. Una segunda creencia es la vinculada a las ideas relativas a circunstancias, seres, relaciones excepcionales que hacen creer a alguien que tiene más o menos probabilidades de detener el virus: cada uno puede tener un dios aparte o un dios propio, o su versión de dios o su versión de la suerte o de las fuerzas sobrenaturales. Esta idea acompaña a cada sujeto, y en algunos grupos opera como una idea muy fuerte de que habría alguna excepcionalidad personal o grupal que hace que uno no esté expuesto al contagio. La estadística por mano propia y la relativización de la información oficial. Se alimenta de la creencia en la aleatoriedad o supuesta aleatoriedad del contagio y la gravedad de la enfermedad. Todo el mundo conoce o dice conocer casos en los que la ruptura de los cuidados no fue sucedida por un contagio como el que anuncia la información oficial. En esas condiciones percibidas por los actores se legítima el cuentapropismo estadístico, para el que siempre hay un caso que avala la teoría de la aleatoriedad, que suele combinarse con las doctrinas de la excepcionalidad individual. La lógica de la insubordinación. La última creencia que ayuda a explicar las transgresiones a las normas sanitarias es la invocación a una resistencia legítima a la autoridad, en tanto supone un desconocimiento o una intención oculta o perjudicial. Desconocer la norma apelando a un supuesto origen oscuro que la justifica. Hay toda una serie de informaciones sobre conspiraciones, complots, etc, que pueden parecer ridículas y que, sin embargo, para muchísima gente tienen estatuto de saber y de realidad. Es conocida la existencia de teorías que sostienen que el coronavirus no es tan importante o que es una maniobra para manipular a las personas. Así como se obedece al Estado por tradición, porque el Estado sabe lo que hace y yo no, existe la posición inversa: yo sé otra cosa, yo tengo una información especial que el Estado no conoce, y entonces lo desobedezco.
Samuel Rodriguez (de la serie United Nations COVID-19 – Response)

La cuarentena realmente existente

Los indicadores de movilidad pueden dar una idea acerca de si la sociedad sigue o no una norma. Pero en realidad se están siguiendo diferentes normas de acuerdo con los contextos de significados que las personas le atribuyen. Los usos de la información oficial en la formación de los comportamientos corresponden a ecuaciones que arman los actores conjugando saberes, restricciones, habilitaciones que identifican en su ambiente. Esos cálculos no desconocen, aunque tergiversen, la información epidemiológica. La hipótesis es que, a medida que la movilidad urbana, sea por razones laborales, de “esparcimiento” o “afectivas”, crece, se multiplican estas operaciones situacionales.

¿Qué ocurre entonces?

En primer lugar, se producen fraccionamientos de la cuarentena, usos parciales, intermitentes o discontinuos de la norma. Segundo, los usos pueden ser a menudo contradictorios. Estas contradicciones pueden ser individuales, como por ejemplo usar el barbijo, pero no respetar la distancia social. Pero también pueden ser colectivas: en una familia, los más jóvenes o los varones pueden tener menos propensión a cumplir la cuarentena, mientras que los adultos o las mujeres se muestran más respetuosos. Tercero, los usos de la norma tienen significados múltiples. Su cumplimiento o incumplimiento no debe decodificarse automáticamente en clave de grieta política oposición/gobierno, a riesgo de contribuir a que se produzca ese efecto. El rechazo parcial o total a la norma puede significar adhesiones a otras comunidades además de las políticas, como las religiosas o las generacionales, sin que esa actitud dé lugar por sí sola a una posición contraria al gobierno.

