Hay alto riesgo de una epidemia de dengue

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Con más de dos millones de casos de dengue notificados en lo que va del año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a las autoridades sanitarias de la región sobre «un nuevo ciclo epidémico de la enfermedad. Los menores de 15 años están entre los más afectados.

Las 2.029.342 infecciones, incluidas 723 muertes, que informaron los países de América Latina hasta la última semana de julio superan el total notificado entre 2017 y 2018, sin llegar aún a la cifra de la última epidemia en 2015-2016. Brasil, Colombia, Honduras y Nicaragua son los cuatro países que están teniendo mayor incidencia de la enfermedad.

En la Argentina, hasta el 22 del mes pasado se confirmaron 2555 casos autóctonos (sin antecedentes de viaje) en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y ciudad de Buenos Aires. Y hubo otros 160 «importados» porque viajaron a alguna zona con circulación viral del país o del exterior.

Más allá del número de casos, lo que llama la atención a los epidemiólogos y especialistas en enfermedades transmisibles de la OPS es que los cuatro serotipos del virus del dengue están circulando de manera simultánea en la región, lo que aumenta el riesgo de dengue grave. Eso ocurre en Brasil, Guatemala y México, mientras que en Colombia, Panamá, Martinica, Venezuela, Paraguay y Perú están cocirculando tres serotipos.

«La región atraviesa un nuevo período epidémico de dengue con un incremento notable de casos», dijo Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS. Lo atribuyó al clima, el mal ordenamiento ambiental y la gran capacidad de adaptación del mosquito vector Aedes aegypti. Los síntomas a tener en cuenta para la consulta rápida son fiebre alta, dolor abdominal intenso o dolor al palpar; vómitos persistentes, acumulación de líquido, sangrado de las mucosas, letargo o irritabilidad y lipotimia (hipotensión), entre otros.

La OPS aconseja, además, que las autoridades sanitarias refuercen las medidas de ordenamiento ambiental e involucrar a la población en la eliminación de criaderos del mosquito vector en las casas y lugares públicos, como los parques, las escuelas, los hospitales o los cementerios, donde quedan objetos que acumulan agua apta para la reproducción del A. aegypti. Otros sitios a tener en cuenta son donde se haya interrumpido la recolección habitual de basura o se acumule chatarra, cubiertas y otros elementos en desuso. Se insiste, también, en definir las áreas de alto riesgo de transmisión. «Deberá eliminarse la presencia del mosquito por lo menos 400 metros a la redonda -dice la OPS-. Es importante prestar atención a los centros de salud, que deberán estar libres del vector y sus criaderos para que no sean puntos irradiadores del virus.»

Justamente, AgendAR publicó una nota el mes pasado sobre Los mosquitos que se reproducen en el invierno porteño.

57 días hasta el 27 de octubre, 44 más hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo se llega?

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Cuando se trata un tema decisivo para su país, un medio debe decir desde dónde se pronuncia. AgendAR sostiene que lo mejor para la Argentina -y también en particular para las fuerzas políticas hoy oficialistas u opositoras- es que el presidente actual, Mauricio Macri, traspase el mando el 10 de diciembre a quien resulte electo el 27 de octubre.

En Argentina vivimos en una democracia imperfecta -todas lo son, y las faltas de la nuestra son evidentes- pero esa imperfección es mejor que cualquier alternativa. Más: hoy no puede visualizarse ninguna opción realista que no lleve al caos y la anomia.

Puede decirse, y se ha hecho, que el acortamiento del mandato de un presidente, por renuncia, adelanto de elecciones, aún por un juicio político- no vulnera la institucionalidad si se respeta la constitución. Es cierto, pero una democracia, como cualquier forma de gobierno, es un contrato que necesita confianza ciudadana en la letra grande de la Constitución, no sus planes B.

Una de esas normas, una importante, es que los presidentes son elegidos con un mandato de duración prevista. En los 35 años y meses que lleva funcionando esta democracia esa norma se ha vulnerado unas cuantas veces, y por eso los argentinos no nos sorprende demasiado cuando eso recurre. En décadas anteriores, tampoco resultaba sorprendente que un mandato fuera interrumpido por un golpe militar: hasta se naturalizaron tales disrupciones en nuestra sociedad. Las consecuencias fueron lamentables.

