Buscando reactivar el consumo, el Gobierno amplió las opciones de compra de libros y muebles en el programa «Ahora 12» en la modalidad de tres y seis cuotas, que se sumarán a las actuales 12 y 18 que ya ofrecen estos productos.
Mediante la disposición 77/2018, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Comercio Interior incluyó a los libros y muebles dentro de los bienes que podrán ser adquiridos mediante el financiamiento de tres y seis cuotas otorgado por el programa.
La decisión, que entrará en vigencia desde el miércoles, se adoptó ante la necesidad de «fortalecer los sectores de libros y muebles, actualmente dentro del programa ‘Ahora 12’ en las modalidades de 12 y 18 cuotas», explicó la norma.
Las idas y vueltas de las variables económicas deja en el camino beneficiados y perjudicados. Si bien la devaluación de 2018, que acumula un 100% desde enero, impacta fuerte en el bolsillo de los trabajadores hay un buen número de empresas que han empezado a percibir beneficios en el nuevo escenario.
Las compañías relacionadas al turismo receptivo, como las de transporte, hoteles o excursiones; y aquellas que exportan productos y servicios son, en principio, las primeras sacarán réditos del aumento de la competitividad. La fórmula es muy atractiva: costos en pesos e ingresos dolarizados.
«El turismo tiene la gran ventaja de que no está alcanzado por impuestos extraordinarios como sí ocurre, por ejemplo, con las retenciones al sector agrícola, que también es otro rubro que se beneficia con la devaluación y más teniendo en cuenta la excelente cosecha que se viene», analiza el economista José María Segura, socio de la consultora PwC.
«Es notoria la creciente recepción de visitantes de países limítrofes que hay en la Ciudad de Buenos Aires. En Posadas, Neuquén o Buenos Aires, destinos en donde tenemos hoteles, el turismo receptivo se refleja rápidamente, mientras que en lugares más alejados el efecto no es inmediato y suele llevar más tiempo», explica Gonzalo Pereira, Gerente de Marketing de Álvarez Argüelles Hoteles, una cadena que tiene treces establecimientos en el país. Con respecto a las expectativas para el mediano plazo, el ejecutivo reveló que «en los últimos meses se produjo un incremento de la ocupación que se ha logrado sostener en este tiempo y el desafío será poder mantenerlo y mejorarlo en lo que resta del año. Estamos expectantes y si bien aún falta tiempo para el verano, creemos que se acentuará el repunte de la pasada temporada».
Las empresas tecnológicas también avizoran un panorama alentador. «En cuanto a los servicios profesionales con mayor grado de valor agregado, como la producción de software, no sólo se vuelven más competitivos por los excelentes profesionales que hay en el país sino también por la baja de los costos. Por su parte, los servicios de atención al cliente son más flexibles ya que, si bien es cierto que ahora las empresas de afuera pueden querer instalarse en Argentina, cuando el tipo de cambio ya no les convenga, van a levantar y se van a ir rápidamente a otro país», agrega Segura.
La generación de energía renovable creció 36,3% en agosto de este año en comparación al mismo mes de 2017. En ese mismo período, la energía solar creció 432,4%, la eólica 152,2%, el biogás 111,2% y biomasa 31,5%.
La oferta neta de energía eléctrica aumentó 5,6% en agosto de 2018 respecto al mismo mes de 2017, a la vez que muestra un incremento en el cálculo de la generación media móvil de los últimos 12 meses de 2,4%. En ese escenario, la generación de energía renovable creció en agosto 36,3% interanual y 5,7% respecto de la media del año móvil.
Los datos surgen del “Informe de tendencias energéticas” del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi del mes de septiembre, publicado recientemente.
Discriminando en tipos de fuente, en la comparación interanual del mes de agosto la energía solar aumentó 432,4%, la eólica creció 152,2%, el biogás 111,2% y biomasa 31,5%. “La generación hidráulica renovables, que ocupa el 60% de la generación total, disminuyó en agosto 23% interanual”, señala el informe del IAE.
Asimismo, en los datos que refieren a la media del último año móvil la generación de energía renovable presenta un crecimiento de 5,7%, que está impulsada por una mayor generación de solar (66,6%), eólica (41%), Solar, Biomasa (13%) y Biogas (137,4%). La generación renovable que cayó fue la hidráulica con un descenso de 11,7%.
El crecimiento del 36,3% de la generación de fuentes renovables de energía que se registra en el país es producto de la puesta en operación comercial, hasta el momento, de once proyectos bajo el programa Renovar y uno del Mater (Parque Eólico Rawson) que se suman a los 58 proyectos bajo la Ley 26.190, la resolución 137 y 108 y de la modalidad GENREN.
El gasto social será ajustado por un total equivalente al 1% del Producto Bruto si se aprueba el proyecto oficial de Presupuesto 2019, advirtió un estudio privado. Se hace notar que salud y educación serán los rubros más afectados.
El informe fue elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), y advierte que con la aprobación del presupuesto «el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años». «Se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales».
Se estima que el programa de asignaciones familiares caerá un 3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%.
El informe considera que la educación será «de las partidas más afectadas» por entender que «se invertirá 5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles».
Además, el sector de la salud también será perjudicado ya que se invertirá 1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niños y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria».
El IPYPP evalua además que «se efectúa un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales» que representará una caída de 13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca.
Se invertirá 1.872 millones menos en abordajes territoriales por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones en promoción y asistencia a espacios de primera infancia. «Los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados», dice el informe. «Se invertirá 136,4 millones menos en acciones de capacitación laboral, 414,8 millones menos en formulación y regulación de política laboral y 83 millones menos en fiscalización del trabajo no registrado». Y «habrá 16.025 pensiones por invalidez menos».
«En conjunto, si se aprueba este proyecto de Presupuesto nacional para 2019, se completa un ajuste de un punto porcentual del PBI del gasto social».
Con la consigna “La solidaridad no paga ganancias”, cooperativas y mutuales de Córdoba y el centro del país realizaron este viernes 12 de octubre un acto público en la capital cordobesa, para exigir la eliminación del artículo 85 del proyecto de Presupuesto Nacional 2019, que prevé el cobro de impuesto a las ganancias al sector.
El encuentro fue impulsado por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) junto con la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (Conam), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y la Confederación de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) así como diversas federaciones y numerosas mutuales y cooperativas.
El acto público fue multitudinario. E incluyó dirigentes y funcionarios de los gobiernos provinciales de Córdoba y Santa Fe.
No es de extrañar: existen aproximadamente unas 5 mil entidades de base. Que, junto al cooperativismo, dan trabajo a 300 mil personas. Y brindan servicios a 6 millones y medio de argentinos. Es posible que muchos en la Capital Federal vean en las mutuales formas jurídicas aptas para dar préstamos o hacer relaciones públicas. Pero el interior del país está lleno de cooperativas y mutuales eléctricas, telefónicas, de agua y servicios… Lo que existe allí es un entramado de cooperativas y mutuales, que tiene más de un siglo de existencia. Por caso, el 50% de la provisión de energía eléctrica en la misma Provincia de Buenos Aires se garantiza a través de cooperativas. AgendAR ya tocó el tema aquí.En cuanto al acto en sí, los invitamos a ver este resumen de cuatro minutos de duración:
El Gobierno lanzó la licitación pública internacional para la exploración de hidrocarburos “off shore” en jurisdicción nacional en el Mar Argentino, a través del decreto 872/2018, publicado en el Boletín Oficial. Lleva las firmas del presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El decreto dispone que las empresas ganadoras “abonarán regalías sobre la producción de la concesión de explotación, valorizada conforme a la normativa aplicable, en el porcentaje que surja de aplicar anualmente la fórmula establecida” y será la Secretaría de Energía la que “dictará las normas complementarias relativas al procedimiento y cálculo” de la fórmula para establecer el porcentaje dichas regalías.
