Durante 2018 la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación está en estado de alerta a nivel nacional, debido a los despidos de los trabajadores de todo el país. La preocupación ha aumentado, como era previsible, con el descenso de categoría de su ministerio, Agroindustria, a Secretaría.
En Salta, de los 40 trabajadores que poseían un contrato de renovación anual, quedaron 14, luego de ser despedidos en dos tandas, abril y agosto, 26 profesionales.
En esa provincia los profesionales orientados a la agronomía asistían, desde hace 25 años, a aproximadamente 4.500 familias apostando al fortalecimiento de un sector estratégico para la dinamización de las economías regionales a través de la producción y venta local de alimentos sanos para la población.
Los proyectos que trabajaron durante todo este tiempo buscan mejorar las condiciones de producción de la zona, en todo sentido. “En el Chaco salteño se trabajó la producción de ganado organizando los cerramientos, recuperando pasturas y el pesaje de los animales para venderlos a mejores precios. Se organizó una feria ganadera y todo eso fue un trabajo de muchos años con asesoramiento técnico y esa experiencia se replicó en otras zonas como en Santa Victoria Este”, contó Ricardo Bima, delegado gremial de la secretaría y agregó: “En los Valles Calchaquíes, por ejemplo, se realizó una reconversión productiva para que los pequeños productores no dependan sólo de la producción del pimiento para pimentón. Se conformó una cooperativa y comenzaron a diversificar con producción vitivinícola con vinos caseros y artesanales. Ese trabajó se unió a la red de turismo campesino en donde ofrecen alojamiento a turistas y productos completamente artesanales, otra experiencia para el visitante”.
Otra de las obras que se destaca son las mejores en cuanto al agua y riego de cada zona. “Lo que hacemos no son trabajos de una vez y para siempre”, destacó el delegado.
“Con los últimos despidos quedan 11 departamentos de la provincia sin cobertura”, explicó Bima y agregó: “Desde Nación se percibe el cierre de la secretaría, el coordinador de Salta no apareció por la oficina luego de los despidos de agosto, no volvió más. Ellos pretenden que se haga el mismo trabajo con 26 personas menos y eso es imposible”.
Actualmente buscan la asistencia y continuación de algunos programas a través de la Provincia mientras buscan dialogar con legisladores y el ejecutivo provincial. “Luego de la suspensión del Fondo de la Soja creemos que será más difícil sostener los programas, pero seguimos conversando con las autoridades locales”, indicó Bima.
Los números de las economías regionales en Salta
El sector productivo de la agricultura familiar comprende entre 8.000 a 10.000 familias en la provincia de Salta
La cantidad de Explotaciones Agropecuarias (EAP) en manos de pequeños productores en la provincia constituye un 73% del total de EAP, y ocupan un 12 % de la superficie en producción. La pequeña producción Salta contribuyen al 64% del empleo rural permanente y al 20% del empleo rural transitorio por contratación.
La Agricultura Familiar aporta en Salta el 11% del valor bruto de la producción, destacándose la producción frutihortícola, pimiento para pimentón, legumbres, tubérculos andinos, producción caprina y de camélidos y ganadería vacuna extensiva.
La ejecución de los proyectos en Salta se realizaba por un valor de poco más de $26 millones de pesos (46% de los montos en ejecución a nivel provincial)
La Secretaría de Agricultura familiar asistía a 4.500 familias
Tenían presencia en 18 departamentos de la provincia.
Hoy, luego de los despidos, quedan 11 departamentos sin cobertura y en ellos, 1.100 familias beneficiarias de estos trabajos.
Se pone en riesgo la posibilidad de acceso a nuevos proyectos formulados o ideas-proyecto en espera de financiamiento por un valor de $45.600.000 sobre un total proyectado de $ 123.200.000.
Los mismos trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar fueron quienes dieron a conocer sus condiciones de trabajo a través de un comunicado que explica:
«Desde hace dos años, la SsAF ha visto deteriorado su trabajo debido al desfinanciamiento institucional y la intención de vaciar de contenido el abordaje integral de la problemática del sector de la AF, lo que se traduce en el deterioro grave de vehículos, la disminución de la presencia en terreno, limitación en las acciones a desarrollar y la imposibilidad de ejecutar con financiamiento propio los proyectos destinados a los productores. Situación que se suma a la inestabilidad laboral que padecen sus técnicos, contratados algunos desde hace más de 20 años, con contratos de duración anual. (Desde 1993 a 2009 como monotributistas – 2010 al presente bajo «Contrato Ley Marco»).
Esta situación se agravó a partir del 19 de Abril de 2018 cuando se produjeron 330 despidos en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, involucrando a 150 agentes de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial a nivel país, 18 en la provincia de Salta cuyas antigüedades oscilan entre los 4 y 25 años de antigüedad.
Porcentualmente Salta ha sido una de las provincias más perjudicadas en esa oportunidad desafectando a un 30% de su personal y limitando o bien directamente anulando la presencia institucional en 8 departamentos de la provincia.
Se agrava la situación el 31 de Agosto cuando se confirma desde el Ministerio de Agroindustria la desafectación de 540 trabajadorxs, 451 de los cuales son de la Secretaría de Agricultura Familiar, 11 de Salta, con lo cual la planta quedaría afectada en un 43, 3%.
La situación de despidos, además del efecto directo de dejar a las familias de los-as trabajadores-as sin sustento, afecta la ejecución de proyectos por un valor de poco más de $26 millones de pesos (46% de los montos en ejecución a nivel provincial) dejando sin asistencia técnica a 1.100 familias beneficiarias y pone en riesgo la posibilidad de acceso a nuevos proyectos formulados o ideas proyecto en espera de financiamiento por una valor de $ 45.600.000, sobre un total proyectado de $ 123.200.000.
De acuerdo a una estimación del periodista Ismael Bermúdez, los salarios reales cayeron casi el 10% en su poder de compra en los primeros 8 meses de 2018. Toma en cuenta una suba de la inflación promedio entre enero y junio del 24,3%, y un aumento de los salarios en torno del 12,5%.
