Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, está ahora tratando de impulsar un objetivo que el gobierno de Macri quiso lograr desde el primer momento. Como otros gobiernos antes que él: Tratar de flexibilizar las condiciones laborales argentinas. Que es una forma de decir que la mano de obra sea menos gravosa para el empleador.
Pero Sica parece ser un estudioso de Liddell Hart: «la estrategia de la aproximación indirecta». Ha empezado por fijarse metas puntuales y paulatinas, y negociarlas en cada caso: Reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, promover un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización, y habilitar cada vez más acuerdos por productividad, son los tres ejes de la acción del ministro en esta área.
Es inevitable: los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades son un atajo ante el rechazo del Congreso a los proyectos de reforma laboral que el Ejecutivo envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo probará por tercera vez, con una iniciativa más acotada: únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados.
Pero esos fracasos en el Congreso no impidieron cambios profundos en algunos sectores. La Unión Obrera Metalúrgica aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo. En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes. Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción.
Dante Sica siguió de cerca el proceso de la UOM y validó la maniobra como una salida para evitar despidos masivos. Un dato: Sica fue asesor del gremio metalúrgico durante más de diez años y conserva una aceitada relación con el secretario general Caló, y, sobre todo, con Francisco «Barba» Gutiérrez. El ministro pretende ampliar el caso de la UOM a otros sectores en los que se acumulen suspensiones y haya personal inactivo. Lo exploraría con los mecánicos de SMATA y con la industria textil.
El funcionario también desea replicar el fondo de cese laboral que se aplica en el ámbito de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
El fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la UATRE o el de los taxistas. Algunos abogados laboralistas, sin embargo, consideran que es inconstitucional, pues un convenio colectivo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización.
Otra de las ideas que el Gobierno pone seguido sobre la mesa en las negociaciones con los sindicalistas y empresarios son los acuerdos por productividad y la necesidad de reducir costos laborales. El caso testigo fue el de los petroleros, que en 2016 aceptaron eliminar las denominadas «horas taxi» (beneficios por movilidad) a cambio de dinamizar la llegada de inversiones. Se repitió hace unos meses por un pacto inédito: Petroleros aceptó restricciones al derecho a huelga para evitar conflictos que perjudiquen la productividad del yacimiento Vaca Muerta.
Como el caso de los petroleros, hubo avances en otros rubros. En los puertos, los capitanes de ultramar aceptaron hace dos años perder beneficios salariales para favorecer el tráfico de buques internacionales con tripulación argentina. En la industria láctea, se convino con el gremio de ATILRA reducir de $3000 a $1500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste fue aún mayor (de $3000 a $750) para las empresas más pequeñas.
Entre los desafíos urgentes que se trazó Sica, está convencer a Hugo Moyano de sumarse a un acuerdo para generar mayor competitividad en lo relativo al transporte de cargas y la logística. «Camioneros tiene el 93% del transporte interno. Se tiene que sentar en la mesa a negociar sí o sí», argumentan en el Gobierno. Se dio un primer paso: el flamante secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, se reunió hace dos semanas con Moyano y dos de sus hijos para recomponer el vínculo y reabrir un canal de diálogo.
En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no tienen obra social ni derechos laborales. Si el Gobierno impulsa solo el blanqueo, quedarán relegadas las iniciativas más polémicas, que preveían cambios en el cálculo de las indemnizaciones y el regreso de las pasantías como vínculo laboral. De ahí la tarea de orfebre de Dante Sica, que no quiere hablar de «reforma laboral».
Las quejas y reclamos de las organizaciones que agrupan a las empresas pequeñas y medianas argentinas, son constantes y notorias. Y por eso mismo, corren el riesgo que todos los que trabajamos en publicidad conocemos muy bien, convertirse en «ruido ambiente», algo que se da por descontado y no provoca ninguna respuesta.
Pero ahora, una fuente tan poco sentimental como el informe Doing Business 2019, del Banco Mundial, dice que las empresas pymes de la Argentina son las que más pagan impuestos y contribuciones del mundo, después de las Islas Comoras, en el sureste de África. Las pymes argentinas aportan, si cumplen con todas sus obligaciones, el equivalente del 106% de la ganancia anual.
El gobierno, que está -justamente- preocupado por el grado de informalidad en la economía, y la baja en la recaudación impositiva, debe entender que con ese nivel de impuestos, nacionales, provinciales, municipales, la inmensa mayoría de las pymes simplemente no puede funcionar. Aún con el alto grado de evasión que existe, muchos negocios y talleres están cerrando.
Las ventas de juguetes para Reyes cayeron 13,5% en relación a las mismas fechas del año pasado en todo el país, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).
“Si bien es un número no deseado, es mejor que el registrado en las ventas de Navidad. Tuvieron un retroceso del 19,8%”, remarcó el presidente de la CAIJ, Matías Furió.
Es que los juguetes tienen una mayor participación en el total de los rubros que componen las ventas de Reyes (47%) respecto a Navidad (25%), señaló en un informe. Y agregó que en algunos casos, el aguinaldo y el bono de fin de año no se habían cobrado antes de Navidad y si pudieron volcarlo al gasto de Reyes.
Furió informó que Reyes explica el 30% de las ventas de fin de año y que se vendieron juguetes más económicos. El ticket promedio fue de $ 300 por juguete (solo un 25% de incremento respecto del de 2018 cuando había promediado los $ 240, aún con una inflación el año pasado de casi el 50%).
La temporada de vacaciones comenzó, para todos los argentinos que se las pueden permitir. Y el periodismo se vuelca a los destinos clásicos, en busca de notas, y también para decir que «las playas están llenas» o que «esta temporada está por debajo de las anteriores«. Es un año electoral, después de todo…
Lo cierto es que todavía es temprano para dar números significativos de la cantidad de turistas y las estadías. Lo que nos parece interesante es un cálculo que publica la periodista María del Pilar Ayuso, porque muestra uno de los problemas de la industria turística nacional:
«Viajar ida y vuelta en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata cuesta $ 4.268 para un vehículo naftero. Este cálculo tiene en cuenta el combustible que se necesitan para cubrir los 810 kilómetros ida y vuelta, más los peajes, en hora pico, en Dock Sud, Berazategui, Samborombón y Dolores.
Si el auto va completo, el tramo ida y vuelta cuesta $ 853,60 por persona y es el transporte más económico para llegar a La Feliz. Si en el auto viaja el piloto con un acompañante, el gasto es de $ 2.134 por cabeza. En ese caso, es más accesible viajar en micro.
El pasaje de ómnibus a Mar del Plata en enero se vende a partir de los $ 799 por tramo, por lo que se puede ir y volver con un presupuesto de $ 1.598. Esto es un 63% más barato que viajar solo en auto.
En cambio, ir en avión sale un 239% más que viajar en micro. El valor promedio de un pasaje para este mes que recién comienza es de $ 3.823, según el promedio de Viajala. El precio no incluye los traslados, sobretodo en la ciudad costera, en donde el aeropuerto se encuentra lejos del centro. No obstante, y a pesar de ser el medio de transporte más caro, para el que viaja solo es más económico el avión que el auto«.
Por supuesto, estas cifras varían de acuerdo a las fechas de traslado, las distintas empresas de transporte y, sobre todo, las circunstancias personales. Pensemos, por ejemplo, en el que sale de vacaciones con su familia, pero debe volver, solo, durante la semana a su trabajo o su negocio.
El dato general confiable es que el turismo al exterior se ha hecho considerablemente más caro. Y los números del endeudamiento hacen muy probable que no sea una situación pasajera.
