De las 27 pymes productoras de biodiesel del país, 20 ya pararon sus plantas en septiembre y las restantes operan a un 10% o 20% de su capacidad por el aumento de los costos y el congelamiento del precio regulado que rige desde agosto.
Las pymes utilizan como materia prima el aceite de soja y el producto final es el biodiesel que se mezcla con el gasoilque se vende en todo el país. Diversas fuentes del sector señalaron que la totalidad de las empresas dejará de producir por completo en noviembre si no hay respuesta a sus reclamos.
La crisis del biodiesel está inserta en el escenario de faltante de gasoil, sobre todo en las provincias del NOA y NEA. En las últimos días, las tres cámaras que agrupan a las pymes de biodiesel, CEPREB, CASFER y CAPBA, le enviaron una carta a la secretaria de Energía, Flavia Royón, donde advierten que, si no hay una respuesta urgente, el sector, que emplea a 2.000 trabajadores directos y 8.000 indirectos, quedará totalmente paralizado.
“Estamos produciendo por debajo del punto de equilibrio, hoy estamos operando a pérdida”, contó Federico Martelli, director Ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). El directivo explicó que necesitan medidas urgentes para volver a operar y evitar el desabastecimiento de los combustibles.
Reclamos
El sector reclama que se resuelvan tres demandas centrales para retornar la producción:
El cobro de las primas excesivas de las principales aceiteras como Cofco, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Dehesa (AGD), Cargill, ADM, Molinos, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Viterra a las pymes de biodiesel para adquirir el aceite de sojal “La Ley de Biocombustibles 27.640 establece que el Estado tiene que velar por la provisión del aceite de soja a precio de mercado razonable, que es igual al precio de paridad de exportación más los costos locales”, explicó el directivo de Cepreb. Una cerealera exporta a un precio de alrededor de US$ 1.000 dólares la tonelada de aceite de soja. Con el descuento de 31% de retenciones, termina recibiendo US$ 700 por cada tonelada vendida al exterior. Pero en el mercado local, las principales aceiteras les venden a las 27 pymes, que muchas veces tienen sus plantas a 50 o 100 kilómetros de los establecimientos de acopio de las grandes aceiteras, a un precio de US$ 940 por cada tonelada. La prima que le cobran las aceiteras a las pymes de biodiesel siempre fue más cara y se ubicó en un 10% o 15% que el precio de exportación. Ahora ese monto es de más del 30% y el impacto a las productoras de biodiesel pone en jaque su producción. “Estamos pagando nuestra materia prima más de lo que corresponde. Hay un abuso de posición dominante por parte de las grandes cerealeras exportadoras”, afirmó Martelli.
Precio y cobro a tiempo. Las pymes reclaman que la cartera energética aumente el precio regulado del biodiesel. La suba podría ser de 15%, aunque si se resuelven los otros puntos estarían dispuestas a prescindir del aumento, explicaron desde el sector. El 23 de agosto, un día después de las PASO, se actualizó el precio de adquisición de biodiesel por última vez e implicó una suba de 20%, justo después de la devaluación. Hoy la tonelada está $ 434.006 y desde ese momento está congelado. Es relevante porque es un producto que se mezcla de manera obligatoria con el gasoil en un 7,5%, según la regulación, aunque las pymes productoras aseguran que, en los hechos, termina siendo de 5%.
Las pymes compran el aceite de soja al tipo de cambio oficial, pero cuando venden el biodiesel a las petroleras lo hacen en pesos a 40 días. “Por ejemplo, si un productor le vende hoy a una petrolera que necesita adquirir biodiesel para mezclarlo con el gasoil, la pyme lo cobra recién el 20 de noviembre en pesos y al valor de hoy 9 de octubre”, explicó Martelli. “Cobramos a 40 días en pesos, pero tenemos que volver a comprar aceite de soja. Las aceiteras nos van a cobrar en dólares. Es una descapitalización del sector”, explicó. “Le pedimos a la Secretaría de Energía que publique una resolución para que las petroleras nos paguen a las 24 horas”, remarcó Martelli.
“Entendemos que en este contexto el Ministerio de Economía necesite pisar precios para combatir la inflación, perono el de las pymes de biodiesel. Le estamos pidiendo a la Secretaría de Energía que corrija estos tres puntos o al menos alguno cuanto antes”, finalizó el directivo de Cepreb.
La operación en búsqueda de los pozos de petróleo, que también abarcará los bloques CAN 108 y 114, a 307 y 443 kilómetros de Mar del Plata, se extenderá al menos por tres meses y contará con un equipo de profesionales que analizarán los datos, así como también biólogos para monitorear el impacto en la fauna marina.
Con la llegada del buque petrolero BGP Prospector, comenzó la exploración sísmica para determinar la presencia de hidrocarburos en el bloque de la Cuenca Argentina Norte (CAN), una zona ubicada a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.
De esta manera, las tareas de exploración sísmica estarán a cargo de la empresa Equinor, asociada a Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF) y Shell, que utilizará el buque petrolero que llegó desde Ghana y navega bajo la bandera de Bahamas, así como también el buque de apoyo Geo Service I.
Según informó Diputadosbonaerenses, la operación en búsqueda de los pozos de petróleo, que también abarcará los bloques CAN 108 y 114, a 307 y 443 kilómetros de Mar del Plata, se extenderá al menos por tres meses y contará con un equipo de profesionales que analizarán los datos, así como también biólogos para monitorear el impacto en la fauna marina.
Así, el buque petrolero llevará adelante la exploración sísmica mediante el rastreo del suelo marino que, con unos sifones de aire comprimido, liberan una onda de sonido que viaja en las profundidades y de acuerdo a las capas que encuentra, rebota y se capta mediante micrófonos de 12 kilómetros de largo que funcionan en el agua.
Después de seis meses de análisis, con el registro sonoro de la exploración sísmica se puede generar un mapa del lecho marino para determinar la ubicación del petróleo en la zona, que permite la realización de un pozo exploratorio con el objetivo de terminar de confirmar la presencia de hidrocarburos, que puede ser cualquiera, no necesariamente petróleo.
Es preciso mencionar que, las ondas afectarían a la mayoría de la fauna, precisamente a aquellos animales que tienen vejigas natatorias y a los mamíferos, motivo por el cual habrá biólogos marinos que supervisarán todo el proceso, además de que se utilizarán micrófonos para detectar la presencia de seres vivos y reducir el impacto.
En ese marco, el proyecto tiene expectativas en el pozo exploratorio Argerich-X1, que ya reconoció hace cinco años YPF junto a otras compañías, por lo que el presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, explicó que en esa zona hay 20% de encontrar petróleo.
Por este motivo, el Gobierno nacional proyecta que, con ese posible pozo petrolero, YPF podría duplicar su producción anual, que produce unos 200.000 barriles de petróleo por día y podría tener un impacto económico de 100.000 millones de dólares.
Estados Unidos dio luz verde a una venta de 24 aviones caza F-16 equipados con misiles aire-aire de Dinamarca a la Argentina y está trabajando en un paquete de financiamiento por 40 millones de dólares para facilitar la compra por parte del gobierno argentino, una operación de enorme impacto geopolítico en la cual Washington compite directamente con China, que ha ofrecido la venta de aviones JF-17 de Pakistán.
El Gobierno debe decidir ahora si concreta esta operación, si acepta la oferta de China, o si posterga cualquier decisión para modernizar la flota de la Fuerza Aérea y la Armada. Además de la venta de F-16, el gobierno norteamericano también autorizó una venta de cuatro aviones P-3 de Noruega.
La vicesecretaria adjunta de Seguridad Regional del Departamento de Estado, Mira Resnick, dijo que el Departamento de Estado aprobó la transferencia de aviones a la Argentina luego de haber informado al Congreso, donde no se levantaron objeciones a la operación. Resnick remarcó que la transferecia es “de interés nacional para Estados Unidos”, y si bien afirmó que la decisión final es de la Argentina, insistió en que la oferta norteamericana es “superior” a la de China, y que, de concretarse, servirá para profundizar la relación a largo plazo entre ambos países.
“El F-16 es una plataforma confiable y probada que permitirá entrenamientos y ejercicios regulares para incrementar la interoperabilidad de la Argentina con sus vecinos y Estados Unidos”, afirmó la funcionaria.
“Esto construye relaciones. Es una oportunidad para que ambos países enfrenten amenazas mutuas juntos, y este es una nave que operan muchos países alrededor del mundo operan y ha demostrado su capacidad para la modernización militar”, completó.
La aprobación de la transferencia de aviones marca un nuevo hito en la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina y llega luego de meses de gestiones por parte de Washington, donde se ve con particular inquietud el avance de China en América latina. Resnick aclaró que esta transferencia en particular no requiere ninguna aprobación por parte del Reino Unido, que mantiene un veto a la Argentina para la compra de equipamiento militar desde la guerra de las Malvinas.
“Trabajamos muy duro para asegurarnos que no haya obstáculos para la transferencia”, dijo la funcionaria, que remarcó que la decisión ahora depende del gobierno argentino.
En medio de la profunda crisis que atraviesa la economía, una de las principales trabas potenciales para concretar la adquisición de aviones de Dinamarca –o, por caso, también de China– es el costo de los aviones F-16. Resnick no dio precisiones acerca de cuál sería el costo final de los aviones porque, dijo, el precio “cambia”. Las notificaciones que envió el Departamento de Estado al Congreso en junio último colocaron el costo de la operación con Dinamarca en un valor de venta aproximado de US$338.695.634 por la transferencia de hasta 38 aeronaves, seis F-16 de la versión “Block 10″ y haMosta 32 aviones “Block 15″.
“Estamos trabajando en la financiación ahora y esperamos notificar pronto 40 millones de dólares en financiación militar al Congreso y creemos que esto ayudará a aumentar la competitividad de esta solución para modernizar su envejecida flota de la Fuerza Aérea y apoyar su seguridad nacional”, agregó Resnick.
La competencia con China
Además de la oferta de aviones F-16 de Dinamarca, el gobierno de Alberto Fernández tiene en carpeta desde hace tiempo la posibilidad de adquirir aviones JF-17 producidos por China y Pakistán. Alberto Fernández tiene previsto viajar este jueves a China.
La propuesta de los JF-17, que tendría mejores condiciones financieras, comprende 15 unidades, con la posibilidad de negociar un segundo lote y, eventualmente, un tercero.
“Son aviones nuevos y China ofrece un paquete de armamento y sensores muy completo y con pocas restricciones. Los condicionamientos serían, más bien, políticos por el giro que implicaría una operación con China”, confiaron fuentes militares. Las aeronaves de origen chino-paquistaní estarían equipadas con motores chinos, a diferencia de las versiones que operan Myanmar y Nigeria con motores rusos.
El teniente Coronel Thomas Kanewske de la Fuerza Aérea especificó en la llamada que los F-16 que se ofrecen a la Argenitna incluyen misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y AIM-9, los dos principales misiles aire-aire utilizados por la Fuerza Aérea norteamericana. Kanewske remarcó además que el F-16 es una plataforma de “última generación” que se sigue fabricando, y que son “comparativamente iguales en tecnología a los F-16 que se han desplegado activamente en todo el mundo y en situaciones de conflicto mundial”.
“El F-16 es una plataforma de última generación y el gobierno de Dinamarca está operando un paquete integral. Entonces, lo que es único acerca del F-16 es la relación con la Fuerza Aérea de los EE. UU. Es nuestro “enfoque de paquete completo”. No es sólo el avión, es el entrenamiento, es el mantenimiento, es la logística, es todo lo que implica mantener un avión en condiciones de volar y con tecnología de punta durante 40 años”, indicó Kanewske sobre las implicancias de la operación.
Las Fuerzas Armadas argentinas han estado históricamente alineadas con Estados Unidos y con los aliados europeos en el último siglo, que además han dado un fuerte respaldo a la Argentina para encarrilar las múltiples negociaciones que ha tenido el país en el Fondo Monetario Internacional (FMI). China, a la vez, ha comenzado a tener un rol mucho más activo en el desarrollo de la infraestructura y es uno de los mayores socios comerciales y se está convirtiendo en uno de sus principales acreedores del mundo emergente y en desarrollo.
Rafael Mathus Ruiz
Comentario de AgendAR
Distintas agencias del gobierno de EE.UU. vienen anunciando la autorización de esta venta desde hace meses.
Nuestra opinión ha sido expuesta en un artículo que recientemente republicamos:
El CONICET se ubica en el primer puesto de las instituciones gubernamentales de ciencia en América Latina y en el puesto trece entre 1747 instituciones gubernamentales a nivel mundial.
En el marco de la reciente entrega de los Premios Nobel, tres galardonados en Medicina que han realizado estudios con especialistas del CONICET –Michael Rosbash, Phillip A. Sharp y Edvard Moser–, destacaron la excelencia científica del principal organismo gubernamental que impulsa el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina.
De acuerdo con el prestigioso ranking internacional de instituciones científicas Scimago, el CONICET se ubica en el primer puesto de las instituciones gubernamentales con mayor impacto social en la región latinoamericana, y en el puesto trece entre 1747 instituciones gubernamentales de todo el mundo. La metodología de medición se basa en diecisiete indicadores agrupados en tres factores principales: investigación, innovación e impacto social.“Conozco a muchos científicos de Argentina y del CONICET, son profesionales extraordinarios. Siento el mayor respeto y admiración por sus logros científicos”, señala Rosbash, científico estadounidense que ganó el premio Nobel de Medicina en 2017 por el descubrimiento de genes y factores claves en la regulación del reloj biológico, cuya disfunción influye en la susceptibilidad al cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, las infecciones y la obesidad.