Por eso, el respeto a la longitud estipulada del mandato presidencial es fundamental, especialmente para el futuro presidente y los que lo sucedan. Ese lapso hace a la previsibilidad de los gobiernos argentinos. A las «políticas de Estado», en las que hoy es habitual insistir.

Dicho esto, reconocemos que cabe la pregunta. Aunque la continuidad de una gestión presidencial «a término previsto» sea lo deseable ¿siempre es posible? En concreto ¿es previsible que este gobierno de Macri llegue hasta el 10 de diciembre de 2019?

La duda es válida más allá de la postura que se tenga sobre el el proyecto político que intentó este gobierno. Más allá aún del juicio que merezca su gestión de la economía, que no puede ser otro que «desastrosa». Todos los indicadores clínicos marcan deterioro: desempleo, pobreza, caída de la producción, ausencia del crédito, empresas que cierran, desvalorización de la moneda, … No hace falta admirar a la gestión del gobierno anterior para ver que el actual empeoró lo malo.

Decimos «más allá de esos juicios». No son la razón inmediata de la pregunta, ahora, este fin de semana, cuando concluye agosto. Se la puede reformular así: ¿puede el gobierno resistir otra semana como la que pasó? Fueron siete días de malas noticias en todos los frentes económicos, con los medios internacionales que lo habían aplaudido y hoy lo consideran fracasado, con los gobiernos amigos que lo ignoran -ya lo hace su último defensor regional, el presidente Jair Bolsonaro, en absoluto un abogado deseable- y con el sector social al que pertenece y que lo apoyó visceralmente, los empresarios, dándole la espalda o criticándolo de frente.

Obvio, esta pregunta no la puede responder un medio digital como AgendAR. Todo lo que podemos hacer es manifestar, y lo hacemos aquí, las razones para apoyar la continuidad. Sin dejar de tener en cuenta lo que se puede decir en contra: este gobierno ha provocado una catástrofe social, aumentó en forma desmedida la pobreza y la indigencia. No se puede pedir a quienes la han sufrido que aguanten más días de los que ya lo hicieron.

Pero tengamos también presente que un cambio de gobierno, un cambio de políticas, aunque sean las acertadas, no cambia de un día para otro la situación de los más vulnerables. Eso requiere meses en el mejor de los casos, y más probablemente años. Lo imprescindible, lo vital, lo necesario, son medidas de emergencia alimentaria para todos los niños. Solucionar esto desde el Estado ya aliviaría la situación económica de las familias. Y esto puede hacerse aún con la economía como está hoy. No requiere de divisas. Nadie se atreverá a oponerse. Sólo se necesitan decisión y ejecución.

Lo demás depende de las conductas de cada sector social, hasta de cada grupo de intereses. El gobierno todavía maneja la mayor concentración de poder: el Estado. Pero ha perdido autoridad sobre el resto. No se puede pedir, con realismo, que deje de hacer campaña para defenderse a sí mismo y a la parte de la Argentina que expresa o expresó hasta hace muy poco. No puede no luchar por esos intereses y valores simbólicos.

Pero lo mismo vale para la oposición, por supuesto. Aún más, porque ya debe plantearse la estrategia adecuada para el futuro más probable: ser el nuevo gobierno. Cuando Alberto Fernández critica al FMI, no es la situación actual lo que más debe preocuparlo, sino su futura negociación con el organismo, clave para su gobierno y para el país. No regalará su poca ventaja: su eventual gobierno será el deudor. Pero el Fondo, en violación de propias reglas escritas, fue el responsable parcial de la fase terminal de esta catástrofe.

Lo mismo vale para el reportaje que le hace el Wall Street Journal, uno de los voceros de los intereses financieros internacionales con los que deberá negociar. Con ellos ya empezó a hacerlo, en las primeros fintas, y de contragolpe. Les recuerda que este default no lo va a declarar el peronismo.

Para AgendAR lo que ha agravado la situación hasta límites insoportables no son los intereses encontrados. Coexisten, a veces a codazos, en todas las sociedades. Ha sido el ideologismo y la improvisación nada profesional con que este gobierno se movió siempre.