Punta del Este seguirá siendo el escaparate. Para los que no tienen problemas de dinero, y quieren mostrar que no los tienen. Y en Brasil, para los que pueden permitirse el costo y el tiempo del viaje, encontrarán que la estadía, en la mayoría de sus destinos, es más económica que en la costa atlántica.
Porque ese es el problema de la industria turística nacional. En especial de Mar del Plata. Deben cubrir los costos de todo el año, y esperan obtener beneficio, en una temporada de vacaciones demasiado corta. Hay que tener presente que los peajes y los combustibles no son sólo gastos para los viajeros, sino que también caen sobre muchos de los insumos que necesitan.
La práctica ya aceptada de los días puente para crear feriados largos, ayuda. Y en la costa atlántica surgen, año a año, nuevos destinos con menos recursos pero más accesibles que La Feliz. Pero la industria turística nacional necesita un plan. El Estado debe involucrarse en serio. Porque, como pasa con otras industrias, un turismo nacional próspero es la base necesaria para que exista una infraestructura adecuada para el turismo receptivo internacional. Un peso barato no alcanza.
Un análisis de sangre podría servir en el futuro para detectar en forma temprana el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, una patología que, solo en Argentina, afecta a más de medio millón de personas. Así lo sugiere un estudio liderado por científicos del CONICET en la Fundación Instituto Leloir.
Evidencias experimentales en pacientes y en modelos animales de la enfermedad sugieren que, en el cerebro afectado, disminuye el consumo de glucosa: la fuente principal de energía para las neuronas. Los investigadores creen que esa alteración puede ser detectada en las plaquetas, uno de los componentes de la sangre involucrados en el proceso de coagulación y en la reparación de vasos.
Tal es la síntesis hecha por la doctora Laura Morelli, integrante del Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración que lidera el doctor Eduardo Castaño en la FIL.
Tal como revela la revista “Neurochemical Research”, los investigadores de la FIL y sus colaboradores comprobaron que las ratas que reflejan algunos aspectos del Alzheimer presentan, en sus plaquetas, menor actividad de una de las vías de producción de energía de las células: la respiración mitocondrial. “Sin embargo, se requieren estudios adicionales para validar su utilidad como potencial biomarcador de Alzheimer en humanos”.
Del estudio también participaron Federico Prestia (primer autor del estudio), Pablo Galeano y Pamela Martino Adami, del laboratorio de Castaño, y Claudio Cuello y Sonia Do Carmo, de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá.
La Argentina acaba de adquirir 684 MW instalados nuevos, electricidad segura de base (disponible 24×7) para más de 3 millones de consumidores en la Región Centro. Su factor de disponibilidad durante los próximos 30 años se estima en el 93%, descontando unos 25 días/año de mantenimiento, y todo por U$ 2200 millones. ¿Emisiones de carbono? Cero.
En materia de energía, ésta fue la mejor compra de la Argentina desde 2015, entre otras cosas porque se la hizo a sí misma, sin exportar dólares. La tarea de “retubar” y darle una segunda vida útil a la Central Nuclear de Embalse, Córdoba -ver la información aquí– estuvo a cargo de NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima), con una participación casi simbólica de la firma canadiense CANDU Energy, constructora original de la planta entre 1974 y 1984. En este video se puede ver un buen resumen -dos minutos- de la tarea.
El
97% del personal en obra fue argentino. Para el suministro de
componentes electrónicos, electromecánicos y específicamente
nucleares, como los tubos de calandria, los de presión o los
generadores de vapor, NA-SA movilizó alrededor de 100 empresas
argentinas de todo calibre, desde PyMES a gigantes como IMPSA y
CONUAR. El 4 de este mes, cuando terminadas las múltiples revisiones
previas de seguridad la central se puso crítica, se confirmaron
cuatro cosas:
Argentina puede sola con la ingeniería CANDÚ, y desde hace tiempo. Sabe diseñarla, fabricar todas sus partes, renovarla, mejorarla y lo más importante: hacer sus combustibles. Son dólares que no salen: quedan y se multiplican.
Su próxima central nuclear por eso mismo debería ser una CANDÚ, ya con nombre y ubicación: Atucha III. Y el producto eléctrico de esa central debería dedicarse a hacer una tercera y una cuarta también CANDÚ. Con el “cash flow” adecuado se pueden terminar en 5 años cada una, y le darían al Sistema Argentino de Interconexión un 12% de electricidad nuclear, prácticamente a prueba de apagones y libre de emisiones de carbono.
NA-SA está para dichos trotes y también para mayores: hay 47 CANDU operativas en el mundo, sin contar las 19 imitaciones de la India. Casi todas están cercanas al fin de su primera vida útil de 30 años. De las 3 que hicieron “prolongación de vida útil” Embalse fue el caso “de libro”: la reconstrucción más completa (porque incluyó los generadores de vapor) y la más ajustada en tiempo y forma. Haciéndola corta, NA-SA tiene 44 centrales en el mundo a las que les ofrecer el mismo servicio, probablemente asociándose con los canadienses, pero hay más candidatos. Es un mercado inmenso de obras, componentes y asesorías.
Timbres a tocar para estas exportaciones de “know how” argento hay en Ontario, en Nueva Delhi, en Seúl y en Beijing, donde el desempeño de NA-SA con Embalse dejó una impresión excelente. Y hay otro timbre enorme en la India.
Imposible
no subrayar la diferencia con las nuevas plantas surgidas del ya
feneciente programa RenovAr, en las que la contribución nacional fue
ínfima. Es el caso de parques enteros de turbinas eólicas,
sistemas electromecánica y aerodinámicamente muy complejos, donde,
en el mejor de los casos, alguna metalmecánica argentina puso “el
componente bobo”, es decir la torre de acero. Sólo falto importar
el viento.
En
contraste, si la mayor proveedora mundial de turbinas eólicas quiere
venderle una imponente Vestas V-150 al estado nordestino de Ceará,
Brasil, debe fabricar cada una de sus 8500 componentes allí,
incluidas las enormes aspas de 77,30 metros de largo. Eso, dicho por
el gobierno estadual de esa región pobre. Los daneses sólo juegan
de diseñadores, capitalistas y asesores, y aunque la electricidad la
cobran cara, generan una torta de trabajo calificado y/o experto
local.
Consideradas
como plata que entra o sale, las centrales de RenovAr son deuda
externa con el Banco Mundial de garante, y su famoso tribunal (el
CIADI) en caso de défault. Eso sin mencionar que el MW/h que paga el
consumidor argento de electricidad eólica es el doble de caro que el
que produce Embalse, el factor de disponibilidad anda entre la mitad
y un tercio, según la planta considerada, y la vida útil total de
un equipo eólico, 20 años en lugar de los 60 de una planta CANDU.
Los
molinos, contra lo que se cree, emiten dióxido de carbono: requieren
de alguna central térmica en “parada caliente”, como respaldo,
lista para salir a entregar potencia en caso de que el viento
–recurso no sólo intermitente sino también impredecible- se
caiga.
Los
planes del gobierno de llegar a una tajada de un 20% de renovables en
la torta de consumo eléctrico en 2025 están lejos de cumplirse: la
cifra se viene atascando en un 2,4%, en parte por el creciente
“riesgo país”: empresas que ganaron las rondas hoy se niegan a
poner los dólares. Pero a partir de marzo de este año, cuando
llegue escalonadamente al 100% de su potencia, Embalse sola estará
supliendo el 3% de la demanda. Y sin “respaldo caliente”, porque
funcionará el 93% del año sin importar la meteorología.
Una
última reflexión: el “retubado” de Embalse fue modélico, dicho
por CANDU Energy. Sin embargo, debería haberse terminado a
principios de 2018. Se atrasó un año entero porque el entonces
flamante gobierno del ingeniero Mauricio Macri, en su honestidad
ínclita, prefirió dejar en “brown out” todo un año adicional a
la Región Centro, y hacer una auditoría total del programa nuclear
según venía desde 2015.