La norma establece 38 bloques de exploración que suman una superficie de 225.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino. Para tener una mejor idea de las dimensiones de la que se está hablando, sería comparable a la extensión de la provincia de Santa Cruz (243.000 km2).
Esta licitación es la Ronda Argentina 1 para las cuencas Malvinas Oeste, Austral Marina y Argentina Norte. En esta primera etapa se recibirán ofertas hasta febrero de 2019. Se espera una segunda ronda para más adelante.
El artículo 4° del decreto invita a las provincias con jurisdicción sobre las áreas costa afuera “a coordinar con la Secretaría de Gobierno de Energía la convocatoria a concursos públicos internacionales en términos similares a los que dicha autoridad determine”.
Es la compulsa para exploración “off shore” de petróleo y gas más grande de los últimos 30 años. Se busca ampliar las reservas por fuera de Vaca Muerta. Como en estos días comentaba AgendAR en otras notas recientes, se trata de un gobierno petrolero si los hay.
Un jamaiquino con más de 25 años de trayectoria en el FMI fue designado para dirigir la oficina que el organismo abrirá en Buenos Aires en noviembre. Se trata de Trevor Alleyne, quien de esta forma se transforma en el principal responsable de monitorear día a día si el Gobierno cumple con las metas del «doble cero»: es decir equilibrio fiscal y nula expansión monetaria.
La misión del Fondo que estuvo en Buenos Aires en agosto hizo base en oficinas prestadas por el Central y allí se instalará Alleyne en su desembarco oficial. Luego, el nuevo representante en Buenos Aires tendrá un despacho propio. Todavía no se sabe dónde estará, aunque se descuenta que será a pocas cuadras del Central y de Hacienda.
Alleyne será «representante residente» (resident representative) en la Argentina, es decir el primer punto de contacto entre el FMI y las autoridades del Gobierno local. Luego está la misión que sigue el caso argentino, que es encabezada por Roberto Cardarelli, y que realizará visitas trimestrales para ir monitoreando que se cumpla con los compromisos. La próxima estaría prevista en noviembre.
Estudiantes de la carrera de Ingeniería Naval de la Universidad Tecnológica Nacional – UTN Regional Buenos Aires obtuvieron el primer premio en la competencia de diseño de barcos de la Comunidad Internacional de Profesionales Marítimos y del Océano (SNAME, en inglés), en Estados Unidos. El proyecto ganador es un buque de investigación pesquera y oceanográfica.
Es la segunda vez que un equipo de esta universidad se presenta a la competencia y gana el primer premio. Esto nunca había ocurrido con otra universidad latinoamericana.
El diseño ganador es un buque de investigación pesquera y oceanográfica de 70,5 metros de eslora (largo) y 16 metros de manga (ancho), con una velocidad de 14 nudos (26 km/h) gracias a una propulsión diesel-eléctrica. Hay muy pocos buques operativos en el mundo que conjuguen estas características y el diseño presentado por los estudiantes de la UTN se hizo pensando en que todos los componentes puedan ser fabricados por un astillero argentino.
La competencia otorga el premio Dr. James A. Lisnyk de la SNAME.La UTN Regional Buenos Aires es la única representante sudamericana de esta asociación que se presenta para el diseño de buques de vanguardia. El primer lugar resultó empatado entre los estudiantes de la UTN y los de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, que diseñaron un buque de carga de hidrógeno líquido sin lastre.
(Para decirlo sin jactancia, la propuesta argentina parece (sólo parece) menos ecológica pero bastante más sensata: el hidrógeno líquido hay que almacenarlo a bordo a menos de 20,28 grados Kelvin, es decir a menos de -253 grados centígrados. Una gran parte de la potencia eléctrica del buque noruego (y por ende del combustible) debe dedicarse a mantener líquido ese mismo combustible. Si eso falla, el hidrógeno hierve y el barco explota. Por supuesto, dado que quema hidrógeno no contamina el aire portuario.Pero a la hora de la contabilidad global en emisiones de efecto invernadero, ¿cuánto gas o derivados de petróleo hubo que quemar en tierra para hacer que el hidrógeno pasara del gas más volátil de la tabla química a un líquido almacenable, y poder cargar los tanques del barco? Lo dicho: la propuesta noruega PARECE ecológica).
Dado que los buques oceanográficos modernos tienen un alto consumo de energía eléctrica en sus sensores (los sonares multihaz, los mapeadores de sísmica de fondos), la propulsión diesel-eléctrica del proyecto argentino permite dedicar una buena parte del combustible a los mismos. Pero eso sin merma de algo sumamente necesario en oceanografía: autonomía, la posibilidad de estar varios meses de campaña en altamar sin tener que volver a puerto.
Todo comenzó cuando los estudiantes argentinos visitaron, el año pasado, el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata. Allí conocieron el buque Víctor Angelescu, utilizado para la investigación pesquera, que había sido comprado en España y llegó a la Argentina en octubre del año pasado. El Angelescu también fue utilizado en la búsqueda –hasta hoy sin resultados– del submarino ARA San Juan.
Si bien basaron su diseño en el Angelescu, los integrantes del proyecto también le agregaron equipos de investigación oceánica como sonares, sistemas de análisis hidroacústicos y 261 metros cuadrados de laboratorios. El objetivo del buque sería el de ayudar a desarrollar la industria pesquera nacional de forma sustentable y contaría con un sistema de pesca por arrastre. Sin embargo, este dispositivo es menor que el de un barco pesquero industrial estándar, ya que esta unidad científica tendría como objetivo recolectar solo muestras de peces.
Para los estudios de oceanografía, el diseño tiene previsto el uso de un sistema de góndola, es decir, un agregado por debajo de la quilla y separado del barco para evitar interferencias hidrodinámicas. Allí llevaría instalada una sonda multihaz para el mapeo del lecho marino y equipos para batimetría (medición de las profundidades del mar) y para tomas de muestras de agua. Contaría, además, con un hangar para un vehículo sumergible de operación remota (ROV).
Los estudiantes deberían viajar a Estados Unidos el próximo 26 de octubre para recibir el premio, pero están buscando apoyo para poder afrontar los costos ya que la UTN atraviesa un momento complicado por el ajuste presupuestario en las universidades públicas y los estudiantes no pueden pagar el pasaje por su cuenta. Es como ganarse el Óscar pero no tener la plata para recibir la estatuita…
Uno de los estudiantes ganadores, Leonel Yancsura, señaló: “Es la primera vez que participo y es un concurso que requiere de un esfuerzo bastante grande, sobre todo para nosotros que trabajamos y estudiamos. Los profesores planteaban que acá el nivel de enseñanza no es un obstáculo y que se pueden pensar cosas que son de alto nivel”.
Además de Yancsura, el equipo está integrado por los estudiantes Emmanuel Viglione, Maximiliano Mavica, Tomás Veiga, Ignacio Lozano, Federico Cascón, y el ingeniero Martín Jacoby, como asesor de la Facultad. Estos tres últimos también resultaron ganadores del premio el año pasado con el diseño de un remolcador para plataformas petroleras en el Atlántico Sur. Aquí no se lo está construyendo.
Para la edición del año que viene se espera que puedan presentarse dos proyectos como candidatos al premio, ya que hay varios estudiantes interesados. “Eso tiene que ver con que sabemos que no somos menos que nadie”, dijo Yancsura.
El último Informe de Coyuntura elaborado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea, dimensiona la potencialidad que puede generar la soja el año próximo, en materia de generación de divisas.
Para el economista, Juan Manuel Garzón, el grano puede aportar el año próximo un flujo de divisas de 16.100 millones de dólares, cinco mil más que en el ciclo anterior. El equivalente a un incremento del 45 %.