Una ciencia no estatal

Otro tema a considerar a la hora de entender el modo en el que las personas cumplen o no las normas sanitarias es el de la ciencia. La pandemia supuso la difusión constante de explicaciones, tasas estadísticas, números, índices y comparaciones internacionales, y llevó a una centralidad pública a la voz autorizada de los infectólogos. Pero luego la circulación y difusión de esta información supuso la apropiación social de este conocimiento. La política le habló a una sociedad que familiarizó conceptos epidemiológicos y los hizo suyos, y a menudo los recicló y les dio otra operatividad. La epidemiología legitimó sus intervenciones de manera teórica basada en la experimentación científica y en su superioridad sobre la experiencia cotidiana, vaga y aleatoria, que es supuestamente la de la sociedad. Esto produjo dos problemas complementarios: la sociedad se apropia de la cuarentena desde la experiencia, que es sintónica de un comportamiento del virus que hasta ahora viene desafiando a la ciencia. Como dijo Nicholas Taleb, el virus tiene un comportamiento que desafía el empirismo ingenuo de la ciencia con secuencias cambiantes. El hecho de que la ciencia sepa poco sobre el virus, haya cambiado su diagnóstico y recomendaciones (recordemos por ejemplo que el uso de barbijo estuvo discutido en un comienzo) se acopla con el sentido común y los saberes alternativos que lo alimentan. El segundo problema es que la epidemiología es portadora de una sociología espontánea que no se condice ni con los comportamientos normales de la sociedad ni, mucho menos, con las exacerbaciones y transformaciones que ha impuesto la pandemia. En este proceso, la variable temporal es clave en una dirección bien precisa: el cómo pasa a ser parte del porqué. ¿Qué significa esto? A medida que pasa el tiempo, la experiencia de la cuarentena –cómo se la vive y significa– provee elementos poderosos para explicar por qué se sigue o no esta norma. En marzo la sociedad no tenía esta experiencia y por lo tanto tendía a seguir las razones de la cuarentena (los porqué) que las autoridades políticas, apoyadas en el conocimiento de los expertos, le proveía. Pero a medida que el tiempo pasaba la sociedad iba teniendo sus experiencias de la cuarentena y podía sumar o restar sus cómo vivía la cuarentena a los porqué que la política ofertaba. Las personas han incorporado activamente el conocimiento epidemiológico integrándolo a la vida cotidiana, lo que dio lugar a una epidemiología “popular” o “cotidiana” que es parte constitutiva del uso real de la norma. Pero las cosas son mucho más complejas aún: los usos de esta información se dan en un contexto de significaciones y prácticas que permiten utilizaciones inesperadas de la norma. En la vida social, las experiencias de “primera mano” cuentan, y mucho. Estas experiencias, que tienen la eficacia de no ser experimentos –es decir, no pueden ser descartadas– expresan cómo efectivamente se vive, siente y piensa la cuarentena; por eso alimentan las razones de por qué se la cumple o no. Entre las dimensiones de esos cómo que la sociedad se provee para dar cuenta por qué se sigue o no la norma de la cuarentena, se encuentra la gravitación del paso del tiempo, que se racionaliza en proporciones variables como cansancio y/o aprendizaje. Las experiencias de la sociedad no pueden ser desconocidas, rechazadas ni negadas. Deben ser comprendidas. En este contexto, las expectativas políticas y sanitarias deben ajustarse a estos conocimientos, superando la inercia de las narrativas épicas, la metáfora de la guerra y la ilusión de que todo el mundo podría comportarse como un epidemiólogo todo el tiempo.»

Pablo Semán y Ariel Wilkis Profesores e investigadores (IDAES-UNSAM/CONICET).

Solicitada de todos los gobernadores en apoyo a las medidas contra el coronavirus

Abel
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Solicitada de todos los gobernadores en apoyo a las medidas contra el coronavirus
Los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño firmaron un comunicado conjunto ayer sábado en el que instaron a la sociedad argentina a seguir luchando con responsabilidad y solidaridad para combatir la pandemia de coronavirus.
En el texto, titulado «Unidos vamos a salir adelante», los mandatarios cokvocaron a «multiplicar los esfuerzos para superar este drama global y sus consecuencias».La firman Axel Kicillof, por la provincia de Buenos Aires; Raúl Jalil por Catamarca; Jorge Capitanich por Chaco; Mariano Arcioni, por Chubut; Horacio Rodríguez Larreta, por la Ciudad de Buenos Aires; Juan Schiaretti por Córdoba; Gustavo Valdés por Corrientes; Gustavo Bordet por Entre Rios, Gildo Insfrán por Formosa; Gerardo Morales por Jujuy; Sergio Ziliotto por La Pampa; Ricardo Quintela por La Rioja; Rodolfo Suárez por Mendoza; Oscar Herrera Ahuad por Misiones; Omar Gutiérrez por Neuquén; Arabela Carreras por Río Negro; Gustavo Sáenz por Salta; Sergio Uñac por San Juan; Alberto Rodríguez Saá por San Luis, Alicia Kirchner por Santa Cruz; Omar Perotti por Santa Fe; Gerardo Zamora por Santiago del Estero; Gustavo Melella por Tierra del Fuego y Juan Manzur por Tucumán.

