El riesgo país argentino
El índice de «riesgo país» de los títulos del Estado nacional, elaborado por el JP Morgan, volvió a subir ayer jueves 27 y llegó hasta 837 puntos. Para ponerlo en contexto, recordemos que cuando empezó este año marcaba 351 puntos. La Argentina está en el podio de los países más riesgosos, en lo financiero, del planeta.
El gobierno no trata de minimizar este hecho, pero hace un gran esfuerzo -se nota en que la misma versión, con las mismas palabras, se repite hoy en medios gráficos habitualmente bien diferenciados- para instalar que se trata de «incertidumbre electoral».
Creemos que asumir esa explicación lleva a un grave error, y nos sentimos obligados a reproducir reflexiones que ya hicimos el 14 de diciembre.
La suba del riesgo país significa que el precio de los bonos soberanos -los emitidos por el Estado- argentinos baja. Son las dos caras de la misma moneda. Si el precio de los bonos argentinos baja, es porque los inversores, y los especuladores, los están vendiendo. ¿Por qué vendería alguien un bono argentino que le da un beneficio del 10% anual en dólares o más? ¿No le convendría seguir sosteniendo esa inversión dado que el riesgo de default del bono está descartado por el préstamo del FMI?
Los inversores venden sus títulos porque consideran que el riesgo está instalado en la Argentina. En rigor, el plan económico y financiero está reproduciendo las condiciones que generan incertidumbre.
Los inversores venden porque ven que las políticas del gobierno no están funcionando. La economía sigue profundizando la recesión. Hay mayor pobreza (33,6% según un informe reciente) y una inflación con un piso para los próximos 12 meses de un 30%. La tasa de interés en niveles del 60% anual garantiza mayor desempleo para los próximos meses. La cotización del dólar trepa nuevamente en la zona de los $ 40 mientras la fuga de capitales promedia los u$s 180 millones por día.
Con todo, lo más preocupante no son estos datos sino el rumbo que parece tomar el gobierno, esto es, la idea de que la única posibilidad de “normalización” de la economía debería venir por la oportunidad de volver a tomar deuda de los mercados financieros internacionales.
Entonces, la raíz de la suba del riesgo país no surge de componentes lejanos como puede ser una pulseada electoral dentro de diez meses, sino la situación socioeconómica y la falta de reacción de quienes tienen el poder político para tomar decisiones. La destrucción de puestos de trabajo y actividad que está teniendo lugar en este preciso momento.
Del empleo formal al «delivery» y al Uber
Estamos presenciando cambios en el mercado de trabajo argentino, a medida que la recesión y la caída de los ingresos se fue imponiendo.
Más gente salió a buscar trabajo por la caída de los ingresos de las familias. Una buena parte encontró empleo, pero precario, informal, de baja calidad». Son las tradicionales «changas» o en las nuevas formas de servicios, que aparecen con la economía digital: deliverys y Uber.
En consecuencia, la desocupación tuvo un incremento con relación a un año atrás (subió del 8,3% al 9%), menor al que se esperaba tomando en cuenta la magnitud de la recesión. Aun así, en un año se agregaron 170.000 desocupados y el desempleo golpea a 1.730.000 personas.
Esto es lo que se interpreta a partir que los datos del INDEC del tercer trimestre pasado que confirmaron una caída de la actividad económica del 3,5% interanual.
En ese contexto recesivo, la consultora LCG dice que más gente salió a buscar trabajo “por el efecto de trabajador adicional, es decir, personas que buscan complementar los ingresos del grupo familiar golpeados por la aceleración inflacionaria”, para obtener algún ingreso extra en la familia.
En números netos, proyectado a todo el país, en un año 390.000 salieron a buscar trabajo, 220.000 lo consiguieron pero como subocupados, en empleos de pocas horas e informales y 170.000 se sumaron a la desocupación.
El informe del INDEC dice que hubo una baja de los “ocupados plenos” (1,4 puntos menos que en el trimestre anterior) y un aumento de los subocupados (0,6 puntos más que en el segundo trimestre y 1 punto más que un año atrás), en tanto por las dificultades para encontrar trabajo, “aumentó la proporción de desocupados con mayor tiempo de búsqueda de empleo”.