Fue
como darle una campaña de salud infantil al rey Herodes. La
retubación de Embalse sobrevivió porque desde 2015 ya estaban todos
los componentes fabricados y acopiados, y los contratos de obra
firmados con pesos pesados de la ingeniería como Pérez Companc. No
es fácil chocar con todos esos.
Pero
Atucha III CANDU fue dada de baja en mayo de 2018, “porque las
centrales de uranio natural son el Ford Falcon”, como dijo un
funcionario de la flamante Subsecretaría de Energía Nuclear. Y la
4ta central nuclear (una Hualong-1 china de uranio enriquecido, “lo
moderno”, según el mismo funcionario) fue suspendida “sine die”
a pedido de los EEUU durante el G-20. La Gran Democracia del Norte
desde 1981 no logra venderle una central estadounidense ni a los
EEUU, pero de todos modos no quiere fierros nucleares chinos en su
“backyard” sudamericano.
Señor@s, somos Argentina.
Hacemos goles en tiempo de descuento. Esta historia no termina aquí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó de lado su posición negativa ante China para asumir una posición más condescendiente. Se reunió con un emisario del gobierno chino y le comunicó su intención de ampliar las relaciones bilaterales y comerciales. Este giro del mandatario, adoptado pocas horas después de asumir el poder, está directamente relacionado con las necesidades económicas del país y de las millonarias compras de productos brasileños que realiza Beijing.
Bolsonaro recibió en el Palacio de Planalto a Ji Bingxuan, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y enviado especial del presidente Xi Jinping para su asunción. Allí el mandatario brasileño manifestó su “intención de ampliar las relaciones bilaterales con China, independientemente del cambio en el contexto político brasileño y del escenario económico mundial”.
Durante la campaña electoral Bolsonaro había sido muy crítico con China, al que consideraba un país comunista con demasiadas ambiciones. No sólo acusó a Beijing de querer “comprar Brasil”, sino también de actuar como un “predador que quiere dominar sectores cruciales de la economía” del gigante sudamericano. Por eso, sostenía, no se debía permitir a las empresas chinas comprar tierras en Brasil o controlar industrias fundamentales.
Este miércoles, durante el encuentro con Ji Bingxuan, Bolsonaro tuvo otra actitud. Destacó la “importancia de diversificar la pauta comercial” bilateral y la necesidad de “ampliar las áreas de cooperación entre ambos países”.
China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009, cuando desplazó de ese puesto a EE.UU. El año pasado, Brasil exportó 47.490 millones de dólares a territorio chino e importó 27.320 millones de dólares del país asiático, con lo que terminó 2017 con un superávit de 20.170 millones de dólares. La facturación china saltó del 23% en 2017 al 27,8% en 2018.
Beijing es un gran comprador de soja y mineral de hierro. Y hay un dato importante a futuro. La guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump contra China está llevando a la potencia asiática a aumentar significativamente las compras en Brasil.
Las compañías privadas y estatales chinas también se han convertido en los últimos años en la principal fuente de inversión en suelo brasileño. Según datos del Consejo Empresarial Brasil-China, las empresas chinas invirtieron en Brasil el año pasado 20.900 millones de dólares.
En este contexto, las palabras de Bolsonaro durante la campaña electoral cayeron muy mal en China. De hecho se planificaron inmediatamente dos reuniones entre diplomáticos chino y algunos de los principales asesores de Bolsonaro.
Uno de ellos fue el actual ministro de Economía, Paulo Guedes, quien debatió la importancia de conservar este vínculo económico. Y parece haber dado sus frutos ya que ahora el mandatario brasileño decidió profundizar las relaciones bilaterales.
El giro en la visión de China no sería el único; también apareció un inconveniente respecto a la promesa hecha a Israel. A principios de noviembre Bolsonaro confirmó que iba a trasladar la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, alineándose así con EE.UU. Sin embargo, el tema comenzó a demorarse.
Ayer, la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, explicó las causas. La decisión había provocado un hondo malestar en la Liga de Países Arabes, que le compra a Brasil US$ 13.600 millones en carnes, especialmente de productos avícolas. Un escollo diplomático que, tal vez, la economía se encargará de resolver.
La Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la Unión- propuso en diciembre que se deben reinstalar los aranceles a la importación de biodiésel proveniente de la Argentina, pues considera que recibe subsidios. Los países miembros darán en los próximos días la decisión final. Se baraja un arancel promedio del 30% que significaría el cierre definitivo del Viejo Continente.
Ante eso, la Cancillería envío un documento respondiendo las acusaciones de reintegros que tendría la industria local, y adelantó que recurrirá a la Organización Mundial del Comercio.
Actualmente el biocombustible que exportamos a Europa paga una carga del 6,5%, luego que se diera marcha atrás en la denuncia por dumping, una vez que el Tribunal de Justicia de la UE fallara a favor de la Argentina.
En el caso de subsidios, la investigación arrancó en enero de 2018 luego de una denuncia presentada el 18 de diciembre de 2017 por el Consejo Europeo de Biodiésel (EBB, por sus siglas en inglés) que, a juicio de Bruselas, «presenta indicios suficientes de que los productores argentinos se han beneficiado de varias subvenciones concedidas por su gobierno».
Por eso en mayo último, funcionarios de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea llegaron al país para recopilar información. Los técnicos recorrieron ministerios, bancos, industrias y oficinas de las distintas compañías, en búsqueda de datos que demuestren que el biocombustible local no sólo recibe subsidios sino también beneficios, como es la entrega de créditos a tasas por debajo de las que se ofrecen a nivel mundial. En la Cancillería señalaron que «se hicieron las presentaciones correspondientes y es la UE las que debe considerarlas».
Pero en la industria se sospecha que la aplicación de aranceles desde febrero es casi un hecho. Y llega luego que EE.UU. impuso a la Argentina impuestos tanto por subsidios y dumping, frenando la exportación por alrededor de u$s 1.200 millones.
Hoy no hay avances con las autoridades norteamericanas mas allá de que éstas adelantaron abrir una instancia de diálogo. Perú, otro de los países a donde se envía biodiésel, también cerro su mercado y la Argentina abrió un reclamo ante la OMC.
Con este panorama la industria augura exportaciones por no más de 300.000 toneladas en todo 2019. Sin un mercado interno promisorio, el sector tendrá una caída abrupta e irá al cierre de las plantas dejando el agregado de valor para volver a la primarización de manos de la soja.
Tal vez hubiera sido conveniente para el complejo agroindustrial asistir a la clase magistral de yoga que el Primer Ministro de India, Narendra Modi, dio en la Rural. Igual, todavía hay tiempo para explorar ese mercado, y otros.
Ya está en vigencia, en principio para los autopartistas, una de las mayores aspiraciones de las Pymes locales: la factura de crédito electrónica. Un instrumento que formaba parte de la Ley 27.440, de Financiamiento Productivo, que es similar al sistema vigente en Chile desde hace años.
Convierte, en la práctica, a la factura emitida por una pyme en un documento que se puede ejecutar. Como si fuera un cheque al portador. El primer sector en comenzar a utilizarlo será la cadena de valor automotriz a partir del 1 de enero.
Así, las operaciones entre las pymes proveedores y las grandes empresas automotrices ya tienen como documento obligatorio las Facturas de Crédito Electrónicas.
Una vez que la terminal acepte el documento, la pyme podrá elegir entre esperar el cobro o transferirla a una cuenta en la Caja de Valores. Una vez realizado esto, la factura conformada por la automotriz podría ser negociada.