Axel Kicillof anunció una «apertura gradual» en Buenos Aires

Abel
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Axel Kicillof anunció una «apertura gradual» en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer sábado que, a partir del lunes 19, se realizará una «apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades» en el conurbano, y el inicio «progresivo» de clases presenciales en 24 distritos de la provincia.

Kicillof participó de los anuncios desde la residencia oficial a través de una videoconferencia, debido a que se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

El mandatario provincial señaló que desde «hace cinco semanas estamos viendo una reducción leve en los casos» en el Gran Buenos Aires, por lo cual a partir del lunes 19 se comenzará con una gradual apertura de actividades.

Entre ellas, mencionó la actividad del personal auxiliar de casas particulares, los restaurantes al aire libre, los gimnasios al aire libre y las obras de construcción.

Por otro lado, el gobernador anunció que en 24 distritos de la provincia de Buenos Aires «se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad» de las clases en las escuelas y dijo que «se está hablando con los intendentes, directivos y maestros» de esos lugares, ya que «es una tarea muy compleja y de mucho riesgo».

Entre esos distritos, se encuentran Adolfo Alsina, González Chávez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puan, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberdi, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos Lezama y Monte.

También, Kicillof resaltó que desde la gobernación bonaerense «no vamos a acelerar los tiempos ni poner en riesgo» a la población en un contexto de pandemia y valoró que con las medidas tomadas se pudo «evitar una catástrofe muchísimo mayor».

«La curva desciende en el AMBA y la estamos pudiendo controlar, pero la enfermedad se irradió al interior del país. «Esto no pasó, no terminó, hoy más que nunca para salir de esta crisis necesitamos un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario», definió el gobernador tras instar a que «sigamos resistiendo unidos».