«En base a una producción esperada de 53 millones de toneladas y un determinado set de precios internacionales, se estima que el complejo sojero podría aportar un flujo de divisas neto de 16.100 millones de dólares en 2019, con una recuperación de casi 5.000 millones de dólares», destacó el economista del Ieral.
Garzón omite mencionar que las pérdidas por la sequía del verano 2017/18 ascendieron a U$ 7.000 millones, en buena medida porque la firma semillera de ingeniería genética argentina Bioceres lleva 10 años tratando en vano de que las autoridades de Agricultura y Ganadería de sucesivos gobiernos nacionales licencien su soja y su trigo HB4. Éstos desarrollos de la Dra. Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral, contienen el «pack genético» que le da al girasol su resistencia natural a extremos hídricos. Responden a la sequía incrementando su producción de grano, en lugar de marchitarse y morir.Los economistas de la Fundación Mediterránea, cuyo fundador se hizo célebre, como Ministro de Hacienda, por mandar a los científicos argentinos a lavar los platos, por ahora parecen saber más de climatología que de ingeniería genética.
Hoy en Diputados, el bloque oficialista tratará de impulsar un pack de retoques a la Ley de Alquileres que amplían el plazo, regulan la indexación de los montos y, entre otros retoques, facilitan las garantías.
Con inflación en alza y paritarias en baja, el Gobierno validó la propuesta del diputado del PRO Daniel Lipovetsky para, sobre un texto aprobado en el Senado, impulsar una reforma global.
Más de 6,6 millones de argentinos viven en viviendas alquiladas y esta ley supone un guiño para la clase media.
Los cambios propuestos son:
# Plazo. De los 2 años actuales, se lleva el lapso mínimo del contrato de alquiler a los 3 años, lo que daría más previsibilidad a los inquilinos.
# Actualización. Si bien la ley actual prohíbe la indexación, con inflación de más de dos dígitos éstas existen de facto. El proyecto establece un sistema de actualización cada 6 meses a partir de un mix entre inflación y variación salarial (lo estipulará probablemente el INDEC). El proyecto del Senado establecía actualización cada 12 meses.
# Garantía. La reforma simplifica el trámite y contempla garantías no solo con títulos de propiedad. Podrán ser certificados de ingreso, recibos de sueldo o bancarias.
# Extras. Las comisiones inmobiliarias por el alquiler y las expensas extraordinarias -es decir, aquellas que no tengan que ver con el funcionamiento del edificio- estarán a cargo exclusivamente del propietario.
# Rescisión. El inquilino podrá rescindir el contrato 60 días antes del vencimiento sin tener que pagar multa. Seguirán las penalidades si rescinde antes de ese plazo.
# Ganancias. Los contratos se registrarán para que el inquilino pueda descargarlo en Ganancias y, además, evitar la «evasión» impositiva.
Como era de suponer, las inmobiliarias ya anunciaron que esta reforma provocará que haya menos oferta de departamentos.
Un millón de personas se desplazaron por el país durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, 2,6% más que el año pasado, pero con estadías más cortas, destinos más cercanos y desembolsos muy moderados, según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Con una estadía media de 2,5 días, levemente menor a los 2,8 días promedio de estadía del año pasado, los turistas gastaron en forma directa $2.375 millones, con un promedio por jornada y por turista de $ 950. Un 23,4% superior al mismo feriado de 2017. Este aumento nominal es menor a la inflación registrada. En términos reales, el turista promedio gastó menos.
«En estos últimos feriados del año, el turismo interno se está viendo favorecido por el tipo de cambio más alto, que desalienta el desplazamiento hacia países vecinos (Brasil y Chile principalmente) y explica en parte el incremento en la cantidad de turistas que ‘mini vacacionan’ fronteras adentro», explicó la CAME.
Según el relevamiento realizado en 40 ciudades turísticas, las ventas de bienes y
servicios asociadas al movimiento de este sector cayeron 4,53% frente al mismo fin de semana de 2017.
Los destinos más elegidos fueron la Costa Atlántica, Córdoba, Bariloche, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, y el interior de la provincia de Buenos Aires.
La PIAP, a orillas del embalse de Arroyito, cubre 20 has. con 270.000 ton. de equipos complejos. Admírela mientras existe: es la mayor planta productora de agua pesada en el mundo.
La primera parte de este artículo está aquí
La decisión de “saltear” Atucha III CANDU ya está teniendo consecuencias devastadoras. Si la adopción de la línea PHWR (agua pesada, uranio natural) obedeció a la necesidad de no ser dependientes de los países con enriquecimiento de uranio, el costo a pagar fue la fabricación nacional de agua pesada para potenciar la reactividad neutrónica de este combustible pobre. Sin este líquido, las PHWR sencillamente “no arrancan”.
Una de las inversiones más caras fue la compra de la PIAP. Es otra obra que se quedó sin plata y sin proveedor (Sulzer Brothers) no bien arrancó, pero que la CNEA terminó sola con 10 años de retraso y al triple del costo de licitación, debido a juicios, renegociación de contratos y otros gastos improductivos.
Hacer arrancar la PIAP en 1994 fue remar en dulce de leche, debido al tremendo lobby contrario. En las cancillerías del Atlántico Norte no provoca gran felicidad que Argentina hoy tenga la mayor planta fabril de agua pesada del mundo. EEUU, Inglaterra y Francia usan agua pesada casi exclusivamente para “cocinar” 239Pu (Plutonio 239) para sus armas nucleares. No es un commodity, es un insumo estratégico. Y la PIAP fue pensada para un programa nucleoeléctrico de no menos de 6 centrales de uranio natural.
Eso explica que la PIAP, aunque lograra completarse con gran esfuerzo, después haya estado parada la mayor parte de su historia, hasta 2006 cuando se reanimó. ¿Adivina el lector qué gobierno la quiere cerrar definitivamente? Total, –como dice Energía- si vamos a discontinuar definitivamente las centrales de uranio natural, ¿para qué la queremos?
La planta en sí es increíble por el tamaño y la calidad. El producto es 99.97% puro, y la escala, si no se detiene arbitrariamente la producción a cada rato, permite un costo de U$ 650.000 la tonelada. Aún si la Argentina abjurara definitivamente de los PHWR, hay 49 centrales de este tipo en el mundo, se vienen 10 más en la India y 2 en China, y el insumo seguirá siendo imprescindible para reponer pérdidas durante décadas en las tres centrales de uranio natural que ya tenemos, así como para suplir los reactores de investigación que fabrica y exporta INVAP.
Pero ahora “se acabaron” (¿?) los fondos para pagar los sueldos de los trabajadores de la PIAP. 400 expertos a la calle, y la posible degradación a chatarra de instalaciones que nos costaron un riñón y son propiedad de todos los argentinos. Para evitar la segura pueblada, se pretende dejar una dotación mínima de menos de 100 agentes, con los cuales es imposible preservar siquiera el buen estado de la gigantesca instalación.
El gobierno acaba de despedir a unos 250 trabajadores de planta permanente de NA-SA, centrándose en la llamada Unidad de Gestión, el núcleo duro de los ingenieros, físicos, químicos y montajistas nucleares que, contra viento y marea, en 2014 terminó Atucha II, abandonada en 1994, y que la tuvo funcionando a la perfección. Es la misma gente que acaba de reconstruir literalmente Embalse. Se viene una carnicería de recursos humanos, que la Secretaría de Energía tratará de aplicar en lo inmediato a por lo menos 700 personas muy expertas.
Lo que hace Energía es también una guía perfecta para disuadir al empresariado, grande y chico, de acercarse al Programa Nuclear. Con el cajoneo de Atucha III CANDU, sólo CONUAR y FAE SA pierden U$ 200 millones. El resto de las empresas, grandes y chicas, ya equipadas en personal y tecnología para esta obra, pierden U$ 3000 millones. La intención punitoria de la Secretaría está clara.