«Esta factura es un cambio espectacular para el financiamiento de las Pymes. Además, cambiará la forma de trabajar no sólo de las pequeñas y medianas empresas, sino también de las grandes», sostuvo Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores (MAV), un ámbito en el cual se negocian instrumentos financieros básicamente de Pymes.
El mecanismo es bastante sencillo, al menos en la teoría. Según Luciani, «hoy una pyme entrega materiales a una automotriz y se pone a esperar que la terminal pague. Si eventualmente no pagan, podría iniciar un juicio. Pero el proceso tardaría mucho y no siempre con resultado positivo.Ahora, en cambio, esa factura se transforma en una título ejecutivo».
«A los 30 días de entregada, la factura queda aceptada por ambas partes. Y si no se paga, el trámite judicial para cobrar es mucho más expeditivo. De alguna manera reemplaza a los cheques de pago diferido.
Creo que es muy positivo para las pymes porque lo que cuenta es el pago garantizado por parte de la gran empresa que siempre tiene un tratamiento crediticio más favorable que sus proveedores».
Nos parece apropiado empezar el nuevo año con esta columna de Nora Bär. Porque da los nombres de compatriotas de los que podemos sentirnos orgullosos, porque muestra las virtudes de la sociedad -la nuestra- que los forma. Pero, sobre todo, porque nos señala un futuro al que podemos aspirar.
«Una vez, en una reunión informal, el director de un instituto de la sociedad Max Planck, de Alemania (un conglomerado de 80 centros en los que investigan 4.300 científicos y 11.000 becarios), observó: «Los doctorandos argentinos son todo lo que uno puede desear: llegás temprano al laboratorio y ya están allí; te vas a la noche y todavía siguen allí; ¡tienen hambre de hacer cosas! No como otros, que vienen con una pila de mapas pensando adónde se van a ir el fin de semana…».
Hace unos días, un ejecutivo argentino que gestiona proyectos de colaboración de una compañía internacional con grupos de investigación en América Latina comentó al pasar que, aunque le habían indicado que tenía que otorgar el 66% de su presupuesto a Brasil y el 33% a la Argentina, finalmente está distribuyendo 50 y 50. Y no por favoritismo, sino por la notable competitividad de los científicos argentinos.
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Son apenas dos notas de color, pero que podrían sumarse a decenas que sugieren lo mismo: por alguna razón difícil de desentrañar, ya que la mayor parte de su historia tuvo viento en contra, este país produce buenos científicos. Se distinguen en todo el mundo. Siete de ellos (el inmunólogo del Ibyme Gabriel Rabinovich; el bioquímico del Instituto Leloir Armando Parodi; Francisco de la Cruz, del Centro Atómico Bariloche; Alberto Frasch, biólogo de la Universidad de San Martín; Sandra Díaz, de la Universidad Nacional de Córdoba; el geólogo Víctor Ramos, de la UBA y el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, de la UBA) integran la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, uno de los más altos honores a los que pueden aspirar. De los seis profesores de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde trabajó Einstein, dos son argentinos: Juan Martín Maldacena y Matías Zaldarriaga. El ranking SCImago, una evaluación que mide parámetros como la cantidad de investigaciones, la colaboración internacional y la tasa de publicación de 5000 organizaciones, considera al Conicet como el organismo gubernamental de ciencia más importante de la región.
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Teniendo en cuenta los presupuestos inexistentes en términos internacionales y la burocracia kafkiana con la que deben lidiar, que algunos puedan encarar desde aquí proyectos experimentales en robótica e inteligencia artificial (dos de las áreas de punta que más interés despiertan en este momento entre las grandes potencias del mundo por su utilidad práctica, su potencialidad económica, su impacto social y la ventaja estratégica que otorgarán a los que dominen esas tecnologías), es verdaderamente un misterio insondable.
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Esas neuronas «Fórmula 1», capaces tanto de diseñar una máquina que puede tomar decisiones autónomas, como de dilucidar los procesos que dan lugar a enfermedades, dominar la tecnología nuclear, desarrollar fármacos de última generación y otros productos patentables, de estudiar los impactos del cambio climático para que podamos prevenirlos o mitigarlos, de aprovechar las energías alternativas y crear nuevos puestos de trabajo son sin duda una de las más fantásticas riquezas con que contamos.
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Ya lo dijo Einstein en los años 40: «Los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos; cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el país. Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una historia fantástica; pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico».
Para arrancar el 2019, el Fondo Monetario Internacional difundió el último dato de la deuda global: alcanzó un máximo histórico de u$s 184 billones -millones de millones, en la notación que usamos nosotros, los latinos. Según cuentan los «anglos», serían 184 trillones de dólares.
Es el equivalente al 225% del PBI mundial. Y la estimación de F.M.I. es prudente. Otras fuentes la ponen bastante más alta.
El Fondo aclara que aproximadamente dos tercios del total de la deuda mundial es privada no financiera y el resto deuda pública. También señala que, en promedio, la deuda mundial es superior a u$s 86.000 por habitante.
No extraña entonces que el excesivo endeudamiento global sea visto por algunos expertos como uno de los principales problemas económicos, sobre todo si la economía mundial entra en recesión y comienzan a surgir problemas con la enorme deuda contraída por algunos países, en especial en los últimos años. Otro aspecto que inquieta a los mercados es que surjan serias turbulencias con la deuda corporativa de baja calidad (alto riesgo), debido a que en un entorno de bajo crecimiento su deterioro es más rápido. Por ejemplo, en EE.UU., uno de los principales problemas del que han advertido los reguladores es la proliferación de los préstamos apalancados (emitidos por debajo del grado de inversión) en el sector corporativo.
De todos modos el FMI destaca que “las economías más endeudadas del mundo son también las más ricas”. Los tres grandes prestamistas del mundo, EE.UU., China y Japón, son también los que más deben, ya que representan más de la mitad de la deuda global, lo que supera su participación de mercado en la producción mundial de bienes y servicios. (Atención: un altísimo porcentaje de la deuda china -cerca de un 95%- es doméstica, lo que significa que no incrementa la inestabilidad global).
Por otro lado, las cifras del Fondo muestran que la deuda del sector privado “se ha triplicado desde 1950” y sigue siendo el motor del crecimiento de la deuda global. En este sentido, uno de los cambios más significativos desde la crisis financiera de 2008 ha sido “el aumento de la deuda privada en los mercados emergentes, liderada por China, que ha superado a las economías desarrolladas”. En el caso de China los datos son: la deuda total representa el 245% del PBI, siendo la privada el 81,5% del PBI, con un PBI nominal de más de u$s 12 billones.
En lo que respecta a la deuda pública global, disminuyó de manera constante hasta mediados de la década de 1970, y desde entonces no ha parado de aumentar, sobre todo en las economías desarrolladas. Con respecto a 2009, la deuda mundial aumentó en 11 puntos porcentuales respecto al PBI. De esta manera, el FMI concluye que el “endurecimiento de las condiciones financieras en muchos países”, debido a las subas de tasas de interés en EE.UU. y al final de los estímulos del Banco Central Europeo, junto a los altos niveles de deuda privada y pública tras varios años de “dinero barato”, es un riesgo a tener muy en cuenta a lo largo de 2019 y 2020. Tan sólo unas semanas atrás, la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, manifestó su temor a que se produzca otra gran crisis financiera porque, en su opinión, “hay enormes agujeros en el sistema”.