Durante décadas Rosbash ha tenido diversos intercambios con especialistas del CONICET, tanto en el marco de reuniones científicas, como de cooperaciones en investigaciones científicas internacionales. Asimismo, ha visitado la Argentina en diferentes ocasiones; por ejemplo, unos días antes de ganar el máximo galardón de ciencia en 2017 participó del Congreso Anual de la Sociedad Argentina de Neurociencias y en 2018 recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA.
“En lo que respecta al prestigio internacional de los científicos del CONICET, cabe destacar que la Argentina cuenta actualmente con nueve miembros electos (casi todos del CONICET) en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Ningún otro país latinoamericano tiene más miembros”, destaca Rosbash, investigador de la Universidad Brandeis y del Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos.
Sharp, ganador del Nobel de Medicina en 1993 por ser uno de los descubridores del splicing del ARN mensajero, afirma que “las sociedades modernas como la argentina se enfrentan a desafíos cada vez mayores para mejorar el bienestar y la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto incluye desarrollar su economía, la atención médica y brindar oportunidades educativas. Los científicos del CONICET han realizado aportes fundamentales que benefician al país y se los reconoce internacionalmente”.
El splicing del ARN mensajero, descrito por Sharp y colegas, es un mecanismo molecular que permite que un mismo gen pueda guardar instrucciones para la fabricación de distintas proteínas. Su descubrimiento y continuo estudio abrió caminos para comprender muchas enfermedades y explorar nuevas terapias.
“Es fundamental contar con una comunidad científica y tecnológica vibrante para que Argentina pueda enfrentar los desafíos futuros y en ese sentido es esencial el apoyo continuo al CONICET”, agrega Sharp, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), quien publicó trabajos científicos con especialistas del CONICET y ha visitado Argentina.
Edvard Moser, científico noruego, es uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina de 2014 por descubrir el circuito de neuronas que funcionan como “GPS interno” en el cerebro; y además de publicar estudios científicos con especialistas del CONICET, varios investigadores del organismo han trabajado o se han formado en una etapa de sus carreras en su laboratorio en la ciudad de Trondheim.
“Argentina es un centro de referencia en neurociencias a nivel mundial. He visitado el Instituto Balseiro en Bariloche, donde trabajan muchos investigadores del CONICET y se han formado muchos neurocientíficos talentosos que han estado en mi laboratorio”, afirma Moser. Y agrega: “El CONICET es clave para que muchos jóvenes investigadores tengan oportunidades para iniciar una carrera científica, y también para la comunidad mundial de neurocientíficos que depende de las contribuciones de los institutos argentinos de neurociencia. La Ciencia y Tecnología son de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, la salud y la economía de los países”.
Cooperación científicaUno de los especialistas del CONICET con los que tanto Sharp como Rosbash han publicado estudios científicos en revistas internacionales es Alberto Kornblihtt, líder de un equipo de investigación en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, CONICET-UBA) de Buenos Aires.
El laboratorio de Kornblihtt se centra principalmente en splicing alternativo. En junio de 2022 un estudio liderado por el investigador del CONICET fue tapa de la prestigiosa revista Cell por describir hallazgos útiles para explorar tratamientos que logren un mayor efecto terapéutico en personas que padecen atrofia muscular espinal (AME), una grave enfermedad hereditaria que en Argentina afecta a unos 400 niños y niñas y a 1 de cada 10 mil nacimientos a nivel mundial.
“Este trabajo se inició por iniciativa e impulso de la organización Familias AME Argentina (FAME). Lo que logramos es mejorar la eficacia de un tratamiento existente en un estudio preclínico. El siguiente paso es poner a prueba esta estrategia en humanos”, indica Kornblihtt quien por su trayectoria y trabajos es miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias de Francia.
“El profesor Alberto Kornblihtt ha realizado importantes descubrimientos sobre la actividad genética en células humanas que resultan clave para mejorar la asistencia sanitaria y la biotecnología”, afirma Sharp.
Por su parte, Rosbash indica que “Kornblihtt ha sido un creador de tendencias, reconocido a nivel internacional como un científico excepcionalmente creativo y productivo. Se le atribuye la creación de algunos de los conceptos más importantes en nuestra comprensión de la expresión génica, más concretamente del splicing alternativo”.
Emilio Kropff, investigador del CONICET, trabajó en Noruega entre 2008 y 2011 en el laboratorio de Edvard Moser, y desde entonces siguen colaborando en estudios sobre el GPS cerebral que se publican en revistas científicas internacionales.
“Bajo la dirección de Edvard Moser y May-Britt Moser, participé en el descubrimiento de algunas de las piezas clave del GPS cerebral, como las neuronas de velocidad y las de borde. Este tipo de trabajo no sólo permite conocernos mejor, sino que sienta las bases para estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que forman una parte cada vez mayor de los presupuestos de salud en todo el mundo”, explica Kropff, investigador del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir), quien en 2018 recibió el máximo galardón que entrega el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica, que opera bajo un acuerdo tripartito entre el Gobierno italiano, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“Kropff ha seguido publicando importantes estudios sobre la codificación neuronal en el cerebro después de su regreso a la Argentina, y seguimos cooperando con él en diferentes líneas de investigación”, indica Moser.
“El sector que más divisas ingresa al país: casi el 50% del total de sus exportaciones”, sostiene —escrito en inglés— el Centro de Exportadores de Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario representaron el 60% del total, con gran protagonismo de granos, aceites y harinas.
Pero ¿las ganancias de esas exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40% del total de su facturación lo hicieron en el país vecino.
¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? Es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti. La respuesta: las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas cáscara”, que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —la Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas— para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del 1%.
“Cabe destacar que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, subrayan los investigadores, y advierten cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo 2% de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.
¿Cómo es la operatoria? Las firmas uruguayas adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en la Argentina, donde la empresa productora vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a precios menores a los de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones a la exportación se sigue cobrando en el país, lo que se busca evadir es, principalmente, el pago del impuesto a las ganancias.
Las empresas estudiadas —analizando las ganancias declaradas en la Argentina, donde tienen producción; y las declaradas en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las multinacionales Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia del resto que mantienen su nombre original o parte de él en la “empresa cáscara”. La mayoría integran el Centro de Exportadores de Cereales, organización que impulsa una Ley Agroindustrial con el objetivo incesante de pagar menos impuestos. El oficialismo la respaldó y la oposición también, pero aún no pasó el debate de comisiones.
Uno, dos, tres, diez Vicentines
“Hicimos este estudio porque habíamos hecho un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero además las empresas argentinas estaban en manos de un holding formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”, reseña Gaggero en diálogo con Tierra Viva, sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería fiscal de las cerealeras.
El caso de Vicentin volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró abierto el periodo de concurrencia, tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión, dándole más tiempo para negociar su deuda. La empresa declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
El proceso involucra un vaciamiento de la empresa hacia Vicentin Family Group, al otro lado del Río de La Plata. En paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares— hasta productores chacareros, 12 integrantes del directorio de la empresa local fueron imputados por asociación ilícita y estafas.
El informe de Gaggero y Zanotti da cuenta de que el caso de Vicentin no es una excepción sino una regla y ocurre desde principios de siglo. De acuerdo a las informaciones obtenidas del Boletín Oficial de Uruguay, las “empresas cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó de realizar de forma local, de la producción al consumo, y tuvo lugar un proceso de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por “agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas en otras industrias.
En el caso particular de la Argentina, Gaggero y Zanotti marcan que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por grandes multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país pero crecieron de la mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura cívico-militar, como una modificación de la Ley de Granos y la autorización para la construcción de puertos privados, lo que le dio a las firmas de molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la región producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990, en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la ley de actividades portuarias afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.
Uruguay, paraíso para la evasión
¿Por qué el suelo charrúa es tan tentador para estas prácticas ilegales de las empresas del agronegocio? Según detalla el informe, Uruguay tiene un trato especial para los holdings —sociedades que administran la propiedad de otras compañías— extranjeros que se radican en el país: no cobra el impuesto a la renta de las actividades económicas (gravado en 25% para quienes producen en Uruguay). Tampoco el impuesto al patrimonio (1,5%), o a las ganancias provenientes, por ejemplo, de los dividendos percibidos por las firmas extranjeras o de la liquidación de una de sus firmas en el exterior.
Además cuenta con un régimen especial para las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y servicios (trading), tanto para productos como para servicios que se generen en otro país y no toquen suelo uruguayo. A estas, la resolución de la Dirección General Impositiva 51/97 les permite pagar aproximadamente el 0,75% de sus ganancias.
Junto al andamiaje legal, el informe —publicado en agosto por la Fundación Friedrich Ebert— precisa información de las empresas que permiten evidenciar que el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula). Como muestra, los investigadores aportan dos datos:
En el caso de las empresas cáscara estudiadas, el gasto en empleados constituye el 0,14% de lo facturado;
El 1,1% corresponde a activos fijos (maquinaria, plantas o inmuebles).
Es por eso, como también marca el informe, que Uruguay está incluido en el listado de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. Esos beneficios para empresas extranjeras Uruguay los aporta a cambio de un escaso pago de impuestos, cuando lo facturado por las “empresas cáscara” del agronegocio, solo en 2021, fueron 42.000 millones de dólares. La cifra representa el 43% del valor bruto de producción de Uruguay y el 72% de su PBI.
¿Cuánto representaría para la Argentina? Si bien el total de la facturado también incluye movimiento de otros países —en particular Brasil— por las triangulaciones hechas por multinacionales como Cargill y Bunge, la economía argentina atraviesa en este 2023 el impacto de la sequía: según la Bolsa de Cereales de Rosario, la pérdida por ese fenómeno fue en 2023 de 14.140 millones de dólares, que ascienden a 19.000 millones si se toma el impacto en toda la cadena.
Estas maniobras de “abuso fiscal”, como lo denominan Gaggero y Zanotti, se extiende más allá del agronegocio, pero para dimensionarlo el informe aporta una estimación de la organización Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network (Alianza Global por la Justicia Fiscal y Red por la Justicia Fiscal), según la cual en 2021 el Estado argentino dejó de recaudar entre 1.200 y 2.400 millones. En marzo pasado, la AFIP informó que tenía en investigación una supuesta maniobra de evasión por 44.206 millones de pesos que involucraba a 20 cerealeras.
“La creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los Estados —especialmente a los más pobres— de recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”, sentencia el informe. “Es una pérdida de recursos muy relevante en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”, resalta Gaggero, y suma un ejemplo de 2021: una firma uruguaya, perteneciente a una empresa argentina del agronegocio, facturó ganancias por dos millones dólares en la Argentina, donde tiene su producción, y 93 millones en Uruguay.
El informe arroja otras conclusiones reveladoras a partir del estudio de los datos contables de las empresas en ambos márgenes del Río de la Plata:
Las empresas del agronegocio en Uruguay tuvieron ganancias por 475 millones de dólares en 2021 y por 3.954 millones en los últimos cinco años. Su procedencia está relacionada tanto a la actividad de intermediación a través de los desvíos de precios de transferencia —el cobro por productos y servicios entras las firmas de la misma empresa— como de operatorias con los contratos en el mercado financiero de commodities.
Las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan más del 40% de la facturación total del grupo.
“En particular, las firmas de ACA, Cargill, AGD y Pérez Companc acumularon gran cantidad de activos líquidos. Especialmente las firmas uruguayas de capitales argentinos (ACA, AGD, Pérez Companc, Vicentin) concentran gran parte del total del efectivo del grupo en las filiales radicadas en Uruguay. Es decir, los dólares constantes y sonantes de los grupos argentinos son mantenidos en Uruguay a través de las firmas estudiadas”.
“El patrimonio del grupo argentino Pérez Companc (a través de Molinos Agro) se encuentra especialmente explicado por su filial en Uruguay. Es decir, dicha rama de negocio del grupo posee su patrimonio casi enteramente resguardado en Uruguay. Por otro lado, las firmas de Bunge, Dreyfus, ACA, Adecoagro, AGD, Vicentin, representan entre 4 y 9% del patrimonio total del grupo o conglomerado”.
Foto: Télam.—¿Funciona distinto la ingeniería de abuso fiscal de una multinacional como Bunge o Syngenta, que tienen filiales en todo el mundo, que la de empresas nacionales como ACA, Molinos, Pérez Companc o Vicentin?Alejandro Gaggero: En general, el mecanismo es el mismo. Hay una empresa radicada en la Argentina que produce y una empresa en Uruguay que funciona como comercializadora y se asocia con empresas de otras partes del mundo, ya sean países con los que comercian o guaridas fiscales, donde también hay transacciones. En la actualidad, la estructura de una empresa como Molinos (Pérez Companc) no es tan diferente a la de una empresa multinacional. Todas tienen una estructura offshore, con empresas en países de baja tributación o guaridas fiscales.
—En el informe marcan cómo América Latina, ubicada en el lugar global de proveedora de productos primarios, tiene enormes dificultades para enfrentar eficazmente el control de estas estructuras corporativas. ¿Cuál es la imposibilidad del Estado argentino para perseguirlas?
—La manipulación de los precios de transferencia no es legal, es un delito perseguido por el Estado. La AFIP es la encargada de generar los mecanismos para evitarlo. En la práctica, es una tarea muy difícil porque estas diferencias de precio se pueden camuflar de diferentes formas, con los distintos factores que inciden en el precio: la fecha de venta, la fecha de embarque, las variables de transporte o condiciones de venta. De los procesos iniciados por la AFIP son muy pocos los que terminan con un fallo que condene a las multinacionales. El Poder Judicial, en lo fiscal, tiene problemas para enfrentarse a una maquinaria administrativa judicial de firmas que defienden a estas empresas, que no son un adversario fácil. No ha sido eficaz el Estado para controlar esto, incluso en la venta de granos, cuya trazabilidad es fácil de seguir, pero las empresas multinacionales también tienen muchos servicios para facturar y realizar una planificación que los esconda: uso de marca, patentes por innovaciones tecnológicas, que suelen tenerlas en guaridas fiscales. ¿Cuánto le tiene que pagar la empresa a su filial en un paraíso fiscal por el uso de marca o por una consultoría interna? En las transferencias intra-firma no hay regla de mercado para los precios.
—¿Qué alternativas pueden buscarse para frenar estas estrategias de abuso fiscal?
—En el mundo se están discutiendo alternativas de cómo gravar a las multinacionales. Una es la de poner un impuesto mínimo, que sería equivalente, por ejemplo, al 15% de las ganancias. La discusión se está dando al nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o sea, son los mismos países ricos los que están poniendo en discusión el rol que tienen las guaridas fiscales y estos sistemas tributarios especiales, porque erosionan la base imponible sobre la que cobran impuestos los Estados. En los últimos años se ha avanzado en ese aspecto, aunque todavía no se llegó a una implementación.
—¿Qué podría mejorar la Argentina a partir de trabajos como el que realizaron ustedes para poner freno a estas estrategias ilegales?
—Una de las soluciones posibles, a nuestro entender, es que la Argentina y Brasil negocien con Uruguay sobre sus regímenes especiales, porque son muy perjudiciales para las arcas públicas, mientras que el efecto para la economía uruguaya es muy marginal y concentrado en los sectores financieros e inmobiliario. Por otro lado, sería necesario pensar en cambios de regulación que graven de una forma diferencial las relaciones de intercambio entre empresas productivas argentinas y sus “empresas cáscara”. Se puede hacer, por ejemplo, poniendo impuestos a las transacciones de servicios con filiales en Uruguay. El Estado viene poniendo la lupa un poco más sobre estos mecanismos, pero debe avanzar en formas inteligentes de enfrentar estos perjuicios no desde el discurso sino con medidas concretas. Los mecanismos de abuso fiscal siguen siendo un problema grave.
—El debate sobre lo fiscal y el pago de impuestos es una constante en las propuestas de campaña presidencial, en particular del candidato de ultraderecha Javier Milei, que apunta contra todo impuesto. ¿Qué análisis hacen a partir del trabajo que realizaron?
—El informe busca incidir en ese debate mostrando que hay una gran inequidad en el sistema fiscal actual, porque los sectores de más altos ingresos no pagan lo que deberían. Ya no se trata de una reforma fiscal que eleve las tasas imponibles, sino que existen mecanismos por los que los más ricos pueden pagar menos impuestos a las ganancias, o por los que una gran empresa agroindustrial –en términos relativos por su facturación– paga menos impuestos que una ferretería o una pyme metalúrgica que está en blanco. Es un gran problema para el Estado porque implica desfinanciarse. Si el objetivo es no tener déficit fiscal hay que ver de qué forma se busca saldarlo: si a través de impuestos progresivos o de impuestos regresivos, como el IVA, que perjudica a los más pobres.
—¿Y qué ocurre con planteos como los de Milei de eliminar los impuestos?
—El planteo de Milei es muy extremo y va contra los consensos que se construyeron en los países centrales, países que él reivindica, para gravar a las grandes empresas que utilizan guaridas fiscales o regímenes especiales. Pero Milei y el movimiento libertario reivindican las guaridas fiscales y valoran a los países que tienen esos regímenes. Sin embargo, es un planteo tramposo porque esos beneficios se aplican solo para extranjeros, no para residentes de esos países, que pagan impuestos en un nivel estándar. Es una admisión tácita de que estos esquemas son perjudiciales. Los libertarios hablan del concepto de “competencia fiscal”, que implica que cada quien elige dónde pagar sus impuestos, suponiendo que forzaría a todos los países a bajarlos. Eso no es lo que están diseñando los países ricos en espacios como la OCDE. Las propuestas libertarias están a contramano de lo que se está haciendo en el mundo.
—Si Milei ganara las elecciones, ¿se puede deducir que dejaría de perseguir estas estrategias fiscales ilegales de las empresas cerealeras?
—Las dejaría de perseguir porque considera que el impuesto a las ganancias es un robo e, incluso, premiaría a quienes lograron hacer estrategias de evasión de este tipo. La última propuesta de La Libertad Avanza, frente a los debates de blanqueos fiscales, fue pedir perdón por haber perseguido a las personas que evadieron impuestos. El razonamiento es pedirles perdón por obligarlos a evadir. El esquema que plantean va contra las bases del Estado.
Una nueva investigación confirma que unas huellas humanas fósiles halladas en Nuevo México son probablemente la prueba directa más antigua de la presencia humana en América, un hallazgo que pone en entredicho lo que muchos arqueólogos creían saber sobre el momento en que nuestros antepasados llegaron al Nuevo Mundo.
Las huellas fueron descubiertas al borde del lecho de un antiguo lago en el Parque Nacional de White Sands y datan de hace entre 21.000 y 23.000 años, según una investigación publicada el jueves en la revista Science.
La edad estimada de las huellas se publicó por primera vez en Science en 2021, pero algunos investigadores plantearon dudas sobre las fechas. Las preguntas se centraron en si las semillas de plantas acuáticas utilizadas para la datación original podrían haber absorbido carbono antiguo del lago, lo que, en teoría, podría desviar la datación por radiocarbono en miles de años.
El nuevo estudio presenta dos líneas adicionales de pruebas a favor de la datación más antigua. Utiliza dos materiales completamente distintos hallados en el yacimiento, polen de coníferas antiguas y granos de cuarzo.
La antigüedad de las huellas pone en tela de juicio la creencia de que los humanos no llegaron a América hasta unos miles de años antes de que el aumento del nivel del mar cubriera el puente terrestre de Bering entre Rusia y Alaska, quizá hace unos 15.000 años.
«Se trata de un tema que siempre ha sido controvertido porque es muy significativo: se trata de cómo entendemos el último capítulo del poblamiento del mundo», declaró Thomas Urban, científico arqueólogo de la Universidad de Cornell, que participó en el estudio de 2021 pero no en el nuevo.Thomas Stafford, geólogo arqueólogo independiente de Albuquerque, Nuevo México, que no participó en el estudio, dijo que «antes era un poco escéptico», pero ahora está convencido.»Si tres métodos totalmente distintos convergen en torno a un mismo rango de edad, eso es realmente significativo», afirmó.
El nuevo estudio aisló unos 75.000 granos de polen puro de la misma capa sedimentaria que contenía las huellas.»La datación del polen es ardua y complicada», afirma Kathleen Springer, geóloga investigadora del Servicio Geológico de Estados Unidos y coautora del nuevo estudio.Los científicos creen que la datación por radiocarbono de las plantas terrestres es más precisa que la de las acuáticas, pero se necesita una muestra lo suficientemente grande para analizarla, añadió.Los investigadores también estudiaron los daños acumulados en las redes cristalinas de los antiguos granos de cuarzo para obtener una estimación de la edad.
Las huellas antiguas de cualquier tipo -dejadas por humanos o megafauna como grandes felinos y lobos huargos- pueden proporcionar a los arqueólogos una instantánea de un momento en el tiempo, registrando cómo caminaban o cojeaban las personas o los animales y si se cruzaban en el camino. En White Sands también se han encontrado huellas de animales.
Aunque otros yacimientos arqueológicos de América apuntan a fechados similares -incluidos colgantes tallados en restos de perezosos terrestres gigantes en Brasil-, los científicos siguen cuestionándose si tales materiales indican realmente la presencia humana.
«White Sands es único porque no hay duda de que estas huellas fueron dejadas por personas, no es ambiguo», dijo Jennifer Raff, genetista antropológica de la Universidad de Kansas, que no participó en el estudio.
Finalmente hay avances decisivos en la contrucción de las dos represas del rio Santa Cruz. Seguramente el projecto hidroelectrico más importante que ha encarado Argentina en este siglo.
La represa Jorge Cepernic es la más chica del dúo hidroeléctrico Cepernic-Kirchner sobre el río Santa Cruz, y está situada corriente abajo de esta última. La noticia es que está por recibir la segunda de sus tres turbinas chinas la proxima semana. Desembarcaría el domingo 15 en Punta Quilla, proveniente de Shanghai. Con ello, el avance de esta obra llegará al 50%.
Es un turbinón importante: 5 días al menos para descargarlo y llevarlo 200 km. al lugar de emplazamiento. Pero blanco sobre negro, el represamiento, al menos parcial, del Santa Cruz empieza a ser un hecho, llueve, truene o brille el sol.
Entre tanto, la represa Néstor Kirchner, la mayor de ambas en capacidad instalada y situada corriente arriba de la Cepernic, está a espera de definiciones geológicas. Se está re-estudiando la resistencia de sus anclajes de pared en las barrancas del inmenso valle fluvial del Santa Cruz, cavado por un glaciar durante la última deglaciación, cuando ese río debe haber tenido el módulo del Paraná y el Uruguay sumados. Si esas viejas bardas son proclives a deslaves, habrá que fijarlas con mucha ingeniería.
Luego de construida la represa mayor, presumiblamente en 2028, ese valle se transformará en un embalse. Aguas abajo quedará el segundo embalse, el de la represa Cepernic, la primera en terminarse. Ambos embalses funcionarán en tándem de un modo bastante ingenioso que se explica luego.
El cronograma de obra para la Cepernic ahora queda así: instaladas sus tres turbinas tipo Kaplan, de 120 MWe la pieza, podría estar operativa en 2025. Tendrá una pared interesante, casi 2,5 km. de punta a punta y 41 metros de altura hasta el coronamiento. La potencia total instalada aquí será de 360 MWe, el equivalente de la pequeña central nuclear de Atucha 1 de NA-SA en la provincia de Buenos Aires. Y esa pared estará 170 km. aguas arriba de la ciudad de Comandante Piedrabuena.
Si hubiera población a pie de represa, esto daría para iluminar a 1 millón de habitantes. Y si el próximo gobierno no interfiere la obra (spoiler alert, ya sucedió entre 2015 y 2019), la Cepernic debería estar entrando en línea en 2025.
La obra más grande del río, la Néstor Kirchner, tendrá más turbinas, esta vez de tipo Francis, más eficientes con saltos importantes de nivel. Las de la serán 5 y de mayor módulo, de 190 MWe cada una, con una capacidad sumada de 950 MWe.
La financiación de todas estas obras está asegurada desde 2014, y si todavía no están inauguradas y dando potencia, geología de orillas aparte, es por denominación de origen del crédito original, de U$ 4714 millones: viene del China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC). En tiempos de Silvina Batakis como ministra de Hacienda, se amplió en U$ 300 millones más.
Este trío bancario no tiene obviamente problemas de chequera. Pero el State Department ve esta obra como un aumento de la influencia china sobre esta parte del planeta, y tiene razón, y no es problema nuestro.
Es una obra necesaria: falta potencia de base en la segunda provincia mayor de toda la Argentina, igual al Reino Unido por superficie (243.000 km2), pero tan primaria y falta de desarrollo industrial que su población entera (333.500 habitantes) cabe en el estadio de River Plate, si se amontonan como en el subte B y ocupan también el pasto. En el Reino Unido, en cambio, hay 67,5 millones de habitantes. Mirando el caso de las islas demasiado famosas, no les demos motivos para seguirse mudando aquí.
¿EEUU tal vez ofreció algún crédito igualmente blando y pagadero en electricidad, como China, para hacer ambas represas? No. Prefirió actuar como el perro del hortelano, al decir castizo: ni come él ni deja comer al amo. Nada hacer creer que cambiará de costumbres. «Old dogs don’t learn new tricks», como dicen en Avellaneda.
Pero éste el el último gran río argentino sin represar, y por muchas causas, es nuestro río más perfecto para represar, libre de todo problema que no sea diplomático. No hay población a desalojar en sus orillas: están enérgicamente deshabitadas en sus 385 km. de recorrido desde el desagüe del inmenso y profundo lago Argentino hasta el Atlántico.
¿Excepciones? Los campos de regadío de Pérez Companc y la ciudad de Comandante Piedrabuena en la barranca de la orilla izquierda, amén de Puerto Santa Cruz (5000 habitantes) en la derecha. A añadir, 500 habitantes más en el puerto de aguas profundas de Punta Quilla, donde empieza el mar. Y se acabó.
Todos esos compatriotas quedan aguas abajo de los lagos. No se inundarán. No hay que desalojar a nadie, más bien lo contrario: hay que poblar, o esa provincia la terminaremos perdiendo. Entre 1877 y 1878 Chile envió barcos de guerra aquí para campear en la zona. Cambió de idea cuando Buenos Aires mandó la flota de mar del Comodoro Py. Dado que no hubo tiros y para no desaprovechar el viaje, don Py fundó Puerto Santa Cruz.
Al año siguiente llegó Piedrabuena y fundó… bueno, Piedrabuena, 17 kilómetros aguas arriba. En 1881 y casi en vísperas de una guerra con Chile, se firmó un tratado de paz a ultimísimo momento, y se demarcaron límites. Pero no pasa año sin reclamos chilenos: Laguna del Desierto, los islotes atlánticos sobre el Beagle, los Hielos Continentales, desde hace dos años un considerable pedazo de Mar Argentino sobre el Estrecho de Drake, y la lista sigue y seguirá.
Por la letra del tratado de 1881, Argentina consideró siempre suyos territorios que luego jamás pobló. Por ocupación unilateral de los mismos por Chile, hubo varias situaciones de pre-guerra durante el siglo XX.
La última grave fue el 22 de diciembre de 1978. Los Airmacchi de la Armada Argentina, con las coheteras Zuni bajo las alas, estaban por salir a misilear la base naval de Punta Arenas, calentando turbinas en cabecera de pista de Ushuaia, cuando llegó contraorden. Que cortaran motor y se bajaran muchachos, Picton, Lennox y Nueva, los islotes sobre el Beagle, iban a fallo papal.
En esta parte de Santa Cruz sobran, desaprovechadas de modo suicida por la Argentina, tres cosas que faltan en casi todo el mundo: espacio, agua dulce y fuentes de potencia.
¿Qué más hace este río un activo a represar? Después del Paraná, el Uruguay y el Negro, es el cuarto río más caudaloso del país. Ambas orillas son argentinas, no hay ningún país vecino con el que negociar la obra, y la electricidad y obras de regadío son todas para nosotros, gran diferencia con Yacyretá y Salto Grande. No atraviesa varias provincias, lo que evita litigios como el que tiene históricamente la Pampa contra Mendoza por haberse quedado ésta con casi todo el caudal del Atuel. No hay sedimento que vaya a entarquinar los embalses o bloquear sus turbinas, porque el lago Argentino es frío, glaciario, profundísimo, casi abiótico, e intercepta limos y arcillas.
El agua fluye por él como por un caño, muy fría, pura y transparente a grado potable, con un majestuoso caudal promedio de 790 metros cúbicos por segundo anuales. La salida al mar, justamente por falta de sedimentos, es un estuario profundo y no un pequeño humedal a proteger como el de los otros (y pocos) ríos patagónicos argentinos.
Regulado su caudal no por uno sino por dos grandes lagos glaciarios (el Viedma, cauce arriba, desagua en el Argentino a través del río La Leona), controlados estos lagos a su vez por el derretimiento lento de los Hielos Continentales Patagónicos, el río Santa Cruz no depende linealmente de las lluvias en su alta cuenca. Y por ende tampoco de los cada vez más frecuentes y agudos ciclos Niño-Niña.
En esta última «superniña» que duró tres años, en 2021 y 2022 el fondo del Paraná se volvió un medanal caminable, como no sucedió jamás en tiempos históricos, y la represa de Yacyretá perdió hasta 2/3 de su producción eléctrica. En la Patagonia Norte, más dependientes de lluvias, los embalses de la cadena de 7 represas sobre las nacientes del Limay-Río Negro estuvieron en mínimos de nivel, y turbinando agua con cuentagotas.
Pero en su remoto ostracismo austral, el río Santa Cruz ni se enteró de la sequía. Siguió como siempre, rápido, transparente y con su profundidad de entre 6 y 15 metros. Es ver esa correntada y entender por qué el Perito Moreno tuvo que arrastrar sus botes desde la orilla y a la sirga para llegar a las nacientes y descubrir el lago Argentino. A remo eso no lo subís, salvo en kayak, y con unos brazos de patovica.
Las dos represas, coinciden los hidrólogos, no afectarán el régimen anual de crecida y estiaje del Santa Cruz, que de suyo es moderado en altibajos. Es el río perfecto, tan predecible como una central nuclear o térmica: puede funcionar a potencia nominal casi todo el año, y por ahora (tocamos madera) parece a salvo del cambio climático.
Contra la opinión de algunos amigos ecologistas, el embalsamiento del Santa Cruz no va a afectar al macá tobiano, bicho lindo y en declinación, si los hay. Pero el tobiano no es pájaro de este río sino de las lagunas de la Estepa Central Santacruceña, bastante lejos y al Norte. Agarren el mapa, chicos: no muerde.
Y si quieren conservar la fauna endémica del río llegaron un siglo tarde. La actual es importada: la invasión de salmónidos «sembrados» en los lagos y ríos patagónicos es una obra de nuestros tatarabuelos, y estos voraces bichos del Pacífico Norte se comieron casi todo puyén, pejerrey, perca, madrecita y todo otro pececito criollo que hubo antes de aquel lejano entonces. Ese cambio es irreversible. Las represas no afectarán a los salmónidos, que son exóticos, ahora acriollados, poco migratorios y bastante indestructibles.
La única especie nativa en peligro debido a las represas es la lamprea, un pez parásito que se prende como una ventosa a los salmónidos (hoy, plato único) y se los va devorando vivos durante años. Cambio lamprea por megavatios, regadío y trabajo industrial cuando quieran. Llame ya.
Este es un río bastante abiótico, como descubrió con asombro extenuado su primer visitante europeo, Charles Darwin. Este jovencito inglés -bueno, los marineros a sus órdenes- lucharon bravamente por remar a contracorriente, buscando un paso al Pacífico. Hasta que el Santa Cruz, no muy lejos del lago (no llegaron a verlo), les dio vuelta el bote en sus muchos remolinos.
El naturalista británico se volvió, estoico y como pudo, hasta la desembocadura, donde lo esperaba el bergantín HMS Beagle. Pero el 22 de abril de 1834, seguramente con la ropa mojada y mucha mala leche, escrachó al río con esta descripción.
«El país seguía siendo igual, y era sumamente. La similitud completa de la producción en toda la Patagonia es una de sus características más llamativas. Las llanuras uniformes de árida gravilla sostienen las mismas plantas enanas y cohibidas, y en los valles crecen los mismos arbustos espinosos. En todas partes vemos las mismas aves e insectos. Incluso las mismas orillas del río y de los arroyos que entran en él, apenas se animan con un tono más brillante de color verde. La maldición de la esterilidad cubre la tierra, y el agua que fluye sobre un lecho de guijarros participa de la misma maldición. Por lo tanto el número de aves acuáticas es muy escaso, porque no hay nada para mantener la vida en la corriente de este río estéril».
Nada cambió en el Santa Cruz desde que Darwin lo bendijo así, salvo la llegada de los salmónidos y la fundación de las ciudades de Comandante Piedrabuena en la orilla izquierda de su curso inferior, y la de Puerto Santa Cruz en su estuario.
Hoy también está Punta Quilla, 17 km. al Sur de Puerto Santa Cruz, donde termina el estuario. «Quilla» es el mejor puerto continental de la Patagonia Argentina, abrigado de ese viento que te saca el gel del pelo y también el pelo. Es apto para buques Panamax y tiene unos insólitos 26 metros de fondo. Fuera de los obvios poteros dizque españoles no es muy activo, dado que en el interior de Santa Cruz no hay población capaz de generar movimiento comercial.
El proyecto de las dos represas nació en 1970, con el gobierno militar de Marcelo Levingston y Aldo Ferrer como ministro de Economía.
Luego no pasó más nada hasta que el país sangró, se privatizó, endeudó, estalló, ardió, llegó un santacruceño adoptivo a presidente y se desempolvaron viejos planos, se hizo la licitación, pintaron los bancos chinos ofreciendo financiación y empezaron los estudios de suelos y primeros movimientos de tierra. En 2015, ahí ya había una obra.
Entre 2016 y 2019 el ministro de Energía, Juan Carlos Aranguren, auditó -es decir paralizó- las dos represas, y se tomó todo el tiempo del mundo para decidir que había que bajarle la potencia instalada total inicial, que era de 1830 MWe a los 1310 MWe. Según Aranguren, para no interferir el desagüe hacia el río del lago Argentino (hidrológicamente, eso no tiene sentido alguno), y para preservación de la fauna nativa (¿cuál?) en su desembocadura. Cuando un cacique petrolero de la Shell se pone ecologista, hasta el santo desconfía.
Hubo más. A las represas el presidente Mauricio Macri las regresó a sus nombres topográficos y originales: Cóndor Cliff y Barrancosa. Fuera de ello, el expresidente se fue con los deberes hechos: las dos obras paradas, aunque sumando nombres. Luego al macrismo lo suplantó la pandemia con todo éxito. Con Fernández las cosas se pusieron nuevamente en marcha, con su peculiar estilo inmóvil. La renegociación con los bancos chinos data recién de agosto de 2022.
La única buena noticia es que incluso con la baja de potencia instalada desde 1800 a 1310 MWedel complejo, se cree que la cosecha eléctrica anual seguirá inalterable. Cuando estén ambas represas, Cepernic usará su embalse, mucho menor, para generar «punta», es decir el consumo eléctrico que en Argentina hace pico desde las 17:00 a las 23:00 horas, la electricidad que se vende más cara.
El resto del día, dejará que el embalse Kirchner, un monstruito de 250 km2 represado por una pared de 2 km. de largo y 73 metros de altura en el coronamiento, vaya rellenando el nivel perdido. En la casa de máquinas de esa pared habrá 5 turbinas Francis, más eficientes en grandes desniveles, con 950 MWe instalados.
El embalse Kirchner generará «base», es decir la provisión 24x7x365 que pide un país con consumo eléctrico ciudadano e industrial. La potencia de base se vende más barata, es la que más falta en el país.
Se se creía bien anclada por Yacyretá, Salto Grande, las 7 represas del Comahue, las del Atuel y un centenar y medio más de obras menores que dan un 33% del consumo eléctrico nacional. Y supusimos que lo harían siempre, hasta que entendimos que todas ellas fueron construídas en base a las estadísticas climáticas de los primeras 7 décadas del siglo XX, pero ahora las lluvias se volvieron una montaña rusa, y hay más sequías y son más frecuentes, más duraderas y peores.
Funcionando en tándem, la Kirchner dando base y la Cepernic dando punta, la cosecha energética anual estará en 5000 gigavatios/año, equivalentes a los de la Central Nuclear de Embalse, de 656 MWe, e igualmente firmes. Y Embalse ilumina a 3 de cada 4 cordobeses, en una provincia muy industrial.
Represas Patagonia es la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las empresas China Gezhouba Group Corporation, Eling Energía S.A. e Hidrocuyo, que tiene a su cargo la construcción de las dos represas hidroeléctricas, una cerca de El Calafate y la segunda a la altura de Comandante Luis Piedra Buena.
El avance de las obras permite en la actualidad la realización de tareas de hormigonado en zona de vertedero y casa de máquinas, a su vez también tareas de construcción de terraplén de cierre de presa en margen izquierda y margen derecha, en el caso de la represa Jorge Cepernic.
Sumando gente en la obra y subcontratistas, inspección y supervisión, hay unos 3000 trabajadores relacionados de forma directa al proyecto. Y estos generan otros 5.000 puestos indirectos de servicios y materiales de obra.
Habrá un hito fundamental durante 2024 con el desvío de río, lo que permitirá iniciar el llenado del lago de la represa Cepernic, en tanto para lo que resta de este 2023 se continuará con los trabajos de movimientos de suelo y de hormigonado masivo según las etapas simultáneas.
En cuanto al financiamiento de la obra, en junio, en el marco de la visita a China del ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, se acordó la continuidad de lo desembolsos por una inversión total de US$ 5.000 millones.
Para entonces se trabajó en la nueva adenda de los acuerdos bilaterales para que se pudiera concretar un desembolso de US$ 524 millones antes del 15 de junio y otro importe similar para lo que resta del año. En diciembre, el mismo consorcio transfirió a la Argentina US$ 288 millones para restituir fondos del Tesoro por los avances de obras durante 2021 y 2022.
Y en enero de este año concretó otro desembolso por US$ 212, que se vienen utilizando para los pagos actuales del componente nacional de la obra
La empresa china Gezhouba Group está al frente del consorcio que también integra la nacional Eling -ex Electroingeniería- con el financiamiento del conjunto de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.
El crédito se repaga con la generación de energía que producirán las centrales, es decir que el Contrato de Venta de Energía es el que reúne los fondos para afrontar el Crédito.
Es una generación anual importante en una provincia despoblada. ¿Venderle la electricidad a quién? El enlace con el Sistema Argentino de Interconexión es la línea de alta tensión (500 kilovoltios) que se tiró hacia la Patagonia Sur en tiempo de De Vido, y llegar hasta Patagonia Norte, que está unida más sólidamente con la Región Centro, la de mayor consumo eléctrico.
Como parece inevitable en la geografía hidroeléctrica argentina, los sitios de producción y los de consumo nunca distan menos de 1000 km., parte de la potencia generada se pierde como calor debido a la resistencia de los cables de aluminio, y estos son vulnerables a tornados e incendios, especialmente en verano.
Queda en los gobiernos nacional y santacruceño crear proyectos industriales electrointensivos (acero, aluminio, vidrio, cobre, cemento) que radique población permanente y genere educación y empleo registrado y de calidad. Si son industrias de exportación, tendrán el probablemente mejor puerto del país para sacar su producción al mundo por AMBOS océanos. Espero verlo.
Una vez concluido el periodo de amortización estimado en un plazo de diez años, quedarán para el Estado Nacional dos instalaciones que ahorrarán millones de dólares/año por sustitución de máquinas térmicas, y ni te cuento de importaciones de gas y de combustibles líquidos. También espero verlo.
La pelota la tiene el próximo gobierno.
Más de 8.000 toneladas de alimentos de origen vegetal y residuos orgánicos, provenientes del Mercado Central de Buenos Aires, fueron recuperados entre agosto de 2020 y septiembre de 2023 gracias al Programa de Reducción de Pérdidas y Desperdicios y Valorización de Residuos (PRP) impulsado por esa institución en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Se trata, en detalle, de 3.617 toneladas de alimentos aptos para consumo humano y con valor nutritivo, que fueron donados a comedores populares y organizaciones sociales, y 4.440 toneladas de residuos de frutas y hortalizas, que fueron destinados a alimentación animal o a compostaje, que también es donado para ser reincorporado al sistema productivo, en cultivos agroecológicos. De otro modo, ese material hubiera terminado convertido en relleno sanitario.
“En un primer momento, el programa se implementó en una nave, luego en dos y, actualmente, se está trabajando en 8 de las 18 naves que forman parte del área transaccional”, recuerda Fabián Rainoldi, jefe de Departamento del PRP en el Mercado Central, y explica que el programa tiene tres objetivos. Uno de ellos es la recuperación alimentos aptos para consumo humano; otro, la valorización de los residuos orgánicos para la generación del compost o alimentación de animales. El tercero es la asistencia técnica a operadores y a productores, con el fin de reducir pérdidas en la cadena de producción, comercialización y consumo. Además, este programa atiende tres dimensiones: una social, otra ambiental y una tercera, normativa.
A través de este programa, se lograron recuperar alrededor de 6.000 kilos diarios de alimentos frescos para consumo humano, con los cuales se pudo alimentar a entre 38.000 y 40.000 personas por semana. Asimismo, se lograron reducir las pérdidas de alimentos y desperdicios en las naves participantes en casi un 50%. La iniciativa generó empleo para una veintena de trabajadoras y trabajadores que estaban en situación de calle o de volquete, es decir, que ya buscaban frutas y hortalizas entre los desperdicios, no solo para consumo propio sino también para comercilizarlas, y también a personas en recuperación de adicciones, de un hogar que funciona dentro del predio del Mercado Central.
A través de este programa, se lograron recuperar alrededor de 6.000 kilos diarios de alimentos frescos para consumo humano, con los cuales se pudo alimentar a entre 38.000 y 40.000 personas por semana.
“Cuando comenzó esta gestión había 70 comedores. En la época de pandemia, alimentamos a casi 900, y hoy estamos en un promedio de 550”, detalla Rainoldi, y aclara que la selección de las organizaciones destinatarias de los productos recuperados está a cargo de la Unidad de Acción Comunitaria, del Área de Alimentación Sana, Segura y Soberana del Mercado, adonde las organización interesadas pueden registrarse desde la web para poder ser tenidas en cuenta.
“Se establece un día para que pasen a buscar la mercadería”, explica el especialista, y adelanta que el objetivo a futuro de este programa es ampliar la cantidad de naves del área transaccional que forman parte del mismo y seguir aumentando el porcentaje de reducción de pérdidas. “Para las 8 naves en las que estamos trabajando, el porcentaje de recuperación y reducción de pérdidas es de un 47%. Queremos aumentar ese porcentaje y que vaya la menor cantidad de desperdicios posibles al CEAMSE o a un relleno sanitario”, dice Rainoldi.
Se estima que en la Argentina se desperdicia un 30% de frutas y un 40% de hortalizas por año. A nivel mundial, esta cifra alcanza al 13% de los alimentos producidos, que se pierden entre la cosecha y la venta minorista, mientras que el 17% de la producción total de alimentos se desperdicia en los hogares, la restauración y el comercio minorista. Estas pérdidas también implican el desperdicio de todos los recursos naturales que se utilizaron para su producción, como agua, tierra y energía. Además, generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que impactan en el cambio climático e intensifican la degradación ambiental.
Los productos elegidos son derivados a un galpón adonde hay una cámara frigorífica, y al día siguiente son entregados a las organizaciones beneficiarias.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos es una alternativa sustentable para disminuir los costos de producción y aumentar la eficiencia del sistema alimentario, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, lo que además ayudará a cumplir varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Para la FAO, este es un programa inédito, muy sólido y consistente, porque hablamos de inclusión laboral de trabajadores que estaban en vulnerabilidad social y que ahora tienen la posibilidad de tener un trabajo formal”, dice Rainoldi. También es un proyecto que apunta a la igualdad de género, ya que hay mujeres que trabajan en este programa y que cumplen roles de coordinación. Otro punto a tener en cuenta es la cuestión normativa vinculada a este proyecto, que se encuadra dentro del Código Alimentario Argentino, la Ley Donal, las resoluciones de SENASA y el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Para ejecutar esta iniciativa, se diseñaron procedimientos internos para la recuperación de alimentos y la producción de compostaje. Además, el equipo de separadoras y separadores es capacitado permanentemente, con cursos que dictan desde el Área de Calidad y Transparencia en manipulación de alimentos del Mercado. Así, el material es separado siguiendo distintos criterios, como características organolépticas referidas al color, la forma, la textura, el sabor, el olor y el tamaño. También se tienen en cuenta posibles problemas que pueda haber durante el almacenamiento, transporte y embalaje de los productos.
“Primero, los operadores del programa reciben las mercaderías que salen del circuito comercial, a través de una donación que les reporta beneficios a quienes adhieren al programa. Luego, la separación pasa por dos etapas, una en el propio volquete, a la salida del galpón, adonde el puestero entrega su mercadería y los operarios hacen un primer repaso del material”, detalla Rainoldi y agrega que luego, lo seleccionado pasa por una segunda selección. Por último, los productos elegidos son derivados a un galpón adonde hay una cámara frigorífica, y al día siguiente son entregados a las organizaciones beneficiarias.
“Es un doble repaso, muy importante para garantizar la calidad de los productos que se distribuyen. Así, es casi imposible que puedan entregar alimentos que no estén en condiciones de ser consumidos”, subraya el investigador del INTA Pedro Rizzo, especializado en el tratamiento de residuos orgánicos y efluentes, y aclara que la participación de esa institución, junto con el acompañamiento del INTI, fue principalmente vinculada al tratamiento de la materia orgánica destinada al compostaje.
Volcado de residuos orgánicos en el patio de compostaje del Mercado Central.
“El primer paso que propusimos con el INTI fue cuantificar el volumen de los residuos; es decir, cuánto se genera por día en un galpón, y empezar concientizar a los puesteros para que ya no mezclen los materiales, puesto que iba a haber otra metodología de disposición”, recuerda Rizzo y agrega que, en paralelo, comenzaron a hacer un muestreo sobre el material orgánico que se desechaba, para analizar la composición de los restos de distinto origen, como zanahorias, lechugas, tomates o lo que fuera, según la época del año.
“Eso nos permite conocer la calidad de la materia prima que se va a compostar, si tiene deficiencias de carbono o de nitrógeno”, ejemplifica Rizzo, y detalla que, en este caso en particular, como estos residuos contienen un alto contenido de humedad, era necesario que la pila de compostaje estuviera bien aireada para mantener la porosidad dentro de la pila. Por eso, los especialistas de INTA aconsejaron añadirle chips de poda, que el Mercado Central consiguió a través de la Municipalidad de Avellaneda, adonde con la poda del arbolado urbano forman fragmentos de madera de 10 a 15 centímetros.
“Ese material es muy buen estructurante y permite generar porosidad en la pila, evitando que se apelmace a medida que se va a degradando, lo que impide que el oxígeno se difunda óptimamente y genere olor a putrefacción”, explica Rizzo, y agrega que, a partir de esos resultados, empezaron a hacer recomendaciones a nivel predial, ya que el mercado cuenta con alrededor de dos hectáreas entoscadas para hacer el compostaje, sin que se contamine la napa de agua. “Empezamos a hacer pruebas ahí, y ahora estamos redactando un informe técnico en el que detallamos que las características de ese compost son de calidad de clase A, en lo que es la normativa de compost a nivel nacional, que es la mejor calidad que se puede obtener”, destaca Rizzo, y agrega que lo más desafiante de este proyecto fue el volumen a administrar.
“Estuvo muy bien acompañado por una decisión política del mercado, lo que permitió que los puesteros, acostumbrados durante muchos años a depositar sus residuos en un mismo volquete, lograran hacer esta diferenciación y se apropiaran de la propuesta”, advierte Rizzo, y considera que este es un caso “muy particular, que es necesario mostrar, porque si esto es posible a la escala del Mercado Central, que es uno de los más grandes de América Latina, replicarlo en mercados más pequeños posiblemente sea más fácil”.
Por su parte, Rainoldi agrega que, a partir de mayo del año pasado, también empezaron a recuperar materia inorgánica, como cajones de madera, pallets, cartones y zunchos de plástico, a los que se les puede dar otro uso. Por ejemplo, con los pallets ya están haciendo composteras, que luego son donadas para que sean utilizadas como composteras barriales, comunitarias o escolares. En el caso de la madera, específicamente, desde mayo del 2022 hasta septiembre de este año lograron recuperar 57.305 kilos.
“Estos años a cargo del programa me permitieron conocer más a fondo este lugar, que no es solamente un ente comercializador”, destaca Rainoldi. Y concluye: “Son 540 hectáreas en la cual conviven realidades muy diversas. Tener una visión integral del Mercado Central con su función social, ambiental y normativa, más allá de la comercialización, para mí es un desafío constante”.
Honda Motor de Argentina e YPF Luz están dando un paso significativo hacia la sostenibilidad y la reducción de las huellas de carbono, al utilizar 100% energía renovable en las operaciones que tiene la compañía de movilidad en la planta de Campana.
“Estamos felices con la implementación de esta nueva etapa de la alianza con YPF, que además se da en el marco de la celebración de nuestros 45 años de presencia en el país. Para nosotros es un orgullo fabricar motos argentinas con energía renovable, de la mano de la principal empresa energética del país con 100 años de historia”, aseguró Takashi Fujisaki, presidente de Honda Motor de Argentina.
La colaboración entre Honda e YPF comenzó a principios de 2022 con el objetivo de desarrollar soluciones de valor para la industria. En una primera etapa YPF Luz construyó el tendido para la provisión de energía renovable para el tramo que va desde el parque solar Zonda en San Juan hasta la planta de Honda en la provincia de Buenos Aires.
Esto permitió que para junio de junio de 2023, la compañía japonesa se transformara en la única fábrica de motos del país en utilizar energía sustentable en todos sus procesos de producción.
“Nos enorgullece acompañar a Honda Motor en su proceso de transición energética, abasteciendo su planta de Campana con energía limpia proveniente de Argentina. Gracias a este logro, Honda opera con energía rentable y eficiente, que reduce el impacto de su huella de carbono. Desde YPF Luz estamos felices de contribuir para que la industria sea cada vez más competitiva energéticamente”, afirmó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.
Este paso hacia la sostenibilidad está en línea con los objetivos de Honda a nivel global de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Además de la provisión de energía sostenible, la compañía de movilidad japonesa está implementando medidas para optimizar el uso del agua, aumentar el reciclaje y mejorar el tratamiento de los residuos generados en la planta.
YPF registró un nuevo récord de perforación en Vaca Muerta al realizar un pozo de casi 6 mil metros de longitud en apenas dos semanas, producto de la carrera por mejorar la eficiencia en las operaciones, una de las grandes claves del negocio del shale..Se trata del pozo ADCH-1188 (h), que alcanzó los 5.935 perforados (3.018 metros de rama horizontal) en sólo 14,4 días: está ubicado en el yacimiento Aguada del Chañar, uno de los principales campos productores de petróleo no convencional de la cuenca, y fue realizado por el equipo Nabors F35..La marca máxima de velocidad de perforación está vinculado a la obsesión por alcanzar “la excelencia operacional” para bajar los costos de desarrollo para ganar competitividad, según definió el CEO de la compañía Pablo Iuliano durante su exposición en la AOG 2023, en Buenos Aires. “Así, el año pasado, en nuestro mejor bloque, alcanzamos una marca de casi 7 dólares por barril equivalente de petróleo”, explicó el líder de la empresa..
YPF registró en el segundo semestre del 2023 un promedio de perforación de 260 metros por día, lo que significa una mejora del 3,1% con respecto al trimestre anterior, y un 4,6% en relación a mismo periodo de 2022. A su vez, se trata de un 43% más que hace dos años atrás, cuando se logró un promedio de 185 metros diarios.
En julio de este año, el desempeño de la petrolera nacional en el segmento de construcción de pozos sostuvo una mejoría aún mayor, con un récord de 295 metros perforados por día y más de 235 etapas de fracturas mensuales. Los hitos más trascendentes en materia de velocidad de perforación se logró en un pozo de “diseño delgado” en el bloque Aguada del Chañar, donde logró 400 metros por día; y en un pozo “fat-design” en Loma Campana, que llegó a 365 metros por día, para una longitud lateral de más de 4.000 metros.
Bajar el costo de desarrollo
La mejora de las métricas está relacionada con el concepto de eficiencia de la “máquina crítica”, según se denominan a las plataformas de perforación y los sets de fractura. Es decir, que los equipos ganan más productividad en la medida en que estén perforando o fracturando cada vez más metros, y por ende van a contribuir a reducir los costos de desarrollo. “Los procesos y la tecnología determinan la mejora continua, es lo que necesitamos y lo que hicimos en Vaca Muerta y lo que hace el shale a nivel mundial”, explicó el CEO de YPF.
“La tecnología que usamos es la misma que la que se utiliza en Permian. El tema es que esa tecnología no está diseñada para Vaca Muerta sino para Permian, donde la roca es distinta, como las herramientas de perforación, por ejemplo. Necesitamos desarrollar tecnología para diseñar esas herramientas y tener los estándares de perforación del shale americano, y ahí vamos a ser mucho más competitivos”, destacó Iuliano.
Además, agregó: “En términos de procesos, hay que asegurar que la interfaz hombre-máquina sea eficiente, basándose en el desarrollo de los factores humanos. También es clave profundizar los modelos industriales o factoría”.
En el segundo trimestre de 2023, el costo promedio de desarrollo dentro de las operaciones del hub core de Vaca Muerta fue de 9,8 dólares por barril equivalente de petróleo.
El gobierno nacional puso en marcha este martes el operativo para repatriar a los 1.246 argentinos que hasta ahora solicitaron ser rescatados de Tel Aviv a raíz del ataque a gran escala lanzado por Hamas contra la población civil de Israel.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina despegó ayer el mediodía desde El Palomar con el objetivo de rescatar al primer contingente de ciudadanos argentinos en Israel a través de un puente aéreo con Roma. Una vez allí, se continuará con el traslado de los civiles mediante una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
El canciller Santiago Cafiero y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, se reunieron a media mañana este martes para dar detalles del operativo conjunto con las Fuerza Aérea, bautizado como «Regreso Seguro».
«Vamos con una aeronave militar porque entramos a un aeropuerto que está en zona de guerra; desde el jueves 12 comenzaríamos con los puentes aéreos entre Israel y Roma, donde primero se les dará acogida temporaria y luego se los traerá desde Fiumicino en vuelos de Aerolíneas Argentinas», explicó el general de Brigada, Jorge Berredo, en declaraciones a Radio Mitre.
Según informaron autoridades nacionales, el plan constará en principio de tres puentes aéreos por día que permitirán evacuar a unas 200 personas, por lo que entre jueves y sábado se podría alcanzar la meta de las 625 personas evacuadas. También se sumarán más vuelos en caso de ser necesario.
El plan de vuelo incluye escalas previas en Brasil, Cabo Verde y en Chipre, donde descansaría la tripulación antes de llegar a Tel Aviv. La travesía demoraría unas 16 horas.
«El embarque en Israel estará a cargo de la Agregaduría de Defensa de la Embajada Argentina en dicho país junto a la respectiva Embajada. La Agregaduría de Defensa en Italia, junto a nuestra sede diplomática, operará una zona de acogida intermedia para, desde la península itálica y por vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, completar el traslado a nuestro país», detallaron desde la Fuerza Aérea en un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de X.
En este contexto de guerra, hasta el momento eran siete los argentinos muertos y 15 los reportados como desaparecidos. En todos los casos se trata de habitantes de kibutz ubicados en el sur del país, en zonas aledañas a la Franja de Gaza.
En el marco del Programa Federal “Construir Ciencia” el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación financiará la construcción del “Centro de Innovación en Bioeconomía y Energías Renovables” en la Ciudad Estación Juárez Celman en el predio Campus Norte perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Significa una inversión de $1.000.- millones de pesos. El Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y el Rector de la UNC, Jhon Boretto, firmaron el convenio.
Filmus destacó la importancia de poder “desarrollar capacidades propias en materia de energías renovables para resolver desafíos que el mundo se plantea». “Es muy importante generar un plan de conciencia ciudadana respecto de la importancia de la transición energética para que sea sustentable para el planeta pero que, a su vez, no obstaculice el desarrollo productivo del país. Es a través de la ciencia y la tecnología como política de Estado junto con las universidades, nuestras investigadoras e investigadores y la articulación público-privada que podremos transformar nuestro modelo productivo agregándole valor a nuestros productos, diversificando nuestras exportaciones, generando empleo de calidad, ofreciéndoles más oportunidades a nuestros jóvenes y mejorando las condiciones de vida de nuestra gente”.
Por su parte, Boretto señaló: “La posibilidad de concretar la construcción de este centro es muy importante por eso agradecemos el apoyo del Ministerio de Ciencia. Este proyecto nos permitirá trabajar en temas estratégicos como la bioeconomía y las energías renovables que requieren de un trabajo interdisciplinario y de todo el capital científico y tecnológico con el que cuenta la universidad. Pensamos desarrollarlo a través de un esquema de gobernanza compartida entre el sector público -el gobierno provincial-, el sector privado y el mundo científico académico lo que nos va a permitir generar espacios de desarrollo y experimentación de proyectos en estas temáticas en el marco de las problemáticas ambientales que afrontamos en la actualidad”.
El nuevo centro tendrá una infraestructura e instalaciones de vanguardia de 1.009m2, destinada a que empresas y emprendedores puedan alojar sus actividades de investigación científica y tecnológica, desarrollo, innovación y escalado piloto de sus proyectos socioproductivos, para lo que contará con un Banco de Cepas, Laboratorios de Simulación Digital y Laboratorios de Bioseguridad Nivel 3. Así, se fortalecerán las industrias agropecuaria, de alimentos, farmacéutica, de la salud y ambiental.
Sobre el Programa Federal “Construir Ciencia”
El Programa Federal “Construir Ciencia” tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), a través de la creación o adecuación de sus infraestructuras, considerando una perspectiva federal para incrementar las capacidades y reducir asimetrías existentes entre jurisdicciones y regiones del país. Desde 2022 la suma de $ 144.300.000.000.- pesos en 93 obras de infraestructura en todo el país.
Estuvieron presentes el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez, y el Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Pablo De Chiara.
Los infartos son la principal causa de muerte en la Argentina, con 100.000 casos por año, y también son la principal causa de pérdida de años de vida productivos o de buena salud debido a la discapacidad que generan las enfermedades cardiovasculares.
En el mundo, los infartos representan el 31% de las muertes, aunque año a año baja la incidencia relacionada al envejecimiento de la población y por la mejora en los tratamientos.
Al igual que en otras áreas de la salud, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial encuentra aplicaciones en diversos campos, en este caso como asistencia a quienes deben realizar diagnósticos. El proyecto “Inteligencia artificial para prevenir enfermedades cardiovasculares”, una iniciativa conjunta entre la empresa Eira Healthcare e investigadores del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud (INICSA) de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, está desarrollando un técnica de inteligencia artificial para detectar riesgo cardiovascular en diagnóstico por imágenes.
A partir del trabajo en conjunto se desarrolló un software que asiste a los médicos en la detección de arterioesclerosis cardiovascular en el análisis de las ecografías de carótida y cruzando información con otras variables de la consulta.
“Se le están haciendo estudios a pacientes que tienen determinadas características de historia clínica y el médico le va marcando cosas al sistema para que el algoritmo pueda reconocer esas imágenes”, dice Romero.
La artereoescleroris es una afección en la que una placa formada por grasa, colesterol y calcio, entre otras sustancias, se acumula en las paredes de las arterias y con el tiempo se endurece, con lo que reduce el flujo de sangre por los vasos pudiendo generar infartos. Por eos, determiar el área total que ocupa la placa es vital para prevenir posibles problemas de salud. El software busca evitar uno de los limitantes más importantes de la técnica de diagnóstico, que es la variabilidad de los resultados obtenidos a partir de las imágenes, que dependen del técnico operador del ecógrafo, y así ayudar en la detección temprana y en el monitoreo de factores de riesgo.
El proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la gestión de la Fundación Sadosky, institución pública privada que favorece la articulación entre el sistema científico-tecnológico. La iniciativa es una de las 16 propuestas seleccionadas en la edición 2022 de la convocatoria Soluciones Innovadoras para Desafíos de Software, en la que se busca generar un nexo entre investigadores y empresas para desarrollar productos tecnológicos.
El software busca evitar uno de los limitantes más importantes de la técnica de diagnóstico, que es la variabilidad de los resultados obtenidos a partir de las imágenes, que dependen del técnico operador del ecógrafo, y así ayudar en la detección temprana y en el monitoreo de factores de riesgo.
El desarrollo ya está en su etapa final de entrenamiento del algoritmo y pronto presentará resultados preliminares. Gilda Romero es la responsable del proyecto por parte de la Fundación Sadosky y dijo: “Se le están haciendo estudios a pacientes que tienen determinadas características de historia clínica y el médico le va marcando cosas al sistema para que el algoritmo pueda reconocer esas imágenes. Esto permitirá tener una identificación más certera del riesgo que dependa menos de la experiencia de quien maneja el ecógrafo”.
El proyecto tuvo una primera etapa en la que se desarrolló el software, una segunda etapa en la que se cargaron imágenes para entrenar al modelo en las diversas formas en que se toman imágenes por parte de diferentes operadores de ecógrafo, y una tercera en la que se cargan en forma masiva las imágenes para que la inteligencia artificial pueda determinar el riesgo cardiovascular. Se trata de una técnica novedosa y se espera que facilite el diagnóstico de estas afecciones.
“En la convocatoria 2022 se presentaron muchos proyectos vinculados a la salud, lo cual es muy interesante porque la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva en el área y permite hacer más eficiente todo el proceso y ser más certeros en el diagnóstico y predecir enfermedades”, explicó Romero. La Fundación Sadosky ya lanzó una nueva edición de la convocatoria Soluciones Innovadoras para Desafíos de Software 2023, que entre sus particularidades están el énfasis puesto en la distribución federal y también en que se genera una gran cantidad de trabajo remoto en la mayoría de los proyectos. Los proyectos se pueden ver en solucionesinnovadoras.fundacionsadosky.org.ar/proyectos-seleccionados-en-2023/
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus se reunió con su par de Brasil, Luciana Santos, para firmar convenios de cooperación para el desarrollo de un reactor nuclear de investigación en Brasil con tecnología argentina y fortalecer el desarrollo regional de la biotecnología en la producción de alimentos.
En el marco de su visita oficial a la Argentina, Santos fue acompañada por Filmus en una agenda marcada por las firmas de convenios en materia nuclear entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) de Brasil; y en materia de Investigación y Desarrollo, entre la cartera científica argentina, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) de Brasil.
Santos indicó que «Argentina es reconocida internacionalmente en el desarrollo de proyectos de producción de radioisótopos y queremos contar con esa experiencia en la construcción de nuestro Reactor Multipropósito Brasilero». «Me da mucha alegría que estemos transformando en acciones concretas estos proyectos iniciados este año», expresó y mencionó algunas áreas prioritarias definidas dentro de la cooperación bilateral como la nuclear, en el caso del RA-10 y RMB, y la espacial, con el satélite SABIA-Mar.
Por su parte, Filmus celebró la integración con Brasil, y mencionó las áreas prioritarias donde trabajan los dos países, que en algunos casos fueron interrumpidos en el gobierno anterior, «en el área satelital se ha recuperado el proyecto colaborativo SABIA-Mar, y también, el proyecto Llama».
El ministro además mencionó, en el marco de la cooperación, al Centro Latinoamericano de Biotecnología (Cabbio); y la reciente noticia de que Argentina y Brasil fueron seleccionados por la Organización Panamericana de Salud (OPS) para realizar vacunas de ARN mensajero. «A futuro queremos iniciar un satélite meteorológico latinoamericano junto con Brasil y acompañamiento de más países de la región», destacó.
En tabto, la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, expresó: «Con Brasil nos une desde hace mucho tiempo la autoridad la ABACC, la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de materiales nucleares. Esa Asociación, Brasil, Argentina y la OIEA tienen un acuerdo cuatripartito por el cual se hacen los controles mutuos de salvaguardias. Con ese control mutuo ambos países muestran su compromiso con los usos pacíficos de la energía nuclear y sus aplicaciones».
En ese sentido, Serquis señaló que ambos países «han desarrollado mucha tecnología en el ámbito nuclear de manera bastante complementaria. Tenemos un acuerdo entre los dos países desde hace años en el cual establecimos como proyectos similares el RA-10, el reactor multipropósito nuestro, y el RMB por parte de Brasil, en el cual se había acordado la cooperación en materia en estos reactores de investigación».
En medio de la polémica por la suba del gasto durante la campaña electoral, el Gobierno puede mostrar como un logro haber reducido en un 17,5% los subsidios a la energía en lo que va de 2023.
Esto obedeció, según un informe elaborado por Economía & Energía, a “la disminución de los precios internacionales, la mejora hídrica, el proceso de segmentación tarifaria y, en menor medida, la ampliación de la capacidad de evacuación de gas natural desde la Cuenca Neuquina”.
No obstante, las transferencias orientadas al sector siguen teniendo un impacto significativo en las arcas nacionales. De hecho, expresan una leve suba en comparación con los fondos erogados durante los primeros nueve meses de 2021.
En términos monetarios, el reporte indicó que entre enero y septiembre de este año los subsidios llegaron a 8.282 millones de dólares; o sea, US$ 1.759 millones menos que los US$ 10.041 millones desembolsados en los primeros nueve meses de 2022, pero US$ 155 millones más que los US$ 8.127 millones verificados en el mismo lapso de 2021.
El recorte con respecto a la temporada pasada tuvo como epicentro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). En ese sentido, el trabajo resaltó que “la reducción del costo monómico de generación y el aumento del precio abonado por la demanda (precio estacional), permitieron una baja de los subsidios desde los US$ 65 por megawatt/hora (Mwh) en los primeros ocho meses de 2022 a US$ 47 por Mwh en idéntico período del presente año”.
En concreto, los fondos volcados a Cammesa disminuyeron desde los US$ 6.909 millones acumulados entre enero de septiembre de 2022 hasta los US$ 4.668 millones en el mismo lapso de 2023.
Los subsidios destinados a la estatal Enarsa, en cambio, se incrementaron en la comparación interanual. Esto sucedió, de acuerdo con Economía & Energía, “a pesar de la contracción que experimentaron los precios internacionales”.
Recorte y segmentación
Los subsidios a la energía se convirtieron en una mención recurrente dentro de los discursos políticos de los máximos aspirantes a ocupar la Presidencia de la Nación. En la recta final de su campaña, el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, con el que se prevé alcanzar el equilibrio fiscal a partir de una mayor recaudación y de una fuerte reducción de los subsidios al segmento.
Atada a los compromisos sellados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la propuesta de Massa para el año que viene apunta a destinar un 7,1% del gasto público al abastecimiento de energía, la inversión y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros.
La idea es que un 62,63% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por los usuarios en el marco de la segmentación tarifaria. Vale aclarar que para 2023 estaba previsto que el gasto estatal oscilara en torno a un 9,8% del presupuesto y que los usuarios cubrieran un 49% del total.