La política de endeudamiento externo que adoptó desde su primer día fue irresponsable. Se puede explicar desde la soberbia -alentada desde el exterior- según la cual a este presidente siempre le iban a tener confianza. Y también por los buenos negocios financieros que ese endeudamiento loco permitió y permite. Pero cuando en abril del año pasado se «pincha» la burbuja… la única medida importante fue recurrir a un nuevo y más severo prestamista, el FMI. Nada cambió en las políticas centrales.

Las medidas después de la derrota electoral del 11 de este mes fueron muestras gravísimas de improvisación: se anuncia un «reperfilamiento» de deuda que se va a enviar al Congreso, pero 96 horas después no esta listo el proyecto. Peor que la inepcia, el ideologismo cerrado. Belocopitt -no por cierto el empresario más apreciado de su clase- en algo tiene razón: defaultear en deudas nominadas en la propia moneda del país es un original argentino, un «first timer». Ningún gobierno ha sido tan imbécil como para hacer algo semejante. La resistencia a establecer medidas de control -el primer y mínimo paso se toma recién ayer- es comprensible sólo desde la ceguera ideológica. Para el macrismo esto es un trago de veneno, la receta del enemigo.

El problema argentino, el de siempre, es la escasez de las divisas que la Argentina necesita para su industria y para una gran parte de lo que todavía hoy produce y/o consume su población. El gobierno debe encararlo, o la catástrofe se lo llevará puesto.

A. B. F.

Ahora Fitch ubica a la Argentina en «default restringido». Consecuencias

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La calificadora de riesgo Fitch ubicó a la Argentina en «default restringido» por la extensión unilateral dispuesta por el gobierno para los plazos de distintos títulos de deuda.

Otra importante agencia del rubro, Moody´s, rebajó la calificación de los bonos argentinos de B2 a Caa2. No es la más baja, pero lleva ímplicita la reestructuración de la deuda.

Tras que Standard & Poor´s, que había rebajado la deuda argentina a «default selectivo» y después la elevó a CCC-, la agencia crediticia Fitch también decidió castigar los bonos locales. Según la agencia de noticias Reuters, Fitch cree que el país está «en default de sus obligaciones soberanas» y que lo ocurrido constituye «un canje de deuda en problemas». En concreto, decidió rebajar la deuda de largo plazo, tanto en dólares como en moneda local; así como también la deuda de corto a la categoría de default restrictivo. “La rebaja se produce después de la decisión unilateral del Gobierno de extender el plazo de pago de algunas obligaciones”, afirmó Fitch.

Hace dos semanas, la calificadora había anticipado que consideraba el default de Argentina «probable» y había pasado la nota local de B- a CCC-. Y, en una visita al país su representante, hace sólo nueve días anticipó que veía chances que el país tuviera que reestructurar su deuda.

Estas calificaciones son importantes porque los principales tenedores de bonos soberanos en el mundo son los fondos de pensión. Y sus reglamentos los obligan a desprenderse de ellos si las calificadoras de riesgo les rebajan la nota más allá de un punto. Que es lo que han hecho Standard & Poor´s, Fitch y Moody´s. Esos fondos los están vendiendo, que tira para abajo todavía más el valor de los bonos. Como lo vimos esta semana.

Ahora sólo pueden estar interesados en comprar bonos argentinos los fondos de (mucho) riesgo. Y los fondos buitres, que se preparan para litigar dentro de varios años.

Tiempos que corren: Trump le reclama a General Motors que vuelva a EE.UU.

El presidente Donald Trump dijo que General Motors, «que una vez fue el gigante de Detroit, es ahora uno de los fabricantes de automóviles más pequeños» en China y que deberían empezar a «mudarse de nuevo a Estados Unidos».

«General Motors, que una vez fue el gigante de Detroit, es ahora uno de los fabricantes de automóviles más pequeños allí», tuiteó el mandatario.

«Ellos trasladaron sus plantas principales a China, ANTES DE QUE YO LLEGARA. Esto se hizo a pesar de la ayuda que les dieron los Estados Unidos», continuó. «¨Ahora deberían empezar a mudarse de nuevo a Estados Unidos?».