En una de las áreas donde observó riesgos fue en el mercado de préstamos apalancados que ha crecido de manera muy importante en la última década. Vale recordar que los préstamos apalancados se conceden a empresas con historiales de crédito deficientes, por lo que tienen un mayor riesgo de default y conllevan intereses más altos para esas compañías. Los inversores temen que la enorme montaña de deuda corporativa en EE.UU. se desmorone si las empresas empiezan a tener problemas para refinanciar sus deudas. Sobre todo si las condiciones de los préstamos se endurecen debido al aumento de los intereses en EE.UU. De ahí la preocupación por estos préstamos porque pueden ser el primer eslabón de la cadena que puede quebrarse, como lo fueron las hipotecas “subprime” en 2008. Ocurre que en 2017 ya hubo problemas con los préstamos apalancados lo que afectó directamente a los denominados inversores en CLO (Collateralized Loan Obligation), la mayor fuente de demanda para estos activos.
Los inversores que apuestan por las obligaciones de crédito colateralizadas (CLO) compran un activo respaldado por uno de estos préstamos apalancados con baja calificación crediticia, a cambio de asumir el riesgo de default de la empresa reciben una mayor rentabilidad.
Hay que tener en cuenta que el Fondo está hablando de 2017, porque los números del 2018 tardarán meses en estar disponibles. Sobre el desempeño en ese año, señala que en el caso de las economías desarrolladas, hubo una reducción en la acumulación de deuda. La deuda privada, aunque ligeramente en aumento, está muy por debajo de su nivel máximo. Además, la deuda pública en las economías avanzadas experimentó una disminución saludable cercana al 2,5% del PBI en 2017. Para encontrar una reducción similar en la deuda pública, debemos retroceder una década, cuando el crecimiento global fue aproximadamente 1 punto porcentual más alto que en la actualidad.
En el caso de las economías de mercados emergentes, estos países continuaron tomando préstamos en 2017, aunque a un ritmo mucho más lento. Un cambio importante se produjo en China, donde el ritmo de la acumulación de deuda privada, aunque todavía alta, se desaceleró significativamente.
Mientras que en los países en desarrollo de bajos ingresos, la deuda pública continuó creciendo en 2017 y, en algunos casos, alcanzó niveles cercanos a los observados cuando esos países tuvieron que renegociarla.
El FMI advierte que “con el endurecimiento de las condiciones financieras en muchos países (incluye el aumento de las tasas de interés) las perspectivas de reducir la deuda siguen siendo inciertas. Los altos niveles de deuda corporativa y pública acumulados a lo largo de años de condiciones financieras globales fáciles, constituyen una posible falla.Por lo tanto, al cerrar la primera década después de la crisis financiera mundial, el legado de deuda excesiva sigue cobrando importancia”.
En AgendAR nos parece que puede ser conveniente recordar algo obvio: no se conocen inversores marcianos. Por lo tanto, la deuda global alcanza el mismo monto, exacto, de la acreencia global. Quienes son los deudores y quienes los acreedores -cuando no son las mismas entidades- depende de relaciones jurídicas, políticas y de poder. Que, es cierto, se han mantenido bastante estables -pero no inmóviles- a lo largo de las décadas.
Este diciembre que recién termina fue un mes especialmente negativo, y hasta cierto punto atípico, en lo que hace a la producción nacional de vehículos. Las terminales automotrices produjeron 20.475 unidades (autos y utilitarios), lo que representa un 44,4% menos respecto de noviembre y un 38,5% por debajo de diciembre de 2017, cuando se fabricaron 33.280 unidades, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Distintos factores contribuyen a esta caída: un promedio de nueve días hábiles de actividad -frente a 15 en diciembre 2017- como consecuencia del adelanto del receso estival y el acondicionamiento de plantas, según explicaron desde ADEFA en un comunicado. Todo esto está vinculado con la recesión económica y la caída en los patentamientos de vehículos, que ya informamos en AgendAR.
Sin embargo, en todo 2018 la producción alcanzó las 466.649 unidades, es decir solo un 1,4 % menos respecto de los 473.408 vehículos que se fabricaron en 2017. Esto se debió, al menos en parte, al alza en las exportaciones: en diciembre último se vendieron al exterior 22.947 vehículos, un crecimiento de 26,1% respecto al volumen de diciembre de 2017, cuando salieron por la aduana 18.202 unidades. Igual, es un 11,9% menos respecto del mes anterior, noviembre 2018.
Parece claro que la recesión empezó a golpear muy fuerte en la última parte del año, según se refleja en un consumo clave para los argentinos de clase media y media alta: el auto 0 kilómetro. Las ventas mayoristas -a los concesionarios- entre enero y diciembre de 2018 totalizaron los 681.816 vehículos, es decir que tuvo una baja interanual de 22,9%.
La primera semana financiera del año mostró un sensible cambio de clima. Lo que en diciembre parecía un recorrido rumbo a un nuevo default, con el riesgo país en 829 puntos, parece ahora revertirse. Ayer el riesgo país bajó a 729 puntos, reflejando el renovado interés de los inversores por los bonos argentinos, papeles que -es cierto- están en estos días 30% más baratos que un año atrás.
La suba de precios fue generalizada tanto en los bonos de la deuda externa, que subieron más del 4% en la semana, como de las acciones. El MerVal se anotó para la primera semana del año una suba del 6,2%. Y el dólar sigue cerca del «piso» de la zona de no intervención por parte del Central.
Hay un motivo clave: el mundo financiero parece convencerse de que la Reserva Federal de los EEUU. tal vez no vuelva a subir las tasas de interés de política monetaria. Es un dato clave: apenas unos meses atrás, el mercado debatía si la FED se vería obligada a subir tres o cuatro veces las tasas durante 2019. Ahora, las apuestas van de cero a una vez.
Un dato significativo para los analistas: las encuestas electorales -que no han cambiado en la tendencia que muestran desde las últimas semanas de 2018- no serían entonces la causa de esta quietud de los mercados. Así, tampoco habrían provocado las malas noticias financieras que tuvimos.
Argelia rechazó ayer un barco proveniente de Argentina que llevaba trigo. La noticia puede generar un mal precedente para el agro, que espera una cosecha de 19 millones de toneladas.
El dueño del trigo es la empresa Cofco, cuyo embarque salió en diciembre pasado. La carga al llegar a destino fue sometido a los procesos de control en donde se detectó una baja calidad del cereal necesario para su elaboración de harina. El contrato normal de trigo pan es de 280 de FN (falling number). Este tiene que ver con la capacidad fermentativa de las masas necesarias en la panificación.
La explicación previsible es que se haya enviado trigo al límite de la calidad que terminó brotándose en el transcurso del viaje. Hay que recordar que gran parte del cereal sufrió entre octubre y noviembre de abundantes lluvias lo que ocasionó enfermedades en el cultivo.
El tema es saber si éste rechazo puede generar un problema en las futuras cargas. Habrá que ver si el mismo no se repiten en los siguientes barcos. Están en juego ingresos por u$s2.800 millones.
La multinacional Cofco es una empresa controlada por el estado chino que se convirtió en los últimos dos años en uno de los grandes jugadores en el comercio mundial de agroalimentos, con las adquisiciones de Nidera y Noble.
Como había anticipado AgendAR, el reactor de la Central Nuclear Embalse, de la provincia de Córdoba entró nuevamente en funcionamiento tras completarse las obras de extensión de vida útil. Con una inversión de unos u$s 2.140 millones la central podrá seguir operando por los próximos 30 años. Y permitirá despachar energía eléctrica a la red para unas 3 millones de personas desde febrero.
La vida útil de Embalse había terminado el 31 de diciembre de 2015, por lo que la extensión de su operatividad implicó un trabajo de tres años. La obra consistió en la modernización de sus componentes como la renovación del reactor, el recambio de los generadores de vapor y la actualización de los sistemas de seguridad.