El plan para ampliar el mercado de las aerolíneas low cost en el 2019
Desde que llegaron las aerolíneas low cost al país, el esquema del mercado aerocomercial se empezó a rearmar. Sostenidas sobre el concepto de «la revolución de los aviones», que acuñó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, planifican ampliar el mercado aéreo para 2019 apuntando al modelo punto a punto para optimizar kilómetros, disminuir el tiempo «en tierra» y ahorrar combustible a través del uso de aviones más modernos.
«No tengo ninguna duda de que esto está recién empezando», determinó Dietrich en la presentación donde se le hizo entrega del certificado que habilita a volar en la Argentina a la empresa de «ultra bajo costo» JetSmart. «Venimos con un gran crecimiento, en particular en el mercado doméstico. Si habrá más compañías o crecerán las existentes, eso lo irá definiendo cada una en función de sus planes de negocios», analizó el ministro, y dio el primer puntapié de cara a 2019:
- «El año que viene va a ser el primero después de 20 años donde va a haber más pasajeros domésticos que internacionales».
- En la Argentina operan tres aerolíneas de bajo costo: Flybondi, Norwegian y JetSmart.
Tras 9 años de juicios, la justicia penal dictaminó que Taringa! es inocente
Tras 9 años de batalla legal, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional No 26 de la Capital Federal (Argentina) dictaminó la absolución de los tres fundadores de la empresa Taringa!: los hermanos Matías y Hernán Botbol, y Alberto Nakayama.
La demanda penal contra los emprendedores fue iniciada en 2009 por editoriales jurídicas como Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados; Ediciones de la Flor SRL y Editorial Magenta, siendo esta la última querellante de la causa . La acusación sostenía la supuesta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual 11.723 por obras jurídicas compartidas por usuarios de Taringa! en la comunidad virtual.
El dictamen del Juez Adrián Norberto Martín, afirma que la demanda no tenía sustento, dado que excede el alcance de la responsabilidad de los intermediarios y las obligaciones que su actividad como intermediario impone.
Este fallo dispone de forma definitiva que no solo que resultaba imposible para Taringa! implementar un sistema de control y validación de derechos de autoría, sino que asumir la función de control previo, lo haría incurrir en censura previa, violando los derechos constitucionales de los ciudadanos participantes en la red social.
Tras conocerse el fallo, los responsables de la comunidad virtual más grande de América Latina manifestaron su conformidad con el dictamen, que sin duda sienta jurisprudencia. “ Sostener que puede haber una responsabilidad penal como planteó Magenta es equivalente a sostener que una empresa telefónica debe ser responsable de los contenidos de las llamadas de sus usuarios,” indica Matías Botbol, CEO de Taringa! y vocero de los tres fundadores.
Los reclamos de los productores rurales
Informar de «los reclamos de los productores rurales» es a la vez más simple y más complicado que escribir de «las propuestas de los industriales», como hicimos ayer. En el mundo agrario, las estructuras que los asocian tienen una identidad más clara y separada que en el industrial.
La Federación Agraria Argentina, que en estos días se pronunció por boca de su presidente, reúne a quienes podrían ser consideradas, con excepciones, las pymes agrarias. Pero tiene un desarrollo gremial mucho mayor que el que han logrado las pymes industriales o de servicios.
En un documento publicado el pasado domingo, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, dio a conocer su balance sobre la situación de los federados para el año 2018.
“Desde lo productivo, el 2018 fue muy complejo: al inicio, la Pampa Húmeda venía de dos años de inundaciones y el último también de sequía. La humedad al final de la campaña provocó que los pocos quintales que había se brotaran en los campos, complicando así los rindes. En las economías regionales hubo bastante buena producción, pero con muy malos precios, por lo que se produjo un desfinanciamiento”.
Respecto al tipo de cambio, Achetoni dijo que la primera parte del año, “la falta de competitividad hizo que no se pudiera exportar como se debía y hubo una suerte de inundación de productos de otros países que compitieron con lo que producíamos nosotros. Se deterioraron las economías regionales, la actividad lechera y la porcina.
Luego, a mediados de año, nos encontramos con una paridad que cambió un poco la situación y generó competitividad, pero llegó cuando los productores ya habíamos malvendido”.
“A lo largo del año, las fuentes de financiamiento resultaron totalmente inaccesibles para los productores más chicos, producto de una tasa de interés muy alta. El Estado hizo algún esfuerzo, subsidió algún punto en las tasas, que llegó a quienes son sujetos de crédito pero no hubo ningún tipo de ayuda para los que no lo son. Los productores debieron vender los bienes que tuviesen disponibles, para conseguir liquidez, lo que los convirtió muchas veces en rehenes de algún abuso en la cadena” .
En materia de legislaciones, el gremialista indico que desde Federacion Agraria “Nos preocupa que, tras un 2018 en el que el Congreso de la Nación ha tenido una labor bastante deslucida en la generación de leyes y políticas para el sector, esta situación se profundice en un año electoral, con un nutrido calendario de elecciones de los distintos niveles”
Respecto a la ley de semillas marcó sus diferencias y propuso “seguir trabajando para desterrar a bolsatech y a los contratos privados, avanzando en el acceso a la tecnología”. Al respecto, desde FAA organizan un Foro, el próximo 10 de enero, para debatir sobre el dictamen que llegó a diputados pero no se trato en el recinto.
“Valoramos que este año se hayan logrado algunos avances en este sentido, pero los tiempos de la política no deben ir en contra de los consensos necesarios para lograr dar un paso superador en este tema” enfatizó el dirigente y señaló que desde la entidad que conduce pretenden que se mantengan el uso propio gratuito, que la tecnología se pague en bolsa y que se dé la posibilidad de desarrollo a los semilleros.
Reconociendo el calentamiento global, Achetoni insistió con que “el cambio climático ha venido para quedarse, mientras mantenemos a nivel nacional un sistema de emergencia que está obsoleto. El país demanda mayor productividad, lo cual es imposible sin contar con garantías y financiamiento”
“Desde 1912, sigue firme nuestro compromiso de producir para garantizar el arraigo, la soberanía alimentaria, la producción familiar, sostenible y la permanencia de los jóvenes en el ambiente rural. Queremos ser el motor de la economía nacional, sólo necesitamos que el Estado nos provea las herramientas adecuadas. Así, podremos hacerlo”.
En los últimos 12 meses se perdieron 119.500 empleos «en blanco»
En un año se ha acumulado una pérdida de 119.500 empleos en blanco, de acuerdo a los datos de la Secretaria de Trabajo.
La mayor caída interanual corresponde a los asalariados del sector privado, con 69.900 ocupados menos, de los cuales el grueso son de la industria (49.500), el comercio (17.500) y la construcción (11.700).
En cambio hubo aumentos en la minería (4.400), servicios sociales y salud (3.500) y enseñanza (7.600), entre otros.
También según esos datos oficiales, a octubre el promedio de los salarios brutos de los trabajadores formales privados fue de $ 33.590, con un aumento interanual de 30%, unos 15 puntos por debajo de la inflación.
La mitad de esos trabajadores formales ganaban menos de $ 27.004, con un incremento interanual del 28,9%.
“En términos reales el salario promedio se redujo 10,9% interanualmente, mientras que el salario mediano lo hizo un 11,6%”, dice el informe de Trabajo.
Para noviembre, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) adelanta una caída del empleo de 2%, comparado con el mismo mes de 2017.
La caída interanual del empleo se da en todos los tamaños de empresas, entre 10 y 49 trabajadores (un -2,5%), entre 50 y 199 (-1,9%) y de 200 trabajadores y más (-1,6%)”. Y concluye la encuesta: “las expectativas empresarias netas para los siguientes 3 meses arrojaron un valor negativo de 0,1%”.
En total, los empleos registrados sumaban en octubre 12.190.600 trabajadores, entre asalariados del sector publico y privado, monotributistas, autónomos, trabajadores en casas particulares y monotributistas sociales. En octubre de 2017 totalizaban 12.310.100.
Se estima que habría unas 7 millones de personas ocupadas en la informalidad, donde el deterioro de la ocupación sería mayor.
En octubre, el empleo público aumentó en 10.100 personas que en Trabajo los atribuyen a provincias y municipios, porque aún no está disponible la información desagregada. También hubo un aumento de 9.300 ocupados entre los asalariados privados por mayores empleos en el agro y actividades empresariales, mientras prosiguió la caída en la industria y el comercio.
Los jóvenes tienen más accidentes de trabajo que los adultos. Y las jóvenes, más peligrosos
En el trabajo los jóvenes sufren un 50% más de accidentes que los adultos. Así se desprende del primer “Informe anual sobre la situación de los jóvenes en el sistema de riesgos del trabajo”, que publicó esta semana la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El estudio refleja, además, que los riesgos son mayores para los jóvenes en los meses de verano.
Este estudio de la Superintendencia brinda información valiosa sobre las diferencias en riesgos de trabajo, y también en remuneraciones, por edad y por género. Resumimos:
En los varones, el índice de accidentes entre los jóvenes (menores de 25 años) es un 45% más elevado que el de los trabajadores de 25 años y más, mientras que en el caso de las mujeres jóvenes el índice es un 11% mayor respecto a las de 25 años o más.
Si se toma en cuenta la mortalidad por accidentabilidad laboral o enfermedades profesionales, las mujeres jóvenes tienen un índice de mortalidad 3 veces superior al registrado en las de 25 o más años. En el caso de los varones este índice es siempre inferior al registrado en los adultos.
El estudio, correspondiente a relevamientos tomados en 2017, se elaboró el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenido. Tiene en cuenta las advertencias y sugerencias realizadas por la OIT y por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que identifican a los jóvenes como un grupo de riesgo desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo. Al respecto, señalan que padecen lesiones y enfermedades laborales en mucho mayor medida que sus pares adultos.
El informe detalla que, en el año 2017, la población de 16 a 24 años cubierta por sistema de riesgos del trabajo- trabajadores registrados en zonas urbanas y rurales de todo el país- fue de 870.028 jóvenes, compuesta en un 34% por mujeres y por 66% de varones.
El 84% de las mujeres de 16 a 24 años se encuentra ocupada en: servicios comunales, sociales y personales (38,3%); comercio, restaurantes y hoteles (33,1%); y finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas (12,7%). El salario bruto promedio es de $ 13.117, equivalente al 45% del salario bruto promedio del grupo de 25 años y más (Estos valores promedio son, naturalmente, del 2017).
Por último, los varones tienen una distribución más heterogénea en el mercado laboral y varía la preponderancia de las actividades económicas de acuerdo a los grupos de edad. El 74% de los varones de 16 a 24 años se concentran en: servicios comunales, sociales y personales (23,9%); comercio, restaurantes y hoteles (22,1%); industrias manufactureras (16,7%); y construcción (11,2%); y perciben un salario bruto promedio de $ 14.512, que equivale a la mitad del salario bruto promedio de los trabajadores de 25 años y más.
El gobierno toma fondos de la ANSES por $ 86 mil millones
Al cierre del año, el gobierno vuelve a tomar fondos de los jubilados para ayudar a cubrir el déficit fiscal, emitiendo Letras del Tesoro por $ 86.000 millones, que serán suscriptas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
La resolución conjunta 37/2018 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, determina que devengarán intereses a tasa variable que se pagarán trimestralmente.
Estas Letras del Tesoro en Pesos tienen como fecha de emisión el 26 de diciembre de 2018 y de vencimiento el 26 de diciembre de 2019 (un año de plazo); la moneda de emisión y pago es en pesos y la moneda de suscripción, en pesos o dólares.
El dólar subió, bajó el riesgo país y se recuperaron algo las acciones
El dólar subió 46 centavos a $ 39,48 por mayor demanda. Un proceso incipiente de dolarización de las carteras, cubriéndose en el fin de año.
El riesgo país argentino alcanzó ayer su máximo en más de cuatro años: 837 unidades. Pero al cierre retrocedió a 820, un descenso de 12 puntos respecto al lunes.
También la bolsa logró revertir una caída de casi 4%, y ganó un marginal 0,1%.
Como ya dijimos otras veces en AgendAR, «sin novedad en el frente». El problema es que en este escenario, la actividad productiva está asfixiada.
Las normas de facturación en 2019
En materia de facturación todos los contribuyentes, cualquiera sea su tamaño, tienen que cumplir con las normas que ordena la AFIP. La factura electrónica ya debe ser utilizada masivamente por todos los que están inscriptos en el IVA.
Monotributistas: hay un cronograma que se viene cumpliendo, por el que desde abril del año que viene el universo de los inscriptos en el Régimen Simplificado deben utilizar la modalidad electrónica de facturación. Los posnets tienen que usarlos obligatoriamente todos los comercios que vendan bienes y los que prestan servicios, en la medida que las operaciones superen $ 100.
Este año se aprobó la ley 27.440, que obliga a las pymes a emitir las facturas de crédito electrónicas cuando realicen operaciones con empresas que no sean pymes. La vigencia estará dada mediante un cronograma actividades que establecerá la AFIP.
Facturas electrónicas: Para respaldar las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios (en síntesis, todo lo que puede facturarse), los comprobantes que tienen que emitirse en forma electrónica son: facturas y notas de débito y crédito de los tipos “A”; “B”; “C” y “E”. Por esta medida, están obligados los que están inscriptos en el IVA, los no alcanzados, los exentos y los monotributistas.
El cronograma de aplicación es el siguiente: Monotributistas: Los inscriptos por las categorías “D” a “K” ya están obligados a emitir facturas electrónicas. En este mes se incorporó la categoría “D”. Los de la “C” deben hacerlo a partir del 1 de febrero de 2019, la “B” desde marzo y la “A” a partir del 1 de abril. Por las operaciones que se realicen con consumidores finales la obligación será de aplicación a partir del 1 de abril de 2019, independientemente de la categoría del Monotributo.
Contribuyentes exentos en el IVA: De acuerdo con el siguiente cronograma: Con ventas del último año calendario (incluido impuestos), iguales o mayores a un millón de pesos: desde el 1/11/18; con ventas menores, a partir del 1/01/19.
Operaciones con factura electrónica: Ya sea en el momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio, en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante, de acuerdo con el siguiente cronograma: Comprobantes en línea / Facturador móvil: desde el 1/01/19; webservices: a partir del 1/04/19. La obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes será a partir del 1 de agosto de 2019.
Posnet: Existe la obligación de todos los comercios y de los prestadores de servicios de aceptar el pago con tarjetas de débito. Se incluyen las que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) como billetera electrónica y el botón de pago.
Desde el 1 de enero de 2020 se podrán aceptar pagos que se efectúen a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). En cada punto de venta del local tiene que exhibirse el F 960/D, que es un formulario interactivo que lleva impreso un código de respuesta rápida QR, que permite conocer el comportamiento fiscal que tiene un comercio. La última ley de Presupuesto 2019, recientemente sancionada, aprobó el premio que se otorgará a los consumidores finales por pedir facturas, parecido a lo que ya sucedió tiempo atrás.
Controladores fiscales: A partir del 1 de abril de 2019, el controlador fiscal deberá ser de “nueva tecnología” para los contribuyentes que desarrollen como actividad principal la “venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos” y/o “venta al por mayor de materiales y productos de limpieza”, que registren en el último año comercial cerrado operaciones por un monto mayor o igual a 50 millones de pesos y opten por utilizar dicha herramienta para emitir sus comprobantes.
Para las demás actividades, se establece gradualmente la obligación de reemplazar los equipos identificados como de “vieja tecnología” por los denominados de “nueva tecnología”. Los que inicien actividades y utilicen controladores fiscales, sólo podrán utilizar los controladores fiscales de “nueva tecnología” homologados por la AFIP y provistos exclusivamente por las empresas proveedoras autorizadas.
Aquellos que utilicen “controladores fiscales” habilitados exclusivamente para la emisión de ticket, podrán emitir las facturas mediante sistema manual o electrónico únicamente cuando realicen excepcionalmente operaciones con contribuyentes adheridos al Monotributo.