La cuarentena con el diario del lunes: un científico expresa un juicio crítico sobre la estrategia del gobierno

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Rolando Rivera es Biólogo y Doctor en Bioquímica. Es Profesor Titular de Genómica y Genética del Desarrollo en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) e investigador del CONICET. Desde el inicio de la aparición del COVID-19 ha seguido muy de cerca la evolución de la crisis sanitaria. Y la semana anterior escribió un largo «hilo» en Twitter, donde sintetiza una serie de conceptos que se escuchan de manera poco frecuente en la comunidad científica argentina, pero que tuvo amplia repercusión. Creemos que vale la pena sumar su voz al debate. El autor en Twitter es @riverapomar. Al final agregamos algunas observaciones de AgendAR.

Hoy no soy nada piadoso. Quiero explicar por qué, ya que tengo discusiones excelentes con gente que piensa muy distinto.

Las opiniones que siguen no son científicas son políticas. Aviso, es largo.

Las cuarentenas son necesarias pero solas no alcanzan. En mi momento de “ser comprensivo” consideraba que aun estaban a tiempo de comenzar a planificar la salida, que era inexorable. No se hizo.

Se esperó, equivocadamente, que las personas con síntomas se presentaran para hacer los tests. Pero no se rastrearon ni testearon los contactos. Por lo tanto los asintomáticos que infectaban seguían allí.

Entre tanto se justificaba que no se testeaba más porque no era necesario. De justificaciones científicas a las más insólitas. Que nunca habría un “pico”. Que todo estaba planeado. Que la OMS. Y no.

Así fue como la cuarentena continuó sin explicarse claramente cual era el plan ni mostrar un horizonte. Ni yo, que entiendo un poco del tema, comprendía qué hacían.

(Como docente creo que lo del presidente buen profesor no es así: es un pésimo docente.)

Algunos asesores del gobierno plantearon las cosas como cuarentena o muerte. Un absurdo, porque no es una cosa o la otra. Pero si los científicos son soberbios, son insufribles si les hacen creer que sirven. Lo sé, soy del gremio. Ahi mi “ser comprensivo” se acabó.

Después se acabó con un gobierno que no era capaz o no quería ver más allá de eso. O bien el gobierno había renunciado a la política o bien le venía bien la cuarentena para distraer. Cualquier opción es mala y desearía estar equivocado.

Y cuando era necesario mostrar un horizonte de salida y posibles caminos (no hay uno solo) sin importar el tiempo, el gobierno optó por el miedo.

Y ahí terminó mi paciencia. Nadie me gobierna con miedo.

Gobernar metiendo miedo y agitando el fantasma de cadáveres ya lo vivimos en Argentina y no lo quiero más. El miedo es la peor forma de gobierno. Es pésima. Es vergonzosa en una democracia. La política se hace convenciendo, no metiendo miedo.

Pero el miedo o buscar excusas, creo, ha sido una fuga hacia adelante. Al costo de evitar el debate político, que hubiera permitido compartir errores.

Quizás es porque están en un brete en el que cualquier salida es mala o muy mala, luego de politizar de la peor manera el tema.

Es así que, cuando comenzaron a testear más, por suerte, aunque tardíamente, con el plan de DeTecTAR, comenzaron a ver más casos. Era lo esperable.

Y ahí comenzaron, para mi, los verdaderos problemas.

Todo parecía bajo control, pero no lo estaba. Los que toman decisiones parece que viven fuera del mundo real. Yo soy una rata de laboratorio, pero una rata que anda mucho por la calle y encima, rata de conurbano.

Pasamos 90 días de cuarentena en donde nadie diferenciaba si fase 1 de fase 2 porque el único mensaje era “quédate en casa”. Y se comenzó a sufrir la caída de la actividad económica. (Igual lo peor está por venir.)

Quienes viven de lo que facturan, cosa que no hace ninguno de los que toman decisiones, perdía. Y ya venían golpeados, por eso muchos habían votado a este gobierno. Pero «quédate en casa!».

Encima se «romantizaba» la cuarentena. Mentira! Se la pasa mal en cuarentena!

En La Plata, por ejemplo, aparecieron carteles que decían “Te creés inmune al virus? Andate a tu casa”.

ESE era el mensaje. Pero el tiempo pasaba y no había grandes cambios. Se perdía el miedo.

Entonces se creó el miedo a la saturación del sistema sanitario. Un problema MUY REAL.

Pero el mismo día y en el mismo diario el ministro de salud dice que hay 5% de ocupación de camas por covid y la periodista científica oficial dice que estamos en un límite peligroso.

Y esto después de que el ministerio de salud hizo hace 2 meses un informe afirmando que en junio GRACIAS a la cuarentena no iba a haber más 200.000 casos (hay 5 veces menos) por lo que el sistema iba a estar preparado. Sí, era para todo el país, pero no es así como se entiende!

Tengo la percepción de mucha improvisación, muchas inconsistencias, falta de datos fidedignos (nada novedoso), y poca profesionalidad.

Pero el miedo, ese sí que no falla. Pero falla.

Y ahora la política.

Empezaron los casos porque empezaron los testeos. Y aquí se acaba la ciencia: si comenzás a ver casos a los dos meses, la pregunta que se hacen las personas es ¿pero si aumentan los casos igual, por qué fue la cuarentena?

Porque toda la gente común y silvestre que vive de su trabajo, que siempre sintió que estaba en cuarentena, que sufría pérdidas económicas vio que su esfuerzo fue inútil.

NO CREO QUE LO HAYA SIDO INUTIL, digo lo que se percibe.

Y la cuarentena se empezó a caer a pedazos.

Eso que dije tambien hace 7 semanas “las personas van a hacer su propio análisis de costo-beneficio” es lo que ocurrió.

Y no me alegra que eso pase, dije «será peor».

Y ahora se debe convencer a las personas que deben entrar en una esotérica e intangible “fase 1” cuando nunca se les dijo otra cosa que que “quedate en casa.” Eso era la cuarentena para la mayoría, no fase 1 o 5.

Convencer, eso es la política.

Si la política es convencer y estamos cerca de terminar como en el cuento del lobo.

Tanto gritar quédate en casa que viene el lobo y el lobo no venía, que cuando el lobo merodea ya no lo creen. Y el lobo merodea.

Pero por no hacer nada y crear, y quizás soy injusto con esta afirmación, una zona de confort perfecta del mal político que es «el pueblo en casa que no moleste», ahora tendrán que hacer un balance de costo beneficio desfavorable y tomar decisiones quizás malas, quizás muy malas.

Por supuesto esto lo digo luego de 7 semanas. Es claro que hace 3 meses no se sabía mucho. Y yo era comprensivo.

Pero las políticas se juzgan por las acciones y resultados. Son las reglas de juego de la política. Y el resultado, hoy, a mi juicio, es que se desperdició tiempo.

Es una opinión política, que lógicamente es mucho más compleja que un par de Tweets y no es necesariamente la verdad.

Y seguiré discutiendo en buenos términos con quienes siempre discutimos y que me ayudan a pensar.»

ooooo

Observaciones de AgendAR: Es necesario, creemos, empezar por aclarar el sentido del título que elegimos para la nota. Porque cuando se dice «opinar con el diario del lunes» generalmente se entiende que se opina conociendo los resultados del partido. Claro, así es muy fácil. Pero no es así en este caso. El Dr. Rivera no los conoce. Tampoco el Dr. Pedro Cahn, para nombrar uno de los expertos que asesoran al presidente. Ni el Dr. Anthony Fauci, al frente del Instituto Nacional de la Salud, en EE.UU. Por cierto. el editor de este portal no tiene los resultados de este partido global. Rivera está cometiendo, sin duda de buena fe, un error habitual en las discusiones políticas. Habla como si lo que se sabe ahora, se debería haber sabido antes, que «eran cosas evidentes». Y no, no lo eran. Y es seguro que dentro de algunos meses estaremos en posesión de datos que harán parecer equivocadas o absurdas algunas decisiones que se están tomando ahora. Pero hay que tomarlas. Y para usar otra expresión de barrio, «nadie tiene la bola de cristal». No estamos diciendo que el manejo de la crisis sanitaria, en su conjunto, fue acertado. En lo que puedo opinar profesionalmente, la comunicación fue entre regular y mala. Pero ese es un juicio técnico, tan falible como cualquier otro. De las decisiones que señala como equivocadas, por acción u omisión, el Dr. Rivera, cabe decir que se tomaron a la luz de la información que se tenía en ese momento. Ginés González García sigue siendo atacado en las redes sociales -por sus adversarios políticos, por supuesto- por haber dicho a comienzos de año que «era muy difícil que el virus llegara a Argentina». ¿Cuántos advertían en ese momento del peligro, entre nosotros? La gran mayoría de los disidentes de la estrategia del gobierno todavía afirmaban, semanas, meses después, que se estaba exagerando la respuesta oficial para obtener beneficios políticos. Un eco de esos argumentos todavía puede verse en el texto de arriba. Esa estrategia oficial -de la que sus críticos inteligentes, como el Dr. Rivera, reconocen que fue la decisión correcta en su momento- estuvo pensada y planeada a la luz de lo que estaba sucediendo en China, y muy poco después en Italia y España: un aluvión de contagios, un «pico», y luego el paulatino descenso de los casos. Si hace menos de un mes, un prestigioso virólogo italiano afirmaba que la carga viral estaba desapareciendo… Y, atención, fue una estrategia exitosa en la mayor parte del territorio argentino, con excepción del Chaco y el Área Metropolitana. Reconozcamos que el reclamo de más testeos y el rastreo y aislamiento de contacto es sin dudas correcto y necesario. Pero hay un toque de omnipotencia, típico en las redes sociales, por otra parte. Se asume que el personal entrenado y dispuesto a correr riesgos disciplinadamente está disponible por decenas de miles. Y también las facilidades para el aislamiento. Muchos porteños rehuyen el testeo, porque no quieren saber nada con los hoteles donde los aloja el gobierno de la C.A.B.A. si dan positivo. Y esto pasa en la ciudad más rica del país. Imaginemos en los municipios del conurbano. Y tengamos presente que el 1% (un porcentaje muy modesto de posibles infectados) de la población del AMBA son 150.000 personas. Tecnópolis no alcanzaría, y los hoteles disponibles tampoco. En cualquier caso, hay un hecho fundamental que convierte a esta polémica en ociosa. A la luz de los datos actuales, que no son los de hace un mes (y que pueden variar en el futuro), no habría un «pico». O habría una sucesión de ellos. Aún en países donde supuestamente se había controlado el COVID-19, Nueva Zelanda, Alemania, Corea del Sur… ha habido rebrotes. Es posible entonces que los humanos debamos convivir con este virus, como convivimos por muchos siglos con la viruela, hasta que se descubra una vacuna o vacunas eficaces y se distribuyan masivamente. Es prudente entonces asumir la posibilidad -presente desde el comienzo de esta peste- que todos nos contagiemos en algún momento. La estrategia posible, en ese caso, sería espaciar los contagios con cuarentenas y aislamiento para que los que presenten síntomas puedan ser tratados y el sistema hospitalario no se desborde. Si es así, hemos señalado en AgendAR que la Argentina puede enfrentar mejor que otras naciones esta posibilidad. Porque la actividad que produce las divisas que necesita el país no ha sido detenida por las cuarentenas, ni es demasiado riesgosa porque en gran parte se realiza a cielo abierto. Al mismo tiempo, como somos un país con su población masivamente urbana, será una difícil «nueva normalidad». Pero eso es para otro tramo del debate.

A. B. F.

Argentina: petróleo, litio, Brasil y LATAM – 2da. parte de la entrevista a Matías Kulfas

Ayer publicamos la primera parte (para acceder cliquear aquí) de esta entrevista que -en nuestro idioma- llevó adelante Benjamin Gedan, uno de los directores del Latin American Program del Wilson Center, y director de su Argentina Project, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Kulfas es un ministro clave en el gabinete de Fernández; lo que plantea aquí expresa el pensamiento del gobierno en relación a la actividad productiva. Y el Wilson Center es uno de los think tanks más reconocidos en Washington para los temas del hemisferio occidental. Interesa entonces saber lo que dice el ministro, y también como nos ven desde los niveles más informados de la  dirigencia de los EE.UU. (Gedan fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense). Y su interés en los temas del titulo: los hidrocarburos, el litio, las relaciones con Brasil y las aerolíneas. En particular, LATAM.
 

Una empresa argentina diseñó un casco que puede evitar la necesidad de los respiradores

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Se trata de artefactos diseñados por la empresa Ecleris, con la colaboración de médicos del hospital Fernández y el de Ezeiza. La ANMAT ya aprobó su uso.