Esto representa una pérdida de 11,8 puntos o del 9,5% en poder adquisitivo.
La mayor caída la sufrieron quienes trabajan «en negro», el empleo no registrado, seguidos del sector público. Los asalariados públicos, privados y de casas particulares registrados suman 9,9 millones y otros 4 millones informales.
En consecuencia, la caída del poder adquisitivo de los salarios, agravado por el menor empleo, se refleja en el impacto negativo directo en el consumo de los hogares.
Hasta junio, la caída del salario real había sido del 5,9% de acuerdo a los datos del INDEC, porque la inflación sumaba 16% y los salarios poco más de 9%. Luego, tanto en julio como agosto, la inflación se aceleró mientras los salarios subieron menos.
A eso se agregan los salarios informales que, según el INDEC, tanto durante mayo como en junio tuvieron retrocesos en términos nominales. Y se espera que esos salarios continúen achatados por la merma de la actividad económica.
El último Informe de Trabajo consignó que en junio volvió a caer el empleo registrado, acumulando en los primeros 6 meses 106.600 ocupaciones menos. Sin protección laboral y mayor precarización, los salarios “en negro” o “en gris” son más perjudicados.
Como perspectiva del año, la mayoría de las consultoras prevé que 2018 concluya con una inflación en torno del 45%. Y hasta ahora, los convenios que se firmaron con una pauta inflacionaria del 25%, tendrán una caída de 20 puntos o un 13,8% menos de poder de compra.
«El nivel de presión tributaria es el primer problema de la industria, luego está el tema de los costos logísticos, luego los costos laborales no salariales, que también tienen una parte fiscal. Pero la presión tributaria es el problema de mayor impacto a este momento», afirmó Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, quien sostuvo que «no hay ninguna posibilidad de absorber más impuestos».
Desde el sector autopartista, Juan Cantarella, director Ejecutivo de AFAC, señaló que «en autopartes, la carga tributaria era (los últimos datos son de 2015 pero la tendencia se mantiene) del 17,85% del precio de venta sin IVA», a lo que hay que sumar los impuestos que pagan los proveedores de insumos. Así, «la incidencia total de impuestos es de 23,82% y a eso, además, hay que sumarle 21% de IVA», precisa Cantarella.
Fuentes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) afirmaron que «en la instancia de producción, hay tres impuestos (Ingresos Brutos, tasas municipales e impuesto al cheque) de gran impacto en el costo de fabricación de un vehículo. Se superponen a lo largo de la cadena (insumos y proveedores, y se carga en el precio del auto). Es por ello, que son los impuestos más distorsivos».
«Ingresos Brutos tiene un efecto muy negativo para las pymes productoras, es un impuesto que tiene un efecto piramidación, ya que se paga en toda la cadena de valor», aseguró Fernando De Vito, vicepresidente de la Cámara de la Industria del Calzado. Explicó que «el impuesto grava cada venta, de cada una de las materias primas que compone un calzado y esto encarece los productos». Ingresos Brutos o Sellos son impuestos que no pueden descontarse como sí ocurre con el IVA.
La situación no es nueva. De hecho, el reclamo fue incluido en la reforma impositiva sancionada en noviembre pasado, fijando topes y un cronograma decreciente de las alícuotas de Ingresos Brutos, pero el tema aún está en discusión por el Presupuesto 2019.
Por otro lado, el Gobierno generalizó la aplicación de derechos de exportación de $3 por dólar para la industria y de $4 para el sector primario y los servicios (éstos a partir de 2019), desandando el camino impuesto en diciembre de 2015.
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) anunció el lanzamiento de la primera semilla mejorada en universidades públicas que formará parte del sistema de código abierto Bioleft, inspirada en las licencias creative commons que se utilizan, por ejemplo, en el software.
Se trata de una leguminosa forrajera que se adapta a suelos salinos e inundables, que estará disponible para ser mejorada por otros investigadores y organizaciones de la agricultura familiar, quienes además tendrán la tarea de multiplicarla.
El proyecto incluye a pequeños agricultores familiares agrupados en la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y a la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF). Además de la multiplicación, “también vamos a generar un vínculo con los mismos productores para que ellos mejoren el material en los sitios donde se siembra, interactuando con la Facultad”, afirmó Gustavo Schrauf, profesor titular de la cátedra de Genética de la FAUBA, y añadió que “la idea es que el material sirva como base de nuevos mejoramientos”.
Según el investigador, si bien la agricultura familiar posee una gran demanda de este tipo de materiales, los pequeños productores no representarían un mercado atractivo para las empresas proveedoras de semillas, que poseen sus propios programas de mejoramiento. Ante esta situación, desde las Universidades advierten sobre la necesidad de reforzar los proyectos públicos orientados a estos sectores que, además, en la mayoría de los casos producen en ambientes marginales con fuertes limitaciones en el clima y en sus suelos.
Proceso colaborativo
“Ubuntu es un cultivar de Melilotus albus, que es una leguminosa muy rústica de ambientes salinos e inundables. Esta leguminosa es originaria del Meditarráneo. Se introdujo a la Argentina en la década de 1950 y durante muchos años no fue objeto de un mejoramiento”, explicó Schrauf.
Ante el interés por esta especie, los investigadores de la FAUBA comenzaron a realizar un programa de mejoramiento en colaboración con investigadores la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. “Avanzamos con materiales que tenían mejor calidad, un establecimiento más rápido y una mayor producción invernal”.
Ubuntu es una leguminosa forrajera que se adapta a suelos salinos e inundables.
Así se generó Ubuntu, el cultivo que hoy participa del sistema de código abierto. El nombre elegido para la semilla proviene de la historia africana que cuenta sobre una carrera de niños en la que el que llega primero gana un canasto de frutas. “Sin embargo, los chicos corren todos a la par, tomados de la mano, y dicen ‘Ubuntu, si no ganamos todos no somos felices o no puedo ser feliz si el otro sufre’ “, comentó el docente de Agronomía de la UBA.
