En una reciente entrevista realizada por el diario PERFIL, el doctor Vicente Campenni, gerente general de INVAP, salió a aclarar el presente, y a esbozar el futuro de la compañía:
«El problema que tratamos de solucionar esta semana con el jefe de Gabinete, el ministro de Ciencia, Barañao, y el gobernador Weretilneck fue sobre el flujo de fondos cuya demora nos estaba elevando mucho los costos financieros. Pero la verdad es que fue una reunión pautada antes de que se disparara este debate tras la visita del Presidente a Bariloche».
Según Campenni, tras el acuerdo la empresa ganará previsibilidad. “A partir de agosto llegarán pagos por $ 1.050 millones que nos permitirán saldar deudas y ponernos al día”.
También dijo que espera poder volver a cancelar en un solo pago los salarios de los casi 1.400 técnicos y empleados, muchos de los cuales venían cobrando en cuotas. Y negó que vaya a haber despidos.
“Si el flujo de fondos se estabiliza como nos prometieron, con los proyectos actuales hasta es posible pensar en crecer en especialistas. Además, aunque se postergue algún tema, nuestra gente puede aplicar su know-how a otros proyectos”.
—¿Qué contratos siguen?
Se ratificó la serie de satélites Saocom y Sabia-Mar, el reactor RA10, el Carem y todo lo de medicina nuclear. En temas de seguridad los radares primarios y móviles para control de frontera y una docena de radares meteorológicos. También el desarrollo de un nuevo sistema para ayudar a los aviones en la aproximación a aeropuertos, junto con ANAC.
—¿Y cuáles se cayeron?
El Arsat 3 se pospuso, pero seguimos trabajando el tema porque pensamos que saldrá más adelante; y es una tecnología que puede ser exportable para otros satélites de comunicaciones. Y la futura central de potencia que se iba a hacer en Atucha con China, no era un contrato nuestro sino de la CNEA, y otras empresas del rubro. Los contratos con la Armada no llegaron a firmarse.
Según la empresa, el backlog (trabajos confirmados pendientes de ejecución) actual ronda los US$ 800 millones incluyendo los de clientes argentinos y de otros países. La diferencia la situación de hace unos años es que antes había más convenios nacionales y ahora cambiará esa relación.
“El objetivo que nos pusimos para los próximos tres años es lograr que alrededor del 60% de la facturación de Invap provenga de exportaciones de tecnología, y el resto, de contratos locales”.
¿De dónde podrían salir los futuros negocios?
—Es difícil de prever pero pensamos que es posible crecer con nuestro perfil de vanguardia en áreas como Internet de las Cosas, telemedicina, medicina nuclear y agronomía de precisión. También imaginamos nuevas líneas de negocios en energías renovables, con desarrollos propios. Tal vez no vamos a reinventar la rueda en ese rubro, pero sí pensamos que es posible agregar valor y transformaciones tecnológicas de nuestros expertos”.
Desde la oposición se alzaron numerosas voces en defensa de la compañía. El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto consideró “lamentable” la decisión oficial. “Espero que en un tiempo no nos terminemos enterando de que haya casos de empresas extranjeras accediendo a contratos similares a los que ahora se le están cancelando al Invap”.
Por su parte, el diputado Roberto Salvarezza afirmó: “Lo de INVAP es una foto, pero la película de todo el sector de ciencia y técnica en Argentina es siniestra. El Gobierno está cancelando todos los proyectos tecnológicos, desde el plan nuclear hasta los satélites”.
Para Diego Hurtado, investigador de la Universidad de San Martín, “lo concreto es que INVAP tenía US$ 1.000 millones en contratos con el Estado que bajan a US$ 300 millones”. Y advirtió que “si no llegan los fondos comprometidos, se habla de que podría haber hasta 400 despidos”. “No hay que olvidar que son profesionales muy capacitados, que podrían emigrar a otros países”.
En AgendAR nos interesa señalar que -más allá de las comprensibles posturas de oficialistas, opositores y perjudicados, y también de los análisis sectoriales que seguiremos publicando- comprobamos que INVAP se ha convertido en una «empresa de bandera» para los argentinos. Una que simboliza nuestra capacidad de desarrollo tecnológico nacional.
La Dirección de Defensa del Consumidor difundió alertas presentadas por Fiat Chrysler y Volkswagen sobre problemas en modelos de esas marcas.
El organismo informó que se encontraron fallas en 54.310 vehículos Fiat –Argo, Mobi, Toro, Grand Siena, Strada y Fiorino, de los años 2017 a 2019, y 14.384 vehículos Jeep Renegade y Jeep Compass de los mismos años.
Fiat Chrysler alertó sobre la posibilidad de fallas en el sistema de ignición e inyección de combustible en algunos vehículos de esos modelos.
En caso de que se produzca la falla, podría ocurrir un funcionamiento irregular del motor, y en casos extremos, su apagado inesperado, comprometiendo el manejo y aumentando el riesgo de colisión «con los consecuentes daños físicos y materiales al conductor, acompañantes y terceros», dice el comunicado.
La empresa informó que los propietarios pueden realizar el servicio de reparación gratuito en concesionarios Fiat de la red oficial, previa coordinación de la visita en el teléfono 0800-777-8000, días hábiles de 9 a 18.
Volkswagen informó que algunos de los Audi 3 y Audi 4 modelo 2018 presentan problemas en el pegado de sus parabrisas. «La falla puede ocasionar desde fugas hasta desprendimientos localizados del parabrisas. Además, en caso de desprendimiento del airbag del acompañante, su función de protección puede verse disminuida».
VW cambiará, sin cargo, los parabrisas y/o lunetas de todos los vehículos afectados. Los clientes pueden dirigirse a cualquier concesionario de la red Audi o contactarse con Atención al Cliente (0800-888-2834), de lunes a viernes de 9 a 18.
También se informa que 111 VW Tiguan Allspace modelo 2018 tuvieron inconvenientes con el ensamblado del módulo de airbag (lado acompañante), el cual, en caso de accidente y activación, puede funcionar anormalmente, reduciendo el potencial de protección y aumentando el riesgo de lesiones. También se realizan los cambios en los concesionario oficiales o llamando al 0800-888-8338, de lunes a viernes de 9 a 18.
El freno registrado en la actividad económica después del primer trimestre impactó en el índice laboral de mayo, ya que durante el mes se perdieron alrededor de 27 mil ocupaciones registradas, según un informe oficial.