La usina comenzó a operar en enero de 1984, y es la segunda construida en Argentina, tiene un reactor CANDU (Canadian Deuterium Uranium) y pertenece al tipo de instalaciones de tubos de presión, cuyo combustible es el uranio natural, con refrigerante y moderador de agua pesada, detallan las especificaciones técnicas.
Las etapas del proceso para suministrar nuevamente energía a la red eléctrica seguirán ahora con las pruebas a distintos niveles de potencia y verificación del comportamiento de los sistemas, hasta alcanzar la operación comercial.
Asimismo, se realizará el retubado del reactor, el cambio de los generadores de vapor, el aumento de potencia y la actualización de la instalación, para su refuncionalización para los próximos 30 años.
El reciente caso de Bre Payton, una joven -26 años- periodista estadounidense de tendencia conservadora que había declarado públicamente su rechazo a las vacunas y murió el 28 de diciembre a causa de gripe H1N1, complicada por un cuadro de meningitis dio gran repercusión a este tema. Pero no es en EE.UU. donde el problema es más agudo.
En parte de Europa -en especial en Italia- los movimientos antivacuna fueron protagonistas de uno de los grandes debates del año. También sus consecuencias. Ese fenómeno creciente, impulsado por redes sociales, está poniendo en peligro cada vez más vidas y puede ser el culpable de los brotes de sarampión que aumentaron a su máximo nivel en 20 años, advierten los expertos en salud.
El diario The Guardian acaba de hacer un análisis de los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud: los casos de sarampión en Europa superarán los 60.000 este año, más del doble que en 2017 y el más alto en este siglo. Ha habido 72 muertes, el doble que en 2017.
Los expertos en salud advierten que los escépticos de las vacunas están reduciendo las tasas de inmunización contra el sarampión, el cáncer de cuello uterino, la gripe y otras enfermedades, y que sus opiniones están siendo cada vez más amplificadas por las redes sociales y por grupos que se muestran igualmente escépticos ante las autoridades médicas.
El comisionado de salud de la Unión Europea, Vytenis Andriukaitis, acusó a los políticos populistas de derecha de irresponsabilidad y de vender «noticias falsas» sobre la seguridad de las vacunas. Andriukaitis, un ex cirujano cardíaco, dijo que estaba muy preocupado y agregó: «No solo me preocupa a mí, sino a toda la sociedad científica, a los epidemiólogos, a los pediatras, a los expertos en enfermedades infecciosas y a muchos ministros de salud».
Una fuerte caída en las tasas de vacunación en Francia en 2010 fue seguida por un aumento en los casos de sarampión el año siguiente. En Italia, cuando las tasas de inmunización retrocedieron en 2014, los casos aumentaron de unas pocas docenas al mes a cientos. En Rumania, la cobertura de vacunación cayó por debajo del 90% en 2014. Para 2017, estaba experimentando más de 1,000 casos al mes, en comparación con solo uno o dos años atrás. Europa, y el mundo, están en alerta.
El problema, y su alcance entre nosotros, fue tratado en AgendAR en agosto, aquí.
Bre Payton, la periodista «antivacunas» de Fox que murió por gripe
En sus primeras horas como Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro tomó una serie de medidas de organización del gobierno que indican a los observadores una orientación clara:
1. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que era una dependencia del Ministerio de Justicia, pasó a estar vinculada al nuevo Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Pero la identificación, delimitación, demarcación y registro de tierras ocupadas por indígenas y las tradicionales comunidades de antiguos esclavos negros (quilombolas) será responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que normalmente tiene intereses contrarios a estos grupos y favorece al agronegocio.
2. Excluyó a la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) como beneficiaria de las políticas y programas destinados a la promoción de los derechos humanos que impulsa el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
3. Estableció que la Secretaría de Gobierno tendrá entre sus competencias «supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y las acciones» de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales que tienen presencia en Brasil. Para los miembros y simpatizantes de esas entidades, es una forma de restricción y control de la actuación de la sociedad civil.
4. La Comisión de Amnistía, responsable por las políticas de reparación y memoria de las víctimas de la última dictadura militar brasileña, dejó de estar bajo la gerencia del Ministerio de Justicia y pasó también al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
5. El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano que compone el sistema de combate a ilícitos financieros y al lavado de dinero, pasó de ser administrado por el Ministerio de Economía al fusionado Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
6. Como parte de la reorganización del gabinete, que pasó de 29 a 22 carteras, fueron cancelados los ministerios de Trabajo; Cultura; Deportes; Ciudades; Seguridad Pública; Industria, Comercio Exterior y Servicios; y Transportes, Puertos y Aviación Civil, ahora fusionados como secretarías a otras dependencias.
7. El salario mínimo para este año fue aumentado de 954 para 998 reales, un valor menor a los 1006 reales que había previsto antes de salir el gobierno de Michel Temer. Según se explicó, la reducción en la cifra final se debió a que la tasa de inflación -que es utilizada para realizar el ajuste- fue menor a la esperada.
8. El Ministerio de Relaciones Exteriores alteró su régimen administrativo para poder incorporar en cargos de jefatura a profesionales que no necesariamente pertenezcan al cuerpo diplomático. La medida suscitó gran malestar entre los diplomáticos de Itamaraty.
9. La Jefatura de Gabinete despidió a cerca de 320 empleados públicos vinculados a la cartera, que luego pasarán por un proceso de entrevista y análisis para ser recontratados solamente aquellos que no fueron indicados durante las administraciones de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).
10. Según anunció el Financial Times, propone un incremento gradual en la edad para jubilarse.
Estas medidas han provocado una reacción muy negativa en la oposición brasileña y en los círculos intelectuales. Por otro lado, Wall Street respalda a Bolsonaro y elogia las previstas medidas de gobierno en el área de la economía.
Para no romper la continuidad con el 2018, el 2019 llega con aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Transporte, agua, electricidad, gas, ABL, subte, prepagas, peajes. En AgendAR ya informamos de la mayoría de ellos. Pero puede ser útil publicar este resumen. Entre otras cosas, muestra que -a pesar de las «expectativas»- los factores que alimentan la escalada inflacionaria siguen operando.
Transporte El transporte público es uno de los factores que tendrá modificaciones de consideración. Este jueves el Gobierno anunció el nuevo cuadro tarifario para el área metropolitana que incluirá subas que rondan el 40%.
El precio mínimo del boleto de colectivo se incrementará $2 en enero, $1,50 más en febrero y $1,50 durante marzo. Actualmente, ese rango tiene un costo de $13 y, para el tercer mes del 2018 alcanzará los $18. Aquellos usuarios que dispongan de tarifa social pasarán de pagar $5,85 a $8,10. Durante 2018 la tarifa sufrió una inflación del 116%.
En cuanto a los trenes, habrá subas diferenciadas según las líneas. Los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y San Martín aumentarán $1.25 en enero, $1.25 en febrero y $1 en marzo llevando el pasaje mínimo de $8,75 y a $12,25.
En cambio, el Roca, el Belgrano Sur y el Urquiza, tendrán aumentos de $0,75 durante los primeros hasta el tercer mes del año. El Belgrano Norte subirá $1 en enero y $0,50 en febrero y marzo.
Agua El agua va a ser uno de los primeros servicios en aumentar. A partir de enero su valor subirá un 17%, precio que será complementado con un segundo aumento del 27% pautado para mayo. Tal incremento hará que la tarifa promedio en barrios residenciales pase de costar $951 a $1.193 en el inicio del año, y $1.413 a partir del quinto mes.
De este modo, la tarifa tendrá un aumento acumulado del 48,5% para el primer semestre del 2019, continuando con el alza de un 2018 que culmina con una suba cercana al 70%.