Mientras avanzan en el proceso de inscripción, la FAUBA y Bioleft hicieron un acuerdo para la multiplicación de estos materiales con ONPIA y FONAF. Estas organizaciones multiplican el material, separan una parte para uso propio y el resto regresa a la Facultad para seguir investigando. “Ellos también pueden, en base a su necesidad, mejorar las semillas en su mismo ambiente”, dijo Schrauf.
“Una ventaja de la producción en pequeña escala es que las semillas van a ser de alta calidad porque se cosechan de manera artesanal, entonces no van a tener malezas, por ejemplo”, opinó, aunque adelantó que hacia el futuro también apuntan a aumentar la escala.
Un potencial enorme
Bioleft es una iniciativa de un equipo interdisciplinario de investigación conformado por personas especializadas en economía, agronomía, ambiente, genética, derecho y propiedad intelectual, producción e investigación colaborativa y comunicación. El proyecto fue incubado en la Fundación CENIT junto al STEPS Centre-América Latina, en el marco del proyecto global Transformative pathways to sustainability.
“Inicialmente, nos invitaron desde Bioleft a discutir la Ley de semillas. Ese vínculo se fue acrecentando hacia la generación de una plataforma de intercambio de materiales y el acercamiento hacia productores con quienes teníamos un vínculo muy indirecto”, explicó Schrauf, e indicó que no sólo apuntan a generar materiales que tengan una transacción alternativa, sino que el mismo mejoramiento sea con la participación de productores y abierto entre distintas instituciones.
En este sentido, si bien advirtió que actualmente Bioleft es una plataforma en construcción, consideró que ‘tiene un potencial enorme’ y señaló que Ubuntu forma parte de una red de mejoramiento de forrajeras muy extensa, y que a futuro también se estaría incluyendo la colaboración de instituciones de otros países como Nueva Zelandia y Uruguay.
Un empresario y predicador mormón es el nuevo dueño la marca deportiva Topper en Argentina. Se trata del brasileño Carlos Wizard Martins, que pagará US$ 24 millones al gigante textil Alpargatas.
Wizard Martins y Alpargatas llegaron a un acuerdo para transferir el 22,5% de los negocios de la textil brasileña en la Argentina. Esa porción incluye toda la operación de Topper en el país, marca que Wizard Martins ya administra en Brasil. Según se informó, del monto acordado en la operación se pagará al contado el equivalente a u$s10 millones.
En mayo de 2016, este grupo de inversores liderados por Wizard Martins adquirió el 100% de la unidad de negocio que comprende la totalidad de las operaciones relacionadas con las marcas «Topper», en Brasil, y «Reina», en Brasil y en el mundo. En 2015 se asoció con el ex jugador de fútbol brasileño Ronaldo para crear un negocio de escuelas de fútbol bautizadas «Ronaldo Academy», que registró más de 400 franquicias a nivel mundial, con fuerte desarrollo en Brasil y China.
Con el ingreso de Wizard Martins, Alpargatas busca aliviar el momento complicado que atraviesa Topper, en el marco de la crisis que vive la producción de calzado deportivo en la Argentina.
Alpargatas también opera en la Argentina la marca Hawaianas. Recientemente informó ante la Bolsa de San Pablo que su ganancia final del primer semestre del año alcanzó los 131,2 millones de reales (33,9 millones de dólares), lo que representa un descenso del 44% contra el mismo período del año anterior. La compañía atribuyó esta caída a la relación de tipo de cambio desfavorable del real frente al peso argentino que no ha dejado de devaluarse desde principios de 2018.
La Coca-Cola Company anunció que está siguiendo de cerca el pujante mercado de las infusiones de marihuana, respondiendo a un informe de un medio que aseguró que el mayor fabricante de bebidas del mundo se encuentra en conversaciones con la canadiense Aurora Cannabis Inc.
Las discusiones sobre una posible inversión en este producto, informada por el canal financiero canadiense BNN Bloomberg, podría abrir un nuevo frente en la batalla de Coca-Cola por contrarrestar la caída en la demanda de gaseosas azucaradas.
El informe dijo que no había garantías de que las conversaciones entre las empresas tengan éxito, pero las acciones de Aurora llegaron a subir más de 22% tras la noticia. Los papeles de Coca-Cola, en tanto, avanzaban ligeramente en Nueva York.
La industria de la marihuana ha captado el interés de grandes empresas mientras Canadá y Estados Unidos dan pasos para legalizar el uso recreativo de la droga. Sin embargo, las multinacionales estadounidenses todavía son cautas sobre un negocio que sigue siendo ilegal bajos las leyes federales del país.
En Argentina algunos inversores evalúan la posibilidad de invertir en Jujuy en cultivos de cannabis para propósitos medicinales, como informó AgendAR.
Jorge Castro es -entre los no muchos argentinos que estudian y publican sobre la política y la economía global- uno de los más informados y originales. En AgendAR consideramos que es demasiado optimista en sus análisis, lo que es aún más riesgoso que ser demasiado pesimista. Pero nos parece interesante reproducir este texto suyo que informa sobre el enfrentamiento y también los intereses comunes entre las dos superpotencias que hegemonizarán la primera mitad de este siglo.Es fundamental para nosotros los argentinos tenerlos presentes.
«El Banco Mundial presenta los siguientes datos sobre EE.UU. y China en la economía global: EE.UU. es la mayor economía del mundo medida entre 192 países, con un PBI de US$ 19.4 billones en 2017 (25% del producto global), mientras que la República Popular dispone de un producto de US$ 13.8 billones (dólares constantes), que equivale a 14,9% del PBI mundial.
En términos de PBI per cápita (sinónimo de alza de la productividad), EE.UU. está en el octavo lugar del mundo (Finlandia es el primero), con un ingreso per cápita de US$ 67.500 anuales y una población de 313 millones de personas.
China, en tanto, con 1.410 millones de habitantes, ocupa el lugar 75 en la escala del ingreso per cápita (US$ 9.500 anuales), lo que significa que está dos generaciones rezagada frente a EE.UU. en términos de productividad (25 años cada una).
EE.UU. creció 5% anual en el segundo trimestre de 2018 (US$1.4 billones), y se expandiría 5,5% anual en el tercero, según la Reserva Federal de Atlanta.