Sin embargo, en comparación con mayo del año pasado, existen unos 148 mil puestos más, según surge del Informe de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo.
Si se desestacionalizan las cifras, la merma del empleo registrado fue de 16.900, también superior al número verificado en abril. Otro dato relevante del informe es una fuerte caída en la expectativa de creación de empleo, que se ubicó en el peor nivel desde febrero de 2014.
Según el sondeo efectuado en junio, la cantidad de empresas que prevé tomar gente fue menor a la que manifestó que espera despedir personal.
En el sector público, durante mayo, hubo un aumento de 10.800 puestos, fundamentalmente por contrataciones puntuales en la docencia universitaria, pero disminuye 4.900 personas en la serie desestacionalizada.
Especialistas calculan que agregará 0,3 puntos en agosto, 0,2 puntos en septiembre y otro tanto en octubre. En agosto, por lo pronto, sumará un 0,3 puntos; en septiembre, un 0,2% y en la medición de octubre, sumará otro 0,2%, explicó Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Eco Go.
Hace pocos días el INDEC dio a conocer el indice de precios de junio, (subió 3,7%) que mostró el nivel más alto de los últimos dos años. Para julio, las consultoras estiman que el alza será menor: 2,8%, según estima Eco Go, debido al impacto de las subas de las naftas y de los cigarrillos, entre otros bienes y servicios.
Para agosto, todavía no hay previsiones, sobre el indicador mensual, aunque ya se computan –además del aumento del Transporte-, las subas en las prepagas que subirán sus cuotas otro 7,5%.
Hacia septiembre está previsto un aumento en la electricidad que aún no fue definido, pero estará afectado por el índice de precios mayoristas (IPIM) que ya viene dando subas altas.
Finalmente, en octubre, el índice precios incluirá también el aumento del 20% anunciado para las tarifas del gas. «Todos aumentos que van a tener su impacto en el nivel de empleo y sobre el bolsillo de los consumidores», destacó el economista de Eco Go.
Ayer, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, confirmó que desde el 15 de agosto aumentarán las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana en tres etapas, lo que representará un 30% de ajuste. Se estima que los distintos incrementos en el precio de los transportes urbanos en los últimos 12 meses superan ampliamente el 100%.
A partir de octubre, Mercado Libre tendrá un Defensor del Cliente, una figura que se creó hace menos de un mes para dar un punto de referencia a los consumidores.
Específicamente, la figura creada por la Secretaria de Comercio tiene por finalidad que los proveedores, en este caso Mercado Libre, atiendan y resuelvan los reclamos de sus consumidores dentro de un margen de tiempo que en principio no puede exceder 15 días. La decisión de Mercado Libre marca el primer caso de una empresa que elige designar a alguien en esa posición, acción que no es obligatoria.
En el sector de compras online particularmente, el grueso de las quejas dirigidas a empresas giran en torno a las demoras para la entrega de productos. Datos de abril de la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) indicaban que las «demoras en la entrega» son uno de los motivos principales por los que la gente no compra en Internet (35% de las respuestas).
«Que una empresa líder como Mercado Libre se haya adherido tan rápidamente y empiece a contar con su propio Defensor del Cliente es una muy buena señal para los consumidores tanto como para el resto de los proveedores», señaló el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.
Entre enero y junio de este año, Defensa del Consumidor relevó un total de 75.809 reclamos, con los sectores más recurrentes siendo Servicios de Comunicaciones (27%) y Servicios Financieros y Seguros (17%).
La AFIP publicó la resolución 4286 en donde indica que desde este año solo uno de los padres o tutor de un menor podrá aplicar la deducción por hijo en el Impuesto a las Ganancias cuando antes podían hacerlo los dos.
La resolución sale el mismo día en la que se publicaron otras modificaciones al régimen de asignaciones familiares y a la vez eliminó beneficios que alcanzan a quienes residen en provincias de la Patagonia y del noroeste del país.
La nueva decisión tiene incidencia ya sobre los salarios desde enero de 2018, representa un incremento de la presión tributaria para familias en donde ambos padres de personas deducibles, es decir menores a cargo o personas discapacitadas, estén alcanzados por Ganancias.
Desde ahora cuando la responsabilidad sea ejercida por los dos progenitores y ambos perciban ganancias imponibles, cada uno podrá computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 100% de dicho importe. En otro caso la deducción será computada por quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de la clase media. En la última conferencia de prensa del presidente, Mauricio Macri, dejó entrever que si bien mantendrá el esquema de baja de retenciones en contrapartida iba a ajustar más la presión fiscal a través de la AFIP y este parece ser uno paso en ese sentido.
La prestigiosa e influyente ONG estadounidense American Civil Liberties Union (ACLU) puso a prueba la tecnología de reconocimiento facial de Amazon, Rekognition. Los resultados no fueron alentadores y fortalecen el argumento de que su uso por parte de las autoridades estadounidenses es un riesgo para ciudadanos afroamericanos.
Según los resultados de la prueba realizada por ACLU, publicados en el sitio oficial de la organización, Rekognition confundió a 28 miembros del Congreso de los Estados Unidos con posibles delincuentes. La tecnología los identificó como personas que habían sido arrestadas por cometer un crimen. Dichos congresistas son tanto demócratas como republicanos, así como hombres y mujeres de todas las edades.
La mayoría de las falsas coincidencias de Rekognition fueron personas de raza negra. Para llevar a cabo la prueba, ACLU descargó 25.000 fotografías de una «fuente pública». Después publicó las fotos oficiales de los 535 miembros del Congreso estadounidense a través de Rekognition. Al pedirle al sistema de reconocimiento facial de Amazon que relacionara las imágenes con cualquiera de las fotos que se le toman a las personas que son detenidas, identificó incorrectamente a los 28 congresistas en cuestión.
«Las falsas coincidencias fueron desproporcionadamente de personas de raza negra», señaló el abogado Jacob Snow de ACLU en el post publicado este jueves en el sitio web de la organización. También detalló que el costo total por realizar la prueba fue de 12.33 dólares.
«Cotejar a personas con fotos de arrestos no es un ejercicio hipotético. Amazon está comercializando agresivamente su tecnología de vigilancia facial, presumiendo que su servicio puede identificar hasta 100 caras en una sola imagen, rastrear personas en tiempo real a través de cámaras de vigilancia y escanear imágenes de cámaras corporales», indicó Snow.
A raíz de la denuncia de un caso de violencia sexual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el jueves 21 de junio, durante el turno noche, volvió a recalcarse la importancia de la aplicación de los protocolos de género en los ámbitos universitarios y la necesidad de reforzar políticas al respecto, como la creación de áreas específicas en las facultades que traten estos temas.
Si bien cada vez existen más casas de altos estudios nacionales que tienen protocolos, aún quedan muchas que no. Son 28 las universidades públicas que cuentan con uno, frente a las 53 que hay en Argentina, según un informe de mayo de 2018 de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias.
“¿Por qué solo algunas instituciones públicas han conseguido dar pasos fundamentales contra las violencias sexistas que se despliegan en su interior en tiempos donde queda en evidencia la necesidad de que existan?”, se pregunta Noelia Figueroa, referente del espacio de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario.
“Lo que buscan los protocolos es cubrir las situaciones que se dan entre personas que pertenecen a la universidad, sean docentes, no docentes, contratados, temporales, estudiantes, donde exista alguna situación de violencia, de acoso sexual, de abuso sexual, violencia física, psicológica, agresiones verbales”, aclara la referente de Rosario. “Los hechos no tienen que ser necesariamente dentro del edificio de la facultad, sino que puede ser virtual o en otros lugares. Lo importante es que el vinculo que se genera sea personal, académico-educativo, en el marco de la universidad. En esos casos, se le brinda asesoramiento a la persona que viene a denunciar. A veces alcanza con restringir horarios para que no se crucen”, afirma. Según Figueroa, cada caso es singular, pero la idea es cuidar a quien fue víctima de una situación de violencia porque lo que sucedía en general era que las víctimas renunciaban a la carrera o dejaban de ir a la facultad porque se ponía el ojo más sobre ellas que sobre los agresores”.
Más allá de los logros, aún falta mucho por hacer, como advierte Julieta Alcoba, prosecretaria de Géneros y Políticas Feministas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. “Una de las dificultades evidentes de aplicación es el presupuesto, ya que se necesita voluntad política, acompañada de recursos que lo posibiliten. Y después suelen aparecer resistencias internas. Pero por suerte hay grupos organizados feministas que están dando la discusión que exige la aplicación de estas políticas”, explica Alcoba.
En La Plata cuentan con un programa contra la violencia de género y un protocolo aprobado en 2015. Además, a raíz de la mayor presencia en la agenda pública y mediática de las cuestiones de género, en la universidad empezaron a hacer fuerza para aplicar otras iniciativas que trabajen con la política académica, por ejemplo la creación de prosecretarias de género dentro de las facultades.
Por su parte, Julieta Martino, consejera estudiantil del Consejo Superior de la UTN, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Superior hace menos de un mes, cuenta que “la idea rectora es la prevención, capacitación y concientización de todos los sectores de la universidad, sean docentes o no docentes, graduados, para que no se llegue a aplicar una sanción.
El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ignacio Garaño, relata que en abril de 2017 se aprobó el protocolo, luego de un intenso trabajo en 2016.
“La importancia que tiene este protocolo de intervención ante situaciones de violencia machista, acoso sexual, discriminación por identidad de género y/o vivencia de la sexualidad en el marco de la Undav es fundamental como herramienta para intervenir, como universidad, ante situaciones que se ponen en agenda”, sostiene. El protocolo, agrega, “nos da una herramienta concreta, aprobada por todo el cuerpo del Consejo Superior, para llevar adelante acciones de contención frente a hechos en los que toda la comunidad universitaria considere que sus derechos están siendo vulnerados. Es un trabajo complejo”.
Hasta el año 2014, la única universidad que contaba con un protocolo específico para la prevención, atención y sanción de la violencia de género era la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén y Río Negro). Luego se sumó la Universidad Nacional de Rosario. Y les siguieron, entre otras, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, UTN, la Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Avellaneda y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
Tras más de dos años de negociaciones para poder cumplir con las exigencias, la firma santafesina San Ignacio informó que concretó la primera exportación de dulce de leche argentino con destino a Japón.
Se trata de un embarque de cuatro pallets de frasco de vidrio, que serán comercializados en las góndolas de ese país asiático. Es inevitable que se la compare con la reciente exportación de carne bovina, también primicia en ese mercado, de la que dicen con ironía «Alcanza para un asado, si no son muchos los que vienen…»
Pero desde la compañía destacaron que si bien el volumen no es importante, será «clave ver cómo se mueve, cómo rota. Debimos sortear las exigencias de un mercado muy duro en cuanto a reglamentaciones y rotulado con ítems que otros no piden».
En la actualidad, la compañía produce 10.000 toneladas al año de dulce de leche en su planta de Sauce Viejo. De ese total, exporta cerca del 15%. Gran parte de ese volumen tiene como destino la Unión Europea y Estados Unidos.
Crónica de una muerte anunciada. Ayer se enviaron 250 telegramas de despido en la empresa estatal que administra el funcionamiento (y la construcción) de las centrales nucleares, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA).
Quienes están siendo despedidos son en general especialistas en diseño y montaje de centrales. Lo que se quiere es reducir a NA-SA al carácter de «utility» como las llaman en EEUU, es decir una «operadora boba», como las llaman aquí. Sucede que esto es de una ilegalidad ripiosa: en Argentina, por criterios regulatorios de seguridad fundacionales, las centrales nucleares se consideran DISTINTAS de las térmicas convencionales, y deben ser operadas por personal capacitado no sólo para repararlas sino también para construirlas.
Esa fue la base de 60 años de operación de reactores, y luego de centrales, con un único accidente fatal (un ingeniero nuclear en 1983 en el reactor de investigación RA-2, luego rápidamente desmantelado). Eso, en un país donde el tránsito mata a 20 personas por día. Más allá de la reacción del personal despedido de NA-SA (cuyo número final podría llegar a 600 especialistas), es difícil que las autoridades regulatorias, la opinión pública, los jueces y la sociedad acepten este «achicamiento» perpetrado sobre una tradición de seguridad operativa casi perfecta.
Atuchas I y II no tendrán compañia fuera del prototipo del CAREM, cuyo presupuesto se recortó en un 20%.
«Destripar» a NA-SA para el gobierno era inevitable desde que en marzo desestimó la oferta china por la central Atucha III. AgendAR lo advirtió desde el principio: Cancelar Atucha III cancela parte del presente y el futuro de la Argentina. Esa oferta de una central de ingeniería canadiense perfectamente conocida aquí (CANDU) permitía que más de U$ 4900 millones del costo total (U$ 7000 millones) se hicieran con componentes fabricados localmente, y que la obra se erigiera bajo control de NA-SA, con una participación total de 129 grandes, medianas y pequeñas empresas argentinas de distintas ingenierías, y un pico de ocupación de 7000 puestos de trabajo. La financiación era un regalo: 75% china, a un interés del 4% anual y con 8 años de gracia desde la conexión efectiva de la central a la red eléctrica: literalmente se pagaba sola.
Esta carnada china traía un anzuelo. Era la compra en similares términos financieros pero «llave en mano», de una central Hualong I, máquina idéntica a la unidad #5 que está por terminarse en el complejo nuclear de Fuqing, China. La firma nuclear más fuerte del gigante asiático, la CNNC (China National Nuclear Corporation) ya le vendió 5 similares a Pakistán, tiene 8 bajo un estudio regulatorio mucho más minucioso y agotador en el Reino Unido, y quiere a toda costa mostrarla funcionando en Argentina, para luego venderla en al resto de la región. El ajedrez de la CNNC es bastante sencillo: necesita superar con una planta nucleoeléctrica a su competidor más fuerte: ROSATOM, de Rusia, que ya hizo pie en Bolivia con un equipo muy distinto, un reactor de fabricación de radiosótopos.
Por descender de centrales francesas de generación II muy probadas desde los años ’80, a la Hualong I se le supone una seguridad operativa incluso mayor. Es generación III, un diseño post-Fukushima, con más seguridad pasiva. Pero en el mundo de los hechos todavía tiene que demostrarla funcionando.
Ésta fue una de las causas por las que en 2017 la provincia de Río Negro rechazó su instalación POR LEY, ya que es una central muy grande de una ingeniería muy nueva para el país. Pero fundamentalmente -aunque nadie lo dijo- le dijo «no» a algo que no era una propuesta del gobierno nacional sino una imposición, y no venía acompañada de ningún proyecto industrial electrointensivo en territorio provincial (química, acero, aluminio, vidrio, papel, etc). Hacer de banco de pruebas de una tecnología desconocida para venderle electricidad y generar empleo en la distante Buenos Aires no es exactamente una propuesta federal. Aún así, se sabe que el gobierno, cuya política es más gerencial que realmente política, volverá a la carga en Río Negro. No es improbable que empiece con un pedido del intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para derogar la ley «por inconstitucional».
Al dejar la CANDU de lado y pasar directamente a la Hualong I, el gobierno tuvo la extraña originalidad de escupir la carnada para clavarse mejor el anzuelo, conducta rara incluso entre los peces: no suelen tener vocación de pescados. Pero está escrito: durante la celebración del G20, los presidentes Mauricio Macri y Xi-Jingping rubricarán el acuerdo por la Hualong I, y apuestan a que luego serán muchas.
Sólo que «llave en mano» excede el significado que la expresión tuvo hasta el momento en el mundo nucleoeléctrico. En la acepción tradicional, el país proveedor se ocupaba de la «isla nuclear», fabricar y montar el conjunto de componentes que rodean el núcleo de la planta, lo refrigeran y utilizan su calor, además de (en general) la turbina de vapor. El país receptor, en cambio, se reservaba la obra civil: hormigón armado y edificios auxiliares.
El Programa Nuclear Argentino tiene el orgullo de no haber comprado JAMÁS en estas condiciones: desde 1969 en más, intervino en Atucha I, Embalse y Atucha II con cantidades crecientes de trabajo en la «isla nuclear» de cada máquina (el 31, el 60 y el 71% respectivamente), y negoció duramente y ganó en lo principal: la transferencia de la tecnología y el autosuministro de combustibles.
Toda compra atómica argentina formó parte de una rampa ascendente de formación de recursos humanos y de planta industrial pública y privada. No por nada hoy somos un exportador nuclear, el #1 mundial en reactores, y el primero del planeta en tener en construcción una central nucleoeléctrica «mini», o SNPP («Small Nuclear Power Plants»), el proyecto CAREM. Los SNPPs serán probablemente el nicho de mercado de mayor crecimiento relativo a partir de 2030.
A contramano de todo esto, la enorme Hualong I (1180 MW) llega a la Argentina 100% fabricada en China, y con un contingente de centenares de ingenieros, técnicos y obreros chinos para armarla. ¿Se entiende quiénes reemplazarán a los hoy despedidos de NA-SA?AgendAR ha recibido la información de que HASTA LAS BOLSAS DE CEMENTO para la obra civil vienen de China. Nuevamente, repasemos nuestra historia: la construcción de la primera central nuclear argentina, Atucha I, decidida en 1969, la República Federal Alemana tuvo que fumarse un 31% de participación local o le dábamos el negocio a Canadá. Desde ahí en más, todo el crecimiento nucleoeléctrico implicó una «argentinización» creciente. Hubo empresas grandes de ingeniería que llegaron a tener su propia división nuclear, como Techint, o empresas mixtas con la CNEA, como Pérez Companc. Este giro de 180 grados nos lleva a un lugar de república bananera, donde en términos tecnológicos, industriales y de capacitación, no estuvimos jamás.
El gobierno deja colgadas a las empresas que ya participaron exitosamente en la difícil terminación de Atucha I y II. Se habían preparado para Atucha III. Formaron sus propios planteles de expertos nucleares. Estaban a la espera. ¿Cuántos despidos hubo/habrá en ese sector? Los empresarios argentinos suelen sufrir en silencio: nunca fue buena idea pelearse con el gobierno.
Tampoco parece una solución callarse. A los despidos en NA-SA hay que sumar otros en la provincia patagónica de Neuquén: 1000 personas más a la calle, entre químicos, ingenieros, técnicos, trabajadores calificados y unos 600 contratados en la PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada. Fue diseñada en los ’80 para un programa de 2400 MW nucleares con 4 centrales CANDU similares a Embalse, que no se cumplió, pero al que se podría estar llegando en 2021 de haberse empezado la construcción de Atucha III en 2016.
Por su historia lejana, la PIAP hoy es la mayor unidad mundial de producción de este insumo, valuado entre U$ 600 mil y U$ 800 mil, la tonelada. En un mundo con 49 centrales de agua pesada en 6 países, ninguno de los cuales puede abastecerse por sí mismo al 100% en ese insumo, ¿es lícito cerrar la PIAP? Por lo pronto, nos obligará a importar hasta U$ 34 millones/año de algo que ya producimos. Y que hemos exportado.
Es el precio inaceptable a pagar por una discontinuación brusca de la línea centrales de uranio natural moderado con agua pesada, que desde 1984 permite que CONUAR (empresa mixta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Pérez Companc) abastezca en forma autónoma los 1744 megavatios nucleares instalados en el país, las centrales de mayor confiabilidad y disponibilidad del parque eléctrico argentino.
«Autónoma» significa que podemos tener roces de política exterior con quien sea, por ejemplo, los frecuentemente originados por los muchos pesqueros chinos ilegales en la milla 201 del Mar Argentino, sin que nos apaguen la luz.
«Autónomía en combustibles» significa, además, ahorro. Una planta nucleoeléctrica de generación II, como la mayor parte de las 450 hoy activas en el planeta, está diseñada para una primera vida útil de entre 30 y 35 años. En ese lapso, las estadísticas indican que el combustible consumido equivale en dinero al costo de la central comprada nueva. Una Hualong I con combustible chino, cuya primera vida útil llega 60 años, nos habrá costado 2 centrales idénticas más en dólares transferidos a China. ¿A qué nivel de atraso y despilfarro estamos descendiendo?
Era inevitable que el Programa Nuclear Argentino fuera pasando a uranio enriquecido moderado por agua natural: ese tipo de centrales, llamadas genéricamente PWR («Pressured Water Reactor»), tienen mejor quemado. Eso, en plata, no significa en absoluto que sean más económicas que las que tenemos, toas PHWR, «Pressured Heavy Water Reactors», con uranio natural y agua pesada). Pero ese pasaje se iba a hacer paso a paso, si se tenían perspectivas de mejorar y aumentar la capacidad de enriquecimiento local en la pequeña planta de Pilcaniyeu, Río Negro para ir llegando a una nueva autonomía, esta vez en combustibles enriquecidos a «grado central», entre el 3 y el 5%.
Eso iba a requerir de inversiones importantes, del aseguramiento de un proveedor confiable de uranio enriquecido (quizás Brasil) durante la transición. También de una reconversión de la PIAP en Neuquén para dedicar hasta el 35% de la capacidad de la mayor productora mundial de agua pesada a producir un segundo producto: urea, el fertilizante básico de la agricultura (la Argentina es importadora grave). Esa sola adaptación implicaba añadir $ 800 millones de dólares de tecnología nueva a la PIAP. Pero a ojo de productor agrícola y de estadista, habría valido la pena para independizar al campo argentino. El mismo que anteayer nos obsequió un «tractorazo», porque está atosigado por los costos en dólares de sus insumos principales. Y a la cabeza de ellos, los fertilizantes nitrogenados.
La planta de agua pesada en Arroyito (Fuente: U238 Gustavo Barbarán). Podría además fabricar fertilizantes.
Todo eso, la posibilidad de una transición ordenada, lenta y nacional al uranio enriquecido, acaba de sacrificarse. El gobierno dice optar por lo más barato. Para la dirigencia petrolera del Ministerio de Energía, ayer el Ing. Juan J. Aranguren, hoy el ing. Javier Iguacel, destruir la tradición tecnológica que nos llevó a formar parte del NSP (Nuclear Suppliers Group, el club mundial de exportadores nucleares) e incluso a dirigirlo, eso es barato. Sacrificar los recursos humanos que permitieron que INVAP, la firma barilochense de tecnología nuclear y espacial, se volviera el más respetado y agresivo exportador de pequeños reactores nucleares de investigación, no importa. Es barato.
Al Programa Nuclear Argentino, un negocio de tecnología, los petroleros lo entienden como un enchufe. Es decir, no lo entienden. Salvo con el bolsillo: saben que la capacidad nucleoeléctrica instalada en el país impidió la venta o importación de mucho petróleo y mucho gas desde 1974, cuando Atucha I entró en línea. El átomo les es competencia.
La historia de tropelías, zancadillas y perradas cometidas desde 1967 por la entonces Secretaría de Energía, eterno nido petrolero, contra el Programa Nuclear da para escribir libros, pero hoy que la Secretaría se volvió Ministerio, le está escribiendo el epitafio. Si hoy el gobierno destripa NA-SA, ¿qué no hará mañana con la CNEA? Iguacel y el sociólogo Julián Gadano, que la dirige, ya adelantaron su parecer al respecto: menos gente «para estar en la punta de la innovación y el desarrollo». Más telegramas. Los gremios nucleares, profesionales, técnicos y trabajadores, hoy se juegan la vida.
Que la CNEA, que durante sus primeros y mejores 33 años dependió directamente del Poder Ejecutivo Nacional, hoy esté subsumida en el tótem estatal por debajo del rango de una subsecretaría, dirigida por petroleros y como remate presidida por un sociólogo en lugar de un ingeniero nuclear, da una medida exacta de cuánto la valora el gobierno.
Hoy hay 250 familias con un trabajador nuclear. Generalmente, era el que ponía comida en la mesa. Ayer se quedaron sin sustento. Habrá miles más. No es sólo una suma de tragedias sociales, es una tragedia nacional en recursos humanos. El personal técnico de NA-SA con el mejor cruce de calificación y edad buscará su horizonte fuera del país. No les faltará trabajo.
Solamente en Inglaterra las autoridades regulatorias están estudiando la construcción de 8 centrales nuevas (entre ellas las Hualong I). Hacen competir a oferentes chinos, franceses y japoneses con ofertas de generación III, y no se casan con nadie. Para nuestros profesionales nucleares más aventureros y proclives a vivir en otras culturas, sumando Medio y Extremo Oriente más Rusia hay 50 nuevas plantas nucleares en construcción, 150 unidades más bajo pedido, y 300 más en estudio.
En ese contexto, el personal calificado nuclear argentino vale oro: si va hasta Ezeiza o Pajas Blancas en taxi, luego deja el país viajando en «business». No es la primera vez que un intento de decapitar los recursos humanos argentinos en la materia fuerza su emigración: en momentos de los ’90, la CNEA perdía hasta 3 ingenieros, químicos o físicos nucleares por mes. Pero la demanda mundial de expertos hoy puede llevar a la evaporación rápida de una dirigencia atómica forjada contra viento y marea a lo largo de 70 años. No es algo que preocupe al gobierno: los nucleares, por formación y vocación, suelen no comer vidrio y están destinados a entorpecer relaciones excesivamente carnales con China o con quien fuere. Por ejemplo, aduciendo lo obvio; una Hualong I con «fuelling» chino a los 60 años de inaugurada nos habrá costado 2 Hualong más. Es la diferencia entre U$ 9000 y U$ 27.000 millones. Los «ahorros» del gobierno no son cuentas de almacenero: los almaceneros que siguen en el negocio, emplean mejor la aritmética.
Los echados hoy de NA-SA son en su mayoría gente calificada y de planta permanente. El gobierno deberá pagar grandes indemnizaciones o afrontar el costo de no hacerlo. Pero está por verse con una respuesta social sencillamente desconocida. Ya es un indicio la ola de repudio mediático frente a las declaraciones del presidente Macri en Bariloche, cuando dijo livianamente que los contratos rescindidos a INVAP desde 2016 (por u$ 700 millones) fueron firmados en el «tiempo de la magia» pero que se acabó la plata, situación que hoy obliga a la firma barilochense a pagar los sueldos en cuotas.
Hasta el periodismo de vista más gorda le salió con los tapones de punta: después de su seguidilla de triunfos en Australia, Holanda, Arabia Saudita y Bolivia, INVAP ya adquirió status «de bandera»: es la firma de tecnología emblemática del país. Es nuestro David en en mundo lleno de Goliats tecnológicos. Es lo que podríamos ser.
El jueves a la noche, el gobierno reculó en chancletas. Al parecer, le restituirá a INVAP contratos caídos por U$ 300 millones, de un total inicial de U$ 700 millones. La misma noche en que se decidió que INVAP sobreviva, se dictaminó que NA-SA muera, al menos como hoy la conocemos.
Y volviendo a las Atuchas y a Embalse, donde se espera una segunda andanada de telegramas de despido: si se empieza a erosionar una tradición de seguridad nuclear que ya dura 60 años, ¿la gente vecina lo entenderá, lo aceptará? El gremio Luz y Fuerza Zona Paraná ya convocó a un paro por tiempo indeterminado. ¿Qué harán UPCN, ATE, la Asociación de Profesionales de CNEA y otros gremios que se entrecruzan en el Programa Nuclear? ¿Qué harán los intendentes del cinturón Campana-Zárate, ya golpeado por la desocupación metalúrgica? ¿Qué harán los habitantes de ese lugar? La afrenta es transversal, múltiple, compleja, afecta a todos.
Manifestación por la PIAP en la ruta 22, altura puente de Arroyito.
La CNEA abrió sus puertas en 1950, cuando era verdaderamente «una comisión»: su personal cabía en un aula. En 1955 presentó al mundo 12 nuevos radioisótopos descubiertos aquí (hoy ya son 20), en 1958 inauguró el primer reactor nuclear sudamericano de construcción 100% nacional, y en 1969 pasó de una etapa académica a otra plenamente industrial, al iniciar las obras de Atucha I. Hoy además capturó el 35% del mercado de radioisótopos medicinales, y va por más. Pero hay amenaza de regresar a la etapa académica, y con los huesos rotos.
Existe una decisión de ajuste, pedida durante décadas por las agencias internacionales de crédito y hoy también enteramente funcional a China. Implica desmantelar todo lo que se pueda el desarrollo nuclear independiente de Argentina: 70 años de logros incomparables para ninguna otra rama del conocimiento y la industria nacionales, salvo quizás en el campo de las biociencias.
Resta saber si los técnicos, científicos, empresarios y trabajadores del sector, y nuestros compatriotas con interés en el futuro argentino lo permitirán.
El Gobierno elevó el piso y bajó el techo para acceder al cobro de las asignaciones familiares y eliminó los beneficios que en ese concepto alcanzaban a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas en provincias del norte.
Según escribió el especialista Ismael Bermúdez, «con la eliminación de las zonas diferenciales, a partir de septiembre se reduce hasta un 75% la asignación familiar prenatal y por hijo de los trabajadores en relación de dependencia de varias provincias y regiones del país. Puede representar hasta $ 1.892 mensuales menos por cada hijo. También se elimina la ayuda escolar anual diferencial».
Las «zonas diferenciales” que cobran asignaciones de montos mayores, y que ahora desaparecen, son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y varios departamentos de Formosa, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires y Salta.
La medida salió por decreto, comenzará a regir a partir de septiembre y fue presentada con el objetivo de aumentar la recaudación por aportes de empleadores, aunque implicará un ajuste en el gasto social.
Los valores diferenciales se establecieron por ser consideradas “zonas desfavorables” y también con el fin de promover el desarrollo poblacional de esas provincias y regiones, muchas de ellas fronterizas.
El salario familiar por hijo varía según el ingreso del trabajador y/o del grupo familiar. Por ejemplo, para los salarios más bajos la asignación por hijo es de $ 1.578 pero puede alcanzar los $ 3.407 en determinadas provincias o regiones. Al unificarse en $ 1.578, se reduce en un 54% el monto del beneficio.
En el siguiente nivel de ingreso, el salario por hijo es de $ 640 pero el valor diferencial puede alcanzar los $ 2.532. La diferencia es de $ 1.892, un 75% menos. Y en los ingresos más altos, hasta el nuevo tope de $ 83.917 mensuales, el salario por hijo se unifica en $ 328, un 75% menos que los $ 1.286 de valor diferencial máximo.
“El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener”, dijo Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS.
“Había una distorsión. Es lo mismo un chico de La Matanza que uno de Tucumán o del Sur. La mayor pobreza la tenemos en el conurbano bonaerense y en el norte”, aseguró Triaca en el mismo sentido.
En el marco de la aceleración de la reducción del déficit acordada con el FMI, el Gobierno había asegurado que la contención social quedaría al margen del ajuste. Este será el primer recorte en ese ámbito, aunque en la Casa Rosada evitaron dar cifras del ahorro que implicarán las medidas: “Lo vamos a saber en 60 días, ahora estamos cruzando los datos con la AFIP y es probable que no sea significativo, porque en muchos casos van a pasar a la AUH y la idea es seguir ampliando el universo de beneficiarios”.
Como anticipamos ayer, el Gobierno decidió aumentar las tarifas de los viajes en colectivos y trenes del área metropolitana. A partir del próximo 15 de agosto (lo que tarda modificar los valores en la red SUBE), el boleto mínimo de colectivo subirá de $ 10 a $ 13, a razón de $ 1 por mes, en agosto, septiembre y octubre. En las líneas de trenes, también habrá tres aumentos, que van de 50 centavos a 75 centavos, según la línea.
Las subas en el transporte colectivo comenzaron en febrero pasado. Dejó de valer $ 6 para tener dos aumentos más y llegar a $ 10 en junio, hasta 3 kilómetros. A partir de octubre, ese mismo viaje saldrá $13, un 30% más.
Las distancias de 3 a 6 kilómetros subirán $1,25 cada vez y pasarán de los $10,50 actuales a $11,75 en agosto, $13 en septiembre y $14,25 en octubre, lo que representa un 35,7% de suba.
En tanto, los boletos de 6 a 12 kilómetros costarán $15 dentro de tres meses, un 39,5% más que los $10,75 actuales. Los de 12 a 27 kilómetros saldrán $15,75, un aumento del 40% con respecto al precio actual ($11,25).
Finalmente, las distancias que excedan los 27 kilómetros subirán también un 40% y pasarán de $11,75 a $16,50.
Para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será de 45 centavos cada vez durante esos tres meses.
Para los trenes, habrá diferencias. Las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre tendrán aumentos de 75 centavos en agosto y septiembre y de 50 centavos en octubre. Así, dentro de 3 meses el boleto mínimo pasará de $6,75 a $8,75, una suba del 30%.
Las líneas Belgrano Sur, Roca y Urquiza aumentarán 75 centavos cada vez en esos 3 meses. El mínimo para las primeras dos pasará de $3,25 a $5,5 (69%) y, para la última, de $3,5 a $5,75 (64,2%).
Finalmente, el Belgrano Norte aumentará 50 centavos cada vez en los próximos tres meses y el mínimo pasará de $3,25 a $4,75, una suba del 46%.
El aumento de los combustibles y la devaluación del peso provocan lo que el ministro Dietrich llamó una «adecuación». El caso es que el gobierno no tiene fondos para aumentar los subsidios, no puede endeudarse más, y no quiere o no se atreve a aumentar impuestos. Por encima de los que ya recauda.
El hecho es que estos aumentos -aunque no son mayores a los precios que ya se cobran en otras urbes argentinas- afectan sobre todo a un sector numerosísimo de la población, el de menores ingresos, que usa todos los días el transporte público para trasladarse a su trabajo en el Gran Buenos Aires o en la Capital. Como sucede con los alimentos, son los aumentos que golpean en especial a los más vulnerables.
Las Pymes que realicen su primera exportación con la plataforma Exporta Simple tendrán 100% bonificado el envío de hasta 100 kilos a través de Raico y DHL. Los couriers participan con un descuento del 80% de la tarifa y el Estado, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, bonifica el 20% restante.
Según indicó el Gobierno, desde su lanzamiento, más de 218 empresas hicieron unas 1100 operaciones de exportación usando Exporta Simple. Para 54 de ellas fue su primera exportación. El monto total ya superó los US$ 3,7 millones. El promedio de cada exportación fue de US$ 3.800.
Exporta Simple permite exportar a través de couriers y correos simplemente cargando los datos de la operación en un portal web, 100% online y puerta a puerta, sin tener que recurrir a intermediarios.
“Estamos bonificando el costo de envío de mil exportaciones porque los argentinos necesitamos que las PyMEs empiecen a mirar las oportunidades que les ofrece el mundo y se animen a exportar”, dijo el ministro de Producción, Dante Sica, en un comunicado.
Para exportar por esta plataforma, hay que habilitar el servicio de Exporta Simple desde la página de AFIP. Luego, hay que loguearse en exportasimple.gob.ar con el cuit y clave fiscal nivel 3 (no es necesario estar registrado como exportador).
Luego de completá los datos de la pyme y de su cliente, se carga la descripción del producto que se va a exportar y se crean los bultos del envío. Se cotiza el servicio y se selecciona la opción “tu primer envío gratis”. Luego, el emprendedor debe contactarse con el operador postal que seleccionó para que retire la mercadería y la lleve a destino.
Gracias a la suba de las tarifas, la distribuidora eléctrica Edesur logró casi duplicar su facturación en el último año y pasar de un rojo de $ 818 millones en el primer semestre del año pasado a una ganancia de $ 605 millones durante los primeros seis meses de 2018. La facturación de la compañía subió de $ 9.025 a 17.140 millones, un alza de 90%.
Siempre con la venta de una cantidad similar de electricidad, en torno a los 8.950 GWh y con la misma cantidad de clientes, unos 2,5 millones.
Edesur confirmó inversiones por $ 5.600 millones para mejorar el servicio. Sin embargo, a la empresa los costos de la energía le aumentaron a la par de las ventas. Edesur tuvo, también por el reconocimiento de mayores tarifas, un incremento del precio promedio de la compra de energía del orden del 91,3%.
Las inversiones aumentaron cerca de un 33%, destinadas principalmente a mejorar la calidad del servicio con obras en subestaciones y cables de alta tensión. Los desembolsos pasaron de $ 1.210 a 1.605 millones.
El Banco Macro gana otra porción (pequeña) del mercado financiero argentino. En las últimas horas acordó comprar la cartera minorista -activos y pasivos- al Banco de Servicios y Transacciones (BST), entidad financiera fundada en 2002 por los banqueros Pablo Peralta y Roberto Domínguez.
Hoy el BST funciona como empresa controlada por el Grupo GST, donde también son principales accionistas Peralta y Domínguez, pero que tiene como CEO, desde mayo del año pasado, a Isela Costantini, ex jefa de la filial local de General Motors y la primera presidenta de Aerolíneas Argentinas del gobierno de Cambiemos.
De hecho, la decisión de desprenderse del negocio minorista del banco surgió del proceso de “reingeniería” del GST que se le encargó a Costantini.
El Macro ha hecho en los últimos años diversos intentos para expandir su participación en el mercado financiero.
Buscó quedarse con el negocio minorista del Citi, pero se lo arrebató el Santander. Fue por el control del Patagonia, pero al final el accionista mayoritario -Banco do Brasil- congeló la venta y luego ejerció la opción para aumentar ellos mismos su capital en dicha entidad.
Los avances del Macro son una muestra del proceso de consolidación del sistema financiero local. Hoy el Macro pelea cabeza a cabeza con el Galicia como el principal banco privado de capitales locales del sistema.
Con datos a febrero, según surge de la base del Banco Central, el BST tiene activos por 5.000 millones de pesos y pasivos por 4.700 millones. Tiene 58.000 tarjetas de crédito activas y 3.600 depósitos a plazo fijo.
Fuentes en contacto con los negociadores señalaron que el BST eligió enfocarse en el sector corporativo, es decir que se transformará en los hechos en un banco de segundo piso. Y subrayan que el nuevo plan de negocios pasa por concentrar su negocio, enfocándose en el sector corporativo.
En el último año, la agencia de recaudación bonaerense (ARBA) denunció a 73 empresas por apropiación indebida de impuestos, un delito penal tributario con penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Las denuncias penales fueron presentadas en distintos departamentos judiciales de la provincia, según el domicilio de cada una de las empresas. Desde ARBA dijeron a Clarín que entre los denunciados «por falsificación de documento público» hay «frigoríficos, alguna avícola conocida, constructoras, empresas de transportes y también personas físicas«.
Gastón Fossati, director de la agencia, explicó que “estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta de Ingresos Brutos. Pero en cambio, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes y no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones”.
Dado el alto grado de evasión que existe en el sistema tributario argentino, lamentablemente, la cifra denunciada parece irrisoria.
Como se ha cerrado el recurso del endeudamiento externo, el Gobierno va a recurrir a la caja de la ANSES, la famosa «plata de los jubilados», para financiar sus gastos por hasta $16.000 millones. Así lo dispuso la resolución conjunta 11/2018 de la secretaría de Finanzas y la secretaría de Hacienda y Deuda Pública publicada en el Boletín Oficial , que autoriza al Tesoro a colocar una Letra del Tesoro (Letes) en pesos al organismo por ese monto.
De acuerdo con la normativa, el Tesoro podrá emitir estas Letes por suscripción directa «en uno o varios tramos» de acuerdo a su programa financiero.
Estos títulos, que son intransferibles no cotizarán en los mercados, tendrán como fecha de emisión el lunes 30 de julio y tendrán un plazo de 182 días, con vencimiento el 28 de enero de 2019. Su amortización será íntegra al vencimiento, y devengarán intereses trimestralmente según la tasa de rendimiento de las Lebac en pesos, serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.
En unas horas, a las 16, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunciará a cuánto subirá el boleto de tren y colectivos en el área metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires). Los aumentos, de todos modos, no pueden ser inmediatos, porque adecuar la red SUBE demora unos 10 días.
Las subas en el transporte comenzaron en febrero pasado. Dejó de valer $ 6 para tener dos aumentos más y llegar a $ 10 en junio.
El Gobierno le otorga un cheque mensual de $ 3.000 millones a las líneas de colectivo de Buenos Aires y el conurbano, para subsidiar el gasoil. Pero esa suma está resultando insuficiente, según las cámaras que agrupan a las empresas transportistas. Argumentan que no pueden renovar unidades. Las recomposiciones salariales las paga el Gobierno y es probable que eso demande mayores subvenciones estatales. Y todo esto en medio del programa de ajuste que encaró la administración macrista para lograr reducir el déficit fiscal.
Decenas de organizaciones del campo, que agrupan desde productores rurales a agricultores familiares se movilizaron al Ministerio de Agroindustria para reclamar mejoras y políticas para el sector y para exigir que no se elimine el Monotributo Social Agropecuario.
La Federación Agraria Argentina (FAA), la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino y la Agrupación Grito de Alcorta, entre otras, reclamaban una «inmediata audiencia con el ministro Etchevehere y denuncian una «crítica situación» que atraviesa el sector.
«Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del Gobierno nacional, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros».
El presidente de la FAA, Omar Príncipe, denunció que en esta situación los productores «nos fundimos y el argentino cada vez paga más caro los alimentos». El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, afirmó «Hay una decepción con el gobierno que uno va notando cuando se pone a conversar con los productores. Es porque no hay una mirada hacia el sector agroindustrial«.
El recorrido del tractorazo comenzó en el Parque Lezama y culminó frente a la puerta del Ministerio, que conduce Etchevehere. El ministro dijo que «no entiende» las razones de la protesta.
En AgendAR percibimos en esta oportunidad una grieta entre las organizaciones de la actividad rural: Por ejemplo, participaron la UTT, formada por los productores más pequeños y la FAA, que reúne medianos y grandes. Así como CONINAGRO que suma productores pequeños y medios más sectores de la agroindustria.
En cambio, no estuvieron la Sociedad Rural ni Confederaciones Rurales Argentinas.
En cuanto a los reclamos comunes a los participantes, podemos destacar los siguientes:
No hay plan de mejora de los caminos rurales: la obra pública va a las rutas troncales vía PPP. Pero las cosechas se desvalorizan o pudren cuando se embarra y pone impasable la red capilar. Esto no es ajeno al cierre de 450 tambos en lo que va del año.
Ningún plan de electrificación agraria.
Ningún plan de gas agrario.
Ningún plan de organización de las producciones regionales. El estado está ausente de roles críticos que ni siquiera requieren fondos públicos: la organización de clusters y cooperativas, el abaratamiento de insumos y facilitación del transporte en las distintas ecorregiones productivas, por ejemplo.
Los insumos del agro están dolarizados, pero el 80% de las ventas son a mercado interno y en pesos.
Escuchan un discurso confuso por parte del gobierno, pero cero hechos. En la práctica, las quiebras de pequeños productores se aceleran y con ellas la concentración de la propiedad de la tierra.
Encuentran vital la continuidad del Monotributo Social Agropecuario, de los titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares
Consideran que el modelo actual favorece totalmente al gran productor para la exportación. «Por eso Etchevehere no cree que haya ningún problema».
«Créditos bancarios homicidas y ningún plan de rescate financiero de los productores golpeados por la sequía».
Piden tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil; créditos blandos a tasa subsidiada; subsidios a los insumos utilizados en la producción; implementación plena de la Ley de Emergencia Social».
También suscribieron los siguientes reclamos:
Los pequeños chacareros exigen que el Estado «garantice el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas» y reclaman la inmediata reglamentación, teniendo en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014.
Un aumento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura Familiar; la reincorporación de los trabajadores despedidos del Ministerio y el Senasa.
El Gobierno da continuidad al ajuste en el 2019 con un freno al Plan Federal de Vivienda. Había sido lanzado en 2016 y preveía fondos por $ 100.000 millones para cuatro años.
Además, el plan social Fonavi quedará exclusivamente en manos de las provincias.
El Gobierno comunicó esta semana a los empresarios de la construcción que a partir del 2019 el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) quedará exclusivamente en manos de las provincias y que discontinua el plan creado por Cambiemos para vivienda social.
«El Gobierno busca recortar $ 300.000 millones y, de acuerdo con cómo salgan las
negociaciones con las provincias va a ser el ajuste en la obra pública. Mientras tanto
adelantaron que en vivienda social hay partidas como las del Plan Federal de Viviendas que se están discontinuando».