Luz La tarifa eléctrica sufrirá aumentos en cuatro tramos. El primero de ellos será del 26% y se computará a partir de febrero. El segundo, del 14%, llegará en marzo, y los restantes dos serán ambos del 4% en mayo y agosto, consumando una escalada acumulada promedio del 55% en 2019.
Tales valores aplicarán para aquellas áreas metropolitanas donde prestan servicios las distribuidoras Edenor y Edesur que, durante el 2018, tuvieron alzas de entre 20% y 28%, marcando un promedio de 24,4%, aunque factores como el uso intensivo llevaron a que los usuarios paguen facturas más infladas.
Gas Según trascendió desde la Secretaría de Energía que ahora dirige Gustavo Lopetegui, el incremento del gas rondará el 35% y se aplicará a partir de abril.
Para el año venidero estaba pautada una suba en el servicio desde el 1 de enero en 24 cuotas mensuales para “compensar por la devaluación” a las empresas distribuidoras, aunque tal resolución quedó sin efecto debido a la polémica que generó en la opinión pública.
Subte Además de la suba generalizada en los transportes públicos, cabe considerar aparte al subterráneo, medio que se utiliza únicamente en la ciudad de Buenos Aires y cuyo precio depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Actualmente el pase a la red tiene un precio de $14,50, que subirá progresivamente hasta alcanzar los $21 en abril próximo. Así, el boleto subirá $2,5 en marzo y otros $2 en el cuarto mes del 2019.
En 2018 el precio del subte comenzó siendo de $6. Su incremento cerrará el año con un incremento acumulado del 120%.
Alumbrado, barrido y limpieza Los porteños también sufrirán el aumento del ABL. Según estipula el Presupuesto 2019 que aprobó la Legislatura de la Ciudad, tales incrementos serán, en promedio, del 34%, con un tope del 38%.
Sin embargo, aquellas personas que sean “contribuyentes cumplidores” y no se atrasen en ninguna cuota serán beneficiadas con un descuento del 10%. También serán recompensados quienes abonen a través de débito automático, que quedaran desligados de pagar la última cuota.
Prepagas El Gobierno autorizó también un aumento del 5% en las cuotas de las prepagas a partir del primero de febrero próximo, y así acumularán una suba del 42,2% en un año.
A través de una resolución del Ministerio de salud y Desarrollo Social, el Poder Ejecutivo indicó que las empresas de medicina prepaga «deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dichos aumentos».
Peajes Ayer jueves se conoció también que las tarifas de los peajes de los accesos norte y oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subirán un 33% promedio a partir del sábado próximo, según decidió el Gobierno nacional.
Los automóviles particulares que ingresen a la Capital Federal desde el sábado por el acceso oeste en hora pico pasarán a pagar de 50 a 65 pesos. A su vez, quienes ingresen a la Ciudad desde la provincia de Buenos Aires por el acceso norte, dependiendo de los ramales, también tendrán un incremento de entre $15 y $ 20 por peaje, según la medida oficial.
Por ello, el Gobierno precisó que los automovilistas que ingresen por Debenedetti Márquez pasarán de pagar 45 pesos a 60 pesos; el ramal Tigre se irá de 50 a 65 pesos; y el Pilar-Campana pasará de 55 a 75 pesos.
Con el nuevo esquema tarifario, también se modificó el actual esquema de banda horaria en las franjas promoción y valle para las categorías 1, 2 y 3 de vehículos. Habrá menos horas en las que se cobre la tarifa de promoción: hasta ahora, los autos particulares la abonan de 0 a 5 y de 22 a 24, en ambos sentidos
Pero con el nuevo cuadro de tarifas, el peaje promocional (de 45 pesos, con el aumento) se cobrará de 1 a 5; mientras que de 0 a 1 y de 22 a 24 se pasará a pagar la hora valle, que es más cara que la anterior (60 pesos).
El nuevo cuadro tarifario también contempla descuentos de hasta el 50% para los usuarios adheridos al sistema de cobro automático TelePASE.
Vuelve a sonar, como en 2016, la posibilidad que nuestro compatriota Rafael Grossi sea propuesto para dirigir el Organismo Internacional de Energía Atómica. Al menos, eso es lo que se señala en el artículo que resumimos ayer.
¿Para qué queremos a un argentino sentado en ese trono? Que se hizo incómodo, por ejemplo, en 2003, cuando quien lo ocupaba como director general, el egipcio Mohammed ElBaradei, afirmó que el organismo que dirigía, y que representa a las Naciones Unidas en el campo nuclear, no tenía absolutamente ninguna prueba científica que el gobierno de Saddam Hussein tuviera un programa de armamento nuclear. Y esto ElBaradei lo afirmó tras años de inspección exhaustiva del país con la considerable fuerza de expertos del organismo.
El gobierno del presidente estadounidense George W. Bush igual decidió invadir Irak «para eliminar su programa de armas de destrucción masiva», para lo cual recibió el respaldo del premier inglés, Tony Blair. Esto provocó la declaración inmediata del Secretario General de la ONU que ese ataque militar era ilegal, asunto que no pareció despeinar a nadie.
Como para reivindicar la necesidad de que existan leyes internacionales, el Comité del Premio Nobel de la Paz le otorgó ese galardón a ElBaradei y al OIEA en 2005, con la invasión ya consumada.
De modo que cuando uno juzga la importancia real del OIEA en el funcionamiento del mundo, está juzgando también el de ese organismo llamado Naciones Unidas. La ONU, para las superpotencias, es un semáforo de acatamiento voluntario: pueden pasar todas las luces rojas que se les dé la gana.
Sin embargo, para los países medianos y chicos, medidos por PBI, población y poder militar, una luz amarilla de la ONU es una advertencia no desdeñable. Y lo mismo es extensivo al OIEA, dado que fue fundada en 1953 justamente para que EEUU, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, los únicos países con armamento atómico en aquel entonces, pudieran vender centrales y reactores nucleares a los países de desarrollo intermedio, pero sin que estos pudieran desarrollar armas.
¿Quién es el argentino que puede liderar el control de la energía atómica? Para una presentación rápida, Rafael Grossi pertenece a «los diganistas», una fugaz generación de egresados del Instituto de Relaciones Internacionales de la Cancillería que tras el grado cursó, por voluntad propia, dos años de especialización en energía nuclear en INVAP y en el Centro Atómico Bariloche. Cumplida esa ordalía, Grossi pasó otra: trabajó años en la entonces llamada DIGAN (Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme), creada en 1984 por el difunto embajador Adolfo Saracho con la venia del presidente Raúl Alfonsín y su vicecanciller, Jorge Sábato. Saracho, un idealista trabajólico, fue la segunda ordalía.
Los «diganistas» originales, los formados por Saracho, son gente de pensamiento político bastante diverso. Pero han sido un ariete para las ventas de tecnología nuclear argentina en el exterior. Dieron ayuda y soporte de embajadas a INVAP en los países en los cuales primero la Comisión Nacional de Energía Atómica y luego la mencionada empresa intentaron ventas de reactores nucleares «made in Bariloche», objetivo que se logró en Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda, así como la ingeniería del RBM a construirse en Brasil.
Si la Argentina fue invitada a partir de 2007 a formar parte del G-20 (inicialmente, el G-22), no fue por sus exportaciones sojeras o su poder militar. Fue porque su reactor RA-3, más los que exportó, más su RA-10 en construcción, son piezas claves para abastecer a parte del mundo de molibdeno-99. Éste es el radioisótopo usado en el 90% de los diagnósticos por imagen nuclear de enfermedades generalmente graves. Desde 2007, este insumo está en desabastecimiento fluctuante en casi todos los países del G-20 por el envejecimiento terminal de la flota mundial de producción (concentrada monopólicamente en 5 plantas en 5 países).
