En AgendAR nos parece útil acercarles el video del reportaje de anoche al presidente Fernández en el programa de Luis Majul. Se puede encontrar en Youtube, pero como todas nuestras notas las compartimos en las redes sociales, se nos ocurre que puede ser más cómodo para leerlo, de a ratos, en los días no laborables de esta semana. Son 50 minutos…
Atención: el programa de Majul no está hecho para el análisis profundo de politólogos o economistas. El punto, creemos, es que servirá para que argentinos y argentinas «midan» a su presidente en una charla tranquila, con la inmediatez que da la TV.
Antes que la «Ley de Solidaridad…» recién aprobada, son la Constitución y la práctica de nuestro país la que concentra el poder en la figura presidencial, mientras lo mantenga. De la sabiduria de sus decisiones depende el futuro inmediato de nuestro país.
Un medio no toma decisiones, pero tiene la responsabilidad de dar su opinión. En ese carácter, creo que el párrafo clave fue “Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que Macri fijó un cepo muy necesario porque se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y necesita que esos dólares vuelvan a formar parte de las reservas del Estado. Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay en Argentina tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto para tener dólares. Es para el que use los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares y tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”.
El presidente se refirió a un límite que la economía argentina enfrenta desde 1952, agravado por episodios de endeudamiento irresponsable (durante el Proceso, el segundo gobierno de Menem, el de Macri). Ese desdoblamiento informal del mercado cambiario es necesario. Pero no va alcanzar para «terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”. Se ahorrará en dólares muy caros, hasta que se recupere la confianza en la moneda nacional o en los instrumentos de ahorro que se diseñen. Para eso se necesitarán años de coherencia en la política económica. Más de cuatro, por cierto.
El periodista Ezequiel Rudman adelantó anoche que Alberto Fernández firmará hoy un DNU (decreto de necesidad y urgencia) para congelar las jubilaciones privilegiadas de jueces y embajadores. También establecería una contribución del 21% sobre ellas. Y habrá un aporte de 7 puntos extra que se cobraría a los magistrados y diplomáticos que perciban un haber jubilatorio superior a $ 100.000.
El presidente convocará hoy a la comisión encargada de definir un nuevo régimen de movilidad previsional. Pero el nuevo esquema de contribuciones para los regímenes especiales del Poder Judicial y el cuerpo diplomático se comenzaría a aplicar a partir de hoy, una vez que Fernández firme el decreto que terminan de redactar en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra.
Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2 mil 700 millones de pesos extra. En el presupuesto nacional no es un monto muy significativo, pero la medida quiere dar respuesta al fastidio de muchísimos argentinos que comparan lo que cobra la gran mayoría de los jubilados con esos regímenes especiales.
“El sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso… hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio. No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden”.
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, amplió el concepto: “El Poder Judicial y los diplomáticos tienen las jubilaciones más altas de la Argentina y por eso queremos que se discutan. Con este Gobierno pensamos en una lógica de la solidaridad, entonces los que tienen más, tienen que ayudar al resto”.
A través del decreto 56, el Presidente prorrogó este fin de semana la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero e incluyó allí el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de otra para introducir cambios a la Ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación.
Este sábado AgendAR informó -ante el silencio de la mayoría de los medios porteños- que a partir de una propuesta presentada por el gobernador radical recientemente electo Rodolfo Suárez, el congreso mendocino había aprobado el viernes, a pesar de una furiosa oposición ambientalista, la modificación a la ley 7722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
Tras la sanción inicial en el Senado por amplia mayoría, los diputados también aprobaron por la tarde el proyecto que envió el Ejecutivo, que permite el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico pero limita la aplicación de mercurio.
Pero ayer domingo miles de personas empezaron a marchar en distintas localidades de Mendoza en contra de esa modificación de una ley que prohibía desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador evite promulgar la modificación de la ley 7722. Medios locales dicen que es la más numerosa manifestación en la historia mendocina.
En Mendoza se prevé el desarrollo de proyectos de minería metalífera desde hace tiempo. Pero también ha crecido en la provincia una fuerte oposición a la megaminería. Ante la reforma propuesta, durante la semana pasada los alrededores de la Legislatura se colmaron de voces en contra, custodiadas por un fuerte operativo policial. Hubo numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia, en especial en las ciudades de San Rafael y General Alvear. En cambio, en Malargüe hay apoyo a esta modificación para comenzar el desarrollo minero.