A sumar: 30 despidos muy políticos en Dioxitek, empresa que la Secretaría quiere privatizar y para eso “está saneándola”. Ahí hay 200 puestos más en riesgo. Hoy se consumen 200 toneladas/año de dióxido de uranio, lo que en 30 años a precio constante supone U$ 360 millones. Si se añade Atucha III CANDU, son U$ 180 millones más, y no hay un centavo que salga de la Argentina.
Con la cancelación de la IV Central CANDU, el presupuesto del proyecto NPU (Nueva Planta de Uranio de Formosa) disminuyó. Originalmente era de 150 millones de dólares y ahora se calcula en 110, ya que de dos líneas de producción queda una sola. Es un soberano palo para la economía formoseña: no hay ninguna proporción entre el “ahorro” y el perjuicio. ¿Y qué pasa con el Cobalto 60? Ya estamos vendiendo U$ 4,5 millones/año, la mitad para uso interno, la otra, exportada. Con Atucha III en línea, Dioxitek llegaría al doble de producción de unidades selladas. Eso también se pierde.
El estrago mayor no es sólo industrial sino social y se concentra mucho más en las metalúrgicas y metalmecánicas del cinturón fabril Campana-Zárate, y también en las constructoras. Atucha III CANDU se iba a levantar en Lima, al lado de las unidades I y II. En el pico de obra, ahí las empresas se preparaban para generar 5000 puestos de trabajo.
El cierre de la PIAP es un desastre contable para Neuquén y para la Nación. Aún sin Atucha III CANDU en la ecuación, hay que reponer pérdidas operativas de las 3 PHWR que tenemos. Si se le suma el inventario de agua pesada que va a necesitar el reactor PALLAS que vendió INVAP en Holanda este año, y la carga del RA-10 en construcción en Ezeiza, al precio de producción de la PIAP necesitamos U$ 325 millones, que aquí tardarían 5 años en fabricarse con la planta utilizando sólo 1 de sus 2 líneas de producción.
Pero es difícil que logremos importar a precio nacional por dos cosas: por escala, dado que tenemos la mayor planta del mundo, y porque el precio mundial va a subir. ¿Por qué? Por la salida del máximo productor (Argentina) en coincidencia con el aumento de demanda que suponen 10 centrales PHWR nuevas que la India se propone construir.
Si un nuevo gobierno nacional decidiera reflotar Atucha III CANDU y hemos cerrado y dejado decaer la PIAP a grado chatarra, entonces sí que estaremos en problemas. A precio argentino de hoy tendríamos que importar U$ 800 millones de agua pesada (incluyendo carga inicial y reposición de esta central más los U$ 325 millones mencionados arriba), eso tras liquidar una instalación que costó U$ 1000 millones, y que además exportó su producto a EEUU, Canadá, Noruega, Francia, Australia… Es amargamente irónico, pero probablemente nos perderíamos el negoción de venderle agua pesada a la India, que no está convencida como los ingenieros Aranguren e Iguacel de que las centrales de uranio natural sean tecnología “retro”.
Nadie en su sano juicio dice que la Argentina no pueda o deba incursionar en centrales de uranio enriquecido tipo PWR. De hecho, la central compacta CAREM, hoy en construcción al lado de las Atuchas, es un PWR. Lo que es una locura es abandonar la línea PHWR de uranio natural.
Entre otras cosas, porque PWR y PHWR son tecnologías complementarias. Por su balance neutrónico superior, una PHWR puede quemar los combustibles gastados de 5 PWRs de potencia equivalente. No por nada la India está comprándole a Rosatom 6 PWRs grandes, pero también se ha encargado 10 PHWRs medianas a sí misma. No por nada China, que en 2040 tendrá la mayor flota de PWRs del mundo, compró 2 CANDU 6 de 740 MW a Canadá, y este país está a la espera de que China le pida 2 más de tipo ACR, de 1000 MW, capaces de quemar residuos radioactivos de alta radiotoxicidad y larga vida media que se acumulan en los combustibles gastados de las PWR. En 2016, un comité revisor experto del gobierno chino dio su aprobación técnica para los ACR. Falta el telefonazo de Beijing. En Lavalin-CANDU Energy, Ontario, lo esperan con paciencia… canadiense.
La oferta china de una Hualong-1, aún sin la CANDU “como aperitivo”, sigue siendo tentadora por las condiciones de financiación. Pero es inaceptable si se compra “llave en mano”. Eso es resueltamente antiargentino y antiindustrial. Incluso nuestra primera central, Atucha I, se hizo con un 31% de participación de la industria argentina, y no sólo en hormigón y ladrillos, sino en componentes electromecánicos, asunto que a la República Federal Alemana no le gustó nada.
SIEMENS con ello arriesgaba su marca nuclear, KWU… pero tuvo que aceptar. ¿Por qué? Porque en 1968 la Argentina era, por prestigio y trayectoria, la puerta de entrada al posible mercado nuclear latinoamericano. Lo sorprendente es que tras tantos palos sigue siéndolo.
“Llave en mano” es para países inexpertos en asuntos atómicos, o donde manda el petróleo, que viene a ser lo mismo. El Programa Nuclear Argentino no puede seguir bajo la Secretaría de Energía, donde terminará muriendo desfinanciado hasta la irrelevancia. Debe volver al ámbito en que nació, la Presidencia de la Nación.
* Andrés J. Kreiner. Investigador superior
CNEA-CONICET. Miembro de APCNEAN
* Daniel E. Arias, periodista científico
Pablo Wende escribe hoy en Infobae una nota que nos parece interesante compartir. Y comentar:
«Si en algo coincidían los diagnósticos del Gobierno, la mayoría de los economistas, empresarios y opositores era en la necesidad de frenar la escalada del dólar, tras un aumento de más de 100% en seis meses.
Había dos opciones: 1) Seguir usando reservas para aumentar la oferta; o 2) Subir todavía más las tasas de interés para tentar a los inversores.
En el acuerdo con el FMI se optó por la segunda alternativa y los resultados comienzan a estar a la vista. El mecanismo negociado en Washington con los burócratas del Fondo funcionó de acuerdo con lo previsto en las dos primeras semanas. Con el plan «emisión cero» las tasas volaron por encima del 70% anual. Y el dólar acumuló dos semanas de caída, que ya supera el 10% desde los máximos que había alcanzado a fines de septiembre.
La «medicina» para controlar al dólar, sin embargo, está teniendo fuertes consecuencias o «efectos colaterales«. La gran pregunta a esta altura que nadie se anima a responder es por cuánto tiempo las tasas seguirán en valores astronómicos.
Mientras tanto, las PYME tiene que pagar un piso de 80% anual para financiarse con descuentos de cheque o adelantos en cuenta corriente. Y el público tiene que pagar 100% para sacar un préstamo personal y hasta 120% para refinanciar un vencimiento de la tarjeta.
Resulta muy difícil justificar racionalmente estas tasas superiores al 70%. Sobre todo teniendo en cuenta que la inflación esperada para los próximos doce meses no supera el 25%.
Semejante salto del costo del dinero representa un duro golpe para la actividad de las empresas, afectadas por un fuerte descenso en las ventas y ahora también por un gran aumento del costo financiero. Paradójicamente, el aumento de tasas que procura una reducción de la inflación genera el efecto contrario, porque las empresas deben trasladar a los precios el encarecimiento del crédito.
En la medida que las tasas no bajen más o menos rápido, la recesión se seguirá profundizando y además se extenderá una mayor cantidad de meses.
El stock de Leliq crece sin parar y amenaza con transformarse en otras bola de nieve. Tienen un rendimiento del 72% anual. Como el Central paga semanalmente a los bancos, la tasa de interés se capitaliza, por lo que en el transcurso de un año esa tasa efectiva es del 100%.
Para los bancos es un negocio redondo: captan plazos fijos del público a tasas del 45 a 50% para luego colocarlo en el BCRA a más del 70%.
El problema lo tiene una vez más el Banco Central. Las LELIQ empezaron siendo un monto mínimo pero su crecimiento es exponencial. El stock ya suma $ 450.000 millones pero aumentará mucho más en el corto plazo por dos razones: el rescate de LEBAC y las altísimas tasas de interés que se pagan semanalmente.
Esta necesidad de refinanciar a diario grandes volúmenes de LELIQ hace que se vuelva mucho más díficil bajar las tasas de los niveles actuales. La esperanza es que el dólar toque el piso de la banda de flotación cambiaria negociado con el Fondo y el Central pueda emitir pesos para comprar divisas. Ese escenario podría aportar algo de alivio para que bajen un poco los rendimientos.
La montaña de LELIQ que acumulará el Central y los intereses astronómicos que tendrá que pagar llevaron a algunos economistas a realizar advertencias extremas. Fueron los casos de Agustín Monteverde y Carlos Rodríguez, que plantearon el peligro concreto de encaminarse hacia un nuevo «Plan Bonex» si no se revierte rápido la suba de tasas.
Las tasas arriba del 70% no se pueden justificar por la suba de la inflación que habría llegado al 7% en septiembre y apunta al 5% en octubre. Ese fuerte ajuste de precios es un fenómeno relacionado con la devaluación.
Para adelante, se supone que la inflación en realidad se ubicaría en niveles cercanos al 25% en los próximos doce meses. Por lo tanto, se estaría pagando ahora una increíble tasa real (descontada la inflación) de más del 45%. La más alta de la historia argentina».
Creemos necesario hacer dos observaciones: Aumentar la oferta de dólares no era una opción. Porque no había, no hay, suficientes reservas para alimentar la demanda posible si inversores y especuladores veían la posibilidad de comprar un dólar «barato». La gestión Caputo «evaporó» los 15 mil millones de dólares del primer tramo del acuerdo con el F.M.I., y hubo que renegociarlo.
Segundo: las altas tasas son, necesariamente, un mecanismo de corto plazo. Porque aumenta la deuda más allá de cualquier posibilidad de pagarla. Tarde o temprano, las opciones que obligará la realidad serán: hiperinflación o reestructuración de la deuda pública.
Pasado mañana miércoles el INDEC dará a conocer el índice de inflación de septiembre. Para la mayoría de las estimaciones, estará entre 6 y 7%. En octubre, los analistas consultados prevén que la suba será algo menor. Aunque no mucho: estará en el orden del 5%.
La inflación es el hecho económico que todos experimentan en su vida diaria. Los pronósticos sirven, entonces, para los cálculos de gerentes financieros. Pero además indican que, aún para los que han apoyado este gobierno y sus planes económicos, hay desaliento y escepticismo en cuanto al manejo de esa variable fundamental.
Orlando Ferreres prevé un alza de precios en el orden del 7%. El director de la consultora Eco Go, Federico Furiase, calcula la inflación para septiembre en 5,5% y para todo el año en 45%. Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, estima que será de 6% y la del año también en 45%. Para Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, la suba de precios de septiembre se ubicará en torno al 7%, con un total para este año de 46%.
El hecho es que la aguja inflacionaria durante este mes arrastra de entrada unos 2,5 puntos de septiembre, por la devaluación en ese mes y en agosto. Y en octubre se suman otros rubros: el gas, los combustibles, los alimentos y las prepagas, más los aumentos en el transporte urbano a partir de hoy.
Así, las previsiones inflacionarias para este mes suman una dosis de inquietud sobre la salud de la economía. Porque más allá de la estabilización del dólar, a partir del plan Sandleris y de la contracción monetaria que se implementa desde el Banco Central, los consumidores siguen experimentando que los precios, lejos de desacelerarse, siguen creciendo.
«La primera semana de octubre, sólo en el rubro alimentos, nos dio 5,5% de suba. A esto hay que computarle un impacto de 1,8% que corresponde a las tarifas, naftas y prepagas», añadió a su pronóstico Federico Furiase, el economista de EcoGo.
A partir de hoy lunes, rigen nuevas tarifas en colectivos y trenes de Buenos Aires. Este es el cuadro (parcial) con las anteriores y las que se cobrarán a partir de hoy.
En 2017, el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres del INDEC contabilizó 86.700 casos en todo el país. De 2013 a 2017, se registraron 260.156 casos, con el 60% de las víctimas entre los 20 y los 39 años.
En la mayor parte de los casos recopilados estuvieron presentes la violencia física (67,4%), y la violencia psicológica (86,9%), causa de daño emocional y pérdida de la autoestima por parte de las mujeres que la padecen.
En el marco de la toma de conciencia y discusión pública de esta temática, se obtuvieron avances en el desarrollo de protocolos para actuar en casos de violencia de género en distintos ámbitos institucionales. Esa ola llegó a las empresas privadas y hoy hay, al menos, cuatro empresas que tienen procedimientos específicos para acompañar a las mujeres que pasan por esta situación y que incluyen la posibilidad de tomar licencia por períodos que van de cuatro a diez días, según el caso.
“Nos planteamos organizarnos como compañía para tener un proceso claro, confidencial y que cuide a las asociadas de la violencia dentro o fuera de la empresa”, cuenta Florencia Yanuzzio, directora ejecutiva de Fundación Avon. “Tener un protocolo le permite a la asociada tener un acompañamiento y la tranquilidad de que su fuente de ingreso, fundamental para poder salir del maltrato, no peligra”.
Las empresas recurrieron a organizaciones especializadas, como La Casa del Encuentro, para derivar a las víctimas de violencia, en caso de que lo requieran, a consultas con abogados o asistentes sociales especializados en la temática. “Se trata de acompañarlas para que puedan organizarse. Algunas pueden decidir seguir la vía judicial, otras no. La idea es fortalecerlas en casa paso”, señala Yanuzzio.
Avon, Natura y Farmacity implementaron una licencia de 10 días, corridos o no, y renovables. Carrefour otorga 4.
Las víctimas necesitan días para buscar y recibir asesoramiento legal y psicológico y, por supuesto, necesitan dinero.
El protocolo desarrollado en esa empresa para casos de violencia doméstica incluye cuatro puntos centrales: estricta confidencialidad, licencia especial, apoyo económico y reubicación.
En Farmacity desde que lanzaron el protocolo tuvieron 10 casos de violencia de género y 3 pedidos de licencia. En Carrefour, ya acompañaron 12 casos.
La semana pasada el gigante digital Amazon anunció que -ante la pérdida de los bonos extraordinarios que recibía parte de su personal en un nuevo convenio- decidía espontáneamente aumentar el salario mínimo de todos sus trabajadores estadounidenses a 15 dólares la hora. El anunció provocó debate en el mundo empresario yanqui y aún algunos comentarios en la Casa Blanca.
Más allá del contexto actual de la economía norteamericana, el anuncio fue comparado con una de las estrategias empresariales más recordadas de la historia.
Se trata de la que usó en 1914 Henry Ford, fundador de la icónica empresa fabricante de autos. Ese año Ford tomó la decisión de pagarles US$ 5 al día a sus empleados, lo que en aquel entonces era mucho dinero.
Según los analistas, Ford tomó aquella decisión por dos razones: para evitar la rotación constante de trabajadores (que afectaba la producción) y para que sus empleados pudieran comprar los autos que fabricaban. Más de 100 años después, algunos expertos ven cierta similitud en el anuncio de Amazon.
«Es una decisión con un beneficio escondido. Un golpe maestro». Primero, porque el incremento es una motivación para los empleados que le permite a Amazon reducir los altos costos de la rotación laboral.
En la práctica, es un incentivo tanto para los 250.000 trabajadores permanentes que la empresa tiene en EE.UU., y para atraer a unos 100.000 empleados temporales que contrata en las fechas de mayor demanda.
Además, la decisión se produce cuando hay demanda en el mercado laboral en EE. UU. (con el más bajo desempleo de las últimas décadas).
En segundo lugar, porque «le permitirá beneficiarse del enfoque Henry Ford: si pones más dinero en el bolsillo de los empleados, gastarán más dinero en tu plataforma».
Y por último, le permite a la firma presentar una imagen «más favorable» frente a los consumidores.
Amazon siempre está en el escrutinio público, pues alcanzó una valoración de mercado de Mil millones de dólares y su director ejecutivo, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo.
Según se estima, por esta medida los costos de Amazon podrían aumentar en un rango de US$ 900 millones a US$ 1.800 millones al año, lo cual es menos del 1% de los ingresos del gigante electrónico.
En la actual situación recesiva del mercado argentino, donde las ventas y el empleo disminuyen, esta noticia no es relevante. Pero recuerda un hecho básico de la actividad económica, que las reglas de juego de la valorización financiera hacen olvidar: los trabajadores también son consumidores.
Investigadores de la UNSAM crearon las primeras aplicaciones con glicoproteínas recombinantes en bacterias, que entrarán al mercado mundial en kits para detectar enfermedades infecciosas, como el síndrome urémico hemolítico y la brucelosis. Serán más accesibles que los productos que se usan actualmente y podrían ofrecer un diagnóstico más rápido de las enfermedades.
La Argentina es el país con mayor incidencia de síndrome urémico hemolítico (SUH) en niños menores de cinco años, una enfermedad provocada por la bacteria Escherichia Coli (E.coli) que, según datos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica(ANMAT), genera alrededor de 350 casos nuevos por año, de los cuales entre el 25 y el 30% provocan insuficiencia renal crónica y hasta la muerte (del 2 al 5,6% de los casos).
Además, se estima que uno de cada cinco niños que recibe un trasplante de riñón llega a ese estado por haber padecido el SUH. Por eso es tan importante detectar la enfermedad lo antes posible, para tratar de reducir las secuelas que puede dejar esta infección.
“Desarrollamos una serie de glicoproteínas que permiten diagnosticar el SUH rápidamente, incluso en la primera etapa de la enfermedad. A medida que íbamos desarrollando los principios activos, le fuimos transfiriendo la tecnología al Malbrán, que la implementó en el Centro de Diagnóstico de Referencia, lo que implicó que del 2014 al 2016 la eficacia diagnóstica del SUH pasara del 25 al 80%, en la Argentina”, destaca el investigador del IIB-INTECH Diego Comerci, que también es uno de los socios fundadores de Chemtest, la primera empresa de base tecnológica (EBT) incubada en la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), que lanzará sus primeros productos al mercado antes de fin de año.
“Desarrollamos toda la línea diagnóstico para enfermedades provocadas por E.coli, entre las cuales está el SUH. Eso es muy importante porque en el país no había buenas herramientas diagnósticas y las que había eran muy poco accesibles”, afirma Comerci y agrega que también desarrollarán kits de diagnóstico para uso humano y veterinario, que utilizan una combinación de biotecnología y nanotecnología para detectar, además del SUH, otras enfermedades infecciosas como la brucelosis, el chagas, el dengue y la fiebre aftosa.
Juan Ugalde, Diego Comerci y Andrés Ciocchini, de Chemtest
I. LOS COSTOS DE QUE EL PLAN NUCLEAR LO DIRIJAN PETROLEROS
¿Cuánto le cuesta al país que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y con ella, todas las empresas públicas, mixtas y privadas dedicadas al átomo, hoy estén bajo la dirección inmemorialmente petrolera del área de Energía? U$ 14 mil millones de dólares, para empezar, pero hay mucho más.
Estos cálculos los hicimos tras el encuentro titulado “El Modelo Nuclear Argentino en la Encrucijada” que organizó el periodista nuclear Alejandro Tancredi el 3 de octubre en el Centro Argentino de Ingenieros. Los U$ 14 mil millones son el valor actual del gas y los combustibles líquidos que se ahorraría el país durante el primer ciclo de vida de Atucha III en versión CANDU, 30 años. Siempre a valores de hoy, en su extensión de vida (otros 30 años) sumarían U$ 28 mil millones.
Estamos hablando de cuatro veces el costo de esta central de 740 MW que China nos financiaba a precio de regalo, que podemos construir con un 70% de componentes críticos nacionales y “clonar” cuantas veces querramos: nada en lo técnico, industrial o legal nos lo impide. La India tiene 13 centrales como ésta, de uranio natural, agua pesada y con tubos de presión, copiadas del diseño canadiense CANDU, y acaba de decidir que va por 10 más. Aquí el proyecto murió oficialmente en mayo de este año.
La CNEA terminó su primera CANDU en 1984 sin el proveedor (la AECL se fue en mitad de la obra). Tras 30 años de excelente funcionamiento NA-SA “la retubó” (es como rehacerla) para otros 30 años más. Es tecnología que conocemos bien. Con la primera financiada por China, no sería imposible hacer en forma escalonada la cantidad de CANDU que querramos sin endeudamiento externo, con cada central pagando con su electricidad la construcción de la siguiente.
¿Se entiende por qué en mayo de este año, tras dilatar, empastar y bloquear dos años su construcción, el entonces Ministro de Energía, Ing. Juan J. Aranguren (CEO histórico de la Shell) la canceló definitivamente? ¿Desde cuándo a las petroleras les interesa que Argentina ahorre petróleo y gas?
Aranguren se fue dejándonos una recesión por tarifazos, el Ministerio volvió a su viejo status de Secretaría y tomó su dirección el ingeniero en petróleo Javier Iguacel. Éste queda a cargo de seguir aplicando el “ajuste nuclear” empezando por la cancelación de Atucha III CANDU, y cuyo objetivo aparente es llegar a un Programa Nuclear Argentino minúsculo, comprador y bobo, incapaz de “pisarle” el precio de la electricidad a las petroleras, o de ganar licitaciones internacionales de reactores, como la que arrebató este año INVAP en Holanda. En suma, un Programa Nuclear que no moleste a nadie. Los costos tecnológicos, materiales, industriales y en recursos humanos son los que queremos poner a la vista.
Estimados, a la Argentina le están robando el futuro ante la nariz.
Centrales CANDU en Qinshan, China, clones de la planta que el ministro Aranguren rechazó.
El Programa Nuclear Argentino tiene 68 años y lo construyó el estado, como principal inversor y/o comprador. Su centro es la CNEA, pero lo rodea un perímetro de empresas públicas como INVAP S.E. (del estado rionegrino); ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) otra S.E. en copropiedad de la CNEA y Neuquén para administrar la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, en Arroyito, Neuquén); NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina); y Dioxitek, fabricante de pastillas cerámicas de uranio para las centrales. Dioxitek también se encarga de extraer y encapsular 60Co (Cobalto 60) de nuestra única central CANDU para radioterapia y usos industriales.
Hay un segundo anillo formado por los gigantes privados de la ingeniería nacional, con mayor o menor compromiso atómico. Pérez Companc es socio de CNEA en CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos) y FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales). Otros como TECHINT e IMPSA participan eficazmente como proveedores sólo cuando el estado hace obra, pero al hacerlo adquieren tecnología nueva que a veces los vuelve “winners”: la exquisita metalurgia de los caños sin costura de TECHINT, primera proveedora mundial de pozos petroleros, salió de la CNEA. Hay decenas de ejemplos similares. El negocio nuclear no es iluminar lamparitas sino cerebros.
El tercer anillo es el socialmente decisivo: más de 140 PyMES que lograron elevar su producción a calidad nuclear en obras como la terminación de Atucha II o el retubado de Embalse, en las que miles de obreros y técnicos adquirieron técnicas avanzadas de soldadura o montaje, y 400 ingenieros calificaron como “nucleares”.
Este programa tardó 68 años en construirse, está jalonado de exportación de reactores (Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita, Holanda) y tiene una rareza: ¿cómo se sostiene tanto recurso humano experto, tanta industria proveedora con sólo 3 centrales? La participación nuclear en el mercado eléctrico argentino bajó de picos del 15% en los ’80 al 5,4% hoy, no sin un tremendo lobby adverso que paralizó y casi mató al Programa Nuclear entre 1983 y 2006.
La decisión petrolera de este gobierno fue suspender la cuarta central nuclear (Atucha III) y pasar a la quinta, una Hualong-1 china de la misma empresa que nos financiaba Atucha III, la CNNC, o Chinese National Nuclear Corporation. Financiar Atucha III era el «bono» para vendernos la otra, porque no hay ninguna Hualong-1 funcionando en el mundo, ni siquiera en China.
El gobierno nacional anterior, sabiendo esto y también que la Hualong-1 era un desvío de la tecnología PHWR adoptada como “línea nacional” desde 1968, pero también una rara oportunidad financiera y tecnológica, aceptó la oferta paquete por ambas: 85% financiación china a 20 años, 4% de interés y con 8 años de gracia. Eso sí, exigió escalonar los comienzos de obra: la central PWR, es decir la Hualong-1 de uranio enriquecido se empezaría dos años más tarde. Eso permitiría juzgar al menos la marcha inicial de las dos primeras Hualong-1 en China, daría tiempo a la Autoridad Regulatoria Nuclear a examinar y objetar lo que fuera necesario, y prepararía a la industria argentina para poder negociar la máxima participación posible en la nueva PWR, con la que no ha tenido experiencia alguna. Todo eso terminó en la nada.
Xi-Jinping, el premier chino, está más que contento de no tener que financiar Atucha III CANDU y de testear su Hualong-1 en Sudamérica, terreno en disputa con Rusia desde que en 2014 Rosatom vendió su primer reactor nuclear en Bolivia. “El tío Xi”, como lo llaman en su país, se quedará dos días en Buenos Aires expresamente para asegurarse con papeles firmados que el gobierno actual o el futuro no puedan posponer la Hualong-1 sin pagar multas pesadas. Sí o sí, la obra tendrá que arrancar en 2022.
Pero El Tío exigirá contrato “llave en mano”, con la mínima participación posible de la industria argentina (obra civil, a lo sumo, es decir hormigón y ladrillos), o mejor aún, ninguna.
Eso no es aceptable para los argentinos
* Andrés J. Kreiner. Investigador superior
CNEA-CONICET. Miembro de APCNEAN
* Daniel E. Arias, periodista científico
Olvídense del eslogan «Pobreza Cero», del debate sobre el aborto y hasta del Metrobús en el AMBA. El factor al que la gestión Macri (petrolera si las hay) apuesta su lugar en la historia es la explotación del gigantesco yacimiento de Vaca Muerta.El problema es que ese desarrollo -en esta etapa- necesita de subsidios. El gobierno los está proporcionando -cree que destruyen la cultura del trabajo cuando se dan a los pobres y a las pymes, mas nunca cuando lo reciben laspetroleras- pero la situación fiscal hace que ya no puedan garantizarse en el futuro. Y las protestas que levantó la desafortunada decisión de Iguacel de cobrar en cuotas a los usuarios la devaluación, y que obligó al gobierno a retroceder, aumentó las dudas de las compañías petroleras.Eso, al menos, es lo que se desprende de esta investigación del periodista Nicolás Gandini para Perfil, que compartimos:
«El affaire de las cuotas para pagar el desfasaje de costos de las petroleras por la devaluación fue la gota que rebalsó el vaso en el horizonte de las empresas que tienen comprometidas inversiones en Vaca Muerta, la joya energética con la que la Casa Rosada quiere marcar un antes y un después en su gestión.
Es que por ése y diversos motivos más, las principales compañías del ramo podrían frenar inversiones por hasta US$ 1.200 millones, en un contexto de caída en la facturación por US$ 3 mil millones el año que viene.
Así surge de sondeos entre las compañías y los funcionarios del Gobierno que negocian distintas líneas de financiación y determinan la remuneración por el fluido que producen.
Por un lado, como había aumentado la oferta de gas de Vaca Muerta, el Gobierno decidió reducir la remuneración que se paga por el gas para industrias y hogares de 4,50 dólares por millón de BTU a cerca de 3,30; lo que implica para las petroleras una merma en su recaudación de unos US$ 450 a 500 millones menos el año que viene.
Pero al mismo tiempo, para abaratar la generación eléctrica, lo que en julio se pagaba a US$ 5,20 dólares por millón de BTU empezó a pagarse a entre US$ 3,50 y US$ 4, lo que también supondrá una merma en los ingresos para las empresas de otros US$ 550 millones en 2019. Por eso las principales empresas, desde YPF a Total, Pan American Energy o Pampa Energía, ya piensan en reducir desembolsos hasta en un 50%.
Además, hay una deuda acumulada del Plan Gas de 2017 por 1.600 millones de dólares (solo para YPF son US$ 840 millones). Estaba previsto pagarlo con deuda a emitirse según el artículo 56 del Presupuesto, pero ahora quedó bajo la lupa del Fondo Monetario, y hay dudas de si se pagará. En ese caso, también son fondos para inversión.
Y sobre eso están los $ 17 mil millones, que se iban a pagar los usuarios en 24 cuotas y ahora lo hará el Estado pero con un año de gracia. Son otros US$ 400 millones en duda, que también las empresas contemplaban y no se sabe si lo tendrán. Todo esto sin contar que hay US$ 3.800 millones de inversiones a la espera de que aprueben un subsidio en Hacienda por US$ 1.200 millones, que no tiene el visto bueno aún».
Dado que los buques oceanográficos modernos tienen un alto consumo de energía eléctrica en sus sensores (los sonares multihaz, los mapeadores de sísmica de fondos), la propulsión diesel-eléctrica del proyecto argentino permite dedicar una buena parte del combustible a los mismos. Pero eso sin merma de algo sumamente necesario en oceanografía: autonomía, la posibilidad de estar varios meses de campaña en altamar sin tener que volver a puerto.
Todo comenzó cuando los estudiantes argentinos visitaron, el año pasado, el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata. Allí conocieron el buque Víctor Angelescu, utilizado para la investigación pesquera, que había sido comprado en España y llegó a la Argentina en octubre del año pasado. El Angelescu también fue utilizado en la búsqueda –hasta hoy sin resultados– del submarino ARA San Juan.
Si bien basaron su diseño en el Angelescu, los integrantes del proyecto también le agregaron equipos de investigación oceánica como sonares, sistemas de análisis hidroacústicos y 261 metros cuadrados de laboratorios. El objetivo del buque sería el de ayudar a desarrollar la industria pesquera nacional de forma sustentable y contaría con un sistema de pesca por arrastre. Sin embargo, este dispositivo es menor que el de un barco pesquero industrial estándar, ya que esta unidad científica tendría como objetivo recolectar solo muestras de peces.
Para los estudios de oceanografía, el diseño tiene previsto el uso de un sistema de góndola, es decir, un agregado por debajo de la quilla y separado del barco para evitar interferencias hidrodinámicas. Allí llevaría instalada una sonda multihaz para el mapeo del lecho marino y equipos para batimetría (medición de las profundidades del mar) y para tomas de muestras de agua. Contaría, además, con un hangar para un vehículo sumergible de operación remota (ROV).
Los estudiantes deberían viajar a Estados Unidos el próximo 26 de octubre para recibir el premio, pero están buscando apoyo para poder afrontar los costos ya que la UTN atraviesa un momento complicado por el ajuste presupuestario en las universidades públicas y los estudiantes no pueden pagar el pasaje por su cuenta. Es como ganarse el Óscar pero no tener la plata para recibir la estatuita…
Uno de los estudiantes ganadores, Leonel Yancsura, señaló: “Es la primera vez que participo y es un concurso que requiere de un esfuerzo bastante grande, sobre todo para nosotros que trabajamos y estudiamos. Los profesores planteaban que acá el nivel de enseñanza no es un obstáculo y que se pueden pensar cosas que son de alto nivel”.
Además de Yancsura, el equipo está integrado por los estudiantes Emmanuel Viglione, Maximiliano Mavica, Tomás Veiga, Ignacio Lozano, Federico Cascón, y el ingeniero Martín Jacoby, como asesor de la Facultad. Estos tres últimos también resultaron ganadores del premio el año pasado con el diseño de un remolcador para plataformas petroleras en el Atlántico Sur. Aquí no se lo está construyendo.
Para la edición del año que viene se espera que puedan presentarse dos proyectos como candidatos al premio, ya que hay varios estudiantes interesados. “Eso tiene que ver con que sabemos que no somos menos que nadie”, dijo Yancsura. 
Nadie en su sano juicio dice que la Argentina no pueda o deba incursionar en centrales de uranio enriquecido tipo PWR. De hecho, la central compacta CAREM, hoy en construcción al lado de las Atuchas, es un PWR. Lo que es una locura es abandonar la línea PHWR de uranio natural.
Entre otras cosas, porque PWR y PHWR son tecnologías complementarias. Por su balance neutrónico superior, una PHWR puede quemar los combustibles gastados de 5 PWRs de potencia equivalente. No por nada la India está comprándole a Rosatom 6 PWRs grandes, pero también se ha encargado 10 PHWRs medianas a sí misma. No por nada China, que en 2040 tendrá la mayor flota de PWRs del mundo, compró 2 CANDU 6 de 740 MW a Canadá, y este país está a la espera de que China le pida 2 más de tipo ACR, de 1000 MW, capaces de quemar residuos radioactivos de alta radiotoxicidad y larga vida media que se acumulan en los combustibles gastados de las PWR. En 2016, un comité revisor experto del gobierno chino dio su aprobación técnica para los ACR. Falta el telefonazo de Beijing. En Lavalin-CANDU Energy, Ontario, lo esperan con paciencia… canadiense.
La oferta china de una Hualong-1, aún sin la CANDU “como aperitivo”, sigue siendo tentadora por las condiciones de financiación. Pero es inaceptable si se compra “llave en mano”. Eso es resueltamente antiargentino y antiindustrial. Incluso nuestra primera central, Atucha I, se hizo con un 31% de participación de la industria argentina, y no sólo en hormigón y ladrillos, sino en componentes electromecánicos, asunto que a la República Federal Alemana no le gustó nada.
SIEMENS con ello arriesgaba su marca nuclear, KWU… pero tuvo que aceptar. ¿Por qué? Porque en 1968 la Argentina era, por prestigio y trayectoria, la puerta de entrada al posible mercado nuclear latinoamericano. Lo sorprendente es que tras tantos palos sigue siéndolo.
“Llave en mano” es para países inexpertos en asuntos atómicos, o donde manda el petróleo, que viene a ser lo mismo. El Programa Nuclear Argentino no puede seguir bajo la Secretaría de Energía, donde terminará muriendo desfinanciado hasta la irrelevancia. Debe volver al ámbito en que nació, la Presidencia de la Nación.
Centrales CANDU en Qinshan, China, clones de la planta que el ministro Aranguren rechazó.
El Programa Nuclear Argentino tiene 68 años y lo construyó el estado, como principal inversor y/o comprador. Su centro es la CNEA, pero lo rodea un perímetro de empresas públicas como INVAP S.E. (del estado rionegrino); ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) otra S.E. en copropiedad de la CNEA y Neuquén para administrar la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, en Arroyito, Neuquén); NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina); y Dioxitek, fabricante de pastillas cerámicas de uranio para las centrales. Dioxitek también se encarga de extraer y encapsular 60Co (Cobalto 60) de nuestra única central CANDU para radioterapia y usos industriales.
Hay un segundo anillo formado por los gigantes privados de la ingeniería nacional, con mayor o menor compromiso atómico. Pérez Companc es socio de CNEA en CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos) y FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales). Otros como TECHINT e IMPSA participan eficazmente como proveedores sólo cuando el estado hace obra, pero al hacerlo adquieren tecnología nueva que a veces los vuelve “winners”: la exquisita metalurgia de los caños sin costura de TECHINT, primera proveedora mundial de pozos petroleros, salió de la CNEA. Hay decenas de ejemplos similares. El negocio nuclear no es iluminar lamparitas sino cerebros.
El tercer anillo es el socialmente decisivo: más de 140 PyMES que lograron elevar su producción a calidad nuclear en obras como la terminación de Atucha II o el retubado de Embalse, en las que miles de obreros y técnicos adquirieron técnicas avanzadas de soldadura o montaje, y 400 ingenieros calificaron como “nucleares”.
Este programa tardó 68 años en construirse, está jalonado de exportación de reactores (Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita, Holanda) y tiene una rareza: ¿cómo se sostiene tanto recurso humano experto, tanta industria proveedora con sólo 3 centrales? La participación nuclear en el mercado eléctrico argentino bajó de picos del 15% en los ’80 al 5,4% hoy, no sin un tremendo lobby adverso que paralizó y casi mató al Programa Nuclear entre 1983 y 2006.
La decisión petrolera de este gobierno fue suspender la cuarta central nuclear (Atucha III) y pasar a la quinta, una Hualong-1 china de la misma empresa que nos financiaba Atucha III, la CNNC, o Chinese National Nuclear Corporation. Financiar Atucha III era el «bono» para vendernos la otra, porque no hay ninguna Hualong-1 funcionando en el mundo, ni siquiera en China.
El gobierno nacional anterior, sabiendo esto y también que la Hualong-1 era un desvío de la tecnología PHWR adoptada como “línea nacional” desde 1968, pero también una rara oportunidad financiera y tecnológica, aceptó la oferta paquete por ambas: 85% financiación china a 20 años, 4% de interés y con 8 años de gracia. Eso sí, exigió escalonar los comienzos de obra: la central PWR, es decir la Hualong-1 de uranio enriquecido se empezaría dos años más tarde. Eso permitiría juzgar al menos la marcha inicial de las dos primeras Hualong-1 en China, daría tiempo a la Autoridad Regulatoria Nuclear a examinar y objetar lo que fuera necesario, y prepararía a la industria argentina para poder negociar la máxima participación posible en la nueva PWR, con la que no ha tenido experiencia alguna. Todo eso terminó en la nada.
Xi-Jinping, el premier chino, está más que contento de no tener que financiar Atucha III CANDU y de testear su Hualong-1 en Sudamérica, terreno en disputa con Rusia desde que en 2014 Rosatom vendió su primer reactor nuclear en Bolivia. “El tío Xi”, como lo llaman en su país, se quedará dos días en Buenos Aires expresamente para asegurarse con papeles firmados que el gobierno actual o el futuro no puedan posponer la Hualong-1 sin pagar multas pesadas. Sí o sí, la obra tendrá que arrancar en 2022.
Pero El Tío exigirá contrato “llave en mano”, con la mínima participación posible de la industria argentina (obra civil, a lo sumo, es decir hormigón y ladrillos), o mejor aún, ninguna.
Eso no es aceptable para los argentinos