Éste no es un asunto menor, sino una de las mayores y mejor silenciadas tragedias médicas de este siglo. Al menos, es totalmente ignorada por los pacientes oncológicos, cardíacos, neurológicos e autoinmunes del Hemisferio Norte, derivados «sotto voce» a diagnósticos de menor potencia. Argentina, en cambio, su autoabastece de molibdeno-99 y sus excedentes en éste y otros radioisótopos posibilitan la medicina nuclear en parte del Cono Sur.
Argentina hoy está en el G-20 (por lo que ello valga) porque desde que se puso en línea el OPAL australiano en Sydney, en 2006, quedó claro que, hoy por hoy desplazó a oferentes líderes en reactores (Francia, EEUU, el Reino Unido, Japón, Corea, Rusia y Canadá). INVAP tiene los mejores reactores multipropósito. Son plantas complejas y hechas a medida del cliente, de producción de radiosótopos por una parte, de formación de expertos por otra, y finalmente de investigación en materiales. Y ganan las licitaciones por calidad, raramente por precio y menos aún por financiación.
La otra carta fuerte de la Argentina en el NSG es la central nucleoelèctrica compacta CAREM. Es una de las tres propuestas màs viables en plantas de potencia de poca potencia (entre 10 y 300 MW), y la ùnica actualmente en construcciòn.
Rafael Grossi fue parte de esta movida de exportación tanto desde adentro como desde afuera del OIEA. A este organismo con sede en Viena adhieren todas los países integrantes de las Naciones Unidas (ONU), pero también los de otro club más reservado: el «Nuclear Suppliers Group» (NSG). Allí una veintena de estados negocian tensamente los límites de lo que, en materia de tecnología nuclear, se puede y no se puede exportar, y a quién y en qué condiciones de vigilancia e inspecciones forzosas por el OIEA, o «salvaguardias», en la jerga.
Largamente presidido por Grossi, el NSG no es una entidad oficial de la ONU, ni se limita a aceptar las bajadas de línea del viejo «Club de la Bomba» de los años ’60 (EEUU, el Reino Unido, la entonces llamada Unión Soviética, Francia y China). Esos 5 países hoy integran el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo «que atrasa». El NSG nació por necesidad, porque el mundo hoy es más complejo, más multipolar y menos obediente.
Por una parte, desde 1974 la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel obtuvieron armas atómicas sin permiso o con la vista gorda selectiva de tales o cuales miembros del club de los países armados. En el mundo actual también hay países de gran desarrollo tecnológico nuclear que deciden unilateral o bilateralmente abstenerse de desarrollar armas atómicas. Son los que dicen: «No tenemos bombas porque no queremos, no porque no podamos», y eso, como mensaje impone un doble respeto.
Fue el caso de Sudáfrica, que detruyó sus bombas de fisión en 1990, bajo la presidencia de Nelson Mandela. Pero también ha sido el de dos países que podrían construir una bomba con toda facilidad, y se juraron uno a otro no hacerlo: Argentina y Brasil. Desde 1987 fueron instrumentando (gracias a los diganistas, entre ellos Grossi) el actual ABBAC, la Agencia Bilateral Brasileña Argentina de Control, organismo legal de salvaguardias que desde épocas de los presidentes Alfonsín y Sarney viene preservando a la región de una escalada armamentista. El OIEA acepta los controles del ABBAC, haciendo un «monitoreo del monitoreo». El ABBAC cumple más de 100 inspecciones sorpresa por año.
De modo que el lector hasta ahora sabe que Rafael Grossi es argentino y un sobreviviente de la DIGAN, aquella breve aristocracia intelectual y política de nuestra diplomacia que el presidente Carlos Menem y su Ministro «de Relaciones Carnales», el Canciller Guido Di Tella, intervinieron y desvirtuaron. Sabe tambièn que Grossi formó parte desde muy joven de la buena vecindad nuclear con Brasil. También intuye que debe haberle mantenido despejado el camino a INVAP desde el NSG para que nuestra empresa barilochense pudiera vender su tecnología nuclear a algunos países.
Añado otra nota sobre Grossi: fue el hombre clave de la negociación entre el OIEA e Irán, y que culminó en 2015 con el desmantelamiento del reactor plutonígeno de Arak donde esa república islámica se aprestaba a obtener plutonio 239 para un programa de armas. Fue tal vez el último episodio en que el OIEA, organismo crecientemente ignorado por el unilateralismo de los EEUU, logró matar en el huevo un «hotspot» de posible guerra nuclear misilística entre estados que se detestan: Israel e Irán.
El año pasado, el presidente Donald Trump dio por muerto ese tratado, cuyo monitoreo por parte de los expertos del OIEA era escrupuloso, y reinstituyó las sanciones económicas contra las exportaciones petroleras de Irán. La economía persa difícilmente aguante ese castigo,y lo más probable es que este destrato le dé manija al sector màs duro de la dirigencia iraní a desarrollar «la bomba». Porque nuevamente, en materia de ley internacional, EEUU borra con el codo lo que firmó con la mano.
Nadie dice que Grossi en la OIEA pueda remediar con Poxipol los destrozos diplomáticos de la administración Trump en la frágil trama de acuerdos y salvaguardias que, desde los ’50, vienen impidiendo una nueva guerra mundial. Lo que está en juego es serio: cualquier «guerrita nuclear», aunque lograra limitarse a Pakistán vs. la India, o Israel vs. Irán, harìa arder centenares de ciudades en «tormentas de fuego», fenòmenos meteorològicos producidos por incendios muy masivos. Eso podría inyectar suficientes residuos de hollín en la estratósfera de todo el planeta como para oscurecerla, impedir la fotosíntesis terrestre y marina y desatar hambrunas planetarias.
Por antecedentes y origen, un argentino en la OIEA no soluciona la precariedad del cuadro, pero si la hay, puede ser más parte de la solución que del problema. Y ciertamente, no lo veo a Grossi bloqueándole exportaciones a INVAP.
Es hora de que el país lo proponga para dirigir el OIEA. Por ahora, tiene votos como para ganar. Los tenìa tambièn en 2016, cuando el presidente Mauricio Macri prefirió ignorarlo y nominar al japonés Yukiya Amano, quien ya cursa (contra los reglamentos del OIEA) su tercer directorio. Para conseguir el voto de Macri, el premier japonés Shinzo Abe viajó a la Argentina y prometió inversiones en ferrocarriles e infraestructura de U$ 7500 millones de dólares. ¿Alguien las vio?
¿Tendrá esta vez Grossi el aval de su propio país?
El dato es oficial: la deuda pública llegó al 95,4% del PBI durante el tercer trimestre. En particular, la deuda con privados y organismos internacionales alcanzó al 57,9% del producto. Y lo más preocupante: la deuda pública en dólares trepó al 75,4%, su nivel más alto desde el 2004.
El indicador, uno de los más observados por los inversores para calcular la capacidad de pago de los países, mostró otra de las consecuencias graves de la devaluación.
En AgendAR tenemos que señalar que este nivel de deuda pública, por sí mismo, no es tan grave. Porque muchos países, incluso entre los prósperos, superan este porcentaje. Casi se diría que es «normal», en lo que pasa por normalidad en este momento de la economía global (Pronto subiremos información al respecto).
Pero en las circunstancias en que se encuentra Argentina, es grave. Porque su economía está en recesión, y no tiene acceso al financiamiento internacional, después de haberse sobreendeudado alegremente durante dos años. Sin el apoyo del F.M.I., ya habría entrado en default.
Y las advertencias sobre el endeudamiento se hicieron hace tiempo. Lástima que no fueron escuchadas ni por el mismo que las hizo:
