El intercambio comercial Argentina-Brasil alcanzó a u$s 1.100 millones durante junio, según datos oficiales del gobierno de Jair Bolsonaro. Esto significa una contracción interanual del 35% y el nivel más bajo para el mes de junio desde el año 2003, cuando se contabilizaron u$s 712 millones.
En un marco de fuerte caída en la actividad económica local, agravada por la llegada del coronavirus, las importaciones desde el país vecino cayeron un 30,8% y totalizaron los u$s 603 millones. Las exportaciones se derrumbaron un 39,5% y sumaron u$s 501 millones.
En esta forma, el comercio bilateral arrojó durante junio un déficit de u$s 103 millones para Argentina, más del doble del rojo observado en igual mes del año pasado, según un análisis de la consultora Ecolatina.
Si bien era esperable una caída, ya que la economía brasileña sufre una fuerte recesión, nuestras ventas a ese mercado cayeron casi el doble que el resto de las importaciones que hizo Brasil (-18,5% i.a.)», agrega Ecolatina.
Hay una explicación: «el frente cambiario fue clave. El real brasileño se devaluó casi un 33% en el primer semestre de 2020, en una economía sin inflación, y el peso argentino se depreció solo 17,6%, mientras que la suba de precios habría rondado el 13% en Argentina».
También «la parálisis de la industria automotriz -un rubro decisivo en el intercambio entre los dos países- contribuyó a esta caída».
Al mismo tiempo, y en medio de la pandemia, los países asiáticos ganaron terreno entre las exportaciones argentinas. De cada 10 dólares que vendió el país, 4 fueron a Asia. A tal punto que en mayo en el podio de los cinco principales destinos, tres puestos los ocupó ese continente con China, Vietnam e India.
En mayo las exportaciones argentinas habían sumado US$ 5.061 millones, una caída de 16,3% interanual. China acaparó el 19% de esas compras y así llegó al primer lugar, con US$ 963 millones. Brasil, el histórico principal comprador, ya había quedado relegado al segundo puesto con US$ 389 millones, una caída del 52%. Vietnam le sigue con US$ 342 millones y luego India, con US$ 258 millones. Si se computa a todo el continente, Asia englobó el 42% de las exportaciones argentinas.
La «mala onda» con Bolsonaro es coyuntural. Todos los gobiernos lo son. Y no es una buena noticia, más allá de la coyuntura, que el comercio de Argentina se aleje de sus vecinos, casi como en el siglo XIX.
“COVIDAR IgG”, cuyo desarrollo fue liderado por científicos del Instituto Leloir y del CONICET, se está empleando con varios fines, incluyendo la determinación de anticuerpos de plasma convaleciente, el control de la transmisión en barrios y el cuidado del personal de la salud.
Este primer test serológico argentino para COVID-19 alcanzó una producción de 100 mil determinaciones y tuvo un desempeño “excelente” donde se lo usó. Se distribuyen en forma gratuita a hospitales y centros de salud públicos y privados de todo el país.
La herramienta tiene diversas aplicaciones: diagnóstico (complementario al PCR); monitoreo de pacientes infectados para evaluar la respuesta inmunológica; determinación del estado inmunológico del personal de la salud; cuantificación de anticuerpos en muestras de pacientes convalecientes con fines terapéuticos; y análisis de la evolución de la pandemia a nivel poblacional.
COVIDAR IgG fue desarrollado por científicos de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET, en el marco de la “Unidad Coronavirus COVID-19” conformada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
El test permite determinar en plasma sanguíneo la presencia de anticuerpos específicos contra el nuevo coronavirus. “Ha tenido un éxito rotundo en el sentido de que tiene una gran especificidad y sensibilidad”, señala Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL e investigadora del CONICET.
Referentes de laboratorios de todo el país indicaron que COVIDAR IgG presenta un excelente desempeño comparado con kits serológicos importados. Además, está disponible en forma totalmente gratuita para las autoridades de salud nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Personal sanitario, pacientes, y barrios
COVIDAR IgG ya se utiliza en distintos puntos del país y con diversos fines. Por ejemplo, está disponible en más de 70 hospitales y clínicas del país para el seguimiento de pacientes internados y el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires lo está empleando para el estudio de médicos, enfermeros, ambulancieros y personal administrativo, logístico y de limpieza. “Es de vital importancia cuidar al personal de salud, que son quienes se arriesgan cada día para el control de la pandemia”, indica Gamarnik.
Otra aplicación es la “titulación” o determinación de los niveles de anticuerpos que tienen los sueros donados por convalecientes para evaluar su posible aplicación a personas que están cursando la enfermedad. En este sentido, los investigadores de la FIL han tomado la iniciativa de colaborar en la tarea de cuantificar anticuerpos de tipo IgG solicitado por los centros que reciben las donaciones de plasma.
“El desempeño del test serológico creado en el Instituto Leloir es excelente y resulta crucial para poder seleccionar los plasmas que se aplicarán a los pacientes”, afirma Ventura Simonovich, jefe de la sección Farmacológica Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires.
La herramienta también se está empleando en diferentes estudios clínicos en diversos centros médicos. Por ejemplo, Simonovich es uno de los médicos que lidera un ensayo clínico multicéntrico para el tratamiento de neumonía moderada por COVID-19 y desarrolla protocolos para descentralizar esta tarea.
Asimismo, la Fundación Infant, dirigida por Fernando Polack, ha recibido más de 3000 determinaciones del COVIDAR IgG para la titulación de plasmas de convalecientes por coronavirus para la realización de un estudio clínico que apunta a determinar la eficacia de la administración temprana de ese tratamiento en adultos mayores afectados con COVID-19.
Otra novedad es que los investigadores de la FIL y del CONICET validaron un nuevo método de toma de muestra más sencillo, destinado especialmente a la determinación epidemiológica de quien está o estuvo infectado. “En lugar de la extracción de sangre venosa, se puede hacer una punción digital y colectar la gota en un tubo con conservante para su análisis en el laboratorio. Esto facilita enormemente el proceso”, explica Gamarnik.
Las autoridades de salud de CABA ya están empleando esta nueva adaptación de COVIDAR IgG en operativos sanitarios en barrios para detectar la circulación del virus y contribuir a frenar su avance en la población. La Provincia de Buenos Aires, en tanto, recibió el jueves 25 de junio un nuevo lote de 10.000 determinaciones para el mismo fin.
Los investigadores de la FIL y del CONICET también están desarrollando una base de datos centralizada para el análisis de los resultados serológicos que arrojan las decenas de miles de determinaciones de COVIDAR IgG y estará a disposición de las autoridades nacionales para ayudar a responder varias preguntas: ¿Cómo es nuestra respuesta inmunológica al COVID-19? ¿cuáles son los niveles de anticuerpos, qué tipos aparecen y en qué momento? ¿cuánto duran? ¿cuál es el desempeño de la diversidad de terapias con plasma sanguíneo para pacientes con diferentes grados de severidad?
“Para crear el test serológico para COVID-19 hemos formado un equipo de trabajo de excelente nivel con investigadores y becarios del CONICET que aportan conocimiento desde diversas áreas: virología, bioquímica y diagnóstico. A esto se suma la enorme experiencia del Laboratorio Lemos, referente en Argentina y la región por la producción de kits para diagnóstico de Chagas. Venimos haciendo un trabajo maratónico para desarrollar esta herramienta en tiempo récord, validarla, contar con la aprobación de ANMAT y escalar su producción. Ahora apuntamos a sostener la producción en 50.000 determinaciones por semana”, puntualiza Gamarnik.
“Con el kit desarrollado y producido aquí logramos abaratar costos, contribuir al control de la circulación del virus en nuestra población y aportar al desarrollo de terapias. Nuestro avance, y los conseguidos en estos meses por otros investigadores del CONICET, demuestra que estamos capacitados para resolver problemas de nuestra sociedad”, afirma Gamarnik.
Del desarrollo de COVIDAR IgG participaron Marcelo Yanovsky y Julio Caramelo, jefes de laboratorio de la FIL; doctorandos y jóvenes doctores que integran el grupo de Gamarnik: María Mora González López Ledesma, Horacio Martín Pallarés, Diego Ojeda, Guadalupe Costa Navarro y Lautaro Sánchez; Diego Álvarez, del IIB-Universidad de San Martín, y Jorge Carradori, del Laboratorio Lemos. El proyecto recibió el apoyo del Fondo para la Convergencia del Mercosur (FOCEM) y de la Fundación Williams, que aportó una donación importante para la etapa inicial.
A esta buena noticia se añade otra, aparecida en la revista del Centro Argentino de Ingenieros, que normalmente no se ocupa de kits de diagnóstico. En muy poco tiempo, la Argentina desarrolló 2 kits de testeo PCR confirmatorio, que dicen con un 98% de certeza si uno tiene o no tiene el virus, porque detecta fragmentos de sus genes.
Debido a eso, detectan infección en cualquier estadío de la misma, incluso en esos entre 5 y 10 días iniciales «de ventana inmunológica» en que el portador está sano y no produce anticuerpos G. A diferencia de un ELISA serológico como el de Gamarnik, un PCR es indiferente y ciego a los anticuerpos o a la reacción inmunológica del infectado. Lo que detecta son secuencias genéticas del virus, «amplificándolas» (es decir multiplicando N veces su cantidad) hasta que producen una reacción diagnóstica o no. Hay virus o no lo hay, punto.
A diferencia de los «Real Time PCR, o RT-PCR» importados que el país estuvo usando hasta mayo, estos dos test criollos no insumen 7 horas de amplificación de genes virales en un equipo de U$ 70.000 dólares (el «termociclador»), ni un ambiente de laboratorio bien equipado en aparatos y personal. Lo hacen enfermeros no especializados en 2 horas o menos a pie de cama en hospitales, o en kioskos sanitarios improvisados en calles y lugares públicos, a condición de que tengan electricidad. Damos la palabra al CAI:
«El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, junto a científicos del CONICET, del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, entregaron 1.500 determinaciones del NEOKIT-COVID-19, y capacitaron a las autoridades de hospitales provinciales y de CABA para la implementación de los test de diagnóstico desarrollados en la Argentina. Se trata del NEOKIT-COVID-19 y ELA-CHEMSTRIP.
«El NEOKIT-COVID-19 fue desarrollado por científicos del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (ICT Milstein, CONICET-Fundación Pablo Cassará), el kit de diagnóstico rápido presenta dos cualidades: permite testear muestras de ARN y obtener resultados en menos de dos horas (con similar sensibilidad que las técnicas actuales de RT-PCR) y no requiere equipamiento completo (termocicladores en tiempo real). El cambio de color de violeta negativo a azul positivo determina una prueba positiva para SARS-CoV-2.«Esta herramienta agiliza y refuerza la respuesta del trabajo sanitario, porque, en muy poco tiempo, los equipos de salud tienen la certeza de qué decisiones tomar sobre el paciente con síntomas, es decir, si mantenerlo aislado, darle el alta o bien, realizar algún tratamiento. El desarrollo podría llegar a una producción local de casi 500 kits por semana, es decir, unos 50.000 testeos, dependiendo del suministro de los insumos correspondientes.«El desarrollo de “NEOKIT-COVID-19” estuvo a cargo de un equipo de investigación del ICT Milstein, liderado por Adrián Vojnov e integrado por Carolina Carrillo, Luciana Larocca y Fabiana Stolowicz, y Santiago Werbajh, de la Fundación Cassará.En el caso de ELA-CHEMSTRIP, se trata del test diagnóstico molecular argentino del virus que causa COVID-19 y que fue desarrollado a partir de una alianza estratégica entre las Universidades Nacionales de San Martín (UNSAM) y de Quilmes (UNQ) y dos PyME tecnológicas: CHEMTEST y Productos Bio-lógicos SA (PB-L).«El kit funciona en tres pasos a partir del hisopado nasofaríngeo de la persona a diagnosticar. Todo el proceso dura una hora y media y puede realizarse con los productos que vienen en el kit diagnóstico, más un equipo para incubar a 60°, es decir, que no requiere del equipamiento costoso y sofisticado que utilizan los test moleculares RT-PCR.«Las PyME involucradas son CHEMTEST, incubada en la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Campus de la UNSAM; y Productos Bio-Lógicos (PB-L), una empresa de base tecnológica creada desde la UNQ. En conjunto están en condiciones de producir 100.000 kits diagnósticos de COVID-19 por mes.»
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Reflexión de AgendAR: Argentina ya tiene un ELISA detector de anticuerpos MUY confiable, como el Covidar IgG que ya se entregó en número de 100.000. A eso añadió (en menos de un mes) dos PCR ultrarrápídas que bajan casi a la mitad el precio y en 2/3 el tiempo de un RT-PCR importado, y que se empiezan a producir en número de 200.000 tests mensuales (caso del NEOKIT COVID-19) o 100.000 (caso del ELA CHEMSTRIP). Esto nos coloca en un lugar único en la región.
Sin pagarle un dólar a ningún importador, sin obligar a la gente a concurrir a hospitales (sitios que últimamente evita por las aglomeraciones y esperas), ahora el país tiene las bases técnicas y logísticas para empezar el rastreo confirmatorio de casos, o como sugiere la Dra. Andrea Gamarnik, el testeo al azar; pero todo en forma descentralizada, en las calles, en las plazas y en los domicilios. La cuarentena rabiosa «fase 1» sólo se mantiene en el AMBA, que amontona al 33% de la población en el 0,5% de la superficie. Pero con el 99,5% del territorio y el 67% de sus habitantes en distintas fases de salida de cuarentena, ahora se podrá empezar a controlar con cuarentenas más locales y acotadas los inevitables rebrotes, para controlar los contagios sin destruir la economía.
Ningún país en Sudamérica tiene herramientas propias para transitar esta fase, que puede durar el año o los años en que tarden en aparecer vacunas eficaces y seguras. Durante lo que dure la emergencia, podemos ser proveedores de la región.
Reproducimos este informado artículo de Gabriel Sued, a pesar que la política de AgendAR es evitar en lo posible las notas que pueden tener algún sesgo morboso (hay demasiado de eso en la TV), por dos motivos: deja claro que el riesgo individual es pequeño; sólo la extraordinaria velocidad del contagio del coronavirus lo hace tan peligroso para la sociedad. Y que existe una relación directa entre las grandes aglomeraciones y el número de contagios, con las únicas excepciones del Chaco y, menor, Río Negro. Por eso hay que aplaudir el manejo en dos provincias con ciudades tan grandes como Córdoba y Rosario.Este mapa de Martín Barrionuevo fue confeccionado a partir de un vector (los casos positivos) distinto al de los datos de Sued. Pero presenta la misma pintura.
«Aunque la cantidad de contagios diarios de coronavirus en el Gran Buenos Aires supera a la de la ciudad de Buenos Aires desde hace casi un mes, la tasa de mortalidad por la pandemia en la Capital Federal sigue siendo la mayor de todo el país: con 503 fallecimientos hasta el domingo pasado, la Ciudad tiene 160 muertes por cada millón de habitantes, el cuádruple que el Gran Buenos Aires, donde la tasa de mortalidad es de 40 muertes cada millón de habitantes.
La provincia de Buenos Aires es el distrito que acumula más fallecimientos, 585 hasta el domingo. Pero, dado que concentra casi el 40% de la población del país, tiene una tasa de mortalidad por coronavirus de 35 fallecimientos cada millón de habitantes, todavía menor que la del Gran Buenos Aires calculado por separado. Los indicadores de los dos distritos están por encima de la tasa de mortalidad nacional, que es de 30, una de las más bajas de la región, con 1307 fallecimientos acumulados hasta el domingo.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, el segundo distrito con mayor tasa de mortalidad del país es Chaco, con 78 fallecimientos por millón de habitantes. El tercero es Río Negro, con 55; en el cuarto lugar, debajo del promedio nacional, aparecen La Rioja y Neuquén, con 20; Córdoba, con 10; Tierra del Fuego, con 6; Mendoza, con 5; Tucumán y Jujuy, con 3; Chubut y Misiones, con 2, y Santa Fe, con 1 fallecimiento cada millón de habitantes.
La alta tasa de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires en comparación con el resto del país responde al menos a dos factores. En primer lugar, es por lejos el distrito con mayor incidencia, es decir, con más cantidad de contagios cada 100.000 habitantes. En segundo término, es el distrito con mayor porcentaje de adultos mayores, grupo de riesgo ante la enfermedad. En la Capital, el 21,7% de la población tiene 60 años o más, mientras que en la provincia de Buenos Aires ese grupo es el 14,9%. Este factor tiene su peso, dado que el 79% de los fallecidos tienen 60 años o más.
En el Ministerio de Salud porteño indicaronque la comparación de la tasa de mortalidad entre los distritos no es correcta, dado que el dato solo es significativo entre dos distritos con demografías similares, en los que la epidemia haya tenido el mismo tiempo de evolución. «Para comparar la mortalidad habría que esperar el final de la curva, porque hoy no sabemos qué componente es evolutivo y qué componente, definitivo. En la ciudad de Buenos Aires la epidemia arrancó antes que en el resto de los distritos, donde se ve una curva inmadura», argumentó un funcionario del organismo que encabeza Fernán Quirós.
Cerca del ministro señalaron que es previsible que la tasa de mortalidad de la Capital sea la más alta, porque la pandemia tiene mayor impacto en los grandes conglomerados urbanos. La incidencia es la razón principal de la tasa de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires, porque la letalidad del virus, es decir, el porcentaje de fallecimientos sobre el número de contagiados, es de 1,85%, casi igual que en la provincia de Buenos Aires, con 1,86%. Esto mismo se comprueba si se analiza la cantidad de pacientes con coronavirus que se encuentran en terapia intensiva. En la Ciudad representan el 0,8% de los contagiados y en la provincia 1%.
En definitiva, si bien el virues es igual de agresivo para los pacientes de uno y de otro lado de la General Paz, la tasa de mortalidad por millón de habitantes es mucho mayor en la Ciudad porque la enfermedad alcanzó a un porcentaje mucho mayor de la población que en el resto del país. «Tenemos un porcentaje mayor de gente que se enfermó porque la epidemia está en una etapa más avanzada y porque en la ciudad la densidad poblacional es mayor», respondió un funcionario del gobierno porteño.
La incidencia de la pandemia en la ciudad es de 857 casos cada 100.000 habitantes, casi el cuádruple que en el Gran Buenos Aires, con una incidencia de 215 contagios cada 100.000 habitantes. En toda la provincia, la incidencia es de 190. Con 31.639 contagiados, la provincia de Buenos Aires es el distrito con más casos del país, seguido por la Capital, con 27.103. La tabla de incidencia revierte el orden entre los dos distritos porque la población de la provincia es casi 6 veces mayor.
Como sucede con la tasa de mortalidad, detrás de la Capital aparece Chaco, con una incidencia de 163; Río Negro, con 114; Tierra del Fuego, con 86; Neuquén, con 69; Jujuy, con 24; La Rioja y Entre Ríos, con 20; Chubut, con 19; Córdoba, con 17; Santa Cruz, con 14; Santa Fe y Formosa, con 12; Corrientes, con 10; Mendoza, con 8; Tucumán, con 4; Misiones, con 3; Santiago del Estero, San Luis, Salta y La Pampa, con 2; San Juan, con 1, y Catamarca, sin casos.»
Nuevamente, en esta reunión en 2020, los Estados parte y asociados del Mercosur expresaron su apoyo a los derechos argentinos en la Cuestión de las islas Malvinas y condenaron los continuos actos unilaterales británicos en contra de las resoluciones de Naciones Unidas.
Ya están en uso los tres tests desarrollados por investigadores del Conicet: uno para detectar y medir anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y dos para detectar el virus y hacer diagnóstico.
El primero que se conoció, a 45 días del primer paciente identificado en el país, es el Covidar IgG, una prueba serológica para medir e identificar anticuerpos contra el coronavirus que se generan en el organismo del paciente entre siete y nueve días después del comienzo de los síntomas. Generado por la viróloga Andrea Gamarnik y su equipo de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET, en respuesta a la convocatoria del «Unidad Coronavirus COVID-19» conformada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción I+D+I, ya alcanzó las primeras 100.000 determinaciones y se distribuye de forma gratuita a hospitales y centros de salud, públicos y privados.
Este test permite determinar la presencia de anticuerpos específicos contra el nuevo coronavirus, pero además cuantificarlos en el plasma de pacientes recuperados que se utiliza con fines terapéuticos. También puede utilizarse como una herramienta para medir la circulación del virus en la población. Por su gran especificidad y sensibilidad, presenta un excelente desempeño comparado con kits serológicos importados.
Según un comunicado de la FIL, Covidar IgG ya está disponible en más de 70 hospitales y clínicas del país para el seguimiento de pacientes internados. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lo está empleando para el estudio de médicos, enfermeros, ambulancieros y personal administrativo, logístico y de limpieza.
Otra aplicación es la «titulación» o determinación de los niveles de anticuerpos que tienen los sueros donados por convalecientes para evaluar su posible aplicación a personas que están cursando la enfermedad. «La mitad de nuestro laboratorio, de diez personas, está dedicado a prestar este servicio solicitado por los centros que reciben las donaciones de plasma», explica Gamarnik.
Lo utilizan en sus ensayos clínicos el Hospital Italiano de Buenos aires y la Fundación Infant. Esta última recibió más de 3000 determinaciones para su estudio clínico que intenta determinar la eficacia de la administración temprana de ese tratamiento en los cuadros graves de Covid-19 de adultos mayores.
Inicialmente validado con extracción de sangre venosa, los científicos ahora lo adaptaron para que pueda utilizarse con una gotita obtenida por punción digital, lo que facilita mucho el proceso y resulta más sencillo para detectar individuos asintomáticos que hayan tenido contacto con el virus. En CABA, ya se está utilizando en operativos sanitarios, y la Provincia de Buenos Aires recibió, el jueves pasado, un nuevo lote de 10.000 determinaciones para el mismo fin.
Dado que, gracias a distintas donaciones y al financiamiento del sistema científico, son producidas por el Laboratorio Lemos al costo y se entregan en forma gratuita, Gamarnik está tratando de impulsar dos aplicaciones nuevas. «En CABA la semana que viene iniciamos un programa para investigar ‘seroprevalencia’, para ver dónde estamos parados -explica la investigadora-. Ahora tenemos un serokit que permite tomar muestras en la calle por punción digital. Y también nos gustaría planear un operativo para buscar asintomáticos».
La serología no se usa para diagnóstico porque los anticuerpos tardan por lo menos una semana en generarse. Si este test se emplea hasta el quinto día, en muestras de pacientes que tuvieron síntomas se vio que aproximadamente el 30% dan positivo. O sea, que se pierde al 70%, que recién desarrolla anticuerpos al noveno o décimo día.
Sin embargo, por su extrema facilidad y rapidez de procesamiento, Gamarnik opina que podría usarse en forma complementaria. «Por ejemplo, podrían tomarse 2000 muestras en un barrio elegido. Supongamos que hubiera un 0,5% de personas con anticuerpos, detectaríamos 10 personas que dan positivo la serología. Podríamos hisopar a esas diez personas y a sus contactos estrechos. Esto es rapidísimo, con 100 personas en la calle se puede hacer y uno detecta por dónde se está moviendo el virus. Imaginemos que hay que hisopar a 30 personas, alrededor del 50% pueden tener una PCR positiva. No es seguro que uno pueda detectar personas que están transmitiendo el virus, pero sí se puede ver por dónde está circulando. Si uno pudiera hacer un millón de PCR por semana, sería ideal, pero no tenemos esa capacidad».
Los científicos también están desarrollando una base de datos centralizada para el análisis de los resultados serológicos que arrojan las decenas de miles de determinaciones de Covidar IgG y estará a disposición de las autoridades nacionales para ayudar a responder varias preguntas: ¿cómo es nuestra respuesta inmunológica a Covid-19? ¿cuáles son los niveles de anticuerpos, qué tipos aparecen y en qué momento? ¿cuánto duran? ¿cuál es el desempeño de la diversidad de terapias con plasma sanguíneo para pacientes con diferentes grados de gravedad?
Pruebas moleculares
Además del test serológico, la Anmat aprobó dos tests moleculares locales para detección del nuevo coronavirus que no necesitan equipos tan complejos como la PCR y dan el resultado en entre una y dos horas. Uno es el Neokit, desarrollado por investigadores del Instituto Milstein en colaboración con el Laboratorio Cassará, que está en pleno escalado de producción.
«El primer lote de capacitación se probó en hospitales de la provincia de Buenos Aires y de CABA -comenta Adrián Vojnov, que lideró el desarrollo-. El Malbrán hizo una evaluación de nuestro kit con muestras de pacientes del conurbano y hubo una coincidencia del 100% con respecto a la PCR. Ya se usaron 1500 determinaciones para entrenar a personal de capacitaciones en el Hospital Rossi de La Plata, en San Fernando, en Malvinas Argentinas, en el Fiorito y en el Muñiz, de CABA».
Del ELA-Chemstrip, desarrollado por las universidades nacionales de San Martín y de Quilmes, con dos compañías tecnológicas (Chemtest y PB-L) ya se enviaron 500 determinaciones al hospital Mariano de la Vega, de Moreno, 2000 al San Juan de Dios, de La Plata, 500 al Gandulfo, de Lomas de Zamora, 500 al Presidente Perón, de Avellaneda, y 1500 al Presidente Carlos Néstor Kirchner, de Escobar. Esta semana se enviaban 1000 a Santiago del Estero y 15.000 más a laboratorios privados de AMBA y públicos del conurbano, informó Diego Comerci, codirector del grupo que diseñó esta herramienta.
El gobernador de Santa Fe Omar Perotti firmó el decreto n° 574 por el que dispone la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días y designa como titular al actual representante de la Provincia en la entidad, Martín Deltin, autor de un explosivo informe que derivó en esta decisión oficial.
Antes de ingresar a la descripción de la catarata de irregularidades desplegada en esa entidad es necesario tener en cuenta un dato relevante: en 1999 una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, formada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA. Hoy el presidente de Vicentin SAIC es Daniel Buyatti, casado con la hija del fundador del gigante empresario.
Según el decisorio, el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”. Ahí se revela un hecho insólito: “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.
Agrega que “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”.
En este contexto, el gobernador apunta a Ríos del Norte SA pero también a los directivos de la entidad: “esta situación no sólo representa un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.
Pero advierte que Deltin denunció ante Prefectura el 26 de mayo de este año “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”. Un indicio que hubo alguna actividad en 16 años, pero «en negro».
También el decreto de Perotti señala que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista — Goya”, y “el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías, como el estacionamiento destinado a la aduana, parte de la ‘Terminal A’ utilizada como playa de automóviles e ingreso a la mencionada guardería” y que “los depósitos pertenecientes al EAPRe, uno de ellos incorporado a la guardería Costa Norte, primero como préstamo de uso, luego como mayor superficie concesionada, son hoy depósito de lanchas, mientras que el depósito (dentro del área concesionada a ‘Río del Norte S.A.’), con balanzas a los laterales y rampas de carga en proximidad, es hoy también depósito de lanchas y yates”.
Ante esta situación, el gobernador decide: “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta violación del destino del puerto previsto por la ley en su art. 1: ‘funciones de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial al momento de la creación del ente portuario’ y en su art. 8: ‘queda vedado a los entes el otorgamiento de autorizaciones, permisos y/o concesiones que constituyan monopolios a favor de permisionarios o concesionarios’”.
Más adelante, el decisorio precisa que “según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.
El documento revela negocios particulares con el EAPRe. Afirma que hay un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control (…) no respetándose el esquema de auditoría externa, y siendo el Síndico en ejercicio quien oficiara de contador del Ente, confeccionara, suscribiera y a la vez desempeñara el rol de auditor externo de los Estados contables, y asimismo su estudio contable llevara la administración económico-financiera del Ente”, lo cual “presenta un evidente incumplimiento de la fiscalización y control que implica una auditoría externa, una incompatibilidad ética y confusión de roles”. Y añade que “se suma la situación de que uno de los directores fue designado apoderado legal del Ente”.
“Todo ello deriva en que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable fundadamente por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos, entre los que cabe resaltar el apego a normas éticas y al accionar transparente y que amerita ser rectificado”.
Entre otras irregularidades, el informe Deltin, citado en el decreto de Perotti, asegura que los nombramientos de los Directores por la empresa concesionaria se encuentran vencidos, y no se ha cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de Diciembre de cada año.
En este marco, y “ante la gravedad de los hechos detallados”, Perotti ordena intervenir por 180 días el EAPRe con Martín Deltin a la cabeza, a quien se le requiere finalizado el plazo “un informe circunstanciado de las medidas adoptadas y a adoptar para dar cumplimiento a los fines perseguidos con el presente decreto”, como así también se encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del ente (…) con facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.
Otros elementos que surgen sobre la situación del grupo Vicentin:
Justamente hoy la periodista Silvia Naishtat publica que «en diciembre, previo a que se desencadenara la cesación de pagos de Vicentin, sus bancos acreedores del exterior pidieron información al gigante agroindustrial. En ese momento solicitaron a la cerealera un proceso de due dilligence para acceder a sus números. Y afirman no haber encontrado explicación para que una firma de balances robustos estuviera boqueando unos pocos meses más tarde.
En Amsterdam, sede de BMO, banco de Desarrollo Holandés, 50% estatal, junto al cooperativo Rabobank, había quienes previeron un cataclismo. Esos acreedores junto a la CFI, el brazo financiero del Banco Mundial, los franceses Credit Agricole y Natixis, y en menor medida otros como el brasileño Itaú, que extienden líneas de prefinanciación de exportaciones, se unieron en un comité de acreedores. Acumulan US$ 530 millones, que representan el 38% del pasivo del gigante agroindustrial que se calcula en US$ 1.400 millones. Y fueron a la justicia de Nueva York para solicitar lo que se llama un proceso de Discovery (rastreo de las cuentas desde 2017 de las empresas y la familia Vicentin) que fue concedido por el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del distrito Sur de Nueva York, en febrero. El estudio de abogados Norton-Rose-Fullbright que lleva el caso en Nueva York tiene “sospechas” de que algunos millones se habrían escabullido.
A todo esto existe un desencanto generalizado en los bancos especializados en financiar la cosecha que trasciende el caso Vicentin y que pone en riesgo lo que pueda llegar ocurrir en este castigado 2020 con los cultivos como la soja, maíz, sorgo y girasol cuya siembra temprana arranca en setiembre. De allí, el apuro por resolver el caso Vicentin de un concurso que, pandemia mediante, extendió hasta fines de agosto la presentación de verificación de las deudas.»
La compañía alemana BioNTech y el laboratorio farmacéutico estadounidense Pfizer anunciaron ayer miércoles 1° de julio resultados preliminares positivos para su proyecto conjunto de vacuna contra el nuevo coronavirus en 45 participantes.
La vacuna experimental BNT162b1 «es capaz de generar una respuesta de anticuerpos neutralizantes en humanos a niveles mayores o iguales a los observados en sueros convalecientes, y lo hace a dosis relativamente bajas», dijo Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech, citado en un comunicado de ambas compañías. El suero o plasma convaleciente se extrae de la sangre de personas que han sido infectadas con SARS-CoV-2 y que se han recuperado.
Los datos preliminares corresponden a un ensayo llamado de fase 1/2 llevado a cabo en Estados Unidos, cuyo objetivo era verificar que la vacuna no fuera tóxica y desencadenara una respuesta del sistema inmunitario para preparar al cuerpo para resistir el virus. Participaron 45 personas de 18 a 55 años, la mayoría de las cuales recibieron dos dosis con 21 días de diferencia de la vacuna o de un placebo, sin saberlo.
Pero un número relativamente grande de participantes tuvo fiebre después de la segunda dosis, según el estudio publicado en el sitio en internet de prepublicaciones científicas medrxiv.org.
La tecnología de esta vacuna se basa en el ARN mensajero, un código genético que se inserta en las células humanas para que produzcan anticuerpos específicos para el coronavirus.
Varias compañías ya han publicado resultados preliminares que indican que sus vacunas experimentales activan una respuesta inmune, después de la fase inicial de sus ensayos clínicos, es decir, en humanos. Veintitrés proyectos han comenzado estos ensayos, según la London School of Hygiene & Tropical Medicine, y varios ya han pasado a la segunda e incluso a la tercera fase, que consiste en inyectar la vacuna en miles o decenas de miles de voluntarios para ver si impide realmente el contagio.
La vacuna de la biotecnología estadounidense Moderna y la de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca se encuentran entre las más avanzadas en ensayos a gran escala, así como varios proyectos chinos, en particular el de la empresa CanSinoBIO, sobre el que informamos en detalle ayer: ya ha obtenido la autorización para administrarla a decenas de miles de soldados del ejército chino.
Pacientes de coronavirus que se recuperaron describen haber experimentado desde un estado de confusión y visiones, hasta alucinaciones y agitación durante la internación en terapia intensiva
Historias recientes de personas que se recuperaron de Covid-19 en Estados Unidos, China, Francia o el Reino Unido describen haber experimentado desde un estado de confusión y visiones, hasta alucinaciones y agitación durante la internación en terapia intensiva. El mismo fenómeno ha sido observado por médicos de los hospitales en Buenos Aires.
Mientras la ciencia busca conocer mejor cómo la infección afecta otros órganos más allá de los pulmones, por ejemplo el cerebro, los relatos de quienes estuvieron en respirador con sedación varias semanas atraen la atención de especialistas. Se trata de una complicación habitual de los cuidados críticos: el delirium .
«Está fuertemente asociado con el síndrome post terapia intensiva, que se caracteriza por la aparición (después del alta) de trastornos cognitivos, debilidad neuromuscular (polineuromiopatía), depresión y trastorno por estrés postraumático. Son los pacientes que quedan huérfanos de atención porque no hay quien comprenda lo que les sucede», explica Ignacio Previgliano, exjefe de la Unidad de Terapia Intensiva y actual director del Hospital Fernández.
Pero con la demanda de cuidados críticos con uso de respirador que genera la pandemia de Covid-19, esos efectos pueden convertirse en un problema de salud pública sin un seguimiento en el tiempo.
Para alertar sobre esto a la comunidad médica internacional y las autoridades sanitarias, la Academia Europea de Medicina de la Rehabilitación publicó en la revista Journal of Rehabilitation Medicine «un llamado a la acción» para contrarrestar las secuelas físicas, emocionales y psicológicas que pueden permanecer hasta al año del alta en un 35% de los pacientes que superaron la internación en una Unidad de Terapia Intensiva.
En un video difundido con el artículo, Henk Stam, presidente de la academia, lo define como «una consecuencia de Covid-19 que, hasta ahora, no atrajo demasiada atención» .
Hace cinco años, cuando otro coronavirus encendía las alertas mundiales -MERS-CoV causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio-, Previgliano entrenó en China a los equipos de las unidades de terapia intensiva (UTI) de los hospitales universitarios de Huizhou, Urumqi y Lanzhou en la detección de este síndrome confesional agudo, que aparece en entre el 30 y 80% de los pacientes, independientemente de la causa por la que necesitan asistencia respiratoria.
«Es una complicación psiquiátrica multicausal con pasos diagnósticos claros», agrega. «Covid-19 es una enfermedad más que requiere ventilación mecánica en terapia intensiva.»
Dos herramientas clínicas facilitan el diagnóstico de este síndrome confusional durante la internación: una es la Escala de Sedación y Analgesia de Richmond (RASS, por su nombre en inglés) y la otra es un test neurológico para evaluar la confusión en cuidados críticos conocido como CAM ICU, por su sigla en inglés. Es breve y consta de una serie de preguntas simples, como ¿un kilo pesa más que dos? o ¿hay peces en el mar?
«Se vio que los pacientes con delirium tienen, al alta de la terapia, daño neurocognitivo», comenta Previgliano, que investigó ese efecto no deseado del uso del respirador con un análisis de los resultados de anatomía patológica de los cerebros de pacientes que no habían fallecido por causas neurológicas.
Condición habitual
Juan Ignacio Ingelmo es jefe de la División Interconsulta y Urgencias en Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Clínicas. En estos meses, también le toca asistir a pacientes con Covid-19. Coincide en que el delirium o síndrome confusional agudo es una condición habitual no sólo en la unidad de terapia intensiva, sino en otros ámbitos hospitalarios, como la unidad coronaria y otras salas de internación .
«La internación en cuidados intensivos, que es un ambiente cerrado, en sí mismo es una condición. Y, en términos generales, no suele dejar secuelas, salvo en algunas condiciones, como cuando es provocado por una condición de hipoxia cerebral», indica el especialista del hospital universitario.
Ingelmo comenta que en los pacientes con la enfermedad por el nuevo coronavirus puede tener que ver también con el efecto directo del virus en la función pulmonar. «Con Covid-19 se ven síndromes confusionales, pero hasta aquí no hay evidencia de secuelas en el largo plazo«, dice sobre su experiencia cotidiana.
Y agrega: «Es probable que Covid-19 tenga una acción directa sobre el sistema nervioso central , como lo sugieren los síntomas de disgeusia (pérdida del gusto) y anosmia (pérdida del olfato), entre otros. Pero esto aún no nos permite afirmar que el síndrome confusional agudo esté directamente asociado . Hay síntomas neurológicos que estamos viendo en los pacientes y es altamente probable que tengan relación con Covid-19».
Si bien desde el servicio que dirige Ingelmo no detectaron un aumento de consultas de terapia intensiva u otros servicios por síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con Covid-19, señala que «hay evidencia creciente en publicaciones internacionales de que esto podría ser de esta manera».
Un estudio publicado hace cinco días en la revista Lancet Psychiatry describe complicaciones neurológicas y psiquiátricas en un primer seguimiento en Reino Unido de 153 pacientes con Covid-19 a través de una red online de la Asociación de Neurólogos Británicos, la Asociación Británica de Especialistas en ACV y el Colegio Real de Psiquiatras. El 18% de los casos tenía menos de 60 años.
En los países del hemisferio norte que superaron lo que sería la primera ola epidémica de este nuevo coronavirus, distintos grupos de Estados Unidos y Europa que elaboraron guías para el manejo del delirium coinciden en que esta pandemia también crea «la tormenta perfecta» para la aparición de esta complicación. Eso incluye un uso más prolongado del respirador y los fármacos para la sedación y la analgesia, además de la alteración del sueño y la inmovilidad por varias semanas sin posibilidad de recibir la visita de sus seres queridos por las restricciones para prevenir contagios.
Además, la falta de oxígeno y la inflamación en los casos más graves también puede afectar el cerebro y colaborar con la aparición de complicaciones cognitivas.
Coradir, una empresa especializada en artículos eléctricos de San Luis, presentó el «Tito»: el primer auto eléctrico de esa provincia. El objetivo de la empresa es lanzarlo a la venta a fin de año, a un precio de 10 mil dólares.
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Juan Manuel Baretto, presidente de Coradir, anunció que ya se inició el proceso de homologación y que el Tito competirá contra el Volt, el auto eléctrico cordobés, que cuesta el doble.
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La empresa Coradir ya tiene los primeros prototipos, el vehículo que planean sea el más económico del país. Tito tiene una autonomía de 100 kilómetros con una carga eléctrica de ocho horas y su velocidad máxima es de 65 km/h, dado que es un auto destinado al uso en la ciudad.
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La fábrica les daría trabajo a 40 personas para el ensamblado del automóvil. El lanzamiento oficial sería en diciembre, pero depende de la habilitación de los permisos.
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“Desde hace dos años trabajamos junto con Probattery, una empresa nacional de baterías que tiene muchos años. Comenzamos a trabajar en esta línea porque entendemos que el futuro de la electrónica está en estas temáticas. Pensamos que el tema de los coches eléctricos en la Argentina venía muy demorado y planeamos hacer un modelo como para generar el primer cliente para la línea de baterías de movilidad de la empresa”, expresó el presidente de Coradir, Juan Manuel Baretto.
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“Tito es un producto muy superador”, expresó sobre el primer auto eléctrico puntano. El vehículo tiene cuatro asientos y los traseros son rebatibles para lograr más espacio en el baúl. Además, tiene carrocería de origen chino, pero será reemplazada por una nacional. “Un gran problema es la carrocería en chapa, que para diseñar las matrices, los moldes y hacerlo acá necesitás mucha demanda, entonces lo que hicimos fue buscar en China una que ya existe, que se usa en muchos modelos eléctricos, y firmamos un convenio”, contó.
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La electrónica y las baterías son diseño de la compañía. “En principio traeríamos todas las partes a la planta de San Luis y el coche se ensamblaría íntegramente aquí”, agregó.
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“En el primer trimestre del año que viene ya tendremos que estar haciendo la carrocería nosotros. Tenemos los permisos del diseñador y hay una empresa en Munro haciendo las matrices, porque lo vamos a hacer del material Kevlar, ya que para hacer matriz de chapa se necesitan muchas cantidades. Como tenemos una fábrica de metal-mecánica, vamos a hacer la carrocería de aluminio con perfiles y partes fundidas”, detalló.
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La compañía estima que para fin de año tendrán el 80% del vehículo con producción nacional.
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El auto eléctrico está en proceso de certificación para que aprueben las medidas de seguridad y que el coche tenga el permiso para circular en la provincia y en el resto del país.
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“Está pensado para que sea de carga lenta y quien adquiera un vehículo eléctrico no tenga que hacer en su casa una modificación, entonces de noche, mientras dormís, dejás el coche enchufado y listo. Tiene 100 kilómetros de autonomía con baterías de plomo; si ponés el pack de baterías de litio, podes triplicar esa distancia”, indicó Baretto.
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“Para ser un citycar esa autonomía sobra. Yo vivo en La Punta y no hago 100 kilómetros por día, tranquilamente debería cubrir el desplazamiento de una persona. Está pensado para ser un coche que no salga de la ciudad”, expresó el presidente de la empresa.
La firma planea comercializarlo en todo el país. Tendrá un costo al público de 10.000 dólares. “Es a dólar oficial, hoy sería unos $720.000”, mencionó. Los tiempos de entrega serían de 60 a 90días.
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“La semana que viene largamos el micrositio web del vehículo, donde van a estar todas las especificaciones técnicas definidas para que la gente que sea más entusiasta lo pueda ir viendo”, anunció el presidente de Coradir.
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Baretto mencionó que planean que las cuotas de financiación tengan el mismo monto que el gasto mensual de nafta de un auto común. “En promedio la gente recorre 20.000 kilómetros por año en una ciudad, son unos 1.500 mensuales, que equivalen a $12.000 de nafta por mes. Queremos llegar a una cuota ajustada al valor del combustible o algo similar. Estamos trabajando con los bancos”, estimó. Además, expresó que planean que Tito sea el auto más barato de la Argentina.
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“En principio haríamos dos motorizaciones, una de más velocidad para quienes tengan que ir de una ciudad a otra, pero también depende de los permisos y su rapidez. Después, quizás con una carrocería similar, haríamos un cargo, que sobre todo para paquetería es muy útil”, adelantó.
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Otra característica del vehículo es que no requiere mucho mantenimiento, solo de frenos, y las baterías de litio duran alrededor de ocho años. La empresa está haciendo las modificaciones a la fábrica para crear la línea de ensamble. Y planea vender entre 200 y 250 vehículos en el primer año de lanzamiento.
Es oficial: hay una vacuna anti-Covid licenciada por una autoridad regulatoria con jurisdicción sobre 1400 millones de personas. Es de la empresa china CanSino y la autorización de su despliegue sucedió este domingo 29/6, pero está restringida únicamente a las FFAA chinas. La vacuna había hecho estudios de fase I y II, es decir de toxicidad y un primer doble ciego de efectividad.
Normalmente a eso sigue uno de fase III con miles de casos también en doble ciego, para que los grandes números expresen los efectos colaterales escondidos. Pero en este caso la dirigencia política china decidió que las FFAA (o una parte de éstas) asuman la fase III. Para el caso, son las más numerosas del planeta: 2,18 millones de militares, sumando todas las armas.
CanSino es una empresa incubada por el Instituto de Biotecnología de Beijing, que a su vez depende de la Academia Militar de Ciencias Médicas. Desarrolló una vacuna viral recombinante: consta de adenovirus Ad5 vivos y modificados. En su versión salvaje, son casi inofensivos, pero no del todo: causan resfríos en los humanos.
En la versión modificada por CanSino, tienen un añadido genético del virus SARS CoV-2: las secuencias de ARN que codifican la proteína «Spike» de la cápside de este último virus. La idea es que los tejidos del vacunado, en una suerte de aprendizaje de tiro al blanco, fabriquen esta antígeno irritante en la cantidad suficiente como para que el sistema inmune lo detecte y sintetice anticuerpos capaces de neutralizarlo. De algún modo, la vacuna real la fabrica el propio vacunado en su cuerpo: CanSino suministra las instrucciones genéticas para hacerlo.
La proteína Spike es quizás el blanco más importante para atajar el SARS CoV-2: actúa de garfio de abordaje para que el virus se pegue a la célula que trata de invadir. Si se lo bloquea, el abordaje fracasa. De las 29 enzimas que parece fabricar este virus, todas ellas con capacidad antigénica, todas factibles de bloqueo con anticuerpos, la Spike parece ser el objetivo de la mayor parte de las vacunas en desarrollo.
En materia de efectividad, la revista de medicina británica «The Lancet» evaluó casi favorablemente la fase 1 de la vacuna de CanSino, que se hizo sobre 108 voluntarios (todos del servicio médico del Ejército Popular de Liberación): el 75% de los vacunados con dosis altas expresó anticuerpos con capacidad de neutralizar la proteína Spike, y el 50% de los que recibieron una dosis media también. En forma interesante, la respuesta a la vacuna fue doble: no sólo estimuló la producción de anticuerpos anti-Spike, sino también la llamada “inmunidad celular”, es decir la acción de los linfocitos CD4 y CD8 contra los tejidos infectados.
¿Qué dice la competencia? Dennis Burton, inmunólogo del Scripps Research Institute de los EEUU, dijo que los publicados en The Lancet son números aceptables «pero para nada impresionantes». El problema de la vacuna de CanSino, explica el tipo, es que tiene un piso alto y un techo bajo. El techo está dado por la toxicidad: una alta dosis de virus del resfrío, sean salvajes o modificados, puede ser una pésima idea.
Hildegund Ertl, vacunólogo del Wistar Institute, dice lo siguiente sobre la toxicidad de la fórmula de CanSino: “Casi todos los vacunados, el 81%, pasaron por al menos un efecto colateral fuerte, sea dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga o fiebre”. Ertl añade que 9 de los 108 pacientes de la fase 1 tuvieron fiebre alta, y entre ellos 5 de los que recibieron la dosis máxima.
Si ése es el techo, el piso lo pone la respuesta inmune humana frente a los adenovirus Ad5. ¿Qué hace con ellos? Los neutraliza con anticuerpos, es decir, ataca la vacuna, porque ES –además- una infección: un resfrío. La gente que no se resfría nunca es bastante eficiente en esto de neutralizar adenovirus Ad5, y tal vez por ello esta vacuna en particular les resulte inefectiva a bajas dosis. Sin embargo, ahora que se suministrará masivamente, podrá verse en números su potencial de evitar –o no- grandes contagios de Covid-19, o al menos de mitigarlos. En la cancha se ven los pingos, como dicen en Beijing.
Ante el problema de que casi todo humano tiene memoria inmune contra los resfríos, otros investigadores que usan adenovirus como vectores de distintos antígenos del SARS CoV-2 optaron por primos lejanos del banal Ad5, de los que la mayor parte de los humanos no tenemos mayor experiencia patológica, como el Ad26. Fue el vector elegido por Johnson y Johnson. La idea es que el vacunado no ataque a la vacuna. Otro ejemplo más audaz: AstraZeneca y el grupo de la Universidad de Oxford prefieren como vector un virus del resfrío de los chimpancés.
Más allá de críticas y comparaciones, la de CanSino fue la primera vacuna del mundo en publicar los resultados de su fase 1 en una revista con comité de referato, y no cualquiera: The Lancet es el “journal” más prestigioso en medicina clínica, o al menos el más viejo (empezó en 1823). Ahora esta vacuna es también la primera en llegar a despliegue masivo.
Próximo paso para CanSino si la vacunación de las FFAA chinas da buenos resultados: vacunar al personal viajero de las multinacionales chinas con operaciones en el exterior.
El gobierno chino es lo suficientemente monolítico como para saltearse una fase III, o inventar una tan enorme que de hecho equivale a un licenciamiento acotado, y eso sin que los medios protesten. El patriotismo de las fuerzas armadas se puede dar por descontado. La obediencia de los medios chinos también.
(En una serie de notas Las vacunas que vienen, que publicamos hace sólo dos semanas, mencionamos a CanSino, pero no entre las más adelantadas. Eso sí, señalamos que los chinos habían aprendido dos lecciones en fabricación de armas de sus mentores soviéticos de hace 70 años: «Hacelo simple, y poné el cuerpo»).
Más de un “opinator” saldrá con que sería difícil que un ente regulador occidental como la FDA (Food and Drug Administration, la agencia reguladora estadounidense) pueda apresurar así el licenciamiento comercial de una vacuna.
Pero estaría macaneando. En 1955 la primera fórmula efectiva contra la poliomielitis, la de Jonas Salk, se puso a prueba sobre una fase III que involucró a 1,8 millones de chicos estadounidenses. Eso fue muy poco ortodoxo, pero en la ocasión las autoridades echaron agua bendita sobre el procedimiento.
Aquel año EEUU tenía una epidemia de 55.000 casos mayormente infantiles, y no estaba el ánimo público para una fase III de un par de años. Hubo problemas de seguridad: unos 200 casos de parálisis atípica en un único miembro (el inyectado). Resultaron no ser inherentes a la vacuna Salk en sí, sino a mal control de calidad de dos de los 5 fabricantes elegidos por el gobierno estadounidense para fabricar casi 2 millones de dosis. La vacuna Salk funciona con virus entero inactivado por formol, y varias partidas estaban mal inactivadas, es decir con el virus parcialmente vivo.
No son infrecuentes los problemas de seguridad originados en fábrica cuando una vacuna es licenciada. No es lo mismo una producción de algunos miles de dosis que la de muchos millones.
La competencia entre biotecnológicas estadounidenses y chinas por una vacuna anti-Covid empieza a parecerse a la carrera espacial por la Luna en 1969. Sólo que en esa había sólo prestigio en juego: ahora son millones de vidas y la economía mundial. Este virus no desaparecerá solo, y en sus idas y vueltas tiene el potencial de repetir la performance del de la gripe H1N1 de 1917, que tras cuatro oleadas pareció esfumarse del mundo en 1920. Pero eso tras haber matado –sin mayor oposición- a entre 40 y 100 millones de personas.
Dado que la tecnología de vectores virales recombinantes es totalmente distinta de la de tiempos de Jonas Salk, es difícil que pueda repetirse un problema de seguridad parecido al que tuvo el primer despliegue masivo de la Salk con esta vacuna de CanSino. Pero la inmunología es una ciencia bastante impredecible y los que mandan son los resultados.
El punto menos brillante de esta primera vacuna podría ser la efectividad, más que la seguridad. Pero incluso si demuestra un efecto protector al menos parcial, siempre se la podrá combinar con otras de distinta base tecnológica, apuntadas contra otros antígenos y/o procesos virales. No sería extraño que en un futuro nada lejano lo común sean las vacunas múltiples anti-Covid.
Lo bueno es saber que ya hay al menos una ya en despliegue masivo, y casi 160 más en distintas fases preclínicas y clínicas de desarrollo y licenciamiento. Hasta ahora, todo fue cuarentenas, o diagnóstico y rastreo, defensa puramente pasiva, brutal y de alto costo económico y político.
Esta fórmula es la primera acción ofensiva de la humanidad contra el Covid-19. Por fin empezó la guerra en serio. Pero nada indica que vaya a ser corta o fácil.
El presidente de la Comisión Nuclear Metalúrgica de ADIMRA -Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina- y discípulo del tecnólogo Jorge Sabato en la CNEA, afirma que la compra de una central nuclear a China llave en mano solo es válida si está vinculada con la construcción de otro reactor con la tecnología dominada por la Argentina.
Ricardo Bernal Castro es el presidente de la Comisión Nuclear Metalúrgica de ADIMRA y el titular de la Cámara de Fabricante de Tubos y Caños de Acero. También es conocido como uno de los 12 apóstoles de Jorge Sabato, el gran tecnólogo argentino con el que trabajó en la Gerencia de Materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA desde el año 1969. Durante la dictadura que se inició a partir de 1976, Bernal Castro abandonó la jefatura del Laboratorio de Ensayos Mecánicos de la CNEA y pasó al sector privado.
Más cerca en el tiempo, este ingeniero electrómecánico que se había incorporado a la Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE) –empresa especializada en la producción de tubos de zircaloy para plantas nucleares– participaría de dos grandes proyectos del sector nuclear argentino: la finalización de la obra de Atucha II y la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.
En diálogo con TSS, Bernal Castro respondió a las declaraciones del director de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Rubén Quintana, sobre la conveniencia o no de construir una central nuclear CANDU (de agua pesada y uranio de bajo enriquecimiento, la tecnología dominada históricamente por la CNEA) en la Argentina y acerca del impacto que tendría en la industria local con respecto a la construcción de una central china Hua Long llave en mano.
“Decir CANDU o Hua Long es una falsa dicotomía. Creo que hay que hablar de las dos simultáneamente, como se acordó originalmente con China. En el año 2015 viajamos junto con NA-SA para firmar un acuerdo por la construcción de las dos centrales y ambas líneas son válidas si están vinculadas. Un reactor Hua Long solo cuesta unos 8000 millones de dólares y, por más que sea un muy buen crédito, hay que pagarlo”, dijo.
Para construir una central nuclear CANDU, Quintana aseguró que hace faltan 70 actualizaciones importantes que son demasiado caras y que deberían contratarse en el exterior. ¿Esas actualizaciones se hicieron para la extensión de vida de Embase?
Se incorporaron algunas innovaciones de lo que es el modelo CANDU VI, que es lo más reciente que desarrolló CANDU, pero como Embalse es una central anterior a estos desarrollos no tuvo esas innovaciones. Más allá de que se hayan incorporado o no, los conocimientos que tiene NA-SA, por el equipo que trabajó en Embalse, más la propia experiencia anterior de la CNEA cuando se construyó Embalse, más de 40 años atrás, hace que cualquier adaptación o modificación necesaria en una central CANDU sea relativamente sencilla de hacer por argentinos a partir de un acuerdo entre la Argentina y Canadá.
¿Le parece que es posible hacer una nueva CANDU en nuestro país entonces?
Creo que es una buena idea. Este tipo de central es la que mejor conoce la Argentina entre las existentes. El resto de las centrales tienen dos problemas. En primer lugar, del modelo Hua Long chino no se conocen centrales en otros lugares. Hay algunas similitudes con respecto al reactor Westinghouse de Estados Unidos, que no se ha continuado, y con un desarrollo francés. En segundo lugar, la construcción de los componentes principales de una central de este tipo no serían posibles de hacer en la Argentina porque hace falta industria básica muy importante que solo pocos países en el mundo tienen. Canadá hizo el CANDU porque no tenía esa industria pesada necesaria para hacer recipientes de presión como un PWR (reactor de agua presurizada, en inglés). Entonces, optó por desarrollar los tubos de presión, que es una tecnología para países industriales desarrollados pero de menos capacidad en industria pesada. Así llegaron a un reactor que tuvo y tiene una gran actividad. No olvidemos que en India se están construyendo seis reactores tipo CANDU, ya que los indios hicieron sus propios avances y próximamente esperan construir otros diez.
En cuanto a los combustibles para una central Hua Long, ¿cree que CONUAR podría producirlos?
Hasta donde yo sé, las discusiones sobre el combustible han sido muy duras.
¿Técnicamente se podría?
No sabemos porque no lo conocemos. CONUAR es una empresa que desde hace 40 años fabrica combustibles nucleares para las centrales de potencia, que son de uranio natural o levemente enriquecido. Pero también ha desarrollado, bajo las instrucciones de la CNEA, el combustible del CAREM y de otros reactores experimentales, y los de investigación de INVAP. Experiencia tiene, el problema es la transferencia de tecnología. Habría que ver si China está dispuesta a hacer esa transferencia y cuándo, porque había información del Gobierno anterior (la gestión de Cambiemos) que decía que podrían hacer la transferencia de tecnología después de 20 años de funcionamiento de la central. No sabemos si hoy están ofreciendo algo nuevo.
¿Cuales son las expectativas con el proyecto CAREM?
El CAREM es lo mediato. Consideramos, desde el punto de vista de la Comisión Nuclear de ADIMRA, y de ADIMRA en su totalidad, que es un punto estratégico del desarrollo nuclear argentino. Ahí debería estar primero el esfuerzo. Si hoy pensamos en una obra nuclear deberíamos concentrarnos en el CAREM, que tiene costos menores y es un módulo desarrollado íntegramente en la Argentina, con la industria local, con todos los componentes principales de la isla nuclear fabricados en el país y ahí es adonde debería estar apuntando la Argentina. Deberíamos estar buscando créditos regionales para poder desarrollar ese reactor, que desde el punto de vista regional sería un avance fantástico porque está diseñado y pensado para zonas remotas adonde no se pueden construir grandes generadores de energía por la falta de redes. Primero, hay que terminar el prototipo que será la vidriera al mundo. De aquí a dos o tres años ese reactor puede llegar a tener una condición financiera que hoy no tiene, por una mejora del país y de la región. Hoy, con la pandemia que estamos viviendo, cualquier condición crediticia, ya sea para un CAREM, un reactor chino o uno canadiense, es difícil de pensar.
¿Cómo está el vínculo de las empresas del área nuclear con Brasil?
El vínculo es bueno. Hubo suministros aislados en los últimos años, exportaciones estratégicas a Brasil, por ejemplo, para el submarino de propulsión nuclear que está construyendo ese país. La Argentina proveyó partes absolutamente críticas y estratégicas, como los tubos de los generadores de vapor del submarino, pero hay poca vinculación. Me parece que la Argentina tiene que hacer un trabajo mucho más intenso con Brasil en materia nuclear porque somos países complementarios. Brasil tiene esa industria pesada de la que hablábamos para hacer una vasija de PWR que no tiene la Argentina. Por otro lado, la Argentina cuenta con una industria intermedia, producto de su experiencia tanto en la ampliación de vida de Embalse como en la construcción de Atucha II y el mantenimiento de Atucha I, que no tiene Brasil. Hay una cantidad de elementos complementarios que deberían estar más vinculados. En este momento la relación política no es la mejor y eso hace que no haya grandes vinculaciones, pero nuestro trabajo de expansión nuclear debería estar sustentado junto con Brasil.
¿Cómo fueron los últimos cuatro años para las empresas del sector nuclear?
Fueron malos. No solo porque no se construyó lo que se pensó que se iba a construir, tanto la central CANDU como la Hua Long, sino porque las autoridades le decían a la industria que se prepararan, que continuaran trabajando y se fortificaran porque venían esas obras. En esas condiciones, las empresas se comprometieron, crecieron, incorporaron personal y mantuvieron los equipos que estaban trabajando en la extensión de vida de Embalse, ya que no había mejor práctica que la instalación de los componentes de Embalse para que después esos mismo recursos humanos se dedicaran a la construcción de la central CANDU. Hasta mediados del año 2018 ese proyecto seguía vivito y coleando, pero tras la apertura del crédito con el FMI se cayó el CANDU y nunca hubo una información definitiva por parte de la Secretaría de Energía. Fue una especie de abandono sin avisar la renuncia. Quisiera remarcar el esfuerzo de ambos proyectos de los que estamos hablando. Por razones financieras e industriales, estos proyectos deben estar vinculados. El reactor chino tiene una réplica bajísima en la industria argentina. Puede haber algún componente menor o suministro, algo de obra civil, pero es un reactor llave en mano. El rebote industrial y tecnológico del reactor chino es cero. Para China, es bueno poder vender un reactor fuera de su territorio que no sean los dos que está construyendo en Pakistán, que tienen que ver con razones geopolíticas, pero no hay ningún otro en el mundo occidental. Además, no se venden muchos reactores en el mundo en este momento. El CANDU es todo lo contrario: salvo una o dos bombas, la turbina y el generador, que deben ser importados, el resto de los componentes se pueden fabricar en el país y la industria lo ha demostrado con la extensión de vida de Embalse. Por eso, ambos proyectos deben estar juntos y no es una idea loca porque fue lo que siempre estuvo en las negociaciones y China lo aceptaba sin ningún problema. Por supuesto que, a medida que iba avanzando la negociación, el Gobierno de Macri cedía algunos componentes del CANDU a China para que les fuera más atractivo, pero ese no era el eje de la negociación. El eje siempre fue que China financiaba un reactor y construía otro, eso fue lo que motivó el acuerdo. Si no hay un reactor CANDU y solo se compra uno llave en mano, sería preferible no avanzar con China.»
Desde Punto de Encuentro – Teletrabajo nos han hecho llegar este documento, suscripto por representantes de muy diversos sectores de la comunidad: del mundo empresario, del sindicalismo, y del pensamiento. Consideramos oportuno publicarlo en vísperas del tratamiento del proyecto de ley en el Senado de la Nación. Y porque -más allá del debate, que continuará- creemos que cuando la pandemia sea sólo una memoria, el teletrabajo seguirá formando parte de la realidad laboral.
LOS DERECHOS DE LAS TELETRABAJADORAS Y LOS TELETRABAJADORES
«Sabemos que la tecnología, de la cual recibimos tantos beneficios y oportunidades, puede obstaculizar el desarrollo sustentable cuando está asociada a un paradigma de poder, dominio y manipulación. En el contexto actual, conocido como la cuarta revolución industrial, caracterizado por esta rapidación y la refinada tecnología digital, la robótica, y la inteligencia artificial, el mundo necesita de voces como la de ustedes. Son los trabajadores quienes, en su lucha por la jornada laboral justa, han aprendido a enfrentarse con una mentalidad utilitarista, cortoplacista, y manipuladora».
Carta de Francisco al Cardenal Turkson con motivo de la ConferenciaInternacional «De PopulorumProgressio A Laudato Si» – Noviembre de 2017
Los abajo firmantes hemos aportado nuestras ideas al trabajo de articulación y sistematización que realiza el Punto de Encuentro Teletrabajo PDET. En ese rol, queremos ratificar y hacer nuestros los contenidos del Proyecto de Ley que establece los derechos de los teletrabajadores y as teletrabajadoras y que obtuviera aprobación en Diputados, pasando para su tratamiento al Senado el 25 de junio de 2020.
Este concepto viene siendo sostenido a lo largo de innumerables debates y por una trayectoria de más de hace 20 años por el proyecto de Alfabetización Tecnológica llevado a cabo por la Organización Civil Infoworkers Trabajadores de la Información.
Entendemos al teletrabajo como aquella modalidad del contrato de trabajo que consiste en la ejecución de obras o prestaciones de servicios en la que el trabajador o la trabajadora las realiza total o parcialmente en su domicilio o en lugares distintos al establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.
Concebimos a la negociación colectiva como una herramienta fundamental para determinar el derecho de trabajadores y trabajadoras en el marco de la normativa vigente y los derechos que ostentan el resto de los trabajadores como parte del movimiento sindical argentino.
Sostenemos que los teletrabajadores y las teletrabajadoras deben gozar de los mismos derechos que tienen aquellos y aquellas cuya modalidad en la prestación sea presencial, siendo los convenios colectivos instrumentos adecuados para ajustar las condiciones particulares en que se prestan esos servicios.
Sostenemos la plena vigencia y el necesario reforzamiento de los derechos colectivos en la modalidad del teletrabajo, promoviendo una representación de acuerdo al modelo sindical argentino, en el que teletrabajadores y teletrabajadoras sean reconocidos como pertenecientes a la actividad en que se desarrollen.
El derecho a la desconexión digital, entendido como garantía a la interrupción en la conectividad de dispositivos y sistemas tecnológicos fuera de los horarios de trabajo y como la prohibición al empleador de establecer la realización de tareas fuera de aquellos, resulta fundamental para el respeto de la jornada de trabajo.
La incorporación de la perspectiva de género resulta saludable para el desarrollo de esta modalidad, incluyendo herramientas que garanticen por un lado la compatibilización de los tiempos de trabajo con los tiempos familiares y de descanso y, por el otro, evitando la sobrecarga con las tareas no remuneradas en el hogar.
El principio de reversibilidad es uno de los elementos centrales de esta modalidad laboral, actuando como garantía de la voluntariedad.
El proceso de Alfabetización Tecnológica resulta indispensable para establecer una verdadera movilidad social ascendente de todos y todas los trabajadores y las trabajadoras, y constituye una herramienta fundamental para que puedan acceder a las nuevas tecnologías y, por tanto, a la nueva modalidad de contrato de trabajo, permitiendo una mejor adecuación a la misma y la reducción de la brecha digital.
En materia de condiciones y medioambiente de trabajo (CyMAT) resulta indispensable que la autoridad de aplicación dicte -además de las ya existentes- las normas pertinentes con el objetivo de brindar una protección adecuada, cuyo eje sea la prevención y con cobertura.
Esta declaración, expresa nuestras más altas convicciones en el sentido de entrar en una senda virtuosa donde las Tecnologías Convenientes, la negociación colectiva y el diálogo social, el respeto del modelo sindical argentino, el resguardo de la dignidad y la vida y, en definitiva, la justicia social sean los elementos centrales que guíen a la modalidad del Teletrabajo a partir de la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la superación de la pandemia de COVID-19.
Omar Plaini
Dirigente sindical y senador provincial – Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Social – Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
Roberto Bonetti
Secretario General Adj. de la Unión Obrera Metalúrgica – Seccional Capital
Soledad Alonso
Diputada Provincial PBA, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Secretaria de Prensa del SECASFPI
Alberto Botto
Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario
Agustín Amicone
Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra)
Carlos «Pancho» Gaitán
Dirigente Gremial. Miembro de la Comisión Mundial de Estatutos, Finanzas y Estructuras de INDUSTRIALL
Miguel Ángel Paniagua
Secretario General de SUTEP
Pimpi Colombo
Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina SACRA
Oscar Lamberto
Ex Presidente de AGN – Ex Legislador Nacional
Oscar Cuartango
Ex ministro de Trabajo de la PBA – Referente del Grupo Descartes
Tomás Calvo
Abogado laboralista – Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina
Horacio Bossio
Presidente de la Asociación Civil Infoworkers Trabajadores de la Información
Jorge Zaccagnini
Tecnólogo – Foro para el Día Después Coordinador del Punto de Encuentro Teletrabajo
Mariana Vélez
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia
Raúl Ferrara
Abogado laboralista – Grupo Descartes Coordinador del Punto de Encuentro Teletrabajo
Juan Manuel Martínez Chas
Abogado laboralista Coordinador del Punto de Encuentro Teletrabajo
Roberto Pons
Economista – Profesor honorario UBA – Subdirector Departamento de Economía FCE
Julio César Neffa
Licenciado en Economía Política, UBA – Doctor en Sciences Sociales du Travail de la Universidad de Paris
Alberto Aller
Secretario del Foro para una Nueva Política Industrial FONPI
Luis Antonioli
Lic. en Ciencias Politicas, ex Subsecretario de Empleo PBA
Elizabeth Benítez
Abogada laboralista
Jaqueline López
Licenciada en Trabajo Social
Lidia Seratti
Experta en TIC – MinCyT, Mesa Ejecutiva de COPITEC
Jorge Pascualini Stettler
Secretario de Política Energética De La Federación Argentina de Trabajadores De Luz Y Fuerza
Alejandra Bonato
Profesora de Enseñanza Primaria integral del sistema de riesgos del trabajo.
Mauricio Benegas
Enólogo – Coordinador de fiscalización de la Región Cuyo en el Ministerio de Trabajo de la Nación
Alejandro Bellicoso
Secretaría de DD.HH. del Sindicato de Empleados de Comercio de CABA
Rosana Cabrera
Especialista en Gestión de Políticas Públicas -Lic. en Relaciones del Trabajo
Gabriela Cericola
Área de Relaciones Intersindicales, DDHH, Genero e Igualdad del Sindicato de Luz y Fuerza
Aliza Damiani
Diputada m.c. 2011- 2015 Pcia de Santa Fe
Romina Fleita
Estudiante de la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de Lomas de Zamora
Rubén Antonio Masetro
Trabajador cuentapropista
Sonia Orozco
Docente. Militante del grupo Descartes
Haydee Regolf
Especialista en Educación de Adultos
Julio Sosa
Empresario
Alejandro Darío Suárez
Ingeniero en seguridad ambiental Licenciado en higiene y seguridad en el trabajo
Rosana Tortosa
Periodista
Osvaldo Pereyra
Delegado Gremial del SUOEM Córdoba
Ernesto Seguel
Subsecretario de Trabajo de Neuquén
Marcelo Pedehontaa
Secretario de Trabajo de La Pampa
Eduardo Costelo
Abogado laboralista – Ex Ministro de Trabajo de Salta
Myriam Espinosa
Secretaria de Trabajo de La Rioja
Silvio Puchetta
Delegado Departamental Delegación Federación de la Secretaria de trabajo y S. Social Entre Ríos
Guillermo Soria Paz
Ex Director de Higiene y Seguridad Ministerio de Trabajo PBA
Liliana Spoljaric
Legisladora provincial frente chaqueño
Gustavo Cousirat
Abogado laboralista, asesor del Sindicato de Choferes de Camiones Deleg. Avellaneda
Antonio Maltana
Coordinador General del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Integrante Cámara de Industriales Ferroviarios
Alberto Lettieri
Doctor en Historia UBA – Conicet
María Eugenia Cuartango
Militante Grupo Descartes
Juan José Bergia
Presidente Partido Nepar Diputado provincial bloque Nepar
Alejandro Curcio
Abogado y apoderado de SUTEP
Juan Manuel Pedrini
Jefe de Bloque del Frente Chaqueño Diputado provincial
Juan Carlos Ayala
Diputado provincial Frente Chaqueño
Marino Calcopietro
Abogado Laboralista- Ex Subdirector Nacional de Relaciones Laborales
Guillermo René Llanes
Delegado Normalizador del SITRAED (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chubut)
Yésica Ayala
Diputada Provincial Frente Chaqueño
Elsa Insaurralde
Diputada Provincial Frente Chaqueño
Jorge Carpinetti
Relator Comisión de Legislación del Trabajo – Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires
Pablo Marquez
Asesor – Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires
Sergio Ortiz
Sec De Juventud del Sind de Comercio de Capital y Secretario de Organización de la Juventud Sindical
Fernando Sebastian Zarza
Presidente Parte Misiones
Mario Mobilio
Secr. Gral. Agrupación Peronista Vial
Lic Richard Llanqueleo
Concejal Municipal Frente de Todos Valcheta Río Negro
Pascual A. Rucireto
Abogado laboralista
María José Herrera
Ex Directora de Empleo del Ministerio de Trabajo PBA
Manuel Fasano
Militante Grupo Descartes
Marcelo Seijas
Administrador Gubernamental
Juan Manuel Moukarzel, Docente
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se ha apresurado a divulgar un informe que sostiene que no existe ninguna evidencia científica de que el coronavirus pueda ser transmitido por alimentos. Y que, sin embargo, la cadena de ganados y carnes de la Argentina puso en marcha medidas y protocolos específicos para asegurar los estándares de higiene e inocuidad.
Esa afirmación es correcta. El virus SARS-CoV-2 se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Hasta el momento, no hay casos registrados de personas contagiadas de COVID-19 por consumo de alimentos o sus envases. Y el virus no puede multiplicarse en los alimentos, según la Organización Panamericana de la Salud.
También, agencias de EE.UU. (Departamento de Agricultura-USDA) y Europa (European Food Security Agency-EFSA) informan que no existe evidencia de transmisión de SARS-CoV-2 por consumo de alimentos.
El problema es otro, y es el causante de la aprensión que preocupa al IPCVA y a la cadena de la ganadería en general. Son las condiciones de trabajo en la industria frigorífica, el frío y la humedad, como se explicó hace ya mes y medio en una serie de notas en AgendAR, que la convierten en un lugar de alto riesgo de contagio para su personal.
En Alemania un reciente brote de casos en un frigorífico -la planta de productos cárnicos Tonnies- obligó a poner a 630.000 personas en cuarentena.
La industria de la carne -informa el IPCVA- fue adoptando protocolos internos para prevenir COVID-19 entre sus trabajadores. Estas plantas implementan Procesos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) [sanitización = limpieza + desinfección], Buenas Prácticas de Manipulación (BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH) y control de materias primas e insumos, entre otros.
Aquellas plantas con mayores exigencias, cuentan con un sistema basado en el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) y la adopción del concepto de “cultura de inocuidad”. Incluyen un sistema de salud laboral organizado para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en el personal. También se implementan BPH, como por ejemplo el uso de filtro sanitario (sanitización de delantales, botas, herramientas y manos), uso frecuente de desinfectantes, manejo de elementos de higiene personal, entre otros, según el Instituto.
Hasta ahora, el único caso similar en Argentina del que tenemos conocimiento en AgendAR, se dio en Capitán Sarmiento, entre trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos: 32 casos confirmados. No así en frigoríficos que trabajan con carne vacuna.
Un tema aparte es el de las carnicerías, donde es difícil garantizar estándares de higiene, proteger al personal, mantener distanciamiento entre clientes, permanecer abiertas y garantizar el suministro adecuado de carne día a día.
En cualquier caso, esto no provocaría transmisión del virus a través de la carne despachada. Mala noticia para los veganos más impulsivos.
Por primera vez, una nave espacial ha enviado imágenes del cielo desde tan lejos que algunas estrellas parecen estar en posiciones diferentes de como las veríamos desde la Tierra.
A más de 7000 millones de kilómetros de su hogar y desplazándose hacia el espacio interestelar, la misión New Horizons de la NASA ha viajado tanto que ahora tiene una vista única de las estrellas más cercanas.
«Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo alienígena, diferente de lo que vemos desde la Tierra», dijo en un comunicado Alan Stern , investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute (SwRI) en Boulder, Colorado. «Y eso nos ha permitido hacer algo que nunca antes se había logrado: ver las estrellas más cercanas visiblemente desplazadas en el cielo desde las posiciones que las vemos en la Tierra».
Del 22 al 23 de abril, la nave espacial enfocó su cámara telescópica de largo alcance en un par de las estrellas «más cercanas», Proxima Centauri y Wolf 359, mostrando cómo aparecen en diferentes lugares de lo que vemos desde la Tierra. Los científicos han usado durante mucho tiempo este «efecto de paralaje» -como parece que una estrella se mueve contra su fondo cuando se ve desde diferentes lugares- para medir distancias a las estrellas.
Una manera fácil de entender el paralaje es colocar un dedo con el brazo extendido y verlo saltar de un lado a otro cuando lo ve sucesivamente con cada ojo. Del mismo modo, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, las estrellas cambian de posición. Pero debido a que incluso las estrellas más cercanas están cientos de miles de veces más lejos que el diámetro de la órbita de la Tierra, los cambios de paralaje son pequeños y solo se pueden medir con instrumentación precisa.
La posición actual de la sonda New Horizons, a más de 7000 millones de kilómetros del Sol. Fue lanzada en 2006
«Ningún ojo humano puede detectar estos cambios», dijo Stern. Pero cuando las imágenes de New Horizons se combinan con imágenes de las mismas estrellas tomadas en las mismas fechas por telescopios en la Tierra, el cambio de paralaje es instantáneamente visible. La combinación produce una vista en 3D de las estrellas «flotando» frente a sus campos de estrellas de fondo.
«El experimento New Horizons proporciona la línea de base de paralaje más grande jamás creada, más de 7 mil millones de kilómetros, y es la primera demostración de un paralaje estelar fácilmente observable», dijo Tod Lauer, miembro del equipo científico de New Horizons.
Las imágenes complementarias de Proxima Centauri y Wolf 359 fueron proporcionadas por el Observatorio Las Cumbres, operando un telescopio remoto en el Observatorio Siding Spring en Australia, y los astrónomos John Kielkopf, Universidad de Louisville, y Karen Collins, Harvard y el Centro Smithsonian de Astrofísica, operando un telescopio remoto en el Observatorio del Monte Lemmon en Arizona.
En el momento de las observaciones, New Horizons estaba a más de 4.300 millones de millas (unos 7000 millones de kilómetros) de la Tierra, donde una señal de radio, que viajaba a la velocidad de la luz, necesitaba poco menos de 6 horas y 30 minutos para llegar a nuestros receptores.
Los países miembros de la Unión Europea aprobaron abrir sus fronteras a ciudadanos de 15 países considerados «seguros» para realizar viajes de negocios o de placer a partir de mañana, 1° de julio. El único país latinoamericano incluido en esta lista inicial fue Uruguay. Los grandes ausentes: Estados Unidos, Rusia y Brasil.
Los socios de la Unión Europea aprobaron por mayoría cualificada una lista inicial, que sufrirá modificaciones y revisiones cada dos semanas de acuerdo a la evolución de la pandemia.
Esta lista de países seguros la integran Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.
China fue aprobada provisionalmente a la espera de que las autoridades del gigante asiático confirmen si también permitirán la entrada de visitantes de la UE. La reciprocidad es una condición para estar en la lista.
Estas naciones fueron seleccionadas porque tienen un control similar o mejor de la pandemia de Covid-19 que la Unión Europea, en función del número de casos por cada 100.000 personas en las dos semanas anteriores. El promedio de la UE es de alrededor de 16.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades fue el filtro de la UE para realizar el listado. Según este departamento, al 30 de junio, las cifras de contagios de Estados Unidos (2.590.552), Brasil (1.368.195), Perú (282.365) y gran parte de América, que suma 5.226.063 en total, son demasiado altas para ingresar. De todo el continente, solo Canadá y Uruguay fueron admitidos por las autoridades europeas para que puedan planear viajes a su territorio a partir del 1 de julio.
Uruguay, con 932 contagios y solo 25 muertos por el virus, según el contador de la Universidad Johns Hopkins, es el país sudamericano con mejores datos.
No es necesario apelar a modelos matemáticos sofisticados para constatar el crecimiento de la pandemia en Argentina. Basta con seguir los números de cada mañana para identificar el patrón que indica que, de no cambiar el curso de acción, el problema estalla en semanas. Este es el planteo de científicos e investigadores que proponen una alternativa: barajar y dar de nuevo con una cuarentena estricta pero no sólo para aplazar el estallido sino para -luego del 17 de julio, poder abrir paulatinamente, en un formato inteligente, apoyado en una política de rastreo y aislamiento de contactos de personas portadoras de coronavirus, especialmente enfocada en la región más compleja: el AMBA.
“El panorama actual es realmente oscuro. Pero no deja de ser lo ya que preveíamos -hace casi dos meses- con solo seguir los números globales”, detalla Roberto Etchenique, investigador del Conicet. “Y si no hacemos un cambio drástico, la epidemia seguirá su curso actual”. Según este reconocido profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, “Estamos apenas al principio. En el mundo tal vez estemos al 2 o 3% del avance total. Y en Argentina dudo que hayamos llegado al 1%”. Además, por las particularidades del Covid-19 y la manera de hacer los tests, los casos detectados son mucho menos que los reales. “Para llegar a la cifra correcta habría que, al menos, multiplicar por seis” asevera Etchenique.
Otro experto que sistematiza y analiza a diario los datos oficiales es el físico Jorge Aliaga, secretario de planeamiento de la Universidad de Hurlingham. “Sin intervención, la cantidad de contagiados se duplica cada 4 días y pronto se llegaría a un “pico biológico natural” pero con un costo enorme en vidas humanas”, dice. A lo que Etchenique le pone números: “Si no hacemos nada esta epidemia terminaría sola, pero con un saldo de entre 140 mil a 200 mil argentinos muertos”.
Algo similar muestra Juan Fraire, investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Córdoba abocado a la modelización digital de la pandemia: “En base a las distribuciones estadísticas en el país, si se levantara el aislamiento la mortalidad total podría llegar al 4 o 5 %, considerando las limitaciones hospitalarias. O sea, el 4 o 5% de la población argentina podría morir”.
¿Qué hacer a partir del 17 de julio para no volver a la misma situación de hoy?
Las propuestas de Etchenique y Aliaga implican que no hay que volver a intentar “achatar” la curva: “Hay que colapsarla, tal como hizo Corea. Y no es imposible hacerlo acá, tal como lo demuestran los ejemplos exitosos del interior, incluso en ciudades grandes como Córdoba o Rosario que lograron extinguir los focos”, aseguran ambos. En su visión, hoy la epidemia solo crece en forma desbocada en el AMBA, mientras que en el resto del país se ha logrado controlar. De hecho, los nuevos brotes de las provincias suelen ser causados por el “derrame” de casos de viajeros llegados desde el Área Metropolitana.
¿Cómo lograr mitigar la situación en la aglomeración urbana más grande del país? “Con una cuarentena muy fuerte ahora ganamos tiempo para preparar muchos equipos de 4 ó 5 personas entrenadas en hacer rastreo de contactos de casos, testearlos y ponerlos en aislamiento por 14 días. Tenemos que preparar varias decenas de miles de “buscadores” capaces de rastrear, incluso, contactos de personas portadoras pero asintomáticas y que puedan trabajar en la calle, por teléfono y computadora”, propone Etchenique. ”Se podría dividir el AMBA en una decena de zonas más manejables, con equipos dedicados”.
Aliaga agregó que “deben ser grupos eficientes ya que por cada infectado tendrán que rastrear entre 20 y 30 contactos en pocas horas. Por eso necesitamos la cuarentena, para iniciar ese proceso con un número razonable: por ejemplo 50 contagios diarios”.
Los modelos incluso permiten ensayar estrategias innovadoras: “Al rastreo de contactos y aislamiento se le podría sumar campañas de testeo aleatorias. Se que suena polémico, pero el algoritmo nos indica que una estrategia combinada de aleatoriedad sumado al “contac tracing” son dos acciones que se potencian mutuamente”, detalla Fraire.
¿Para qué hacer todo esto? Lo resume Aliaga: “Si cumplimos la cuarentena estricta, que disminuya sensiblemente la cantidad de contagios hasta mitad de julio y empezamos con rastreos y aislamiento rápido no solo podemos descomprimir los recursos médicos, también se podría volver a cierta normalidad. Y, de paso, darle tiempo a la medicina para seguir mejorando los nuevos tratamientos y estar más cerca de una vacuna”.Testeos agrupados
El testeo de muestras para confirmar o descartar casos de posibles portadores de coronavirus no solo es un proceso engorroso sino también caro. “Los costos de cada kit internacional, sin contar mano de obra, ronda los US$ 35. Y el que desarrolló Conicet andará por los US$ 20. Pero como la pandemia necesita decenas de miles, la idea que tuvimos fue actualizar y validar una modalidad que ya fue empleada en otras ocasiones, por ejemplo, al comienzo de la epidemia de VIH: se trata del testeo de muestras en un formato de pools”, explica Etchenique.
“Lo que hicimos ahora con un grupo de colegas fue poner a punto los protocolos para usar ese concepto para el SARS-CoV-2 y así poder bajar mucho el costo económico de los tests, haciéndolos en forma combinada, que posibilita llegar a ahorros de muy significativos. De hecho, en la hipótesis de máxima, se puede testear a la misma población pero por la décima parte del costo”.
El sistema consiste en mezclar en forma sistemática y ordenada parte de los contenidos de los hisopados de diferentes grupos de pacientes. Si alguna de esas combinaciones da positivo, se pueden repetir los test con las muestras originales para identificar al portador. O también se puede aislar a todo ese grupo.
Finaliza Etchenique: «Lo esencial es que como -por ahora- la prevalencia de contagiados ronda el 1 % de la población, esta modalidad permite ahorrar miles y miles de test y así bajar, en forma muy significativa, el monto de dinero dedicado a testeos. “Ya se está implementando en varios segmentos de la provincia de Buenos Aires, como geriátricos y se está extendiendo a otros grupos. Esta idea ya se está utilizando en otros países. De hecho, en estos días, también le dio aprobación la FDA de Estados Unidos.»
El DNU 576/2020, publicado en el Boletín Oficial, establece las 37 actividades esenciales y servicios que quedarán exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se prolongará hasta el 17 de julio, en el Área Metropolitana, todos los departamentos de Chaco, el departamento de General Roca de Río Negro y el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén.
Estas son las actividades y servicios esenciales exceptuados que podrán utilizar el transporte público, generando el nuevo permiso de circulación:
Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.
Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.
Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.
Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.
Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.
Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
Personal afectado a obra pública.
Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.
Servicios de lavandería.
Servicios postales y de distribución de paquetería.
Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.
Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.
Operación de Centrales Nucleares.
Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
Operación de aeropuertos.
Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas.
Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario.
Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual.
Inscripción, identificación y documentación de personas.
Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden.
Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.
Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.
Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.
Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.
Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.
Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo.
Traslado de niños, niñas y adolescentes -de padres separados-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
También quedan exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena las personas afectadas a las siguientes actividades y servicios, «siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y trabajadoras» sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes.
Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles.
Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.
Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.
Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear.
Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación.
Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.
Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.
Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.
Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio.
Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.
Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubicada en lugares alcanzados por la cuarentena, deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al Ministerio de Desarrollo Productivo.
Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.
Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.
Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias.
Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos.
En la evaluación que hace AgendAR, hay muchas actividades, sin duda, que no están clasificadas entre las 37 exceptuadas ni tampoco entre las que están cubiertas por los protocolos establecidos y/o el transporte del personal por los empleadores. Pero, afirmar que la economía está paralizada, aún en el AMBA, es una exageración.
Para acceder al Decreto de Necesidad y Urgencia n° 576/20, cliquear aquí.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata abrió la convocatoria para desarrollar el primer satélite propio de la UNLP, un pequeño instrumento de la categoría denominada “CubeSat”, que puede ser usado para estudiar las características del suelo, analizar el agua, detectar incendios u observar cambios meteorológicos.
El proyecto “Satélite Universitario”, impulsado por el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Facultad de Ingeniería, busca desarrollar un pequeño satélite de la categoría denominada “CubeSat”, con un máximo de 20 kg y 6 unidades. Una unidad (1U) de CubeSat mide 10 cm x 10 cm x 10 cm, es decir que 6U equivale a 10 cm x 20 cm x 30 cm; en una configuración 1U x 2U x 3U.
El objetivo es que los alumnos y la comunidad científica de la UNLP, tengan un contacto directo con la temática espacial. El llamado a propuestas estará abierto hasta agosto 2020.
Según indicó el vicepresidente del Área Institucional de la UNLP y director del CTA, Marcos Actis, la iniciativa pretende lograr la participación de “distintos laboratorios e investigadores” de la casa de estudios. “Lo primero es determinar qué necesidades hay por parte de nuestros investigadores de la observación satelital.
Después, preparar la misión, armar el satélite y buscar la posibilidad de socios para lanzarlo. El cronograma comprende diversas etapas, una vez definido el objetivo:
– Diseño preliminar
– Diseño detallado
– Manufactura, integración y ensayos- Lanzamiento y operación
Se busca que las propuestas de objetivos se presenten en forma de requerimientos científicos, es decir, los detalles de la información que debería recolectar el satélite para cumplir la misión. Si lo que se quiere probar es un instrumento o si se conoce el equipamiento necesario para realizar las mediciones pertinentes a los objetivos, los requerimientos pasan por el lado técnico.
«Estos requerimientos detallan las necesidades del sistema (potencia, energía, ambiente térmico, procesamiento de datos, etc.) y/o las características específicas del instrumento.”, explicó la coordinadora del programa, Sonia Botta, egresada de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UNLP y magíster en sistemas satelitales.
Uno de los principales objetivos del proyecto, señaló Actis, es demostrar que la ciencia está “al alcance de todos”. “Estas cosas se pueden hacer. Tenemos capacidad técnica y humana, que es lo principal; necesitamos gestionar y organizar para llevarlo adelante”, enfatizó y remarcó la importancia de seguir apostando al desarrollo de la soberanía espacial.
A nivel mundial la tendencia es fabricar satélites en tamaños cada vez más pequeños. Se trata de usar componentes comerciales para que su construcción y su puesta en órbita resulten más económicas.
Los responsables de la iniciativa explicaron que “sabemos cómo armar un satélite por toda la experiencia que tenemos. Sabemos qué es lo que se necesita, pero nos está faltando darle una utilidad al satélite. Por eso es una convocatoria al resto de las facultades de la Universidad, para que nos acerquen qué es lo que creen que se podría hacer. Juntar requerimientos científicos para darle una función”.
“Hoy podemos construir un satélite con sus baterías, su sistema de control, sus paneles solares y una cámara en su interior. Pero eso por sí mismo no resuelve problemas de la ciencia o de la comunidad. En cambio, si lo vinculamos a temas de geofísica, por ejemplo, para medir el campo magnético de la Tierra en determinado lugar, le ponemos un magnetómetro y ajustamos la órbita. O en el campo de las ciencias forestales, si se quiere contar la cantidad de árboles que hay en alguna región, le colocamos el instrumento necesario para eso y ajustamos la órbita.”, resaltó Botta. Para este proyecto, no hay un formato específico para presentar las propuestas.
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Centro Tecnológico Aeroespacial
Por más de veinte años, el Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP ha trabajado en temas espaciales. En principio, a través del Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA), participando del desarrollo de los satélites argentinos SAC B, SAC A y SAC D. Luego, con la incorporación al diseño del Proyecto Tronador II – para la construcción de un vehículo lanzador de satélites – se sumaron a la rama espacial el Grupo de Fluidodinámica Computacional (GFC) y el Laboratorio de Capa Límite y Fluidodinámica Ambiental (LaCLyFA).
Con el crecimiento obtenido por el trabajo interdisciplinar de los distintos grupos, se creó el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), dentro de la Facultad, en el año 2014.
Hoy, el CTA, es un centro dedicado al desarrollo, investigación y transferencia de tecnología y conocimiento para el fortalecimiento del campo Aeroespacial Argentino. Allí se mantiene la convergencia interdisciplinaria, de las líneas de trabajo de las UIDETs GEMA, GFC y LaCLyFA desde la experiencia adquirida y el constante aporte desde sus áreas de injerencia.
El CTA se impulsa y se retroalimenta, con la visión de seguir apostando por el desarrollo tecnológico para la soberanía espacial, así como la formación de recursos humanos, la proyección del crecimiento industrial del país y la transferencia de tecnologías para la innovación y el desarrollo sustentable a la comunidad.
El proyecto de ley de teletrabajo que regula la modalidad de trabajo a distancia fue aprobado el pasado jueves 25 en Diputados con 214 votos afirmativos, uno negativo y 29 abstenciones, y comienza a ser tratada en el Senado.
La pandemia que atravesamos aceleró, por supuesto, la decisión de legislar sobre una modalidad que ya venía avanzando. No es sorpresa que, casi en los mismos días, el Ministerio de Trabajo español prepara una nueva ‘Ley de Trabajo a Distancia’.
Por otro lado, ya la Cámara de Comercio advirtió que la nueva ley «traerá litigiosidad». Y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), dice «No queremos una ley demasiado rígida». Pero el teletrabajo llegó para quedarse, y los empleadores realistas saben que es necesario regularlo. Es cierto que a las pymes les resultará difícil cumplir con una legislación exigente. Pero hoy sería el menor de sus problemas.
Nos parece útil entonces detallar las características del proyecto de ley. Puede ser modificada en el Senado, pero la votación en Diputados muestra que es difícil, aún a la oposición, votar abiertamente contra los derechos laborales.
*Plazo de aplicación. “Entrará en vigor luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
*En el teletrabajo se tendrán “los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial, y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial”.
*Jornada laboral. “Debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”.
*Desconexión. Se “tendrá derecho a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”, y no habrá sanciones “por hacer uso de este derecho”.
*Herramientas. “El empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.
En ningún caso “responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo”, y “en caso de desperfectos, roturas o desgaste en los elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos que impidan la prestación de tareas, el empleador deberá proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de tareas”. Por otra parte, “el tiempo que demande el cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho de la persona que trabaja a continuar percibiendo la remuneración habitual”.
*Compensación de gastos. “La persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias”.
*Reversibilidad. “El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”. Una negativa del empleador “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.
*Derecho a la intimidad. “Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.
*Protección de datos. “El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma”.
*Tareas compartidas. “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio”.
*Voluntariedad. “El traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.
*Capacitación. “El empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral. La misma no implicará una mayor carga de trabajo”.
*Representación sindical. “Será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios”, y los empleados “deberán ser anexados por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas, para integrar los órganos de la asociación sindical”.
*Higiene y seguridad. “La autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo.
El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical”.
Sobre esta cuestión, “la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto” en la ley de Riesgos del Trabajo, así como también los “accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo”.
*Prestaciones transnacionales. Se “aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”. Para el “caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación”, aunque “los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”.
En AgendAR creemos que el espíritu de esta ley está influenciado por la idea que el teletrabajo es una excepción a la modalidad «normal». Y refleja el deseo que vuelva a ser así, una vez superada la emergencia sanitaria. No estamos seguros de esto.
Para determinar la prevalencia y evolución de la epidemia de COVID-19 a nivel poblacional a partir del análisis de muestras de aguas residuales, en el mes de mayo se conformó el equipo de investigación Detección de Coronavirus en el Ambiente en el marco de la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A la fecha, tres de los equipos del grupo de investigación ya han iniciado sus tareas en el conurbano bonaerense.
“Hemos logrado articular un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA)”, afirma la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del MinCyT, Carolina Vera. Es decir que los tres organismos, junto a los equipos de investigación ya están trabajando de forma coordinada para apuntalar las acciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, brindándole herramientas para la vigilancia epidemiológica: “OPDS y ADA toman las muestras y se las entregan a los grupos de investigación, luego ellos realizan el análisis y un informe donde se certifica si hay presencia de material genético en el efluente o no. Por último, el OPDS le entrega el informe conjunto al Ministerio de Salud provincial”, detalla Vera.
Son grupos de la Universidad de Quilmes, del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular «Dr. Héctor N. Torres» (INGEBI-CONICET), del Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM, UBA-CONICET) y del Instituto de Bacteriología y Virología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA-CONICET), que ya tienen un protocolo para muestreo y protección de material genético en los efluentes. “La idea es que este modelo de trabajo conjunto se extienda a los otros grupos que conforman el equipo en Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Salta”, comenta Carolina.
“Las primeras muestras se realizaron en barrios en las cuales está trabajando el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Nos interesaba conocer el sistema cloacal de cada barrio para poder obtener una muestra de las aguas residuales que sea representativa del barrio. Empezamos trabajando en los 11 barrios en los cuales desde el OPISU habían estudiado los sistemas de aguas residuales y que tenían factibilidad para ser muestreados. Las primeras muestras se analizaron con el método desarrollado por la Universidad Nacional de Quilmes, en el laboratorio de virus emergentes a cargo del Doctor Gabriel Iglesias” aseguró el director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli.
Las muestras no sólo se están tomando en las plantas de tratamiento de la red cloacal, sino también en puntos de aguas residuales que eliminan algunos barrios vulnerables de la Provincia: “A través de la interacción con el Ministerio de Salud se ha definido un criterio para muestrear teniendo en cuenta cuestiones sanitarias, buscando anticiparse a la aparición de casos positivos para que esto sirva para anticipar qué es lo que está ocurriendo en determinados barrios y así tomar acciones”, explica Carolina Vera.
Las principales ventajas de este tipo de muestreo es que permiten realizar un monitoreo masivo de grandes poblaciones con pocos ensayos, y “se ha visto que detectar en líquidos cloacales la presencia del material genético del virus puede anticipar con bastante tiempo lo que se podría detectar con los testeos clínicos”, sostiene la funcionaria.
Por último, es importante remarcar que el grupo de detección se ha incrementado desde su inicio y ahora cuenta con una red federal de ocho grupos de investigación, de los cuales siete están financiados por el Ministerio de Ciencia a través de la convocatoria de Ideas Proyecto de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la convocatoria Federal de la Unidad Coronavirus; y uno por la provincia de Córdoba.
Los investigadores de la FIL y del CONICET también están desarrollando una base de datos centralizada para el análisis de los resultados serológicos que arrojan las decenas de miles de determinaciones de COVIDAR IgG y estará a disposición de las autoridades nacionales para ayudar a responder varias preguntas: ¿Cómo es nuestra respuesta inmunológica al COVID-19? ¿cuáles son los niveles de anticuerpos, qué tipos aparecen y en qué momento? ¿cuánto duran? ¿cuál es el desempeño de la diversidad de terapias con plasma sanguíneo para pacientes con diferentes grados de severidad?
“Para crear el test serológico para COVID-19 hemos formado un equipo de trabajo de excelente nivel con investigadores y becarios del CONICET que aportan conocimiento desde diversas áreas: virología, bioquímica y diagnóstico. A esto se suma la enorme experiencia del Laboratorio Lemos, referente en Argentina y la región por la producción de kits para diagnóstico de Chagas. Venimos haciendo un trabajo maratónico para desarrollar esta herramienta en tiempo récord, validarla, contar con la aprobación de ANMAT y escalar su producción. Ahora apuntamos a sostener la producción en 50.000 determinaciones por semana”, puntualiza Gamarnik.
“Con el kit desarrollado y producido aquí logramos abaratar costos, contribuir al control de la circulación del virus en nuestra población y aportar al desarrollo de terapias. Nuestro avance, y los conseguidos en estos meses por otros investigadores del CONICET, demuestra que estamos capacitados para resolver problemas de nuestra sociedad”, afirma Gamarnik.
Del desarrollo de COVIDAR IgG participaron Marcelo Yanovsky y Julio Caramelo, jefes de laboratorio de la FIL; doctorandos y jóvenes doctores que integran el grupo de Gamarnik: María Mora González López Ledesma, Horacio Martín Pallarés, Diego Ojeda, Guadalupe Costa Navarro y Lautaro Sánchez; Diego Álvarez, del IIB-Universidad de San Martín, y Jorge Carradori, del Laboratorio Lemos. El proyecto recibió el apoyo del Fondo para la Convergencia del Mercosur (FOCEM) y de la Fundación Williams, que aportó una donación importante para la etapa inicial.
A esta buena noticia se añade otra, aparecida en la revista del Centro Argentino de Ingenieros, que normalmente no se ocupa de kits de diagnóstico. En muy poco tiempo, la Argentina desarrolló 2 kits de testeo PCR confirmatorio, que dicen con un 98% de certeza si uno tiene o no tiene el virus, porque detecta fragmentos de sus genes.
Debido a eso, detectan infección en cualquier estadío de la misma, incluso en esos entre 5 y 10 días iniciales «de ventana inmunológica» en que el portador está sano y no produce anticuerpos G. A diferencia de un ELISA serológico como el de Gamarnik, un PCR es indiferente y ciego a los anticuerpos o a la reacción inmunológica del infectado. Lo que detecta son secuencias genéticas del virus, «amplificándolas» (es decir multiplicando N veces su cantidad) hasta que producen una reacción diagnóstica o no. Hay virus o no lo hay, punto.
A diferencia de los «Real Time PCR, o RT-PCR» importados que el país estuvo usando hasta mayo, estos dos test criollos no insumen 7 horas de amplificación de genes virales en un equipo de U$ 70.000 dólares (el «termociclador»), ni un ambiente de laboratorio bien equipado en aparatos y personal. Lo hacen enfermeros no especializados en 2 horas o menos a pie de cama en hospitales, o en kioskos sanitarios improvisados en calles y lugares públicos, a condición de que tengan electricidad. Damos la palabra al CAI:
«El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, junto a científicos del CONICET, del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, entregaron 1.500 determinaciones del NEOKIT-COVID-19, y capacitaron a las autoridades de hospitales provinciales y de CABA para la implementación de los test de diagnóstico desarrollados en la Argentina. Se trata del NEOKIT-COVID-19 y ELA-CHEMSTRIP.
«El NEOKIT-COVID-19 fue desarrollado por científicos del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (ICT Milstein, CONICET-Fundación Pablo Cassará), el kit de diagnóstico rápido presenta dos cualidades: permite testear muestras de ARN y obtener resultados en menos de dos horas (con similar sensibilidad que las técnicas actuales de RT-PCR) y no requiere equipamiento completo (termocicladores en tiempo real). El cambio de color de violeta negativo a azul positivo determina una prueba positiva para SARS-CoV-2.
«Esta herramienta agiliza y refuerza la respuesta del trabajo sanitario, porque, en muy poco tiempo, los equipos de salud tienen la certeza de qué decisiones tomar sobre el paciente con síntomas, es decir, si mantenerlo aislado, darle el alta o bien, realizar algún tratamiento. El desarrollo podría llegar a una producción local de casi 500 kits por semana, es decir, unos 50.000 testeos, dependiendo del suministro de los insumos correspondientes.
«El desarrollo de “NEOKIT-COVID-19” estuvo a cargo de un equipo de investigación del ICT Milstein, liderado por Adrián Vojnov e integrado por Carolina Carrillo, Luciana Larocca y Fabiana Stolowicz, y Santiago Werbajh, de la Fundación Cassará.
En el caso de ELA-CHEMSTRIP, se trata del test diagnóstico molecular argentino del virus que causa COVID-19 y que fue desarrollado a partir de una alianza estratégica entre las Universidades Nacionales de San Martín (UNSAM) y de Quilmes (UNQ) y dos PyME tecnológicas: CHEMTEST y Productos Bio-lógicos SA (PB-L).
«El kit funciona en tres pasos a partir del hisopado nasofaríngeo de la persona a diagnosticar. Todo el proceso dura una hora y media y puede realizarse con los productos que vienen en el kit diagnóstico, más un equipo para incubar a 60°, es decir, que no requiere del equipamiento costoso y sofisticado que utilizan los test moleculares RT-PCR.
«Las PyME involucradas son CHEMTEST, incubada en la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Campus de la UNSAM; y Productos Bio-Lógicos (PB-L), una empresa de base tecnológica creada desde la UNQ. En conjunto están en condiciones de producir 100.000 kits diagnósticos de COVID-19 por mes.»
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Reflexión de AgendAR: Argentina ya tiene un ELISA detector de anticuerpos MUY confiable, como el Covidar IgG que ya se entregó en número de 100.000. A eso añadió (en menos de un mes) dos PCR ultrarrápídas que bajan casi a la mitad el precio y en 2/3 el tiempo de un RT-PCR importado, y que se empiezan a producir en número de 200.000 tests mensuales (caso del NEOKIT COVID-19) o 100.000 (caso del ELA CHEMSTRIP). Esto nos coloca en un lugar único en la región.
Sin pagarle un dólar a ningún importador, sin obligar a la gente a concurrir a hospitales (sitios que últimamente evita por las aglomeraciones y esperas), ahora el país tiene las bases técnicas y logísticas para empezar el rastreo confirmatorio de casos, o como sugiere la Dra. Andrea Gamarnik, el testeo al azar; pero todo en forma descentralizada, en las calles, en las plazas y en los domicilios. La cuarentena rabiosa «fase 1» sólo se mantiene en el AMBA, que amontona al 33% de la población en el 0,5% de la superficie. Pero con el 99,5% del territorio y el 67% de sus habitantes en distintas fases de salida de cuarentena, ahora se podrá empezar a controlar con cuarentenas más locales y acotadas los inevitables rebrotes, para controlar los contagios sin destruir la economía.
Ningún país en Sudamérica tiene herramientas propias para transitar esta fase, que puede durar el año o los años en que tarden en aparecer vacunas eficaces y seguras. Durante lo que dure la emergencia, podemos ser proveedores de la región.
Este mapa de Martín Barrionuevo fue confeccionado a partir de un vector (los casos positivos) distinto al de los datos de Sued. Pero presenta la misma pintura.
Testeos agrupados
El testeo de muestras para confirmar o descartar casos de posibles portadores de coronavirus no solo es un proceso engorroso sino también caro. “Los costos de cada kit internacional, sin contar mano de obra, ronda los US$ 35. Y el que desarrolló Conicet andará por los US$ 20. Pero como la pandemia necesita decenas de miles, la idea que tuvimos fue actualizar y validar una modalidad que ya fue empleada en otras ocasiones, por ejemplo, al comienzo de la epidemia de VIH: se trata del testeo de muestras en un formato de pools”, explica Etchenique.
“Lo que hicimos ahora con un grupo de colegas fue poner a punto los protocolos para usar ese concepto para el SARS-CoV-2 y así poder bajar mucho el costo económico de los tests, haciéndolos en forma combinada, que posibilita llegar a ahorros de muy significativos. De hecho, en la hipótesis de máxima, se puede testear a la misma población pero por la décima parte del costo”.
El sistema consiste en mezclar en forma sistemática y ordenada parte de los contenidos de los hisopados de diferentes grupos de pacientes. Si alguna de esas combinaciones da positivo, se pueden repetir los test con las muestras originales para identificar al portador. O también se puede aislar a todo ese grupo.
Finaliza Etchenique: «Lo esencial es que como -por ahora- la prevalencia de contagiados ronda el 1 % de la población, esta modalidad permite ahorrar miles y miles de test y así bajar, en forma muy significativa, el monto de dinero dedicado a testeos. “Ya se está implementando en varios segmentos de la provincia de Buenos Aires, como geriátricos y se está extendiendo a otros grupos. Esta idea ya se está utilizando en otros países. De hecho, en estos días, también le dio aprobación la FDA de Estados Unidos.»
“Las primeras muestras se realizaron en barrios en las cuales está trabajando el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Nos interesaba conocer el sistema cloacal de cada barrio para poder obtener una muestra de las aguas residuales que sea representativa del barrio. Empezamos trabajando en los 11 barrios en los cuales desde el OPISU habían estudiado los sistemas de aguas residuales y que tenían factibilidad para ser muestreados. Las primeras muestras se analizaron con el método desarrollado por la Universidad Nacional de Quilmes, en el laboratorio de virus emergentes a cargo del Doctor Gabriel Iglesias” aseguró el director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli.
Las muestras no sólo se están tomando en las plantas de tratamiento de la red cloacal, sino también en puntos de aguas residuales que eliminan algunos barrios vulnerables de la Provincia: “A través de la interacción con el Ministerio de Salud se ha definido un criterio para muestrear teniendo en cuenta cuestiones sanitarias, buscando anticiparse a la aparición de casos positivos para que esto sirva para anticipar qué es lo que está ocurriendo en determinados barrios y así tomar acciones”, explica Carolina Vera.
Las principales ventajas de este tipo de muestreo es que permiten realizar un monitoreo masivo de grandes poblaciones con pocos ensayos, y “se ha visto que detectar en líquidos cloacales la presencia del material genético del virus puede anticipar con bastante tiempo lo que se podría detectar con los testeos clínicos”, sostiene la funcionaria.
Por último, es importante remarcar que el grupo de detección se ha incrementado desde su inicio y ahora cuenta con una red federal de ocho grupos de investigación, de los cuales siete están financiados por el Ministerio de Ciencia a través de la convocatoria de Ideas Proyecto de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la convocatoria Federal de la Unidad Coronavirus; y uno por la provincia de Córdoba.