“Los cascos son similares a una escafandra, transparentes, y permiten inyectar el oxígeno con una presión superior, lo que genera un efecto benéfico en los alvéolos pulmonares, que en muchos casos colapsan por el efecto del covid-19​. Además, evitan la dispersión del virus a través del aire expirado por el paciente, ya que cuentan con un filtro viral y bacteriológico». Quien explica es Marcos Ledesma, otorrinolaringólogo y uno de los dueños de Ecleris, la empresa que desarrolló el casco para la ventilación no invasiva que, según la experiencia internacional, «permite evitar entre 30% y 60% de los entubamientos de los pacientes, liberando así el uso de respiradores mecánicos, uno de los insumos más críticos en esta pandemia». Ledesma, que no ejerce la medicina, puntualiza que «una vez que se hace el triage del paciente, que se determina de acuerdo a su cuadro de salud si puede volver a su casa o si va a terapia intensiva, también hay una instancia intermedia, que es en la cual se puede utilizar el casco, que permite que ese paciente tenga una oportunidad de salvarse sin ser intubado, además de no contaminar al personal. Por eso creemos que es una alternativa válida y muy atractiva para considerar en estos momentos». Especializada en equipamiento médico, la pyme Ecleris desarrolló un sistema de ventilación no invasiva para pacientes de coronavirus que puede reemplazar en muchos casos el uso de respiradores mecánicos, uno de los insumos más críticos a la hora de enfrentar la pandemia. El viernes último el Helmet Ecleris (casco a secas) fue aprobado por la ANMAT, la autoridad sanitaria, y en 15 días puede estar disponible en hospitales, clínicas y sanatorios. «A diferencia de las mascarillas, nariguetes o bigoteras, estos cascos que fueron desarrollados por ingenieros de la compañía en colaboración con equipos médicos de los Hospitales Fernández (CABA) y Zonal General de Agudos (Ezeiza), aíslan al paciente, le suministran oxígeno y a la vez protegen al personal sanitario, que hoy está muy expuesto al contagio del virus», expresa Ledesma, que cuenta que su desarrollo comenzó cuando su socio, Miguel Lacour, contrajo coronavirus y corrió riesgo de vida. En esos primeros días de internación en una clínica de San Isidro, Lacour le preguntaba a Ledesma por unos cascos que se utilizaron en Italia durante la pandemia que azotó al país europeo. No sólo para su uso personal, sino pensando en importarlos y proveer al sistema de salud. «Estaban agotados en Italia, no se fabricaban en ninguna otra parte del mundo, por lo que nuestros ingenieros sugirieron readaptar los cascos que se emplean en cámaras hiperbáricas para transformarlos en cascos covid. Así lo hicimos mientras nuestro socio se encontraba en terapia intensiva». Lacour estuvo internado unos 25 días «y realmente atravesó una situación traumática, que incluyó el uso de respirador y dos semanas en estado de coma. Lo internaron a finales de marzo y después de unos primeros días relativamente bien tuvo una desmejora importante que desembocó en la entubación, Demoró bastante en despertarse. Y lo más duro fue que la familia esperaba cada mediodía, vía telefónica, el comunicado del médico, si está vivo o en otra vida. Terrible de sólo pensarlo». Ledesma es hoy el «vocero» de Ecleris y de este desarrollo que resultó una gran satisfacción y orgullo para Lacour, «quien hoy está enfocado en recuperarse definitivamente y dispuesto a donar su plasma para ayudar a otros pacientes a fin de que no atreviesen las vicisitudes y el malestar que debió pasar él durante tanto tiempo». Los flamantes cascos, que tendrán un costo aproximado de $ 60.000, fueron probados en el Hospital Fernández y en el Zonal General de Agudos, centros de salud que le dieron el visto bueno. «Son de sencilla utilización, cómodos, permiten comer y leer sin inconvenientes y a diferencia de los italianos, que eran descartables, los nuestros son reutilizables y esterilizables. Pero quiero aclarar que no reemplazan a los respiradores, sino que es una alternativa que puede evitar llegar al respirador, cuya aplicación que requiere de al menos cinco profesionales «. ¿Cómo se imagina la demanda de los cascos? «En medicina nada es una ciencia exacta, cada uno tiene su manual. Sí tenemos referencias importantes de soporte ventilatorio como la doctora Ada Toledo, el doctor Guillermo Montiel y la licenciada María Laura Vega, quienes se mostraron muy entusiastas con que estos cascos sean utilizados en muchos pacientes. Hay otros profesionales que prefieren recurrir a otras técnicas o intubar al paciente directamente, sin aplicar esta tecnología», expresa Ledesma, que señala que ya han exportado cascos a Chile, Ecuador, México, Honduras y la India. Kinesióloga de los hospitales Fernández y Ferrer, María Laura Vega remarca la utilidad y los beneficios de los cascos,»que desde 1980 se usan para enfermedades de insuficiencia respiratoria, en algunos casos, evitan la intubación y hoy, por lo comprobado en Italia, son un recurso de suma utilidad para aquellos pacientes que todavía no se encuentran en necesidad de un tubo endotraqueal, que de por sí, por su acción invasiva, acarrea muchas complicaciones (antibióticos, drogas, riesgo de neumonía), sólo por tener un tubo en la boca». Vega dice que «en otro momento se podía prescindir del uso de estos cascos que son caros entre comillas si los comparo con las mascarillas que no son del todo seguras. En estos momentos de la pandemia, esas mascarillas no protegen al personal de salud, ya que se produce una dispersión de las partículas o de aerosolización del virus que exponen al riesgo. Por eso recomiendo estos helmet o cascos, que disminuyen el contagio al mango». Con experiencia de haber trabajado en Bolonia (Italia), Vega remarca «que los cascos evitan que la falla respiratoria empeore, de alguna manera previene la progresión de esa falla inminente o la evolución tórpida de un paciente, porque no sólo provee oxigeno sino que genera reclutamiento alveolar. Por esto es muy factible que reduzca en un 30% la tasa de intubación». Finalmente Vega enfatiza que «los cascos también permiten ganar tiempo en situaciones del enroque de pacientes o de la liberación de camas en terapia intensiva. Los cascos forman parte de una interfaz relativamente cara pero sencilla y de muy pocos recursos que te pueden dar minutos valiosos que pueden salvar vidas».

Una encuesta en Latinoamérica encuentra que el 62 % dice ser más productivo en su casa que en la oficina

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(Si esto es así, es una buena noticia, más allá que en muchas actividades no será posible. La «nueva normalidad» requiere que, donde sea posible, se recurra al teletrabajo. En los próximos días exploraremos la situación legal).Previo a la pandemia, en la región el 67,3% de los consultados no contaba con la posibilidad de trabajar de forma remota. En el contexto actual de pandemia, el portal de empleos Bumeran realizó una encuesta en seis países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México) en la que se consultó a personas de todas las edades y de ambos sexos si creen que se implementará un nuevo paradigma de trabajo a partir de las medidas tomadas por el confinamiento obligatorio producto de la pandemia. Actualmente, numerosas empresas han implementado el home office como estrategia para poder continuar con sus actividades y la tendencia indicaría que, en muchos casos, el trabajo remoto podría imponerse como una modalidad permanente para muchos rubros. Respecto a la implementación del trabajo remoto en Latinoamérica, es interesante destacar que, en promedio, el 67,3% de los encuestados antes de la pandemia no contaba con la posibilidad de trabajar de esta forma. Por su parte, el 34,3% de los encuestados de Chile planteó que previo a la pandemia contaba con la posibilidad de trabajo remoto, así como también tenían esa opción el 30,1% de los peruanos, el 26,8% de los ecuatorianos, el 25,5% de los panameños y el 38,3% de los mexicanos. En cuanto a los datos del relevamiento en Argentina, el 52,6% de los encuestados se encuentra empleado en la actualidad. De ese porcentaje, un 78,2% lo hace en relación de dependencia mientras que un 21,8% lo hace de manera independiente. Por otro lado, el 36,5% de los argentinos aseguró estar teletrabajando bajo esta modalidad, mientras que el 63,5% restante respondió que no. Paralelamente, el 67,1% de los encuestados argentinos declaró que, previo a la pandemia, no contaba con este beneficio, versus un 32,9% que sí lo tenía. Si se consulta acerca del rendimiento, el 67,1% de los argentinos considera que es más productivo en su casa, en contraposición al 32,9% que cree que su eficiencia aumenta en la oficina. La tendencia acerca de la productividad trabajando en el hogar se replica en la región por un 62,2% de los encuestados latinoamericanos. En Chile, respondió de esta manera el 62,9% de los encuestados, en Perú el 54,8%; en Ecuador el 53,6%, en Panamá el 75% y en México el 61%. Al momento de destacar los beneficios obtenidos por trabajar desde el hogar, la mayoría de los argentinos (54,8%) resalta las horas que uno se ahorra de viaje entre ir y venir del trabajo al hogar. El 13,2% asegura concentrarse más en su casa, el 12,6% cree estar más tranquilo en su hogar, el 10,6% plantea como beneficio poder disfrutar de trabajar en compañía de sus seres queridos y compartir más tiempo de lo habitual, así como también, pasar más tiempo en su casa (6,5%), poder aprovechar más el tiempo del almuerzo y tener la posibilidad de cocinar (2,4%). Por otra parte, el 14,3% de los chilenos considera que en su casa cuenta con más tranquilidad. Con respecto al resto de los países, todos coinciden que otro beneficio fundamental es el tiempo extra que pasan junto a su familia, de ese modo respondió el 15,5% de los peruanos; el 22,2% de los ecuatorianos, el 21,4% de los panameños y el 13,5% de los mexicanos.

el 80,9% de los encuestados en Latinoamérica afirman que el home office será una modalidad permanente de trabajo

En Argentina, a la hora de pensar en las desventajas del home office: el 28,5% asegura que trabaja fuera del horario habitual y más horas que antes y el 19,8% plantea que le cuesta desconectarse y poner límites entre su vida personal y profesional. Por su parte, el 11,8% manifiesta no contar con el equipamiento adecuado para trabajar, el 9,7% declara no tomarse los descansos que solía tener en la oficina, el 9,1% cree que existe una falta de comunicación con su equipo, por lo que no puede realizar su trabajo de manera correcta, el 9,6% no cuenta con todos los materiales necesarios para trabajar, el 4,8% se saltea comidas o come mientras trabaja, el 4,4% piensa que no tiene un apoyo constante por parte de su líder y, por último, el 2,4% dice no tener disponibilidad para acceder a la red de la compañía desde otros servidores. En cuanto al futuro del mundo laboral y un posible cambio de paradigma en la región, en promedio, el 80,9% de los encuestados en Latinoamérica afirman que el home office será una modalidad permanente de trabajo, incluso, una vez que pase la pandemia. Con respecto a los encuestados de otros países latinoamericanos, en todos los casos coincidieron, al igual que los argentinos, que el home office será una modalidad incorporada por las empresas de manera regular. En Chile, respondió de este modo el 77,7% de los encuestados, en Perú el 87,3%; en Ecuador el 83,1%, en Panamá el 82,7% y en México el 77,5%. En Argentina el 78,6% de los encuestados cree que el teletrabajo comenzará a ser incorporado por todas las empresas. Incluso, el 87,6% manifiesta que existirán nuevas disposiciones y regulaciones para trabajar de manera remota. Entre estas disposiciones, los encuestados consideran que podría estar la posibilidad de proveer el equipamiento necesario para trabajar de forma cómoda en el hogar, como una silla ergonómica, soporte de computadoras, cámara web, entre otras (32,8%), la digitalización de documentos como contratos, recibos de sueldos, reportes y archivos importantes (29,8%), el asesoramiento para incorporar buenos hábitos para el teletrabajo (20,8%) y la agilidad a la hora de obtener una solución inmediata (envío de herramientas de trabajo, de material) ante una necesidad material (16,6%).

«Argentina: los próximos pasos» – Una entrevista a Matías Kulfas

Nos parece importante reproducir aquí la primera parte de esta entrevista que -en nuestro idioma- llevó adelante Benjamin Gedan, uno de los directores del Latin American Program del Wilson Center, y director de su Argentina Project, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Kulfas es un ministro clave en el gabinete de Fernández; lo que plantea aquí expresa el pensamiento del gobierno en relación a la actividad productiva. Y el Wilson Center es uno de los think tanks más reconocidos en Washington para los temas del hemisferio occidental. Interesa entonces saber lo que dice el ministro, y también como nos ven desde los niveles más informados de la  dirigencia de los EE.UU. (Gedan fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense). Y su interés en el tema Vicentin.
(Mañana publicaremos la 2° parte de esta entrevista).

Los tests rápidos creados por científicos argentinos ya se distribuyen en hospitales públicos

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De tres tests de diagnóstico rápido de coronavirus, creados y desarrollados por científicos argentinos, dos acaban de empezar a distribuirse en hospitales públicos para acelerar el diagnóstico de la enfermedad, y el tercero (en realidad, el primero en recibir la venia del ANMAT) ya se usa masivamente. Son pasos necesarios, porque se están registrando demoras de varios días para el hisopado de posibles contagiados en varias zonas del AMBA. Vale destacar el papel clave de empresas privadas argentinas, como Chemtest S.A., formada por un grupo de científicos de la Universidad de San Martín. Los tests son el Neokit-Covid19 (un PCR que detecta genes virales) y el ELA- CHEMSTRIP (detector de anticuerpos). Ambos permiten obtener resultados en menos de dos horas y a menor costo. En el caso del Neokit-Covid19, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, junto con científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, entregaron y capacitaron a las autoridades de hospitales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para la implementación de estos tests. Las determinaciones fueron entregadas también a las autoridades de los hospitales San Juan de Dios y Rossi de La Plata; el Centro de diagnóstico de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata; el Hospital Fiorito de Avellaneda; el Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando; el Hospital Abete de Malvinas Argentinas y el Hospital Muñiz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, en relación al segundo test, el ELA-CHEMSTRIP, a través de una acción coordinada entra las Universidades Naciones de San Martín y de Quilmes y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se entregaron determinaciones a los hospitales: Mariano y Luciano de la Vega de Moreno; San juan de Dios de La Plata; Luisa Cravenna de Gandulfo de Lomas de Zamora; Presidente Perón de Avellaneda; Néstor Carlos Kirchner de Escobar. Los tests de anticuerpos se complementan con los genéticos. Los primeros se hacen en sangre y detectan dos tipos de reacción inmunológica del enfermo contra el virus: la primera y más inespecífica, de anticuerpos M o IgM, y la segunda, mejor dirigida y más sostenida, la de anticuerpos G o IgG. Pero hay pacientes que cursan la enfermedad sin expresar anticuerpos de ningún tipo, e incluso algunos de ellos se curan usando únicamente la «inmunidad celular», mediada por linfocitos T de tipo CD4 y CD8. Por esa causa, el estándar de oro de la detección es el test PCR, indiferente a la reacción inmunológica del paciente, pero que dice si hay o no genes virales en la sangre. Los PCR se hacen con hisopados nasales y faringeos. Al comienzo de la pandemia, los PCR eran muy caros (U$ 30 a U$ 50 cada uno), importados, y de logística compleja (mucho traslado de hisopos a laboratorios de alto equipamiento). El proceso mismo de laboratorio tomaba no menos de un día de trabajo experto. En ese cuadro, el Neokit-Covid-19 es una novedad disruptiva: es más barato en personal (no exige técnicos de laboratorio), se hace a pie de cama o en una carpa improvisada en un sitio público, y da el resultado en menos de dos horas. Por otra parte, el “COVIDAR IgG”, un tercer desarrollo argentino liderado por científicos del Instituto Leloir y del CONICET, es de tipo ELISA y detecta anticuerpos. Fue cronológicamente el primer desarrollo diagnóstico local aprobado por las autoridades regulatorias. A diferencia de buena parte de los importados con que hubo que arreglarse hasta mayo, tiene alta sensibilidad y alta especificidad, lo que evita falsos positivos y falsos negativos. Son tests cuantitativos: miden también la intensidad de expresión de IgG. Se los usa para controlar la transmisión en los barrios y el cuidado del personal de la salud. Estos ELISA argentinos ya fueron distribuidos en forma gratuita a hospitales y centros de salud públicos y privados de todo el país. Hoy los COVIDAR IgG se emplean también para medir la presencia de anticuerpos en plasma de pacientes recuperados de Covid-19 que hayan accedido a donar sangre. Este plasma ha servido ya para tratar casos críticos de la enfermedad, y está salvando a gente en las terapias intensivas. Ya se usó más de 100.000 veces, y es de alta fiabilidad, se asegura en los hospitales. La herramienta tiene diversas aplicaciones: diagnóstico no definitorio (complementario al PCR); monitoreo de pacientes infectados para evaluar la respuesta inmunológica, determinación del estado inmunológico del personal de la salud, cuantificación de anticuerpos en muestras de pacientes convalecientes y análisis de la evolución de la pandemia a nivel poblacional. La Argentina es el único país de la región que produce sus propios equipos de diagnóstico, adaptados a las cepas virales circulantes en el Cono Sur. Ya se están desplegando en todo el país. Paso siguiente: la exportación.

Pesca en Malvinas: el conflicto entre Argentina y la Inglaterra después del Brexit

Gran Bretaña le está pidiendo a la Unión Europea que los futuros acuerdos comerciales que surjan de las negociaciones que quedan pendientes en la era del post Brexit incluyan a las Malvinas, para que la pesca de las islas siga sin pagar aranceles. Es decir, que no pierdan los derechos que tenían hasta que Gran Bretaña decidió separarse del bloque europeo. Gran parte del Brexit comenzó a regir desde el 1 de febrero, aunque falta acordar algunas cuestiones. Y según el influyente Financial Times los británicos quieren renegociar otros acuerdos por los llamados Territorios de Ultramar. No casualmente, el canciller Felipe Solá le había enviado una carta al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Allí le confirmó el acuerdo de nuestro gobierno con una posición inicial de Bruselas: que los Territorios de Ultramar no entraban en las negociaciones del Reino Unido, como lo reclama Argentina. Pero también pidió que no se renegocie otro acuerdo. Algo similar debieron hacer los embajadores argentinos en la esfera europea ante los gobiernos de sus destinos. Argentina, que reclama desde 1833 la soberanía de Malvinas, comenzó así una nueva batalla por la pesca en el archipiélago. De hecho, además del pedido que le viene haciendo el Gobierno a los europeos para que no se incluyan en eventuales acuerdos comerciales del Post Brexit, Solá y el secretario del Area Malvinas, Daniel Filmus anunciaron el envío al Congreso de un proyecto de ley que endurecerá las multas para los barcos que pesquen ilegalmente en aguas argentinas. Entre ellos se incluirá a los que pesquen en aguas en disputa. Los ingresos por la concesión de licencias pesqueras constituyen entre el 50% y el 60% de los ingresos fiscales de las islas, que ya han informado en Londres y en Bruselas que la separación británica de la Unión Europea será un duro golpe para su economía. En particular, porque hasta ahora no pagaban aranceles y gozaban del mercado comunitario como las ex colonias británicas, pero cuando el Brexit se concrete pasarían a pagar entre 6 y el 18%. “Asegurar el acceso al mercado para el calamar de las Islas Falkland se ha convertido en un importante objetivo de negociación británico con Bruselas, en un signo de los intereses en competencia en las conversaciones entre el Reino Unido y la UE sobre la pesca”, señaló a mediados de semana el Financial Times. El 90% de las exportaciones pesqueras de las islas va a la Unión Europea, y entra por el puerto de Vigo, en Galicia. El principal recurso que se exporta es el calamar. Así, los barcos pesqueros de España –paradójicamente un aliado de Argentina que tiene su conflicto de soberanía con Gran Bretaña por Gibraltar- es quien sostiene la economía de las islas. Con casi veinte barcos, la pesca gallega es una de las que más faena en las aguas que los británicos e isleños administran unilateralmente en el Atlántico Sur. Los diplomáticos de la UE dijeron que el Reino Unido había presentado propuestas por escrito que las exportaciones deberían estar cubiertas por cualquier futuro acuerdo comercial. Y afirmaron que habría un «impacto negativo directo en los niveles de empleo en las islas y en la economía en general» si se impusieran los aranceles, y que «algunos mercados se perderían por completo». «Como fue establecido en la posición del gobierno británico respecto de las negociaciones con la Unión Europea, el Reino Unido va actuar en nombre de todos los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable, y buscará que el resultado respalde los intereses económicos y de seguridad de esos territorios», dicen en la embajada británica en Buenos Aires. Bruselas mantiene una posición neutral sobre el conflicto de soberanía. Cuando estaba el Reino Unido dentro de la UE la consideraban también como parte a sus Territorios de Ultramar, y estos gozaron de los beneficios de pertenecer. Ahora, la carta que tiene Londres para jugar en la pesca de Malvinas es la siguiente, según los medios británicos: ofrecen intercambiar libre comercio para los recursos de las islas Malvinas a cambio de libre comercio de sus recursos pesqueros en el Mar del Norte. Una carta bajo la manga.

Se extienden los incendios en el Delta del Paraná

A pocos kilómentos de la Capital Federal -en parte formalmente dentro de la famosa Área Metropolitana- avanza una catástrofe que no tiene que ver con la pandemia. Y tal vez por eso no está en la mayoría de los medios. Reproducimos este informe de Patricia Kandus, Natalia Morandeira y Priscilla Minotti, investigadoras del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional de San Martín.
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«En el primer semestre del año se detectaron mediante datos satelitales más de 3700 potenciales focos de incendio en el Delta del Paraná, la mayor cantidad en los últimos nueve años.
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Las quemas indiscriminadas de pastizales y sin planificación afectan los modos de vida de los isleños, destruyen la vegetación y el hábitat de la fauna litoraleña, y dejan expuesta la falta de una discusión colectiva sobre los criterios de uso del territorio.
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Un territorio fluvial que se prende fuego. Suena a oxímoron, pero los humedales del Paraná no son sólo el río sino también la extensa planicie que los rodea: un mosaico de bañados, pajonales, pastizales, bosques y lagunas entreveradas con arroyos, e interactuando con ellos toda la población isleña, también la fauna nativa y el ganado. El Delta del Paraná ocupa unos 19.300 km2, cerca de los principales centros urbanos de la Argentina. Hoy, desde esas islas, se levantan columnas de humo que llegan a Rosario, a San Nicolás o San Pedro, y la alarma crece.
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En lo que va del año, más de 3700 focos de calor, que son potenciales fuegos, fueron detectados por datos de sensores satelitales VIIRS (radiómetro de imágenes infrarrojas visibles, en inglés) con una resolución en píxeles de 375 metros de lado. La cantidad de potenciales focos de incendio acumulados este año supera ampliamente los focos detectados durante los primeros semestres de los últimos nueve años.
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Aún si el fuego se apaga, lo quemado persiste. De estos focos, el 82,5% se concentran en la provincia de Entre Ríos, gran parte en las islas de la Reserva (municipal) de Usos Múltiples Islas de Victoria (más del 60% de los focos totales). Los restantes 11,4% y 6,1% ocurrieron en Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente. Se trata de un problema que atraviesa las fronteras jurisdiccionales, tanto en tierras de propiedad privada como en tierras fiscales arrendadas a privados.
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Para sumar complejidad (y preocupación): 2020 es un año de extrema sequía en el Delta, producto de una bajante histórica del río Paraná. Los suelos secos de zonas antes anegadas, con mucha materia orgánica, así como la vegetación seca en pie, resultan en material combustible y dificultan el control de los incendios.
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El fuego en contexto

La quema de pastizales es una práctica de manejo que ocurre en el Delta del Paraná, aunque no es abiertamente reconocida. En las islas de esta área, más del 80% de la vegetación es herbácea y sumamente diversa, mientras que apenas el 4% está ocupado por bosques nativos y otro tanto lo ocupan las plantaciones forestales. Esto contrasta con la imagen que tenemos de las islas, porque más allá de su belleza y diversidad, los bosques suelen estar en albardones, a la vera de los ríos y arroyos que navegamos, lo que nos hace pensar que toda la isla es así. Lo que se suele quemar son los humedales herbáceos y con ello se afecta también su enorme biodiversidad. Las islas poseen una enorme variedad de humedales donde se han citado más de 700 especies de plantas vasculares y una diversidad de fauna litoraleña que usa estos ambientes como hábitat (al menos 50 especies de mamíferos, 260 de aves, cerca de 300 de peces, 27 de anfibios, más de 30 de reptiles y una enorme variedad de invertebrados).
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Hoy, la reciente denuncia penal presentada por el ministro de Ambiente contra quienes presuntamente iniciaron incendios intencionalmente, convive con el silencio de la mayoría de los propietarios y arrendatarios.
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El fuego ha sido usado históricamente para proveer pasturas: ya hacia 1830 el naturalista francés Alcides D’Orbigny describió las quemas de campos hechas con el propósito de renovar los pastos del ganado. D’Orbigny señaló que ello traía aparejada una gran destrucción y pérdida del hábitat, al punto que era un espectáculo dantesco ver los animales que huían de los incendios y las aves de presa que los atrapaban. El fuego también se ha usado ampliamente en las islas para cazar animales silvestres, así como para despejar cubiertas vegetales, facilitar el ingreso de maquinaria para realizar obras hidráulicas o sistematización de tierras destinadas a forestación. Hoy en día, en muchos lugares el fuego ha sido reemplazado por el uso de herbicidas.
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Las adaptaciones de los organismos vivos responden al régimen de disturbio, no al fuego como hecho instantáneo. La acumulación de material seco en la vegetación y de un gran volumen de materia orgánica almacenada en las capas superiores de los suelos o sedimentos hacen pensar que el fuego debe haber sido un componente del régimen natural de disturbios de estos humedales, acoplado con los pulsos de inundación y seca del río Paraná. Los disturbios de fuego suelen generar mosaicos de parches con diferentes grados de quema, que serían sucedidos por distintos procesos de recuperación, acelerados luego con el aporte de agua de las crecientes.
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En condiciones controladas, bajo una planificación regional y con una estricta consideración de las condiciones ambientales, el manejo del fuego puede contribuir a promover una variedad de respuestas de la vegetación e incluso de biodiversidad, con algunos efectos potencialmente benéficos para las prácticas ganaderas, como el rebrote de especies forrajeras. Sin embargo, realizar quemas en un contexto de sequía y bajante extraordinaria del Paraná, con múltiples focos simultáneos en toda la región sin planificación ni control, implica un riesgo de devastación de los ecosistemas, superando cualquier nivel de resiliencia que pudieran presentar las especies nativas.
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Si queremos comparar con años anteriores a 2012, es necesario utilizar datos del sensor satelital MODIS, que tiene una menor resolución espacial (1 kilómetro). Por tener píxeles más grandes, MODIS detecta menor cantidad de focos de calor que VIIRS, pero cada foco corresponde potencialmente a una mayor extensión de quema. El año 2008 es recordado por las quemas de pastizales en el Delta, y en ese caso fue Buenos Aires la ciudad que se llenó de humo y despertó alerta. Para esta fecha (17 de junio), la cantidad de focos MODIS era nueve veces superior en 2008 que lo que registramos en 2020. Según las estimaciones de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (ex-SAyDS), la superficie quemada en la región alcanzaba en el mes de mayo de 2008 unas 206.955 hectáreas, cerca del 11% del Delta.
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Los estudios realizados en ese momento mostraron que el fuego afectó de forma significativa las capas superficiales de los suelos, con una pérdida sustancial de carbono y nitrógeno. Se estimó que volver a almacenar el carbono emitido por los incendios demoraría aproximadamente 11 años, de no mediar alteraciones. En el informe elaborado sobre ese evento por miembros de un conjunto de instituciones a partir de trabajo de campo (3iA-UNSAM, INTA, OPDS, IAFE-UBA-CONICET), se documentó cómo la vegetación y las capas superficiales de suelo quedaron reducidas a cenizas, expuestas al riesgo de erosión por lluvias, crecientes fluviales y mareales, y también se alertó sobre posibles impactos en la calidad del agua por el incremento en la entrada de sólidos en suspensión. Este tipo de quemas no sólo afectan negativamente a la biodiversidad, sino que también atentan contra la variedad de usos y modos de vida isleños, ya que la ganadería no es la única actividad que se realiza en las islas. Las quemas impactan directamente sobre la pesca y la apicultura al destruir hábitat de peces y la flora apícola. Las actividades turísticas y deportivas también son perjudicadas, al degradar la calidad del aire y de los paisajes isleños.
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Como uno de los legados de esta trágica situación, en septiembre de 2008 la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 9.868 para el manejo y prevención del fuego. En esta norma se establece la prohibición del uso del fuego en el ámbito rural y forestal sin autorización expresa de la autoridad de aplicación. La normativa también plantea que toda aquella persona que “tome conocimiento de la existencia de un foco ígneo que pueda producir o haya producido un incendio rural o forestal” está obligada a denunciar ante autoridades administrativas y/o judiciales. Más allá del notorio incumplimiento de esta legislación, y en el caso de que se pruebe la intencionalidad de los incendios, cabe preguntarnos por qué la voluntad de unas pocas personas prima por sobre los intereses y calidad de vida del conjunto de la población isleña y de ciudades aledañas.

. No todo el Delta es un campo ganadero

El Delta del Paraná tiene una complejidad propia dada por la heterogeneidad de sus geoformas y los pulsos del río, que alternan períodos de inundación y de sequía. En estos humedales, la producción ganadera es una actividad sumamente extendida y tradicional que data de los principios de la colonización. A fines del siglo XVI, Hernandarias introdujo los primeros 300 ejemplares de bovinos, y hay registros de traslado de ganado entre las islas y la zona continental que datan del siglo XVIII. Pero la ganadería no es la única actividad productiva, ya que comparte espacio y tiempo en el mosaico de humedales con otras actividades igualmente importantes como la forestación, la apicultura, la pesca comercial y artesanal, a las que se suman el turismo, actividades recreativas y deportivas, sin dejar de lado muchas actividades de subsistencia.
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Difícilmente pueda pensarse al Delta como un área de conservación estricta, restringida del accionar humano. Sus formas de vida tradicionales se remontan a la colonia y algunas, como la pesca, son anteriores aún. También está muy cerca de los centros más poblados del país. En cambio, se puede pensar en discutir un modelo de desarrollo sustentable, en el que deberán contemplarse los conflictos entre los distintos usos, tanto los de tierra como los que se desarrollan en el agua. Un modelo de desarrollo sustentable que garantice las funciones ecosistémicas de los humedales que contribuyen a una mejor calidad de vida, tanto de la población local como la de los habitantes de vastas áreas vecinas.
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Los humedales del Delta del Paraná tienen un rol clave en la regulación hidrológica: almacenan agua a corto y largo plazo, regulan la evapotranspiración y con ello la temperatura local, disminuyen la turbulencia del agua y la velocidad de los flujos gracias a las densas coberturas de vegetación y las geoformas propias de la planicie. Los diferentes procesos de regulación bioquímica mejoran la calidad del agua y la disponibilidad de agua dulce, almacenando, transformando y degradando, nutrientes, sales o contaminantes. Desde el punto de vista ecológico, la mayoría de las comunidades de plantas herbáceas del Delta son altamente productivas, secuestran carbono en el suelo y en la biomasa, ofrecen producción de forraje para el ganado y resultan el hábitat de una gran diversidad de especies de fauna silvestre. El real desafío es discutir un modelo de uso responsable, sustentable y solidario: se trata de proteger los derechos de nuestra generación y de las generaciones futuras. .

. El modelo de producción actual no entiende de disidencias

Para comprender lo que ocurrió en la región del Delta en las últimas dos décadas debemos levantar la mirada y observar el contexto. Los altos rendimientos alcanzados en la producción de granos en el mundo han llevado a una expansión significativa de la frontera agrícola, con el reemplazo de áreas tradicionalmente ganaderas por cultivos. El modelo agrotecnológico imperante desde mediados de los años 90 (siembra directa, soja transgénica y glifosato) ha dado pie a una agricultura industrial que, si bien rinde año a año enormes volúmenes exportables (commodities), genera también un conjunto de externalidades costosas para la estabilidad de las ecorregiones afectadas, que deterioran la salud y calidad de vida de las sociedades que las habitan. Una de las consecuencias de este modelo es el desplazamiento de una fracción considerable de la actividad ganadera hacia sitios considerados “marginales”. La productividad natural de los humedales, sumada a la ocurrencia de considerables períodos de aguas bajas durante la década del 2000, condujo a que en el Delta del Paraná se pasara de un sistema de ganadería extensiva estacional a uno de tipo intensivo y permanente. A su vez, se renovó el interés de algunos oportunistas por hacer agricultura, inducida por los elevados precios internacionales y rendimientos de las nuevas variedades de soja.
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Las quemas del año 2008 fueron acompañadas por una marcada proliferación de emprendimientos de endicamiento. Los endicamientos, o polders, son áreas delimitadas por terraplenes que impiden el libre ingreso de agua por crecientes fluviales o mareas, evitando así que un campo ubicado en un humedal se inunde naturalmente. Este tipo de intervención expandió el proceso de “pampeanización” que ya venía ocurriendo en la región, es decir, el esfuerzo de tratar de desarrollar también en las islas del Paraná actividades productivas con los modos de tierra firme. Hoy, cerca del 13% de la superficie de la región se encuentra endicada. El propósito actual de estos endicamientos es, mayormente, la intención de contar con áreas protegidas de inundaciones para el ganado. También se realizan endicamientos para urbanizaciones tales como barrios privados y para cierto tipo de producciones forestales. En menor medida, se han hecho para agricultura, aunque está prohibida en las islas fiscales de Entre Ríos (por la Ley Provincial Nº 9.603, del año 2005). Si los fuegos llevan a una pérdida temporal o parcial de las funciones ecológicas de los humedales, los diques determinan un cambio del humedal hacia un ecosistema terrestre. Es decir, se pierde superficie de humedal y así las funciones exclusivas de estos ambientes.
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El sobrepastoreo y el pisoteo por sobrecarga ganadera, la limpieza de los campos mediante el fuego, rolo o agentes químicos, así como la construcción de terraplenes o diques para evitar el ingreso de aguas de las crecientes, son presiones sobre el sistema producto de un modelo que no solo atenta contra la salud pública y la calidad de vida de argentinos y argentinas, sino que también avasalla el patrimonio natural y cultural de vastas zonas litoraleñas. Los impactos son acumulativos y, en algunos casos, pueden ser irreversibles.
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Hoy nos alertan los incendios en un momento de sequía, mientras que años anteriores podíamos notar el impacto negativo de los endicamientos al anegarse grandes extensiones aledañas a esos campos protegidos, la destrucción de islas enteras por la decisión unilateral de construir un barrio privado o el desarrollo de extensos embalses accidentales con aguas quietas cuando el agua llenó el dique y no tiene por dónde salir. El problema, entonces, no es la ganadería en sí misma. No es el uso del fuego en sí mismo el factor a combatir, sino el modo en que se desarrollan las actividades y la forma discrecional en que puede utilizarse este disturbio como herramienta de manejo, particularmente sin poner en consideración al resto de los actores involucrados de la sociedad, con la sola percepción del interés de mercado y sin atención del ambiente.
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El Delta como territorio fluvial a democratizar
Los conflictos político-ambientales en el Delta del Paraná dejan expuesto el incumplimiento de las leyes vigentes y la falta de una discusión con participación colectiva sobre criterios de uso del territorio, que permitan la coexistencia de las diversas actividades productivas de manera sustentable y la preservación de la integridad ecológica de los humedales. Resultan inadmisibles las acciones unilaterales por parte de sectores dueños de la tierra, o arrendatarios, que priorizan su rentabilidad económica por sobre el bien común.
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Los humedales interpelan a las miradas sectoriales más simplistas, ya sean ultra-productivistas como conservacionistas ingenuas, que si bien presionan por una toma rápida de decisiones, resultan en conflictos socio-ambientales impredecibles a mediano y largo plazo. Esta puja queda manifiesta al releer los textos de los diferentes proyectos para una ley de Humedales. En estas iniciativas, varios artículos se derivan de la Ley de Bosques (Ley Nacional Nº 26.331) sin una mirada crítica de su experiencia, como si diera lo mismo legislar sobre cualquier ecosistema, con categorías rígidas de gestión que nada tienen que ver con la diversidad de tipos y situaciones tan particulares que presentan los humedales.
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Los humedales (y los territorios fluviales) son, a su vez, intrínsecamente variables a escalas no percibidas usualmente por el devenir cotidiano ni incluso el de una generación. Su gestión, entonces, necesita contemplar escenarios futuros dinámicos, con variabilidad estocástica y bajo procesos de cambio climático. Un programa integral nacional y federal quizás podría ayudar a tomar conciencia y hacernos responsables frente a la conservación y uso sustentable de los humedales, con estrategias de educación, gestión, legislación e inventario. Sobre todo, necesitamos incorporar una mirada solidaria, que garantice los derechos del conjunto de la sociedad, particularmente de quienes viven en las islas, y de las generaciones futuras.»

Las afecciones respiratorias usuales cayeron un 50%, por el aislamiento

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Con la llegada del invierno suelen aumentar las probabilidades de contraer ciertas enfermedades respiratorias causadas por virus o bacterias. Este año, a diferencia del 2019, se produjo una disminución de las enfermedades respiratorias en todas las provincias, a excepción de Río Negro, según lo notificado por el Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que las enfermedades causadas por el virus de influenza se redujeron un 52%, los casos de neumonía bajaron un 57%, registrándose 19.349 casos en todo el país, y los de bronquiolitis descendieron un 74%, con 18.283 casos confirmados hasta el 24 de mayo. Según explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC -Obra Social de Entidades Deportivas y Civiles: “la mayoría de estas enfermedades son virales, al igual que el COVID-19, y se transmiten de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales y a través de las gotitas aerotransportadas que generan al toser o estornudar aquellas personas infectadas por algún virus”. Pero, ¿cómo se puede explicar este fenómeno?  “Dado que la forma de contagio de estas enfermedades típicas de invierno es similar a la del coronavirus, las medidas adoptadas para proteger a la sociedad de la pandemia, como lavarse las manos de manera constante, el distanciamiento social, el uso de barbijos, la disminución de la cantidad de personas en los medios de transporte o el cierre de colegios dan como resultado la disminución de otras patologías respiratorias, como la gripe, el resfrío, la neumonía y la bronquiolitis”, explica El Haj.

CONAE prepara mapas hídricos para el agro argentino

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La política nuclear que Argentina necesita. Y que no se está llevando adelante

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El Dr. Gabriel N. Barceló (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz); el Ing. José Luis Antúnez (Colaborador Independiente – Ex Presidente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima); el Dr. Andrés J. Kreiner (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Sector Nuclear); y el Ing. Eduardo Barreiro (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz); con la colaboración de varios de los participantes de la reunión virtual del 17 de junio, prepararon este trabajo. AgendAR lo publica y lo hace suyo. Es largo y es fundamental. Para el sector nuclear argentino, y también para el futuro de las capacidades tecnológicas nacionales. «INTRODUCCIÓN: En el prólogo de la publicación “National Energy Strategy 1991-1992” del Departamento de Energía de EE. UU., emitida en febrero de 1991, se reproducían palabras del presidente George Bush (padre), incluidas en su convocatoria para la formulación de dicha estrategia en Julio de 1989: “… conseguir un balance entre nuestra creciente necesidad de energía a precios razonables, nuestro compromiso con un medio ambiente más seguro, más saludable, nuestra decisión de mantener una economía primera entre todas, y nuestro objetivo de reducir la dependencia de nosotros y la de nuestros amigos y aliados, de proveedores potencialmente no confiables.” [1] En Julio de 1989 el bloque soviético se caía a pedazos, ya se había abierto la cortina de hierro entra Hungría y Austria y al muro de Berlín le quedaban poco más de 3 meses de existencia. Francis Fukuyama ya estaba pergeñando el fin de la historia y el presidente de la única potencia vencedora de la guerra fría, el Hegemón sobreviviente, se preocupaba por asegurarse la provisión de energía reduciendo ”la dependencia de proveedores potencialmente no confiables” y marcando, de paso, a quién le iban a deber su seguridad energética los “amigos y aliados”. En los años /20, el General Ingeniero Enrique Mosconi, decía: “Es obvio repetir que el ritmo que ha alcanzado la vida moderna no puede sostenerse sin los seguros aprovisionamientos de los motores a combustión interna y de los motores a explosión…no podrán funcionar sin los seguros aprovisionamientos de carburante…” Y más tarde: “En torno al petróleo se han entablado las más tenaces luchas económicas y armadas, y se presencia ya a diario cómo se utilizan grandes cantidades de oro, destinado a obtener, por acaparamiento, la complacencia, la infidelidad, el soborno y la traición de los encargados de custodiarlo.” [2] Hay abundantes testimonios que indican que la decisión de los técnicos de CNEA de los años ’60 de inclinarse por las centrales de uranio natural y agua pesada se debió a que era posible conseguir el agua pesada en el momento de la construcción de la central y luego en pocas cantidades a lo largo de la vida de ésta, pero podía ser más complicado conseguir el servicio de enriquecimiento de uranio todos los años para los combustibles. Además, resultaba más factible conseguir la tecnología de fabricación de agua pesada que la de enriquecimiento de uranio. En las expresiones del pensamiento nacional en cuestiones energéticas siempre ha sido el aseguramiento de la provisión de la fuente de energía el factor fundamental. El objetivo fundamental no fue nunca procurar la percepción por el estado de la renta de los insumos energéticos, sino, antes que nada, asegurar el suministro de energía a precios accesibles para el desarrollo industrial y, además, para la provisión a la población. La decisión de aquellos técnicos de CNEA sigue siendo hoy absolutamente válida. LA ENERGÍA COMO BIEN ESTRATÉGICO Y LA ENERGÍA NUCLEAR Más allá del neoliberalismo financiero que nos ahoga, la energía es, todavía, la corriente sanguínea de la industria y ésta la base del desarrollo social y económico. Y en un mundo que se disputa, y se disputará cada vez más la hegemonía industrial, la carencia de energía del adversario es un factor importante en la construcción de hegemonía. Tal como puede constatarse en el primer párrafo de este trabajo, este principio está muy presente en las acciones de los países desarrollados en su política exterior, y son justamente estos países los que poseen la capacidad de enriquecer uranio y, además, los referentes más encumbrados del Nuclear Suppliers Group (Grupo de Proveedores Nucleares). Adicionalmente la energía nuclear tiene una ventaja importante frente a otras energías alternativas: no emite CO2. Hay otras energías renovables que tampoco lo hacen, pero son discontinuas.La energía eólica y la energía fotovoltaica o solar térmica funcionan cuando tienen la energía primaria disponible, viento o sol. Algunos tratan de demeritar la energía nuclear sumando la cantidad de CO2 que se emitió al construir la central, pero considerando la larguísima vida útil de las centrales (una central repotenciada tiene una vida útil de por lo menos 60 años) la emisión de CO2 por MWh producido es bajísima, en cualquier caso. Adicionalmente el factor de servicio de las centrales nucleares es muy alto. En términos generales, la disponibilidad de las energías renovables más difundidas, hidroeléctrica, eólica y solar, está condicionada a factores climáticos. Y un desarrollo industrial saludable no puede depender de ellas exclusivamente. Por otra parte, la tecnología nuclear es, en realidad, un complejo de tecnologías en muy diversos campos, que van desde la geología hasta las asociadas a la ciencia del medio ambiente, pasando por las tecnologías químicas, las de materiales y las tecnologías blandas de aseguramiento de la calidad, por nombrar algunas. Un país que maneje la energía nuclear maneja, entonces, también los conocimientos involucrados en todos esos campos del conocimiento tecnológico y puede volcarlos hacia todas las industrias involucradas. En la Argentina hay sobrados ejemplos de ello, desde los spin -off metalúrgicos surgidos de los primeros trabajos de Sábato hasta los procedimientos de garantía de calidad que se proyectaron desde CNEA hacia otras industrias masivas, como la automotriz. En tanto y en cuanto los combustibles fósiles comiencen a ser dejados de utilizar como medida paliatoria del cambio climático, la energía nuclear jugará, casi con seguridad, un papel preponderante como fuente firme confiable para la base de la curva de generación eléctrica en todo el mundo. Un argumento adicional a favor de esta presunción es la poca incidencia que el costo de combustible tiene sobre el costo final de generación por medios nucleares, la mayor parte de los costos de cada kWh viene de los gastos de instalación, con lo que la viabilidad económica de esta forma de generación está definida, una vez asumido el costo financiero de la construcción, a partir del momento de puesta en marcha de la central, ya que los costos variables constituyen nunca más que el 20 o 25%, y el combustible propiamente dicho, no más del 10 o 15% del costo del kWh generado. Por otro lado, la energía nuclear carga con una resistencia innegable en sectores de la población. La cuestión de los riesgos asociados con las radiaciones configura un fantasma que la comunicación realizada desde los gobiernos y empresas nucleares en el mundo no ha podido, en general, disipar. El tema de los residuos nucleares en particular, pese a tener soluciones tecnológicas plausibles e, incluso, ejemplos existentes de gestión exitosa con acuerdo y control de las poblaciones cercanas a las regiones geográficas involucradas, no ha conseguido aclarar el asunto frente al gran público, más que en algunos pocos países, como Finlandia o Suecia, que han manejado el tema con ingenio y compromiso comunicacional. Presumiblemente, en la medida que la energía nuclear regane su rol como solución energética masiva, empezando por los países centrales, estas soluciones comunicacionales se harán accesibles a la opinión pública masiva y el problema será solucionado. La iniciativa de EE. UU. de reactivación de su industria nuclear podría ser un primer paso en ese sentido. Una alternativa posible para disminuir los daños ambientales y favorecer la comprensión y aceptación de la población y autoridades es desarrollar las técnicas microbiológicas de procesamiento de mineral de uranio y de remediación de la producción de nitratos de las técnicas convencionales. Los procesos de biolixiviación de mineral de uranio mediante bacterias ambientales y de reducción de los residuos de nitratos mediante bacterias nitrato reductoras se aplicaron con éxito en Alemania y países del este europeo hace más de dos décadas y ya hubo actividad en esa dirección en el CAE que fue abandonada. (Este párrafo incorpora una sugerencia del Dr. Alberto Keitelman). EL PANORAMA INTERNACIONAL, EL URANIO NATURAL Y EL ENRIQUECIMIENTO DE URANIO En cuanto al panorama internacional de la generación nucleoeléctrica, su viabilidad política está condicionada a las decisiones de la institución internacional nombrada algo más arriba, el “Grupo de Proveedores Nucleares”, o NSG, por su sigla en inglés, heredero del Club de Londres, que se fundó en 1974, ante la explosión de la primera bomba atómica de la India, país no firmante del TNP (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares). El objetivo formal de la existencia del NSG es asegurarse de que no haya asistencia, deliberada o no, de los países con capacidades nucleares a otros sin ellas que les permita a estos últimos acceder a un explosivo nuclear. Es sabido que las tecnologías de enriquecimiento de uranio o de obtención de plutonio 239 tienen uso dual, sirven para obtener combustibles para reactores de producción de electricidad y también para la fabricación de explosivos. Por esta circunstancia, el resorte fundamental del NSG y las demás iniciativas del sistema nuclear internacional de no proliferación es vigilar, y restringir todo lo posible, la exportación de conocimientos, materiales y equipamientos necesarios para el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado a países que no poseen esa capacidad. Esta política se suma a iniciativas de uno u otro de los miembros más desarrollados del NSG, que invariablemente cuentan con el apoyo de los demás países desarrollados, para disuadir a los países en desarrollo de conseguir sus propias capacidades de enriquecimiento. Ejemplos de estas iniciativas son el “International Framework for Nuclear Energy Cooperation” (IFNEC – del cual el Subsecretario de Energía Nuclear de Macri fue orgulloso presidente por un período), la iniciativa del Banco de Combustible Nuclear en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y diversas recomendaciones incluidas en las Directrices del propio NSG. El cierre de la política se completa por el lado del descrédito de la línea de uranio natural y agua pesada (línea CANDU), llevado a cabo por medios más sutiles, ya que Canadá, origen de la tecnología más difundida de esta línea, es un aliado fundamental de EE. UU. y del “Mundo Libre”. Estas acciones se manifiestan en planteos diplomáticos cara a cara o presiones sobre funcionarios en las reuniones del OIEA. Más allá de las tareas de repotenciación y prolongación de la vida útil de sus reactores CANDU, la situación, en cierto modo privilegiada,de Canadá no lo ha eximido de ver desmanteladas sus plantas de agua pesada y cerrados sus proyectos de reactores nucleares de uranio natural desde hace unos 23 años.  Pero, precisamente, ese posicionamiento geopolítico de Canadá le asegura que su desarrollo industrial no se verá perjudicado. Algo que de ninguna manera podemos asegurarle a la Argentina. De todos modos, Canadá no ha planificado todavía ninguna central nuclear de uranio enriquecido. Una fidelidad digna, por lo menos, a su desarrollo autónomo. Por otro lado Canadá está colaborando con China en el desarrollo de dos nuevas centrales CANDU, que China quiere utilizar como “post-quemadores” de los combustibles descargados de sus centrales de Uranio enriquecido, lo cual posiciona a la tecnología CANDU como complementaria. Esto desmiente las afirmaciones sobre la falta de futuro de la línea CANDU o similares. No solo China tiene gran interés en esta línea sino también la India, que impulsa decididamente la línea de Uranio natural y agua pesada con un amplio programa de desarrollo y construcción. También hay muchas posibilidades de innovación tecnológica en esta línea que inclusive comprende la posibilidad de reactores reproductores a torio, que podrían generar más combustible que el que consumen abriendo la posibilidad de lograr combustible prácticamente ilimitado. El torio es un material 4 a 5 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio y a partir del cual se puede lograr U233, un material físil equivalente al U235 pero menos proliferante porque no está asociado a la producción de plutonio. LA NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES Y EL NSG Ahora bien, existen varios ejemplos de países que, habiendo decidido desarrollar un explosivo nuclear, lo hicieron sin acudir a plantas de enriquecimiento de uranio dedicadas al combustible de centrales nucleares convencionales, ni a reprocesar combustibles gastados de reactores generadores de electricidad, como Corea del Norte o la India, que desarrollaron sus explosivos, al menos en principio, a partir de reactores diseñados específicamente para producir cantidades importantes de plutonio, mucho más sencillos tecnológicamente, que los reactores de generación eléctrica. Por lo dicho en el párrafo anterior, es discutible que todas las restricciones impuestas por el sistema nuclear internacional al desarrollo y uso de plantas de enriquecimiento de uranio sirvan para dificultar el acceso a un explosivo nuclear por parte de países que quieran poseerlo; pero resulta claro que son eficaces para dificultar al máximo el surgimiento de países en desarrollo que quieren ser autosuficientes con sus combustibles nucleares de uranio enriquecido y, eventualmente, constituirse en una competencia estratégica y comercial para los pocos que sí tienen la capacidad y controlan el NSG. Entre los insumos cuya comercialización está restringida por el NSG figura el uranio en todas sus formas, tanto natural como enriquecido. Entre las condiciones que fija el NSG para que un país sea elegible para recibir exportaciones nucleares figura la firma del Protocolo Adicional (PA) al Tratado de Salvaguardias que tenemos vigente como parte de las obligaciones del TNP (Tratado de No Proliferación). Este PA impone condiciones leoninas a los países firmantes. Argentina y Brasil han conseguido una dispensa transitoria por una fórmula diplomática que puede ser eliminada en cualquier momento, si se dan las condiciones apropiadas. En ese caso, si no queremos ver intervenidos por los países centrales todos nuestros desarrollos nucleares (y algunos otros), tendremos que ser autosuficientes en la provisión del combustible nuclear. No resultará muy difícil recuperar nuestra capacidad de fabricar el combustible de uranio natural, pero sí la de alcanzar la del combustible de uranio enriquecido. LA SITUACIÓN DE LAS CAPACIDADES NUCLEARES ARGENTINAS Y decimos recuperar nuestra capacidad de fabricar íntegramente el combustible de uranio natural porque la hemos ido perdiendo sin prisa, pero sin pausa. En 1990 Argentina contaba con todos los servicios y las capacidades industriales necesarias para fabricar el combustible para sus centrales con la única excepción del “trex” de zircalloy, un insumo intermedio para la fabricación de las vainas de los elementos combustibles. Teníamos exploración de uranio de alta capacidad, minería del uranio, lixiviación y producción de la «torta amarilla», producción de UO2 de grado nuclear y fabricación de los combustibles. Hoy en día, la minería del uranio está interrumpida desde hace 22 años cuando, por decisión de la conducción económica de la época, y con el argumento de los bajos costos internacionales de la torta amarilla, cosa que era transitoriamente cierta pero no justificación suficiente (¿si compramos todo afuera porque es más barato, de qué vivimos?), se decidió cerrar la explotación. Desde entonces, las dos provincias donde podía producirse más económicamente (Chubut y Mendoza) se han declarado contrarias a la minería de los metales en general y a la del uranio en particular. Junto con la minería se cerraron las plantas de lixiviación y obtención de torta amarilla porque es éste último insumo el que se comercializa internacionalmente. La fabricación de UO2 está en serios problemas en su planta de Alta Córdoba y se interrumpirá si no arrancamos la planta de Formosa cuya construcción está parada desde el macrismo. La exploración de uranio languidece, entre otras cosas porque las provincias interesantes han desarrollado piquetes de “vecinos” que agreden a los técnicos de CNEA que encuentran en sus territorios, y porque la conducción de CNEA del macrismo se ocupó de destruirla, desarmar equipos de técnicos, negarle presupuestos razonables, pagar sueldos muy bajos al profesional capacitado. El nudo se va cerrando, pero el deterioro todavía es reversible porque el recurso humano está o puede ser recuperado. Esta recuperación deberá estar acompañada por un esfuerzo comunicacional que permita contar con el apoyo de la opinión pública nacional, asegurándole, especialmente a las poblaciones cercanas a las instalaciones nucleares, acceso a información confiable y rápida, para resolver eficazmente cualquier campaña denigratoria de la actividad que pueda surgir. En cuanto al enriquecimiento de uranio: las instalaciones de Pilcaniyeu, Río Negro, ya tienen 38 años y nunca se pudo concretar la planta semi-industrial que era el objetivo original. En el desarrollo de ultracentrífugas se está trabajando desde hace cerca de 15 años y todavía no hay un prototipo convincente. Y no es que falte capacidad técnica. Lo concreto es que, por ese lado, si bien es imprescindible seguir en el empeño, el camino no está garantizado. Para comparación, la Planta de Demostración de Pilcaniyeu se hizo en 5 o 6 años, desde que se tomó la decisión hasta que se anunció. LA IV Y V CENTRAL NUCLEAR Y así llegamos a la circunstancia de decidir las tecnologías para nuestras cuarta y quinta centrales nucleares. Las opciones básicas, considerando las fuentes de financiación y la realidad nacional, son dos: una central nuclear Hualong, de uranio enriquecido, vendida por China con grandes facilidades crediticias que incluye un importante período de gracia (pero que inexorablemente va a cargar a la deuda externa en 8.000 millones de dólares), con nula o casi nula participación de la industria nacional, y una de uranio natural de la que la industria nacional puede fabricar entre el 60 y el 70 % de los componentes, cuya erogación sería en moneda nacional. Además, en ese 60-70 % de piezas de fabricación nacional están incluidos los equipos específicamente nucleares, estratégicos (se estima que podemos fabricar entre un 80 a 85% de los equipos tecnológicamente más elaborados). La Argentina adquirió, junto con la licencia para la construcción de la central CANDU de Embalse, el derecho a replicar la central en cualquier parte de su territorio nacional. Y ha demostrado que domina la tecnología a través de la exitosa extensión de vida por 30 años más de la Central Nuclear Embalse. Para la última alternativa de las antes señaladas, China, en 2015 aportaba la financiación a condición de que simultáneamente compráramos la central Hualong. Este proyecto, denominado “Proyecto Nacional” fue cancelado y dado de baja en el 2018 simultáneamente con el Acuerdo Financiero firmado con el FMI. De esta manera fue perdida, por decisión propia de la Argentina, la posibilidad de financiamiento parcial del Proyecto Nacional por parte de China en el marco del Acuerdo País-País del 2014. Esta decisión de cancelación del Proyecto Nacional CANDU es pasible de ser revisada en el marco de negociaciones llevadas a cabo por una conducción nacional con convicciones firmes en este sentido. Creemos además que el 60-70% del aporte nacional debería financiarse con pesos ya que no parece razonable contraer deuda externa para financiar inversiones que se hacen en moneda local. El resto de los insumos y equipos podrían ser provistos y financiados por China. El Ing. José Luis Antúnez, quien condujo con éxito la tarea tecnológica y gerencial de concluir Atucha II, ideó una solución posible al dilema: anular la decisión del año 2018 de cancelar el Proyecto Nacional CANDU y de contratar con China solamente la Central Hualong bajo la modalidad “llave en mano”. Volver, a partir de ahora, al esquema original del Plan Nuclear 2014, con modificaciones derivadas del tiempo transcurrido y las circunstancias actuales según el esquema siguiente: contratar con China la central de uranio enriquecido Hualong actuando NASA como arquitecto ingeniero del proyecto, a cargo de la totalidad de la construcción y montaje con empresas locales de esas especialidades, así como de la compra a la industria manufacturera nacional de todos los componentes e insumos que sea posible producir localmente y muy especialmente negociando la fabricación del combustible en nuestro país. Simultáneamente lanzar el Proyecto Nacional CANDU (utilizando pesos en todo lo que sea posible) con una programación distinta a la que estaba prevista en el Plan Nuclear 2014. La diferencia con el Plan 2014 estará en la programación del Proyecto Nacional, que se realizaría comenzando por la recuperación de las capacidades de la industria manufacturera local con la compra de los insumos y componentes locales, para así asegurar la continuidad y preservación de todas las capacidades nacionales para diseño y construcción de centrales de ciclo de combustible de uranio natural y agua pesada. Con respecto a las obras y montajes del Proyecto Nacional, las mismas se programarían para iniciarse de manera que permitan absorber la mano de obra que se vaya liberando de la construcción de la Hualong a medida que vayan finalizando las distintas fases de su ejecución. El objetivo principal de este cambio en la programación del Proyecto es evitar la desaparición de las capacidades manufactureras locales, incluyendo las de la Planta de Agua Pesada (de Arroyito, Neuquén) y las demás del ciclo de combustible, en un momento crítico en el que la necesidad de crear empleo industrial es prioritaria. Esta solución fue llevada en enero al Secretario de Energía, quien no la comentó todavía. Varios de los protagonistas designados a cargo del sector han manifestado reiteradas veces y por años su oposición a la CANDU y su apoyo a la construcción de la central china, por lo que, en caso de adoptarse la solución propuesta, deberá lograrse un real compromiso con la misma, lo que exige revertir la decisión del gobierno anterior de cancelación del proyecto, para el cual estaba ya aprobado el régimen jurídico que incluye el crédito fiscal, por la ley 26.566. Esta acción debiera tener lugar, a más tardar, en enero próximo (2021). La CNEA debiera tener prevista la participación en los aspectos tecnológicos de las obras y el codesarrollo de los proyectos desde el punto de vista de la tecnología implicada, pero, en caso de concretarse la Hualong “llave en mano”, esto será casi imposible. En cualquier proyecto nacional, CNEA deberá tener un rol protagónico, tal como lo tuvo, con total éxito en los dos últimos grandes proyectos nacionales: la terminación de Atucha II y la extensión de vida de Embalse. Entre las críticas al proyecto CANDU se destacan las que indican que los derechos que adquirió Argentina con la central de Embalse Rio III incluyen el uso de la tecnología tal como estaba en la década del ’60, y que, desde entonces, y en particular desde el accidente de Fukushima, en Japón, la normativa de diseño y construcción cambió para adaptarlos a las nuevas normas de seguridad emergentes de la experiencia de ese accidente. El argumento continúa con que la empresa canadiense, dueña de la ingeniería CANDU, pide unos 1.000 millones de dólares para la elaboración de la ingeniería necesaria para ese “aggiornamiento”, además de condiciones también leoninas. Según la opinión de otros expertos, esta suma está claramente exagerada. Para empezar, las “recomendaciones” de OIEA en materia de actualización son eso, recomendaciones, y el Organismo Internacional no tiene ni la intención ni los medios para imponerlas. En el panorama internacional India construye sus centrales como le parece más adecuado y Embalse Rio III, por ejemplo, ha sido licenciada, luego de la intervención que se completó el año 2019, sin algunas de las nuevas recomendaciones de OIEA. Además, buena parte de las modificaciones recomendadas por OIEA ya han sido introducidas en la actualización de Embalse. Si se decidiera incorporar las restantes, según la opinión de estos expertos nacionales, ellas pueden ser desarrolladas en casi todos los casos por ingenieros argentinos y por lo tanto pagadas localmente, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de empleo nacional. Esta vía de acción nos permitiría mantener la capacidad de fabricación de componentes para centrales nucleares y, además, aseguraría la provisión del combustible para las mismas. Si se prioriza, en el gobierno, la voluntad de incorporar créditos y tecnologías externas a estos proyectos, el Proyecto Nacional puede ser adecuado para hacerlo sin comprometer un destino autónomo para el desarrollo nuclear argentino. Es importante recalcar que la idea central que debiera primar en toda política asociada a la construcción de las futuras centrales nucleares argentinas es que, si de lo que se trata es de centrales CANDU, nuestro país cuenta con la capacidad técnica para realizar, de manera autónoma, la fabricación de todas las partes específicamente nucleares, además del montaje y la construcción civil y, sobre todo, la capacidad de arquitecto ingeniero; lo que, además de darnos autonomía de decisión, limita fuertemente las necesidades de divisas asociadas a estos proyectos. Por ello, desde consideraciones solamente técnicas, la necesidad de participación de cualquier proveedor extranjero está solamente asociada al suministro de algunos pocos equipos, como las turbinas de vapor de alto porte y algunos elementos de medición que pueden ser provistos por fabricantes de varios países del mundo. Por otra parte, volcarnos totalmente a la tecnología de uranio enriquecido afectaría quizá de forma irreversible estas capacidades y sometería a la Argentina a una posición de dependencia, incluso en lo que hace al suministro del combustible. De modo que, si la decisión se orientara hacia definir una sola línea tecnológica para las futuras centrales nucleares, claramente, la elegida debiera ser la línea de uranio natural. EL CAREM La Central Argentina de Elementos Modulares CAREM es un proyecto que se está desarrollando en nuestro país también desde la década del /80. Es posiblemente el primer SMR (Small Modular Reactor) planteado y tiene el mérito especial de que la refrigeración primaria, la que enfría el núcleo donde se produce la reacción nuclear, se hace por convección natural, lo que limita grandemente cualquier hipótesis de accidente. Este concepto de reactor trabaja, por diseño, solamente con uranio enriquecido y agua liviana. Además, el sentido de su modularidad es posibilitar la construcción en serie de sus partes, lo que debiera abaratar considerablemente las cargas económicas de instalación que, como se dice en otra parte de este trabajo, son el elemento fundamental del costo de la energía eléctrica producida. El hecho que las potencias de diseño sean pequeñas, junto con su seguridad intrínseca, posibilita su uso en aplicaciones en lugares remotos al mismo tiempo que su construcción en líneas de montaje puede compensar el factor de escala que favorece, en principio, las centrales de mayor potencia, del orden de los 1000 MW. La idea ha sido tomada, desde entonces, por una decena de países que han iniciado proyectos semejantes, ninguno de los cuales ha llegado, todavía, a concretarse en instalaciones reales. LAS CAPACIDADES DE ENRIQUECIMIENTO DE URANIO Por las circunstancias antes expuestas y otras a ser desarrolladas aquí, sería necesario alcanzar la capacidad autónoma de enriquecimiento de Uranio. Los reactores de investigación funcionan también con uranio enriquecido y su principal aplicación médica, la fabricación de molibdeno 99, se realiza con blancos constituidos por ese material (y además, los últimos diseños,incorporan agua pesada). Por otro lado, el reactor nacional, que se suele mencionar como el “proyecto nuclear estrella” de la Argentina, el CAREM, está diseñado para funcionar con uranio enriquecido. Es nuestra opinión que, para fortalecer este proyecto, sería necesario contar con la capacidad de enriquecer Uranio. Como decimos más arriba, la Argentina no tiene todavía la capacidad industrial de enriquecer uranio. En los hechos, no podemos prever en qué momento podremos contar con esa capacidad. Es necesario, entonces, reactivar la planta de Pilcaniyeu porque eso nos asegura mantenernos entre el concierto de países que ya enriquecen y, en paralelo, potenciar el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento por ultracentrífugas, pero no abandonar el uranio natural y los elementos que nos permiten mantener esta línea abierta, como la planta industrial de agua pesada (PIAP). La trayectoria impecable de la Argentina en cuanto a su vocación de uso pacífico de la energía nuclear, habiendo puesto sus instalaciones íntegramente bajo salvaguardias del OIEA y participando activamente en todos los organismos internacionales preocupados por la no proliferación de armas nucleares y el desarme, nos pone al abrigo de cualquier suspicacia que puedan esgrimir los países centrales respecto de las intenciones de estos desarrollos. El hecho que el Secretario General de OIEA sea actualmente un argentino, es una muestra del respeto que todos los países del mundo tienen por el nuestro en estos asuntos. Aun cuando se decidiera incursionar en la tecnología de uranio enriquecido, la continuidad de las dos líneas tecnológicas en el desarrollo nuclear futuro es claramente defendible, y no solo desde la posición de mantener una actividad nuclear totalmente autónoma desde lo nacional. La tecnología de base CANDU es robusta, y puede adaptarse al quemado no solo del combustible descargado de las centrales de Uranio enriquecido, aun rico en U 235, sino también de parte de los residuos nucleares emitidos por las otras tecnologías, reduciéndolos o, incluso, eliminándolos. La India está ensayando esta opción. Y China está planeando dos nuevas CANDU, muy posiblemente, para ensayarla. Por su parte, además de India y China, también Corea del Sur tiene centrales de las dos tecnologías. LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA PESADA La contundencia de los recursos tecnológicos de un país se materializa cuando las tecnologías en cuestión se manifiestan en equipos y/o instalaciones completas. La Planta Industrial de Agua Pesada es precisamente eso: una instalación real, operativa y que estaba funcionando con extraordinaria eficiencia. Es imperativo recuperarla de la situación crítica en la que se la puso durante el macrismo, al despedir de su planta al personal especializado. La PIAP está, además, cargada con fluidos corrosivos y la falta de un mantenimiento apropiado va a provocar daños muy difíciles de reparar. Su agua pesada es imprescindible, en primer lugar, para seguir operando nuestras centrales y no tener que salir a comprarla a precios altísimos en divisas. El agua pesada es esencial para la tecnología de uranio natural. No hay ninguna planta en el mundo funcionando con la capacidad nominal de la PIAP o mayor, y necesitamos esa agua pesada para continuar con la línea tecnológica que podemos manejar de manera autónoma. Además, el agua pesada tiene un mercado internacional. Entre otras iniciativas, y en contra de lo que se ha afirmado para defender a la Hualong en el sentido que la línea CANDU estaría abandonándose, la India está construyendo cuatro centrales PHWR, es decir, de esta tecnología y muy similares o iguales a la CANDU y tiene planeadas 12 más. China, por su parte, está encarando la construcción de un par más, como ya hemos mencionado. Según una fuente relevante del sistema nuclear, recuperar la planta de agua pesada, PIAP, costaría unos 40 millones de dólares, casi todos en pesos, con lo que la disponibilidad de divisas no sería un problema demasiado grave. Habría que recomponer los cuadros técnicos y comprar los repuestos necesarios, no es una tarea sencilla pero tampoco imposible. Como resultado tendríamos una herramienta fundamental para cimentar nuestra capacidad de generar nucleoelectricidad con recursos propios. Mantener activo este recurso, junto con la opción de la tecnología de uranio natural, sería un factor crucial también a la hora de la negociación con cualquier proveedor de nuevos reactores nucleares, si decidiéramos comprarlos a un país extranjero. Sería la puerta abierta que le estaría marcando al oferente que podemos recurrir a otra cosa.» REFERENCIAS: [1] National Energy Strategy – Powerful Ideas for America – First Edition 1991/1992 – National Technical Information Service – US Department of Commerce – Springfield – VA USA. [2]: Gloria Iris Arrigoni, en “Historias del Petróleo” – Ediciones Atlántico – Comodoro Rivadavia, Chubut, Noviembre 2007.-

La cuarentena estricta del 0,5 %

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Antes de reproducir en el portal un adecuado resumen de las decisiones anunciadas ayer, quiero explicar el sentido de esta nota. Que apunta sobre un problema clave para enfrentar esta pandemia y tomar las medidas de prevención del contagio. Y también sobre una realidad estructural de la República Argentina. El Área Metropolitana de Buenos Aires se puede definir de distintas formas. Pero el territorio máximo que se le puede calcular, la Capital Federal más los 40 municipios bonaerenses cercanos (que incluyen zonas bien rurales), ocupa sólo el 0,5% del territorio continental argentino. Continental, sin incluir las islas del Atlántico Sur y el sector Antártico Argentino. Para enfrentar la acelerada suba de contagios que se registra en esta minúscula parte del territorio del 8° país del mundo en extensión, el presidente de la Nación y los dos mandatarios que manejan las administraciones subnacionlales con más recursos han dedicado la mayor parte de su tiempo y de su caudal político, ayer y desde hace muchos días. Hay una muy buena razón para esto, por supuesto. En el AMBA vive alrededor del 40% de la población argentina. Además de ser la sede de buena parte de su industria manufacturera, y, sobre todo, de los centros de la industria cultural, la que produce información y contenidos para el resto del país. Ezequiel Martínez Estrada fue uno de los, numerosos, intelectuales argentinos que hace unos 80 años recibieron con rechazo y aversión la democracia de masas que comenzaba. Pero, a pesar de esto, podemos reconocer que estaba en lo cierto al percibir algo patológico en la «cabeza de Goliat», una ciudad que ya era, en varios sentidos, demasiado grande para su cuerpo. Por supuesto, más allá de los juicios y lamentaciones, es la realidad a manejar. Las medidas de prevención de contagios que se aplican y aplicarán están determinadas por esta aglomeración urbana. Y puede ser que resten nuestra atención de las que deben pensarse para realidades distintas en las distintas provincias. No es un problema que encuentre en estos días el tiempo ni la disposición para encararlo. Pero es conveniente tenerlo muy en cuenta cuando se habla de los perjuicios y la paralización productiva que ha provocado esta pandemia. En el resto del territorio argentino hay focos de contagio, por cierto, y la posibilidad de rebrotes. Pero, por ahora, no la pandemia no desborda las capacidades de manejo. Y la actividad rural y sus transportes han sido consideradas, con razón, esenciales y no se interrumpieron en ningún momento.

A. B. F.

La nueva etapa de aislamiento estricto que empieza (¿por qué?) desde el 1° hasta el 17 de julio

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La nueva etapa de la cuarentena estricta será acompañada por un refuerzo de los controles de seguridad en los pasos entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y por una intensificación del monitoreo de los contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus. Quedó establecido que el objetivo principal de las fuerzas de seguridad será montar un cerco que impida cruzar sin autorización de Capital a provincia, y viceversa, como fórmula para reducir el nivel de circulación de personas. La responsabilidad de esa tarea puntual quedará en manos de las fuerzas federales, en tanto que la policía porteña y la bonaerense se ocuparán del control de sus respectivos territorios. Así se acordó hoy en una reunión que encabezó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. «Habrá saturación policial como método disuasivo», dijeron en la Casa Rosada, y anticiparon que la presencia policial en las calles será similar a la que se desplegó durante las primeras semanas de cuarentena, a fines de marzo. También está decidido que se cerrarán pasos interjurisdiccionales, pero resta definir cuáles. Durante reuniones que se extenderán durante todo el fin de semana debe establecerse también el nivel de rigurosidad que se aplicará ante las infracciones. Otro punto clave a definir son los controles en el transporte. El ministerio que encabeza Mario Meoni debe coordinar con la Secretaría de Innovación, de Jefatura de Gabinete, qué permiso será necesario para usar trenes, subtes y colectivos. Las restricciones se aplicarán a partir del miércoles y podrían instrumentarse por medio de la tarjeta SUBE: se analiza que solo queden habilitadas aquellas vinculadas a permisos de trabajadores esenciales. En coordinación con la Casa Rosada , los gobiernos porteño y bonaerense se disponen además ampliar las redes de detección temprana, rastreo de contactos y aislamiento efectivo, una tarea que es señalada como un déficit por investigadores del Conicet con los que los tres gobiernos mantuvieron conversaciones durante las últimas semanas. Los anuncios sobre el fortalecimiento de esas actividades siguen siendo insuficientes, destacó el bioinformático Rodrigo Quiroga, uno de los referentes de ese grupo. En la Ciudad se duplicará el personal destinado al rastreo y seguimiento de contactos estrechos, tanto en el territorio como vía telefónica, anticipó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Detalló que la Ciudad tiene 1.000 personas para esa tarea y que pasará a tener 2.000. Los expertos que asesoran a los gobernantes señalan que aún esos incrementos son insuficientes. Pero hay limitaciones en la disponibilidad y el entrenamiento del personal. En realidad, estas dificultades, que se encuentran aún en las fuerzas de seguridad, probablemente son los motivos del hecho que esta etapa comience recién el miércoles.

En la UTN de La Plata desarrollaron un producto para rociar sobre objetos y evitar que el virus se adhiera

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Científicas bonaerenses desarrollaron un producto químico que se puede rociar en distintos objetos que se tocan a cada rato y que impide que el coronavirus se adhiera a las superficies, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Se trata de investigadoras de la Universidad Tecnológica de La Plata, quienes retomaron un estudio que la misma casa de estudios había realizado tiempo atrás, adaptándolo y dándole un propósito de cuidado sanitario mediante un producto que permite aislar del coronavirus a distintas superficies y objetos que suelen ser de uso diario en centros de salud. El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en el marco de la pandemia, se denomina «Recubrimiento biocida para elementos de protección para personal sanitario», e intenta trasladar lo que se hizo en maderas (para evitar su deterioro biológico) a todos los objetos utilizados, fundamentalmente telas y otros elementos de uso cotidiano durante la atención de pacientes. El decano de la institución, Carlos Fantini, explicó que «las doctoras Guadalupe Canosa y Paula Alfieri, junto a un gran equipo perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UTN, fueron las encargadas de tamaño descubrimiento que, sin dudas, brindará un avance significativo en evitar la propagación de los contagios por coronavirus». Por su parte, una de las responsables del hallazgo, la ingeniera química y doctora en ingeniería Guadalupe Canosa, señaló que «esto interpondrá una barrera de protección física entre el virus y el personal sanitario que se expone cotidianamente. Es una fórmula química que desactiva la partícula viral que genera la covid-19″.

Rusia construirá cuatro nuevas centrales nucleares

«Moscú – Rusia comenzó con los trabajos preparatorios para la construcción de las nuevas unidades de potencia en las regiones de Leningradsky y Smolensky. La decisión correspondiente fue firmada por el Director General de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rosatom, Alexey Likhachev. Likhachev señaló que el sector nuclear de Rusia llegó a esta etapa con los más recientes desarrollos en el diseño de las plantas nucleares que son VVER-1200 y VVER-TOI. “Estos modelos ponen en marcha los logros y desarrollos más avanzados de la industria nuclear que cumplen con todos los requisitos de seguridad internacional reciente y que se están implementando con éxito no solo en Rusia sino también en otros países del mundo”. Para las nuevas unidades de la central nuclear Leningradskaya fue elegido el proyecto VVER-1200, similar a la primera fase de la construcción de la central Leningradskaya-2. Para Smolenskaya se tomó como referencia el proyecto VVER-TOI, similar al que se está construyendo en la central Kurskaya-2. Andrey Petrov, el director general de la corporación Rosenergoatom señaló que las nuevas unidades de potencia reemplazarán las unidades existentes con los reactores del tipo RBMK-1000, cuya vida útil finaliza la próxima década. “Según nuestras estimaciones, la construcción de las dos obras a la vez creará hasta 15 mil nuevos puestos de trabajo en las regiones y proporcionará ingresos tributarios regulares a los presupuestos locales». Estos proyectos fueron incluidos al esquema integral de la distribución e instalación de obras de generación de energía eléctrica hasta el 2035, aprobado por el gobierno de la Federación de Rusia.» Quienes conocen del tema en AgendAR nos dicen que las centrales VVER son adecuadas y seguras. Rosatom ha superado muchos problemas desde que abandonó la tecnología RBMK. Pero no los ven como proveedores para Argentina por su modo de venta BOO (Build, Own, Operate): ellos construyen la central, la operan y son sus propietarios. Es casi extraterritorial, como si fuera una embajada.

Veterinarios de Buenos Aires buscarán coronavirus en perros y gatos de la ciudad

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Médicos veterinarios de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la UBA estudiarán la presencia del SARS-CoV-2 en mascotas.

El 14 de mayo pasado, la revista Nature publicó un estudio que determinó que dos perros fueron contagiados con el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) por sus dueños en Hong Kong. Algunos científicos plantean la posibilidad de que las mascotas puedan transmitir el virus entre sí y a las personas, pero es algo de lo que no se sabe mucho. “Es importante investigar la interacción de los humanos con sus mascotas en relación con el nuevo coronavirus para que la información obtenida sirva para manejar apropiadamente brotes futuros”, afirmó a la Agencia CyTA-Leloir Ana Bratanich, investigadora de la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FVet) de la UBA. Bratanich y un equipo de colegas se proponen estudiar la dinámica de la transmisión del nuevo coronavirus en la ciudad de Buenos Aires entre humanos y mascotas: perros, gatos y también hurones. Con muestras extraídas de mascotas en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y en veterinarias privadas y el uso de técnicas de biología molecular e inmunológicas tratarán de evaluar la presencia del virus o de anticuerpos como prueba de infecciones pasadas. También extraerán muestras de animales de compañía de pacientes humanos con Covid-19 atendidos en hospitales universitarios de la UBA. “Hasta el momento no hay evidencias de que perros, gatos y hurones hayan sido vectores del virus SARS-CoV-2 a humanos y se asume que es un evento poco probable. Cuando tengamos los resultados, estarán a disposición de la ciencia y de la comunidad en general”, afirmó Bratanich.

También en animales silvestres

Otra rama del estudio se enfoca a animales silvestres. En Jujuy, Bratanich y colegas estudiarán qué tipos de coronavirus están circulando en camélidos (llamas, alpacas, vicuñas y guanacos) en estrecho contacto con dos especies de animales conocidos como reservorios de estos virus: los murciélagos y roedores. “Estudiando la secuencia de esos coronavirus podemos tener una idea del grado de intercambio viral que ha habido entre ellos, parecido a lo que ocurre con SARS-CoV-2 que tiene orígenes en el murciélago y quizás en el pangolín”, afirmó la científica. De acuerdo con Bratanich, el estudio de las secuencias genéticas de los coronavirus ayudaría a identificar las regiones que pueden darle la habilidad de infectar nuevas especies y qué cambios van apareciendo que puedan presagiar saltos al humano. “Todos los conocimientos generados durante este proyecto son imprescindibles para el diseño de estrategias de control, entendidas como las mejores acciones de prevención en las especies silvestres y domésticas que intenten evitar la dispersión y el salto del virus entre especies”, concluyó. También participan de estos proyectos Silvia Mundo, profesora titular de Inmunología,Marcelo Miragaya, profesor titular de Teriogenología,Alejandro Ferrante y Adriana Duchene, todos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA; Gabriel Capitelli,profesor titular de Biología de la Facultad de Medicina y del CBC de la UBA; y Sergio Bracamonte, del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy. Estas líneas de trabajo cuentan con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Hoy se anuncia una nueva fase de cuarentena estricta, del 1° al 17 de julio

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El presidente Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, después de conversaciones que se prolongaron durante varios días y en el marco del aumento de casos positivos de COVID-19 que se registran, anunciarán este mediodía el regreso a una cuarentena estricta en el Área Metropolitana, principal foco de los contagios de coronavirus. Según se adelantó, la nueva etapa comenzará el 1° de julio y terminará el 17. En total, son 10 días hábiles, ya que hay dos fines de semana y dos días feriados. Se pretende una vuelta en Capital y Gran Buenos Aires a los primeros días de la cuarentena, la «fase 1», con algunas variantes: se mantienen la apertura de bancos y las salidas recreativas para los niños. Solo abrirán los comercios esenciales y no habrá salidas deportivas. Las industrias ubicadas en el conurbano también quedarían exceptuadas, ya que cumplen protocolos sanitarios y de transporte específicos (su personal es trasladado en vehículos proporcionados por las empresas) El objetivo central de la decisión es bajar la circulación de personas, esencial para intentar disminuir el nivel de contagio. La clave, según coincidieron en el encuentro que duró casi tres horas, será el férreo control sobre el transporte público, aunque no adelantaron cómo y quiénes estará autorizados a utilizar trenes, colectivos y subterráneos. Los tres mandatarios hoy harán el anuncio -en principio, al mediodía. Fue definido en una reunión en la quinta presidencial de que también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; los ministros de Salud Ginés González García, Fernán Quirós y Daniel Gollán; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti. Se afirma que el mensaje que dará el Presidente, junto a Kicillof y Rodríguez Larreta, estará centrado en convencer a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde se concentra el 90% de los casos de coronavirus, de que es el «último esfuerzo» para aplanar la curva de contagios.

La sociedad argentina y el campo. Conclusión

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Este artículo en 3 partes de Roy Hora fue reproducido en AgendAR en momentos de tensión de los productores agrarios con el gobierno anterior. Creemos que tiene vigencia en momentos de otras, distintas, tensiones. 3ª La primera parte de este artículo está aquí, y la segunda, aquí. En ellas Roy Hora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Quilmes, e investigador principal del CONICET, contó cómo llegamos al presente. En ésta, hace su propuesta. Para el debate. «Este nuevo mundo agrícola comenzó a hacerse visible en la primera década del siglo XXI. La ocasión para ello fue la veloz recuperación económica que tuvo tras la crisis de 1998-2002. Junto con la construcción, el agro fue el sector que más contribuyó a impulsar el crecimiento tras el derrumbe de la convertibilidad impulsada por el gobierno de Carlos Menem en los primeros años 90 y, sobre todo, el que más beneficios simbólicos cosechó gracias a ese auge productivo. Fueron tiempos de intensificación de la ganadería y de expansión de la frontera agrícola, de difusión de la siembra directa, de incremento del volumen cosechado y, por supuesto, de precios excepcionales para la soja. Pero fueron también los años en que, en la visión de sus agentes, «el campo se puso el país al hombro» para liderar la recuperación económica que coincidió con la presidencia de Néstor Kirchner. Allí nació ese «nuevo campo» que, además de obtener altas ganancias, podía volver a proclamar con orgullo no solo su modernidad productiva sino también su papel de locomotora económica del país. El nuevo agro terminó de imponerse en la consideración pública durante el «conflicto del campo» de 2008. La renuencia del Estado a reprimir los piquetes surgidos en toda la geografía de la soja en rechazo al alza de los impuestos a las exportaciones –una inesperada imitación de los repertorios de movilización de pobres y desocupados de la década de 1990 por los activistas del campo– fue decisiva para arraigar la protesta en las rutas y concitar la atención ciudadana sobre la demanda agraria. Pero el vuelco de amplios sectores de las clases medias urbanas en favor de la movilización agraria que se extendió a lo largo del otoño de 2008 no puede entenderse sin tomar en cuenta el cambio en la valoración del campo. Ese apoyo ciudadano habría sido inimaginable en tiempos de Perón o de Alfonsín. Y es que, amén de la hostilidad hacia el gobierno de Cristina Fernández, para 2008 se volvió creíble la idea de que la dinámica agricultura que «se había puesto el país al hombro» había dejado de integrar el catálogo de los problemas argentinos para convertirse en parte de su solución. Al igual que en 1912, sin embargo, ello no fue suficiente para que el ruralismo lograra pararse políticamente sobre sus propios pies. Las elecciones de 2009 y 2011 dejaron en claro que ese proyecto no era más que una quimera, y ese veredicto no ha perdido valor hoy en día. Un país que cuenta con fuerzas partidarias bien implantadas en todo el territorio nacional y que gozan de vastos apoyos ciudadanos, y que posee una tasa de urbanización cercana a 95%, no ofrece condiciones favorables ni para la emergencia de un partido agrarista ni para dar a los voceros de la nueva agricultura mayor influjo sobre las organizaciones partidarias. Mucho menos en una cultura política que siempre se mostró hostil a los partidos single-issue. El campo cuenta con mayor visibilidad e incluso legitimidad. Pero si algo no tiene es futuro político. ¿Un modelo sostenible? Tres tipos de objeciones se han elevado contra el capitalismo agrario de nuestros días. Algunos lo descalifican poniendo el acento en el efecto socialmente destructivo de la agricultura en gran escala sobre las pequeñas comunidades rurales locales. Otros, en cambio, plantean interrogantes respecto a su sustentabilidad ambiental. Finalmente, una tercera línea impugna su contribución, vía la «sojización», a una supuesta reprimarización de la estructura productiva. Todas estas críticas deben ser analizadas con atención, ya que refieren a cuestiones relevantes y sensibles. Sería extraño que un proceso de expansión productiva no tuviera aristas negativas. Para acercarse a su verdadera significación, empero, es preciso colocarlas en una perspectiva más amplia, no siempre presente en los estudios sobre el tema. Así, por ejemplo, quienes enfatizan los efectos negativos del auge agrícola en el nivel local rara vez tienen en cuenta que, lejos de constituir un fenómeno inédito, estamos en todo caso ante una nueva etapa del secular proceso de urbanización, motorizado por la migración hacia la ciudad, que desde muy temprano signó a la región. En nuestro país, la utopía comunitaria rural (con frecuencia de inspiración reaccionaria) resultó siempre más seductora para las elites intelectuales que para los sujetos a los que supuestamente debía beneficiar. Por otra parte, dictaminar sobre las virtudes y los defectos económicos de un determinado orden productivo obliga, ante todo, a considerar su impacto a escala regional o nacional. Sin desconocer todo lo dañino que puede resultar el «progreso» para una pequeña comunidad local, el punto más relevante es si, al margen de procesos de relocalización productiva que se revelan dramáticos para los sujetos afectados, las actividades en cuestión compensan esa pérdida generando más empleo, estimulando la creación de nuevas firmas y aumentando el producto. En un país tan urbanizado como Argentina, ello invita a evaluar con especial atención los efectos del desarrollo agrario sobre la estructura productiva y el mercado de trabajo en las aglomeraciones urbanas. Lo pequeño puede ser hermoso, pero no siempre es lo más relevante. El avance de la nueva agricultura ha sido acompañado por fenómenos de deforestación, reducción de la diversidad biológica, contracción de pastizales y humedales, pérdida de nutrientes del suelo y ascenso de las napas freáticas. La expansión de la frontera agrícola empujada por la agricultura de la siembra directa tiene costos medioambientales, aun cuando es claro que muchos de ellos anteceden a este periodo. Con todo, hay que recordar que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, esta tecnología preserva mejor el suelo que los métodos tradicionales de cultivo. Empero, un tema particularmente urticante es el empleo de fitosanitarios, en particular herbicidas, que la siembra directa utiliza de manera mucho más intensiva que las formas tradicionales de cultivo, y que con frecuencia se consideran dañinos para la salud humana. Sobre esta cuestión aún no se ha dicho la última palabra. Es importante reparar en que los herbicidas de amplio espectro (en primer lugar, el glifosato) que están en el centro de la polémica son de uso corriente en países donde la agenda verde es muy relevante y que además cuentan con instituciones de regulación muy poderosas y eficientes, como los de la Unión Europea3. En cualquier caso, estas cuestiones deben ser objeto de investigación cuidadosa y regulaciones más estrictas, diseñadas e implementadas con la colaboración de una burocracia más competente y más autónoma de los intereses creados que la hoy existente. Argentina tiene por delante la difícil tarea de adoptar políticas que refuercen la armonía entre sociedad y medio ambiente pero que, al mismo tiempo, reconozcan la importancia de expandir la producción del sector rural. Una política insensible al problema del crecimiento es un lujo que no puede darse. Este punto nos lleva a la tercera objeción, la que concibe el crecimiento agrícola como contradictorio con el desarrollo de procesos de diversificación de la economía. Quienes adoptan este punto de vista suelen concebir la estructura económica argentina como un juego de suma cero, en el que la ganancia de un sector supone pérdida para otros. Esta visión no permite enfocar la atención en los problemas de fondo que enfrenta un país con una estructura productiva y fiscal tan endeble como la argentina, que una agricultura exportadora pujante puede contribuir a aliviar. Para empezar, no incorpora a su horizonte analítico el hecho de que, en muchas ramas de actividad, el agro y la industria están integrados en cadenas de valor (insumos, actividad primaria e industrialización más servicios) que generan uno de cada seis puestos de trabajo del sector privado. Tal vez más importante es recordar que, al margen de la agricultura exportadora, Argentina no cuenta con otras actividades productivas que le permitan generar un superávit comercial suficiente como para a) obtener las divisas que demandan sus compromisos financieros y b) satisfacer la creciente necesidad de divisas que acompaña todo proceso de expansión del consumo privado y de las actividades volcadas sobre el mercado interno (estas últimas, sabemos, fundamentales para expandir el empleo). En particular, el sector manufacturero solo puede expandirse y generar más empleo si cuenta con una oferta de divisas que las fábricas argentinas no están en condiciones de generar por sí mismas y que, inevitablemente, en su mayor parte deben venir del campo. Lo mismo vale para el sector de servicios, mucho más relevante que la industria manufacturera en términos de generación de empleo. Este tipo de dinámica positiva se observó, a grandes rasgos, en el quinquenio de recuperación que siguió a la crisis de 1998-2002. La relación virtuosa entre expansión exportadora y diversificación de la estructura productiva (industria y servicios) se fue opacando hacia el fin de la década de 2000, cuando la caída de los términos de intercambio y la atonía de las exportaciones terminaron creando dificultades en muchos otros sectores, sobre todo por la vía de la falta de dólares. En 2011, la economía ya no podía funcionar sin control de cambios. La consecuencia fue una larga recesión, con fuerte impacto sobre la industria y los servicios, el empleo y el bienestar, a la que desde 2018 se sumó una crisis de deuda. Las ventajas de un agro pujante no se limitan al campo. Sin los dólares que genera el sector, no habrá expansión económica sustentable ni alivio duradero en las cuentas públicas. ¿Otra vez la locomotora? El panorama que hoy tenemos ante nosotros es el producto de esta historia. Para terminar de perfilar sus rasgos actuales, tres factores deben agregarse al cuadro trazado en los párrafos precedentes. Por una parte, el contexto excepcionalmente favorable que el boom de los precios de las materias primas le ofreció a la agricultura argentina de la primera década del siglo XXI ya no está vigente. En nuestros días, además, las necesidades fiscales del sector público son mucho más apremiantes que en 2008 o 2015. Argentina no solo enfrenta una economía mundial más hostil sino que debe hacerlo con un Estado sin reservas y sin acceso a financiamiento, sometido a fuertes pujas distributivas y forzado a atender un sinnúmero de demandas urgentes. Por último, la pandemia de covid-19, cuya duración y consecuencias a esta altura son impredecibles, agrava este cuadro. Al cabo de un decenio sin crecimiento ni logros económicos perdurables, no son muchos los sectores sobre los que el fisco puede volverse en busca de recursos. Cuando el futuro de la explotación petrolera no convencional –sobre el que tantas expectativas se habían depositado desde el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta en 2011– se revela incierto, el más importante de todos esos recursos es, nuevamente, el agroexportador. En las presentes circunstancias, su contribución fiscal es irreemplazable. Esto es tan cierto como que, en el mediano plazo, no habrá posibilidades de crecimiento sustentable para el conjunto de la economía sin el empuje de la agricultura, cuyo potencial productivo debe estimularse. Las ventajas comparativas que posee el suelo pampeano, que se traducen en costos de producción más bajos que los que predominan en otras regiones agrícolas del mundo, justifican que el campo tribute en mayor proporción que otros sectores sin que sus empresas vean afectada su viabilidad. El nivel de impuestos «razonable» es materia de un debate que debe tramitarse no en las rutas sino en las instituciones de la república democrática. En todo caso, después de largos años de parálisis en la discusión sobre impuestos, es tiempo de que estas instituciones empujen ese debate más allá de la cuestión de la magnitud relativa del tributo, para comprender también su forma y objetivos. Es preciso alzar la vista por sobre las urgencias del momento para diseñar y acordar qué tipos de impuestos sirven mejor el triple propósito de contribuir a sostener el Estado, estimular la actividad productiva y promover una mayor equidad (y de hacerlo, además, cuidando la salud de la población y preservando el medio ambiente). Es bien sabido que las retenciones, desde hace mucho tiempo la clave de bóveda de los tributos sobre la producción exportable, son un instrumento muy imperfecto para ello. Son infrecuentes en otros países exportadores de alimentos y sus deficiencias son conocidas en cualquiera de los tres planos recién mencionados. Por una parte, benefician a los consumidores de bienes agroexportables en su conjunto, independientemente de su capacidad adquisitiva (es decir, están sesgados a favor de los más ricos). Además, castigan proporcionalmente más a los agricultores y ganaderos más eficientes, así como a los que producen en tierras más alejadas o menos fértiles. Finalmente, no sirven para estimular el aumento de la producción4. Quizás aceptables hace tres o cuatro décadas, cuando todavía resultaba imposible discriminar fiscalmente entre consumidores de distinto nivel de ingreso, y cuando la política pública partía de la premisa de que la producción agroganadera era poco sensible a los estímulos de precios y descreía del potencial de crecimiento de la agricultura exportable, las retenciones hoy resultan anacrónicas. La idea de proteger la mesa de todos los argentinos tiene que ser reemplazada por la exigencia, perentoria, de proteger la de los ciudadanos de menores ingresos; para ello, nada mejor que incrementar y concentrar los subsidios a la compra de alimentos de manera exclusiva en esos segmentos de la población (afortunadamente, el actual gobierno ha dado algunos pasos, todavía tímidos, en esta dirección). Y objetivos como promover la inversión y la mejora de la productividad y premiar a los agricultores más dinámicos se alcanzan mejor con impuestos sobre el valor venal del suelo que con impuestos sobre las ventas externas. Este es, quizás, el punto crucial. Los impuestos sobre el valor de mercado de la tierra son sinónimo de tributación progresista. Aun cuando es sabido que no hay impuestos perfectos, este tipo de contribuciones tienen la ventaja de que pesan más sobre el patrimonio y la renta que sobre los frutos del esfuerzo productivo. Pesan sobre los contribuyentes en relación directa con la magnitud de su patrimonio inmobiliario. Por este motivo, los impuestos progresivos sobre el suelo sirven para contrarrestar el influjo de ese gran productor de desigualdad que es la propiedad de la tierra, muchas veces expresión del privilegio heredado, muy ligeramente gravado en Argentina. Una política dirigida a disminuir gradualmente las retenciones, reemplazándolas por contribuciones sobre el suelo con un sesgo más progresivo que el vigente, constituye la mejor alternativa para compatibilizar los distintos objetivos que reclama el momento actual. Ayudará a liberar las energías productivas del nuevo agro y, a la vez, servirá para colocar la tributación rural en consonancia con los valores de una sociedad más amiga de la innovación, más solidaria y más democrática. Este camino no puede recorrerse de la noche a la mañana. Requiere, entre otras cosas, forjar acuerdos entre actores del mundo productivo y entre distintos niveles de gobierno. Pero la dirección en que debe moverse la fiscalidad agraria no admite dudas. Menos retenciones y más impuestos progresivos sobre la tierra son esenciales para dejar atrás el espectro del año 2008 y terminar de reconciliar al nuevo campo con una Argentina que necesita reafirmar su compromiso tanto con el crecimiento como con la equidad.»

China se afirma como el principal destino de las exportaciones argentinas

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AgendAR ya había informado que China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina durante abril. Ahora, en mayo, en el marco de la pandemia, con las exportaciones en alza y las importaciones en baja, Argentina consiguió un saldo favorable de US$ 307 millones con el principal exportador de manufacturas del mundo, según las cifras del INDEC. En conjunto, la balanza comercial argentina dejó en mayo un superávit de US$ 1.893 millones, superior a los US$ 1.399 millones registrado en igual mes del año pasado. Pero este saldo favorable, aunque alivia el problema financiero de nuestro país, no es una noticia sin elementos negativos: surge de la caída de las importaciones. En mayo las exportaciones sumaron ingresos por US$ 5.061 millones, con una caída del 16% interanual; mientras que las importaciones retrocedieron 31%, con un monto de US$ 3.168 millones. Es cierto que en mayo, si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del 2019, el saldo comercial habría arrojado un superávit sensiblemente mayor, de US$ 2.097 millones, debido a que los valores de los productos exportados mostraron una caída de 8,6% internacional, mientras que los precios de las importaciones retrocedieron 7,8%. Así, el superávit comercial se verificó en un contexto de retracción de los valores y de las cantidades intercambiadas a lo largo de los cinco meses del corriente año. La pandemia empeora la recesión local y la global. Nuevamente recomendamos leer esta nota que publicamos hace un poco más de dos años:China ¿nuestra nueva Inglaterra? Y aprender chino.

Pymes industriales reclaman por las tarifas eléctricas: «Cobran aún cuando no hay consumo»

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«Siguen cobrando lo que quieren, no respetan resoluciones del ENRE con excusas, y asfixian al sector productivo» acusó, furioso, el presidente de la Confederación Económica bonaerense (CEPBA), Guillermo Siro. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (ADIMRA) dijeron: «Nos preocupa que este problema aún no esté resuelto, cuando existe una decisión de (la distribuidora general de energía) Cammesa que pide que se cobre lo consumido realmente». En la entidad metalúrgica se refieren a facturas actuales que oscilan entre los 100 a 200 mil pesos, durante períodos donde las fábricas estuvieron directamente cerradas o incluso ahora, con baja actividad. En el mismo sentido, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó: «No se puede aceptar el costo fijo de la energía si no hay consumo, ya que sin producir o en situaciones como la actual, representa un costo tremendo. Pretendemos que se elimine el cargo fijo; sería una medida muy importante porque no es justo afrontar facturas por consumos no realizados». Precisamente, para IPA, este es uno de los cuatro principales problemas de las pequeñas y medianas empresas. «Las distribuidoras y generadoras deben cobrar por el consumo, y no está claro el parámetro. Esto genera grandes perjuicios sobre las pymes». La directiva de CAMIMA (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina), Rita Cosentino, sostuvo que » Edenor y Edesur realizan estimaciones de consumos por bimestres anteriores, distorsionando casos. Seguimos con la tarifa de energía por potencia contratada, y hay empresas que pagan y aún no están habilitadas». Norberto Fermani (titular de la cámara de ópticos) dijo que «las distribuidoras cobran energÍa como en un mundo ideal; las facturas llegan con montos tremendos por contratos prepandema, y no por lo consumido». En AgendAR señalamos que las empresas eléctricas siguen amortizando sus inversiones a través de las tarifas, se use la energía o no. Para ellas la pandemia no existe en sus cálculos. Y si el Ente Regulador no se impone, lo seguirán haciendo, también en los consumos domiciliarios.