Similar sería la evolución de la política de subsidios en el caso del gas natural. Entre otras medidas, en dicho ámbito se procurará incentivar las inversiones en exploración y explotación de nuevos yacimientos, además de ampliar la cantidad de usuarios beneficiados por el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).
Planes opositores
La política tarifaria que plantean los principales asesores energéticos de Patricia Bullrich se basa en la implementación de aumentos “reales, mensuales y poco graduales”, respetando la segmentación por nivel de ingresos y la aplicación de una tarifa social federal.
En materia gasífera, específicamente, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) anticipó que respetará los compromisos firmados bajo el Plan Gas.Ar, aunque promoviendo una paulatina liberación a partir de 2028, con tendencia al precio export parity, y sin descartar una eventual renegociación contractual con las distribuidoras. Con respecto a los combustibles, la intención de Bullrich sería acoplar sin demasiado gradualismo su valor local al del mercado regional e internacional.
Más extrema aún es la visión de Javier Milei, quien impulsa una fuerte reducción de los subsidios energéticos en todos los estratos sociales, proyectando un abrupto aumento de las tarifas. Según el candidato de La Libertad Avanza (LLA), su gobierno sólo subsidiaría de manera directa a los usuarios más vulnerables, estipulando un límite de consumo.
El ganador de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) también expresó que cumplirá con los acuerdos del Plan Gas.Ar. No obstante, proyectó el restablecimiento del mercado a término, además de impulsar una migración de los contratos con Cammesa y Enarsa hacia los consumidores del gas.
Finalmente, Milei adelantó que de resultar electo abolirá los derechos de exportación y los aranceles de importación para el petróleo y los combustibles. Así, las naftas y el gasoil en el mercado interno igualarían bruscamente la cotización export parity.
La empresa automotriz Stellantis y Argentina Litio y Energía S.A. (ALE), una subsidiaria de Argentina Lithium & Energy Corp., anunciaron una inversión de 90 millones de dólares de Stellantis para avanzar en los cuatro proyectos de exploración de la empresa en Argentina. De esta manera Stellantis adquiere una participación del 19,9% en ALE.
El acuerdo de siete años prevé que la entrega de producción comience en el año 2028.
«Esta adquisición representa un paso importante para Stellantis en nuestra estrategia de movilidad sostenible y de la importancia de América del Sur en el plan global de la compañía. El litio es un componente esencial en la fabricación de baterías, y asegurar un suministro estable y sostenible es fundamental para nuestro éxito en esta área a nivel global», afirmó Antonio Filosa, Presidente de Stellantis América del Sur.
«Estamos encantados de tener a Stellantis como socio en el futuro desarrollo de nuestros proyectos de litio en Argentina», dijo el presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium & Energy Corp., Nikolaos Cacos. “Juntos compartimos la visión de construir una operación minera de litio que brinde a las comunidades y provincias involucradas un futuro prometedor. Esperamos una relación sólida y exitosa con Stellantis y estamos comprometidos a ofrecer un producto de litio sostenible que contribuya a la electrificación de la movilidad y la protección de nuestra atmósfera”.
Como parte del plan estratégico Dare Forward 2030, Stellantis anunció planes para alcanzar un mix de 100% de ventas de BEV (vehículos 100% eléctricos) en Europa y un mix de 50% de ventas de BEV y camiones ligeros en los Estados Unidos para el año 2030. Para lograr estos objetivos de ventas, la Compañía está asegurando aproximadamente 400 GWh de capacidad de baterías, incluido el respaldo de seis plantas de fabricación de baterías en América del Norte y Europa.
Las autoridades del Ejército Argentino y de la Municipalidad de Tolhuin concretaron esta semana la firma del acuerdo para la cesión de terrenos donde comenzará a instalarse la Guarnición Militar Conjunta Tierra del Fuego. Se trata de una unidad militar que se trasladará a la ciudad con el objetivo de reforzar presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia del sur del país.
El documento aprueba la entrega de un predio de 3.211 metros cuadrados, además de la cabecera del Lago Fagnano, ubicado en la isla Grande, localizada en el extremo austral del continente. Allí se completará la construcción de las instalaciones que permitirá alojar un primer contingente de soldados, el cual materializará el despliegue paulatino y permanente de personal del Ejército en dicha localidad.
Según detallaron, el control de dicho establecimiento y el accionar del personal en la zona estará a cargo del “Escalón Adelantado Río Grande”, la agrupación compuesta por un grupo de oficiales y suboficiales que se desplegó en la comuna fueguina a principios de este año con el objetivo de dar los primeros pasos para concretar la nueva unidad militar. A fines de enero desembarcó en el puerto de Ushuaia la totalidad del material y vehículos para la dotación del mismo.
La firma del acuerdo entre las autoridades del Ejército Argentino y la Municipalidad de Tolhuin
El espacio donde se llevarán a cabo las obras para la guarnición militar conjunta Tierra del Fuego fue elegido luego de que una comisión -integrada por el director general de Ingenieros e Infraestructura del Ejército, el jefe del Escalón Adelantado Río Grande, oficiales ingenieros militares, arquitectos y suboficiales- realizará trabajos topográficos en el lugar.
Al respecto de la instalación de la nueva unidad militar, las autoridades remarcaron que es “de vital importancia por su ubicación geográfica particular”. En este sentido, explicaron que la misma permitirá incrementar la presencia de las fuerzas armadas en esta región del país, además de capacitar y preparar a sus integrantes para cumplir con las diferentes tareas que la Defensa Nacional les imponga en el sur de Argentina.
Asimismo, detallaron que la zona también podrá utilizarse como base tanto para las prácticas previas a las campañas antárticas -dado que se requiere una instrucción en movilidad, supervivencia y actividades técnicas en climas extremadamente fríos- como para el empleo del material específico a utilizar en la Antártida durante el desarrollo de las campañas invernales y estivales. “Además, resulta apto para el adiestramiento de los buzos del Ejército y de las otras fuerzas armadas, al facilitar la adquisición de conocimientos, y el empleo del material y adaptación del personal a las operaciones en aguas gélidas”, señalaron.
La firma del acuerdo se realizó con la presencia del intendente local, Daniel Harrington; el Jefe de la Delegación del Estado Mayor General del Ejército “Ushuaia”, coronel César Hernán Maiztegui Marcó; el Jefe del Escalón Adelantado Río Grande, coronel Víctor Hugo Olivarez e integrantes de la Prefectura Naval Argentina.
La iniciativa surgió a raíz de una resolución del Ministerio de Defensa publicada en el año 2022 lanzada con el objetivo de “fortalecer progresivamente el adiestramiento de su personal en esa zona geográfica”.
El proyecto consta de dos etapas. En la primera de ellas, ya concretada, se realizó la delimitación y demarcación del predio donde se construirán las futuras instalaciones. También se facilitó el arribo del contingente que luego desarrolló la nivelación, las redes de servicios y los alambrados perimetrales.
La segunda etapa, que comenzará en las próximas semanas, el Ejército tiene previsto iniciar las obras en el predio, consolidar la presencia de comando y logística del Ejército en Río Grande (puerta de ingreso aeronaval a la isla), y fortalecer progresivamente el adiestramiento en la zona de fuerzas desplazadas por cortos períodos de tiempo. Además, habían anunciado que en el mediano plazo se prevé construir pistas de instrucción, polígonos y demás medios de apoyo.
El 6 de octubre la Central Hidroeléctrica Guillermo Céspedes, ubicada en cercanías Pomona, sobre el Canal Matriz Sur del Sistema de Riego Valle Medio, celebro su sexagésimo aniversario.
Actualmente, el Departamento Provincial de Aguas cuenta con cinco centrales hidroeléctricas distribuidas en la provincia, que en su totalidad generan 120 GWh año (Energía Media Anual).
La central fue construida por la empresa estatal nacional Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE) y nombrada en honor al ingeniero Guillermo Céspedes, figura destacada en el desarrollo de sistemas de riego en nuestro país.
En 1991, con la disolución de Agua y Energía Eléctrica (AEyE), la propiedad de la central fue transferida a la Provincia, que comenzó a operarla a través de la sociedad del estado Energía Río Negro (ERSE) y posteriormente Edersa (Empresa de Energía de Río Negro S.A).
Finalmente, en 2004, la responsabilidad de la central fue asumida por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), junto con las centrales hidroeléctricas Julián Romero, Cipolletti y Roca. En 2005, el DPA otorgó la concesión de operación y mantenimiento a Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE).
Céspedes opera con dos máquinas hidráulicas que generan electricidad aprovechando la energía del flujo de agua del canal de riego. El sistema está diseñado para garantizar que la operación de las máquinas no interfiera con el riego.
Con una potencia eléctrica instalada de 5.52 MW y una generación anual de alrededor de 30 GWh, un equivalente aproximado al consumo de 21000 hogares, la central inyecta la energía producida en el Sistema Argentino de Interconexión a través del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
La presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés), Lina Khan, presentó su muy anticipado y audaz caso en contra de Amazon. Esta acción apunta a que el gobierno de Biden está decidido a restaurar un enfoque que había ido en declive desde el gobierno de Carter en la legislación aplicable a la competencia. Sin duda, es una decisión que provocará nuevas críticas sobre sus supuestas exageraciones. Pero lo cierto es que Amazon es precisamente el tipo de empresa que el Congreso tenía en mente cuando promulgó las numerosas leyes antimonopolio de Estados Unidos.
Eso sí, el Congreso de 1890, que aprobó la primera de esas leyes, nunca se habría imaginado el mundo en que vivimos hoy.
En ese entonces, los llamados “barones ladrones” se apropiaron de la economía y la política, pero también debían superar las restricciones de imperios basados en bienes físicos. No podían construir líneas de ferrocarril o erigir una planta acerera sin antes sortear obstáculos de logística y capital, un proceso que requería mucho tiempo.
En cambio, los barones tecnológicos de la actualidad, de plataformas enormes como Amazon, Google y Meta, pueden implementar tácticas contrarias a la competencia, engañosas e injustas con la agilidad y velocidad de un sistema digital. Como en cualquier truco de dónde está la bolita, la mano rápida engaña al ojo.
En este sentido, Amazon es el superdepredador de nuestra era de plataformas. Con subsidios otorgados en un principio a los usuarios finales y condiciones favorables ofrecidas más adelante a sus clientes comerciales, Amazon aprovechó su flexibilidad digital para atrapar a ambos tipos de clientes y extraer cada vez más del valor que creaban. Este programa de redistribución de los usuarios de las plataformas a los accionistas continuó hasta que Amazon se convirtió en un lugar vestigial, un coloso minorista prácticamente sin trabas de la competencia y la regulación, donde los precios se elevan y la calidad baja y una mezcla indiferenciada de productos de marcas poco conocidas se envuelven con reseñas falsas.
Es difícil recordar que el supuesto objetivo original de internet era conectar a los productores con los compradores, a los artistas con las audiencias y a los miembros de distintas comunidades entre sí sin permiso o control de terceros. En sus primeros años, Amazon era bueno con sus usuarios. Vendía productos a precios asequibles y sus envíos eran rápidos y confiables. Verificaba con diligencia la autenticidad de las reseñas incluidas en su sitio y operaba una “búsqueda honesta” cuyas páginas de resultados contenían las mejores coincidencias para cada búsqueda.
Después, Amazon comenzó su estrategia de captura a diestra y siniestra. A través de Prime, les vendió a los clientes un año de envíos pagados por anticipado. Con sus negocios de publicidad digital, alentó a los clientes a adquirir suscripciones, construyó una base cautiva de lectores e implementó tecnología y textos extensos de leyes de derechos de autor desconocidas para impedir que ofrecieran los libros a otras plataformas. Abrió los envíos Prime a una tarifa baja para sus proveedores, con lo que liberó a las empresas de la compleja logística de surtido de pedidos.
Entre tanto, sus enormes subsidios, posibles gracias al interés de sus inversionistas en respaldar un monopolio incipiente, les dificultaban cada vez más a los sitios minoristas rivales ganar tracción, pues las arcas de Amazon parecían no tener fondo, así que podía vender bienes por debajo de su costo y acabar con cualquier empresa nueva que osaba competir con ella. Esto creó otra forma de monopolio para Amazon: se hizo cada vez más difícil no comprarle.
Mientras más atrapados estábamos, menos necesitaba ofrecernos Amazon. Las búsquedas honestas y accesibles para los clientes se fueron degradando porque la empresa empezó a permitirles a las minoristas pagar para aparecer más arriba en las listas: para 2021, los anuncios generaron 31.000 millones de dólares en ventas. Los vendedores se hicieron más dependientes de Amazon para exhibir y entregar sus bienes, así que la empresa se vio en total libertad para sacarles dinero también a ellos con una tarifa tras otra y se ha informado de que incluso hizo copias de los productos más vendidos.
El ejército de trabajadores de Amazon también sufre: es normal que ocurran mutilaciones en el trabajo y las enfermerías de las instalaciones envían de regreso a situaciones peligrosas a trabajadores con lesiones graves. Los empleados de sus almacenes orinan en botellas para poder cumplir las exigencias imposibles de rapidez en el surtido de pedidos; sus conductores se ven obligados a defecar en bolsas. Amazon fue pionera del “megaciclo”, un turno nocturno obligatorio de 10 horas y media en sus almacenes, así como un nuevo tipo de semiempresario independiente que obtiene en préstamo pequeñas fortunas y contrata a legiones de conductores enfundados en uniformes de Amazon, pero se ve forzado a pagar la factura de todas esas camionetas de entregas y además corre el riesgo de que su contrato se dé por terminado en cualquier momento.
En un discurso de respaldo a su trascendental proyecto de ley antimonopolio de 1890, el senador John Sherman dijo: “Si no toleramos a un rey en el poder político, no deberíamos tolerar que nadie reine sobre la producción, transportación y venta de productos básicos para la vida. Si no estamos dispuestos a rendirnos ante un emperador, no deberíamos rendirnos ante un autócrata del comercio”.
Esta desconfianza del poder corporativo murió en la era de Ronald Reagan, cuando los reguladores adoptaron una nueva postura basada en la idea de que los monopolios demuestran eficiencia, por lo que deben promoverse, y el “bienestar del consumidor” expresado en precios bajos es el bien absoluto de la legislación antimonopolio. Sin duda, Amazon es el rey de nuestro tiempo. Nuestras leyes antimonopolio se diseñaron específicamente para protegernos de este poder corporativo abrumador; tanto de su acumulación como de su abuso.
Esto es algo que Khan, la presidenta de la FTC, comprende mejor que casi cualquier otra persona: en sus épocas de estudiante de derecho, publicó el artículo “La paradoja antimonopolio de Amazon” en la revista The Yale Law Journal en 2017. Ese artículo lanzó su carrera como teórica antimonopolio, que culminó con su designación para dirigir la comisión de comercio apenas cuatro años más tarde. Resulta irónico que debido al profundo conocimiento de Khan sobre Amazon y sus críticas del pasado a la empresa, esta haya buscado recusarla de investigaciones antimonopolio.
Khan ha tenido en la mira a algunas de las mayores empresas tecnológicas que el mundo ha visto en la historia. Algunas veces, ha perdido la batalla. La FTC no logró impedir que Microsoft adquiriera Activision Blizzard ni que Meta adquiriera Within. Así que los detractores de Khan intentan mancillarla con acusaciones de prácticas poco ortodoxas y falta de sinceridad. Pero Khan está dedicada a la honorable y necesaria tarea de restaurar el programa de cumplimiento de la ley del gobierno federal. Busca revitalizar el uso de los poderes imperecederos —y por mucho tiempo inactivos— que ostenta.
El mejor momento para combatir a este poder fue durante el cuarto de siglo pasado, cuando el fundador de Amazon, Jeff Bezos, invirtió el capital de sus accionistas en campañas depredadoras de precios, aparentemente en flagrante violación de la Ley Robinson-Patman de 1936, y en una serie de adquisiciones anticompetitivas que sin duda contravinieron la Ley Antimonopolio Clayton de 1914.
El segundo mejor momento para combatir a este poder es ahora. Khan, a quien se han unido más de una decena de estados para enfrentar a Amazon, se ha planteado una tarea monumental, urgente y necesaria. Está luchando para ganar; pero si pierde de nuevo, no será una señal de derrota.
El edificio calcificado de precedentes promonopolio comprados a un alto precio es fuerte, pero parece quebradizo. Con nuestro apoyo, Khan, junto con sus colegas de la comisión y Jonathan Kanter, su homólogo en la división antimonopolio del Departamento de Justicia, seguirán martillando este viejo caparazón amarillento hasta que se desmorone.
La gran mayoría de los chinos en Argentina proviene del condado de Fuqing, parte de la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian; desde su llegada se convirtieron en supermercadistas, pero hoy el fenómeno se está revirtiendo y cada vez hay menos autoservicios chinos. Ahora hay una nueva corriente migratoria mas joven y con formacion universitaria.
El aluvión comenzó a mediados de los 2000. Si los primeros inmigrantes de China continental habían llegado al país a cuentagotas durante los 80, para comienzos del nuevo milenio ya podía hablarse de una comunidad pujante. En la ciudad de Buenos Aires abrieron supermercado tras supermercado, rubro que no tardaron en saturar (llegó a haber un autoservicio chino cada dos o tres cuadras).
Y fue entonces, a mediados del 2010, que la comunidad china comenzó a esparcirse por el resto del territorio nacional. Tal fue el impacto de este flujo migratorio y sus respectivos comercios que algunos gobiernos municipales optaron por poner límites. La Plata, por ejemplo, prohibió la instalación de un supermercado chino a menos de 600 metros del otro.
Un primer dato llamó la atención cuando el fenómeno comenzó a ser estudiado: por lo menos el 80 por ciento de los chinos instalados en el país provenía de la misma provincia, Fujian, ubicada al sudeste de China, frente a la isla de Taiwán. Un segundo dato también despuntó: pese a que los chinos emigraron a ciudades de todo el mundo en las últimas décadas, creando cientos de China Towns alrededor del globo, solo en la Argentina abrieron supermercados a mansalva.
El pequeño río frente a los edificios de tierra de Fujian (también conocidos como Hakka tulou).Shutterstock
De Fujian a la Argentina, ¿por qué?
“Dentro de lo que es China, Fujian es una provincia históricamente pobre o relegada del centro. Eso explica la competencia cultural de quienes llegaban a la Argentina -afirma Miguel Calvete, presidente de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas de la Argentina-. Acá muchos vinieron ‘de prestado’ y a veces sin secundario completo. Vino una clase media o media baja, te diría. Y a partir de eso, crecieron. Muchos de los inmigrantes de Fujian se convirtieron en millonarios, otros no. Hay 180.000 chinos hoy en la Argentina”. Según desliza una investigación sobre organizaciones de inmigrantes chinos en el país (2014), los pocos inmigrantes chinos provenientes de otras regiones descalifican a los supermercadistas fujianeses por ser “brutos” y por no saber hacer otra cosa que trabajar.
La inmigración china suele darse en todo el mundo a través del boca en boca y es por eso, según Calvete, que es común que en un país en particular se instalen chinos de una misma ciudad o provincia. En este contexto, la llegada de los fujianeses a la Argentina tiene que ver con una cuestión primordialmente económica. “No fueron a Europa o Estados Unidos porque allá necesitaban más dinero para asentarse. Ni hablar de Sidney, que es para la clase alta directamente. Ni hablar de Londres”, suma Carlos Lin, comunicador y referente de la comunidad china en la Argentina.
La mayoría de los fujianeses que llegaron a la Argentina lo hicieron sin saber exactamente dónde quedaba el país, sin siquiera conocer por encima sus costumbres ni su idioma. Llegaron confiando en la recomendación de un amigo o familiar. Así lo afirma la doctora en antropología social Luciana Denardi. “Llegaron guiados por el rumor de que Argentina era un país tranquilo, que había oportunidades para trabajar. Muchos incluso mencionan: ‘Bueno, acá hay buena educación. Es un lugar tranquilo para vivir con los hijos’. Ellos siempre dicen que Argentina es un país supergeneroso”, asegura la académica de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín e Investigadora Asistente de Conicet.
La próxima pregunta que surge, en este contexto, es por qué en este país abrieron supermercado tras supermercado y no lo hicieron en el resto del mundo. Calvete destaca que los chinos son, por excelencia, comerciantes, y que se sintieron cómodos en el rubro del autoservicio, sistema que empezó a implantarse en el país entre los ‘70 y los ‘80, porque este no requería gran interacción con los clientes, por lo cual ellos no necesitaban un buen manejo del español. Pero fueron más que nada las facilidades que ofrecía el gobierno argentino para poner este tipo de negocios lo que permitió que solamente en este país los inmigrantes chinos se volvieran sinónimo de supermercadistas.
“Lo que ellos me dijeron es que en la época en que empezaron a venir era muy fácil instalar un supermercado en términos de los trámites necesarios para hacerlo. Por lo general, los familiares que habían llegado antes los esperaban con el supermercado listo para que ellos lleguen y empiecen a trabajar”, explica Denardi.
Según especialistas, gran parte de quienes hoy tienen supermercados chinos en Argentina no se dedicaban al rubro del comercio de los alimentos en su país natal.Shutterstock
-Existe esta idea muy difundida de que hay una especie de mafia china con la que ellos se endeudan para poder venir y poner el supermercado. ¿Eso es verdad?
Denardi: No. Sí se endeudan para viajar, eso sí, pero le piden dinero prestado a sus familiares, a sus amigos, y después lo van devolviendo. Sí hubo situaciones en las que aparecieron estos personajes, pero la Embajada China colaboró mucho con la policía argentina para ocuparse de esta cuestión. Es un tema del que a ellos no les gusta mucho hablar.
En pocos años, los chinos instalados en la argentina se posicionaron como la quinta corriente migratoria con mayor presencia en el país, solo superada por inmigrantes de origen latinoamericano. Hoy hay 10.788 supermercados chinos en la Argentina. Algunos de sus propietarios ya no trabajan en el local sino que emplean a inmigrantes de otros países, como bolivianos, peruanos y paraguayos. A lo largo de las décadas, la mayoría de los fujianeses pudo desarrollarse económicamente en el país. Muchos tuvieron hijos acá. Hoy, los mayores de esa generación ya terminaron el secundario. Pero actualmente, destacan los especialistas, el flujo de fujianeses parece estar retrocediendo. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que las razones de base por las que decidieron dejar China para “hacerse la América” en la Argentina ya han cambiado.
¿El fin de los supermercados chinos?
Si en un principio las corrientes migratorias chinas (de los 80 en adelante) surgieron de la necesidad imperiosa de vivir mejor, ahora es posible afirmar que la situación del país del que huyeron ha cambiado rotundamente. “China viene de un período muy difícil, de mucha pobreza. Pero a fines de los 70, principios de los 80, se da la reforma y la apertura de China hacia el mundo. Se empiezan a generar los cambios necesarios para que China sea lo que es hoy. En las ciudades más importantes las condiciones mejoraron rápido, pero en otros lugares, como Fujian, todo se dio un poco más tarde, así que muchos se fueron a buscar oportunidades a otros países”, cuenta Denardi.
Dentro del cúmulo Chuxi Tulou, temprano en la mañana. Tulou es la vivienda rural tradicional única de Hakka, Fujian.Shutterstock
La llegada de muchos de los primeros fujianeses a la Argentina coincidió con el uno a uno, lo cual alentó la inmigración. Pero fue especialmente después de que el país comenzara a recuperarse de la crisis del 2001 cuando, según los especialistas, empezaron a llegar la mayor parte de los chinos que hoy residen en el país.
“Llegaron para progresar en la Argentina. Progresar no significa que los hijos sigan en el supermercado, sino que los hijos se hagan profesionales”, explica el periodista y antropólogo de ascendencia china Gustavo Ng. El mismo destaca que muchos hijos de chinos nacidos en la Argentina hoy estudian en la universidad o ya están ejerciendo diferentes profesiones, lejos de las góndolas familiares en las que se criaron. Y es por eso, por la falta de un recambio generacional en el local, que algunos supermercados chinos han comenzado a cerrar.
Hay otro factor que fogonea el cierre de estos autoservicios: al jubilarse “los chinos tienden a volver a China”, explica Denardi. “Siempre quieren volver a cuidar a sus mayores, a sus padres. Es parte de su cultura, es un mandato muy fuerte, se sienten en la obligación de volver”, asegura. En los últimos años la tendencia se vio, además, intensificada por la pandemia y por la crisis económica argentina. El comienzo de la primera cuarentena por coronavirus coincidió con el Año Nuevo chino, fiesta para la cual muchos fujianeses radicados en la Argentina habían viajado de visita en sus pueblos y ciudades de origen. Algunos de ellos no pudieron volver durante meses, por lo que un porcentaje de ellos decidió volver a armar sus vidas allí. A esto se sumó el contexto inflacionario argentino y, a su vez, la mejora económica que vivió Fujian en las últimas décadas. Según datos de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas de la Argentina, el 10 por ciento de la comunidad ha regresado a su país de origen en los últimos años. Para el antropólogo Alejandro Grimson este porcentaje es bajo si se lo compara con el de otros flujos migratorios que llegaron al país a lo largo de la historia. “De la migración clásica, la europea transatlántica de 1880 a 1930, se volvió más o menos un 60 por ciento. Vino más del doble de gente que la que se quedó”, afirma el doctor en Antropología e investigador independiente del Conicet.
Vista aérea de la Universidad de Xiamen; Fujian se ha desarrollado económicamente en los últimos años, dejando de ser la provincia históricamente pobre que fue hasta hace pocas décadas.Shutterstock
Los datos actuales permiten concluir que, al menos por ahora, gran parte de la comunidad china instalada en la Argentina elige quedarse. Según Denardi, esto se debe a que “el inmigrante de Fujian tiene más posibilidad de crecer acá, en la Argentina, que en China, por más crisis que tengamos”. “En China la competencia es tan severa que solo los muy preparados, los muy formados, son los que terminan teniendo éxito. No alcanza solamente con la fuerza de trabajo y el sacrificio de trabajar de lunes a lunes. Entonces, en la Argentina, a pesar de todo, terminan ganando más. Están descontentos con el dólar, con la inseguridad, con mil cosas, pero siguen estando acá”, dice.
Ng no duda en afirmar que la cantidad de supermercados chinos está decayendo en todo el país. “No hay datos oficiales de esto, pero la tendencia es completamente firme. Creo que para muchos porteños es evidente la cantidad de supermercados chinos que ya han cerrado”, dice.
A su vez, en los últimos años, ha llegado una nueva inmigración china a la argentina. No es tan masiva como la del 2000 y tampoco proviene únicamente de Fujian. Se trata de una corriente de personas jóvenes, en muchos casos con formación universitaria y proveninetes de grandes ciudades, que una vez instalados en el territorio argentino intentan marcar una distancia cultural respecto de los supermercadistas fujianeses, a quienes critican, por ejemplo, por “solo saber trabajar”.