Hace algunas semanas, el republicano había ordenado a las empresas del país que comiencen a buscar una alternativa a su producción en China.

A pesar de las declaraciones de Trump, para General Motors China es su mercado más grande. El gigante de los automóviles vendió en el país asiático 3,65 millones de autos en 2018. La cifra es incluso superior a la correspondiente al mercado estadounidense, donde General Motors logró vender tres millones de vehículos.

En los años ’70 otro presidente estadounidense que también vivió comprándose mes a mes un «impeachment» (hasta que licitó), Richard (a) «Tricky Dicky» Nixon, dijo sin faltar a la verdad -por una vez- una frase famosa: «Lo que es bueno para General Motors es bueno para los EEUU».

Parece que ya no.

Renace el GNC: cada 3 minutos un auto deja la nafta y se pasa al gas

La difícil situación económica golpea a todos. Por eso, cada vez más automovilistas se vuelcan al GNC para sus vehículos. Es que la nafta es el costo que más pesa para quienes usan el auto todos los días dado que se encareció un 48% en sólo 12 meses. En la Ciudad, la súper pasó de $ 29,60 por litro a $ 43,71. Y en el interior los valores son aún más altos. Seguros, cocheras y patentes no se quedaron atrás.

Por eso, cada vez más conductores concurren a un taller especializado a modificar su auto para que pueda impulsarse con Gas Natural Comprimido (GNC). Una opción que hoy reduce a menos de la mitad el gasto de combustible.

Si bien las instalaciones de equipos de GNC venían en alza desde 2018, la tendencia tuvo una notoria aceleración este año, en especial a partir de abril. Según las últimas estadísticas del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), entre ese mes y julio hubo en el país 59.698 vehículos convertidos a GNC, a un ritmo de 14.925 al mes, de casi 500 al día o de uno cada 3 minutos. Fueron un 39% más que en igual período de 2018 (42.907) y un 121% más que en ese mismo cuatrimestre del 2017 (26.950).

Según los datos oficiales, el fenómeno se intensificó mes a mes y el pico fue en julio, con 17.120 operaciones. No había tantas en un mismo mes desde hace cuatro años.

Además, si se toman los primeros siete meses de cada año, 2019 está quedando como el tercero con más conversiones desde 2006, sólo superado por 2014 y 2015. El récord histórico de la actividad fue en 2003, en coincidencia con otra grave crisis económica que erosionó el poder adquisitivo.

«Nuestra actividad es cíclica. Las épocas de mayor crisis siempre han sido las de más conversiones, porque la población se ve forzada a reducir sus gastos y el GNC le permite un ahorro inmediato mayor al 50%», comentó Horacio Magraht, el presidente de la Cámara Argentina de Productores de Equipos Completos de Gas y Afines (CAPEC).

El fenómeno es tan marcado que ni siquiera se detuvo este mes. Aún no hay datos cerrados de agosto, pero hasta este jueves ya se habían superado los altos registros de conversiones de abril y de junio. Esto pese a que, tras el salto del dólar, hubo días de parálisis. Y a que trascartón de cada zambullida del peso el precio de los equipos tuvo un fuerte ajuste: los más comunes, de «quinta generación», saltaron de unos $ 38.000 a un promedio de $ 45.500 con la instalación incluida.

Pero el ahorro en pesos/kilómetro, de $ 5.675 por mes o de $ 68 mil al año, lleva a recuperar la inversión en unos 8 meses. Si el usuario hace 1.250 kilómetros en el mes, obtiene un ahorro mensual de $ 2.837, que «paga» el costo de la conversión en 16 meses. Y los automóviles particulares argentinos, sea con uno o más dueños, hoy estiran sus ciclos de vida a más de 120 meses. El GNC le evita pérdidas al primer comprador y luego le valoriza el usado.

Lo que también impulsó las instalaciones en los últimos meses fue la reciente reducción de las tasas de interés del plan Ahora 12, que hoy le permite a la gente comprar los equipos pagando, por ejemplo, 12 cuotas de $ 4.500 o 18 de $ 3.100. Montos que prácticamente se cubren mes a mes con el ahorro que permite obtener el equipo adquirido», subrayó Gómez.

La pérdida de espacio en el baúl, una menor autonomía y una cantidad más limitada de puntos de carga están entre las incomodidades que se deben aceptar a cambio del ahorro. Así y todo, el GNC, disponible en el país desde 1984, sigue en expansión. Según un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, el país tiene un parque automotor «vivo» de 13,95 millones de vehículos, de los cuales el 52% se mueve con nafta, un 34,4% con diésel y el 13,6%, con GNC.

Los ganadores no son sólo los dueños: la emisión de escape de los vehículos a GNC suele ser la más limpia en dos sentidos, el sistémico y el local. El primero beneficia al planeta: el mismo kilometraje con GNC emite menos dióxido de carbono que los combustibles líquidos. El local es urbano y sanitario: por su combustión casi perfecta, el GNC prácticamente no emite microparticulados, hollines penetrantes de muy bajo peso molecular, la causa más frecuente en nuestras ciudades de enfermedades respiratorias severas entre los no fumadores.

Incendios en el Amazonas. Y también hay deforestación en el Chaco

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Compartimos esta informada y preocupante nota de Nora Bär, columnista científica de La Nación. Desde AgendAR rescatamos especialmente estos conceptos: «No es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. No es una cosa o la otra. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad«:

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«Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio. Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.

Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.

Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.

La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.

Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. «A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo», comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales. Se calcula que «entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas».

Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo. «A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del CONICET en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie».

Además, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se conoce exactamente cómo. «Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura».

El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada «ley de bosques», sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. «Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan   generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias».

Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. «El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos». Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre.

«En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario – dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse». Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza.

«No es una cosa o la otra –  destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad». Y afirma Jobbágy: «Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas».

La jugada de Boris Johnson: el plan Brexit

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La decisión de Boris Johnson, que ya tiene la aprobación formal de la reina, de suspender las sesiones del Parlamento británico durante cinco semanas ha elevado todavía más la histeria en torno al debate del Brexit (la salida de Gran Bretaña fuera de la Unión Europea).

Aquí tienen una pequeña guía sobre el significado de esta maniobra.

¿Qué ha hecho el primer ministro? Boris Johnson impedirá que el Parlamento británico se reúna entre el 9 de septiembre y el 15 de octubre. Así, apenas dejará tiempo a los legisladores para debatir el Brexit antes del 31 de octubre, fecha prevista para implementar el divorcio con la UE. 

– ¿Cómo se puede cerrar  el parlamento en un momento clave, en una democracia parlamentaria? El primer ministro está jugando al límite con las costumbres históricas de la política británica, sin llegar a romper la constitución no escrita que rige el país. Para justificar el largo receso del Parlamento (el más extenso desde 1945), ha unido la tradicional «feria» de dos semanas al final de septiembre durante la celebración de los congresos anuales de los partidos, con la habitual parada previa al ‘discurso de la Reina’, el acto en el que Isabel II abre el curso parlamentario leyendo las propuestas legislativas de su Gobierno. Pero mientras otros años este impasse dura unos días, Boris lo ha estirado al máximo, con el argumento de que va a presentar una agenda muy cargada de proyectos de ley. De hecho, hasta que se voten las propuestas del discurso de la Reina (21/22 de octubre), no podrán discutirse otros asuntos.

– ¿Cuál es el plan detrás de esta medida? Johnson quiere reducir la capacidad del Parlamento británico para frenar un Brexit sin acuerdo, ya que hay una mayoría en los Comunes que quiere evitar este escenario. Con la suspensión, el primer ministro quiere convencer a la UE de que la amenaza de una salida caótica es real, por lo que espera que Bruselas le haga concesiones que podrían ser aprobadas en la cumbre europea del 17 de octubre.

¿Y si sale mal la jugada? El sucesor de Theresa May cree tener todas las cartas ganadoras en la mano. Si Bruselas rechaza su petición de cambios al acuerdo de salida, habrá un Brexit duro y luego irá a unas elecciones en las que espera aglutinar todos los votantes pro-Brexit, frente a la división en el campo pro-europeo, lo que le daría una mayoría absoluta. Si el Parlamento evita esa salida desordenada, se iría también a unos comicios, donde Johnson se presentaría como el adalid de la voluntad del pueblo frente a las élites de Westminster y Bruselas, nuevamente con opciones de una gran victoria.

– ¿Cómo se puede parar el plan? Los partidos de la oposición manejan varias alternativas. La primera es intentar aprobar algún tipo de normativa (la próxima semana, antes del cese del Parlamento) que obligue a pedir un nuevo retraso de la fecha del Brexit. La segunda, más decisiva, es intentar revocar la petición de activación del artículo 50 del Tratado Europeo, que en marzo de 2017 puso en marcha de manera oficial la salida de la UE. Esta opción solo tendría posibilidades de aprobarse al final de octubre, si el Brexit caótico está a punto de producirse. La tercera es presentar una moción de censura contra Johnson. Pero no está claro quién sería el primer ministro alternativo (el líder laborista Jeremy Corbyn suscita grandes reservas entre los liberales y los conservadores pro-europeos) y si se hace al final de octubre, los plazos tras la moción (14 días para convocar elecciones o formar un nuevo Gobierno) podrían no impedir el Brexit.

– ¿Qué dicen los analistas? La libra sigue bajando al aumentar las probabilidades de un Brexit duro, que de un día para otro cortaría el acceso de Reino Unido al mercado común europeo. Los analistas de Deutsche Bank manejan el siguiente esquema de escenarios:

             – Se produce una moción de censura exitosa, antes del 10 de septiembre o al final de octubre. Esto lleva a un Gobierno de unidad de la oposición, seguido por elecciones y retraso del Brexit. O no se forma un Gobierno alternativo y se va a un Brexit sin acuerdo.

               – Johnson completa un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre y luego Johnson convoca elecciones. 

               – Johnson logra renegociar con Bruselas y se alcanza un nuevo pacto para implementar el Brexit.

              – El Parlamento aprueba legislación para prevenir un Brexit sin acuerdo y Johnson pide una extensión del artículo 50. Baja probabilidad.

               – El Parlamento logra prevenir un Brexit sin acuerdo y el primer ministro convoca elecciones antes del 31 de octubre. Baja probabilidad.

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La oposición británica dice que esta movida del Boris es una «aberración institucional». Y, lejos de esa «grieta», observadores argentinos se sorprenden que exista el «proroguing«, que el primer ministro, elegido por los legisladores en una democracia parlamentaria, tenga la facultad de cerrar el parlamento por cinco semanas.

No tienen en cuenta que el sistema parlamentario inglés tiene por objetivo concentrar el poder en quien está al frente, no en disminuirlo, como creen los críticos ingenuos del «hiperpresidencialismo» latinoamericano.

El primer ministro británico tiene más poder, en principio, que un presidente constitucional. Porque no tiene enfrente a un congreso; es la cabeza del congreso, en teoría. Su mandato no tiene plazos; puede permanecer 11 años en el cargo, como Margaret Thatcher. Es cierto que también puede ser depuesto en cuanto se sumen en su contra una mayoría de los parlamentarios. Boris Johnson, entonces, está jugando a todo o nada. Devoto o la gloria, decían en Buenos Aires.

La postergación alcanza al 73% de la deuda de corto plazo

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La reprogramación parcial de los pagos de los títulos de corto plazo dispuesta por el Gobierno alcanza a un total de US$ 16.000 millones de la deuda emitida en Letras del Tesoro (Letes) en dólares o Letras en pesos de distintos tipo, un 74% del total de vencimientos por unos US$ 21.500 millones que vencían en el corto plazo.

La medida afecta sobre todo a las tenencias en poder de las compañías aseguradoras y los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Apunta a quitarle presión a las reservas del Banco Central, porque ya no se renovaban estos títulos como en los meses anteriores, y eso a pesar del aumento de los intereses insólitos que se ofrecían.

«Las decisiones adoptadas priorizan el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, aún cuando ello implique postergar el pago a los grandes inversores de deuda pública», afirmó el presidente del Central, Guido Sandleris, en un comunicado. Sandleris confía en que la medida ayudará a «preservar la estabilidad monetaria y financiera».

El gobierno y sus amigos esperan que la reprogramación forzada de los vencimientos, al respetar parte inicial de los pagos (el 15% se abona en la fecha en que el título caduca y el 85% se cancela en cuotas del 25% y 60% restante a 3 y 6 meses) no generará grandes problemas a las compañías afectadas por la medida, pero descuentan «algún grado de malestar» (!) entre las administradoras de los FCI que deberán enfrentar seguras quejas de los suscriptores.

La decisión de avanzar en una postergación de pagos se comenzó a estudiar la semana pasada. Era una alternativa a considerar si fracasaban los intentos realizados por el secretario de Finanzas. Santiago Bausili, para contentar a los inversores. Bausili acortó aún más los plazos de los títulos que ofrecía y hasta rehabilitó la posibilidad de suscribir la Lete en dólares con pesos. Así quiso tentar a los que buscaban cobertura cambiaria y lograr una mejora en las tasas de renovación de esa deuda. Fracasó.

La nueva decisión -un «cepito» para pocos- maduró luego del «martes negro» de mercados y tras la apertura de furia que tuvo el dólar al día siguiente: abrió con un alza mayor al 3% y no pudo ser aplacado pese a las constantes ventas del Central.

Argentina fue declarada ayer en «default selectivo»

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La calificadora de riesgo Standard & Poor´s colocó ayer en situación de «default selectivo» a la deuda argentina. El Ministerio de Hacienda afirmó que esa declaración «estará en vigencia sólo por un día».

«Como consecuencia de la imposibilidad para ubicar títulos de corto plazo con inversores del sector privado, el gobierno argentino extendió unilateralmente los vencimientos de todos los papeles de corto plazo el 28 de agosto», explicó la calificadora en un comunicado sobre la decisión de reprogramar los vencimientos de Letes, Lecap, Lecer y Lelinks.

«Esto constituye default bajo nuestro criterio», consideró S&P y agregó: «En particular para las entidades calificadas como ´B-´, la extensión de los plazos de pago de la deuda corto plazo sin una compensación constituye un default».

Según agencias internacionales, S&P advirtió sobre «la falta de confianza en los mercados financieros acerca de las iniciativas políticas bajo la próxima administración y la incapacidad del Tesoro de quedarse corto a largo plazo con el sector privado».

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda explica: «La calificadora Standard and Poor´s bajó la calificación de deuda de corto plazo en forma temporaria a Default Selectivo. Significa el incumpliento parcial de alguna de las condiciones de emisión, en este caso el plazo, no el monto ni los intereses. Y es selectivo porque se considera que el emisor continuará honrando el resto de sus compromisos. Lo importante es que que estará en vigencia por un día».

Lacunza: Una medida y tres anuncios

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Toda la tarde de ayer y, por supuesto, hoy, los medios y los opinadores se han volcado a los anuncios del ministro de Hacienda Hernán Lacunza en su conferencia de prensa. Es lógico. Se trata de decisiones con las que se cierra el mandato de Mauricio Macri, decisiones que él nunca hubiera querido tomar.

Por su parte, AgendAR quiere presentar esos anuncios en la forma más simple y clara posible -se trata de temas complejos- y a continuación señalaremos qué significan, en nuestra opinión. Como ya adelantamos en el título, hay en ellos poco de medidas concretas e inmediatas, y mucho de lo que el gobierno plantea y que deberá negociar con el FMI, con los acreedores internacionales y también con la oposición.

  1. Se postergarán entre tres y seis meses los pagos de las letras -básicamente LECAPS y LETES- en poder inversores institucionales como bancos y compañías de seguros. Los inversores individuales cobrarán en el vencimiento original (si el monto acreditado a la fecha de vencimiento no es mayor al monto al 31 de julio de 2019).

2. Se enviará al Congreso un proyecto de ley para permitir refinanciar la deuda emitida en pesos bajo legislación argentina. No habrá quita de intereses ni de capital. Se busca un alargamiento de los plazos para reducir el peso de los pagos de la deuda durante el próximo mandato presidencial.

3. Se convoca a bancos internacionales para comenzar a elaborar una propuesta de canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Esa refinanciación estará abierta a negociación y tampoco habrá quita de capital ni de intereses.

4. También se anuncia que, por sugerencia de la oposición, se le propone al FMI dialogar para reperfilar los vencimientos con el FMI. Argentina debe empezar a devolver los 56.000 millones de dólares del stand by a partir del segundo semestre de 2021.

Está claro que la 1° -la postergación de los vencimientos de los bonos- es la única medida concreta que toma el gobierno en uso de sus facultades como Poder Ejecutivo. Y aún así, deberá defenderla en los tribunales si algún tenedor de bonos, como es probable, recurriera a la justicia.

Un punto a observar: En este anuncio, Lacunza dice que la postergación implica sólo el 10% de las emisiones de letras. El 90% de los tenedores son personas humanas y cobrarían al vencimiento original. No tenemos los datos en los que el ministro se basa, pero en nuestra estimación se refiere al número de tenedores físicos: sería 9 veces mayor la cantidad de individuos que la de entidades. No sucede lo mismo con el monto de las deudas, donde creemos que la proporción estaría más cerca de la inversa.

El 2° anuncio puede ser realizable en el marco de un acuerdo con los bloques opositores, pero después del 27/10. Resulta absurdo pensar que se puede llegar a un acuerdo -complejo, delicado- en medio del ruido y los codazos de la campaña electoral. Como ya señaló AgendAR, aún en el muy hipotético caso de que el Presidente renunciara a ser candidato, ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos ni los otros frentes podrían abandonar la puja por los cargos legislativos nacionales, y tampoco por el gobierno de la provincia de Buenos Aires o de la C.A.B.A, y siguen las firmas.

El 3° anuncio es una expresión de deseos. Una muy peligrosa expresión de deseos. Ni los bancos internacionales ni los fondos que tienen la inmensa mayoría de los bonos en manos privadas son organizaciones de caridad. Si los canjean a un deudor que confiesa tener dificultades para pagar, será a intereses más altos y en condiciones más gravosas. La sociedad argentina, a veces olvidadiza, tiene presente la experiencia del Megacanje del 2001: agrandó en forma desmedida la deuda. Y no evitó el default.

Además, hay un problema legal que ya planteó la voz informada de Sebastián Soler: «Extender el plazo de los bonos sujetos a las leyes de Nueva York que vencen en 2020-23 es una «reserve matter» que requiere la aprobación de bonistas que tengan (a) el 75% de cada serie o (b) dos tercios de todas las series afectadas y mayoría de cada una de ellas«. Un proceso que llevaría largos años, en suma, como los que llevó la negociación de la deuda defaulteada en 2001. ¿No es así, licenciado Nielsen?

El 4° anuncio es probablemente realizable. Después de todo, la Argentina es el deudor más grande del FMI, o sea que el problema lo tenemos ambas partes. En otra nota se precisarán las diferencias, menores, entre renegociar, reestructurar y reperfilar la deuda. Este último término lo usamos en una nota publicada aquí 12 horas antes de la conferencia de prensa de Lacunza. No es que seamos adivinos: el asunto ya estaba en el aire.

Igual, no es ni debe ser una negociación rápida. No estará terminada -también el Fondo lo tiene muy claro- antes del 10/12. El Fondo la encarará con Alberto Fernández y su equipo. La demora en precisar la fecha del desembolso pendiente, por un lado, y el comunicado del candidato sobre la última reunión nos hacen pensar que el posicionamiento para esa negociación ya ha comenzado.

Consideramos que es una lástima que el gobierno actual no se haya decidido todavía a encarar medidas que, aunque no son fáciles, sí están dentro de sus facultades: desarmar la enloquecida burbuja de las LELIQ en poder de los bancos y regular el uso de las divisas que nos proporcionan las exportaciones, el único ingreso genuino que tiene el país…

El efecto principal de estos anuncios, lamentablemente, es confirmar a las instituciones y gobiernos extranjeros -aún a aquellos que apostaban al éxito del experimento macrista- que éste ha fracasado.

Tenemos que ver entonces a los anuncios del ministro Lacunza, como una confesión que la situación financiera y cambiaria actual era insostenible. Una política de endeudamiento irresponsable que comenzó el 10 de diciembre de 2015. Y que, como todas las otras experiencias anteriores de ese tipo, terminó mal.

A. B. F.