El laboratorio estadounidense Moderna ha anunciado que está preparado para iniciar la fase 3 de su desarrollo de vacuna frente al SARS-CoV-2, y que podría estar lista para su distribución a comienzos de 2021.
Tras haber seleccionado la dosis de 100 microgramos en su fase anterior, en pruebas con distintas dosis con 45 personas, Moderna inoculará ahora la vacuna experimental a 30.000 voluntarios en Estados Unidos en una prueba que buscará confirmar que es efectiva previniendo la Covid-19 y mejorando la condición de las personas ya infectadas.
La vacuna que trata de desarrollar Moderna está basada en la inoculación de los genes del coronavirus en personas para provocar la respuesta de su sistema inmune. Gracias a su colaboración con la empresa biotecnológica suiza Lonza, el laboratorio confía en ser capaz de producir entre 500 y 1.000 millones de dosis anuales.
Es una movida muy audaz, por parte de Moderna, una empresa emergente, la de ponerse a fabricar en gran escala cuando todavía no empezó siquiera una fase 3, el requisito indispensable para conseguir el licenciamiento de la FDA (Food and Drug Administration), el ente regulatorio federal de medicamentos de los EEUU. Puede ser la medida de la confianza que le tienen a su fórmula, pero también el resultado de los U$ 450 millones con que el gobierno respaldó a la compañía.
«Estamos deseando empezar nuestra fase 3 con 30.000 participantes en julio», ha declarado Tal Zaks, jefe médico de la compañía. «Moderna está comprometida a avanzar en el desarrollo clínico de la vacuna de forma tan segura y rápida como sea posible para demostrar su capacidad para reducir de forma significativa el riesgo de la Covid-19».
Fernando Polack, investigador principal del estudio que se realizará a partir de agosto en Argentina de la vacuna contra el coronavirus a cargo de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, dijo que esperan «tener respuestas sobre su efectividad a fin de este año» y destacó que «ser parte de estos ensayos posiciona al país en lugar de privilegio para la distribución».
«La intención es que la evaluación de la fase 2 / 3 de efectividad de la vacuna se realice reflejando la diversidad de la población, en un rango de 18 a 80 años, en personas que no se hayan infectado y apuntamos a mirar primero a los trabajadores esenciales, sobre todo a los equipos de salud, pero luego se ampliará», afirmó Polack respecto al estudio de prueba de la vacuna contra la Covid-19 que comenzará en agosto en el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires.
El médico pediatra infectólogo y director de la Fundación Infant sostuvo que «vamos a probar la vacuna en miles y miles de personas voluntarias, y apuntamos a tener respuestas a fin de este año».
Vamos a probar la vacuna en miles y miles de personas voluntarias, pero apuntamos a tener respuestas a fin de este año
Argentina fue seleccionada el viernes 10 como el único país de la región para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de la vacuna contra el coronavirus que preparan Pfizer Inc. y BioNTech SE. Se encuentran a la espera de la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
En cuanto a la preparación del estudio, Polack especificó que están armando «equipo con organizaciones públicas, nacionales y provinciales del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y con sectores privados», entre los cuales mencionó el Instituto Universitario Cemic, el sanatorio De Los Arcos y el Anchorena.
«No puedo contestar sobre la posibilidad de éxito, pero hay datos de esta vacuna en un ensayo previo que están publicados y que muestran que con dos dosis genera respuestas de anticuerpos de 10 a 20 veces mejores que una infección normal por coronavirus», indicó.
La elección de la Argentina
Sobre la selección de Argentina para realizar este estudio, Polack aseguró que «fue una enorme compulsa entre muchos otros países e investigadores que estaban interesados en tener el lugar que ocupa hoy nuestro país» y destacó que el trabajo que se hace aquí «en el área de virus respiratorios es conocido a nivel mundial».
«El beneficio de realizar estas pruebas es que pone a la Argentina en un mapa de la ciencia y permite que muchos actores estén pensando en nosotros y típicamente a los países que evalúan las vacunas o los medicamentos, se les abre la puerta para acceder a las remesas de vacunas o medicamentos con prioridad«, apuntó.
El médico infectólogo se encuentra trabajando en vacunas respiratorias desde los 29 años y aseguró que «muchos conocen a nuestro equipo y desde que empezó esta enfermedad estuvimos en comunicación con el presidente (Alberto Fernández) y el ministro de Salud (Ginés González García), quienes siempre nos apoyaron y nos dieron el soporte».
La vacuna
El estudio de la vacuna contra la Covid-19, que ya se desarrolla en Estados Unidos y Alemania, se inició y cumplió con determinaciones de seguridad, aprobadas por comités independientes y agencias reguladores de Estados Unidos y Europa, «lo que demuestra que es posible avanzar en su eficacia», indicó.
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Las fases 1 y 2 de la vacuna comenzaron a fines de abril en Alemania y en mayo en los Estados Unidos. En la fase 1 de ensayos clínicos, que mide toxicidad, más que eficacia, la vacuna arrojó señales alentadoras, al demostrar que es bien tolerada por humanos. Pero en la 1 y 2 también se comprobó que es muy inmunogénica, es decir capaz de general anticuerpos.
El estudio de fase 2/3 se realizará en un 75% en Estados Unidos y luego se agregará la Argentina. Existe la posibilidad de que Pfizer sume a otros países «aunque no han acordado nada hasta el momento», dijo Polack.
El investigador destacó que hasta ahora no se detectaron «efectos adversos serios en la vacuna», y dijo que ya fueron inoculados «más de 10.000 personas en Estados Unidos» del total de 30.000 que incluiría el estudio a nivel global».
Respecto de la tecnología experimental que utiliza esta vacuna, el ARN mensajero, el infectólogo explicó que se trata de «usar directamente el código genético de una proteína viral y dejar que el cuerpo humano lo tome y produzca la proteína tal como si se hubiera infectado».
«Para lograr eso, tenes que usar el ARN mensajero, que son instrucciones que le da el virus al cuerpo humano para que sintetice una de sus proteínas exactamente igual; es sólo una parte muy pequeña del virus, que es donde hay que atacarlo», detalló.
En ese sentido Polack mencionó dos beneficios de este sistema. «Estas tiritas de ARN son muy lábiles, una de las ventajas es que una vez que entran a las células, dan su instrucción y el cuerpo las desarma. La segunda es que en el futuro ésta va a ser una manera muy fácil de desarrollar una vacuna».
«Al momento, no hay vacunas de ARN que obtuvieron licencias, así que habrá que ver si esta genera todas las defensas que uno espera».
Por último, Polack destacó que «no son vacunas que apunten a ser caras, sino accesibles» y recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un orden de prioridades para su aplicación, que lidera el personal de la salud seguido por los mayores de 65 años.
El Gobierno avanza en la búsqueda de consensos para implementar un nuevo plan social para al menos 3 millones de personas. La idea de establecer una “renta básica” o un “ingreso universal” para la población más vulnerable fue detallada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en un encuentro virtual que mantuvo con dirigentes empresarios, sindicales, sociales y religiosos.
Como señaló AgendAR hace tres semanas, el Ingreso Universal, o Renta Básica Universal es una institución sobre la que se ha estado debatiendo por más de una década. En teoría, garantiza a todos los ciudadanos de un país un ingreso mínimo que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizado por el estado.
Los que lo cuestionan sostienen que destruye la «cultura del trabajo». Les responden que esa «cultura del trabajo» puesta en peligro por una modestísima suma mensual se refiere exclusivamente a trabajos precarios y mal pagos. En un nivel superior del debate, se ha señalado que el trabajo no da sólo un sueldo, sino identidad y sentido de pertenencia. Que el ideal de una sociedad debe ser que todos sus miembros tengan trabajo, no sólo una asignación.
Pero la pandemia del nuevo coronavirus está haciendo obsoleta esa discusión, al menos por un tiempo. Países tan poco «populistas» como el Brasil actual (por lo menos en San Pablo) y Colombia han implementado una forma de renta básica universal. Y los Estados Unidos y varios países europeos avanzan en esa dirección. Una vez que esas instituciones se establecen en una sociedad, es muy difícil que se vuelva atrás, como hemos visto en Argentina.
El ministro Arroyo fue ayer lunes el orador central de una teleconferencia organizada por la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, un foro impulsado por la Iglesia católica que tuvo actuación entre 2018 y 2019 cuando se instaló el debate por el hambre en la Argentina y que retomó su activismo a partir de la pandemia.
articiparon también el vicepresidente regional de la Unión Industrial, Guillermo Moretti, los sindicalistas Luis Cáceres (ladrilleros) y Juan Carlos Schmid (dragado), de CGT, y Hugo Godoy (estatales de ATE), por CTA Autónoma, y otros referentes sociales y económicos bajo la coordinación de Pablo Narvaja y Ana Jaramillo, de la Universidad de Lanús.
Arroyo detalló las acciones implementadas por el Ejecutivo a partir de la inauguración de la cuarentena, entre ellas el incremento de la ayuda alimentaria de 8 a 11 millones de personas así como la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el subsidio salarial ATP, y dio por hecho que a continuación se hará imprescindible aplicar “una renta universal básica” para los sectores más golpeados por la crisis, aunque incluso esa medida “no alcanzará” para revertir la crisis. “Hay que actuar sobre tres ejes: el trabajo, los ingresos y el acceso a los servicios básicos”, detalló sobre el plan de acción previsto.
Si bien el funcionario hubiese preferido avanzar sobre un plan de salario universal sin contraprestación (es decir, un programa netamente asistencialista) en su entorno dijeron que la dinámica de la crisis por el coronavirus lo impulsó a reorientar la iniciativa hacia un esquema de pagos a cambio de trabajo, capacitación o formación. “No hay salida sin un consenso fuerte”, instó Arroyo a sus interlocutores. A continuación aclaró que para aplicar el plan hará falta “una reforma impositiva” y dijo que de no hacerlo, a velocidad, “va a quedar mucha gente con la ñata contra el vidrio”.
Investigadores del CONICET sostienen que desde fines de 2015 acumulan pérdidas en el poder adquisitivo de más del 50%. «Resolver el conflicto requiere decisión política del Poder Ejecutivo».
Los investigadores e investigadoras del CONICET encabezan un reclamo salarial en medio del contexto de la pandemia del COVID-19, pero que llevan adelante desde hace tiempo, por el deterioro de los sueldos del personal científico, que en muchos casos -afirman- son montos al borde de la línea de pobreza.
Mediante un comunicado, los trabajadores sostienen la necesidad de visibilizar estas condiciones de trabajo y detallan además el esfuerzo laboral durante los meses que lleva la pandemia en el país. “Hoy, nuestro trabajo adquiere una exposición inusual por el esfuerzo que hemos hecho, junto al resto de trabajadores y trabajadoras del sistema científico nacional para enfrentar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia del COVID-19”, dicen.
En esa línea, suman: “Este esfuerzo es realizado por investigadores/as con salarios extremadamente bajos que colocan a gran parte del personal científico al borde de la línea de pobreza, y entre los más bajos para investigadores/as de la región, como reconocen las autoridades de CONICET”, expresan los investigadores.
Este deterioro del salario, apuntan, se da desde fines de 2015 y acumula una pérdida del poder adquisitivo de más del 50%. “Durante 2019 recibimos un aumento del 28% en cuotas frente a una inflación del 55%. Al día de hoy, la pérdida acumulada de poder adquisitivo de nuestros salarios es superior al 50% desde finales de 2015”, exponen, y agregan además que la gran mayoría de los investigadores pertenece a las categorías de Asistente y Adjunto, “con salarios que no cubren la
canasta familiar”.
Entre los argumentos que sustentan el reclamo, detallan además que como investigadores del CONICET trabajan en un régimen de exclusividad, motivo por el que no pueden tener empleos adicionales que permitan compensar estos ingresos bajos.
Sumado a esto, la mayoría de ellos «deben cubrir con sus ingresos gastos relacionados», como equipamiento tecnológico tales como computadoras, compra de libros, artículos de librería “por falta de presupuesto para sostener esos rubros desde el organismo”, tributan el Impuesto a las Ganancias y denuncian que el impuesto PAIS “encarece gastos directos para nuestro trabajo, como la compra de insumos o bibliografía importada o el acceso a servicios internacionales, y en el caso de investigadores/as que realizan estancias en el exterior con financiamiento público, se ve reducido el valor de esas becas o subsidios”, reclaman.
En el escrito explican que tras varias cartas, reclamos ante las autoridades y con el apoyo de la comunidad científica, se reunieron con el ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza, quien “asumió que la problemática está en la agenda de su cartera”, y también tuvieron un encuentro con la presidenta del CONICET, Ana Franchi, a mediados de marzo, y a comienzos de junio con el Directorio del CONICET y con la vicepresidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Claudia Bernazza.
En el comunicado de prensa sostienen además que cuentan con el apoyo del Directorio del CONICET, que se expresó “a favor de la necesidad de una recomposición salarial de emergencia, y enfatizando la necesidad de avanzar en la aprobación de un Convenio Colectivo de Trabajo para todos/as los/as trabajadores/as de CONICET y de aprobar una Ley de Financiamiento específica para el sector científico y técnico del país”.
Los investigadores plantean que “es claro que la decisión de resolver este conflicto requiere de una decisión política de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, y apuntan a que las autoridades “comprendan la justicia de nuestro reclamo y la importancia de resolverlo para dar una señal de apoyo a la tarea que realizamos, aún en el marco de la pandemia”.
El repentino aumento de la demanda de productos médicos para abordar la pandemia de COVID-19 ha llevado a una expansión en el tráfico de productos de calidad inferior y falsificados, asegura una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Ni los gobiernos se han salvado de ser víctimas de fraude a la hora de comprar mascarillas y otros productos médicos. Desde Alemania hasta Argentina se han visto crímenes de este tipo con delincuentes que se aprovechan de la ansiedad pública por protegerse. Las Naciones Unidas piden a las autoridades que fortalezcan los sistemas de control.
Según esa agencia, la difusión del coronavirus ha resaltado aún más las deficiencias en los marcos regulatorios y legales destinados a prevenir la fabricación y el tráfico de esos productos y el crimen organizado ha explotado las incertidumbres que rodean la pandemia.
La falsificación de productos médicos conlleva riesgos importantes para la salud pública, ya que estos pueden no tratar adecuadamente la enfermedad y facilitar el desarrollo de resistencia a los medicamentos.
«La salud y la vida están en riesgo con los delincuentes que explotan la crisis COVID-19 para sacar provecho de la ansiedad pública y la mayor demanda de equipo de protección personal y medicamentos”, expresó la directora ejecutiva de la Organización, Ghada Waly.
Para Waly, se necesita ayudar a los países a aumentar la cooperación para cerrar brechas, desarrollar la capacidad de aplicación de la ley y la justicia penal, y generar conciencia pública para mantener a las personas seguras.
Estafas y fraudes por doquier
El informe de la agencia afirma que los grupos criminales también se han adaptado rápidamente a las oportunidades derivadas de la pandemia para explotar las vulnerabilidades y las brechas en los sistemas de salud y justicia penal.
La evidencia muestra que eventos ilícitos, como fraude, estafas e incautaciones, que involucran la fabricación y el tráfico de productos médicos de calidad inferior y falsificados, han seguido la propagación del virus.
Por ejemplo, en Alemania, las autoridades sanitarias a contrataron a dos compañías para obtener un envío de mascarillas faciales por valor de 15 millones de euros a través de un sitio web clonado de una empresa aparentemente legítima en España.
En Argentina, tuvo que ser puesta bajo investigación una compañía que estaba produciendo desinfectante y mascarillas pero no tenía autorización de las reparticiones pertinentes para su distribución.
En Eslovenia, el Gobierno pagó un avance de 300.000 euros para recibir tres millones de mascarillas médicas de una compañía en Bosnia y Herzegovina que nunca llegaron.
A lo largo de Asia, en países como India, Tailandia, Laos, China, Singapur y Malasia además se han identificado una gran cantidad de fraudes y hasta robos de todo tipo de materiales de protección e incluso pruebas de COVID-19 y cloroquina. En varios países de África se han visto situaciones similares.
El surgimiento de la pandemia también ha sido testigo de fraudes de compromiso de datos, incluyendo phishing, estafa y compromiso de correos electrónicos comerciales, o la manipulación de sitios web corporativos, convenciendo a los compradores de que la fuente es genuina.
Engaños con la futura vacuna
La investigación de la oficina también predice que el comportamiento de los grupos delictivos organizados cambiará gradualmente a lo largo de la pandemia, particularmente cuando se desarrolle una vacuna y cuando estos grupos probablemente cambien su enfoque del tráfico de equipo de protección al tráfico de la inmunización.
“Solo un enfoque común permitirá respuestas efectivas a los delitos que afectan a las personas y la salud pública”, afirman los expertos que resaltan que, al mismo tiempo, prevenir, detectar y responder a delitos relacionados con productos médicos requerirá que las personas que trabajan en ese sector adquieran habilidades nuevas o adicionales.
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El Dr. Carlos Aráoz, ex director de Combustibles Nucleares CNEA, ex gerente de Tecnología y Proyectos Especiales CNEA, nos ha acercado este artículo:
Hace ya varios años que se negocia con la República Popular China la compra de una cuarta central nuclear, tipo Hualong -1, llave en mano, a un costo aproximado de U$ 8.000 millones… pero sin licitación internacional. Eso nos está causando problemas. Sin licitación no hubo pliegos que establecieran los requerimientos del comprador. Los pliegos tienen un peso enorme sobre los oferentes, y por ende sobre la adjudicación.
En su inicio las negociaciones estuvieron a cargo de las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA). Como consecuencia no planificada de la falta de licitación, con el pasar de los años fueron cambiando las circunstancias y en la actualidad se negocia sobre un modelo de contrato preparado por la empresa China Nuclear National Corporation (CNNC).
Inevitablemente, está redactado a total conveniencia del oferente, especialmente en lo que se refiere al combustible. En tenis, es como darle el saque todo el partido.
Y contradice toda nuestra historia nuclear.
Un poco de historiaTécnicos de CONUAR en control dimensional de un elemento combustible para Atucha II
Desde su inicio y durante décadas, la CNEA dependió directamente de Presidencia de la Nación, debido a la importancia estratégica de la capacidad nuclear en el posicionamiento internacional del país.
Eso cambió durante la presidencia de Carlos Menem, que puso a la CNEA a rodar por diversos ministerios, pero nunca descendió tanto, en rango y presupuesto, como en la reciente administración del presidente Mauricio Macri: pasó a depender de una Subsecretaría del entonces Ministerio de Energía. Esperamos que con el actual gobierno eso cambie radicalmente.
Para entender el rol del combustible en el ciclo de vida de una central moderna (60 años), al momento de salida de servicio duplica el costo al que se compró la planta. Para entender el rol del combustible en nuestra historia nuclear, hay que repasarla: fui partícipe de la misma desde sus principios.
En nuestro primer reactor de investigación, el RA-1, la construcción de la planta y la fabricación de su combustible estuvieron a cargo de CNEA. Ese reactor sigue operando desde 1958 hasta hoy. Actualmente está en construcción el RA-10 en Ezeiza, un gigante en comparación. En éste, como también para todos los reactores de investigación exportados por la CNEA y luego por INVAP, el combustible es nacional. Nunca tuvimos que pagar una licencia, y estamos preparados para competir ya en el mercado internacional con muy buenas chances.
En generación nucleoeléctrica, un campo muy diferente, también se estableció una política nacional de independencia en tecnología y en suministro de combustible. Por ello en 1967 se optó por el uranio natural: el país no había desarrollado una planta industrial de enriquecimiento (y sigue sin tenerla).
Fue una elección inteligente. En 1981, en forma simultánea con nuestra primera exportación de un reactor a Perú, Argentina sufrió un embargo en uranio enriquecido por parte de EEUU. Éste afectó a nuestros reactores, incluido el RA-3, dedicado a fabricación de radiofármacos para medicina nuclear. Pero la central de potencia Atucha I, en aquel momento la mayor fuente individual de suministro de la red eléctrica nacional, no entró en apagón porque funciona con uranio natural.
Para tener el país a resguardo de tales aprietes, las centrales de Embalse y Atucha II son también de uranio natural, y se hizo una fuerte inversión en la planta para agua pesada: sin ella el uranio natural no puede mantener la reacción en cadena.
Para cada una de estas centrales preparamos los pliegos de licitación internacional. Estuve a cargo de los referentes al combustible en todos los casos. Y en los pliegos quedaba claro que la colaboración para el suministro nacional del combustible sería importante en la evaluación de las ofertas.
Así, con Siemens y antes de la construcción de la primera Atucha, pudimos mandar ingenieros a la oficina de diseño en Erlangen, “inspectores” a la fábrica de combustibles en Hanau, y un tercer equipo de profesionales a los laboratorios nucleares del KFK (Ministerio de Tecnología) en Karlsruhe; todo sin otro costo que los salarios de nuestro personal.
En el caso de la segunda central, Embalse, en la que resultó adjudicataria la Atomic Energy of Canada Ltd (AECL), en materia de combustible teníamos derecho en recibir sin costo lo que era propiedad intelectual de AECL y de fabricar el diseño transferido sin pago de derechos y con libertad de comercialización. También, como antes con Siemens, AECL le dio a la CNEA acceso a los laboratorios de Chalk River y envío de expertos, sin costo.
Primer inconveniente, y cómo se lo solucionóLa ing. Sue McLeod de Bruce Power con un elemento combustible CANDU
Pero la tecnología de fabricación de los haces estaba en manos de las empresas fabricantes Canadian General Electric y Canadian Westinghouse, proveedoras de las centrales canadienses. Aquí el negocio cambió de cariz: estas firmas ofrecieron acuerdos típicamente comerciales, como el actual chino en discusión. No fueron aceptados.
CNEA, por lo tanto, se encargó de desarrollar por su cuenta la ingeniería, los procesos de fabricación, el equipamiento especial y además las maquinarias de la línea de producción de la actual fábrica de CONUAR. Esa capacidad demostrada para el desarrollo integral e independiente de un combustible (completamente diferente al de Atucha I, que ya estábamos fabricando), también hoy puede aplicarse al caso de la central china: no hay por qué pagar por lo mismo dos veces.
Cuando nos referimos al combustible con el que se alimenta una central nuclear, no estamos hablando de una “bulk commodity” sino de un artículo de muy alto valor agregado. Se los llama genéricamente “elementos combustibles de central de potencia”, y son haces de tubos de aleación de circonio (zircaloy) que contienen “pellets” o “pastillas” de cerámica de dióxido de uranio sinterizado.
Los haces son productos de la industria mecánico-metalúrgica de alta presión, y aquí los fabrica en el Centro Atómico Ezeiza una empresa mixta de la CNEA con Pérez Companc: Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR).
Para el suministro de ambas Atuchas y de Embalse, además de los aspectos científicos y tecnológicos y del equipamiento de CONUAR, CNEA llevó a cabo el diseño, construcción y planta de las fábricas FAE y DIOXITEK. Como consecuencia, abastecemos nuestras tres centrales con total independencia, sin tener que pagar licencias y sin restricciones comerciales. En el caso de las centrales CANDU, vendidas en 7 países, técnica y legalmente podemos ser proveedores de todos con igual calidad que AECL.
De hecho, el dominio adquirido por CONUAR en aleaciones especiales la hizo proveedora de componentes críticos del submarino nuclear brasileñoSNB Alte. Alberto, de la central nuclearRAPP-8 en la India, de otras 2 centrales de Gorakhpur Haryana Anu en ese mismo país, y de las de Point Lepreau y Bruce Power en Canadá.
Los contratos con Siemens y AECL, resultantes de dos licitaciones internacionales, nos dieron el acceso al conocimiento en aleaciones nucleares de alto desempeño y facilitaron nuestro inicio como fabricantes, y luego como exportadores. Era lo que fijaban los pliegos.
CNEA fuera de la mesa de negociaciónLa primera central Hualong-1 en Fuqing, China, inicia pruebas en frío en 2019.
En función de esta experiencia, no quiero pensar que alemanes y canadienses fueros los buenos y que ahora nos tocan los malos… Las cosas no son así. Además, esto no se correspondería con la posición de Argentina, que en un acto de confianza sobre la capacidad y buena fe chinas, estamos comprando una central tipo Hualong -1 que nunca estuvo conectada a la red un período suficiente como para demostrar que es una máquina confiable. La primera Hualong-1 en entrar “en línea” lo hará a fines de este año. Para el caso, estamos aceptando también de buena fe que el combustible propuesto brindará las condiciones de performance requeridas, asunto tampoco demostrado.
Por ello, el borrador para acuerdo de combustibles preparado por China, sobre el que actualmente se lleva la negociación, debe quedar fuera de consideración. CNEA deba preparar una versión propia, como en una licitación.
Durante la anterior administración nacional, NA-SA desplazó a CNEA de la conducción de la negociación con CNNC. NA-SA tomó el borrador preparado por CNNC como base para la negociación. Fue una decisión típica de país subdesarrollado, o de quien trata temas en los que no tiene experiencia. Se frustra así el deseo de los sectores técnicos de CNEA de llevar a cabo el 100% del proyecto en materia de combustibles.
Ante nuestra sorpresa, con el actual gobierno CNEA continúa desplazada por NA-SA: las negociaciones son reservadas y siguen marchando sobre los rieles del borrador propuesto por China. Las consecuencias serán un acuerdo de compra de tecnología innecesario, con un altísimo precio difícil de justificar, amén de limitaciones para la comercialización. Todo eso contradice nuestra propia historia nuclear así como el interés nacional.
Sugerimos lo siguiente, buscando establecer con China para el largo plazo una relación fructífera y conveniente para ambas partes:
Como ya fue acordado, el primer núcleo y la primera recarga serán de fabricación china por entendibles razones de garantías. Pero los combustibles restantes, y así hasta el término de la vida útil de la central (son 60 años) serán argentinos.
El acuerdo no será un típico contrato comercial de patentes y transferencia de tecnología sino un “joint venture agreement” basado en objetivos comunes de largo plazo, que trata de establecer una “amicable relationship” entre las partes. Esto incluye, entre otros, intercambio de información de performance entre los combustibles Hualong-1 chinos y los que fabriquemos nosotros, la discusión entre pares y la solución colaborativa ante casos de falla, provisión de partes y componentes de los elementos combustibles a pedido de CONUAR, y la presentación de CONUAR como proveedor alternativo calificado en ofertas chinas de su Hualong-1.
La fabricación argentina estará libre de patentes y restricciones de comercialización.
CNEA preparará un borrador para continuar las negociaciones y deberá ser utilizado como base ordenada para la discusión del acuerdo sobre tecnología y fabricación.
Supongo que como consecuencia de actuales urgencias de nuestro país, el gobierno ha demorado la revisión del área nuclear, sus políticas y designación de responsables para estas negociaciones. En la búsqueda del mejor resultado proponemos que con urgencia se disponga que cada parte negocie de lo que sabe: CNEA por el combustible y NA-SA por la central: luego se juntará todo en un contrato único.
Cuando NA-SA aún no existía, esta metodología la usamos con excelente resultado en las tres centrales anteriores. Mi experiencia (estuve a cargo de las negociaciones) me permite recomendar este camino como posible y conveniente.
Carlos Aráoz
El Dr. Carlos Aráoz fue uno de los llamados “12 apóstoles de Jorge Sabato”, jóvenes que en los ’60 y ’70 lo rodeaban a toda hora en las aulas y pasillos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) discutiendo, fogosos, el porvenir tecnológico e industrial de la Argentina nuclear. Aráoz fue concretando esas ideas en “fierros”, empresas, contratos y exportaciones desde 1957, y no lo para la jubilación ni la edad. Fue Gerente de Combustibles y Gerente de Tecnología de la CNEA. Y sigue firme en la defensa de la autonomía energética argentina.
Hoy, lunes 13 de julio, a la mañana, está previsto que Horacio Rodríguez Larreta reciba a Axel Kicillof en la sede de Parque Patricios. Se repitió muchas veces que el jefe del gobierno porteño y el gobernador bonaerense se enfrentan a realidades distintas. En este caso, no. Los dos tienen el mismo problema en el Área Metropolitana Buenos Aires, que forma una sola aglomeración urbana, donde vive cerca del 40 % de la población argentina, en la que –todos los días en condiciones normales- varios millones de personas cruzaban el límite de sus jurisdicciones, la Avenida General Paz y el Riachuelo, en un sentido y en el otro.
El problema es que ayer se registraron 2.387 nuevos casos de coronavirus entre sus dos jurisdicciones. Más del 90% de ellos, más del 90% de todos los nuevos contagios que se detectan en Argentina, son del AMBA. Son cifras parecidas a las de los días anteriores, y la tendencia es a aumentar.
El panorama no es tan negativo como esto haría suponer. En la Ciudad Autónoma los casos de contagios se duplican cada 20 días; a principios de julio, era cada 18 días, y hace un mes, cada 11. En la provincia de Buenos Aires también se registra una mejora lenta: actualmente los casos se duplican cada 15 días; a principios de mes, era cada 13.
En resumen: la curva de contagios no se ha «disparado», pero sigue creciendo, y el virus causante circula entre la población del AMBA, más allá de cualquier posibilidad de aislar contagiados y sus contactos. Es posible que ya estemos en el «pico», pero nadie puede asegurarlo. A pesar de eso, en la ciudad, la provincia y la Nación, se está planeando seriamente en cómo flexibilizar la cuarentena a partir de este viernes 17. ¿Motivos?
Se puede decir, simplificando, que la sociedad lo ha decidido, y los gobiernos lo aceptan resignadamente. Pero es necesario precisar lo que estamos diciendo.
No nos referimos a las manifestaciones y protestas. Aunque para algunos hayan servido para expresar su hartazgo con la cuarentena, y en otros dar rienda suelta a sus delirios favoritos, el hecho es que se trató de hechos políticos. Sirvieron más para mostrar que hay opositores enardecidos contra el gobierno nacional que cualquier posición sobre las medidas de aislamiento.
Tampoco estamos diciendo que una mayoría «se cansó» de la cuarentena. No podemos saberlo. Y en realidad, si se hiciera un plebiscito en la población, es probable que ganaría una propuesta de una cuarentena más o menos restringida. Pero todo eso es irrelevante: cuando un porcentaje importante de la población, no menor al 30% -eso sí es medible en forma aproximada, por registros de tránsito, fotos aéreas, ubicación de celulares- en el conjunto de la Capital y el Gran Buenos Aires, ignora las disposiciones del aislamiento, estas son insostenibles.
Salvo que se acuda, como tuvo que hacerse en Chile y en otros países en algún momento, al toque de queda y al empleo de fuerzas militarizadas. Eso sería concebible sólo en el caso de un aluvión de fallecimientos. Si no, es políticamente imposible.
Hemos presentado el cuadro en forma dramática porque la situación lo es. Pero es necesario ponerlo en contexto.
Hoy hace 115 días que el gobierno nacional decretó el Aislamiento Obligatorio. Para un país que no es famoso en el mundo por el cumplimiento estricto de leyes y reglamentaciones, esa disposición se acató con un alto grado de disciplina y responsabilidad. Inclusive, la famosa y envenenada «grieta» no impidió que gobernantes opositores colaboraran con eficacia. ¿Tal vez esa fama, que hemos fomentado nosotros mismos, sea injusta?
Ahora, ninguna cuarentena es perfecta, ni siquiera en teoría. Los trabajadores de la salud, los que preparan y distribuyen alimentos, medicamentos, combustibles, quienes hacen el reparto a domicilio, los que trabajan en las tareas rurales y en el transporte de cargas, las fuerzas de seguridad,… tienen que salir y trabajar. Es irónico, pero esto sirvió para darnos cuenta que muchas de las tareas imprescindibles están entre las peor pagadas… Como sea, todos ellos son seres humanos, y posibles transmisores del contagio.
También, por supuesto, la cuarentena golpeó con dureza la economía de todos. El Estado hizo un esfuerzo muy importante y lo sigue haciendo para aliviar la situación, pero seamos realistas… Un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos no soluciona mucho. Y el pequeño comerciante, el muy pequeño empresario, el trabajador independiente… Todos los argentinos hemos sido afectados (la mayoría de los habitantes del planeta, en realidad), pero conforme pasan los días y los gastos y las deudas se acumulan, la decisión de respetar la cuarentena, afloja en millones de argentinos.
Además, en todos los grupos humanos hay un porcentaje de imprudentes. Y de los que se tientan en serlo si ven que cada vez más otros lo son, y «no pasa nada». Se puede decir que todo estaba implícito en la naturaleza de este virus, como lo señalamos aquí ya hace meses: gran facilidad de contagio, muy bajo porcentaje de casos fatales, especialmente entre los mas jóvenes.
Es justo decir que la decisión original de la cuarentena y su escalonamiento en distintas fases en las provincias y municipios fue -con todos los errores humanos inevitables- prudente. Y exitosa. Es probable que, si vemos lo sucedido en otros países, haya ahorrado decenas de miles de vidas de argentinos (Seguramente, en algunos países se manejó mejor que aquí ¿alguien se está anotando para el Guinness?).
Pero eso es historia. Aparentemente, los gobiernos con responsabilidades en el AMBA han tomado la decisión de flexibilizar. Y en AgendAR nos sentimos impulsados a hacer dos advertencias. Una de ellas ciertamente los epidemiólogos ya la tienen evaluada, pero…
Hasta donde se sabe hoy -todavía hay tantas cosas que no se saben de esta pandemia- las probabilidades de contagio son mucho más altas en locales cerrados, haya o no contacto físico. Las reuniones numerosas, las clases en los colegios (los niños y jóvenes tienen baja probabilidad de enfermarse gravemente, pero son tan transmisores como cualquiera) y el transporte público son los focos de peligro más importantes.
La otra advertencia es menos obvia… hasta que nos detenemos a pensar. La flexibilización de la cuarentena no hará reanudad la actividad económica por sí misma a ningún nivel siquiera cercano al anterior al 20 de marzo (donde estábamos en recesión, recuerdan?). Gran parte de la sociedad -el que escribe esto y su familia entre ellos- seguirá tomando precauciones razonables: los shoppings, las grandes tiendas, los locales de espectáculos, los gimnasios, el turismo, la gastronomía… tendrán una afluencia de público mucho menor… La digitalización y el teletrabajo seguirán creciendo… ¿Cuántas grandes empresas invertirán en la construcción o el alquiler de oficinas, de cadenas de locales para el público? Profesionalmente, yo no se lo recomendaría en este año, al menos. Es inevitable que el Estado deba coordinar con empresarios, gremios, coocperativas, movimientos sociales, un papel muy activo para estimular la economía. Y resucitar a las pymes, que no volverán a abrir si no pueden redefinir su lugar en esta realidad que ya estamos viviendo.
Nuevamente: bienvenidos a la «nueva normalidad».
(En AgendAR hemos observado en otros notas de Jorge Castro que, aunque es un analista muy bien informado, su entusiasmo por la economía china y la estadounidense puede llevarlo a errores de juicio. Pero en este caso debemos decir que la evidencia justifica sus afirmaciones).
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que la producción china de carne de cerdo caería más de un tercio este año, y se reduciría a 36 millones de toneladas o menos. Esto ocurriría después de que la epidemia de “fiebre porcina” destruyo más de 40% del stock de carne porcina de la República Popular en 2019, lo que implico, aproximadamente, la pérdida de 400 millones de cabezas.
Por eso, USDA previó que las importaciones de carne porcina superarían este año las 4 millones de toneladas, lo que equivale a un alza de 42% en relación a los niveles de 2019.
El consumo de carne vacuna y aviaria actúa en China como subsidiaria de la adquisición de carne de cerdo, que es un componente central de la dieta de los 1.440 millones de habitantes de la República Popular, cuyo ingreso per cápita es de U$S 10.000 anuales, aunque la clase media que integran ya 440 millones de personas tiene niveles de ingresos de entre U$S 35.000 y U$S 45.000 anuales; y serian 750 millones en 2025, para superar 1.000 millones en 2030.
En ese momento, en los próximos 10 años, China podría considerase un “país de clase media” en el sentido estricto del término, con un ingreso por habitante que alcanzaría en esa etapa a 60% del norteamericano.
De ahí que a medida que cae el consumo de carne de cerdo, aumenta la ingesta de carne vacuna y aviaria; y lo mismo sucede con sus compras en el exterior.
Este fenómeno central del mercado chino afecta de manera directa a las exportaciones de carne de la Argentina, que ha mostrado una significativa recuperación en los últimos 30 días, debido a que la República Popular, tras haber controlado la pandemia en sólo siete semanas a contar del 27 de diciembre, ha normalizado en gran escala su economía, incluso en la provincia de Hubei, ciudad de Wuhan, epicentro de la crisis; y por lo tanto recuperaría en gran parte su demanda doméstica a partir del segundo trimestre de este año, con el consiguiente aumento de las compras en el exterior; y entre ellas, y en 1er. lugar, las carnes argentinas.
La clausura forzada de su economía que provocó el estallido del coronavirus hundió la economía china un 6,9% en el primer trimestre del año, pero luego los índices de abril mostraron señales nítidas de recuperación, lo que permite prever un alza del 4% al 5% anual en el segundo trimestre de 2020, y alcanzaría una recuperación plena en la segunda parte del año, incluyendo el boom de consumo de alcance global (U$S 6,9 billones) que experimentó hasta noviembre del año pasado.
Lo mismo ha ocurrido con otros grandes exportadores de carne vacuna, sobre todo en el rubro decisivo de los productos de alta calidad y elevados precios, donde el principal vendedor es Australia cuyas exportaciones a China aumentaron 81% en los primeros 11 meses de 2019, y superaron las 265.000 toneladas, con niveles record sucesivos en los meses de octubre y noviembre.
Lo notable es que fuera de la República Popular, las exportaciones de carne vacuna australiana aumentaron sólo 7% en el mismo periodo, lo que significa que los productores australianos han colocado prácticamente toda su producción en el mercado chino, debido a los altos precios que ofrecen (más de 40% de aumento respecto al año pasado), y han dejado virtualmente de lado sus tradicionales mercados de Japón, Indonesia, Canadá y las Filipinas.
Un dato estratégico central para el posicionamiento de las carnes australianas es que el gobierno chino ha rechazado ya dos cargamentos del producto australiano como sanción a haberse sumado el gobierno de Canberra a la política norteamericana de hostigamiento a la República Popular aduciendo fallas en el laboratorio de Wuhan, que habrían originado la pandemia del coronavirus.
Se podrá utilizar para fabricar barbijos, guantes o forros protectores. La probaron expertos del INTA y del INTI.
Mientras crece la discusión sobre si el coronavirus puede contagiarse por el aire, a través de microgotitas expelidas al hablar en tono normal -sin toser o estornudar- aumenta la importancia de prevenir esta forma de transmisión a través de barbijos eficientes, que ayuden en la sanitización: y eso es exactamente lo que logra un nuevo tipo de tela con un tratamiento que incorpora nanocomponentes y que puso a punto, en tiempo record, un equipo de investigadores de la UBA y de la Universidad de San Martín: los protectores fabricados usando esta tela tejida le aseguran propiedades antivirales, antibacteriales e, incluso, impiden la formación de hongos.
“Antes de que empezara la pandemia estábamos viendo como fabricar toallas usando hilados con propiedades fungicidas, para disminuir los hongos relacionados con la humedad que le da mal olor a la tela”, explicó Alan Gontmaher, fundador de la empresa Atom Protect. “Y cuando llegó la pandemia se nos ocurrió que tal vez fuera posible fabricar una tela capaz de inactivar el virus. Así, por medio de un conocido común, consulté a la doctora Silvia Goyanes”, agregó.
“Cuando Alan se acercó a nuestro laboratorio, a principios de abril, con la idea de desarrollar algún proceso para que sus telas tuviran propiedades “sanitizantes”, pensamos que era posible”, resumió la doctora Silvia Goyanes, investigadora del Instituto de Física de Buenos Aires. Este instituto del CONICET y la UBA tiene una larga experiencia en el uso de nanomateriales capaces de filtrar elementos contaminantes en el agua y también para envases de alimentos perecederos.
“Concluimos que era posible poner a punto un tratamiento relativamente simple y aplicarlo al hilado de telas para que el producto final tuviera propiedades antibacteriales, antivirales y antifúgicas. Y si bien son telas que -por ahora- no son aptas para insumo médico, si contienen nanopartículas activas que degradan e inactivan -en pocos minutos- un gran porcentaje de diferentes tipos de virus, bacterias y hongos”, detalló la experta del Conicet.
Lo que decidieron fue armar una combinación de iones de plata, iones de sulfato de cobre y cloruro de benzalconio. Y visitar la fábrica, donde trabajan 50 personas, para analizar como se tejía la tela y como integrar al proceso productivo sus nanomateriles desinfectantes.
“Una vez que los hilos están embebidos con las nanopartículas, les aplicamos una capa de diferentes polímeros, que los reticula y los fija a la tela, por medio de un golpe de temperatura a 90°C”, detalló Goyanes.
Con las muestras listas el equipo, que sumó a nueve científicos, se dedicó a analizar que pasaba cuando la tela -que sirve para barbijos, camisolines, guantes, forros de camillas o sillones de dentista, entre otros usos- era sometida a los lavados. “Es lógico que la gente quiera lavar estas prendas con agua y jabón, luego de usarlas varias horas, ya que se engrasan al contacto con la piel. Y queríamos asegurarnos que la tela lavada conservara sus propiedades sanitizantes y que los iones continuaran fijos sin desprenderse para que no fueran “respirados” por el usuario”, recalcó la experta.
Con pruebas de microscopia electrónica chequearon como funcionaban tras 15 lavados. Y “vimos que la tela seguía manteniendo poder desinfectante y su uso seguía siendo “seguro”.
Un bonus extra es que, pensando en su posible utilización para barbijos, recurrieron a las propiedades químicas del cloruro de benzalconio que ayuda a generar una nanoestructura cuyo nano-formato no impide la circulación del aire y facilita la respiración normal del usuario.
Y Goyanes concluyó:”para nosotros, acostumbrados al trabajo de laboratorio, fue una gran experiencia: colaborar con un empresario pyme argentino, con fábrica en La Matanza; poner a punto un producto innovador, basado en la ciencia. Y, en menos de 60 días, tener listo una tela probada y de calidad, que puede ayudar a controlar la crisis pandémica”.
Donación de tela auto-desinfectante
Este desarrollo nanotecnológico también suma un costado social. “En un Zoom de todo el equipo de trabajo, donde estábamos discutiendo como avanzar el tema, surgió la idea de poder hacer un aporte social”, contó la doctora Griselda Polla, investigadora del Instituto de Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín y una de las expertas que aportaron su know-how para poner a punto esta tela. Y detalló que “a modo de “pago” por la transferencia de tecnología, la empresa se comprometió a donar a ONGs y cooperativas sugeridas por las universidades, el 10 % de la tela “antipatógenos” que produzca su hilandería. “La idea es que estas organizaciones la utilicen para confeccionar barbijos u otros elementos de protección”.
Para que las pruebas y ensayos fueran completos, las telas con nanocomponentes sanitizantes se mandaron a ensayos hechos por virólogos del INTA que chequearon su funcionamiento destructivo sobre otras cepas de coronavirus, similares al SARS-CoV-2, y con expertos del INTI que comprobaron la forma correcta y trazable de aplicar estas moléculas al tejido del nuevo material.
Enrique Garabetyan
Los creadores: Alan Gontmaher y Silvia Goyanes con los primeros productos
Podría reemplazar equipos que cuestan cientos de miles de dólares y se llama ROSALIND. Se desarrolló en Estados Unidos con participación argentina.
Un biosensor fácil de usar, portátil, accesible para la población y mucho más económico que equipos en el mercado permite detectar contaminantes en agua, informó la prestigiosa revista “Nature Biotechnology”.
“El sensor viene a satisfacer la necesidad de las personas que enfrentan inseguridad hídrica (riesgo de contaminación de las aguas de consumo), de modo que puedan encontrar respuestas locales y accedan a la información de forma más directa”, expresó a la Agencia CyTA-Leloir la doctora en química Daiana Capdevila, quien participó del proyecto durante una estadía postdoctoral en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, y ahora se desempeña como jefa del Laboratorio Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas en la Fundación Instituto Leloir (FIL).
El desempeño del producto fue tan eficaz que ahora comenzarán las etapas para que salga al mercado.
El proyecto fue liderado por Julius Lucks, Kirsten Jung y Khalid Alam, de la Universidad Northwestern, en Illinois, Estados Unidos. Y la “magia” del biosensor es que copia el funcionamiento de las bacterias que detectan todo tipo de sustancias extrañas para defenderse.
Tal como describe la revista “Nature Biotechnology”, los investigadores incorporaron esos sensores celulares en dispositivos que detectaron y midieron con mucha especificidad más de 15 contaminantes distintos: metales como cobre, plomo, zinc, cadmio; varios tipos de antibióticos; y hasta elementos presentes en maquillaje.
El biosensor se llama ROSALIND en honor a la cristalógrafa Rosalind Franklin, una figura clave en el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN. Falleció antes de que James Watson y Francis Crick recibieran el Nobel y su aporte no fue reconocido. Habría cumplido 100 años a finales de este mes (25 de julio).
“Lo mágico del dispositivo es que reproduce fuera de la célula lo mismo que sucedería dentro de ella: una fábrica que, en lugar de hacer proteínas, fabrica exclusivamente unas moléculas que dan un color verde observable a simple vista cuando entran en contacto con los contaminantes”, indicó Capdevila, también investigadora del CONICET.
ROSALIND está dotado de una lámpara Led en una pequeña cajita negra (más chica que una mano) capaz de contener un tubo con moléculas de ADN donde tiene lugar la reacción. Ya se empleó en California, Estados Unidos, para contribuir a decidir qué casas podían ser habitadas luego de un incendio que había contaminado las napas. Aunque “cuesta menos de 100 pesos argentinos”, dijo Capdevila, tuvo un desempeño comparable al de equipos de varios cientos de miles de dólares que requieren personal capacitado.
Daiana Capdevila participó del proyecto durante una estadía postdoctoral en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, y ahora se desempeña como jefa del Laboratorio Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Leloir.
La falta de acceso al agua potable es un problema global (se calcula que casi 8 de cada 10 habitantes en el mundo está en riesgo de inseguridad hídrica), y los métodos para detectar contaminantes de manera confiable son una necesidad para poder monitorear ese recurso clave.
“Estoy convencida de que en Argentina hay muchos lugares donde sería útil contar con maneras más económicas y directas de medir contaminantes en agua”, subrayó Capdevila, quien añadió que está trabajando en un proyecto para adaptar el biosensor a la determinación de arsénico, un contaminante natural muy abundante en las napas de nuestro país.
Hay dos formas de encarar lo que está pasando en el mundo que en AgendAR descartamos como ingenuas. Una, es creer que el coronavirus va a cambiar, mágicamente, las realidades del poder, económico o político, en el mundo. Dos ejemplos de lo que decimos: aunque casi todas las economías nacionales sufren una brutal recesión, no hay, hasta ahora, una «ola de defaults». Las deudas se renegocian, más o menos como antes de la pandemia. Nuestro ministro de economía se está enfrentando a ese dato.
Otro: Bolsonaro, por todo el desastroso manejo que ha hecho de la situación sanitaria en Brasil, y el rechazo que despierta en importantes sectores en su país y en el mundo, no ha sufrido una caída completa en su popularidad. Todavía tiene un porcentaje de apoyo -¿30%?- que evita el juicio político al que algunos les gustaría someterlo.
Por otro lado, también es irreal pensar que esta pandemia, cuyo antecedente más cercano es de 100 años atrás, en un mundo que no tenía la red de comunicación instantánea y estrecha que nos envuelve, pasará sin consecuencias, y volveremos a la «normalidad de antes».
Hasta ahí, lo que nos animamos a decir. El resto, está abierto al debate.
Hoy acercamos este reciente reportaje de María Laura Avignolo a Sami Naïr, académico y escritor franco argelino, especialista en el análisis de la globalización y sus contradicciones, los flujos migratorios, Europa y sus mestizos, con libros traducidos a seis idiomas. Se puede estar de acuerdo o no con sus pronósticos, pero no son triviales.
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«¿El mundo pos coronavirus va a tener la humanidad solidaria que se imaginaron al comienzo de la pandemia?
La pandemia, todavía en curso en África y América latina, ha provocado un trauma en todo el mundo. Es la primera vez que se experimenta algo parecido, no tanto por el numero de muertos sino por la difusión mediática mundial de la información sobre la enfermedad y las medidas necesarias para enfrentarla. Desde este punto de vista, es un acontecimiento realmente antropológico que tendrá consecuencias subjetivas. La solidaridad, de momento, me parece más de condición (nos protegemos mutuamente para evitar la enfermedad) que de proyecto común (no lo hemos decidido libremente). Es una solidaridad obligada ahora, pero nada ni nadie puede afirmar que persistirá en el futuro. Porque, bien lo sabemos, la solidaridad como vínculo social depende de muchos otros factores, no solo del peligro de la pandemia. Basta con ver la cacofonía de las estrategias de los Estados que han sido, de hecho, mucho más insolidarios que solidarios unos con otros.
¿No existe el riesgo de que todo vuelva a ser como antes o dependerá de la velocidad de la recuperación de la economía?
Seguro que todo dependerá de la situación económica. No creo en una recuperación rápida de la economía, porque, entre otras cosas, la crisis existía antes de la pandemia, porque no se solucionaron los problemas planteados por la crisis de 2008 y por la guerra comercial entre China y EE.UU. Volver al pasado es otra cosa. El trauma es profundo, las reacciones de la sociedad serán imprevisibles. Pero está claro que no habrá tabla rasa. Veo mas una superación conflictiva.
¿El mundo que viene será sanitario o la fuerza de la globalización lo va a impedir?
Pienso que se ha tomado consciencia de la letalidad mundial de las pandemias en la globalización, del peligro de las transmisiones de la enfermedad en un mundo abierto a la circulación de mercancías y seres humanos. Ahora, es demasiado pronto saber en qué dirección una política mundial de sanidad, y particularmente la basada en el rescate de la sanidad pública, se puede elaborar. Observo, de momento, una batalla despiadada, por ejemplo, para el control de la OMS, batalla decisiva porque dirigir esta organización es también influir sobre la metodología y el contenido de sus decisiones. China quiere tomar la presidencia, lo que dice mucho sobre las apuestas en juego.
¿Qué rol social y económico va a tener la relocalización de empresas estratégicas que la pandemia va a forzar a regresar a sus países de origen, si quieren autonomía sanitaria?
Un rol eminentemente positivo, no solo por asegurar la autonomía en la producción de medicamentos y herramientas de “soberanía”, sino también para favorecer el empleo nacional. Pero, francamente, no creo que muchas empresas vayan a volver. Por una razón obvia: sus producciones son ya mundializadas, les importa poco el estrecho mercado nacional de sus países respectivos. Venden en el mercado mundial. Asistiremos más a creaciones de empresas beneficiando de ayudas estatales para rearmar los Estados en materia de salud. Las que están fuera buscaran más una relocalización de sus identidades jurídicas para escapar al país de origen.
¿A su criterio, cuáles serán las consecuencias sociales, políticas y económicas pos pandemia?
El trastorno en la estructura y el reparto del empleo tendrá inevitablemente consecuencias enormes. Socialmente, el paro de la actividad en sectores de amplio empleo (restauración, turismo, construcción, infraestructuras, astilleros, empresas industriales, producción de automóviles, ) sufrirá más que en los sectores del servicio terciario (bancos, administraciones, ), que han limitado los daños merced al teletrabajo. Políticamente, todos los gobiernos pueden padecer una grave inestabilidad por su actuación, muy criticada hoy por la opinión pública frente a la gestión coronavírica y mañana frente a la crisis política. ¡No me gustaría estar en el sitio de los dirigentes en caso de elecciones en los meses próximos! Económicamente, tal y como ocurre con cada crisis, habrá una reorganización y readaptación de las economías a las nuevas reglas de competencia y de fuerzas. Situación que generará nuevos conflictos.
Medio mundo sigue confinado. ¿Qué impacto va a tener el desconfinamiento en las sociedades y en la convivencia? ¿Cómo serán las relaciones sociales tras este aislamiento y distanciamiento social?
Quizás la palabra, la más difícil de contestar en su pregunta es la del “distanciamiento social”. Desde la filosofía, la socialización es el aprendizaje de la confianza con el otro. Ahora bien, el desconfinamiento es el aprendizaje de la desconfianza frente al otro. Pero no puede durar mucho tiempo la actitud de retirada hacia el otro, pues se volvería insoportable la vida. La normalidad se restablecerá mecánicamente. De todas las maneras, ya vivimos en la “sociedad del riesgo»: riesgo económico, de seguridad social y diario, en un mundo cada vez más precario, violento, de pobreza, de incertidumbre constante. Es el precio de la globalización, que ha fragmentado todas las sociedades, porque no no busca la prosperidad del ser humano sino solo la del beneficio. Nuestra humanidad, desgraciadamente, la de la mayoría de la gente, se encuentra ya terriblemente dañada. No solo por la economía sino también por los desastres medioambientales que genera la brutal competencia en los mercados globalizados.
¿La pandemia va a acentuar las diferencias sociales y educativas? ¿Gente de clase media que hace “teletrabajo” y obreros y sus hijos que vuelven a los trabajos y a sus colegios cuando el virus aún circula?
El proceso ya puesto en marcha estos diez últimos años, por lo menos en Europa, de descalificación de las capas medias bajas y medias, se va a acentuar inevitablemente. También el paro va a incrementar porque la pandemia generará unas mutaciones tecnológicas importantes. El teletrabajo, la figura del trabajador “virtual”, se extenderá porque es funcional al sistema. Es decir, se adapta como un guante a los intereses de las empresas, que ahorran una parte significativa de sus inversiones haciendo trabajar la gente en su casa, lo que es un retorno, en términos de mercado social de trabajo, al capitalismo del siglo XIX. Es una manera de transferir los gastos de infraestructura a los trabajadores (de la misma manera que la gestión de otras actividades -en el ámbito bancario, en el sector de los servicios, etc.- se ha transferido al ciudadano por el medio on-line). El problema es que aumenta la tensión ya existente en las condiciones, en general intensas, de gestión de las relaciones de trabajo. Puede ser, al fin y al cabo, el anuncio de una nueva época de luchas sociales duras. Veremos.
Las instituciones tradicionales europeas y los parlamentos han estado casi mudos en medio del coronavirus. ¿En la pos pandemia, qué rol van a tener cuando han sido mudos, sin la menor “accountability” frente a la sociedad al igual que la Unión Europea?
La crisis de Europa no es un asunto nuevo generado con la pandemia. Data, sobre todo, desde la crisis financiera mundial de 2008 y la política de austeridad impuesta por Alemania para salvar el euro. Es decir, el marco alemán disfrazado en euro. Ha generado una contundente oposición entre países del norte (Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria) y los del sur de Europa. Creo que esta difícilmente superable a medio y largo plazo. Una nueva crisis de la deuda es inevitable; el dinero puesto en la mesa por la UE no va a bastar. La crisis de Europa es estructural, porque tiene que ver con la misma concepción del euro, que es una moneda única que embarca países cuyo desarrollo económico es fuertemente desigual y diferente. Estoy convencido que los países del norte no aceptarán, al fin y al cabo, coexistir en una misma zona monetaria tan exigente como la del euro, pagando las deudas de los países del sur. Salvo si se pone en marcha a la vez un aumento significativo del presupuesto europeo (que ahora no representa más del 1,4 % del PIB de la toda la UE) y una mutualizacion de las deudas comunitarias.
La emisión monetaria de los estados asusta a muchos economistas. ¿Cuál es la escala real, según su visión?.¿Qué impacto va a tener en la vida de la gente, en la inflación?
De momento, en Europa, la inflación no es el principal peligro, pues Alemania no la quiere y el Banco Central la controla bastante bien, con tipos de interés bajos o negativos. Me parece incluso que un poco más de inflación con el aumento de los sueldos y más empleos no sería mala decisión. En América latina es otra cosa: la inflación es terrorífica, castiga a los más débiles y pobres, arruina las capas medias. Ahora bien, los guiños de nacionalización de la economía de los que hemos sido testigos no son, a mi juicio, sino un espejismo, porque discurren bajo el lema “socialización de las pérdidas y posterior privatización de las ganancias”. Es decir, no se puede pasar de una economía neoliberal que rige la globalización a una economía de nacionalización generalizada, sin una transformación profunda, política y económica, acompañada de un modelo social solidario. El sistema hoy es eminentemente pragmático. Las políticas nacionales se van adaptar en función, cada una, de su peso y sus posibilidades. Pero lo que sí es seguro, es que la globalización atraviesa una crisis que puede ser letal. El proceso de “desmundializacion”, si camina por la vía de una transformación del modelo económico, es una señal sobre la que cabría ahondar, porque creo que será decisivo en las próximas batallas políticas. Se trata de recuperar ciertos sectores económicos para proteger la soberanía de los Estados y el bienestar público de las sociedades. Un llamamiento, en cierto sentido, al rescate de los restos del welfare state.
La Unión Europea estuvo ausente en la crisis.¿ Cómo cree usted que va ayudar en la reconstrucción pos pandemia a España, Francia e Italia especialmente?
Más allá de la financiación para evitar el colapso en los países del sur europeo, la UE tendrá que mantener por mucho tiempo la suspensión que ha decidido, bajo las presiones de Francia, Italia y España, de los criterios de convergencia del pacto de estabilidad (menos de 3% de déficit presupuestario, menos de 62% de deuda pública, 1,3% máximo de inflación). Personalmente, sueño con el olvido del mismo “pacto de estabilidad”. Prefiero un pacto de relanzamiento, basado en la creación de empleos, en una firme política de empleos verdes, y en la introducción, en los estatutos del Banco central, de este objetivo de creación de empleo. Antes de la puesta en marcha del euro entre 1999 y 2002, el crecimiento de la zona era mucho más importante. El pacto de estabilidad ha sofocado el crecimiento de cada nación y favorecido solo la política de exportación comercial europea y mundial de Alemania.
El desempleo, los despidos, la precariedad laboral van a ser la otra consecuencia de la crisis. ¿Cómo evitar ese dolor? ¿Es responsabilidad de los estados impedirlo?.¿Por cuánto tiempo?
Es una situación ya vivida desde la anterior crisis económica, y que reviviremos hoy con mayor intensidad, si cabe. Neutralizar ese dolor social está en manos de la responsabilidad de los gobiernos elegidos por la ciudadanía que confía en ser protegida. Una desasistencia política conllevará una mayor resistencia por parte de las sociedades civiles, porque el trauma ha sido y es grave.
¿Cómo van a utilizar la actual situación, el miedo, la precariedad, los movimientos populistas?
El nuevo fascismo es una realidad en todo el mundo. Hay también, en Europa como en América del norte y del sur, gobiernos proto-fascistas que buscan chivos expiatorios para legitimar y desviar la atención de su impotencia e incompetencia. Los movimientos populistas de extrema derecha en Europa quieren deslegitimar a los Estados democráticos. Lo que pasa ahora evoca peligrosamente los años veinte y treinta del siglo pasado, con el auge del fascismo…
¿La pérdida de liderazgo de Estados Unidos necesariamente va a ser reemplazada por China o no puede, después de su rol en la diseminación del virus y su opacidad?
No creo que, en este sentido, China pueda obtener grandes réditos de la crisis coronavírica, aunque suplantará comercialmente a los Estados Unidos en los próximos años. Pero es un escenario que ya se estaba dibujando antes de la pandemia. El mundo entero desconfía de China por su sistema político autoritario y su papel en el nacimiento del virus … Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: existe una demanda por parte de los países occidentales de liderazgo de los EEUU, no de China. Pero es una demanda frustrada por la política de destrucción del sistema de alianza occidental determinada por la política aberrante e histriónica de Donald Trump. Este terrorífico estado de cosas podría cambiar si este mandatario pierde las elecciones. Aunque, en el fondo, sobre los grandes ejes estratégicos, no haya grandes diferencias entre Republicanos y Demócratas.
Otros de los grandes olvidados y victimas de este virus han sido los inmigrantes. ¿Será una excusa para olvidarse de ellos, negarles la entrada, deportarlos?
Desde el inicio de la pandemia, el actual gobierno de Grecia eliminó el derecho de asilo, lo que nunca se había visto en ninguna parte del mundo desde la Convención de Ginebra de 1953. Otros países han elegido la misma senda. Es decir, nada nuevo en el endurecimiento de las condiciones de los refugiados y de los inmigrantes en el espacio europeo. Los Acuerdos de Schengen, que gestionan la política común europea se encontraban ya paralizados desde la crisis de los refugiados de 2015. Hoy no existe diferencia entre gobiernos flexibles y duros, ¡simplemente prohíben la circulación dentro del mismo espacio europeo a los inmigrantes que han podido entrar! Todos los gobiernos abogan por la vía dura, la UE también. Es la realidad.»
El canal de noticias A24 hizo ayer un reportaje a fondo a la Vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, sobre la ayuda económica que está canalizando el Estado, los planes para el futuro inmediato y los criterios que guían esta política.
Debemos decir que, en un gobierno que no se caracterizado hasta ahora por una comunicación brillante, este video de 15 minutos de la licenciada Todesca ha sido la exposición más clara que hemos escuchado de un funcionario.
Aparte de eso, estamos profundamente de acuerdo con el concepto central que planteó: «La gente necesita un trabajo digno y no que le tiren plata desde un helicóptero».
La elección de la Argentina como primer aliado para el ensayo de pruebas de vacunas de Covid-19, además de los dos países originarios del desarrollo científico, Alemania y EE.UU. es notable.
Tres razones gravitaron para que los gigantes Pfizer y BioNtech se inclinaran por la Argentina para desarrollar sus pruebas de la vacuna de Covid-19: La experiencia científica y las capacidades operativas del equipo investigador principal de epidemiología, que lidera Fernando Polack; la experiencia previa de la Argentina en la realización de estudios clínicos y el pico de contagios que enfrenta el país al momento de realizar los ensayos.
Esas son las principales razones para haber elegido al país como primer aliado de Estados Unidos y de Alemania, según se informó desde Pfizer y BioNtech. Se trata de la fase 2b / 3 de la vacuna candidata con tecnología ARNm, que actualmente se encuentran en fase 1 / 2 y que, el pasado 1° de julio obtuvo datos preliminares positivos en 45 individuos por su seguridad y eficacia. El primero de los voluntarios para acceder a esta vacuna fue un ciudadano norteamericano.
Los laboratorios trabajaron en una primera instancia con 200 personas en Alemania y 370 en Estados Unidos. Luego se focalizaron en los resultados de 45 de estos voluntarios. «La idea ahora es acceder a una representación variada de ciudadanos que participarán desde la Ciudad y desde el Gran Buenos Aires», dice Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer Argentina.
El comienzo de las pruebas:
Ambas empresas declararon que esperan poder comenzar con los estudios fase 2b/3 en agosto, cuando lleguen las aprobaciones regulatorias apropiadas en los mercados globales seleccionados.
El país se suma de esta manera a un ensayo global, que se hará con la suma de 30.000 voluntarios de distintas partes del mundo. La Argentina se une a los voluntarios ya reclutados en Estados Unidos y Alemania, los países de origen donde se desarrolló el avance científico.
El estudio se centrará en el Hospital Militar Central, donde hay un equipo que trabaja desde hace muchos años, «para tratar de ser lo más amplio posibles en esta convocatoria y hacerlo de forma responsable. Los participantes surgirán a través de una gran alianza con sectores públicos y privados», anticipó quien lidera el equipo investigador, Fernando Polack.
Las pruebas en la Argentina comenzarán a gestionarse desde el Hospital Militar y desde allí podrían extenderse a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. No estarán limitadas a los profesionales de la salud o personal de seguridad sino que estaría abierto a la población general.
Según se explicó, los voluntarios que se convocarán serán personas sanas -a los que se los someterá a una prueba de Covid-19 antes del ensayo- para probar la eficacia en la prevención de la enfermedad. De acuerdo a los ensayos preliminares la vacuna candidata permite desarrollar un nivel de anticuerpos altos, tan altos como los de los enfermos que se logran recuperar.
Las pruebas mostraron seguridad ya que no registraron efectos secundarios adversos, más allá de enrojecimiento localizado en el lugar donde se inyectan las dos dosis y fiebre baja, afirma Nicolás Vaquer.
Las temperaturas en los próximos cinco años pueden alcanzar hasta 1,5° C por encima de los niveles preindustriales, el límite establecido por los científicos para evitar graves consecuencias sobre la vida humana y los ecosistemas.
Se necesita una acción climática urgente y sostenida, advierten los expertos de las Naciones Unidas que recuerdan que la reducción de emisiones a causa del COVID-19 no es ni será suficiente.
El junio de 2020 fue el segundo más cálido de la historia, superado por el de 2019 por apenas 0.01 grados centígrados. Los últimos cinco años fueron los más cálidos desde que hay registros, y el panorama para los próximos cinco años indica que el calor continuará rompiendo récords, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
En el último año, las temperaturas han estado en promedio un 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales y predicciones climáticas indican que la tendencia continuará: es probable que la temperatura media mundial anual esté por lo menos un grado por encima en cada uno de los próximos cinco años (2020-2024).
En algunas partes de la tierra será más seco de lo habitual, en otras más lluvioso
Las probabilidades de que, por lo menos un año, supere ese valor de referencia en más de 1,5°, son del 20%, afirma el más reciente boletín sobre el clima mundial.
Según el estudio, la temperatura media de la Tierra ya está 1,0° por encima del valor de la era preindustrial y hay un 70% de probabilidad de que, durante los próximos cinco años, haya uno o varios meses con una temperatura por lo menos 1,5 ° por encima de esos niveles. La temperatura de prácticamente todas las regiones, excepto partes de los océanos meridionales, será más cálida que en el pasado reciente.
“Este estudio de alto nivel científico pone de manifiesto el largo camino que queda por recorrer si queremos cumplir el objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de lograr que este siglo el aumento de la temperatura mundial quede muy por debajo de los 2 ° con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir con los esfuerzos para limitar ese incremento de la temperatura a 1,5°”, expresó el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.
Los modelos de pronóstico no toman en consideración los cambios en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles fruto de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz del brote de la enfermedad provocada por el coronavirus.
“La ralentización industrial y económica causada por la COVID-19 no sustituye una acción climática continuada y coordinada. El período de persistencia del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es extremadamente prolongado y, a raíz de ello, no se espera que la reducción en las emisiones de este año suponga una disminución de las concentraciones atmosféricas de CO2 que impulsan la subida de la temperatura mundial”, explicó Taalas.
Añadió que si bien la COVID-19 ha ocasionado una grave crisis sanitaria y económica a escala internacional, el hecho de no abordar el cambio climático puede amenazar el bienestar de las personas, los ecosistemas y las economías durante siglos, por lo que los gobiernos deberían aprovechar la oportunidad para integrar la acción climática en los programas de recuperación y velar por que, al retomar la senda del crecimiento, este se sustente en mejores cimientos.
En AgendAR insistimos en las últimas semanas en que la «nueva normalidad» no pertenece a un futuro impreciso. Ya ha comenzado; las limitaciones, y los traumas que han provocado la pandemia y las medidas para limitar los contagios son parte de una realidad que permanecerá entre nosotros, con cambios y adaptaciones. Y desde que estamos online publicamos sobre la innovación tecnológica y la digitalización, por supuesto.Ahora, estos dos temas se enfocan en la mayoría de los casos con preocupación y, muchas veces, en forma conservadora. Es natural: la pandemia es un peligro para todos, no sólo los grupos de riesgo. Y desde hace bastantes años, en la cabeza de muchos trabajadores, aún entre profesionales y jefes, está subconsciente el temor de que una máquina lo reemplace.Por eso damos la bienvenida a esta reflexión que proviene de un hombre del mundo gremial: Rodrigo de Echeandía, abogado especializado en Negociación Colectiva y Empleo Público, psicólogo social y dirigente sindical de UPCN. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor en el sector público y asesora Sindicatos y Federaciones. Y, lo más importante, propone avanzar hacia el futuro para modelarlo, y no esperar que nos caiga encima.
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«La llegada del Covid 19 y este nuevo escenario mundial de crisis económica global, nos interpela profundamente y nos obliga a repensar una nueva normalidad, un nuevo modelo económico y con ello, nuevas características del mundo del trabajo post pandemia y/o durante el proceso de recuperación, que los Estados deberán desarrollar.
Como dicen los chinos, toda “crisis” conlleva una “oportunidad”, y la oportunidad que tenemos, es la de volver a “contratar socialmente” una gran cantidad de materias, entre ellas en lo social, político y laboral.
Desde la aparición de la escritura, los análisis filosóficos y sociológicos, nos han mostrado los pro y los contras de los diferentes sistemas políticos y económicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad; todos ellos se han forjado, apoyándose en la fuerza productiva de hombres y mujeres, que son quienes en definitiva siempre, han hecho y hacen posible el sostenimiento de un sistema que necesita de unos y otros para sobrevivir.
Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la economía basada en el conocimiento y un mundo casi totalmente digitalizado, donde la inteligencia artificial avanza de manera viral, las distopías imaginadas por aquellos luchadores anarquistas de la primera revolución industrial (que veían en la máquina a vapor un enemigo poderoso, al que debían destruir para garantizar y proteger sus puestos laborales), pueden estar próximas a cumplirse. Lo que está claro a diferencia de aquellos luchadores, es que hoy nadie debe ver la tecnología como su enemiga, sino todo lo contrario, es nuestra principal aliada.
Ahora bien, sin olvidar que las conquistas obreras se han logrado a base de luchas, sacrificio y muerte de trabajadores, la realidad es que, si en un contexto de crisis económica generalizada, con caídas del PBI en torno al 10% a nivel global; si no logramos un consenso entre los principales actores, (Empresarios, Trabajadores y Estado) lo más probable es que volvamos a repetir la dolorosa historia de los mártires del movimiento obrero. Pero como la historia debería servir entre otras cosas, para no volver a repetir errores, es muy posible que estemos ante el escenario propicio para empezar a escribir una nueva buena historia de los derechos de los trabajadores.
Es por esto que es imperativo desarrollar políticas que no sólo busquen reactivar la economía, sino que también tengan como objetivo lograr que no haya trabajadores por afuera del sistema; construir la nueva normalidad. Para ello, si no logramos un consenso general entre las tres patas o partes que lo conforman, cualquier política que se pretenda implementar estará condenada al fracaso.
Es bien sabido que cualquier sistema económico requiere tanto de los empresarios y sus empresas con sus trabajadores, como de un mundo ávido por disfrutar de los bienes y servicios que éstos generan, con lo cual si no logramos que el nuevo sistema lo garantice, también estará condenado al fracaso.
Por tales motivos, es que debemos cambiar de paradigma, idear un escenario que vuelva a definir el marco teórico y normativo del mundo del trabajo. ¡La ecuación para definir la plusvalía ya no es la misma! ¿Cuánto es lo que un robot produce en una hora? Entonces, ¿cuánto es lo que el trabajo de un hombre que opera, enciende o supervisa ese robot, aporta a las ganancias de la empresa? Es el momento de volver a mensurar el valor del aporte de los trabajadores, de redefinir la jornada laboral, de rediseñar a nuevo este escenario, sin ignorar que ya no sólo debemos garantizar el descanso, sino también las horas de ocio y esparcimiento, organizando nuevamente actividades sociales y que los trabajadores estén inmersos en el sistema, para volver a ser los destinatarios y consumidores de los bienes y servicios producidos, desempolvando y aggiornando las teorías keynesianas.
Para lo cual debemos, volver a definir las actividades productivas, rediseñar y volver a inventar todos y cada uno de los puestos de trabajo que existen, aceptando que la jornada laboral, no podrá superar las 4 hs. diarias, o agregar un nuevo día no laborable en la semana; que los turnos deberán duplicarse de manera tal que la cantidad de trabajadores por actividad, rápidamente aumente, con el objetivo de ir generando el círculo virtuoso que incorpore nuevos actores al mundo productivo.
Para ello, los espacios pensados para el esparcimiento deberán mejorarse y desarrollarse, y debemos pensar un sistema basado en el bienestar sin olvidar maximizar las ganancias. Según el Banco Mundial, más del 26% de los humanos es pobre y según las proyecciones, debido a la pandemia del Covid 19 podría llegar al 36% el porcentaje de personas que viven con menos de U$S 3,20 dólares al día. Estos son números que el mundo de la producción y el trabajo no puede ignorar y a los que se debe apuntar, con el objetivo de agrandar el mercado.
¡Llegó el momento de crear un ingreso mínimo universal! De aceptar que el humanismo debe guiar nuestras acciones, se trata de conformar un ingreso en efectivo, de carácter mensual que asegure las condiciones mínimas de subsistencia de todos y cada uno de los argentinos y argentinas; dotándoles de mayor libertad, eliminando así los planes sociales y evitar las sospechas y acciones de clientelismo político, poniendo como única obligación o contraprestación la educación y/o la formación.
Quizás debamos ir elaborando un nuevo “Pacto Federal” o pensar en una reforma Constitucional, que permitan coparticipar entre todos los argentinos las regalías provenientes del producido de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, tomando como modelo para su administración, el fondo de sustentabilidad de la Anses o el Fideicomiso generado por Alaska que se compone por el 25% de los ingresos petroleros de ese estado, funcionando con éxito desde 1982, otorgándole a sus habitantes, una renta anual sin ninguna otra prestación más que la de ser miembro de esa comunidad.
El Estado, desde sus diferentes poderes, deberá ir propiciando las políticas y los escenarios para ir logrando los objetivos propuestos; esto es, desde el Poder Legislativo, modificar los textos normativos, luego de haber arribado a consensos con y entre las Provincias, los Empresarios y las Organizaciones de Trabajadores. Mientras tanto el Poder Ejecutivo deberá ir incentivando a partir de políticas concretas, la creación de puestos de trabajo registrados y bien remunerados, de manera de garantizar el funcionamiento del sistema. Para ello dictará normas que reduzcan los costos laborales de las empresas que vayan adaptándose rápidamente, con propuestas como que aquéllos nuevos trabajadores que se registren, sólo paguen un porcentaje de los aportes patronales, ofreciendo escenarios de exenciones impositivas, buscando compensar las arcas públicas con el aumento en la producción, venta y circulación de bienes y servicios; ya sin necesidad de pagar los Ingresos Federales de Emergencia y/o los diferentes planes sociales. Seguramente sea tentador crear un nuevo impuesto a la incorporación de robots y nuevas tecnologías a los sistemas productivos, si bien es una idea que no habría que descartar, aumentar la presión impositiva probablemente no ayude en contextos como este.
Las Organizaciones de Trabajadores, deberán recontratar sus Convenios Colectivos de Trabajo, adaptándolos a los nuevos tiempos, reconociendo las diferentes realidades de cada rama de actividad, procurando generar nuevos derechos y escenarios que garanticen las mejoras en las condiciones de trabajo y la capacitación de sus representados.
A la hora de pensar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y todas, será ineludible revisar las persistentes “brechas de género”; ¡ir hacia un claro esquema de corresponsabilidad! Para esto debemos también revisar los programas formativos, buscando lograr a través de la educación los cambios que queramos generar.
Haciendo un ejercicio rápido de memoria, durante mis años de formación escolar y académica, los mejores promedios estuvieron en cabeza de mujeres y el mundo del trabajo no ve reflejado esto en sus puestos de conducción. Las políticas de género impulsadas hasta el momento, si bien han sido de mucha utilidad, no están demostrando la eficiencia esperada; la incorporación en las listas de legisladores a hombres y mujeres por partes iguales, no tiene su correlatividad en la producción de normas con plena eficacia. Diariamente somos espectadores de hechos de injusticia, que naturalizamos. Por nombrar sólo un ejemplo, debemos reconocer a las trabajadoras que hacen un aporte económico incuantificable en las tareas de cuidado de niños, niñas y adultos mayores. La forma en que el mercado, e incluso el Estado, resuelven estas necesidades es relevante no sólo desde el punto de vista social, sino también por su impacto en la producción y el empleo. La obligación social de estas tareas, que recae mayoritariamente sobre las mujeres repercute en el reconocimiento económico de ellas como un trabajo. Esta actividad, ¡no es amor, es trabajo no remunerado! Sin dudas, el nuevo contrato social deberá partir de una equidad clara entre varones y mujeres.
Nos encontramos ante una economía a la que el Covid 19 le ha puesto el freno de mano y es necesario volver a reactivar. Para ello será muy importante el trabajo mancomunado entre los diferentes actores sociales, estimulando y desarrollando nuevas políticas de estado, abriendo un gran debate, sobre los temas propuestos, propiciando mecanismos de inspección y formación por parte del Estado, que hagan posible la implementación de esta nueva batería de medidas.
El mundo ya no es el mismo y una vez superada la pandemia, difícilmente volveremos a la dinámica a la que estábamos acostumbrados, ¡hay que barajar y dar de nuevo!»
En octubre de 2014, el gobierno de Cristina Kirchner negoció un «swap» o intercambio de monedas con China (su gobierno ya había negociado un primer swap en 2009). En la práctica, el swap equivale a un crédito, en este caso por un total de yuanes (moneda china) equivalente a 11 mil millones de dólares.
La diferencia con un préstamo convencional es que el monto no ingresa de una vez en la economía local, sino que el Banco Central incorporó ese monto a sus reservas en divisas, para utilizar según sus necesidades. Una vez finalizado el plazo fijado del intercambio financiero, el Central debería hacer disponible a China la suma original en yuanes y China lo haría con la suma en pesos.
Apenas asumió Mauricio Macri, en diciembre de 2015, su primer ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, reconoció la necesidad de reforzar las reservas del BCRA y anunció la decisión de ampliar este acuerdo de swap con el Banco Central de China. Y así se hizo.
Ahora, según la habitualmente bien informada periodista Natasha Niebieskikwiat, el presidente Xi Jinping ha enviado una carta a su par argentino, Alberto Fernández, donde dice: «China y la Argentina son socios estratégicos integrales», y afirma que su país apoya «firmemente los esfuerzos argentinos para salvaguardar la estabilidad y el desarrollo». Señala no tener dudas de que «la parte argentina podrá vencer las dificultades temporales y retomar el crecimiento estable, sano y sostenible».
Y en la nota informa a Fernández que «con respecto a su propuesta de renovar el Acuerdo Bilateral de Swap de Monedas y el Acuerdo Complementario, ya he dado instrucciones a los departamentos chinos pertinentes a acelerar las consultas con la parte argentina».
Según N. N., en la nota Xi habla también de otras cuestiones, entre ellas la cooperación de China con Argentina en materia de insumos para afrontar la pandemia del COVID 19.
En la última semana, se contabilizaron 36 vuelos que se hicieron a China desde Argentina para buscar 460 toneladas de materiales médicos para enfrentar el coronavirus. Fue en aviones privados y de Aerolíneas Argentinas. Según la agencia Xinhua, y a ello hay que sumarle un capítulo marítimo. Habrá cinco barcos de carga que transportarán 7 millones de insumos. Una parte del material chino sería donada y otra comprada.
En lo que hace al swap en sí, se compone de dos «lotes» por un total cercano a los 20 mil millones de dólares.
El que vence el próximo 27 de julio es de US$ 8.500 millones y está vigente desde el 27 de diciembre de 2015. El primer swap había sido negociado por la administración de Cristina Kirchner, en 2009 y renovado en 2014. El otro swap es de u$s 10.000 millones (o su equivalente en yuanes) fue firmado el 1 de diciembre de 2018 por la administración de Macri y sigue vigente hasta el 2023.
En el Banco Central de la República Argentina no harán comentarios mientras estén las negociaciones en marcha.
Más de 10.000 personas que viven en su mayoría en el AMBA participaron de una encuesta diseñada por especialistas de Fleni.
El Servicio de Neurología Vascular de Fleni, dirigido por el Dr. Sebastián Ameriso, llevó adelante una encuesta “online” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la que participaron más de 10.000 personas. Este estudio es parte del programa SIFHON de Fleni que desde hace varios años realiza relevamientos sobre conocimiento y conductas ante el ACV en la población general.
“El objetivo del estudio ‘SIFHON-Covid’ fue conocer y tomar dimensión del comportamiento de los ciudadanos durante el período de aislamiento, especialmente en cuanto a control de factores de riesgo vascular y conducta ante síntomas compatibles con ACV.” Dijo la Dra. Soledad Rodriguez Perez, coordinadora del estudio. “Esta encuesta con miles de participantes nos brinda una foto muy precisa de un tema que nos preocupa…la severa caída en la atención de problemas serios de salud más allá de los relacionados con la pandemia”, sostuvo el Dr. Ameriso.
Resumen de los resultados más significativos:
• Se completaron 10.136 encuestas en el AMBA. El 37% fueron mayores de 60 años y 16% vivían solos.
• Solo el 38% de los encuestados cree que los hospitales cumplen con todas las normas de seguridad para protegerlos de eventuales contagios de coronavirus.
• El 39% reportó antecedentes de algún factor de riesgo vascular como: hipertensión, diabetes, colesterol elevado, arritmias cardíacas o un ACV o infarto cardíaco previos.
La conclusión más fuerte fue:
• El 76% refirieron no haber continuado con sus controles médicos habituales durante el ASPO.
• De los que necesitaron recetas, 21% refirió dificultades para obtenerlas.
• Cuando se planteó una situación hipotética de conducta ante síntomas neurológicos leves o transitorios, el 9% dijo que no consultaría debido a la situación de cuarentena.
• El 6% de los encuestados reportó haber tenido síntomas compatibles con un ACV, como debilidad en un lado del cuerpo, trastornos del habla, etc. De ellos, solo 34% hizo una consulta en una institución médica. De los que no consultaron, aproximadamente la mitad no lo hizo por no haberle dado importancia a los síntomas y el resto tuvo miedo de salir de su casa o de concurrir a una institución médica.
Estos datos confirman que gran parte de la población ha dejado de cuidar aspectos importantes de su salud debido a la situación de aislamiento obligatorio, a lo que se suma el temor al contagio en las instituciones médicas y cierto desconocimiento de los síntomas de un ACV y de las conductas necesarias para su correcto manejo temprano.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció una serie de Fases en las que se va encasillando semanalmente a los 135 distritos que la conforman, según la circulación del virus COVID-19 que se detecte en ellos por el número de contagios.
En este momento, la mayoría de las intendencias se encuentran en Fase 5 donde todas las actividades económicas están permitidas bajo protocolo e incluso se habilita las reuniones de hasta 10 personas y algunas actividades deportivas. En total son 69 distritos lo que se encuentran atravesando esta situación.
Luego existen 22 ciudades que se encuentran en Fase 4, es decir con algunas restricciones. Se trata de las ciudades de: Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chascomús, Chivilcoy, General Belgrano, General Pueyrredon, General Villegas, Lobos, Mercedes, Monte, Necochea, Olavarría, Punta Indio, Roque Pérez, Salto, San Antonio de Areco y San Pedro.
Y de acuerdo a un informe publicado en el Boletín Oficial, son 9 las localidades que se encuentran en Fase 3. Ellas son: Brandsen, Campana, Cañuelas, Castelli, Dolores, Exaltación de la Cruz, Hipólito Yrigoyen, Suipacha y Zárate.
Los 35 distritos restantes forman parte del Área Metropolitana y permanecen en cuarentena estricta desde el 1 de julio según las últimas disposiciones conocidas.
Los conglomerados urbanos que siguen en esta etapa hasta el 17 de julio, son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
La empresa Patagonia Beverage, con el asesoramiento del INTA, busca transformar 400 toneladas anuales de orujo, derivados de la elaboración de jugos, en energía y fertilizantes.
Con una producción anual de 600 mil litros de jugo Pura Frutta y una estimación de crecimiento del 30 % para el 2020, la empresa Patagonia Beverage dio un paso más. De la mano del INTA, busca transformar 400 toneladas anuales de orujo, derivados de la elaboración de jugos, en energía y fertilizantes.
Para Lucas Zanovello –diseñador industrial del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) del INTA Región Patagonia–, “los residuos orgánicos que generan algunas producciones pueden representar un problema, si no son gestionados y tratados adecuadamente”.
En este sentido, destacó el trabajo que realiza la empresa Patagonia Beverage: “En la producción de sus jugos, Pura Frutta genera 400 toneladas anuales de residuos de orujo de frutas. Su tratamiento y reutilización es un desafío que decidieron encarar junto con los técnicos del INTA”.
“Pusimos en marcha un plan de aprovechamiento de los residuos de la elaboración de jugos para generar biogás y biofertilizantes que puedan ser utilizados en el ciclo productivo”, explicó Martín Carro co-fundador de la empresa Patagonia Beverage.
En sus inicios, la empresa reutilizaba el orujo de la fruta procesada deshidratado como subproducto para ensilarlo y producir alimentos balanceados para consumo animal. Sin embargo, la posibilidad de producir energía y biofertilizantes resultó una alternativa más seductora frente a la posibilidad de reducir los costos energéticos.
Actualmente, están en un proceso de traslado hacia la localidad de Villa Regina en donde contarán con instalaciones de mayores dimensiones y podrán aumentar la producción. Allí, emprenderán el desafío de instalar un biodigestor piloto y generar bioenergía para toda la planta, con el acompañamiento técnico del INTA.
“Si bien nos trasladamos a un predio más cómodo, tiene la desventaja de no contar con una red de gas natural y nos encontramos con que el costo del gas licuado es muchísimo más caro”, detalló Carro.
Un biodigestor para sacarle el jugo a la producción
Para el caso puntual de la juguera Pura Frutta, instalarán uno de 260 metros cúbicos en la nueva planta para procesar todo el efluente sólido y líquido. “A priori, los volúmenes de biogás que se generan son más que suficientes para los consumos que tenemos”, aseguró Carro.
Y agregó: “Estamos estudiando la composición del fertilizante para utilizarlos con nuestros proveedores de fruta y así poder cerrar nuestro ciclo productivo y transformarlo en un emprendimiento sostenible en el tiempo”.
Se trata de un contenedor cerrado, hermético e impermeable que almacena material orgánico –excrementos de animales, desechos y restos de alimento–, genera una fermentación anaeróbica que deriva en la producción de biogás y biofertilizantes.
Este residuo orgánico que se descarga del biodigestor es un lodo-líquido con propiedades fertilizantes que contiene nitrógeno, potasio, fósforo y otros micronutrientes esenciales para las plantas.
>Por su parte, Zanovello reconoció que “la adopción de esta tecnología tiene beneficios desde el punto de vista ambiental y de la sustentabilidad” y, en este sentido explicó que “la inversión inicial se recupera bastante rápido porque reemplaza un gasto en energía que es cada vez mayor”.
“Además, –agregó el técnico del INTA– es posible fabricarlos, en la medida que uno tiene los materiales disponibles, y resolver, así, el pasivo económico y ambiental que supone el hecho de generar residuos y tener que gestionarlos”.
La aplicación de mensajería instantánea, que ya posee más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, confirmó oficialmente la llegada de cinco nuevas funciones. WhatsApp no anunció la fecha exacta para la implementación de cada una, pero sí que lo hará «en las próximas semanas».
Consideramos de interés la información porque entre nosotros los mensajes de whatsapp han desplazado en un 90% al correo electrónico, y en muchos casos, también a las llamadas telefónicas!
Es cierto que todavía WhatsApp no ocupa el lugar hegemónico que entre los buscadores tiene Chrome, de Google. Telegram la desafía, y en los EE.UU. compite con aplicaciones poco conocidas entre nosotros como Discord. Pero… es mejor que estemos enterados de estas nuevas funciones.
Estas son las cinco novedades anunciadas:
-Stickers animados: Los usuarios de WhatsApp ya pueden emplear stickers para animar sus conversaciones con divertidos dibujos y cada día se envían miles de millones de ellos. En las próximas semanas WhatsApp presentará paquetes de stickers animados, novedad que se sumará a los dibujos ya fijos y que permitirán comunicarse de manera más expresiva.
-Códigos QR: WhatsApp permitirá añadir un contacto directamente escaneando su código QR, para que no se tenga que añadir su número de teléfono manualmente.
-Modo Oscuro Web: En las próximas semanas, WhatsApp Web y la versión de Escritorio de WhatsApp (whatsapp.web) estrenarán el modo oscuro, para que se pueda ver bien en condiciones de baja luminosidad desde la PC.
-Mejora en las videollamadas grupales: En la actualidad las videollamadas a través de WhatsApp ya admiten hasta 8 participantes a la vez. La novedad consiste en que ahora, si se quiere centrar la atención en alguno de ellos en particular, hay que mantener el dedo presionado sobre el vídeo para maximizarlo a modo de pantalla completa. Además, también se va a añadir un icono de vídeo en los chats grupales de 8 participantes o menos, para que se pueda iniciar fácilmente una videollamada con un solo toque.
-Estados en KaiOS: Los usuarios de KaiOS también podrán disfrutar de la función que permite compartir estados que desaparecen tras 24 horas.