La oposición estaba encabezada por grupos ambientalistas, movimientos sociales y partidos de izquierda. A favor de los cambios, se pronunciaron varias cámaras empresariales, la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
La oposición peronista brindó quórum y negoció modificaciones al proyecto. El presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, sostuvo que desde la oposición “están sentados en el recinto para controlar que el gobernador Suárez cumpla con esta Ley” y que “sin trabajo tampoco hay ambiente saludable, ni recursos para garantizar hospitales y mejorar obras de infraestructura y nuestros servicios de agua”.
Pero frente al masivo rechazo de la reforma, el dirigente del PJ mendocino, Guillermo Carmona, se unió públicamente al pedido al gobernador Suárez para que no la promulgue.
Científicas de la Universidad Nacional de La Plata encuentran que proteínas aisladas de granos partidos del cereal podrían incorporarse en bebidas nutritivas o alimentos para adultos con colesterol alto e hipertensión.
«Si bien faltan estudios adicionales, las moléculas podrían ser incorporadas en bebidas nutritivas o alimentos para adultos que tengan presión arterial elevada«, indicó una de las autoras del estudio, Alejandra Quiroga, del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), en La Plata.
Las investigadoras aislaron y purificaron los péptidos de arroz partido, un subproducto económico de la industria molinera. En el trabajo utilizaron como fuente un cultivo de arroz de alto contenido proteico (variedad NutriarFCAyF) desarrollado en una estación experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.
En estudios in vitro, las investigadoras observaron que uno de los péptidos aislados, el que tiene una secuencia de aminoácidos SPFWNINA, posee mayor potencial para “disminuir” la actividad de dos enzimas que participan en la regulación de la presión sanguínea: renina y la enzima convertidora de angiotensina (ECA).
En casos de hipertensión, la actividad aumentada de ambas enzimas genera niveles anormalmente altos en sangre de otro péptido, angiotensina II, que conduce a una contracción excesiva de los vasos sanguíneos, explicó Quiroga, quien investiga en el CIDCA, que depende del CONICET, de la Facultad de Ciencias Exactas de UNLP y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
«Como hacen algunos medicamentos antihipertensivos muy populares, como enalapril, la inhibición de una o ambas enzimas conduciría a una dilatación de las paredes arteriales y a un posterior descenso de la presión arterial.»
Los subproductos de la industria en general constituyen un problema ambiental importante en el mundo entero. “Aprovechar el arroz partido como fuente de compuestos de alto valor biológico constituye una alternativa para el desarrollo sostenible y sustentable de la industria y, además, es una oportunidad para utilizar un subproducto que puede generar una mayor rentabilidad económica del proceso de producción”, destacó María Pinciroli, también autora del trabajo e investigadora de la FCAyF de la UNLP.
El estudio fue publicado en “Plant Foods for Human Nutrition”. Y también participaron María Cristina Añón, Agustina Nardo y Paula Aphalo, del CIDCA.
María Pinciroli, primera autora del estudio, sembrando en el campo de arroz de la estación experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.
El embajador Jorge Argüello, designado por el nuevo gobierno para hacerse cargo de la embajada en Washington, mantiene desde hace años el foro Embajada Abierta, «de opinión y debate sobre la actualidad internacional, desde una perspectiva argentina y sudamericana«.
Este tramo de la actualidad no está recibiendo la atención que merece entre nosotros, si tenemos en cuenta que buena parte de la América del Sur puede hacerse intolerable para la vida humana si la temperatura promedio sube en la medida que el consenso de los meteorólogos predice.
Refugiados climáticos. Según la @ONU_es ??, se estima que para el año 2050 va a haber 1.000 millones de refugiados climáticos si no se detiene el aumento del calentamiento global ?
Un informe reciente del @IPCC_CH (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un organismo de las Naciones Unidas) alerta: si los gobiernos no adoptan compromisos internacionales respecto al medio ambiente, el número de refugiados climáticos ascenderá de forma exponencial ya que el nivel del mar subirá cerca de un metro.
Según este informe de más de 100 científicos de 80 países diferentes, los más afectados serán, sin duda, los países del Sur Global más empobrecidos, generando un «apartheid climático».
La noción de refugiado climático tiene más de cinco lustros. Apareció por primera vez en 1985 en un informe del @UNEP. Sin embargo, hasta la fecha no existe una definición internacionalmente aceptada para las personas refugiadas por razones medioambientales.
El estatus jurídico internacional de los refugiados se encuentra en la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 1967. Sin embargo, no es aplicable a las personas desplazadas por cuestiones medioambientales, provocando una laguna jurídica.
La atención que se le está prestando a este fenómeno desde la academia, los gobiernos y desde el Derecho Internacional es aún insuficiente, y no avanza al ritmo acelerado con el que avanza el propio calentamiento global.
Recientemente se dieron a conocer nuevos datos oficiales del Censo Nacional Agropecuario 2018, a partir del cual se relevaron 206,7 millones de hectáreas en la Argentina, y en cuyos resultados, aún preliminares, se advierte una concentración de la producción y un exilio de las poblaciones rurales hacia las urbes, entre otros aspectos de interés.
Así se refirió Javier Moreira, docente e investigador de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA): “En los últimos 30 años, vemos un sostenido aumento de la concentración de la producción agropecuaria”. En efecto, los resultados del Censo arrojan que actualmente existen unas 222.000 explotaciones con límites definidos (con alambrados) distribuidas en el país, respecto de las 297.000 que existían en 2002 y de las 378.000 relevadas 1988. Esto significa que en sólo tres décadas se perdieron 156.000 establecimientos. La situación afecta sobre todo a los de pequeña escala, con menos de 50 hectáreas, según afirmó el investigador.
“Por un lado desaparecieron muchas explotaciones, pero al mismo tiempo creció la superficie productiva dedicada a los cultivos anuales. En los últimos 30 años, la superficie implantada se mantuvo en unas 33 millones de hectáreas, pero la proporción de esa superficie dedicada a cultivos anuales como la soja, el trigo y el maíz aumentó de 7,67 a casi 23 millones de hectáreas, en detrimento de otras producciones como las pasturas y las producciones regionales”, dijo, y señaló: “Quiere decir que es un proceso de concentración, con explotaciones más chicas que se anexan a otras más grandes. El problema es que tenemos más hectáreas en producción y explotaciones de mayor escala, pero menos establecimientos. La tierra no salió de la producción, sino que hay menos gente produciendo”.
Este fenómeno también se observa en el aumento de la superficie promedio por explotación. En 1988, la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias era de 421 hectáreas. En 2018 esa cifra subió a 826 hectáreas por explotación, equivalente a un aumento de 96%.
Actualmente Moreira está dirigiendo tres tesis de la carrera de Agronomía de la FAUBA que utilizan la información del Censo como un insumo de base para analizar el sector agropecuario en diferentes regiones del país. “Estamos estudiando el proceso de sojización en el Mercosur, la evolución de la ganadería en la cuenca del Salado y la transformación de la matriz productiva en Nonogasta, provincia de La Rioja, donde la producción de uvas se vio afectada desde los años ´90 tras la aparición de otros cultivos como el olivo y la promoción de la industria de la curtiembre”.
“Muchas veces el Censo es la única información con la que contamos, aunque también existen vacíos porque los relevamientos se hacen cada 15 años y, además, hay datos que el Censo no discrimina, como la cantidad de los productores más allá de la cantidad de explotaciones. Entonces tenemos que ir a buscarlos al campo”, afirmó.
Situaciones diferentes
Moreira se refirió a las diferentes situaciones que arrojaron los resultados del Censo en cada zona productiva del país. “En la región pampeana no hay tanta concentración de la tierra porque la tierra dedicada a la soja se mantiene en manos del productor, que arrienda los campos para producir”, indicó, y señaló que en las economías regionales se registran otros casos. “En las producciones vinculadas con la vitivinícola, la fruticultura, la caña de azúcar o la yerba, por ejemplo, hay mucha concentración. Los productores más chicos desaparecen porque su margen de ganancia depende en mayor proporción de la mano de obra, respecto de otros productores más tecnificados que obtienen una mayor eficiencia y menores costos, trabajando a mayor escala”.
Para ejemplificar estos aspectos se refirió a los casos de Mendoza y Tucumán. Tradicionalmente Mendoza era la provincia con más explotaciones con límites definidos, después de Buenos Aires. En 30 años, allí desaparecieron el 41% de las explotaciones, pasando de 33.249 en 1988 a 19.622 en 2018. En paralelo, la superficie de frutales se redujo un 10%, pasando de poco más de 214 mil a 193 mil hectáreas. Actualmente 3.136 explotaciones (el 16%) tienen más de 50 hectáreas. En Tucumán la cantidad de explotaciones se redujo en un 75%, pasando de 15.988 en 1988 a 4.028 en 2018. En paralelo, la superficie de cereales, oleaginosas y cultivos industriales como la caña de azúcar aumentó en 4 mil hectáreas, pasando de 449 mil a 453 mil. Actualmente 1.406 explotaciones (el 35%) tienen más de 50 hectáreas.
“Por eso es tan distinta la realidad pampeana a la extrapampeana”, dijo, y se explayó: “La soja tiene un solo paquete tecnológico que se aplica a un campo grande o chico. Si el productor no puede garantizarlo, puede acudir a un contratista y, en la medida que trabaje de manera articulada con los agroexportadores y los proveedores de insumos, podría mantenerse en carrera porque hay una industria que demanda sus granos. Entonces tiene garantizada la venta. En el caso de la fruticultura, en cambio, si un productor duplica o triplica su cosecha de naranjas, limones o sandías, no va a encontrar necesariamente a un comprador”.
En el Censo se ve que entre los años 1988 al 2018 la proporción de superficie implantada destinada a cultivos anuales como la soja, maíz y trigo creció del 23% al 69%, concentrándose alrededor de los commodities, que se producen de forma superavitaria. Por otra parte, desaparecieron productores de escala más chica, del estrato que producen la fruta, la verdura, la hierba, la leche y la carne.
Además, Moreira advirtió que los censos no miden cantidad de productores, sino de explotaciones. “Eso quiere decir que si tenemos 220.000 explotaciones agropecuarias, los productores son esos o menos, porque un productor puede ser propietario de una o de varias explotaciones. No obstante, sabemos por las investigaciones que llevamos a cabo en la cátedra que cada vez hay una composición mayor del ingreso no agrario dentro de la composición del ingreso de una familia rural. La mayoría de los ingresos monetarios familiares de los productores más chicos son de actividades no agrarias, como transportistas, viajantes de comercio, docentes, asignaciones familiares, trabajadores municipales o porque tienen un almacén en el pueblo”.
“Si al productor no le dan los costos para sostener su producción empieza a buscar ingresos extraprediales con los que vive y subsidia la actividad de su campo. Muchos productores ganaderos chicos trabajan de peones en campos más grandes. Otros productores que no consiguen trabajo afuera y no pueden mantener sus campos, se mudan a los pueblos. Como los primeros que exilian son los más jóvenes, aumenta la edad promedio de quienes viven en el campo porque los de mayor edad sufren más el desarraigo, después haber vivido toda la vida en el campo”.
En 1988 había 1,4 millón de residentes permanentes en el campo. El año 2018 esa cifra bajó a 733 mil, con 83.234 personas mayores a 65 años. El momento más fuerte de expulsión se dio en el período 2002-2018, donde se observó una caída de 500.000 personas residentes en 16 años, un promedio de casi 24.000 personas que debieron enfrentar el éxodo cada año. La mitad de la población residente en explotaciones agropecuarias migró del campo a la ciudad y uno de cada 9 de los que perdura viviendo en las explotaciones es un adulto mayor. Otro dato que aporta información en este sentido es el de las viviendas censadas: sólo 257.500 de 332.700 las casas relevadas en las explotaciones agropecuarias están habitadas. Esto significa que existen unas 75.000 taperas.
Por otra parte, Moreira comentó que si bien los datos preliminares del Censo aún no están informando resultados sobre los trabajadores del agro, “es esperable que ese número baje en la misma línea en que desaparecen las explotaciones agropecuarias, sobre todo las de 50 hectáreas para abajo, que no están en condiciones, por cuestiones de escala y de capital, de incorporar tecnología y sustituir la mano de obra por maquinaria”. Asimismo, indicó que “cuesta discriminar a los trabajadores en las explotaciones de pequeña escala porque gran parte de ellas son familiares y el trabajo lo aportan sus integrantes”.
“Jorge Zaccagnini es un informático”, sentencia sobre sí mismo cuando se le consulta sobre su actividad. Y aclara que hoy en día es una profesión más visible, pero hace alrededor de 56 años, cuando comenzó, no había aún carreras universitarias para el mundo de las computadoras y los sistemas, “ni una conciencia de que era un trabajo y una estructura”.
Jorge nació el 10 de octubre de 1944 y a los 19 años se metió de lleno en el rubro informático, donde pasó por varias áreas en el ámbito público y en el sector privado. También fue secretario general del gremio informático y uno de los creadores del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas: “tengo la matrícula número 2”. Actualmente es asesor en la Auditoría General de la Nación, y su tarea se vincula con el análisis de los informes que las distintas áreas del gobierno envían sobre las actividades realizadas en informática. También forma parte, desde hace 10 años, de la comisión directiva del Foro para una Nueva Política Industrial.
En 2016 publicó su libro “Antes de la arroba”, del cual dice: “No es un libro de historia, es un libro de experiencias personales” y su definición tiene que ver con aquello de que la historia la hacen los contemporáneos, pero la escriben e interpretan los especialistas, tiempo después.
Su inspiración para escribirlo fue que en nuestro país no existía un documento que relatara el desarrollo de la tecnología informática. “El libro es una invitación a descubrir historias, sobre todo vinculadas con la informática argentina, vivencias que las nuevas generaciones tienen derecho a conocer”.
Elian Aguilar, escritor, periodista geek, editor de “Cine Fantástico y Bizarro”, conductor de «La Previa Cinéfila», cineasta, nos acerca esta reseña sin spoilers del fin de la saga más importante de la cinematografía de entretenimiento occidental.
La compartimos con ustedes. Después de todo, la industria del entretenimiento es una de las más importantes en el mundo actual. Y George Lucas inició en 1977, hace 42 años, una historia que la marcó para siempre.
Los capitales propiedad de ciudadanos argentinos que están fuera del sistema financiero local, ya sea guardados en cajas de seguridad, depositados en cuentas en el exterior, o inversiones en valores (bonos, acciones) emitidos por estados o empresas extranjeras, suman un total de 322.297 millones de dólares, según los datos del INDEC del tercer trimestre de 2019.
Hace cuatro años, en diciembre de 2015, ya sumaban u$s 222.465 millones, de acuerdo al mismo organismo. En 2009 esas tenencias eran u$s 146.323 millones.
Se puede decir que se trata de un mal con viejos antecedentes, agravado en la última gestión. Más útil, es preguntarse que puede hacer el país para revertirlo. Los controles de cambio y las limitaciones a las remesas al exterior es probable que sean necesarios en el corto plazo. Pero en el mundo actual son ineficaces, salvo para montos pequeños. Y, por supuesto, no estimulan el regreso de esos fondos.
Una política inteligente debe usar herramientas fiscales para desalentar la tenencia fuera del sistema, y estimular su inversión, directa o indirecta, en actividades productivas. El requisito fundamental es la confianza, y construirla es un proceso lento.
ARSAT S. A. es la empresa estatal que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. Es más conocida por los argentinos como la que opera los satélites geoestacionarios, a 36.000 kilómetros de la Tierra, ARSAT-1 y ARSAT-2, construidos por INVAP. La primer nota de este Especial fue una, breve, que publicamos sobre su papel en la «carrera espacial 2.0», la que se libra en este siglo.
Pero un desafío tal vez mayor fue hacer llegar Internet por fibra óptica a todos los puntos del país octavo en extensión en el mundo, el nuestro.Por eso ARSAT es una de las herramientas fundamentales del estado argentino. Deteriorada, como la mayoría de ellas. En estas notas, AgendAR propone qué hacer para recuperarla, ya.