La economía norteamericana recibió más de US$ 7 billones de inversiones entre 2017 y 2018, con una tasa que creció más de 30% en ese periodo. Por eso el PBI potencial creció 3,5% anual en el segundo trimestre, el doble que la estimación realizada por la Reserva Federal.
Esta expansión excepcional se debe en más de 60% a la drástica desregulación realizada por el gobierno de Trump en los dos primeros años, y sólo el resto es obra del recorte de impuestos sancionado en diciembre de 2017, cuyos efectos recién se sentirán plenamente en los próximos seis meses.
De ahí que la desocupación de junio (3,8%) sea la más baja de los últimos 44 años. Se crean más empleos que la capacitación o existencia de personal en condiciones de ocuparlo: 6.7 millones de nuevos puestos de trabajo en junio, y se registraron sólo 6.6 millones de desocupados.
Esto coincide con un aumento de los salarios reales de 2,9% anual en el segundo trimestre, tras el estancamiento experimentado en los últimos 10 años, con un nivel de inflación de 2% anual en 2018.
El gasto de Defensa de EE.UU. asciende a US$ 730.000 millones este año: es mayor el gasto estadounidense que el conjunto de los gastos de Defensa del resto del mundo sumados (el gasto de la República Popular alcanzó a US$ 215.000 millones el año pasado).
EE.UU. y China compiten por el poder mundial, y la República Popular ha sido catalogada como la principal “competidora estratégica” de EE.UU., que desafía su liderazgo global, ante todo en las tecnologías de la nueva revolución industrial, inteligencia artificial en primer lugar (“Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU”/diciembre de 2017).
El gobierno chino liderado por Xi Jinping estima que el objetivo de Trump es reestructurar el poder mundial sobre la base de la primacía norteamericana; y utiliza para eso una estrategia de “destrucción creadora” que “destruye” / reestructura las organizaciones existentes – OTAN, OMC, NAFTA, Acuerdo del Transpacífico, tratado nuclear con Irán, etcétera —para integrarlas a un nuevo orden mundial favorable a los intereses estadounidenses.
La respuesta de China ya está trazada. Consiste en cooperar activamente con EE.UU. en el logro de sus objetivos estratégicos, que son dos: a) crear un área de libre comercio global con todos los países del capitalismo avanzado, con arancel cero, sin subsidios, y sobre la base de las ventajas comparativas.
b) colaborar en la afirmación del liderazgo estratégico-militar norteamericano, a partir de la premisa de que lo único que rechaza es la hegemonía, y no disputa el primer lugar.
China puede avanzar en esta extraordinaria maniobra ofensiva / defensiva porque dispone de una inmensa confianza en sí misma, fundada en su civilización de 5.000 años de historia. “El Estado chino nunca fue fundado: existió desde siempre, y se desarrolló siempre a partir de sí mismo. Su historia de 5.000 años no está en el pasado, sino en el presente, y lo que China es, es en el presente. Por eso se funda en la armonía, que es la capacidad de absorber y trascender todas las contradicciones”, dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal.
El tiempo no es un factor a conjugar en el cálculo geopolítico / estratégico de la República Popular, sino la esencia misma de su identidad nacional forjada por la historia, la más poderosa y de mayor raigambre del mundo.
Trump advierte este rasgo central de la identidad china, y de la personalidad del presidente Xi Jinping. De ahí su respeto y admiración por el líder de la República Popular; y la decisión de dejar para la etapa posterior a la reestructuración del poder mundial que está en marcha la negociación directa —político / estratégica— con el sucesor de Mao y Deng Xiaoping. Ese diálogo, con el signo de la alta política, es el de la época, y quizás en los próximos meses el mundo lo podrá conocer».
Este gráfico, que muestra 30 años del comercio China-EEUU indica también el desequilibrio que se ha acumulado, y que crea tensiones que tal vez la visión positiva de Jorge Castro no alcanza a disimular.
La caída de las ventas, la falta de financiación, y también el desempleo que se extiende están marcando un camino para la actividad económica: emprendimientos de baja inversión, poco personal, muchas ventas y pequeño margen. En muchos casos es una salida laboral.
Las franquicias tienen su propia estrategia anticrisis: el formato low cost, un concepto que implica una baja inversión inicial, productos económicos y hasta segundas marcas. Un caso reciente es El Noble, que lanzó al mercado “Bien de campo”, una línea de empanadas y chipás paralela, mucho más barata y enfocada en los segmentos de menores ingresos. “En las crisis, la gente se vuelca a las segundas marcas“, resume Mariano Castagnaro, CEO, presidente y uno de los accionistas de la empresa.
El interés por esta variante de franquicias se incrementa porque se postula como una alternativa frente al desempleo. “En épocas de crisis no existe el inversor de franquicias sino el que busca una salida laboral. Por esta vía es posible reinsertarse en el mercado y también para aquellos que no quieren trabajar más en relación de dependencia”, explica la titular de la consultora GS Marcas y Franquicias, Gabriela Sapio. En líneas generales, las low cost son negocios con poco personal, sin estructura, con alto nivel de ventas y poco margen.
Según la Guía Argentina de Franquicias (el catálogo oficial de la Asociación de Marcas y Franquicias), la modalidad abarca 952 marcas y canaliza el 22% de la facturación por ventas minoristas. Esas cadenas tienen actualmente un total de 34.189 locales y 209.605 empleados. A pesar de la contracción de la economía y las ventas, el estudio especializado Canudas prevé que el sector sumará este año 100 nuevas marcas (10% de crecimiento), 2.500 locales (7%) y 10.000 empleados (6%).
En los últimos 12 meses, la franquicia que más creció fue Rapipago, que incorporó 600 nuevos puntos de venta, casi todos bajo la premisa del low cost. Básicamente, Rapipago es una empresa de cobranza de servicios del grupo Gire, cuyos dueños son tres bancos: Santander, Citibank y HSBC. A diferencia de las franquicias tradicionales, asociarse al sistema no implica dedicación exclusiva. “Un comercio puede anexar el servicio y en este contexto económico, los comerciantes están a la búsqueda de alternativas para incrementar la facturación y atraer nuevos clientes”, explica Alejandro Pingitore, gerente de Retail de la marca.
De este modo, Rapipago se posiciona hoy como la principal franquicia del país, con una red de 4.175 locales, de los cuales 75 son propios. Detrás aparecen Lave-Rap, la franquicia pionera en la Argentina (abrió la primera en 1981), con 1.447 puntos de venta y Grido (1.404), la fábrica de helados de origen cordobés, cuyo modelo de negocios está basado en el producto barato y de calidad (ver recuadro). “Grido nos mostró otro mundo y hoy es el 5° fabricante mundial de helados”, dice Castagnaro, de El Noble.
Hay que revisar el caso de Lave- Rap, la mayor cadena de lavanderías automáticas. Su gerente, Guillermo Loiácono, señala que “ya pasamos por varias crisis, hiperinflaciones y recesiones. Y estamos pensando en algún modelo el contexto actual, que requiera una inversión baja”. El modelo Lave-Rap está estructurado como una red de venta y mantenimiento de equipos (lavadoras, secadoras y planchadoras) y reposición de insumos (jabón, químicos, bolsas, perchas y suavizantes). “En el país tenemos unos 70.000 lavarropas funcionando”.
Según un informe de la consultora económica Ecolatina, la inflación de 2018 se encamina a mostrar la tasa más alta desde hace 27 años, desde 1991. De acuerdo a sus proyecciones, rondaría 45% este año, «si no se materializa un nuevo salto cambiario».
La consultora prevé que la inflación más alta del siglo XXI dejará «una elevada inercia para 2019, por lo que incluso si se logra calmar el mercado cambiario, la suba de precios en el próximo año difícilmente baje del 30%».
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación trepó 3,9% en agosto, su mayor registró en lo que va del año, acumulando 24,3% en los primeros ocho meses del año y con una variación de 34,4% respecto a agosto 2017.
En Ecolatina prevén que la suba de precios se acelere en septiembre, producto del salto del dólar de más de 20% a fines de agosto.
La suba de tarifas de luz, gas y transporte que llevó y lleva adelante este Gobierno tenía un objetivo de, si se quiere, de «encuadramiento social»: eliminar la «energía barata» que -se consideraba, y todavía se considera en el oficialismo, que lleva a una mala asignación de recursos y desalienta la inversión. (La experiencia con las empresas eléctricas en los mismos Estados Unidos no acompaña esa conclusión. Pero eso ya es otra historia).
Porque también el Estado, que había resignado los ingresos de las retenciones, necesitaba que cayeran los subsidios que compensaban las tarifas baratas. Esa meta se venía cumpliendo hasta hace unos meses. Pero la devaluación cambió la situación y ya se gasta más en subsidios que en 2017. Y faltan cuatro meses para terminar el año; la cotización del dólar puede provocar aún más alteraciones.
En los primero ocho meses del año, las subvenciones a la energía y el transporte cruzaron los $ 157.600 millones, lo que representa un incremento de 16% con respecto a los $ 136.000 millones que se habían desembolsado por esos conceptos en el mismo período de 2017.
Es que la mayoría de los costos energéticos están en dólares y esa moneda se apreció un 100% contra el peso en lo que va del año. Por el lado del transporte, también se encarecieron los combustibles -el Estado subsidia una parte para los colectivos-, aunque los costos salariales continúan en pesos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF), el gasto por subsidios económicos ya está por arriba del realizado en 2017. Ese instituto nota que se incrementaron un 16% en valores nominales, aunque disminuyeron un 10,7% en términos reales, por la inflación interanual acumulada.
Por ejemplo, la secretaría de Energía ya consumió casi $ 100.000 millones, contra $ 84.000 millones que llevaba gastados en 2017. El ministerio de Transporte también se viene pasando en subsidios. En 2017, iba por los $ 52.000 millones y este año ya traspasó los $ 57.740 millones.
La caída de la actividad que ya acumula al menos dos trimestres y amenaza con prolongarse el año que viene, se combina con una tasa de referencia del 60% para gestar un escenario de “estrés financiero” para las firmas locales.
Esto está impactando de lleno en la cadena de pagos en decenas de sectores.
Y aunque el Estado, como en otras décadas, es el mejor cliente de los bancos, el que paga los intereses más altos, las entidades no dejan de preocuparse por esa situación.
Ya comenzaron a activarse algunas medidas. La línea subsidiada para el descuento de cheques que el Banco Nación lanzó está teniendo buena recepción. Con tasa del 29% una docena de bancos públicos se sumaron a la iniciativa.
En el caso de Banco de Córdoba el cupo para descontar ascendía a los $ 2.500 millones y para fines del mes pasado ya había sido empleada la mitad. Otros bancos oficiales del interior están analizando lanzar créditos con tasas negativas (en relación a la inflación) para alentar la reactivación económica.
Y también hay algunas experiencias al respecto de la banca privada. El 21 de agosto el banco de capitales chinos ICBC lanzó una campaña para difundir la comercialización de créditos para empresas destinados al pago de sueldos.
Se trata de líneas con un costo financiero total del 29,4% para el otorgamiento de un máximo de $ 3 millones en 12 cuotas.
“Es una línea que ofrecemos para que las empresas puedan financiar el pago de los salarios en un contexto muy complicado. El costo salarial puede ser el 50% o 60% en la estructura de una empresa y estas son herramientas que pueden ayudar”, contó Guillermo Probst, gerente de la sucursal Cerro de las Rosas (Córdoba Capital) de ICBC.
En este caso, se trata de un préstamo con uso específico para el pago de salarios que puede ser empleado para nuevos clientes corporativos del banco o para clientes actuales que incrementen su nómina de empleados. “Es una línea especial que saca el banco porque hay que tener en cuenta que estamos casi 30% por debajo de otras líneas. Hoy estamos descontando cheques al 60% ó 70%. Hace varios años que el banco está trabajando en el tema sueldos y con esto ponemos el foco ahí”, recalca.
-¿Por qué el banco asume una tasa tan negativa?
-Es una apuesta por sumar clientes a largo plazo. El cliente que trae cuentas sueldos y logra este beneficio no lo hace por un par de meses. Es una apuesta a largo plazo y a futuro, que es un poco la mirada del banco. En términos del negocio hoy no cierra, pero miramos más allá de la coyuntura actual.
Con todo, el otorgamiento está sujeto a la calificación de la empresa, algo que también está afectado por el contexto económico. “La calificación crediticia se está complicando, totalmente. No escapamos a eso porque crece el estrés financiero que sufren las empresas. Cuando uno presta plata en un horizonte de disminución de actividad es difícil. Si se complica se intenta estirar al máximo la capacidad negociadora para que no se frene la rueda”.
A principios de este mes aumentaron los valores en el Mercado de Hacienda de Liniers, con subas del 8% en un día y de hasta 17%, si se comparan los $ 54 por kilo que se llegaron a pagar los novillos con los registros máximos en $ 46 de fines de agosto.
El aumento obedeció a que hubo una retracción de la oferta ganadera ante la volatilidad cambiaria. Y ahora las remarcaciones llegaron a supermercados y carnicerías. La carne, el alimento emblemático de los argentinos, subió un promedio del 15% en los mostradores al público.
Por la diversidad de variedades y multiplicidad de usos, el maíz es cultivado en casi todos los rincones del planeta. Sin embargo, los ascensos abruptos de temperatura registrados en los últimos años pueden impactar tanto en la productividad como en la calidad del cereal.
Investigadores del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS) del INTA, ubicado en Leales, provincia de Tucumán, evalúan los efectos que puede tener en genotipos de maíces tropicales y templados.
“En el caso del maíz, el registro de temperaturas superiores a 35 °C, durante el período de floración, puede provocar disminuciones en los rindes”, afirmó Jorge Parrado, especialista en mejoramiento vegetal del IIACS del INTA, y agregó que “las mermas pueden variar de un 10 hasta un 80 % según el fondo genético de material”.
Los golpes de calor son fenómenos cada vez más frecuentes.
Caracterizados por temperaturas elevadas extremas que duran un breve intervalo de tiempo, este fenómeno puede poner en peligro a la agricultura. De acuerdo con Parrado, encontrar cuáles son los caracteres asociados con rendimiento bajo estrés por golpe de calor ayudaría a incrementar la eficiencia en la selección de genotipos tolerantes.
Ensayos a campo, realizados con materiales del Programa de Mejoramiento de Maíz del INTA Leales y Pergamino, le permitieron a Parrado identificar híbridos y líneas tropicales tolerantes al golpe de calor en período crítico. “Esta identificación es relevante, ya que dicha línea podría ser utilizada como donante para generar nuevos híbridos que permitan incrementar los pisos de producción en condiciones limitantes”, aseguró. Por su parte, “la caracterización de líneas contrastantes con respecto a la tolerancia a golpe de calor permitirá iniciar estudios moleculares con el fin de identificar los genes responsables”, analizó el especialista.
El cambio en el clima transformó el régimen de lluvias y de temperaturas a escala global, y la Argentina no es ajena a esta situación. En este punto, la clave para el sector agropecuario estará en implementar las prácticas necesarias para adaptarse y no quedar en el intento.
Las modificaciones en los patrones de lluvias y en las temperaturas, por un lado, alterarán la productividad de los cultivos y de los rodeos; y, por otro lado, aumentarán la presión que ejercen las malezas, plagas y enfermedades. De acuerdo con Parrado, resulta imprescindible incrementar los pisos de producción en condiciones limitantes. Para esto, será fundamental “comprender el nivel de expresión de ciertos caracteres en líneas endogámicas y sus híbridos y su correlación con el rendimiento, así como identificar genotipos con alelos deseables para fines directos o de reciclaje”, analizó.
El equipo de investigadores del IIACS del INTA pudo identificar híbridos tropicales tolerantes a golpe de calor en período crítico y reconoció como susceptibles híbridos con fondo genético templado.
Fuente: INTA
Se denomina «comercio justo» o «Fair Trade» a una forma alternativa de comercio promovida por varias ONG, por la Organización de las Naciones Unidas y por algunos movimientos -como el pacifistas, ecologistas) que promueven «una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores».
Son cada vez más las empresas a las que les interesa ofrecer a sus clientes el plus de un valor ético en sus productos. Usualmente no son las que comercializan artículos de primera necesidad…
Entre el 2005 y 2006 en Argentina comenzaron a otorgarse sellos a las empresas y organizaciones que cumplen con los 10 principios que hacen a un mercado más justo y sostenible. Juan Pino, de EQ Negocios Sustentables y Claudia Dieterle de Fair For Life, una de las organizaciones que -junto con FairTrade y World Fair Trade- otorgan el sello, mencionan 8 empresas argentinas que apuntan a los consumidores responsables.
1) Cooperativa La Riojana
Está integrada por 451 asociados, de los cuales el 80% son pequeños y medianos productores de la provincia que reciben constante capacitación por parte de la bodega.
Vinos espumantes, varietales y orgánicos y jugo de uva 100 % orgánica Torrontés Riojano, son exportados a los principales mercados internacionales. También comercializan en Argentina, a través de una amplia red de distribución.
2) Fundación Silataj
Silataj significa “lo mejor” en wichi, y eso es lo que esta ONG, fundada en 1985, pone en sus artesanías, fuente de trabajo de 26 comunidades de pueblos originarios de nuestro país.
Se encuentra ubicada en la zona chaqueña de Salta y Formosa con grupos Wichi, Chané, Toba, Pilagá y Chorote; en Jujuy, con grupos Kolla. Respetando sus culturas y alentando su autogestión, la fundación consiguió el sello de Comercio Justo.
3) Cooperativa de trabajo CoopSol
Desde 1992, está integrada por 14 socios y es la miel orgánica por excelencia de Santiago del Estero. Hoy, 1.300 colmenas son el alma de esta cooperativa con sello y certificación bio, que se dedica principalmente a la producción y comercialización, nacional e internacional, de productos apícolas y agrícolas. En 2009, de su mano, nació APONA, Asociación de Productores Orgánicos del Norte Argentino, con 100 socios productores y colmenas con sello.
4) Guayaki Latin America, S.A. Reserva Agroecológica Iguazú
La Fundación Agroecológica Iguazú (FAI) trabaja para impulsar la armonía ambiental, social y económica en la región. Además, a través de la educación, experimentación y la investigación, promueve mejoras en la calidad de vida de los habitantes rurales de la provincia de Misiones.
5) Interrupción
Su lema es respetar tanto a la tierra como a las personas. A través de la mejora en las prácticas de cultivo, construyen un sistema de nutrición biodinámico y consciente centrado en el humano. Su producción incluye frambuesas, moras, bananas, mango, cerezas, frutillas, arándanos, ciruelas, peras, y manzanas y sus colores impactan. También, cuentan con una gran variedad de verduras y granos.
6) Paralelo 42
Más conocida como Dulces Masseube, es una organización que nació en Valle del Medio, en la provincia de Chubut, y desde 1998, producen frambuesas y frutas finas certificadas. En junio de 2014, consiguieron ser los primeros productores a nivel mundial de frambuesas, cassis y corintos en obtener el sello de Comercio Justo.
7) Cooperativa Cosar, miel, Santa Fe
Esta cooperativa está integrada por 120 pequeños y medianos apicultores argentinos que viven y trabajan en la zona central de la provincia de Santa Fe.
8) Arte y esperanza
Arte indígena y criollo producido por más de 500 familias de artesanos Wichí, Chané, Qom-Toba, Pilagá, Diaguita Calchaquí, Mbya Guaraní, Kolla y Mapuche. En la actualidad, acompañan a 36 comunidades, pertenecientes a ocho etnias diferentes y varios grupos de artesanos criollos con dificultades de comercialización.
La Corte Suprema de la Nación tiene en sus manos hace más de dos años un tema clave: qué índices de actualización deben aplicarse en más de 150.000 juicios sobre jubilaciones de 2003 en adelante.
Según cuál se fije hay una diferencia en más o en menos del orden del 50% en los montos de las sentencias. Y desde abril último, esa diferencia se extiende a la determinación del sueldo promedio de los últimos 10 años que fijan los haberes de los nuevos jubilados.
El periodista Ismael Bermúdez, de Clarín, generalmente bien informado en estos temas, advierte que «se comenta que la “nueva” Corte, y la «nueva mayoría» que llevó a entronizar a Rosenkrantz, podrían modificar la doctrina en materia previsional expresada en los casos Badaro y Elliff y receptar las apelaciones de la ANSeS.
Menciona que el 4 de septiembre pasado -hace 12 días- en la causa “Ocampo, Elena c/ANSeS”, en relación a la bonificación por zona austral, la Corte rechazó “por inadmisible” el recurso de la ANSeS, con el voto de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, mientras Rozenkrantz y Elena Highton de Nolasco se pronunciaron por aceptar la apelación de la ANSeS y revocar la sentencia aprobada en primera y segunda instancia.
En cuanto al llamado caso Elliff, en 2009, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara que determinó que, entre 1995 y 2008, cuando entró a regir la ley de movilidad, esos salarios debían actualizarse por el ISBIC (índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción).
En cambio ANSeS sostiene que deben aplicarse los índices de actualización fijados en la ley de Reparación Histórica, de 2016. Se trata del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables) que elabora el Ministerio de Trabajo.
En la gran mayoría de los casos, el RIPTE arroja una remuneración promedio y un haber y un retroactivo inferiores. La diferencia no es menor ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC es del 435%, mientras el RIPTE da un aumento del 178%. Esa diferencia disminuye los montos de los retroactivos y los reajustes de los haberes.
El cambio de la fórmula previsional, aprobada en diciembre pasado, también llegó a la Corte por la apelación de la ANSeS en la “causa Fernando Pastor, Miguel”. La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social declaró inconstitucional la aplicación retroactiva de la nueva fórmula de movilidad porque la nueva ley – la 27.426– fue aprobada por el Congreso el 29 de diciembre de 2017. Y los jubilados recibieron en marzo de 2018 el 5,71% que corresponde a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del III Trimestre de 2017 cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior – la 26417—de julio hasta el día de la sanción de la nueva ley que arrojaba un 14,5%. En cambio, los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad pero aclarando que debe aplicarse hacia delante y no hacia atrás.
Leyendo todo esto, puede parecer que se trata de un problema exclusivamente jurídico. No es así. Los egresos por jubilaciones y pensiones son para el Estado argentino -como en todos los países modernos- el dato más importante de su presupuesto.Y en el plano de la sociedad, basta señalar que la modificación de la fórmula de movilidad impacta sobre 17 millones de personas: jubilados y pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social. Vamos a escuchar mucho más sobre este tema.
Una mayoría de los 525 artículos incluidos en el programa de Precios Cuidados, que el Gobierno lanzó la semana pasada, está ausente de las góndolas de los principales supermercados y comercios que adhirieron al plan, según sondeos realizados por las entidades de usuarios.
«Hasta el jueves, cuando hicimos el relevamiento en supermercados de la Capital Federal, había sólo entre 20 y 30 productos de los 525 que deberían estar», señaló Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. «Este no es un programa nuevo, es la continuidad del anterior y no hay justificativo para que no se hayan agregado los nuevos productos”, señaló el dirigente. Por otro lado, señaló «siendo un programa importante para contener la inflación, es una lástima que no esté controlado por las autoridades correspondientes».
El programa de Precios Cuidados fue relanzado, el jueves pasado desde la secretaría de Comercio. Incluye 525 productos con precios más bajos (alrededor de un 30%) respecto de otros similares del resto del mercado, con una suba promedio del 3,1%.
Durará hasta el 6 de enero de 2019.
En esta oportunidad, como las negociaciones con las empresas se hicieron en medio de las turbulencias financieras a partir de la estampida del dólar, el Gobierno priorizó la cantidad de productos alimenticios en el listado del programa. Así, el 60% del total resultaron alimentos y bebidas, y el 40%, artículos de librería, perfumería, higiene, tocador y limpieza.
Desde la entidad de usuarios Adecua, Sandra Gonzalez, cuenta: «esperamos tres dias para chequear la existencia de los Precios Cuidados y realmente no encontramos productos», dijo. «Sólo en uno de los hipermercado, lo máximo que encontramos fueron 60 productos».
«Además, están mal identificados, no tienen los carteles que corresponden y si no hay stock, debería estar aclarado porqué no los tienen«, dijo. Según la dirigente, el tema no es menor porque la gente, con el poder adquisitivo muy deteriorado por la inflación, busca mucho este tipo de productos». Sólo por citar un ejemplo: un litro de leche, en Precios Cuidados, cuesta $ 19, mientras que el resto arranca en $ 28. Y mucho más ($ 40), si se opta por variantes «enriquecidas».
Consultados sobre los faltantes, en la Subsecretaría de Comercio Interior, aclararon: En primer lugar, «los comercios no tienen todo el listado de Precios Cuidados sino entre 120 y 130 productos de los 525. Porque, por ejemplo, hay productos de marcas propias (de un super) que claramente no van a estar en los otros». Por otro lado, Comercio «está monitoreando permanentemente el nivel de cumplimiento del programa. Y es normal, en toda renovación, que no se encuentren algunos productos, especialmente en el interior del país».
Este sábado se produjo una -esperada- «invasión» de chilenos a Mendoza. Los feriados patrios en el vecino país y la devaluación del peso argentino conformaron un combo que entusiasmó a los empresarios mendocinos, que aguardaban con los brazos abiertos a los turistas trasandinos.
Durante el viernes cruzaron la cordillera casi 3.000 chilenos, en medio de quejas por controles de la Gendarmería que muchos viajeros consideraron exagerados. Hoy el flujo en alta montaña fue superior y hubo demoras de hasta tres horas en la Aduana argentina.
En el pasado quedó el furor de los argentinos por hacer «shopping» en Santiago, Los Andes o Valparaíso. La devaluación del peso argentino provocó que ahora los chilenos sean los que viajen a Mendoza a pasear y comprar.
Las principales atracciones económicas para los visitantes trasandinos son la gastronomía, los productos elaborados con cuero, libros y recorridos turísticos.
En tanto, en artículos electrónicos e indumentaria la diferencia cambiaria no es tan favorable porque los precios son similares en ambos lados de la cordillera.
La otra cara de la devaluación: renace el comercio en las ciudades de frontera. En la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEGHA) estiman que llegarán a la provincia el doble de chilenos del año pasado.
Este sábado 15 de septiembre se puso en marcha en todo el país el Censo Nacional Agropecuario, que será un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Secretaría de Gobierno de Agroindustria.
Lo llevan adelante más de 3.500 profesionales, entre coordinadores provinciales, subcoordinadores, jefes de zona, auxiliares, supervisores y censistas. Se estima que el relevamiento cubrirá unas 350 mil explotaciones agropecuarias que y 190 millones de hectáreas.
Tendrá en cuenta agricultura, ganadería, equipamiento agropecuario y personas.
El último censo de este tipo se realizó en 2002 y en ese momento el cuestionario estaba repartido en cinco formularios. En esta edición se utilizarán tablets para hacer la carga instantánea de los datos y agilizar la tarea de revisión. Se estima que la duración de la encuesta depende de la extensión y complejidad de cada establecimiento, estimándose que podría demorar entre una hora y una hora y media.
Desde el Indec aclararon que los datos relevados, en cumplimiento de la ley sobre el manejo de datos estadísticos, serán estrictamente confidenciales y no se compartirán con otras dependencias gubernamentales nacionales, provinciales o municipales, como AFIP, por ejemplo.
El censo indagará únicamente cantidades y volúmenes, los aspectos físicos de las explotaciones agropecuarias. La información será publicada de forma anónima, compilada con fines únicamente estadísticos. En la parte agrícola se pregunta sobre la siembra directa, agricultura de precisión y dentro de la siembra directa, utilización de fertilizantes, qué tipo, inoculantes, promotores de crecimiento, fumigación y si la hace con máquina propia o de terceros.
Los resultados definitivos estarán disponibles en junio 2019
La intención de siembra maicera pasa de 6,8 millones de hectáreas a 6,6 millones. Los cambios en el impuesto ya impactan en las decisiones de siembra y la amenaza de la falta de agua limita el avance de la siembra. La carrera expansiva del maíz se detuvo. Tras esperarse un aumento de área de un 6% respecto al año pasado, ahora llega el ajuste con 200 mil ha menos.
«Sigue habiendo un aumento interanual en la intención de siembra, pero este cae al 2,6%«, indica el informa de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Según la Guía Estratégica para el Agro: “Los cambios de planes no afectan a los lotes de siembras tempranas, sino a los de siembra tardía, los que se realizan a partir de diciembre. Las provincias del norte del país junto a Córdoba conforman el área que más manifiesta el cambio de planes».
Se cambiará el maíz por planteos de soja con menos tecnología, en busca de minimizar el riesgo financiero. Con 6,6 Mha que se sembrarían, 5,6 Mha de cosecha para el circuito comercial, se espera una producción de 43 millones de toneladas.
Bayer no anticipaba otro juicio ligado a su herbicida Roundup hasta febrero, pero una pareja de ancianos que asegura que la exposición al producto les provocó cáncer cambia la situación.
Esta pareja, que figura entre las cerca de 8.700 personas que culpan por la enfermedad a Monsanto, la empressa recientemente adquirida por la farmacéutica, buscan llevar su caso a la Justicia en diciembre «antes de morir». Los ancianos invocan la misma ley de California, que otorga a personas con enfermedades terminales preferencia a la hora de llevar casos a tribunales, que permitió a un jardinero de una escuela al que le diagnosticaron solo meses de vida llevar adelante este verano el primer juicio vinculado con el herbicida, cuyo veredicto ordenó a la compañía pagar US$ 289 millones.
El director ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, afirmó a inversionistas de la farmacéutica en una teleconferencia el 5 de septiembre que la fusión con Monsanto reforzará la posición legal de la compañía para salir airosos en el extenso litigio.