Argentina, «el país de la carne». Y también de alternativas a la carne

Enrique
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Argentina, «el país de la carne». Y también de alternativas a la carne
En AgendAR nos llamó la atención que el INTA, el tradicional  organismo de investigación, estatal que desde hace 64 años apoya al campo argentino, hiciera promoción de alimentos de origen vegetal y análogos de la carne. Pero sucede que la Argentina también tiene condiciones para explotar esta tendencia moderna. Lo acercamos: «Cada vez son más los consumidores que eligen dietas especiales basados en sus valores. En su mayoría, los motiva la conciencia ambiental, el bienestar animal y la salud. Este marcado interés en saber qué contienen y cómo fueron obtenidos los productos que los argentinos ponen en su mesa impulsa una tendencia en auge. Más informados y exigentes, los consumidores tienden a evitar alimentos con ingredientes o aditivos sintéticos en exceso y demandan aquellos saludables, nutritivos y clean label o con etiquetado limpio. Esta tendencia, que comenzó de la mano de los vegetarianos y se extendió con los veganos, hoy alcanza a los flexitarianos. Esta nueva categoría de consumidores agrupa a quienes, por diversos motivos, decidieron reducir al mínimo el consumo de carne animal, denominados vegetarianos flexibles. Según una reciente investigación de mercado realizada por Innova Market Insights, Alemania lidera este movimiento con un 69 % de su población que reconoce consumir carne una vez a la semana, seguido por el 53 % en el Reino Unido y el 38 % en Estados Unidos.
Para 2026 el mercado mundial de sustitutos de la carne alcanzará los 3,5 mil millones de dólares.
Por su parte, un informe de enero de 2020 de Markets and Markets estima que el mercado mundial de sustitutos de la carne para 2026 alcanzará los 3,5 mil millones de dólares, lo que representa una tasa compuesta anual del 12,0 % durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda entre los millennials. Ahora bien, ¿Qué es un producto análogo de la carne? ¿Existen alimentos capaces de reemplazar a la proteína animal? ¿Qué lugar ocupan las legumbres en este escenario? ¿Es una oportunidad para la Argentina? ¿Tenemos potencial para satisfacer este mercado en auge? Para Trinidad Soteras, investigadora del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar, “a escala global, existe una demanda creciente de consumidores que buscan productos alternativos a la carne motivados, principalmente, por aspectos ambientales, nutricionales y relacionados con la conciencia animal. Aunque, también, exigen variedad y buen sabor”. Así, surgen los análogos de carne que componen una clase de productos alimenticios sin proteínas cárnicas que intentan imitar sus características desde el punto de vista organoléptico y nutricional, simulando las clásicas hamburguesas, salchichas y nuggets, entre otros. Un estudio de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas del ex Ministerio de Agroindustria de la Nación –actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– confirmó que se consolida una tendencia hacia la búsqueda de productos sustitutivos de la carne. Entre los alimentos emergentes, se destacan las legumbres, semillas, granos y cereales ancestrales o cultivos andinos, y los frutos secos. En esta línea, aseguran que se trata de “una oportunidad para emprender con éxito”. Gabriel Prieto –referente del INTA en cultivos de invierno– dio un paso más y reconoció: “Desde mediados de 2019 vemos una tendencia creciente y sostenida en nuestro país”, reconoció el especialista de Arroyo Seco, Santa Fe quien confirmó que “la demanda aumentó significativamente”. Es que, a la tendencia global de alimentación saludable, se suman factores tales como un menor precio de las legumbres frente a los productos cárnicos, el mayor rendimiento culinario y su fácil conservación. Como si fuera poca la evidencia, una reciente encuesta sobre los hábitos de los consumidores realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mostró que un tercio de los consultados declaró haber reducido la proporción de carnes en la alimentación, lo que lo amplía el margen de habitantes dentro de la categoría de flexitarianos. Para Soteras “La necesidad de disponer de alimentos de calidad para una población en expansión sumada a la imperante necesidad mundial de lograr que las cadenas de valor sean más sostenibles, hace que las proteínas provenientes de fuentes distintas de los animales entren en escena con fuerza, solas o en combinación con la carne”. En este sentido, consideró que “los cambios de hábito en la alimentación representan un desafío”, dada la necesidad de disponer de alimentos de calidad para una población en expansión sumada a la imperante necesidad mundial de lograr que las cadenas de valor sean más sostenibles, hace que las proteínas provenientes de fuentes distintas de las animales entren en escena con fuerza, solas o en combinación con carne”. Según la investigadora, “es indiscutible que los paradigmas de la alimentación se encuentran en plena transformación y los esfuerzos de la industria de análogos están enfocados en reducir al mínimo la brecha entre el gusto, la textura y la experiencia de comer carne con aquella experimentada al consumir sus análogos libres de carne”. Y agregó: “Si bien la adopción de los productos alternativos a la carne se encuentra en pleno desarrollo, se vislumbra el auge de los mismos por parte del sector alimentario, al tiempo que se espera que el número de flexitarianos continúe creciendo”.

Legumbres: protagonistas en la transformación

Arvejas, lentejas y garbanzos. Las tres especies de legumbres se presentan como alternativas promisorias. En el libro ‘Legumbres, semillas nutritivas para un futuro sostenible’ de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se destacan las propiedades de este alimento y se lo considera como uno de los más nutritivos del planeta y extraordinariamente beneficioso para la salud. Además, se las describe como plantas muy eficientes: su cultivo permite intensificar las rotaciones, con beneficios en los cultivos sucesores con el nitrógeno fijado naturalmente y una mayor disponibilidad de agua. A su vez, tienen un costo bajo para los agricultores, pueden ser cultivadas en tierras secas con un tiempo de conservación prolongado. En este mismo sentido, Prieto subrayó que “una de las principales ventajas que tiene la incorporación de legumbres en los esquemas productivos, a diferencia de los cereales, es la capacidad de fijar nitrógeno del aire, mediante la simbiosis con bacterias específicas, y mejora la estructura del suelo a partir de rotaciones más intensas en siembra directa”. Con respecto al garbanzo, Ana Fekete, investigadora del INTA Cerrillos –Salta– señaló que “tiene perspectivas positivas en cuanto a su participación en el comercio exterior”. “Más allá de ser una leguminosa para grano seco importante por la cantidad y calidad nutritiva de sus componentes, hoy representa una oportunidad para la Argentina, por su calidad para exporta-ción a países Mediterráneos de Europa, así como del Mercosur y andinos de América”, expresó Fekete.
Las estimaciones para el sector calculan una proyección de crecimiento de hasta el 20 % en los próximos años.
Las últimas cifras de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera) coinciden con las publicadas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y aseguran que la producción de legumbres en la campaña 2017/18 alcanzó las 686.500 toneladas en la Argentina, mientras que las exportaciones alcanzaron el 75 % de la producción con 512.000 toneladas. Incluso, hay estimaciones para el sector que calculan una proyección de crecimiento de hasta el 20 % en los próximos años en la demanda de alimentos de origen vegetal y análogos de la carne las que ubican a las leguminosas en un rol protagónico. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el sector? ¿la Argentina puede abastecer este mercado en auge? ¿es realmente una oportunidad? Para Prieto, “la Argentina es el país con mejores chances del mundo de satisfacer estas necesidades y abastecer este mercado en alza”. De acuerdo con el especialista, nuestro país presenta ventajas competitivas clave tales como la bondad de sus inviernos y la fertilidad de sus suelos, con menores costos que implica la fertilización o riego. Es que, según detalló, las legumbres de invierno –arveja, lenteja y garbanzo– se siembran en invierno sin resignar a los cultivos de verano como soja y maíz. Además, no compiten con otros cultivos de invierno como la cebada o el trigo.»

La «migración» argentina a Uruguay: 107 visas, entre abril y septiembre

Abel
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La «migración» argentina a Uruguay: 107 visas, entre abril y septiembre
Compartimos este tweet, y un video breve muy informativo de la AFP, Agence France-Presse:

El presidente anunció restricciones a la circulación en distritos de 18 provincias

Abel
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El presidente anunció restricciones a la circulación en distritos de 18 provincias
El presidente Alberto Fernández anunció  que se restringirá la circulación de personas en diversos distritos de 18 provincias durante los próximas 14 días debido al crecimiento de los contagios de coronavirus en el interior del país, que ya superan a los que se registran a diario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El presidente mantuvo ayer durante cinco horas un intercambio de información con los mandatarios de las 24 provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el anuncio estuvo acompañado por los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, de Santa Fe, Omar Perotti, y de Jujuy, Gerardo Morales. Fernández afirmó que hace cinco semanas que la curva de contagios en el AMBA viene bajando. Por eso, en la próxima fase de la cuarentena se tomarán medidas en el interior del país «para bajar la circulación en las calles», a fin de que en esos lugares «el sistema de salud se alivie». «Vamos a arremangarnos y trabajar junto con los gobernadores». La nueva fase del aislamiento se extenderá hasta el 25 de octubre y en lo referido a las nuevas restricciones en distritos de 18 provincias, entre las que no estarán incluidas Corrientes, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, Formosa y Catamarca. Fernández explicó que en los primeros meses se creía que el mayor número de casos iba a quedar restringido al AMBA, pero «descubrimos ya que esto no es así. Y esto no es la culpa de nadie, es del virus. El 65% casi de los contagios devienen de las provincias y solo el 35% del AMBA. Si uno se retrotrae a la primera semana que estamos tomando acá, la del 23 de mayo, solo el 7,5% de los contagios provenían del interior del país». «Lo que hicimos con el AMBA ahora tenemos que hacer con cada provincia. Estoy convencido de que ahora se debe hacer lo mismo con las provincias afectadas. Son provincias a las que amo, por eso, en una larga charla (ayer) les propuse (a los gobernadores) seguir este mecanismo y estuvieron de acuerdo». Anunció un fondo de ayuda a las provincias de 10.000 millones y la distribución de 800.000 tests rápidos. El Presidente destacó la necesidad de reducir la circulación en estos distritos e insistió con su pedido a la población para que evite las posibilidades de contagio a través del contacto entre personas, como «única forma de evitar muertes». Fernández también afirmó «Conocimos los datos del segundo trimestre de la economía y la pobreza que nos dejaron muy entristecidos. El tercer trimestre va a tener otros resultados, que tampoco van a ser para celebrar mucho, pero van a ser mejores que los del segundo trimestre». n ese sentido, el presidente señaló que se están observando «algunas mejoras en la economía, alguna recuperación que tampoco se pueden postergar» y consideró que para sostener la recuperación productiva, será necesario «seguir trabajando, cuidando los protocolos sanitarios dispuestos para cada actividad». El video completo de los anuncios:
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